En la sala del Palazzo Pubblico de Siena donde se reunía el gobierno de la ciudad, los frescos de Ambrogio Lorenzetti recordaban a quienes tomaban decisiones cuáles eran los efectos del buen gobierno. Hay un detalle que sigue llamando la atención siete siglos después: la muralla parte la escena por la mitad, y el campo ocupa tanto espacio como la ciudad. El bienestar urbano, venía a decir la pintura, depende inevitablemente del bienestar del territorio que lo alimenta. Recuperar esa conciencia de interdependencia entre lo urbano y lo rural, poniendo la alimentación en el centro, es buena parte del desafío que hoy tienen por delante las políticas públicas.

A raíz de la sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC —cuarta y última de un ciclo dedicado a sectores estratégicos para la acción público-comunitaria, tras las de vivienda, energía y finanzas—, conviene detenerse en algunas de las ideas que se pusieron sobre la mesa, porque dibujan un sector en el que las alternativas ya existen, están probadas y funcionan, pero en el que la colaboración con las administraciones sigue siendo muy desigual de un territorio a otro. José Luis Fernández Casadevante, «Kois», sociólogo, experto en soberanía alimentaria y miembro de la cooperativa Garúa, condujo la formación con una idea de fondo: no habrá transición ecosocial con alguna perspectiva de éxito sin un cambio profundo en la manera en que producimos, distribuimos y comemos.

Un sistema en el centro de casi todas las crisis

El diagnóstico con el que arrancó la sesión fue deliberadamente breve, pero contundente. Según los datos que compartió el ponente, el sistema alimentario explica en torno al 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado español, y hoy se invierten unas diez calorías de combustibles fósiles por cada caloría de alimento que llega al plato, en un territorio con el 74% de su superficie en riesgo de desertificación. A ello se suma la huella hídrica: alrededor del 80% del agua dulce que consumimos está ligada a la producción de alimentos, y entre un 15 y un 20% sale del país convertida en «agua virtual» a través de las exportaciones. La contaminación por fertilizantes y pesticidas de síntesis afecta a buena parte de las aguas subterráneas, hasta el punto de que más de 300 municipios no tienen acceso a agua potable en el grifo.

El retrato se completa con la pérdida de biodiversidad cultivada —un 75% de la diversidad genética agrícola desaparecida en el último siglo—, con una concentración de poder cada vez mayor —cuatro empresas controlan más de la mitad del mercado mundial de semillas y la gran distribución acapara el 92% de la superficie comercial alimentaria— y con un modelo de precios que no beneficia ni a quien produce ni a quien consume: el Índice de Precios en Origen y Destino que publica COAG muestra diferencias del 400 o el 500% en algunos productos. Y, en el otro extremo de la cadena, la desigualdad: en torno a un 13% de la población, unos seis millones de personas, vive en situación de inseguridad alimentaria, mientras que cuatro de cada diez niñas y niños presentan sobrepeso u obesidad. «Comer mal es muy barato», resumió Kois, para subrayar que la malnutrición tiene un componente de clase evidente.

Ecologizar, democratizar, relocalizar, reequilibrar

Frente a ese diagnóstico, la sesión propuso una brújula. El marco de referencia es el de una transición ecosocial justa —a menudo visualizada con la «economía del dónut» de Kate Raworth, ese espacio seguro y justo entre un suelo de necesidades sociales y un techo de límites ecológicos—, entendida como un proceso intergeneracional: si salir del modelo actual llevará décadas, lo urgente ahora es «dar un volantazo». Para orientarlo, cuatro puntos cardinales: ecologizar —o agroecologizar— el conjunto de la cadena, desde la finca hasta la gestión de residuos; democratizar un sistema dominado por muy pocos actores, devolviendo capacidad de decisión tanto a las instituciones como a las comunidades organizadas; relocalizar, satisfaciendo necesidades en proximidad; y reequilibrar el territorio, buscando las escalas adecuadas y mecanismos de solidaridad entre territorios. Todo ello, además, con la recuperación de una cultura alimentaria que se ha ido erosionando en las últimas décadas.

A esa brújula se suma un cambio en qué comemos, y no solo en cómo. La dieta de salud planetaria propuesta por la comisión EAT-Lancet —mayoritariamente vegetal, con una reducción de más de la mitad del consumo de carne roja y azúcar, cercana a una dieta mediterránea «de verdad»— es el punto de partida de un estudio en el que ha participado la investigadora Marta Rivera para Amigos de la Tierra. Sus conclusiones son elocuentes: con la superficie agraria existente, y asumiendo ese cambio de dieta, se podría producir el 99% de los alimentos que necesita la población del Estado, reduciendo un 84% el uso de combustibles, prescindiendo por completo de los pesticidas y recortando un 87% la contaminación del agua, a la vez que aumentaría la biodiversidad. La transición agroecológica, en definitiva, es técnicamente posible.

Público-comunitaria, no público-privada

El hilo conductor de las experiencias que se presentaron fue la cooperación público-comunitaria, que Kois propuso distinguir con claridad de la público-privada, esa fórmula que «nos han metido hasta en la sopa» y en la que el ánimo de lucro empresarial acaba primando sobre el interés general. Frente a ella, la definición que proponen desde el Foro Transiciones habla de marcos de colaboración estables y transparentes entre administraciones y tejidos sociales, guiados por la ausencia de ánimo de lucro y por los principios de justicia, equidad, universalidad y sostenibilidad. Nombrarse y defender ese estatuto propio, apuntó, es también una tarea política pendiente para la Economía Social y Solidaria.

De la finca al compost

La parte central de la sesión fue un recorrido por iniciativas que ya están en marcha a lo largo de toda la cadena alimentaria. Un primer paraguas es la Red de Municipios por la Agroecología, con una década de recorrido y ayuntamientos de colores políticos muy distintos, convertida en espacio de intercambio de políticas y de complicidad entre administraciones y organizaciones sociales.

En el terreno productivo, los parques agrarios —inspirados en experiencias italianas y desarrollados por primera vez en el Baix Llobregat— blindan el uso agrícola del suelo periurbano y acompañan a quienes producen en la comercialización conjunta, la creación de sellos de proximidad y la transición hacia manejos agroecológicos; hoy hay más de una decena repartidos por el Estado, con su propia red. Una vez protegido el suelo, los bancos de tierras ayudan a ponerlo en producción y a facilitar el relevo generacional, ya sea a escala de ciudad, como Basaldea en Vitoria-Gasteiz, o de pequeños municipios, como la red intermunicipal Terrae. Los espacios test agrarios, llegados de Francia, permiten a quienes quieren incorporarse al campo probar su proyecto tutorizados por agricultores consolidados antes de lanzarse por su cuenta, con tasas de éxito muy elevadas. Y la agricultura urbana, que ha pasado de 17 municipios con huertos en torno a 2010 a cerca de 400 en la actualidad, vale menos por los tomates que cosecha que por las relaciones y los conocimientos que cultiva.

En la logística y la comercialización, se citó la red estatal de centros logísticos agroecológicos que da protagonismo directo a las agrupaciones de productores y fomenta la intercooperación; la compra pública alimentaria para comedores escolares, universitarios u hospitalarios, que podría actuar como un auténtico «tractor» del cambio y que, en el caso de la alimentación escolar, llega a todos los perfiles de población; la recuperación de los mercados municipales como responsabilidad pública, frente a la tendencia de los nuevos desarrollos urbanos a delegar la alimentación en los supermercados; los mercados de venta directa codiseñados y cogobernados con asociaciones de productores y consumidores, como en Granada o Córdoba; los grupos de consumo; y el salto de escala que representan los supermercados cooperativos, con La Osa, en Madrid, como referente. Fuera de los canales convencionales, recordó el ponente, se vende ya en torno a un 21% de los productos alimentarios, una proporción que no tiene parangón en otras ramas de la economía.

Para cerrar el ciclo, el proyecto piloto de agrocompostaje impulsado por universidades valencianas, municipios y productores ecológicos para devolver al suelo residuos orgánicos de muy diverso origen, y las iniciativas de compostaje comunitario que ya funcionan en distintos municipios. Y, como experiencia más innovadora, el ensayo de seguridad social alimentaria que se desarrolla en Getafe con apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso y en complicidad con el ayuntamiento: las familias en situación de vulnerabilidad reciben una tarjeta con un saldo que solo pueden gastar en circuitos vinculados a la agroecología y la economía solidaria, como un supermercado cooperativo. Se trata, dijo Kois, de combinar el «dar de comer a la gente» con alimentar un cambio en el propio modelo. Durante el debate, las personas asistentes sumaron una pieza más a ese mapa: los bancos de semillas locales, clave para frenar la erosión genética.

Quién da el primer paso y cómo se convence a la administración

Una de las preguntas que más dio de sí fue de dónde surgen estas experiencias. Mayoritariamente, respondió el ponente, de las iniciativas comunitarias, donde hay una creatividad colectiva en permanente efervescencia que después busca complicidades institucionales. Pero no siempre. El programa Ecocomedores de Canarias nació de la propia administración agraria del archipiélago, que buscaba asegurar una salida estable a la producción local a través de los colegios y llegó a persuadir a productores para que dieran el salto a lo ecológico. Y el primer parque agrario se debe al empeño de un técnico de la Generalitat, Xavier Montasell, que conoció la experiencia italiana y se propuso trasladarla. Venga de abajo o de arriba, insistió, el rasgo diferencial de la cooperación público-comunitaria es que no suplanta a la ciudadanía organizada, sino que la incorpora activamente a la definición, la gestión y la evaluación de las políticas.

¿Y cómo convencer a una administración local reticente? Kois propuso tres claves. La primera, ser muy prácticos y poner el acento en los beneficios antes que en el marco ideológico: un comedor escolar agroecológico garantiza comercialización a quienes producen, mejora la nutrición, combate la inseguridad alimentaria, recupera cultura alimentaria y puede vincularse a huertos o compostaje en el propio centro. La segunda, medir: indicadores de impacto y herramientas como el retorno social de la inversión permiten traducir a un lenguaje que la administración entiende un valor que, de otro modo, recae invisible sobre los tejidos comunitarios. El objetivo no es abaratar los servicios, matizó, pero al no tener que generar márgenes empresariales estos modelos pueden resultar incluso más eficientes. Y la tercera, aliarse con el personal técnico, que permanece cuando los cargos políticos cambian y que sabe traducir las propuestas de los tejidos sociales a los marcos jurídicos e institucionales disponibles, ayudando a desactivar desconfianzas mutuas.

Lo que aún falta

La sesión dejó también a la vista los límites del momento actual. El primero tiene que ver con las condiciones de trabajo: ante una pregunta llegada desde el movimiento de comercio justo sobre derechos laborales y salarios dignos, el ponente reconoció que la preocupación forma parte del ADN de muchos proyectos agroecológicos —con una generación joven que habla de viabilidad vital y no solo económica, que cooperativiza y que incorpora una mirada feminista—, pero que los márgenes del sector son estrechos y la autoexplotación sigue presente. El segundo, el grado de implicación institucional, todavía muy desigual: en el caso de La Osa se limita a la cesión de un local público en condiciones favorables, mientras que en Francia ha habido apoyo directo a la capitalización de supermercados cooperativos, en Manresa uno de ellos se ha instalado dentro de un mercado municipal y en Hernani las cooperativas impulsadas en el marco de una planificación ecosocial integral se consideran servicio público y pueden recibir apoyo municipal hasta alcanzar la autosuficiencia. Muchos proyectos nacen descapitalizados, «a pulmón», y buena parte de su precariedad se explica precisamente por esa falta de respaldo inicial.

Como en las sesiones dedicadas a vivienda cooperativa, comunidades energéticas y finanzas éticas dentro del mismo ciclo, el mensaje de fondo volvió a repetirse al cierre: las herramientas existen y están probadas a lo largo de toda la cadena alimentaria. Lo que decide si se quedan en experiencias aisladas o se convierten en política alimentaria de verdad es que las administraciones asuman, como recordaba aquel fresco de Siena, que alimentar a la ciudad es una responsabilidad pública que no puede delegarse en el mercado, y que la mejor manera de ejercerla es junto a quienes ya están cultivando las alternativas.

Más de cuarenta personas de diferentes gobernaciones palestinas — técnicas del Ministerio de Trabajo, representantes de cámaras de comercio, sindicatos y cooperativas — se conectaron el pasado 17 de junio para hablar de cuidados. El 60% eran mujeres. Al otro lado, el Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, REAS Red de Redes y la cooperativa La Comala. El encuentro formaba parte del programa de fortalecimiento de capacidades en ESS que la OIT y el ITCILO están desarrollando en Palestina con apoyo del Ministerio español.

Lo que ocurrió en esa sesión fue algo más que un intercambio de buenas prácticas. Fue el reconocimiento de que, a pesar de contextos radicalmente distintos, los desafíos son los mismos: la feminización y precarización del trabajo de cuidados, la falta de acceso para las familias con menos recursos, y la urgencia de modelos que pongan la vida en el centro.

Los cuidados no son un asunto subalterno

La Subdirectora General de la Oficina Técnica del Comisionado Especial para la Economía Social abrió la sesión con una idea clara: los cuidados son la infraestructura que sostiene la vida, el trabajo y la propia actividad económica. Y sin embargo, históricamente han sido invisibilizados e infravalorados.

En España, alrededor del 90% de los empleos de cuidados están ocupados por mujeres, con una presencia creciente de personas migrantes (en torno al 43%). Quienes trabajan en cuidados perciben de media unos 10.000 euros menos al año que el resto. Y esto solo refleja el empleo formal. Detrás hay una enorme economía informal donde la desprotección es aún mayor.

La respuesta española se ha articulado en torno a tres ejes — visibilización, transversalización e innovación — materializados en la Estrategia de Economía Social 2023-2027 y el PERTE de la Economía Social y de los Cuidados: 2.500 millones de euros, diez ministerios y más de 4.500 entidades. España es el único país de la UE con un proyecto específicamente dedicado a los cuidados.

Lo que la ESS aporta: datos y modelo

REAS Red de Redes presentó la apuesta de la Economía Social y Solidaria por la cooperación público-comunitaria frente a la cooperación público-privada tradicional. No se trata de que una empresa gane un contrato y preste un servicio: se trata de que administración, entidades sociales y comunidad co-diseñen y co-gestionen los servicios. Donde las trabajadoras son socias y deciden. Donde las personas usuarias tienen voz.

Los datos de la Auditoría Social de REAS — más de 700 entidades, datos de 2024 — muestran que la ESS va claramente por delante de la economía convencional en presencia de mujeres: el 68% de las personas trabajadoras en nuestras organizaciones son mujeres, frente al 47% en el conjunto de la economía española. En el sector específico de salud y cuidados esa proporción sube al 73%. La ESS genera un clima positivo de acceso, con menos barreras de entrada y medidas que promueven la participación paritaria.

Y sin embargo, la Auditoría también sirve para nombrar las contradicciones propias: cuando se mira quién ocupa los cargos de responsabilidad en el sector de cuidados, solo el 58% son mujeres. Catorce puntos de diferencia entre quienes cuidan y quienes deciden. Nombrarlo no es una autocrítica paralizante — es exactamente para lo que sirve medir: para saber dónde estamos y hacia dónde tenemos que seguir avanzando.

En 2023, REAS elaboró junto al Instituto de las Mujeres del Gobierno español la Guía de Buenas Prácticas de gestión público-comunitaria de los cuidados. La guía nació con una vocación concreta: sistematizar lo que las entidades de la ESS estaban ya haciendo en el sector — no como modelo único exportable, sino como mapa de experiencias reales de las que aprender. Recoge once iniciativas de todo el territorio estatal: cooperativas de atención domiciliaria en entornos rurales, entidades que trabajan con personas mayores en barrios urbanos, proyectos de gestión compartida con ayuntamientos. Todas comparten algo: han demostrado que es posible ofrecer cuidados de calidad con contratos dignos, gobernanza participativa y arraigo comunitario. Una de esas once experiencias es La Comala — y no por casualidad.

La Comala: desde la lástima nada, desde la dignidad todo

La Comala S.C.M. es una cooperativa madrileña formada por mujeres migrantes que llevan ocho años sosteniendo la vida cotidiana a través de los cuidados y la limpieza del hogar. Nació desde la necesidad — ante la falta de oportunidades dignas y la discriminación por edadismo — y se organizó colectivamente para transformar la precariedad en autogestión y dignidad.

Su modelo va más allá del empleo: incluye espacios de acompañamiento emocional y autocuidado para las propias cuidadoras, toma de decisiones colectiva en asamblea, e incidencia política en los sistemas de cuidados. Con más de 400.000 euros de facturación prevista para 2025 y más de veinte personas vinculadas al proyecto, demuestran que la sostenibilidad económica y la dignidad laboral no son incompatibles.

Su mensaje fue directo: las mujeres migrantes no son un problema dentro del sistema de cuidados, sino una solución colectiva, organizada y transformadora. Más que una cooperativa, son una forma de abrir camino.

Desde Palestina: una cooperativa de cuidados infantiles que nace

La sesión se cerró con una intervención que dio un giro inesperado y muy valioso: participantes palestinas compartieron que están construyendo su propia cooperativa de cuidados infantiles como respuesta a la falta de servicios accesibles en sus territorios. La mayoría de las guarderías existentes son privadas y caras — inaccesibles para las familias con ingresos limitados. Y la carga de cuidados recae, como en todas partes, sobre las mujeres.

El modelo que están construyendo apuesta por contratos formales para las trabajadoras, salario mínimo garantizado, formación profesional y flexibilidad horaria real. Las propias beneficiarias participan en la gestión. El objetivo es pasar de la beneficencia al derecho, de la informalidad al trabajo decente, de la carga individual a la responsabilidad colectiva.

La experiencia está en construcción, con sus retos — financiación, concienciación social, alianzas — y con la convicción de que el modelo cooperativo puede ser una alternativa real en el contexto palestino.

Lo que nos llevamos

Lo que comparten La Comala en Madrid y la cooperativa que nace en Palestina es, en el fondo, lo mismo: la certeza de que cuando las mujeres se organizan colectivamente, el cuidado deja de ser una carga invisible para convertirse en trabajo reconocido, digno y transformador.

La ESS no llega a estos debates con las manos vacías. Llega con experiencias, datos, herramientas y, sobre todo, con la prueba de que otra forma de organizar los cuidados es posible. Ese es el corazón que enseñamos.

La Colaboración Público Comunitaria (CPC) es una forma institucional que democratiza la gestión y propiedad de bienes o recursos (1) y se utiliza para abarcar una amplia gama de iniciativas y formas de gestionar y gobernar la vida de manera colectiva.

Aunque se materializa en marcos y formas muy diversas, en esencia, hace referencia a un modelo basado en la cooperación entre sociedad civil organizada (articulada o constituida en comunidades más o menos formales, asociaciones, cooperativas o similares) y administración pública, que busca el bien común y hace posible el gobierno y la gestión compartida de bienes y servicios colectivos (2).

Esta alianza entre sociedad civil organizada y sector público, que es en parte heredera de los sistemas comunales (3) que han operado durante miles de años en pueblos y territorios de todo el mundo, es un modelo en auge y está presente cada vez en más ámbitos.

Muchas de estas iniciativas surgen como una respuesta a la crisis ecosocial, en busca de nuevos modelos institucionales más compatibles con la sostenibilidad medioambiental. Territorios, municipios y comunidades diversas están poniendo en práctica marcos de innovación democrática y formas cooperativas de gestión de aspectos tan esenciales como el agua, la energía, la vivienda, los cuidados, la alimentación o los espacio urbanos, entre otros.

El modelo público comunitario se presenta como una estrategia imprescindible y una condición para el éxito de la transformación de las sociedades, ya que nos ofrece un marco real para la reapropiación y soberanía sobre nuestros bienes comunes, abriendo así la posibilidad de hacer una nueva política económica (4).

Durante 2025 hemos estado desarrollando un programa de acompañamiento a Ayuntamientos en colaboración con la European Climate Foundation. Esta primera edición del programa de formación y acompañamiento ha buscado formar y dar una batería de herramientas a varias entidades locales para el abordaje de retos ecosociales desde una lógica colaborativa con el tejido comunitario y social del territorio. El programa se ha dirigido tanto a personal técnico como político de la escala local, y ha culminado en la definición de una hoja de ruta para iniciar, desarrollar e implementar procesos de Colaboración Público Comunitaria en cada contexto.

Fruto de este programa, publicamos ahora una “GUÍA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA AYUNTAMIENTOS y ENTIDADES LOCALES”; un documento que recoge los contenidos trabajados en este proceso y que quiere servir como un recurso de apoyo para Ayuntamientos y entidades públicas locales que quieran iniciar e impulsar procesos de Colaboración Público Comunitaria.

Arranca con una definición del marco conceptual, para pasar después a recoger una batería de buenas prácticas que muestran distintas escalas, niveles y estrategias de manera extensa. En la parte final de la guía se recogen herramientas y referencias que se han utilizado para el desarrollo del programa.

Se estructura de la siguiente manera:

Qué es la Colaboración Público Comunitaria (CPC), una aproximación. Este es un apartado más teórico donde intentamos definir y clarificar conceptos. A pesar de que la CPC no es una forma institucional fija, este modelo puede definirse por una serie de atributos o deseos compartidos que se recogen en este apartado.

Cómo abordar la Colaboración Público Comunitaria desde los gobiernos locales. Un apartado donde se recogen distintas buenas prácticas en profundidad: Pactos de Colaboración de Bologna; Cinturón Alimentario de Lieja; Patrimonio Ciudadano de Barcelona; Traídas Vecinales de Agua de Galicia; Hernani Burujabe; y el Matadero de Armentera.
La diversidad de casos que aquí se recogen quiere evidenciar que en lo que a las prácticas de CPC se refiere no existe un único modelo. Este catálogo quiere ilustrar maneras de hacer diversas que se pueden reproducir o pueden servir de ejemplo e inspiración en ámbitos y contextos distintos.

Algunas pautas para iniciar e impulsar procesos de Colaboración Público Comunitaria. Aunque cada entidad local debe elaborar su propia hoja de ruta, definir su propio modelo relacional y dotarse de instrumentos administrativos y jurídicos situados, estas estrategias locales sí que pueden ser guiadas por unas pautas y distintas herramientas. En este capítulo se facilitan unos principios básicos, primeros pasos y referencias metodológicas dirigidas a la administración pública.

La Colaboración Público-Comunitaria (CPC) propone un marco para el diseño, la prestación y la gestión de los recursos y servicios públicos basado en la participación activa tanto de las personas usuarias y prestadoras, como de los agentes comunitarios del territorio y de distintos sectores sociales. Este enfoque permite desarrollar modelos más ajustados a las necesidades reales de la comunidad y del territorio, contribuyendo así a mejorar la calidad, pertinencia y sostenibilidad de los servicios públicos y colectivos.

En lugar de proporcionar un conjunto de pautas a aplicar, esta guía pretende ofrecer algunas direcciones y pistas que puedan servir de apoyo a la administración pública en el desarrollo de su propio enfoque y estrategias adaptadas a la realidad local.

PARA ACCEDER A LA GUÍA AQUÍ

(1)Food systems in common. Council farms, agroecological food sovereignty, and public-common partnerships. Kai Heron; Bertie Russell; Keir Milburn. Abundance.
(2)Democratic and collective ownership of public goods and services. Exploring public-community collaborations. Transnational Institute.
(3)“Los comunes son instituciones sociales colaborativas que regulan recursos de propiedad colectiva. Se distinguen de la propiedad privada convencional con la que hoy estamos familiarizados pero también de la propiedad estatal o del acceso abierto sin ningún tipo de régimen de gestión colectiva. El tipo de propiedad o gestión colectiva que llamamos comunes era muy habitual antes del surgimiento del capitalismo, pero además, ha logrado sobrevivir en muchas sociedades modernas de todo el mundo”. Comuntopía. Comunes, postcapitalismo y transición ecosocial. Cesar Rendueles. Akal.
(4)L´ecologia dels béns comuns. Per una col·lectivització plural i ecológica de l´economía. Experiències a Catalunya. Laia Forné.

Fuente: Tipi

Desde el Foro Transiciones, en colaboración con la cooperativa TIPI y el proyecto Barrios por el Clima, nos invitan a participar en la cuarta sesión del espacio de reflexión colectiva sobre cooperación público-comunitaria. Una temática emergente que resulta estratégica para acelerar los procesos de transición ecosocial, especialmente a escala local.

Tomando como marco la investigación coordinada por el Foro Transiciones, han convocado un encuentro de entidades e iniciativas del ecosistema de la European Climate Foundation (ECF), y otras afines, que desarrollan estos enfoques o se ven interpeladas por estas discusiones. La propuesta es abrir un espacio de reflexión colectiva que nos permita conocer experiencias inspiradoras, abrir debates y avanzar en una estrategia compartida, amplia y flexible de incidencia política.

El encuentro tendrá lugar el 30 de junio en Madrid, a las 10:00h, en el Ateneo La Maliciosa.

Formulario de inscripción y de asistencia a picoteo tras la sesión

Programa

Un trampantojo es una técnica pictórica para engañar a la vista mediante perspectivas, sombras, efectos ópticos y simulaciones. El pintor catalán Pere Bonell del Caso pintaba en 1874 Huyendo de la crítica, donde podemos ver a un niño saliendo del propio cuadro antes de que las críticas lo ataquen. Este simula no ser parte de la pintura cuando es su protagonista principal, tratando de escapar de la representación a la realidad.

Este cuadro viene a mi cabeza siempre que pienso en la cooperación público-privada, pues en términos culturales y económicos es uno de los mejores engaños a los que nos ha sometido el mercado. Una trampa basada en una colaboración restringida, movida por el interés mercantil, donde las instituciones corren con los principales riesgos (inversiones, cambios normativos, compromisos jurídicos…), se prioriza la participación de actores corporativos con elevado nivel de influencia, se externalizan los posibles efectos negativos (deterioro del servicio, subida de tarifas, precarización del empleo, falta de transparencia…) y, finalmente, se privatizan los beneficios.

La popularización de esta fórmula provoca disimuladamente que el mercado colonice nuestros imaginarios, las administraciones se vean prisioneras de este marco y las corporaciones terminen manejando el presupuesto público. El bueno de John Steinbeck solía decir que el ser humano es el único zorro que instala una trampa, le pone carnaza y luego mete la pata. Así que no debe sorprendernos que esta llamada a optimizar el funcionamiento del sector público haya coincidido con el aumento de la desigualdad social, el deterioro y privatización de los servicios públicos o la expansión de la precariedad y la inseguridad para proyectarse vitalmente hacia el futuro.

Solo quien sabe que está en medio de una trampa tiene mayores oportunidades de escapar. Hay que denunciar el trampantojo imponiendo un marco alternativo que lo retrate.

Cooperación público-comunitaria para democratizar la economía

Llamamos cooperación público-comunitaria a las políticas que suponen el desarrollo de marcos de colaboración estables y transparentes entre las administraciones y los tejidos sociales, guiados por la ausencia de ánimo de lucro y los principios de justicia, equidad, universalidad y sostenibilidad. En la práctica, se trata de construir una noción expandida de lo público basada en la apropiación social y el reconocimiento de nuevas modalidades de gestión que promuevan la participación de la ciudadanía.

Resulta imprescindible modelar un estatuto particular para defender y consolidar la cooperación público-comunitaria. Es preciso esbozar un marco que se diferencie de la cooperación público-privada, con la que una parte de la economía social y solidaria, el tercer sector y los tejidos asociativos acaba identificándose, ante la ausencia de alternativas claras para nombrar las dinámicas de colaboración que establecen con las instituciones. Y esta inercia se ve fortalecida por la inexistencia de categorías jurídicas específicas, la escasez de convenios de colaboración o fórmulas reconocidas de forma generalizada.

En una investigación que hemos elaborado recientemente desde el Foro Transiciones constatamos que los paternariados público-cooperativos sería una de las líneas clave para impulsar estos marcos; junto al refuerzo de las dinámicas de autoorganización vecinal y comunitaria, la gestión cívica de equipamientos y la promoción del enfoque pedagógico vinculado al Aprendizaje Servicio con las universidades.

Malos tiempos y buenas prácticas

Al pensar en el desarrollo de partenariados público-cooperativos parece que hubiera que realizar un enorme ejercicio de creatividad institucional para desarrollar mecanismos con los que fortalecer a la economía social y solidaria; cuando, para empezar, simplemente se trataría de ofrecer un marco diferenciado donde agrupar todas las herramientas existentes, demostrar un compromiso político y abrir la puerta a nuevas fórmulas de colaboración.

Resulta sorprendente la existencia de un enorme catálogo de herramientas que existen actualmente para desplegar estos mecanismos de colaboración en la esfera local. Las fórmulas legales existen pero se encuentran infrautilizadas debido a una falta de voluntad política. El desconocimiento técnico de muchas de estas posibilidades es más sencillo de corregir que la desgana para aplicarlas existente en muchos gobiernos

Y lo más importante es que no se trata de propuestas fantasiosas, sino que dispersas por toda nuestra geografía hay muchas experiencias inspiradoras. En el informe hemos sistematizado más de medio centenar de exitosas formas de colaboración entre administraciones públicas y tejidos sociocomunitarios.

Ateneos Cooperativos de Cataluña. Desde 2016, la Generalitat y el tejido cooperativo catalán han promovido en toda su geografía la creación de polos cooperativos entendidos como ecosistemas territoriales de cooperativas, asociaciones, fundaciones, sociedades laborales o agrupaciones sin personalidad jurídica y poner el acento en la acción económica mancomunada, colaborativa y el retorno comunitario. Hay 14 Ateneos repartidos por las distintas comarcas, donde participan en total más de 360 entidades.

Cooperativas Populares en Euskal Herria. Estructura socioeconómica diseñada para la promoción de proyectos y la prestación de servicios que un pueblo o barrio necesita. Con un predominio de la ciudadanía organizada, los agentes de la economía social y solidaria y las instituciones públicas se reúnen en ella con un objetivo común. Las administraciones pueden tener un máximo de un 50 % del capital de estas cooperativas. Las experiencias se han iniciado en poblaciones que sufren una situación de despoblamiento y/o escasez de servicios, ubicadas en zonas rurales (Goizueta, Usurbil, Azpeitia, Lizarra…). A través de un primer proyecto estratégico para la calidad de vida de la comunidad local, salvar la única tienda de alimentos, un mercado municipal o una gasolinera.

Hernani Burujabe. Una experiencia de planificación estratégica municipal participada con enfoque ecosocial, que aglutina al tejido económico, social y administrativo. Esta se basa en la construcción de soberanías en los campos que son estratégicos para la reproducción de la vida en común: moneda, energía, cuidados, biodiversidad, telecomunicaciones, alimentación, trabajo y vivienda. El objetivo es transferir poder y recursos para que se organice la ciudadanía en base a la planificación comunitaria y la gestión cooperativa, contando con la promoción pública. En torno a la iniciativa hay 16 organizaciones, personas voluntarias, técnicas municipales y empleadas de las cooperativas; implicando a 2.500 personas, muchas de las cuales son socias de las cooperativas generadas. comunidad energética, cooperativa de cuidados, moneda local, compra de tierras de cultivo, tienda de productos de proximidad…

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La profunda reorganización del funcionamiento de nuestras sociedades y de sus metabolismos sólo será viable en la medida en que se desarrollen estrategias colectivas, donde se enfatice la cooperación y la conflictividad creativa, huyendo de la mera confrontación entre instituciones públicas y sociedad civil.

Allí donde lo sencillo sería encontrar insuficiencias, carencias y defectos, el desafío es resaltar sus capacidades y adivinar las claves que pueden hacer de las pequeñas alternativas realidades más factibles, creíbles e inspiradoras. Tenemos la responsabilidad de ver el enorme árbol en la pequeña semilla. Difícil no es imposible.

** Este ámbito de actuación y las potencialidades de la cooperación cooproducción público-comunitaria será uno de los ejes de debate del próximo encuentro de Idearia que tendrá lugar en Pamplona del 8 al 10 de mayo. Más información aquí.

Un artículo de José Luis Fernández Casadavante, “Kois”, para Alternativas Económicas