La Asociación de Empresas de Inserción de Castilla-La Mancha (ASEIRCAM), en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMPCLM), organiza la Jornada de Contratación Pública Responsable «Cuenta con empresas de inserción, te trae cuenta».

La jornada reunirá a representantes de administraciones públicas, entidades locales y empresas de economía social para compartir mecanismos legales, experiencias y buenas prácticas que favorezcan una contratación pública responsable y generadora de oportunidades para las personas en situación o riesgo de exclusión social.

Fecha: martes, 29 de septiembre de 2026
Hora: de 9:30 a 13:00 h
Lugar: Escuela de Hostelería Restaurante El Sembrador. C/ Sancho Panza, 10, Albacete
Modalidad: presencial y en streaming
Organiza: ASEIRCAM, en colaboración con la FEMPCLM
Inscripción: formulario de inscripción
Programa: descargar el programa (PDF)

Dirigido a: personal técnico de administraciones y entidades locales, responsables de contratación pública, responsables políticos y personas interesadas.

Objetivos

• Favorecer un espacio para conocer la reserva de determinados contratos públicos que establece la Ley de Contratos del Sector Público hacia las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social, con el objetivo de favorecer el acceso al empleo de personas en riesgo o situación de exclusión social.
• Difundir los efectos sociales positivos de la contratación pública responsable en la inserción sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión social y/o vulnerabilidad.

Programa

9:30 – 9:50 h. Acreditaciones

10:00 – 10:20 h. Mesa 1. Bienvenida
Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo; Manuel Serrano López, alcalde de Albacete; Fermín José Cerdán Gosálvez, secretario general de la FEMPCLM, y Mar González, presidenta de ASEIRCAM.

10:20 – 10:40 h. Ponencia marco: «Una foto de cómo están los contratos reservados en nuestra región»
Jesús Serrano Chacón, jefe de Servicios de Contratación Electrónica, Secretaría General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Modera: Óscar Hernando (E.I. Savia Nueva).

10:45 – 11:25 h. Mesa 2. Somos empresas de economía social
Rafael López, vicepresidente de FAEDEI, y Pedro Sáez, presidente de FEACEM. Modera: Cuali Alcaraz Sánchez (E.I. Amiab).

11:30 – 12:05 h. Mesa 3. Motivaciones políticas para la reserva de mercado
Daniel García Alarcón, alcalde de Riópar; José Antonio Gómez Moreno, Diputación de Albacete, y Ayuntamiento de Valdepeñas. Modera: José Luis Rubio (E.I. Re-Iniciar).

12:10 – 12:45 h. Mesa 4. Técnica: buenas prácticas
Pedro Miguel Peralta López, secretario del Ayuntamiento de Riópar; Francisco Javier Díaz, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local en Albacete, y Antonio García Blanco, coordinador de Servicios Generales y Suministros de la Secretaría General del SESCAM. Modera: Paloma Olmedo (E.I. Nexo Solidario).

12:45 – 13:00 h. Clausura
Mar González, presidenta de ASEIRCAM, y Fermín José Cerdán Gosálvez, secretario general de la FEMPCLM.

Tras cada mesa habrá cinco minutos de refuerzo de ideas o preguntas. Durante la jornada se compartirá un desayuno.

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En Castilla-La Mancha, la brecha salarial de género se sitúa en torno al 18,6%. Está tres puntos encima que la media española, del 15,7%, según los datos oficiales de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto quiere decir que las mujeres perciben de media unos 4.781 euros menos al año que los hombres.

Pero esta no es la única brecha. Hay muchas más que tienen que ver con los puestos de responsabilidad en las empresas, con la conciliación, con el liderazgo femenino y con la corresponsabilidad en los cuidados, en los que las mujeres asumen el 80% de las excedencias laborales. Son todas las demandas comunes de los colectivos feministas, situaciones que vienen repitiéndose cifra tras cifra sin que nada cambie. O cambie muy poco.

Aunque existe un marco estatal mediante el Real Decreto aprobado en 2021, el Gobierno castellanomanchego ha decidido hacer algo más concreto al respecto. Lo lleva anunciando desde hace dos años como una de las iniciativas más importantes de la presente legislatura. Y lo será cuando se apruebe. Porque la futura Ley para reducir las brechas de género en el ámbito económico será la primera norma autonómica española de este calibre.

El borrador del anteproyecto ya está redactado y el Ejecutivo de Emiliano García-Page quiere aprobarlo antes de que termine la legislatura el año que viene. La Consejería de Igualdad, liderada por Sara Simón, ha vertido en la futura ley un conjunto de medidas concretas encaminadas a otros objetivos como erradicar la discriminación sistemática y facilitar el acceso a las mujeres a sectores tradicionalmente masculinizados, sobre todo en el ámbito rural y agrario.

También define conceptos clave y asigna responsabilidades institucionales para asegurar que la perspectiva de género impregne todas las políticas públicas de la región.

Del sector público al privado

El borrador, al que ha tenido acceso este periódico, establece casi un centenar de propuestas que abarcan tanto el sector público como el privado a través de la transparencia, la vigilancia y, sobre todo, los incentivos económicos. Por ejemplo, con carácter general, promueve el principio de igual retribución por trabajo de igual valor y que las empresas privadas eliminen las cláusulas de confidencialidad en sus políticas retributivas.

En todo ello cumplirá un papel esencial la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: vigilará el cumplimiento de la normativa sobre auditorías retributivas y la eliminación de la brecha salarial. Y además, en las negociaciones colectivas de los convenios laborales, se asesorará para incluir la igualdad salarial y evitar cláusulas que generen brechas económicas. De hecho, la Administración castellanomanchega podrá impugnar convenios con cláusulas discriminatorias.

También se creará un observatorio regional de la brecha económica entre mujeres y hombres para analizar datos salariales desagregados por sexo y proponer medidas correctoras.

Estas últimas acciones están detalladas por todo el anteproyecto. Llaman la atención, sobre todo, los incentivos y las ayudas económicas públicas. En primer lugar, se convocarán subvenciones para empresas y autónomos destinadas a corregir las brechas salariales y tendrán prioridad las que se comprometan a reducirlas en al menos un 15% respecto a su última auditoría.

En cuanto a la contratación pública, los órganos promotores incluirán la reducción de la brecha salarial como criterio para la adjudicación de contratos públicos. Así, en caso de empate entre ofertas, se dará preferencia a empresas que acrediten una evolución favorable en la reducción de su brecha respecto al ejercicio anterior. Y también muy llamativo: no podrán contratar con el sector público las empresas que, estando obligadas por tener más de 50 empleados y empleadas, no dispongan de un plan de igualdad registrado.

Asimismo, dentro del sector público, se realizará un estudio sobre la valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género en las administraciones públicas para identificar y corregir brechas retributivas internas. Se creará un ‘Punto de Gestión de Igualdad Económica’ que ofrecerá recomendaciones específicas en materia de igualdad salarial y asesoramiento técnico.

Además de estas acciones directas, la ley contempla campañas de sensibilización periódicas y la creación de un “banco de buenas prácticas empresariales” para divulgar experiencias exitosas en la eliminación de la discriminación salarial.

La cuestión más candente es cómo aplicar la perspectiva de género en las subvenciones públicas. Se trata de un eje transversal que aparece por todo el borrador, pero básicamente, será la Consejería de Administraciones Públicas la que elabore “instrucciones obligatorias” para que todas las órdenes de bases reguladoras y convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva incorporen esa perspectiva de género.

Reserva del 40% de ayudas para proyectos liderados por mujeres

La medida más relevante es que la administración podrá reservar hasta un 40% de las ayudas al emprendimiento para proyectos liderados por mujeres; se otorgará una puntuación extra a proyectos desarrollados en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación para fomentar el desarrollo rural femenino; y las ayudas para corregir brechas económicas se dirigirán prioritariamente a empresas que asuman compromisos verificables, como mejorar la representación femenina en un 30% o reducir su brecha salarial en al menos un 15%.

Otra fórmula de nueva creación que incorpora el anteproyecto será el Plan Regional para el Liderazgo de las Mujeres, que incluirá incentivos específicos para priorizar el acceso a subvenciones regionales a aquellas empresas que acrediten paridad en sus órganos de decisión.

En este punto cumplirán un papel esencial las asociaciones u organizaciones profesionales del ámbito agrario, que solo podrán acceder a ayudas si cuentan con una participación mínima del 40% de mujeres en sus órganos de dirección.

También en este sector, se priorizarán las solicitudes con “representación relevante de mujeres” (mujeres físicas, titularidad compartida, 50% de participación social o presidencia femenina), otorgándoles al menos un 20% de la puntuación total en procesos competitivos.

Conciliación: estrategia pública y medidas contra represalias

La conciliación y los cuidados son otros dos pilares fundamentales de la futura ley. La corresponsabilidad, entendida como el reparto equitativo de las responsabilidades domésticas y de cuidados entre hombres y mujeres, así como entre los distintos agentes sociales, ocupa un lugar destacado en el anteproyecto. Establece así la creación de una Estrategia Pública de los Cuidados y la Corresponsabilidad, con especial atención a las zonas de intensa y extrema despoblación.

Y en cuanto a ayudas directas, se creará un programa para la contratación de personal doméstico destinado al cuidado profesional de hijos, hijas o personas dependientes, y se ofrecerán apoyos económicos similares destinados a mujeres autónomas o titulares de microempresas en situaciones laborales derivadas de la conciliación.

Con esta ley, la Administración castellanomanchega también incorpora medidas para la flexibilidad horaria y la reducción de las jornadas partidas. Por ejemplo, en el sector público, se promoverán modelos de organización del trabajo orientados a resultados que sean “compatibles con la conciliación corresponsable”.

De hecho, el anteproyecto declara ilegal toda discriminación, directa o indirecta, motivada por el ejercicio de los derechos de conciliación. Además, se vigilará que no exista un trato desfavorable en las empresas por este motivo.

De igual forma, las subvenciones públicas podrán incluir líneas específicas de apoyo o criterios de valoración positiva para trabajadores que hayan ejercido derechos de conciliación, como la reducción de jornada por guarda legal o excedencias por cuidado.

En el ámbito rural, mediante el denominado y ya implantado “transporte sensible a la demanda”, se impulsará la movilidad de las mujeres en el medio rural para facilitar su acceso al empleo a través de programas de transporte adaptados.

También existirá protección frente a posibles represalias por conciliación, es decir, evitar que haya perjuicios laborales o personales. Esta protección se articula principalmente a través del “derecho a la indemnidad” y la declaración de ilegalidad de las conductas discriminatorias.

El primero establece que nadie puede ser discriminado ni represaliado por reclamar o ejercer los derechos de conciliación, y la protección no se limita únicamente a la persona que ejerce el derecho, sino que se extiende a personas que apoyen o defiendan a quien reclama sus derechos o a las que mantengan una relación matrimonial, unión de hecho o parentesco con la persona que ejerce el derecho o lo reclama.

Es más, en el sector privado, la administración promoverá actuaciones dirigidas específicamente a prevenir cualquier trato desfavorable derivado del ejercicio de los permisos de conciliación en las empresas y entidades. A ello se sumarán acciones para eliminar la discriminación derivada de la maternidad, el disfrute de permisos de nacimiento y cuidados, o las reducciones de jornada por guarda legal.

Y para garantizar que esta protección sea efectiva y no quede en una ‘declaración de intenciones’, la ley contempla varios mecanismos de control a través de la Inspección de Trabajo como la pérdida de subvenciones y ayudas para empresas que ejerzan represalias o discriminación.

Hasta tres años de penalización

De hecho, el anteproyecto de ley incorpora una amplia lista de infracciones, algunas ya mencionadas. Combina la pérdida de beneficios económicos con la exclusión de contratos públicos y la obligación de devolver fondos recibidos para aquellas empresas que no cumplan con los estándares de igualdad y paridad. Esta exclusión de los beneficios económicos y la contratación puede durar hasta un plazo máximo de tres años, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

En el caso concreto del sector agrario, las asociaciones u organizaciones profesionales de este ámbito no podrán recibir ninguna ayuda o subvención pública si no cumplen con una participación mínima del 40% de mujeres en sus órganos de dirección. Y en los colegios profesionales, deben garantizar que el sexo menos representado ocupe al menos el 40% de los puestos en sus juntas de gobierno y comités de dirección.

Además, el incumplimiento de la paridad en los órganos de decisión conlleva la pérdida de la prioridad en la contratación pública y en el acceso a subvenciones regionales que el Plan Regional para el Liderazgo de las Mujeres otorgará a las empresas cumplidoras.

Fuente: El diario

¡Ya están abiertas las inscripciones para el Foro Internacional de Compra Pública Alimentaria, organizado por CERAI y Mundubat, junto con un amplio comité organizador.

​🗓️ El evento será los *días 1 y 2 de octubre*
📍En la Universitat Politècnica de València

El acto será inaugurado por el Ministro de Consumo y contaremos con la participación de experiencias de África, América Latina, Asia, Europa y el ámbito estatal sobre buenas prácticas y avances en el sector.

Toda la información, programa e inscripción en la web ➡️✅https://forocomprapublica.org/

REAS Andalucía organiza en la provincia de Huelva la II Semana de las Economías Transformadoras, bajo el lema «Hacia una economía enfocada en la comunidad». Una semana para encontrarnos, compartir experiencias y seguir construyendo economías que ponen la vida en el centro.

Esta segunda edición toma como punto de partida la experiencia de la primera, celebrada en 2024, y plantea una propuesta más descentralizada, con actividades en distintos espacios y dirigidas a públicos diversos: universidad, administraciones públicas, entidades sociales, jóvenes, organizaciones de REAS y ciudadanía en general. Se abordarán cuestiones como la contratación pública responsable, la economía social y solidaria, el desarrollo local, la reutilización, el consumo responsable y la construcción de alternativas económicas.

Fecha: del 17 al 24 de octubre de 2026
Lugar: Minas de Riotinto, Huelva capital (Centro de Comunicación Jesús Hermida y Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva) y Osuna (Sevilla)
Organiza: REAS Andalucía, con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial de Huelva y la Universidad de Huelva
Inscripción: formulario de inscripción
Programa: descargar el programa (PDF)

Programa

Durante la jornada del jueves habrá Mercado Social en paralelo.

Sábado 24 de octubre. Festival Andaluz de la Economía Social y Solidaria
Escuela de Economía Social de Osuna (Sevilla): Primer Festival Rechistando.

Inscríbete aquí · Descarga el programa (PDF)

Más información: Huelva acogerá las ponencias de Carlos Taibo y Charo Gómez en el marco de la II Semana de las Economías Transformadoras

Sesión de asesoramiento para Administraciones Públicas

Desde REAS Red de Redes, en el marco del servicio gratuito de asesoramiento en contratación pública responsable que estamos realizando dentro del proyecto COOPUBLIC, ponemos en marcha otra sesión específica sobre contratación pública estratégica.

Este espacio de asesoramiento que tiene además un carácter formativo, tiene como objetivo compartir herramientas, enfoques y orientaciones prácticas que ayuden a las AAPP a entender el uso de la contratación pública como apoyo a los objetivos de las políticas públicas y para que puedan integrar criterios sociales, medioambientales y éticos en sus procesos de compra.

La sesión será impartida por Marc Vilanova, de FACTO Cooperativa y Santiago Lesmes de Par en Par

Las plazas son limitadas. En caso de completarse el aforo, se habilitará una lista de espera para valorar la organización de nuevas sesiones de asesoramiento.

Actividad exclusiva para Administraciones Públicas.

INSCRÍBETE AQUÍ

La última revisión del primer criterio del modelo de Ciudad por el Comercio Justo, correspondiente al trienio 2022-2024, permitió conocer cómo ha progresado el compromiso de las localidades con una contratación pública coherente con las políticas de cooperación internacional para el desarrollo y el Comercio Justo, es decir, con la compra pública ética.

La campaña, iniciada en 2006, ha movilizado a los agentes locales, como ONGD, asociaciones y tiendas de Comercio Justo, para reclamar, especialmente a ayuntamientos y universidades, que incorporen criterios éticos de Comercio Justo en sus compras y contratos. Básicamente, el objetivo ha sido siempre que el Comercio Justo estuviera presente en el día a día de la actividad y los servicios públicos, facilitando que la ciudadanía pudiera acceder a sus productos y que las propias instituciones fueran un ejemplo de consumo responsable. Cafeterías y cantinas municipales y universitarias, servicios de catering en eventos o máquinas expendedoras han sido algunos de los escenarios en los que se han materializado estas experiencias.

En función de su población, las Ciudades por el Comercio Justo deben acreditar un número mínimo de contratos o concesiones que hayan requerido la publicación de un pliego de licitación que contemple, al menos, un criterio de Comercio Justo durante el periodo de referencia. Cuanta más población tenga una localidad, mayor será el número de contrataciones públicas que deberá acreditar.

Desde la aprobación de la actual Ley de Contratos del Sector Público, en 2017, la compra pública ética no ha sido solo una posibilidad, sino también un mandato. Esta normativa tiene por objeto aplicar criterios sociales y ambientales en toda la contratación pública. En este contexto, las Ciudades por el Comercio Justo han contribuido a demostrar que era posible aplicar criterios éticos de Comercio Justo en los contratos de sus ayuntamientos, universidades y diputaciones provinciales. Pero ¿qué nos dice esta última revisión del programa? ¿Ha progresado la compra pública ética gracias a la ley y a la incidencia política realizada ante las entidades públicas locales?

A la luz de esta revisión, la respuesta es agridulce. Aunque la práctica totalidad de las ciudades adheridas a la campaña ha mantenido su compromiso con la compra pública ética, la mayoría ha aplicado criterios de Comercio Justo con poco impacto y, en ocasiones, con poca o nula eficacia. El aspecto positivo es que el Comercio Justo sigue estando presente en la contratación pública de los municipios. Esto no es baladí. El Comercio Justo ha permeado unas formas de entender la contratación pública que, en ocasiones, se han mostrado escépticas e inflexibles. No ha sido fácil que los criterios sociales y ambientales tengan cabida en estos procesos, tradicionalmente más centrados en las garantías jurídicas y legales que en aprovechar su impacto positivo sobre la sociedad. Ha sido una reivindicación de años que, finalmente, fue respaldada por la jurisprudencia y, posteriormente, incluida en la legislación.

En todo caso, la aplicación de los criterios ha sido irregular durante todo el recorrido de la campaña. Esta evaluación refleja una falta de impulso y liderazgo por parte de los ayuntamientos. Una gran parte de ellos ha acreditado únicamente haber valorado de forma positiva que las entidades licitadoras incluyeran productos de Comercio Justo en sus ofertas, con puntuaciones que no han superado los 6 puntos sobre 100. Esto resta eficacia a los criterios de Comercio Justo, ya que la entidad adjudicataria no tiene por qué ser necesariamente la que haya ofrecido o se haya comprometido a utilizar este tipo de productos.

Otra cláusula ética poco eficaz consiste en aplicar como criterio de desempate que la entidad adjudicataria esté acreditada como Organización de Comercio Justo. Es poco probable que se produzca un empate y aún menos que una de las organizaciones que haya presentado una oferta y se encuentre en esa situación sea una entidad de Comercio Justo. Como se ha mencionado, el impacto que pretende conseguir la campaña es promover el consumo responsable entre la ciudadanía y garantizar unas condiciones de vida y trabajo dignas para las comunidades productoras del Sur Global. Este objetivo solo puede alcanzarse mediante criterios que exijan el uso de productos de Comercio Justo en los contratos públicos, como café, azúcar, té o cacao, entre otros.

Algunas ciudades han justificado la adjudicación de contratos en los que el uso de productos de Comercio Justo era obligatorio, al aplicarlo como condición especial de ejecución. Con ello, los ayuntamientos, las universidades y otras entidades públicas no solo garantizan el impacto del criterio, sino también su eficacia. Entre las experiencias destacadas se encuentran:

• El uso obligatorio de café 100 % de Comercio Justo en las máquinas de vending de la Universidad de Córdoba.
• El uso de café de Comercio Justo en el servicio de comedores colectivos y cafeterías del Ayuntamiento de Zaragoza.
• La coordinación impulsada en Castellón de la Plana para aplicar criterios de Comercio Justo entre diferentes entidades públicas con actividad en el municipio, como el ayuntamiento, la diputación, la Universitat Jaume I y la Generalitat Valenciana.

En conclusión, es necesario seguir impulsando la compra pública ética, especialmente en un contexto internacional marcado por la degradación ambiental y el aumento de la desigualdad social.

El principal reto de la campaña debe ser conseguir que el Comercio Justo esté presente en todos los contratos públicos en los que sea posible incorporarlo.

Las cantinas, comedores y cafeterías ubicadas en centros públicos, municipales o universitarios deberían ofrecer productos de Comercio Justo como café, cacao instantáneo, chocolate, azúcar o té. Se debería garantizar que, al menos, uno de estos productos fuera de Comercio Justo. Siempre que sea posible, la oferta debería priorizar estos productos, en lugar de presentarlos únicamente como una alternativa o un complemento. Este reto también es aplicable a las máquinas expendedoras y a los servicios de suministro de alimentos, donde debería existir siempre una gama de productos de Comercio Justo.

Asimismo, como línea de innovación, se echa en falta una mayor apuesta por el textil de Comercio Justo. Parte de las prendas que componen los uniformes de trabajo del personal de distintos servicios municipales, como jardinería, transporte urbano o extinción de incendios, podrían incorporar productos de Comercio Justo. Por ejemplo, podrían adquirirse camisetas de algodón de Comercio Justo como parte de estos uniformes. No es difícil: solo hace falta voluntad política para apostar de forma decidida por el Comercio Justo.

Por último, también deberían mejorarse los sistemas de seguimiento de la ejecución de los criterios de Comercio Justo. Es necesario aplicar medidas y herramientas que permitan a los órganos responsables de la ejecución de los contratos controlar que estos criterios se cumplen realmente. Esto implica comprobar, por ejemplo, que el café que se dispensa es de Comercio Justo o que una camiseta de algodón suministrada como parte de un uniforme de trabajo cuenta con la correspondiente certificación de Comercio Justo.

Sin lugar a dudas, es el momento de apostar por una compra pública ética que contribuya a construir unas relaciones comerciales internacionales basadas en el respeto de los derechos humanos y laborales de las comunidades productoras y trabajadoras del Sur Global. La solidaridad global es el camino.

Sesión de asesoramiento para Administraciones Públicas

Desde REAS Red de Redes, en el marco del servicio gratuito de asesoramiento en contratación pública responsable que estamos realizando dentro del proyecto COOPUBLIC, ponemos en marcha una sesión específica sobre planificación y seguimiento en la contratación pública.

Este espacio de asesoramiento tiene como objetivo compartir herramientas, enfoques y orientaciones prácticas que ayuden a las AAPP a mejorar la planificación de la contratación, el seguimiento de los contratos y la organización de los procesos internos vinculados a la contratación pública.

La sesión será impartida por Marc Vilanova, de FACTO Cooperativa, y estará orientada al intercambio de experiencias y a la resolución de cuestiones concretas planteadas por las personas participantes.

Las plazas son limitadas. En caso de completarse el aforo, se habilitará una lista de espera para valorar la organización de nuevas sesiones de asesoramiento.

Actividad exclusiva para Administraciones Públicas.

REAS Balears realiza el seguimiento de la contratación pública social y presenta propuestas de mejora para favorecer la actividad de las empresas de inserción a las que representa.

La finalidad de los contratos reservados es promover el empleo de las personas con discapacidad y en situación o riesgo de exclusión social. La disposición adicional cuarta de la ley 9/2017, de contratos del sector público, establece que las comunidades autónomas y entidades locales fijarán porcentajes mínimos de reserva de contratos. Esta obligación se concreta en normas y acuerdos del Govern y de los consejos insulares de Mallorca, Eivissa y Menorca.

El informe presenta los resultados de los contratos reservados analizados e incluye propuestas de mejora en las que es necesario insistir para aprovechar el marco normativo favorable y avanzar en la contratación pública social en favor de la actividad que desarrollan las empresas de inserción.

En 2025 encontramos una consolidación de la contratación pública social con importantes incrementos en los importes adjudicados como contratos reservados que se han de poner en valor.

Así y todo, también hay margen para mejorar la calidad de la contratación pública social, ya que seguimos detectando deficiencias y carencias que limitan el impacto de la contratación pública social sobre la creación de empleo para colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral:

La contratación reservada se concentra en pocos servicios; hay poca diversificación de actividades, lo que limita su alcance.
No se ha desarrollado suficientemente la contratación reservada diferenciada para empresas de inserción, que sólo han recibido adjudicaciones de ayuntamientos, sin ninguna adjudicación ni del Govern ni de los consejos insulares.
Aún se puede mejorar mucho en la aplicación de criterios de adjudicación que favorezcan la mejor relación calidad-precio: se ha producido una ligera mejora de la valoración de los criterios de calidad, pero la oferta económica continúa teniendo mucho más peso.
Se mantiene la adjudicación de contratos por importes sensiblemente inferiores al presupuesto de licitación, así como contratos desiertos por una mala configuración del presupuesto del contracto.

RESULTADOS

En 2025 el conjunto de administraciones de Illes Balears ha adjudicado 51 contratos o lotes reservados por un importe de 11.431.876 €, con un incremento del 50% en relación a 2024. El Govern ha adjudicado el 52,3% de los importes, los consejos insulares el 7,7% y los ayuntamientos el 40,0%.

La evolución anual de los importes adjudicados por tipo de institución muestra que si en 2024 fue especialmente significativo el fuerte incremento de los importes adjudicados por parte de ayuntamientos, en 2025 el protagonista de los incrementos en los importes adjudicados ha sido el Govern.

En 2025 el Govern de les Illes Balears ha adjudicado 28 contratos o lotes reservados por un importe de 5.976.951 €, lo que representa el 0,75% de los importes adjudicados en todo tipo de contratos.

En el caso del Govern, estamos ante un salto cualitativo en la contratación reservada, con un fuerte incremento en relación a años anteriores, del 262% en relación a 2024.

El informe también analiza:

Objetos contractuales adjudicados

• Se mantiene la concentración de importes reservados adjudicados en pocos objetos contractuales de años anteriores: sólo tres servicios, de jardinería, de recepción, conserjería y control de accesos y de recogida y reciclaje, suponen el 80% de los importes adjudicados.

Entidades adjudicatarias

• Los centros especiales de empleo son la principal tipología de entidad beneficiaria, con el 85% de los importes, y se desconoce si todos los centros especiales de empleo beneficiarios son de iniciativa social como es preceptivo.
• Ni el Govern ni los consejos insulares han adjudicado ningún contrato a empresas de inserción.

Valoración de la oferta económica

• La puntuación media de la oferta económica ha sido del 80,7% con una ligera reducción en favor de los criterios de calidad.
• En el 35% de las licitaciones el precio supone el 100% de los criterios de adjudicación.
• Hay buenas prácticas de criterios de adjudicación que priorizan la calidad, con baremaciones de la oferta económica inferiores al 50% o adjudicación por fases con mínimos de calidad para continuar en el proceso selectivo.

En relación a los aspectos económicos, también continuamos detectando con preocupación contratos reservados adjudicados a un precio muy inferior al presupuesto base de licitación, por debajo del 80%.

ESTUDIO DE CASOS

Ponemos el acento en aspectos relevantes que queremos destacar de la contratación pública social en 2025:

Licitaciones de recogida y tratamiento de textil usado

• Además de las obligaciones de reserva derivadas de la normativa sobre residuos, prestamos atención a cómo contemplen las licitaciones el pago del servicio para garantizar la viabilidad de esta actividad que históricamente han realizado entidades sociales de inserción, y que actualmente vive una situación de colapso sin precedentes por la saturación del mercado de ropa de mala calidad, la caída de precios y el incremento de costes.
• Gracias a la campaña de sensibilización realizada por las entidades sociales de inserción, cada vez más ayuntamientos pagan por el servicio con precios unitarios para cubrir los costes reales de recogida, transporte y tratamiento.

Contratos de gestión de residuos declarados desiertos

• Cuatro contratos de gestión de residuos de ayuntamientos han quedado desiertos por falta de licitadores o por su exclusión por motivos técnicos.
• Una correcta configuración de los presupuestos de los contratos y de sus requisitos técnicos mediante consultas a los operadores económicos podría evitar estas situaciones.

PROPUESTAS  

¿Cómo impulsar y mejorar la calidad de la contratación pública social?

• Planificar la diversificación de objetos contractuales susceptibles de reserva mediante consultas a los operadores económicos.
• Potenciar reservas diferenciadas para empresas de inserción en el caso del Govern y los consejos insulares.
• Introducir mejoras en relación a los itinerarios de inserción para evitar el intrusismo de entidades promovidas o participadas por empresas mercantiles y hacer públicos los registros oficiales de empresas de inserción y de centros especiales de empleo de iniciativa social.
• Mejorar la formación y el seguimiento con la participación del sector.

Aspectos económicos para hacer realidad el principio de la mejor relación calidad-precio:

• Incluir todos los costes en el presupuesto de licitación para evitar que los contratos queden desiertos por falta de licitadores, incluyendo los costos laborales y de los itinerarios de inserción.
• Diseñar criterios de adjudicación que prioricen la calidad: baremación de la oferta económica del 50% o inferior y adjudicación por fases con mínimos del baremo de calidad para continuar en el proceso selectivo cuando sea de aplicación.
• Evitar las bajas temerarias y la sobrevaloración de las bajadas de precio revisando las fórmulas matemáticas utilizadas en la valoración de las ofertas y los umbrales y justificaciones de las reducciones temerarias de precio.

Más información:

Informe contratos reservados Illes Balears 2025: https://mercatsocial.org/descarregues/606/informes/234285/contratos-reservados-illes-balears-2025

Anexos: https://mercatsocial.org/descarregues/207/informes/234283/contratos-reservados-illes-balears-2025-anexo

Publicamos el informe Textile Watch: La necesidad de un mecanismo de monitoreo, con la intención de analizar la compra pública textil catalana e identificar oportunidades para que las administraciones públicas ejerzan su capacidad de influencia y cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Con esta investigación damos los primeros pasos para implementar estructuras de monitoreo en la contratación pública catalana en el sector textil. Son muchos los departamentos y organismos de la Generalitat de Catalunya, así como otras administraciones locales, que adquieren productos textiles.

Sabemos que la industria textil se caracteriza por una fuerte subcontratación: el origen de las materias primas y las fábricas donde se producen se encuentran principalmente en países del Sur Global. Además, el seguimiento de la trazabilidad del producto en el sector textil es especialmente complejo.

Las empresas externalizan a países del Sur Global sus costes sociales y ambientales, y minimizan los costes de producción a costa de no garantizar los derechos laborales en sus cadenas de valor. La globalización de la economía y la liberalización del comercio han
hecho que las cadenas de suministro se vuelvan muy largas, complejas y poco transparentes, dificultando conocer las vulneraciones de derechos que se producen.

Esto afecta a las personas consumidoras individuales, pero también, y en mayor medida, a las administraciones públicas que tienen un gran peso en la compra de productos. La contratación pública representa un 14% del PIB de la Unión Europea y, en Cataluña, representa más del 30% del total del gasto público. Solo durante el año 2024, la Generalitat de Catalunya y su sector público han adjudicado 16.529 contratos que representan un importe total de más de 4.121 millones de €. Las administraciones tienen la capacidad de influir en los comportamientos de las empresas a través de la contratación pública y deben tener en cuenta este comportamiento al formalizar nuevos contratos. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP) permite y promueve que se introduzcan aspectos sociales, ambientales y laborales como criterios de adjudicación y como condiciones especiales de ejecución.

Para llevar a cabo la investigación, se ha analizado la contratación textil en Cataluña con un enfoque extraterritorial, la procedencia geográfica de los productos textiles en la compra pública catalana y los riesgos para los principales países de origen: Pakistán, India y Bangladesh. Asimismo, el informe presenta un breve análisis estrictamente jurídico de las normas aplicables con implicaciones para la contratación pública en el sector textil y se
analiza el actual momento político de la Unión Europea respecto a las nuevas perspectivas normativas.

El informe, elaborado por el CEDAT con ayuda de la Universidad de Sussex, se enmarca en el proyecto de SETEM Catalunya, financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo: “Traçant camí cap a la justícia global”.

Una de las principales recomendaciones que se desprende del informe es la importancia de incluir cláusulas de transparencia en las licitaciones, que permitan saber dónde se fabrican los productos que se compran en Cataluña. Este sería un primer paso imprescindible para poder conocer los riesgos asociados. A medio plazo, se podría ir más allá e incluir cláusulas que exijan a los contratistas realizar un seguimiento y monitoreo continuo sobre sus proveedores, que garantice que respetan los derechos humanos y el medio ambiente. Las administraciones deberían entonces prever procedimientos de control del cumplimiento de las condiciones de ejecución sociales y ambientales. El desarrollo de una iniciativa de seguimiento y mejora de la contratación pública socialmente responsable en el sector textil (Textile Watch) permitiría conectar compradores públicos y organizaciones de la sociedad civil de los países de fabricación y facilitar esta labor.

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INCISO Integración, con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha celebrado en Ciudad Real la jornada autonómica “Contratación Pública, Economía Social y cuidados”, en la que se ha analizado en profundidad las claves de la Contratación Pública y su potente papel como generador de cambio en los municipios de la región, generando empleo digno y de calidad y, además, apoyando a las pymes y las entidades de Economía Social.

Así lo ha corroborado la directora de INCISO Integración, Eugenia Fernández Alonso, quien ha afirmado en la inauguración de la jornada que “os agradecemos a todos y todas vuestra presencia; estas jornadas ya son un éxito de asistencia, con 70 personas inscritas, tanto de forma presencial como a través de nuestro canal de YouTube, y que se tenga tanto interés en una contratación pública socialmente responsable nos parece un éxito a nivel social”.

A la jornada han asistido entidades sociales del Tercer Sector, fundaciones, Ayuntamientos, sindicatos, centros de la mujer y partidos políticos, “queremos abordar la contratación pública socialmente responsable, a través de las cláusulas sociales, que los cuidados y la Economía Social tengan arraigo en el territorio, sobre todo en una comunidad como Castilla-La Mancha, eminentemente rural; y también hablamos de la economía de los cuidados en clave de calidad y de empleo digno. No se trata solo de una jornada técnica, también es jurídica y social”.

Por su parte la responsable de Emprendimiento de INCISO Integración, Ana Isabel Parras Ramírez, ha afirmado que el marco legislativo actual permite incorporar cláusulas sociales a los contratos públicos “para fomentar la cohesión social, la incorporación de colectivos vulnerables y el propiciar un desarrollo más social, sostenible y cohesionado”.

Ha mencionado la presentación, en esta jornada, de una guía desarrollada por INCISO Integración que explica cómo incorporar las cláusulas sociales a los contratos y, además, lo impulsa, “es muy importante crear este foro de información y de debate y publicar esta guía, porque una buena contratación va a propiciar buenos servicios”.

Finalmente la directora general de Empleo, María Elena García Zalve, ha agradecido a INCISO Integración la organización de esta jornada, “es un tema de gran ayuda para ese objetivo que perseguimos que no es otro que dotar de herramientas a los agentes económicos y a las entidades locales; herramientas que les permitan hacer políticas sociales con un crecimiento económico sostenible”.

Ha destacado que “ya es más que evidente la importancia de la Economía Social en una región como la nuestra, donde son necesarias actuaciones que cohesionen el territorio”.

Contratación pública responsable y estratégica

Tras la inauguración, se ha celebrado la ponencia marco “Contratación pública responsable y estratégica en el ámbito de los cuidados: el papel de la economía social en la acción local”, a cargo de Luigi Carinci, experto en Contratación Pública Responsable y Estratégica. Economía Social y Solidaria. REAS.

Seguidamente ha tenido lugar la mesa de diálogo, “Las cláusulas sociales en la contratación pública: impacto en el empleo y el territorio”, en la que han participado Mar González Rodríguez, presidenta de ASEIRCAM (Asociación de Empresas de Inserción de Castilla-La Mancha); Rodrigo Caballero, socio fundador de Caballero y Fuentes Abogados y secretario general de la Asociación Intersectorial de Autónomos; Dionisio Moreno Antequera, alcalde de Carrión de Calatrava (Ciudad Real); y Jorge Fernández Morales, profesor de Derecho de Cooperativas en la UCLM y socio de Egalia Abogados, cooperativa de trabajo asociado.

Esta jornada está desarrollada al amparo de la Línea 3 de subvenciones para actividades de formación, difusión y fomento de la economía social vinculadas directamente al empleo, impulsada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Fuente: Inciso

2025 ha sido un punto de inflexión en la presencia digital de la Economía Social y Solidaria. Las principales webs de REAS Red de Redes han vivido un crecimiento muy notable en todas sus métricas, una señal clara de que el interés por estos contenidos no solo aumenta, sino que se afianza.

“Nunca antes tantas personas habían entrado, leído, navegado y utilizado los recursos, noticias y herramientas que forman parte del ecosistema digital de REAS”, como señala Amaia, coordinadora de contenidos digitales y web de REAS RdR.

Los datos hablan por sí solos: cerca de 300.000 personas diferentes han pasado este año por alguna de las páginas de la red. Un salto cuantitativo que multiplica el alcance del mensaje de la Economía Solidaria y refuerza su papel como espacio de referencia para quienes buscan alternativas económicas reales y prácticas.

economiasolidaria.org: el gran impulsor del crecimiento

El portal economiasolidaria.org ha sido, sin duda, el gran motor de este aumento de audiencia. En 2025 ha registrado un 65% más de sesiones, alcanzando las 302.000, la cifra más alta de su historia.

Pero el dato más significativo va más allá de las visitas: la comunidad ha crecido de forma espectacular. El número de usuarios activos se ha más que duplicado (+101%), llegando a 256.000 personas.

Este crecimiento se ha traducido también en una forma distinta de usar la web: se leen más contenidos, se navega más y se interactúa más. Las vistas de página han aumentado un 117% y la interacción ha alcanzado 1,5 millones de eventos (+86%). No solo llega más gente, sino que quienes llegan, se quedan.

El portal se consolida así como el principal espacio informativo sobre Economía Solidaria en el ámbito estatal y uno de los referentes en habla hispana.

reas.red: más comunidad alrededor de la red

La web institucional reas.red mantiene una evolución constante y muy positiva. En 2025 ha sumado un 25% más de usuarios activos, alcanzando las 29.000 personas. Esto refleja un interés creciente por conocer el trabajo en red, las campañas y las propuestas que impulsa REAS.

Este crecimiento también se nota en las sesiones, que han aumentado cerca de un 20%, superando las 41.000, y en unos niveles de interacción que siguen creciendo año tras año.

mercadosocial.net: el interés por el consumo responsable sigue creciendo

El Mercado Social continúa atrayendo a nuevas personas interesadas en el consumo responsable. Durante 2025, las sesiones han crecido un 16,7% (13.000) y los usuarios activos un 14,4% (cerca de 9.800).

Son cifras que muestran que cada vez más personas buscan alternativas concretas para consumir de otra manera y encuentran en esta plataforma una herramienta útil para ello. La interacción se mantiene estable, señal de que quienes llegan encuentran lo que buscan.

contratacionpublicaresponsable.org: más atención a una herramienta estratégica

El portal contratacionpublicaresponsable.org, centrado en un ámbito más técnico pero clave para la ESS, también muestra una evolución muy positiva. Todas sus métricas crecen a doble dígito.

Las sesiones han aumentado un 28,2% (3.400) y los usuarios activos un 19% (1.900). Las vistas de página suben un 16,6% y la actividad general del sitio crece más de un 12%, reflejando un interés cada vez mayor por este enfoque de la contratación pública.

Un crecimiento que va más allá de la web y las cifras

Todo ello confirma que 2025 ha sido un año de expansión digital sin precedentes para la Economía Solidaria. No se trata solo de más visitas, sino de una comunidad más amplia que consulta, se informa y utiliza los recursos de REAS.

Este crecimiento ha sido patente también en el alcance de sus redes sociales. En las recién estrenadas redes de bluesky y mastodon, las cuentas han ido articulando estos meses a una comunidad sólida y fiel. Por su parte, otras clásicas como Facebook o Telegran han crecido entorno al 6% el número de seguidores, mientras que Instagram ha experimentado un crecimiento mayor del 100%.

La Economía Solidaria está consiguiendo consolidar su presencia en la red y llegar a nuevas audiencias. Y, sobre todo, está logrando que cada vez más personas encuentren en sus webs contenidos que ayudan a imaginar —y practicar— otra economía posible.

Gracias por estar ahí.

El proyecto parte de un enfoque claro: las entidades locales son actores estratégicos en la configuración de un nuevo modelo de cuidados, y la contratación pública constituye una de las principales palancas para orientar ese modelo hacia el empleo digno, la igualdad, el arraigo territorial y la calidad de los servicios. En este marco, la incorporación de cláusulas sociales se presenta como una herramienta clave para traducir los objetivos públicos en impacto real.

La jornada se concibe como un espacio autonómico de formación, difusión e intercambio, dirigido a personal político, personal técnico y agentes sociales, con un enfoque práctico y aplicado, adaptado a la realidad municipal.

PROGRAMA
10:30 – 11:00 h. Mesa de apertura institucional

Intervienen:
• Doña Ana Carmona Duque, Directora General de Autónomos, Trabajo y Economía Social de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
• Doña Eugenia Fernández Alonso, Directora de Inciso Integración.

11:00 – 11:45 h. Ponencia marco: Contratación pública responsable y estratégica en el ámbito de los cuidados: el papel de la economía social en la acción local
Ponente: Don Luigi Carinci, experto en Contratación Pública Responsable y Estratégica. Economía Social y Solidaria. REAS.

La ponencia marco ofrece el marco conceptual, normativo y aplicado de la jornada, conectando de forma explícita contratación pública, sector de los cuidados y
economía social. A lo largo de la intervención se abordarán:
• La contratación pública como instrumento al servicio de las políticas públicas
de cuidados, empleo y cohesión territorial.
• Las características específicas del sector de los cuidados, especialmente su
alta feminización, su impacto directo en la calidad de vida y su relevancia en
entornos rurales.
• El valor añadido de la economía social y solidaria en la provisión de servicios
de cuidados: proximidad, arraigo territorial, empleo digno y orientación al bien
común.
• El papel de las cláusulas sociales para incorporar criterios de calidad del
empleo, igualdad, estabilidad y retorno social en los contratos públicos.
• Claves prácticas para que las entidades locales integren estos criterios de
forma jurídicamente segura y adaptada a sus capacidades reales.

12:00 – 13:00 h. Mesa de diálogo. Las cláusulas sociales en la contratación pública:
impacto en el empleo y el territorio

Participan:
• Doña Mar González Rodríguez, presidenta de ASEIRCAM (Asociación de
Empresas de Inserción de Castilla-La Mancha).
• Don Rodrigo Caballero, socio fundador de Caballero y Fuentes Abogados y
Secretario General de la Asociación Intersectorial de Autónomos.
• Don Dionisio Moreno Antequera, alcalde de Carrión de Calatrava.
La mesa de diálogo traslada el marco teórico a la realidad práctica, incorporando
miradas complementarias desde la economía social, el ámbito jurídico-económico y la
gestión municipal.El diálogo permitirá reflexionar sobre:
• Oportunidades y dificultades reales en la aplicación de cláusulas sociales.
• El impacto de la contratación pública en el empleo local y el desarrollo
territorial.
• La necesidad de coherencia entre el diseño de los contratos y los objetivos
sociales perseguidos.

13:00 – 13:30 h. Cierre y conclusiones

Esta jornada se enmarca en el proyecto “Economía Social y Cuidados: Guía para la acción local en Castilla-La Mancha”, desarrollado por Inciso Integración al amparo de la Línea 3 de subvenciones para actividades de formación, difusión y fomento de la economía social vinculadas directamente al empleo, impulsada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Formato: presencial con opción de streaming

Más info en: https://www.inciso.org/noticias/168/inciso-integracion-aborda-la-contratacion-publica-como-motor-de-empleo-cuidados-y-desarrollo-local-en-castilla-la-mancha

El Primer Encuentro Autonómico de Ciudades por el Comercio Justo en la Comunidad Valenciana, bajo el lema «Conectando municipios por el Comercio Justo», reunirá el próximo 5 de marzo de 2026 a representantes de administraciones públicas, universidades, entidades sociales y agentes locales comprometidos con un modelo de consumo y producción más justo, responsable y sostenible.

Organizado por IDEAS y Solidaridad Internacional País Valenciano, con la colaboración de la Coordinadora Valenciana de ONGD, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de València y la Universidad de Valencia. Este encuentro se enmarca en la Campaña Internacional de Ciudades por el Comercio Justo, un movimiento global que agrupa a más de 2.000 municipios en todo el mundo.

Queremos compartir e impulsar la campaña de Ciudades por el Comercio Justo en la Comunidad Valenciana. Este encuentro será un espacio de intercambio de experiencias, aprendizaje colectivo y generación de sinergias entre los diferentes actores que trabajan en el territorio a favor de modelos de consumo y producción que ponen en el centro a las personas y al medio ambiente.

Formar parte de la campaña supone apoyar y mantener el compromiso para conseguir estos 5 criterios:

1. Aprobar una resolución favorable al Comercio Justo y al consumo de este tipo de productos por parte del Ayuntamiento.
2. Ofrecer productos de Comercio Justo en cafés, restaurantes y tiendas de la ciudad.
3. Compromiso del sector privado, comunidad educativa y organizaciones sociales introduciendo este tipo de productos en su consumo interno.
4. Comunicación y sensibilización a la ciudadanía.
5. Creación de un grupo de trabajo local que coordine el programa.

En España, más de veinte municipios, entre ellos Sagunto, Orihuela, Castelló de la Plana y València, forman parte activa de esta red global.

El encuentro busca reforzar la red valenciana de Ciudades por el Comercio Justo, tomando como referencia las experiencias consolidadas de los municipios de Castelló de la Plana, Sagunto, Orihuela y València, que ya forman parte activa de la campaña y cuentan con grupos locales de trabajo, iniciativas de compra pública ética y actividades de sensibilización ciudadana.

Hablaremos, entre otros temas, de cómo implicarse en la campaña, de los retos del contexto económico y social actual para fortalecer el compromiso local con el Comercio Justo, de las sinergias con el mundo rural y del papel fundamental de las administraciones públicas en la promoción de prácticas de Compra Pública Ética.

5 de marzo de 2026 |  9:00 – 14:00 h
Colegio Mayor Rector Peset – Universitat de València

Programa

09:00 – 09:30
Inscripción de participantes y entrega de materiales.

09:30 – 10:20
Bienvenida e inauguración institucional.
Participan: Solidaridad Internacional País Valenciano (SIPV), Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de València, Coordinadora Valenciana de ONGDS e IDEAS.

10:20 – 11:00
Ciudades por el Comercio Justo: una red global de más de 2.000 municipios.
Ponencias sobre el enfoque internacional y local de la campaña, experiencias en América Latina y el modelo europeo.

11:00 – 11:45
Mesa: Impacto de la campaña global en las comunidades productoras del Sur Global.
Participación de cooperativas productoras de Ecuador, Honduras y El Salvador.

11:45 – 12:15
Pausa café.

12:15 – 12:45
Claves e impacto de la Contratación Pública Ética.
Compra pública responsable y presentación de la Guía de Compra Pública Responsable de la Universitat de València.

12:45 – 13:45
Mesa: Experiencias y buenas prácticas municipales.
Casos de Sagunto, Castelló y València sobre gestión pública sostenible y Comercio Justo.

13:45 – 14:00
Evaluación participativa y clausura.

Un espacio para inspirar, conectar y actuar

Este primer encuentro autonómico pretende ser un punto de inflexión para fortalecer el compromiso con el Comercio Justo en la Comunidad Valenciana, y ampliar la red de municipios adheridos.

Objetivos del encuentro

• Dar a conocer y conectar a los municipios valencianos comprometidos con el Comercio Justo.
• Impulsar la Campaña de Ciudades por el Comercio Justo en nuevos municipios, fortaleciendo la red territorial e intercambiando experiencias y buenas prácticas.
• Reforzar el compromiso institucional de las administraciones públicas, universidades y organizaciones sociales en la promoción del Comercio Justo y el consumo responsable.

A quién está dirigido

• A todas las personas interesadas en impulsar el Comercio Justo en su comunidad.
• A representantes y personal técnico de las Administraciones Públicas que quieren apoyar modelos de Consumo Responsable en sus localidades.
• A miembros y entidades de las ONGDS valencianas que quieran enredarse con otros actores.
• Universidades valencianas que quieran aprender y compartir experiencias educativas a favor de modelos de desarrollo más humanos y sostenibles.

¿Te apuntas?

Inscripciones abiertas a través del siguiente enlace

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En el marco de la serie “Hablamos Con Defensores”, entrevistamos a Maite Ramos, de SUDS; Anna Bardolet, de La Coordi; y Sergi Salavert, de FETS, para entender mejor qué es y qué impacto tiene la compra pública responsable.

Las tres entidades forman parte del Grupo de Compra Pública Socialmente Responsable de Cataluña (GCPSR), del cual el Ayuntamiento de Barcelona también es miembro. El grupo es especialmente relevante porque agrupa entidades sociales y administraciones públicas, es decir, organizaciones que denuncian vulneraciones y proponen alternativas respetuosas con los derechos humanos, junto con las administraciones que tienen el poder y las competencias para impulsar cambios reales.

“La compra pública tiene el potencial de comprar sólo productos que no vulneren los derechos humanos. Estamos hablando de un potencial transformador muy grande, ya que es más de un 10% del PIB español, del Estado”, así se inicia la entrevista con la reflexión de Anna Bardolet. La complementa Maite Ramos explicando que su impacto social y ambiental va más allá de las fronteras de Cataluña.

Por su parte, Sergi Salavert explica que la compra pública responsable es “tener en cuenta quien ha producido eso, de qué manera, en qué país se ha hecho, si en este país se han vulnerado los derechos humanos… Es tener en cuenta todo eso, no sólo el qué, sino el cómo y de qué manera.” Las personas entrevistadas destacan que las personas consumidoras tenemos poder, ya que la manera como invertimos y consumimos puede influir directamente en cómo se producen los bienes: si se vulneran derechos humanos o si se producen de manera justa. Trasladado a la compra pública, eso significa que es el Estado quien garantiza este impacto y quien toma estas decisiones.

Maite Ramos recuerda que “las administraciones públicas están obligadas a respetar el derecho internacional de los derechos humanos en sus contrataciones y, por lo tanto, no pueden contratar empresas vinculadas con graves vulneraciones de derechos humanos.”

Anna Bardolet añade que el sello de comercio justo asegura que productos producidos en el sur global están elaborados en buenas condiciones, como un precio digno, la ausencia de mano de obra infantil, la eliminación de la explotación o la garantía de la igualdad de género. Por eso remarca que “una administración pública que quiera tener un consumo responsable, del ámbito que sea, lo tiene que hacer en este caso a través de leyes y una de las cosas que permite eso es la contratación pública responsable.”

Maite Ramos también destaca la importancia de institucionalizar la contratación pública responsable, y que para hacerlo“ es necesario que estas políticas de contratación se incluyan dentro del funcionamiento de la administración. Es decir, que existan normas y protocolos concretos de compra pública, por ejemplo, a través de la inclusión de criterios de derechos humanos cuando se construyen los procesos de contratación.”

Finalmente, Sergi Salavert concluye recordando que la administración pública tiene una capacidad que no tienen las entidades de la sociedad civil, que es la de legislar. “Por lo tanto, es una responsabilidad poder legislar para favorecer el respeto a los derechos humanos, pero también tienen que respetarlos a la hora de consumir.”

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona

Os presentamos la “Guía Interactiva para la Contratación y Compra Pública Responsable de productos y servicios de la Economía Social y Solidaria (ESS)”, una herramienta pensada para ayudar a las Administraciones Públicas a comprar de una manera más consciente, justa y sostenible.

El objetivo de esta guía es acompañar al personal técnico y a las personas responsables de la contratación pública en la toma de decisiones que tengan en cuenta no solo el precio, sino también el impacto social y ambiental de los productos y servicios que se contratan.

Gracias a su formato interactivo, la guía permite entender de forma sencilla cómo la contratación pública puede convertirse en una palanca de cambio, contribuyendo al cuidado del entorno, al fortalecimiento de la economía local y a la promoción de condiciones de trabajo dignas. Comprar bien también es una forma de generar bienestar colectivo. Además, la guía acerca a las Administraciones Públicas a la oferta real de productos y servicios de las entidades que forman parte de REAS Red de Redes y de sus Mercados Sociales, visibilizando a empresas y organizaciones que trabajan desde los valores de la Economía Social y Solidaria: cooperación, equidad, sostenibilidad y compromiso con las personas y el territorio.

En definitiva, esta guía quiere ser una invitación a repensar la compra pública como una herramienta con capacidad de transformar la sociedad, demostrando que es posible satisfacer las necesidades públicas al mismo tiempo que se impulsa un modelo económico más justo, solidario y respetuoso con el planeta.

ACCEDE AQUÍ A LA GUÍA INTERACTIVA

Si tienes cualquier sugerencia de mejora por favor escríbenos a clausulassociales@reas.red

La contratación pública es una de las principales palancas de transformación económica y social. En España representa el 11,5 % del PIB y cerca del 15 % en el conjunto de la Unión Europea (Fuente: OIRESCON), lo que la convierte en una herramienta estratégica para impulsar modelos más justos, sostenibles y responsables.

En este contexto, REAS Red de Redes celebró una nueva sesión del ciclo de foros sobre Contratación Pública Responsable (CPR), impulsado desde 2023 por el grupo de trabajo de CPR de la red. La sesión de 2025 tuvo como objetivo actualizar el marco normativo europeo y analizar la aplicación práctica de criterios sociales y ambientales en sectores estratégicos como el comercio justo y la vivienda cooperativa en cesión de uso.

Del marco normativo europeo a la aplicación real

La sesión fue inaugurada por Javier Mendoza, quien realizó un recorrido por la evolución de la Directiva Europea de Contratación Pública, destacando el cambio de enfoque introducido desde 2014: no solo importa qué se compra, sino también cómo se compra.

Mendoza subrayó la necesidad de definir con precisión los criterios de calidad en los contratos públicos y explicó cómo algunas administraciones, como las de Cataluña, ya están incorporando criterios sociales y ambientales en el propio objeto del contrato. No obstante, señaló importantes desafíos en su implementación efectiva: aunque la ley obliga a incluir estos criterios, con frecuencia los pliegos no los desarrollan adecuadamente.

Asimismo, explicó que los tribunales no suelen cuestionar la legitimidad de los criterios sociales, sino la falta de justificación técnica de su aplicación, especialmente en aspectos relacionados con mejoras salariales y condiciones laborales.

Contratos reservados y oportunidades para la economía social

Otro de los puntos clave fue el análisis de los contratos reservados. Mendoza aclaró que los centros especiales de empleo y determinadas iniciativas sociales pueden acceder a este tipo de contratación, mientras que las iniciativas mercantiles han quedado excluidas tras una reciente resolución del Tribunal Supremo.

También detalló las opciones disponibles para las entidades de la economía social, como los contratos contemplados en la disposición adicional 48, limitados a servicios sociales, culturales y de salud, con una duración máxima de tres años, así como la posibilidad de reservar lotes específicos para empresas de inserción o centros especiales de empleo.

Criterios éticos y comercio justo en la contratación pública

En el bloque dedicado a los criterios éticos, David Comet presentó un recorrido por el trabajo del movimiento de comercio justo desde 2004 para incorporar estos principios en la normativa de contratación pública.

Recordó hitos importantes como la sentencia Norola de 2012 y las enmiendas normativas de 2017, pero señaló que, pese a los avances legales, los criterios sociales y ambientales siguen siendo voluntarios en la práctica. En este sentido, destacó la preocupación expresada por el Parlamento Europeo ante la falta de una implementación efectiva.

Como contrapunto, Comet compartió experiencias exitosas, como las del Ayuntamiento de Madrid y la Universidad de Valencia, que han logrado integrar criterios de comercio justo en sus contratos públicos, demostrando que su aplicación es viable cuando existe voluntad política.

Vivienda cooperativa: una alternativa desde la contratación pública responsable

El último bloque estuvo dedicado al sector de la vivienda, con la intervención de Javier Blanco, quien defendió que los recursos públicos no deberían contribuir al enriquecimiento del mercado inmobiliario privado.

Blanco planteó tres premisas fundamentales para una contratación pública responsable en vivienda:

• Evitar la venta de suelo público al mercado libre.
• Limitar las ayudas públicas para impedir el aumento de los precios de la vivienda.
• Garantizar una supervisión pública permanente.

Asimismo, presentó el modelo de cooperativas de vivienda en cesión de uso, una propuesta que redefine la vivienda como un bien de uso y no como un activo especulativo, poniendo el acceso a la vivienda en el centro.

Cierre y perspectivas de futuro

En el cierre de la sesión, David Comet y Javier Blanco compartieron reflexiones sobre cómo difundir y consolidar buenas prácticas. Comet insistió en la necesidad de compromisos políticos firmes y obligaciones concretas, más allá de criterios voluntarios, señalando que la difusión solo es efectiva cuando las administraciones se comprometen explícitamente a utilizar productos de comercio justo.

Por su parte, Blanco reconoció que los modelos de vivienda basados en la economía social y solidaria aún enfrentan importantes desafíos, especialmente en comparación con sectores más consolidados como el comercio justo. Sin embargo, subrayó que cada proyecto exitoso fortalece y visibiliza el movimiento.

Próximos pasos

Desde REAS se anunció la continuidad del ciclo de foros el próximo año, con la posibilidad de ampliarlo a otros sectores estratégicos como la energía renovable y las finanzas éticas. Además, se prevé la organización de sesiones formativas específicas orientadas a distintos sectores, con el objetivo de seguir impulsando una contratación pública verdaderamente responsable.

El Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias reúne en Gran Canaria a los principales agentes sociales, académicos y empresas sociales involucradas en la defensa de la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad. Las V Jornadas de CPR de Canarias ratifican su compromiso con la transparencia y la contratación más inclusiva y sostenible en una jornada única e intensiva, promovida por la Red Anagos con la financiación de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias. Una cita que este año ha contado con 300 personas inscritas, en presencial y online, en las que hay presentes al menos 150 administraciones públicas diferentes de toda Canarias.

Con la presencia del Gobierno de Canarias en estas jornadas “se quiere seguir mostrando el respaldo absoluto de esta Administración a las diferentes iniciativas llevadas a cabo por la Red Anagos en favor de la compra pública estratégica, en su vertiente más social”, aseguró el Director General de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Juan Domingo Cabrera, “Convencidos de que la contratación pública constituye una herramienta clave para poder llevar a cabo políticas de inserción de colectivos con especiales dificultades para el acceso al mercado laboral”.

Un argumento que suscribió la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), María Teresa Ortega, presente en el encuentro; «la contratación pública responsable constituye una verdadera política de empleo, ya que no solo promueve la inclusión y la igualdad de oportunidades, sino que, a través de los contratos públicos, permite que las personas en situación de vulnerabilidad transformen sus vidas y accedan a un empleo digno». Nos encontramos, por tanto, ante una herramienta de transformación social muy potente que, sin embargo, apenas se aplica y se conoce. Por este motivo, y como se expuso en la mesa inaugural, jornadas como la de hoy continúan siendo esenciales en la visibilidad y concienciación sobre el obligado cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 y consolidar en Canarias la Contratación Pública Responsable.

En esta batalla Eduardo Calderón, vicepresidente de la Red Anagos, recuerda que “ las entidades sociales han puesto en marcha 40 empresas, 19 empresas de inserción y 23 centros especiales de empleo de iniciativa social, que siendo competitivas, rentables, eficientes y profesionales, su objetivo último no es ganar dinero, sino darle una oportunidad laboral a quienes están en peor situación”. Lo que significa, a día de hoy,  más de 2.000 personas en riesgo de exclusión o con discapacidad.

A pesar de los esfuerzos y la mejoría de los últimos años en los presupuestos,  pasando de una media anual de 800.000 euros a 2’5 millones de euros destinados a empresas sociales, desde el Observatorio se sigue alertando de la necesidad de continuar defendiendo el impulso y el pleno cumplimiento de la reserva obligatoria de contratos a empresas sociales (sin ánimo de lucro) y la introducción de cláusulas medioambientales y sociales en las licitaciones, así como con el fomento del empleo protegido.

Con este objetivo el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, aseguró que “desde la Consejería de Bienestar Social, apostamos por una contratación pública que garantice la integración de criterios sociales, éticos y ambientales en los procesos de contratación de la compra de bienes, servicios y obras, a la vez que promueva el empleo entre los colectivos más vulnerables y la igualdad de oportunidades», quien explicó que «para ello, contamos con una herramienta básica como es la Red Canaria de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), de la que forman parte ya casi 300 empresas y entidades sociales canarias, que se ha convertido en un mecanismo clave en nuestra tierra para desarrollar e impulsar proyectos e iniciativas que apuestan por la inclusión laboral y la sostenibilidad ambiental, desde criterios de un desarrollo económico más justo y equilibrado en las Islas».

Una actividad estratégica y sostenible del gasto público que el Observatorio afronta con el apoyo de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias (EAPN), la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (ADEICAN) y la Asociación Regional de Centros Especiales de Empleo de Economía Social (ARCEESCAN).     

Programa

El evento presencial, en el Espacio Canarias 7 de Las Palmas de Gran Canaria, con seguimiento en streaming, da cita en una programación de mañana y tarde a los representantes públicos, de entidades sociales y expertos de otros ámbitos involucrados para intercambiar ideas y conclusiones sobre el escenario actual y futuro del proyecto; un programa pionero en España con importantes retos aún por alcanzar en materia de contratación y derechos entre las empresas sociales y las oportunidades de inclusión laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.

Las jornadas dirigidas al personal de las administraciones públicas y de empresas sociales, responsables de políticas públicas, estudiantes, profesionales del sector privado y cualquier persona interesada en la contratación pública sostenible cuenta con un formato participativo que combina la exposición de resultados y experiencias reales de contratos reservados con mesas redondas y talleres prácticos: IA aplicada a la contratación pública, por Juan Carlos Meliá y Aplicación de cláusulas sociales con perspectiva de género, por Pilar Batet. .

Una amplia estructura y contenido, ofrecido desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, que pretende recoger los diferentes escenarios y voces expertas con herramientas, conocimientos y buenas prácticas a tener presente sobre los desafíos y oportunidades de la contratación responsable; conoceremos varios casos de éxito de contratos reservados a empresas sociales.

Una sesión y programa pensado en el fomento del diálogo y la colaboración entre administraciones públicas y entidades de la economía social con el objetivo de fortalecer la economía social y solidaria en el archipiélago centrado, en esta ocasión, en impulsar la Agenda 2030 desde la Contratación Pública.

Fuente: contratacionresponsablecanarias.org

El próximo 20 de noviembre de 12 a 14h se llevará a cabo el seminario online: “La nueva contratación pública responsable: del marco europeo a la práctica sectorial” organizado por REAS Red de Redes. Este webinario pretende continuar con el ciclo de foros iniciado en 2023 para seguir avanzando y profundizando en aspectos que potencien la contratación pública, desde la perspectiva de la Economía Social y Solidaria, como una herramienta jurídica que permita el logro de objetivos sociales, ambientales y de innovación.

Objetivos de la sesión

Desde REAS Red de Redes y, en concreto, desde el grupo de trabajo de contratación pública responsable, organizamos este seminario con el objetivo de ofrecer un espacio de formación y encuentro en torno a aspectos técnicos y prácticos de la contratación pública responsable. En concreto, el objetivo de esta sesión es formar a personal técnico y responsable de contratación de las administraciones públicas, así como a entidades de la economía social y solidaria, sobre la transposición y aplicación práctica de la Directiva Europea de Contratación Pública, poniendo el foco en los criterios sociales y ambientales así como en sectores estratégicos como la vivienda o el comercio justo.

A quién va dirigido

Este Ciclo de Foros está dirigido al personal técnico y políticos de las entidades y organismos del sector público, personas de las redes y empresas de la Economía Social y Solidaria así como Agentes sociales (sindicatos, ONGD, Asociaciones, etc.).

Programa de la sesión

Durante la primera parte de la sesión, centrada en la nueva Directiva Europea, contaremos con una ponencia introductoria a cargo de Javier Mendoza, Docente en la Universidad de La Laguna, miembro del Observatorio de Compra Pública Responsable y con una gran experiencia en Contratación Pública.

En la segunda parte del webinar contaremos con ponencias de personas referentes en sectores estratégicos como el comercio justo y la vivienda cooperativa en cesión de uso, que hablarán de los avances y retos de la contratación pública responsable desde una perspectiva sectorial. Una cita imprescindible para quienes apuestan por modelos transformadores. Durante esta parte, se abrirá un espacio de preguntas con el objetivo de crear un debate con el público asistente.

ACCEDE AQUÍ AL PROGRAMA COMPLETO

Al finalizar, las personas participantes podrán:

• Comprender las bases legales de la contratación pública responsable en el marco de la Directiva Europea.
• Identificar criterios y herramientas para aplicar cláusulas sociales y ambientales.
• Conocer ejemplos concretos de aplicación en sectores estratégicos.
• Entender el rol y las oportunidades de la economía social en los procesos de compra pública.

ACCEDE directamente al FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Esta sesión será grabada y se subirá posteriormente al canal de youtube de REAS Red de Redes. En ESTE ENLACE podéis acceder directamente a los vídeos de la sesiones anteriores.

Ya puedes inscribirte a las V Jornadas de Contratación Pública Responsable de Canarias, que este año se celebrarán el miércoles 12 de noviembre en el Espacio Canarias7, en Las Palmas de Gran Canaria, en formato mixto: presencial y streaming. Esta nueva edición será de un solo día intensivo, en horario de mañana y tarde, para facilitar la conciliación y el desplazamiento de quienes nos visiten desde otras islas.

Organizado por el Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias que promueve Red Anagos con la financiación de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, el evento se ha consolidado como la cita anual para el personal y responsables del sector público canario y empresas sociales. Es un espacio de intercambio, formación y reflexión sobre cómo la Contratación Pública Responsable puede ser utilizada para promover la justicia social y la sostenibilidad ambiental, especialmente desde la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017.

En esta ocasión abordaremos cómo impulsar la Agenda 2030 desde la Contratación Pública, conoceremos varios casos de éxito de contratos reservados a empresas sociales, y contaremos con dos talleres prácticos: IA aplicada a la contratación pública, por Juan Carlos Meliá y Aplicación de cláusulas sociales con perspectiva de género, por Pilar Batet.

¡No te lo pierdas! Inscríbete ya aquí: ENLACE

El verano vuelve a recordarnos, con incendios cada vez más devastadores y olas de calor que baten récords en toda Europa, que la crisis climática ya no es un escenario futuro, sino una realidad presente. La frecuencia e intensidad de estos fenómenos extremos ponen en evidencia que las medidas graduales resultan insuficientes: se necesitan cambios estructurales y urgentes que transformen la manera en que producimos, consumimos y gestionamos los recursos. La ventana de oportunidad para actuar de forma eficaz se estrecha, y las decisiones políticas que tomemos en el corto plazo marcarán la capacidad de nuestras sociedades para adaptarse y mitigar los peores impactos del calentamiento global.

En este contexto, la reforma de la contratación pública que está en marcha en la Unión Europea es mucho más que un debate técnico. Es, en realidad, una discusión política de primer orden sobre cómo utilizamos uno de los instrumentos más poderosos que tienen los Estados para transformar la economía: el gasto público o, dicho de otra forma, el dinero que gasta el Estado en adquirir y contratar bienes, servicios y obras.

Hoy, cerca de una quinta parte del PIB europeo se mueve a través de contratos públicos. Cada obra de infraestructura, cada servicio externalizado, cada suministro para escuelas u hospitales, está determinado por estas reglas. Sin embargo, lo que debería ser una palanca para impulsar una economía más justa y sostenible se ha convertido, demasiadas veces, en una carrera hacia el precio más bajo. Y esa lógica, aparentemente eficiente, acaba resultando costosa para las personas, el medio ambiente y la calidad de los servicios.

Lo sorprendente es que todavía tengamos que repetir una obviedad de primero de economía política: cuando un Estado adjudica un contrato únicamente al postor más barato no está ahorrando dinero. Lo que hace es externalizar costes. Y esos costes los pagamos después todas las personas: en empleos precarios, contaminación, salud pública deteriorada, menos innovación y más desigualdad.

El espejismo de lo barato

Aunque la normativa actual menciona a la oferta económicamente más ventajosa, el 55% del gasto en contratación pública se atribuye al licitador con el precio más bajo. Adjudicar contratos únicamente en función del precio puede parecer una estrategia de ahorro. Pero, en la práctica, significa trasladar los costes a otro lugar: empleos precarios, menor calidad de los servicios, impacto ambiental y pérdida de innovación. Lo barato, en realidad, se paga caro.

La verdad es que la contratación pública se ha convertido en una especie de Black Friday institucionalizado. Una carrera a la baja en la que las empresas compiten por ver quién ofrece más por menos, aunque el resultado final sea insostenible.

Un contrato barato hoy puede suponer un desastre mañana: en energías renovables, transporte público, sanidad o en los alimentos que comen nuestros niños y niñas en las escuelas. Lo estamos viendo: adjudicaciones con márgenes ínfimos que terminan en servicios deficientes, obras que se paran por quiebras empresariales, trabajadores subcontratados sin derechos y, de paso, más desconfianza ciudadana hacia lo público.

Prioridades para una reforma con sentido

El problema no es técnico, es político. La pregunta de fondo es: ¿queremos usar el enorme poder de compra de lo público para consolidar el statu quo o para acelerar la transformación hacia una economía más justa y sostenible?

La reforma de la Directiva de Contratación Pública es una oportunidad estratégica para alinear el gasto público con el Pacto Verde, la estrategia De la granja a la mesa, los objetivos de biodiversidad y las obligaciones en derechos humanos.

La Directiva revisada debería desplazar la atención del coste más bajo hacia la mejor relación entre calidad, valor social y sostenibilidad, integrando resultados medioambientales, sociales y económicos. Para ello es clave introducir criterios armonizados que reduzcan la fragmentación, den seguridad jurídica y alivien la carga administrativa, tanto para los compradores como para las empresas, especialmente las pymes. Al mismo tiempo, la reforma debe reforzar la capacidad del sector público, de manera que se tomen decisiones capaces de acompañar este proceso.

Estas medidas no buscan complicar la contratación, sino dotarla de coherencia. Si la Unión Europea se compromete con la neutralidad climática, la protección de los derechos sociales y la lucha contra la corrupción debe asegurarse de que sus normas de gasto público no vayan en dirección contraria. Se debe convertir en un instrumento de política climática y social.

Recuperar el gasto público para el bien común

La contratación pública es una de las principales herramientas con las que cuentan los Estados para orientar la economía. No se trata solo de adjudicar contratos de manera eficiente, sino de preguntarse qué tipo de sociedad y de modelo económico queremos construir con ese gasto.

A menudo se plantea la contratación pública en clave ecológica, pero no podemos olvidar que también es una cuestión social. Los contratos pueden convertirse en motor de empleos de calidad, sobre todo en sectores clave como la rehabilitación de edificios, el transporte público, la gestión de residuos o la energía renovable. Pero eso exige condiciones: cláusulas de formación, requisitos de empleo local, salarios dignos, respeto a los convenios colectivos. Además, los criterios ambientales y sociales no son excluyentes, sino complementarios: lo verde es más robusto cuando también es justo. Se trata, en definitiva, de recuperar el gasto público para el bien común para que cada euro invertido contribuya a la transición ecológica, al trabajo digno y a una economía europea más justa y resiliente.

Estamos, así pues, no ante una actualización técnica, sino una decisión política. O la UE se atreve a poner criterios sociales y ambientales en el centro de su normativa de contratación o seguirá alimentando un sistema que precariza, contamina y debilita la confianza en lo público.

La coherencia que Europa necesita

La Unión Europea se enfrenta a un dilema. Puede seguir celebrando estrategias y planes climáticos y sociales mientras mantiene un sistema de contratación que los contradice en la práctica. O puede alinear por fin sus políticas con sus compromisos, utilizando su enorme capacidad de compra para transformar la economía en lugar de perpetuar sus desequilibrios.

El 8 de septiembre está prevista en el pleno del Parlamento Europeo la votación del informe sobre la reforma de la Directiva de contratación pública, uno de los primeros hitos del proceso. Si Bruselas es coherente con sus discursos sobre clima y justicia social, debe demostrarlo donde más importa: en el presupuesto. Porque los discursos no construyen molinos de viento, ni rehabilitan viviendas, ni generan empleos dignos. Los contratos públicos, sí.

La contratación pública es una prueba de coherencia. Es en los contratos, en las cláusulas, en los pliegos, donde se decide si el Pacto Verde será una realidad tangible o un eslogan más.

La reforma que se discute en Bruselas es, en última instancia, una oportunidad para demostrar que lo público no está para comprar lo más barato, sino para garantizar lo más valioso: derechos, sostenibilidad, cohesión y futuro.

Fuente: El salto

Sesión 1: Introducción a la Contratación Estratégica. martes 20 de mayo, 10-11:30
Impartida por Luigi Carinci (B·live) explicará los fundamentos normativos y el contexto actual de la contratación estratégica, analizando políticas públicas clave y objetivos sociales.

Sesión 2: Planificación Estratégica. Jueves 22 de mayo, 10-11:30
A cargo de Marc Vilanova (Facto Cooperativa) abordará el diseño de pliegos, división en lotes y reserva de mercado para entidades sociales, incluyendo consultas previas de mercado.

Sesión 3: Aplicación Práctica de la Contratación Pública Estratégica. Martes 27 de mayo, 10-11:30. Formación realizada por David Comet (Ideas Cooperativa) donde mostrará cómo integrar criterios sociales y ambientales, con casos prácticos de éxito en contratación pública con impacto social.

Objetivos de la formación

• Proporcionar los fundamentos de la Contratación Pública Estratégica.
• Contextualizar las actuaciones en contratación pública dentro de los objetivos sociales comunes
• Profundizar en la aplicación de criterios sociales y ambientales en los procedimientos de contratación
• Conocer experiencias prácticas para la implementación efectiva de la contratación estratégica

La formación es gratuita y se realizará en formato virtual. Las inscripciones pueden realizarse a través del siguiente enlace:

Con el objetivo de transformar la contratación pública en una herramienta de impacto social y medioambiental, se ha lanzado la plataforma digital https://plataformacontratacionestrategica.es/ una iniciativa pionera que busca fortalecer la Economía Social y Solidaria (ESS) a través de la Contratación Pública Estratégica (CPE).

En un contexto donde la contratación pública en España representa cerca del 15% del PIB, esta plataforma surge como un instrumento clave para impulsar modelos de producción y consumo más equitativos y sostenibles. Al integrar criterios sociales, medioambientales y éticos en los procesos de compra de las administraciones públicas, la CPE se convierte en un motor de cambio positivo.

Facto Cooperativa, IDEAS y B-Live, entidades que promueven la Plataforma de la Contratación Estratégica, financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, en colaboración con REAS Red de Redes, han puesto a disposición de entidades de la ESS y Administraciones Públicas (AAPP) este recurso digital innovador.

La plataforma ofrece, a través de su sección de servicios, un programa completo de apoyo para mejorar la contratación pública estratégica:

• Asesoramiento personalizado: Guía experta para la implementación efectiva de la CPE.
• Capacitación y formación: Sesiones prácticas para entidades ESS y administraciones públicas.
• Planes estratégicos para administraciones: Diseño de estrategias de contratación alineadas con objetivos sociales y medioambientales.
• Informes y estudios: Análisis y datos para la toma de decisiones informadas.
• Recursos completos para licitar: La plataforma contiene todos los recursos y herramientas necesarios para facilitar el proceso de licitación.

“Esta plataforma es un paso crucial para democratizar y optimizar la contratación pública, asegurando que el gasto público tenga un retorno social y medioambiental significativo”, explican los impulsores. “Invitamos a todas las entidades de la ESS y administraciones a explorar los servicios disponibles y a utilizar los recursos que hemos creado para facilitar los procesos de licitación y a unirse a este movimiento.”

Sobre la Contratación Pública Estratégica (CPE)

La CPE es un enfoque innovador que permite a las Administraciones Públicas utilizar la contratación como herramienta para alcanzar objetivos sociales, ambientales y económicos. Este modelo promueve la compra de bienes y servicios de manera más eficiente, sostenible y alineada con las políticas públicas.

En este enlace accede a la información sobre el webinar en donde se presentará la Plataforma el próximo 30 de abril.

Para impulsar la implementación de la Contratación Pública Estratégica (CPE), Facto, IDEAS y B-Live, entidades que promueven el proyecto “Plataforma de la Contratación Estratégica” financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, lanzan la primera de las actividades que van a realizar durante los siguiente meses en el marco del Programa de formación y asesoramiento dirigido tanto a entidades de la Economía Social y Solidaria como a Administraciones Públicas. Este proyecto cuenta con la colaboración de REAS Red de Redes.

WEBINAR: La contratación pública estratégica: una herramienta clave para transformar la economía social

El próximo 30 de abril a las 12h os invitamos a participar en el webinar en castellano de presentación de la Plataforma de Contratación Pública Estratégica, diseñada tanto para iniciativas de la economía social y solidaria como para administraciones públicas.

Programa y contenidos:

• Presentación de la plataforma y sus funcionalidades
• Claves para la economía social y solidaria (#ESS) y las Administraciones en la contratación pública
• Formaciones y recursos prácticos de la plataforma

Inscripciones abiertas: https://plataformacontratacionestrategica.es/webinar-sobre-la-plataforma-de-contratacion-publica-estrategica/

La actividad requiere inscripción previa: ENLACE de inscripción

(Versió en català: https://mercatsocial.org/noticies/reas-balears-proposa-millores-contractacio-publica-social/)

La Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REAS Balears) presenta el informe anual de seguimiento de la contratación pública social en Illes Balears, sobre los contratos reservados para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social de 2024 del Govern, los consejos insulares y los ayuntamientos. REAS Balears realiza el seguimiento de la contratación pública social y presenta propuestas de mejora para favorecer la actividad de las empresas de inserción a las que representa.

La finalidad de los contratos reservados es promover el empleo de las personas con discapacidad y en situación o riesgo de exclusión social. La disposición adicional cuarta de la ley 9/2017, de contratos del sector público, establece que las comunidades autónomas y entidades locales fijarán porcentajes mínimos de reserva de contratos. Esta obligación se concreta en normas y acuerdos del Govern y de los consejos de Mallorca, Eivissa y Menorca.

El informe presenta los resultados de los contratos reservados analizados e incluye propuestas de mejora en las que es necesario insistir para aprovechar el marco normativo favorable y avanzar en la contratación pública social en favor de la actividad que desarrollan las empresas de inserción.

RESULTADOS

En 2024 el Govern de les Illes Balears ha adjudicado 14 contratos o lotes reservados por un importe de 1.650.127 €, lo que representa el 0,36% de los importes adjudicados en todo tipo de contratos, con un incremento del 37,8% en relación a 2023.

La evolución anual de los contratos reservados adjudicados por el Govern muestra que a pesar del incremento del último año no se ha llegado a los valores máximos de 2019 y 2021:

De los contratos reservados del Govern de les Illes Balears también queremos destacar:

• La Junta Consultiva de Contratación Administrativa no ha publicado este año el informe de seguimiento del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 3 de enero de 2022 referido a las obligaciones relativas a los contratos reservados, cosa que si hizo el año anterior.
• El análisis de los contratos reservados adjudicados por órgano de contratación que realizamos pone de manifiesto un nivel muy desigual de implantación: sólo hemos identificado contratos reservados adjudicados en 5 de las 11 consejerías y 2 de los 45 entes del sector público instrumental del Govern.

En 2024 el conjunto de administraciones de Illes Balears ha adjudicado 32 contratos o lotes reservados por un importe de 7.604.290 €, con un fuerte incremento del 138,5% en relación a 2023.

Este importante crecimiento se produce sobre todo por el espectacular incremento del 287,7% en los importes adjudicados por parte de ayuntamientos, con dos grandes licitaciones que suponen casi la mitad de los importes adjudicados por todas las instituciones.

El informe también analiza:

• Los objetos contractuales adjudicados, con una gran concentración en pocos servicios que pone de manifiesto la necesidad de diversificar las actividades susceptibles de reserva.
• Las entidades adjudicatarias. La valoración de la participación diferenciada de empresas de inserción y de centros especiales de empleo pone de manifiesto que las empresas de inserción sólo han tenido adjudicaciones de ayuntamientos y se advierte que existe riesgo de intrusismo por parte de entidades promovidas o participadas por empresas mercantiles.
• Los porcentajes de valoración de la oferta económica, con una puntuación media del 84,2% y del 92,4% en el caso del Govern, con un empeoramiento de los criterios economicistas en la valoración de las ofertas en detrimento de la calidad.

Finalmente se muestran casos concretes de malas prácticas a evitar:

• Contratos reservados adjudicados a un precio muy inferior al presupuesto base de licitación.
• Contratos de gestión de residuos que no tienen en cuenta la reserva recogida en la ley estatal de residuos.
• Contratos de jardinería que dificultan o impiden la participación de empresas de inserción.

PROPUESTAS

Para impulsar y mejorar la contratación pública social y aprovechar su potencial en favor de la actividad que desarrollan las empresas de inserción, REAS Balears propone:

Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y avanzar hacia sociedades más justas, saludables y resilientes, es necesario vislumbrar aquellas alternativas sociales, políticas y económicas que se basan en relaciones cooperativas, de solidaridad y sostenibilidad. Nuestra forma de relacionarnos económicamente y producir bienes está en la raíz de muchos de los actuales problemas ambientales y sociales, por lo que su transformación es parte de la solución. Asistimos a un escenario global complejo con grandes retos sin resolver como la lucha contra la pobreza y las desigualdades, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, etc. Se plantea, por tanto, la necesidad de atención urgente y un compromiso más firme para lograr el cumplimiento de la Agenda 2030 como proyecto común y como hoja de ruta que nos permita orientarnos como sociedad global en la redefinición del modelo vigente en aras de un sistema en el que la vida se sitúe en el centro.

Desde hace más de 50 años, el Comercio Justo ofrece un modelo de producción y consumo que favorece el respeto de los Derechos Humanos y el cuidado del planeta en la cadena de producción, ofreciendo a las empresas una alternativa coherente y estratégica para impulsar políticas de Responsabilidad Social en el ámbito de su gestión empresarial, contribuyendo de forma directa al logro del ODS 12 “Producción y Consumo Responsables” y a la construcción colectiva de un mundo más justo.

El Comercio Justo ha sido reconocido por el Parlamento Europeo como una “herramienta efectiva para erradicar la pobreza y una forma de Desarrollo Sostenible”, ya que permite mejorar las condiciones de vida de las comunidades productoras, las condiciones de equidad de las mujeres en dichas comunidades, así como la calidad ambiental del territorio de producción. También supone una garantía de máxima calidad de productos saludables con bajo impacto ambiental para las personas consumidoras.

También desde las Administraciones Públicas se puede influir en el mercado y mejorar el impacto de las políticas de contratación y compra pública. Las adquisiciones de las Administraciones Públicas suponen cerca del 20% del PIB europeo, y se sitúan alrededor del 11,55% del PIB en el Estado español (Fuente: Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OReISCon). Mediante la promoción de una política de compra sostenible, las Administraciones Públicas crean conciencia en las personas consumidoras y en las entidades proveedoras sobre la importancia del consumo responsable y la disponibilidad de alternativas de compra sostenible, y realizan una importante labor ejemplificadora para la ciudadanía.

La Contratación o Compra Pública Ética se define como aquel proceso de compra y/o contratación de las entidades del sector público en el que se consideran criterios éticos de Comercio Justo para garantizar el respeto de los derechos laborales fundamentales en la cadena de producción y mejorar las condiciones de vida y trabajo de las comunidades productoras de los países empobrecidos. En una visión más integral de las prácticas de contratación administrativa podríamos hablar del concepto de Contratación Pública Responsable si, además de la dimensión ética de Comercio Justo, incorporamos la social y ambiental para favorecer mejores condiciones laborales para las personas trabajadoras que participan directamente de los contratos públicos y reducir el impacto ambiental de los bienes y servicios adquiridos respectivamente.

Desde IDEAS hemos editado esta guía para facilitar el conocimiento de aspectos de la Contratación Pública Ética, el Comercio Justo y las principales cuestiones para acercar a las empresas a la Contratación Pública Ética. Está dirigida a las empresas que quieren mejorar sus procesos de gestión empresarial responsable, especialmente a la hora de concurrir a los procesos de compra y contratación del sector público.Con esta guía pretendemos animar a las empresas a ofertar sus productos ante las licitaciones públicas teniendo en cuenta que el marco legar impulsa y ampara la inclusión de criterios responsables en los procedimientos de contratación pública.

Esta guía ha sido editada en el marco del proyecto ANDALUCÍA JUSTA Y SOSTENIBLE. CONTRIBUYENDO A LA AGENDA 2030 A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ÉTICA, financiado por la AACID (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo).

Descargar la guía aquí.

Fuente: ideas

En España la contratación pública representa cerca del 15% del PIB, lo que la convierte en un instrumento clave para impulsar modelos de producción y consumo más equitativos y sostenibles. En este contexto, la Contratación Pública Estratégica (CPE) cobra especial importancia al permitir que las administraciones públicas integren criterios sociales, medioambientales y éticos en sus procesos de compra.

Para impulsar la implementación de la CPE, Facto, IDEAS y B-Live, entidades que promueven el proyecto Plataforma de la Contratación Estratégica, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, van a lanzar en colaboración con REAS Red de Redes un programa de formación y asesoramiento dirigido tanto a entidades de la ESS como a Administraciones Públicas.

Próximas actividades: save the date!

• 25 de abril – Webinar “La contratación pública estratégica”, sesión de introducción a la CPE dirigida a entidades de la ESS y Administraciones Públicas en la que, también, se darán a conocer los objetivos y actividades del programa.
• Formaciones para entidades de la ESS: 19 de mayo, 23 de mayo, 26 de mayo.
• Formaciones para Administraciones Públicas: 20 de mayo, 22 de mayo, 27 de mayo.
• 5 de junio: Jornada de cierre en Zaragoza: Encuentro semipresencial donde se compartirán experiencias y aprendizajes sobre la aplicación de la CPE y la vinculación a la Economía Social y Solidaria. Esta jornada se celebrará dentro del 30º aniversario de REAS Red de Redes con la colaboración de REAS Aragón.

Cambiemos el foco sobre el uso de la tecnología y plantemos cara al Mobile World Congress

El Mobile Social Congress llega a su 10ª edición con la propuesta de abordar, desde una mirada crítica, diversas cuestiones de actualidad en relación con la comercialización de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA), así como las dinámicas y prácticas empresariales del sector electrónico y de las big tech.

Un año más, coincide con el Mobile World Congress con el objetivo de generar un espacio alternativo, accesible y gratuito, para denunciar las injusticias de un modelo de producción y consumo global basado en el extractivismo y la externalización de los impactos sociales y ambientales en el Sur Global y en colectivos vulnerables.

El Mobile Social Congress promueve una reflexión crítica sobre el impacto que tiene la producción y comercialización global de tecnologías digitales y la IA en las personas y el planeta. Es un espacio abierto a la ciudadanía que se organiza como respuesta al Mobile World Congress.

¡Este año celebramos la 10ª edición! Abordamos temas como el extractivismo de recursos, las barreras al sindicalismo y las implicaciones de los productos tecnológicos en conflictos globales como el genocidio en Gaza. ¿Qué colectivos sufren los costos ambientales y sociales? ¿Qué lógicas de poder hay detrás de las tecnologías digitales? ¿Qué papel juegan las Big Tech?

Construyamos un modelo tecnológico más justo y más humano, alternativo a las lógicas de consumo y producción actuales. ¡Ejercemos nuestra soberanía tecnológica!

 Lunes 3 de marzo: Software libre para la gestión de entidades y empresas, con SomNúvol.  A las 16h en el Canòdrom (BCN)
 Martes 4 de marzo: La Turra (pódcast en directo – IA: ¿utopía o distopía?) y actuación musical de Alosa.  A las 19h en la Nau Bostik (BCN)
 Miércoles 5 de marzo: Tarde de charlas y piscolabis.  De 17h a 22h en el CCCB (BCN)

 Inscripciones en este enlace. 

Como cada año, pocas semanas antes de la llegada del Mobile World Congress a Barcelona, desde Setem Catalunya nos invitan al Mobile Social Congress 2025, la contrarrespuesta crítica y ciudadana.

¡Este año se celebra la 10ª edición! Con temas como el extractivismo de recursos, las barreras al sindicalismo y las implicaciones de los productos tecnológicos en conflictos globales como el genocidio en Gaza.

¿Qué colectivos sufren los costes ambientales y sociales? ¿Qué lógicas de poder hay detrás de las tecnologías digitales? ¿Qué papel juegan las Big Tech?

• Lunes 3 de marzo: Software libre para la gestión de entidades y empresas, con SomNúvol. A las 16h en el Canòdrom (BCN).
• Martes 4 de marzo: La Turra (podcast en directo – IA: ¿utopía o distopía?) y actuación musical de Alosa. A las 19h en la Nau Bostik (BCN).
• Miércoles 5 de marzo: Tarde de charlas y piscolabis. De 17h a 22h en el CCCB (BCN). Presencial y en línea.

Os animamos a inscribiros y disfrutar de las actividades en este enlace.

El 22 de octubre de 2024, el gobierno noruego emitió un aviso a las empresas del país alertando sobre los riesgos de participar en actividades económicas o financieras vinculadas a los asentamientos ilegales israelíes. Esta decisión, basada en el derecho internacional, subraya la importancia de garantizar que ninguna actividad económica contribuya a violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

El gobierno de Noruega fundamenta su acción en diversos instrumentos jurídicos internacionales, como el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe a una potencia ocupante transferir población civil al territorio que ocupa. También se basa en resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU, incluida la Resolución 2334 (2016), que declara que los asentamientos israelíes son ilegales y constituyen una violación del derecho internacional. Además, los principios del derecho consuetudinario internacional refuerzan esta decisión, al condenar la colonización de territorios ocupados. Noruega argumenta además que las empresas deben evitar implicarse en actividades que puedan ser interpretadas como un apoyo indirecto a estas violaciones, ya que esto puede acarrear consecuencias jurídicas, económicas y reputacionales.

Las administraciones catalanas y españolas deberían seguir este precedente. Es un deber institucional alertar a las empresas sobre los riesgos y consecuencias de contribuir a violaciones del derecho internacional. En este sentido, es imprescindible que el Estado español, la Generalitat de Catalunya, ayuntamientos y organismos públicos para la promoción empresarial, como ACCIÓ o el ICEX, adopten medidas similares para garantizar que ninguna empresa vinculada a los asentamientos ilegales de Israel pueda beneficiarse de contratos públicos. Esto no sólo alinea a Cataluña y el Estado español con las resoluciones internacionales, sino que también refuerza el compromiso ético y legal en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional.

Exigencias para una contratación pública socialmente responsable

1. Requisito de Declaración Responsable de Derechos Humanos para todas las contrataciones públicas. Actualmente, muchas contrataciones públicas establecen mecanismos de control ético, pero éstos son a menudo insuficientes o ineficaces. Es imprescindible que todas las administraciones públicas incorporen en sus cláusulas de contratación una declaración responsable de cumplimiento de los derechos humanos y el derecho internacional que toda empresa debe firmar. Este requisito no debería tener ningún umbral económico: debe ser obligatorio para todos los contratos, independientemente de su cuantía.
2. Comprobación efectiva de estas declaraciones. Las administraciones deben verificar que las declaraciones responsables firmadas cumplen con la realidad. Esto implica hacer uso de las herramientas que el derecho internacional proporciona, como la Base de Datos de Naciones Unidas que identifica a empresas implicadas en actividades económicas en asentamientos israelíes en Territorio Ocupado Palestino. Si una empresa no pudiera demostrar que ha puesto fin a sus inversiones en estos territorios, se le debe prohibir la contratación pública.
3. Ampliar el impacto de las medidas: el caso noruego. Noruega ha establecido un precedente clave. El gobierno noruego ha declarado que: “Las empresas noruegas deben estar alerta frente al hecho de que participar en cualquier actividad económica o financiera en los asentamientos israelíes ilegales podría exponerlas al riesgo de contribuir a violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.” Sus recomendaciones al sector empresarial de evitar cualquier cooperación comercial o empresarial con asentamientos israelíes ilegales no sólo refuerzan su compromiso con los derechos humanos, sino que también alertan a las empresas sobre las posibles consecuencias jurídicas, económicas y reputacionales de estas actividades. Estas medidas deben servir de guía para las administraciones catalanas y del Estado español, exigiendo que las empresas locales sigan los mismos principios. “El gobierno está aconsejando a las empresas noruegas que no participen en actividades de cooperación comercial empresarial que sirvan para perpetuar la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide. A raíz de la opinión consultiva emitida el 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró que las prácticas de Israel violan el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, los derechos humanos internacionales y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

El caso Alstom: una lección a tener en cuenta

El 31 de enero de 2024, el Ayuntamiento de Barcelona firmó un contrato con la empresa Alstom, vinculado al sistema TRAM de transportes de la ciudad. Este contrato se añadía a otro en vigor hasta el 31/08/2024 entre Alstom y la ATM[1]. Alstom es una empresa implicada en proyectos que refuerzan la presencia de Israel en territorio ocupado tal y como acredita su presencia en el listado actualizado en 2023 de la Base de Datos de NNUU. Esta contratación, en pleno genocidio, y sin firmar la Declaración Responsable relativa al cumplimiento de los Derechos Humanos y la dignidad humana que el Ayuntamiento afirma aplicar en sus contrataciones, es un ejemplo de por qué es necesario implementar estas medidas con urgencia.

Tal y como indica el gobierno de Noruega, actualmente toda cooperación comercial y empresarial con Israel puede estar asociada a graves violaciones de derechos humanos y podría considerarse una actividad que permite que se perpetúen las violaciones a estos derechos. Por eso las administraciones públicas tienen la responsabilidad de actuar y evitar contribuir a estas vulneraciones, como por ejemplo no contratando a empresas señaladas por NNUU u otras, para operar en territorio ocupado. Este tipo de contrataciones no sólo perpetúan una situación de violación del derecho internacional, sino que contradicen también los valores que las instituciones catalanas y europeas han afirmado defender.

Garantizar que situaciones similares no se repitan implica reforzar las normativas, incorporar mecanismos de control más estrictos y adoptar una posición pública firme, tal y como ha hecho el gobierno de Noruega. Esto incluye desde prohibir la contratación con empresas que colaboren con la ocupación, hasta promover recomendaciones que desincentiven la cooperación con entidades que, en ciertos casos, podrían contribuir a perpetuar violaciones de derechos humanos.

Demandas a las instituciones públicas catalanas y españolas

Las administraciones públicas, incluidas la Generalitat y los ayuntamientos de Cataluña, tienen el deber de adoptar políticas que impidan cualquier participación directa o indirecta en la perpetuación de la ocupación de Palestina. Organismos como ACCIÓ pueden liderar estas acciones promoviendo estándares internacionales en las relaciones comerciales y empresariales. Ya hace meses que las entidades SUDS y NOVACT advirtieron que ACCIÓ debería cerrar su sede en Tel Aviv. La Generalitat debería establecer políticas públicas y medidas específicas para desincentivar la inversión catalana en sectores industriales y empresas israelíes que puedan estar contribuyendo de forma directa o indirecta con la vulneración de derechos humanos del pueblo palestino.

En relación con el Ayuntamiento de Barcelona, ​​demandamos que de forma inmediata se dé respuesta a la Declaración para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y la dignidad humana en la contratación pública, aprobada por el Pleno del Consejo Municipal de Cooperación Internacional el 9 de octubre de 2024. En especial, pedimos que sin excepción todas las empresas y contratos del Ayuntamiento deban firmar la Declaración Responsable relativa al cumplimiento de los Derechos Humanos y la dignidad humana, así como que se apliquen mecanismos de comprobación sistemática de su cumplimiento. En particular pedimos no contratar a ninguna empresa que está en la Base de Datos de Naciones Unidas (teniendo en cuenta las futuras actualizaciones) y en otras bases de datos rigurosas e independientes.

Por otra parte, en el último año la Fira de Barcelona, ​​un consorcio formado por el Ayuntamiento de Barcelona, ​​la Generalitat de Catalunya y la Cámara de Comercio de Barcelona, ​​está recibiendo empresas involucradas en graves vulneraciones de derechos humanos. Entre otros, el 4 y 5 de junio de 2024 la Fira de Barcelona acogió la feria de drones Unvex 24, donde se exhibieron los sistemas y tecnologías no tripuladas de numerosas empresas implicadas directamente en la ocupación, el apartheid y el genocidio israelí mediante el uso de sus productos y servicios por parte del Estado de Israel. Los días 23 y 24 de octubre, la feria comercial acogió la Aviation Week, que contó con la participación de tres empresas israelíes que proporcionan soporte material o técnico al ejército israelí, incluida la empresa estatal de armas de Israel, IAI – Israel Aerospace Industries. También participaron seis de las mayores empresas fabricantes de armas del mundo al menos otras 16 que forman parte de la cadena de suministro de componentes para aviones de combate. Del 5 al 7 de noviembre se celebró el Smart City World Congress, donde el Estado de Israel dispuso de un pabellón entero en el que se expusieron una decena de empresas con vínculos directos con la ocupación del territorio palestino.

Israel está siendo actualmente investigado ante el Tribunal Internacional de Justicia (TJI) de Naciones Unidas por la comisión de un crimen de genocidio contra el pueblo palestino que habita en la Franja de Gaza. En el marco de este proceso judicial y ante la abrumadora cantidad de indicios, el Tribunal ha adoptado medidas cautelares para tratar de frenar la masacre. En ellas, el Tribunal ha recordado a todos los miembros de la comunidad internacional que “tienen la obligación de prevenir el crimen de genocidio”. Las órdenes del TIJ son jurídicamente vinculantes para el Estado español y para las distintas administraciones públicas en el marco de sus respectivas competencias. Los terceros estados no sólo tienen la obligación, establecida por el derecho internacional, de no apoyar la comisión de situaciones de ilegalidad, sino que además deben considerar que su asistencia militar o de otro tipo a las operaciones militares de Israel en Gaza puede exponerlos al riesgo de ser cómplices de genocidio, tal y como establece la Convención sobre el Genocidio. En un contexto en el que Israel ha asesinado ya a más de 45.000 personas palestinas y está usando el hambre y la sed como armas de guerra, destruyendo hospitales y escuelas en toda la Franja de Gaza, no sólo es inmoral que la Fira de Barcelona permita la participación de este tipo de empresas, sino que los integrantes del consorcio de la Fira podrían estar contribuyendo a provocar graves vulneraciones de derechos humanos y del derecho internacional.

Considerando las reiteradas violaciones del derecho internacional y derecho internacional humanitario, todas las administraciones públicas catalanas y estatales deberían evitar promover las relaciones políticas y económicas con Israel, hasta que su gobierno acabe con la situación de ocupación y apartheid contra el pueblo palestino.

A nivel estatal, el gobierno del Estado español debe dar un paso adelante. Más allá de la carta enviada por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo a empresas españolas con actividad en Israel, el Estado debe establecer recomendaciones más contundentes por parte de las administraciones competentes dirigidas a las administraciones públicas o incluso declarar una prohibición explícita contratar con empresas que vulneren el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Esta medida tendría un alcance inmediato y generalizado, aplicándose a todas las instituciones públicas del territorio. También pedimos a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de las Diputadas que aprueben la ley que prohíbe comerciar con productos de asentamientos ilegales, como la Ley registrada por la coalición Sumar que tipifica como delito de contrabando cualquier relación comercial con asentamientos ilegales en territorio ocupado.

La contratación pública social y ambientalmente responsable no es una opción. Las administraciones públicas tienen la obligación de aplicar medidas contundentes para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos en su accionar, no sólo en nuestro territorio, sino también en el ámbito internacional. Contribuir, permitir o fomentar vínculos económicos en contextos de graves vulneraciones puede suponer connivencia y participación activa en las mismas. Es imprescindible garantizar que ningún euro público contribuya a perpetuar violaciones del derecho internacional, especialmente en casos tan flagrantes como la ocupación de Palestina. Implementar estas medidas no es sólo una obligación legal, sino también una cuestión de justicia y responsabilidad colectiva.

Edición y publicación:  Lucrecia Baquero Ramos, Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo.

[1] Autoridad del Transporte Metropolitano, consorcio encargado de coordinar y planificar el transporte público de la región metropolitana de Barcelona.

La aprobación de las Directivas 2014/23/ UE y 2014/24/UE su posterior transposición al ordenamiento jurídico del estado español, a través de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público suponía la transformación del modelo de contratación pública hacia un nuevo enfoque que, en términos de Gimeno Feliu1, debía ser “estratégico”. Una nueva visión que nos conduciría hacia la satisfacción real del cometido de la contratación pública que no es otro que garantizar y contribuir al interés general y el bien común y esto pasa por promover un modelo que aúne la sostenibilidad ambiental, social, económica y la igualdad efectiva. Sin embargo, en la práctica, los datos nos arrojan otra realidad. Actualmente,en el estado Español la contratación pública representa, según datos del Ministerio de Hacienda para 2023 el 11,55% de su PIB (aunque otros informes sitúan de media, esta cifra en el 20%) y el 24,87% del total de su gasto público. En el caso de Europa, el OBCP2 estima que los procesos de contratación pública por parte de las autoridades de la UE representan el 14% del PIB de Europa.

Si bien los datos nos constatan que la contratación pública tiene un peso muy significativo en términos absolutos y por lo tanto ejerce una importante influencia en la construcción y fortalecimiento de un nuevo modelo económico basado en la justicia social, a la práctica sigue fundamentándose en una visión economicista que sitúa como principal eje del objeto del contrato el coste o el precio de la licitación sin tener en cuenta la inclusión de las cláusulas sociales, de género y ambientales esenciales para asegurar la construcción de un modelo de crecimiento sostenible.

En esta línea, la Confederación Europea de Sindicatos (de ahora en adelante CES)3 en 2023 publicó un informe en que denunciaba que, alrededor de 1.000 millones de euros, provenientes de fondos públicos de la UE, a través de 254 contratos, habían sido concedidos a 8 empresas señaladas por vulnerar los derechos humanos laborales en el Informe sobre el Índice Global de Derechos elaborado cada año por la Confederación Sindical Internacional (de ahora en adelante CSI). Este informe analiza el grado de consecución de los derechos humanos laborales en el mundo y la vulneración de los derechos fundamentales en materia de libertad sindical (derecho a la negociación colectiva, a organizarse, a fundar y a afiliarse a un sindicato, el derecho a la huelga y el derecho a la libertad de expresión, entre otros).Las empresas incluido en este informe eran aquellas que, o bien habían estado vinculadas a un supuesto de violación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras o bien no utilizaron los mecanismos necesarios para abordar los casos de vulneración de los derechos de la clase trabajadora incumpliendo así su obligación de respetar los derechos humanos laborales reconocidos internacionalmente y de evitar acciones que obstaculicen el acceso y vigencia de dichos derechos. Por ello, el movimiento sindical, a través de la CES, el pasado mes de octubre de 2024 hacía un llamamiento a la reforma del marco normativo que regula la contratación pública en Europa para que permitiera la inclusión de manera efectiva, de las cláusulas sociales como parte del objeto del contrato para erradicar así el actual modelo economicista que se ha convertido en “ una carrera a la baja en materia de salarios y condiciones de trabajo”4. Con el elevado porcentaje del PIB que representa la contratación pública en la UE y en sus Estados Miembros, una reforma del marco normativo contribuiría a asegurar salarios y condiciones de trabajo dignas de millones de trabajadores y trabajadoras de las empresas licitadoras a través del reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, a un salario digno, a la igualdad efectiva y real y esto pasa también por reconocer el rol central del movimiento sindical como garante de las cláusulas sociales, tanto en la fase de preparación y adjudicación de los contratos como en la fase de seguimiento de los mismos.

Por ello, la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO Catalunya, ha venido impulsando la inclusión de los mecanismos de participación y acción sindical internacional como instrumentos de referencia a la hora de definir las cláusula sociales y también las ambientales y establecer su seguimiento efectivo durante la ejecución del contrato a través de dos mecanismos.

El primero de ellos, mediante la representación sindical en los centros de trabajo y la construcción de mecanismos colectivos sindicales para analizar la inclusión de las cláusulas sociales con perspectiva de género y ambientales en la fase de preparación de los contratos públicos a través de los espacios de concertación y diálogo social y que, cuando se configuren los comités de seguimiento de dichos contratos puedan ser aplicadas.

El segundo, a través del sindicalismo global. En nuestra contemporaneidad, un volumen importante de la contratación pública pivota sobre la compra pública que, atendiendo al actual modelo de extra territorialización de la producción, se fabrica en las cadenas globales de valor que ya concentran el 60 % de la producción mundial sumidas en una profunda opacidad. En los últimos años el movimiento sindical, a través de las federaciones sindicales internacionales, han desplegado los Acuerdos Marco Internacionales (en adelante AMI) o acuerdos marco globales (AMG) que se erigen como una suerte de negociación colectiva acordada entre la empresa matriz, la federación internacional y los sindicatos desplegados en cada eslabón y en cada centro de trabajo que conforman toda la cadena de producción. Mediante su implementación se garantiza que, a lo largo de la cadena global de valor se proteja la libre organización sindical de los trabajadores/as, el ejercicio de la negociación colectiva, aún en aquellos casos en que las fábricas están situadas en países donde no se han regulado las libertades sindicales y se ha extendido la violencia antisindical, así como las Normas Fundamentales del Trabajo relativas a las condiciones de trabajo (salarios, duración de la jornada laboral, tiempo de descanso, permiso, vacaciones, protección social, entre otros) y de salud y seguridad en el trabajo también vinculadas a las mejoras medioambientales y a la defensa de un modelo de producción “verde” coherente con el Derecho de la Naturaleza. Unido todo esto a la regulación de mecanismos de seguimiento y control como son la libre visita de fábricas, centros de trabajo por la propia representación sindical para asegurar el cumplimiento del AMI o AMG.

La inclusión de ambos mecanismos dotaría a la contratación pública del enfoque social necesario para asegurar la transformación de la visión economicista actual en otra fundamentada en la garantía y vigencia de los derechos fundamentales de la clase trabajadora, especialmente en relación a los grupos más vulnerables, y en el respeto efectivo de las cláusulas ambientales para construir así un modelo de contratación pública basado en la justicia social, y esto pasa inevitablemente por establecer espacios de concertación y diálogo con el movimiento sindical que, aún en el contexto actual de desregulación, ha construido mecanismos sindicales globales para asegurar la defensa y vigencia de los derechos laborales y sindicales aquí y en el mundo.

1. Gimeno de Feliu, José María “La visión estratégica en la contratación pública en la LCSP: hacia una contratación socialmente responsable y de calidad” en Economía Industrial. 2020, número 415, páginas 89-97.

2. Blanco López, Francisco “Estrategia de datos de la contratación pública española” al OBCP. Consultat el 09/12/2024 [En línea] Disponible a:
https://www.obcp.es/opiniones/estrategia-de-datos-de-la-contratacion-publica-espanola.

3. European Trade Union Confederation, 2023 [consulta el 09-12-2024) Disponible a: https://www.etuc.org/en/pressrelease/eu-gives-eu1-billion-firms-shamed-over-workers-rights-violations.

4 Ibídem.

El próximo 19 de diciembre de 12 a 14h se llevará a cabo el conversatorio online: “La Contratación Pública en la Economía Social y Solidaria: Principales claves para las empresas de la ESS” organizado por REAS Red de Redes. Este conversatorio de carácter formativo es una actividad complementaria a los ciclos de foros que organizamos desde 2023.

Objetivos de la sesión

Ofrecer un espacio de formación en torno a aspectos clave de la contratación pública responsable desde la óptica de las empresas e iniciativas de la Economía Social y Solidaria.

A quién va dirigido

Profesionales de las redes y empresas de la Economía Social y Solidaria de todo el Estado.

Programa de la sesión

Durante la primera parte de la sesión contaremos con participación de Jaime Pintos Santiago, Doctor en Derecho, Máster en Derecho de la Contratación Pública, abogado experto en contratación pública y Socio-Director de la firma Jaime Pintos Abogados & Consultores, que realizará una charla formativa sobre las principales claves de la Contratación Pública Responsable desde un punto de vista práctico.

Durante la segunda parte de la sesión se abrirá un espacio para dudas y cuestiones sobre la temática para poder identificar acciones en el futuro que posibiliten la cobertura de necesidades del tejido productivo de la ESS en torno a la CPR.

ACCEDE directamente al FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Esta sesión será grabada y se compartirá posteriormente.

El Pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE) aprobó el pasado 23 de octubre el Dictamen ‘Contratación pública y entidades de la economía social’, dictamen de iniciativa INT/1056 cuyo ponente ha sido Ferre Wyckmans, y el coponente Alain Coheur. El Dictamen fue aprobado con 237 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.

Mediante dicho Dictamen de iniciativa, el CESE desea destacar el potencial de la contratación pública para las entidades de la economía social. Subraya el reciente informe de Enrico Letta sobre el mercado único titulado ‘Much more than a Market’, en el que se afirma que las entidades de la economía social ocupan un lugar central en la proximidad y el desarrollo sostenible de los territorios, “al encarnar la esencia de una economía centrada en el ser humano y profundamente arraigada en las comunidades locales”. El CESE acoge con satisfacción el informe Letta, que llama a acelerar las medidas del plan de acción para la economía social, de la Comisión Europea, y hace hincapié en el uso estratégico de la contratación pública de cara a apoyar la economía social.

El dictamen recuerda que alrededor de 250.000 autoridades públicas gastan el equivalente a más del 14 % del PIB anual de la Unión Europea, que asciende a 15 billones EUR, a través de la contratación pública. Y advierte que la mayoría de los poderes adjudicadores de los Estados miembros siguen adjudicando los contratos exclusivamente en función del precio o coste más bajo, es decir, que en los pliegos de condiciones no se prevén criterios de calidad ni consideraciones sociales, medioambientales o de innovación.

Es por ello que el CESE subraya la importancia de establecer “criterios innovadores con un valor real, no limitado a lo mercantil”, para la contratación pública, y tener en cuenta “el valor añadido generado desde el punto de vista social (empleo de calidad, inclusión e integración de las personas vulnerables), ecológico (incidencia medioambiental) o la proximidad territorial”.

En este ámbito, el CESE apoya “iniciativas inspiradoras” como ‘Buying for Social impact’ y ‘We Buy Social EU’, que, además de intercambiar conocimientos, permiten mejorar la comprensión mutua entre las autoridades públicas y los agentes de la economía social.

El CESE insta a la Comisión a que ponga en marcha lo antes posible el plan de acción estratégico para la contratación pública, tal como ha solicitado recientemente el Consejo de la UE, y pide que los poderes adjudicadores de la UE hagan un mejor uso de las consultas preliminares del mercado, de los contratos reservados y de la división en lotes de los contratos.

Por último, recuerda que este tipo de medidas están ya previstas en la Recomendación del Consejo de la UE sobre el desarrollo de condiciones marco para la Economía Social, con el fin de mejorar el acceso de las entidades de la economía social al mercado.

Los próximos días 19 y 20 de noviembre nos reuniremos en las IV Jornadas de Contratación Pública Responsable de Canarias para continuar impulsando, a través de los contratos que licitan las administraciones públicas, la creación de oportunidades sociolaborales dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad.

Nos veremos en la Presidencia del Gobierno de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife.

Las IV Jornadas de Contratación Pública Responsable de Canarias están organizadas por Red Anagos, a través del Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias. Cuentan con el apoyo de EAPN-C,  ADEICAN y ARCEESCAN y la financiación del Gobierno de Canarias.

INSCRIPCIÓN

MÁS INFO Y PROGRAMA

Dentro del TrimESS, Trimestre de la Economía Social Solidaria en Murcia, anunciamos la siguiente actividad para el fomento de una contratación pública social solidaria dentro de la Administración pública.

Se trata de una píldora formativa desde la cual PYMES, empresas de la Economía Social y Solidaria y funcionariado de la Administración pública podrán profundizar en la presentación de licitaciones para mejorar el diálogo entre sector privado y Administración.

Formadores:

D. Antonio Fco. Pallarés Boluda.
Jefe de Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Murcia  con dilatada experiencia en la gestión del Área de contratación del Ayuntamiento de Murcia.
Las mesas de contratación son las encargadas de adjudicar la mayoría de los contratos, compras y gestión de servicios públicos. Se convoca para todos los procedimientos abiertos, restringidos y negociados con publicidad. Este órgano es el que valora las distintas ofertas de las empresas que acuden a los concursos del Ayuntamiento.

D. Marc Villanova.
Responsable de contratación pública FACTO COO
Licenciado en Sociología por la Universidad de Barcelona, formación especializada en financiación pública y contratación pública. Más de quince años de experiencia como gestor de organizaciones, dirección, búsqueda de financiación y asesor para administraciones públicas. Desde el área de contratación pública de Facto Cooperativa, asesora y forma a entidades, empresas y administraciones en procesos de contratación pública, para fomentar la Compra Pública Estratégica y Responsable.

Fecha: Lunes 25 de noviembre de 2024.
Lugar: Centro de Iniciativas Municipales de Murcia (CIMM)
Hora: 9h30 – 11h30
Entrada libre hasta completar aforo.
Inscripción: https://forms.gle/KGtpeUg5SBKU55568

Organiza: REAS RegMurcia
Actividad subvencionada por el Ayuntamiento de Murcia mediante convenio de colaboración en el marco del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027

La sociedad y la ley no siempre van de la mano. En ocasiones la ley se adelanta e intenta generar unos nuevos hábitos, y en otras, es la sociedad la que demanda lo que luego la ley prevé. Normalmente detrás de estos bailes lo que encontramos es el trabajo de organizaciones y entidades que muestran al legislador mejores maneras para regular la vida común.

El caso de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular tiene de ambos “bailes”. En concreto, nos referimos a la disposición adicional decimonovena, que a su literalidad mantiene:

“Disposición adicional decimonovena. Contratos reservados en la gestión de residuos textiles.

1. De conformidad con la disposición adicional cuarta de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en relación con las obligaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos textiles y de muebles y enseres, los contratos de las administraciones públicas serán licitados y adjudicados de manera preferente a través de contratos reservados.

2. Para dar cumplimiento a dicha obligación, al menos el 50% del importe de adjudicación deberá ser objeto de contratación reservada a Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo de iniciativa social autorizados para el tratamiento de residuos. En caso contrario, la administración pública y el órgano de contratación deberán justificarlo debida y motivadamente en el expediente y podrá ser objeto de recurso especial o de los recursos establecidos en materia de contratación pública.”

La misma se comprende mejor si tenemos en cuenta además lo mantenido en el artículo 25.2 del mismo texto legal, que establece la obligatoriedad de la recogida separada del residuo textil a partir del año 2025. Esto es, llega la recogida selectiva al textil y lo hace de la mano de las entidades sociales.

Se extraen dos puntos clave de esta disposición:

• La regla ha de ser que los contratos de recogida, transporte y tratamiento de residuos textiles y de muebles y enseres sean reservados, haciendo expresa referencia a la regulación comunitaria de contratación pública.
• A efectos de concretar dicha preferencia, se establece de un lado, un porcentaje del 50% del importe de la adjudicación; y de otro, se establece un tipo de adjudicatario: Empresas de inserción y Centros Especiales de Empleo de iniciativa social autorizados para el tratamiento de residuos. A mayor abundamiento, se establece otra garantía sensu contrario, que consiste en que la entidad adjudicadora deba justificar motivadamente para el caso que no lo siga.

Esta disposición que se utiliza como ejemplo de buena práctica en aras a potencias la compra publica responsable en el resto de Europa, viene a responder a una realidad en nuestro país. Y ésta es que alrededor del 60% de la gestión del residuo textil se está tratando por entidades de la economía social, especialmente empresas de inserción. De alguna manera, reconoce el trabajo, el impacto social y ambiental y la calidad de estas entidades que han venido trabajando antes de que se hablara de economía circular o de la contratación reservada.

Pero, además, viene a incentivar a través del propio mandato legal a que municipalidades que no estaban trabajando con entidades sociales, comiencen a interesarse y a licitar en este sentido.

En este caso, el citado baile se da de ida y de vuelta. Reconoce la realidad y la labor de muchas entidades, y genera el escenario para que puedan seguir creciendo.

Tampoco es una novedad que empresas sociales fueran las adjudicatarias de esta clase de contratos, pues ya había ejemplos de contratos reservados a través de la propia Ley de contratación pública y su disposición adicional cuarta, y adjudicaciones sin reserva a entidades sociales. Pero esta legislación sitúa a la gestión de residuos irremediablemente ligada a las entidades de la economía social.

Esta esperada disposición, fruto del incansable trabajo del sector, ha diseñado unos nuevos contornos en la gestión de residuos. Aunque aún no esté tan extendida e implementada como debería, se espera que, a partir del próximo año 2025, los municipios comiencen a cumplirla.

Uno de los ayuntamientos que durante este 2024 ha procedido a licitar con arreglo a dichas disposiciones de contratación reservada ha sido el de Avilés.

Este ayuntamiento asturiano ya venía incorporando criterios sociales en sus contrataciones, toda vez que contaba con una Instrucción para la inclusión de criterios sociales en los contratos públicos del año 2009. En este caso, se trae la reciente adjudicación de su contrato del servicio de recogida domiciliaria, preparación para la reutilización y reciclado, y valorización de residuos voluminosos, raees y otros enseres.

La misma se ha reservado, haciendo mención expresa a la regulación general de la Ley de contratación pública, a la Disposición Adicional Cuarta; y además a la citada Ley 7/2022 de residuos. En concreto, en el texto del pliego se establece:

“Con el presente contrato se pretende por un lado disminuir la cantidad de muebles depositados en vía pública, así como fomentar la reutilización de estos, a la vez que se intenta dar cumplimiento legal al actual marco normativo.”

Se trata de un proceso abierto simplificado que ha sido cofinanciado con Fondos del “Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – NextGeneration EU”. Expresamente se venía a limitar los posibles adjudicatarios, delimitándolos a empresas de inserción y centros especiales de empleo.

Respecto al objeto del contrato, el mismo se define en todo el ciclo necesario de la recogida domiciliaria: desde la llamada del ciudadano hasta el reciclaje, pasando por la recogida, clasificación y preparación para la reutilización; incorporando los controles de trazabilidad.

Un aspecto clave de las prescripciones técnicas es que viene a requerir que se cuente con una tienda de segunda mano en el mismo territorio. De esta manera, se garantiza que el proceso circular anclado en el municipio, evitando el impacto medioambiental de los traslados e impulsando las labores de sensibilizando a la ciudadanía. A su literalidad: “Para la venta al público, el adjudicatario deberá contar con, al menos, un local ubicado en Avilés, con el fin de que la ciudadanía de Avilés vea y se sienta participe del reciclaje de sus enseres, y con una superficie mínima de venta al público de 100 m2, superficie adecuada al tipo de elementos a poner a la venta.”

El mismo fue adjudicado a la entidad, asociada de AERESS, Riquirraque Emaus, S.L.L.

Riquirraque, “Riqui” como cariñosamente se les conoce en su zona, se constituyó en 1998 como asociación para trabajar la protección del medio ambiente y la inclusión sociolaboral de personas vulnerables. A lo largo de este tiempo, se han constituido además como Empresa de inserción en aras a buscar la profesionalización y los recursos necesarios para su plantilla. Forma parte del movimiento Emaus internacional, compartiendo su principal objetivo actuar contra las causas de la pobreza y ser un motor de transformación social, ayudando a las personas más vulnerables a convertirse en protagonistas de sus propias vidas.

Riquirraque además cuenta con otros contratos reservados con el Ayuntamiento de Gijón, a través de su empresa de servicios de medio ambiente (EMULSA), para la gestión de espacios para el acopio de materiales recuperados y recogida domiciliaria de materiales voluminosos y RAEE.

Debido a la especialización de la entidad en la preparación para la reutilización y a su trayectoria en las labores de inserción sociolaboral, es común que sea la única oferta que se presenta a estos contratos. Este extremo viene a ahondar en la necesidad por parte de los poderes públicos de cuidar un entorno propicio para que las entidades de economía social puedan mantenerse y crecer, pues son elementos clave en la prestación de servicios públicos de calidad.

De este contrato, que lleva en ejecución desde abril de 2024, se extraen las siguientes lecciones:

• Gracias a un servicio sencillo para la ciudadanía avilesina (se activa con una mera llamada telefónica), se propicia una correcta gestión del residuo voluminoso (muebles, enseres, aparatos eléctricos y electrónicos), impulsando su reutilización.
• Debido a la contratación reservada, el contrato viene a caer en manos de una entidad del territorio que da el servicio con calidad y cercanía.
• Todo el ciclo se da en el propio territorio: recogida, clasificación, preparación y venta en su caso. La venta de los productos de segunda mano supone una oportunidad tanto para el mueble en sí, como para la persona que lo puede comprar a un precio más reducido.
• Al contratar con una empresa de inserción, se generan puestos de trabajo de calidad para personas vulnerables. Los puestos son variados: atención telefónica, conducción y recogida, selección y tratamiento, y atención al público y venta; apostando por la diversidad de competencias y capacidades en los itinerarios de inserción.
• Al cumplir con la legislación medioambiental, se reduce la generación de residuos y emisiones, y se impacta socialmente en la comunidad.
• Los ayuntamientos pueden encontrar posibilidades de financiación europea que les faciliten acometer estos contratos.
• Es una prueba más de que se precisa que los poderes públicos entiendan como tarea propia la creación de un ecosistema donde pueda ser atractivo emprender desde lo social.

Otros ejemplos de contratación reservada en la gestión de residuos se pueden encontrar diversos ayuntamientos de toda la geografía, como en Burgos, Getxo, Barcelona, Manacor, etc.

De esta manera, la ley de residuos coloca a la economía social como socio preferente de la Administración pública. El “empujón” del legislador aspira a abrir puertas municipales a las entidades de la economía social. Para que el mismo no se convierta en un tropiezo y sea una auténtica oportunidad, es preciso que se establezcan lugares compartidos de conocimiento entre administraciones públicas y la economía social. Tanto en de un lado como en otro se dan organizaciones pequeñas que no siempre cuentan con los recursos suficientes para conocer en profundidad estas herramientas.

Estos espacios compartidos deben constituirse en lugares formales como, por ejemplo: seminarios y capacitaciones, para transmitir cómo acceder a estas licitaciones a las entidades, valerse de ejemplos y experiencias. Pero también en espacios más informales, como visitas y reuniones, donde la Administración pública pueda conocer de primera mano la labor de las entidades y su impacto social. Además, poder compartir redacciones y pliegos de otros ayuntamientos para adaptarlos a la realidad de cada municipio proporcionan seguridad y confianza.

Todo ello porque las principales reticencias a la contratación reservada suelen versar sobre desconocimiento en la materia o el sector, miedos a que el concurso quede desierto, etc.

Desde la experiencia de AERESS, el valor del anclaje en el territorio y los fines sociales de las entidades aseguran el cumplimiento de los contratos y la satisfacción de la ciudadanía, que valora siempre que se realice por entidades de la comunidad.

Desde AERESS y toda su red se trabaja para que las administraciones publicas conozcan todas las ventajas de trabajar con las entidades sociales y, a través de sus licitaciones, generen el impacto social y ambiental que precisa nuestro planeta. Y en definitiva superar el “imperativo legal” y genera un compromiso genuino y una contratación pública socialmente responsable.

Compra pública responsable en las Islas Baleares: encuentro para difundir buenas prácticas

Esta jornada, que cuenta con el apoyo de la Consellería de Familias y Asuntos Sociales, tiene como objetivo compartir y promover las mejores prácticas en la compra pública responsable de las Islas Baleares.

Durante la jornada, podréis conocer la situación actual de la contratación en las Islas Baleares y su potencial de mejora. Además, la Consellería de Economía, Hacienda e innovación y el Ayuntamiento de Manacor expondrán ejemplos de buenas prácticas y licitaciones. Para completar la jornada, contaremos con una muestra de microteatro a cargo de las personas usuarias de la Fundación Deixalles y del Casal Petit, que representarán como la compra pública es clave y tiene un gran potencial transformador de la sociedad.

PROGRAMA:

9:00 – Presentación
9:30 – Situación Actual de la Compra Pública (Jordi López, REAS Balears)
10:00 – Microteatro
10:30 – Descanso y Refrigerio
11:00 – Buenas Prácticas en la Administración (Mª Matilde Martínez, Consellería de Economía, Hacienda e innovación)
11:30 – Buenas Prácticas en la Administración (Sebastià Llodrà y Antoni Pascual, Ayuntamiento de Manacor; Maria Jaume, Deixalles Servicios Ambientales)
12:00 – Clausura (Xesca Martí, Fundación Deixalles)

Inscripciones: ENLACE

El Informe Trienal 2024 (referido al periodo 2021-2023) pretende dar cumplimiento a las obligaciones de información que vienen impuestas por las Directivas de contratación pública de 2014. Adicionalmente, también aspira a servir de apoyo en el análisis de nuestro sistema de contratación pública en el citado periodo temporal, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea (“CE”). En este sentido, las conclusiones del Informe Trienal anterior (“Informe Trienal 2021”) sirvieron como premisa en los trabajos de elaboración de la Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023-2026 (“ENCP 2023-2026”), que fue aprobada por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (“OIRESCON”) en diciembre de 2022, a propuesta del Comité de Cooperación en materia de contratación pública de acuerdo con lo dispuesto por el art. 332.7.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (“LCSP”).

Al igual que en los Informes trienales anteriores, desde el Ministerio de Hacienda se ha buscado la máxima transparencia, con una voluntad inequívoca de sumar esfuerzos con todos los actores relevantes del sistema de contratación pública en la realización de un diagnóstico certero de la situación de la contratación pública en España basado en los datos recogidos por las plataformas de contratación pública.

El ejercicio estadístico y de información cuantitativa que se concreta en el presente Informe se ha realizado por segunda vez tomando como única fuente de información los datos que obran en los sistemas de información nacionales (esto es, tanto de la Plataforma de Contratación del Sector Público (“PLACSP”), como de los sistemas de información equivalentes a nivel autonómico). Esta opción ha sido posible gracias a que en el periodo 2021-2023 ha seguido avanzando la contratación pública electrónica registrada en España.

Como se destaca desde el Grupo de Trabajo en Contratación Pública Responsable de REAS Red de Redes, aunque se trata de un documento árido, puede servir para extraer argumentos de cara a las administraciones públicas y otros potenciales interlocutores. Tras una primera lectura, lo que destaca Luigi Carinci (consejero de Contratación Pública Responsable de REAS Red de Redes) es “la falta de datos y de homogeneización en el registro en la plataforma de la contratación, las irregularidades en la fase preparatoria del contrato, véase consultas preliminares y ausencia de informes y, de particular interés desde nuestro punto de vista, el incumplimiento de la obligación de inclusión de criterios ambientales y sociales. Según el OIRESCON se debe sobre todo a la falta de recursos, de formación y a la praxis contractual de los aytos de menos de 10 mil habitantes”.

El informe completo puede leerse y descargarse en este enlace: https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/09/Informe-Trienal-2021-2022-2023.pdf

El Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias publica el I Informe sobre CPR en Canarias 2018-2022, con información de interés para Empresas Sociales y administraciones públicas. En ese periodo se licitaron y adjudicaron con éxito 41 procesos públicos de reserva de contratos por importe global de 3.974.056 euros.

Introducción

El I Informe de Situación de la Contratación Pública Responsable (CPR) en Canarias 2018-2022 analiza la aplicación de la contratación reservada, de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, considerándola una acción estratégica para cumplir los ODS y la Agenda Canaria 2030, a través de la promoción del empleo y la inclusión de personas y colectivos vulnerables, que representan el 36,2% de la población de las islas.

La Ley 9/2017 establece, en su Disposición Adicional 4ª, la obligación de las administraciones públicas de fijar porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a Empresas Sociales. La contratación pública se articula, así, como un instrumento para promover un sistema socioeconómico más justo, equitativo y sostenible, que cumple el criterio de eficiencia que se le encomienda.

El Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias, de cuya iniciativa parte este primer informe, se constituye en el año 2022 como un órgano independiente de asesoramiento, control, estudio y promoción del cumplimiento de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en la disposición ya mencionada. Este Observatorio es un proyecto impulsado por la Red Anagos, la red canaria de entidades de promoción e inserción sociolaboral, con el apoyo de la Asociación Canaria de Empresas de Inserción (ADEICAN) y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-Canarias), con la financiación de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias.

Puedes leerlo completo o descargarlo en este enlace.

El Centro Cultural de Maspalomas acogió los días 11 y 12 de abril las Jornadas de Fomento de la Contratación Pública Responsable organizadas el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias, en las que se superaron las 200 inscripciones por parte de personal de las administraciones públicas de toda Gran Canaria.

El alcalde, Marco Aurelio Pérez, destacó en la inauguración “la oportunidad importante de formación que suponen estas jornadas para quienes trabajan en el sector público porque, más allá de buscar la eficacia o la eficiencia, debemos enfocarnos en garantizar la responsabilidad social y medioambiental como elemento clave para la inclusión de personas y colectivos en situación de vulnerabilidad a través de las políticas públicas y que ello irradie en la sociedad”.

Por su parte, la directora general de Servicios Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Elisabet Santana, señaló que “estamos ante una oportunidad única para dotar de un carácter más social y ambiental nuestra contratación, y de hacerlo sin coste adicional. De hecho, la licitación y ejecución de este tipo de contratos se traduce además, en una menor presión de los servicios sociales y en la mejora la vida de las personas mediante el acceso al empleo, poniendo en el centro a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad”.

Alexis Moreno, concejal de Economía y Hacienda de San Bartolomé de Tirajana puso en valor “el interés mostrado por personal público de toda la Isla en formarse en esta materia, dada la importante respuesta a la convocatoria de hoy”, y agradeció el trabajo del servicio de Contratación municipal y del Observatorio de Contratación Publica Responsable para la organización de estas jornadas. Aseguró que “este es uno de los primeros pasos que vamos a tomar para la formación en materia de contratación, al que se suma el acuerdo de gobierno que adoptamos en el pleno municipal el pasado noviembre para destinar ya este año una partida económica a la Contratación Pública Responsable (CPR). Ahora nos toca formarnos para poder llevarla a ejecución”.

A lo largo de estas jornadas, de carácter presencial, ponentes expertas abordaron en profundidad la reserva de contratos a empresas sociales y la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en las licitaciones de las Administraciones Públicas de Canarias, en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017.

Jaime Pintos, doctor en Derecho y experto en Contratación Pública, habló sobre cuestiones claves vinculadas a la CPR, las modalidades de contratación a las que se puede aplicar, dificultades y oportunidades en los procesos públicos encaminados a favorecer la Contratación Pública Responsable. Asimismo, Javier Mendoza, doctor en Economía y experto en Contratación Pública Responsable, abordó la reserva de contratos, conceptos y novedades.

Las empresas sociales (empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social) tuvieron también espacio para explicar su funcionamiento, servicios que prestan y ámbitos en las que pueden participar de las licitaciones públicas, Además, hubo oportunidad para que Samuel García, técnico del Observatorio, explicara los recursos que existen en Canarias a través de este organismo para impulsar la CPR, y se expusieron algunas buenas prácticas por parte de personal del sector público que ya tiene experiencia en licitar, adjudicar y ejecutar licitaciones reservadas a empresas sociales.

El desconocimiento que aún existe en torno a las empresas sociales, los servicios que prestan y la necesidad de formación que manifiesta de manera constante el personal técnico del sector público, hace que la implantación de estas potentes políticas sociales sea todavía poco significativo en Canarias. Cabe destacar que, a día de hoy, solo un 15% de las administraciones canarias ha reservado y adjudicado contratos o lotes de contratos a empresas sociales, lo que supone solo 10 ayuntamientos, de un total de 88, y cuatro cabildos.

Por ello, el Observatorio de Contratación Pública Responsable colabora con las administraciones públicas como San Bartolomé de Tirajana, no solo en la organización de jornadas, cursos o encuentros profesionales, sino también a través del asesoramiento directo a los equipos técnicos de contratación pública, empresas sociales y responsables políticos que soliciten estos servicios.

El Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias es una iniciativa de la Red Anagos, que apoyan ADEICAN y EAPN Canarias, y que financia la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias.

¿No sabes donde buscar posibles licitaciones que encajen con tu actividad? ¿A la hora de presentarlas te faltan nociones básicas de cómo hacerlo? ¿Qué aumentaría las posibilidades de conseguirla? ¿Sabes qué es la contratación pública responsable? 

En esta píldora de Economistas sin Fronteras, abordaremos todas estas cuestiones: inscríbete en este formulario. 

El lunes 30 de septiembre de 10:00 a 12:00 horas continuamos con las formaciones centradas en el fortalecimiento de colectivos y empresas de Economía Social y Solidaria y del Tercer Sector. En esta ocasión conversaremos sobre licitaciones.

IDEAS Comercio Justo organiza el webinar “Comercio Justo, oportunidades de la compra pública ética”
La sesión tiene como objetivo destacar cómo la Administración Pública puede apoyar a las empresas de Economía Social y a las empresas de inserción laboral, similar a como lo hace la ciudadanía en general. Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto “Andalucía Justa y Sostenible” financiado por la AACID y apoyado por FAMSI.

IDEAS Comercio Justo ha programado para el próximo 15 de julio un webinar titulado “Comercio Justo: Oportunidades de la Compra Pública Ética”, dirigido a las empresas proveedoras del sector público andaluz. Este evento busca resaltar la importancia de los derechos humanos y laborales de las personas productoras del sur global y proporcionar claves para que las empresas contribuyan a esta causa.

El webinar contará con la participación de Luigi Carinci, de Blive España, y Carlos Céspedes, de IDEAS, quienes abordaran la sesión “La Compra Pública y el Comercio Justo”, discutiendo las oportunidades que existen para la contratación pública de empresas de economía social y presentando buenas prácticas desde la perspectiva de las empresas proveedoras.

Esta iniciativa forma parte del proyecto “Andalucía Justa y Sostenible”, financiado por la AACID y apoyado por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI).

Este encuentro supone otra actividad enfocada en la promoción de productos de Comercio Justo en los procedimientos de contratación pública. Esta actividad está especialmente dirigida a las empresas de Economía Social, así como a todas aquellas empresas proveedoras interesadas en participar en la contratación pública con productos de Comercio Justo. También se dirige a aquellas que busquen mayor visibilización de sus productos y que estén comprometidas con los objetivos de la Agenda 2030.

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Sesiones de formación de la Comisión Europea sobre contratación pública socialmente responsable para autoridades públicas y entidades de la economía social.
Solicitud de inscripciones abierta.

Participe en las sesiones de formación de la iniciativa “WeBuySocialEU” de la Comisión Europea en Barcelona el 19 de septiembre de 2024 o en Madrid el 2 de octubre de 2024.

La contratación pública socialmente responsable es una herramienta a disposición de los poderes públicos y de las Administraciones para que a la hora de adquirir bienes y servicios tengan en cuenta no sólo el  coste económico o precio, sino cómo se producen, se suministran o su procedencia y el beneficio social que generan.

La Comisión Europea organiza dos sesiones de formación dirigidas a autoridades públicas y representantes de empresas y entidades de la economía social en las que adquirir experiencia necesaria para ser un actor clave en la contratación pública socialmente responsable dentro de su organización.

Más información en el .pdf adjunto: https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/07/WeBuySocialEU_SaveTheDate_SESIONES-FORMACION_ES_FINAL.pdf

Sesiones de formación de la Comisión Europea sobre contratación pública socialmente responsable para autoridades públicas y entidades de la economía social.
Solicitud de inscripciones abierta.

Participe en las sesiones de formación de la iniciativa “WeBuySocialEU” de la Comisión Europea en Barcelona el 19 de septiembre de 2024 o en Madrid el 2 de octubre de 2024.

La contratación pública socialmente responsable es una herramienta a disposición de los poderes públicos y de las Administraciones para que a la hora de adquirir bienes y servicios tengan en cuenta no sólo el  coste económico o precio, sino cómo se producen, se suministran o su procedencia y el beneficio social que generan.

La Comisión Europea organiza dos sesiones de formación dirigidas a autoridades públicas y representantes de empresas y entidades de la economía social en las que adquirir experiencia necesaria para ser un actor clave en la contratación pública socialmente responsable dentro de su organización.

Más información en el .pdf adjunto: https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/07/WeBuySocialEU_SaveTheDate_SESIONES-FORMACION_ES_FINAL.pdf

El pasado viernes, 28 de junio, se celebró con gran éxito el webinar “Ágora de la Contratación Pública. La Visión Estratégica”, organizado por BLive, Facto e Ideas, las tres entidades promotoras del proyecto “Plataforma de la Contratación Pública Estratégica” con la colaboración de REAS Red de Redes. El evento contó con la participación de personal técnico y responsables de departamentos y servicios de distintas administraciones públicas de diversos territorios, incluyendo la Región de Murcia, Aragón, Baleares, Canarias, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, entre otras. También asistieron varios representantes de organizaciones y empresas de la Economía Social y Solidaria (ESS).

Una Iniciativa Pionera y de Gran Impacto

El webinar, que forma parte de las actividades propuestas en la convocatoria del PERTE de Economía Social y de los Cuidados del Ministerio de Trabajo, cofinanciado por la Unión Europea, abordó la contratación pública estratégica desde una perspectiva práctica. El doble objetivo de esta iniciativa es facilitar su aplicación desde las Administraciones Públicas (AAPPs) y mejorar la participación de las entidades de la ESS en los procesos de licitación.

Participación y Colaboración Activa

La alta participación y el interés mostrado por los asistentes reflejan la relevancia y necesidad de este tipo de formación y espacios de trabajo colaborativo. Durante el evento, se exploraron diversas estrategias y herramientas para implementar la contratación pública estratégica de manera efectiva, promoviendo un enfoque que priorice la sostenibilidad, la justicia social y el impacto positivo en las comunidades.

Un Espacio para la Formación y la Colaboración Continua

Este evento es parte de un calendario de actividades que BLive, Facto e Ideas desarrollarán a lo largo del año. El objetivo es crear un espacio de trabajo y formación conjunta que fomente la colaboración en la aplicación de la Contratación Pública Estratégica (CPE) a nivel local, regional y estatal. Estas iniciativas buscan fortalecer las capacidades de las AAPPs y de las entidades de la ESS, promoviendo una economía más justa y sostenible.

Próximos Pasos

Os invitamos a seguir atentos a las próximas actividades y a continuar participando en estos espacios de formación y colaboración que sin duda contribuirán al desarrollo de una contratación pública más beneficiosa para el entorno social y ambiental.

Objetivos del webinario

El décimo aniversario de la aprobación, publicación y transposición de las directivas de contratación pública de 2014 representa una oportunidad ideal para evaluar su impacto, deficiencias y desafíos aún por resolver en el ámbito de la contratación. Las directivas de la cuarta generación de la Unión Europea en este ámbito tenían objetivos ambiciosos: aumentar la eficiencia del gasto público para asegurar los mejores resultados posibles en términos de relación calidad/precio, facilitar la participación de las PYME entre otros. Además, buscaban permitir que los compradores públicos utilizaran la contratación para el logro de objetivos sociales comunes, como la protección ambiental, una mayor eficiencia energética, la lucha contra el cambio climático, la promoción de la innovación, la integración social, y la prestación de servicios sociales de alta calidad en las mejores condiciones posibles.
Uno de los principales logros de las directivas de 2014 ha sido la incorporación de la compra pública estratégica, permitiendo alcanzar objetivos sociales, ambientales y de innovación.

La nueva normativa contractual ha reconocido como principios generales la necesidad de que todas las Administraciones y entidades públicas cumplan con los requisitos sociales y ambientales en consonancia con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, que promueve modalidades sostenibles de consumo y producción. A pesar de estos avances, la contratación pública estratégica no está consolidada así como, al contrastar con los datos y evaluaciones del impacto, se revelan importantes problemas en la aplicación e interpretación de estas normativas.

En el webinar propuesto, la referencia a la norma y el análisis de su aplicación se realizan con el fin de identificar y proponer mejoras que contribuyan a la sociedad, la administración pública y el medio ambiente. Temas que se abordan con el propósito de potenciar la contratación pública como herramienta jurídica para el cumplimiento de políticas publicas de sostenibilidad de la vida.

Contenidos

A. Visión actual.
I. Aplicación de la normativa y de los principios rectores.
II. Dificultades y limitaciones
III. Recursos y oportunidades
IV. Impacto, retos y oportunidades para la economía social y solidaria

B. Visión estratégica.
I. De la responsabilidad a la estrategia en la contratación pública
II. Colaboración entre los agentes de la economía social y solidaria y las administraciones y entes públicos

Modalidad

La propuesta se fundamenta en un dialogo entre las personas asistentes con un formato parecido a una tertulia sin un orden concreto de intervención sobre las líneas discursivas planteadas, con la posibilidad de abrir el dialogo a las personas participantes, organizaciones, empresas y administraciones.

Asistencia

Se ruega confirmar asistencia en el siguiente correo electrónico: info@blive-spain.org

Por tercer año consecutivo, la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REAS Balears) presenta un informe de seguimiento de la contratación pública social en Illes Balears, en concreto sobre contratos reservados para programas de empleo protegido (empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social).

El primer informe, publicado en julio de 2022, analizaba los contratos reservados del Govern de les Illes Balears en el período del 24/07/2017 al 31/03/2022.

El segundo informe, publicado en marzo de 2023, analizaba los contratos reservados de todas las instituciones de Illes Balears (Govern, consejos insulares y ayuntamientos) en 2022.

En este tercer informe se da continuidad al seguimiento de la contratación pública reservada de todas las instituciones de Illes Balears, analizando los datos de 2023.

REAS Balears realiza el seguimiento de la contratación pública social y presenta propuestas de mejora para favorecer la actividad de las empresas de inserción a las que representa.

La finalidad de los contratos reservados es promover el acceso al empleo de las personas con discapacidad y en situación o riesgo de exclusión social, y están regulados en la disposición adicional cuarta de la ley 9/2017, de contratos del sector público, en la que se establece que las comunidades autónomas y entidades locales fijarán porcentajes mínimos de reserva de contratos.

Esta obligación legal se concreta en diferentes normas y acuerdos del Govern de les Illes Balears y de los consejos insulares de Mallorca, Menorca y Eivissa.

Como en los informes anteriores, además de los resultados más relevantes de los contratos reservados analizados, se incluyen propuestas de mejora en las que es necesario insistir para aprovechar el marco normativo favorable y avanzar en la contratación pública social en favor de la actividad que desarrollan las empresas de inserción.

RESULTADOS

En el caso del Govern de les Illes Balears, en 2023 se han adjudicado 19 contratos o lotes reservados a programas de empleo protegido por un importe de 1.197.805 €, lo que representa el 0,21% de los importes adjudicados en todo tipo de contratos.

La evolución anual de los contratos reservados adjudicados por el Govern muestra un preocupante decrecimiento desde 2019 (sin tener en cuenta el 2020 atípico de pandemia):

Un Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de enero de 2022 establece un 10% como porcentaje mínimo de reserva para determinados contratos de servicios y suministros. En 2024, por primera vez, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa ha publicado un informe de seguimiento de dicho Acuerdo, referido a las obligaciones relativas a los contratos reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción:

En relación al Govern, también analizamos los contratos reservados adjudicados por órgano de contratación, lo que permite mostrar el nivel muy desigual de implantación de los contratos reservados en sus diferentes consejerías y entes del sector público instrumental.

Si consideramos el conjunto de instituciones de Illes Balears, los contratos reservados del Govern han supuesto en 2023 un 37,56% del total de los importes a programas de empleo protegido:

En total, el conjunto de instituciones públicas de Illes Balears han adjudicado 3.189.017 € como contratos reservados en 2023, con una reducción del 15,66% en relación a los 3.781.291 € adjudicados en 2022.

El informe también analiza los principales servicios que son objeto de la contratación reservada, las entidades adjudicatarias, valorando la participación diferenciada de empresas de inserción y de centros especiales de empleo de iniciativa social, y también el porcentaje de valoración de la oferta económica para determinar si se tienen en cuenta criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, tal como contempla la normativa.

Finalmente se muestran casos concretos de contratos reservados adjudicados a un precio muy inferior al presupuesto base de licitación, una mala práctica a evitar contraria al principio de la mejor relación calidad-precio como criterio de adjudicación.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Conclusiones:

• Encontramos una reducción de los importes adjudicados como contratos reservados, de más del 15% en relación a 2022, atribuible en buena parte a la disminución de los importes adjudicados por parte del Govern.
• Celebramos que por primera vez el Govern realice un informe sobre la aplicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de enero de 2022 referido a las obligaciones relativas a los contratos reservados, donde se pone de manifiesto el bajo grado de cumplimiento de los objetivos de reserva de contratos por parte de las empresas y entidades del sector público instrumental del Govern.
• Se mantiene la concentración de la mayor parte de los importes reservados adjudicados en pocos objetos contractuales.
• En cuanto a las entidades adjudicatarias, las empresas de inserción prácticamente sólo tienen adjudicaciones de contratos reservados por parte de ayuntamientos, sin ninguna adjudicación por parte de los consejos insulares y con un peso residual en las adjudicaciones del Govern. Y seguimos sin saber si hay centros especiales de empleo empresariales que se benefician de la reserva de contratos, en contra de lo que prevé la normativa.
• Se mantienen las barreras para la generalización de la adjudicación de los contratos sobre la base de la mejor relación calidad-precio, y detectamos con preocupación la adjudicación de diversos contratos reservados por un importe muy inferior al presupuesto base de licitación.

Propuestas:

• Incorporar a los contratos reservados las recomendaciones de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, especialmente las referidas a la inclusión de itinerarios de inserción sociolaboral al objeto del contrato, a la realización de consultas al mercado para determinar su viabilidad y a la planificación de la contratación reservada.
• Generalizar la reserva diferenciada de contratos o lotes reservados para empresas de inserción y para centros especiales de empleo de iniciativa social atendiendo a sus peculiaridades, especialmente en relación a sus obligaciones salariales.
• Mejorar el diseño de los criterios de adjudicación para favorecer una mejor relación calidad-precio, y evitar bajas temerarias con adjudicaciones por importes muy inferiores al presupuesto base de licitación, que no permiten incluir todos los costes de acuerdo con su precio de mercado, incluyendo los costes salariales.
• Mejorar la formación del personal que interviene en procesos de contratación y el seguimiento de la contratación pública social a través de órganos participativos.

Más información:

• Informe contratos reservados 2023
• Informe contrates reservados 2023 (anexo)

Año: Marzo 2024

Autorías:

• David Comet-Herrera, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
• Lucía Benítez-Eyzaguirre, Universidad de Cádiz.

Resumen:

El sistema de información y comunicación de la contratación pública en España, articulado principalmente mediante la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), presenta serias carencias con relación a la aplicación del principio de transparencia para un buen gobierno. Particularmente, su sistema de búsqueda es poco intuitivo y está dirigido a usuarios con altos conocimientos sobre estos procesos administrativos, lo que no facilita la comprensión y accesibilidad a la información y documentación publicada a toda la ciudadanía. Por consiguiente, puede afirmarse que la usabilidad y accesibilidad de esta plataforma es deficiente. Por ello, se hace necesario y urgente revisar esta herramienta digital con el ánimo de mejorar tanto su interfaz como su sistema de búsqueda, como elemento central y más relevante para los usuarios, en pro de facilitar el acceso a la información (especialmente, a los pliegos administrativos y técnicos, las empresas adjudicatarias, el montante de los contratos, etc.). A nuestro entender, se trataría de hacer de esta plataforma una herramienta sencilla, rápida e intuitiva, que ofrezca información útil que garantice una mayor transparencia de los procesos de contratación pública, a la par que contribuya al buen funcionamiento del sector público y a la erradicación de posibles prácticas corruptas. Por último, debe ampliar la información sobre la consideración de clausulado social y ambiental en los contratos públicos, por ser esta una de las principales finalidades de la propia Ley de Contratos del Sector Público, junto a la publicidad, la transparencia, la no discriminación y la igualdad de trato, entre otras, que no puede quedar invisibilizada.

Palabras clave: contratación pública, comunicación, desarrollo sostenible, transparencia