Sesión de asesoramiento para Administraciones Públicas

Desde REAS Red de Redes, en el marco del servicio gratuito de asesoramiento en contratación pública responsable que estamos realizando dentro del proyecto COOPUBLIC, ponemos en marcha otra sesión específica sobre contratación pública estratégica.

Este espacio de asesoramiento que tiene además un carácter formativo, tiene como objetivo compartir herramientas, enfoques y orientaciones prácticas que ayuden a las AAPP a entender el uso de la contratación pública como apoyo a los objetivos de las políticas públicas y para que puedan integrar criterios sociales, medioambientales y éticos en sus procesos de compra.

La sesión será impartida por Marc Vilanova, de FACTO Cooperativa y Santiago Lesmes de Par en Par

Las plazas son limitadas. En caso de completarse el aforo, se habilitará una lista de espera para valorar la organización de nuevas sesiones de asesoramiento.

Actividad exclusiva para Administraciones Públicas.

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Dentro del Ciclo de Foros Coopublic, Administraciones que cooperan, territorios que avanzan, dedicado a la coproducción de políticas públicas, el  9 de octubre tendrá lugar:

Comenzaremos este foro estatal online recogiendo el testigo de todo el proceso de coopublic y conociendo experiencias de política pública en el marco de la ESS, a través de la de ILABSO Coop., que nos presentará el Panel de políticas públicas en que se ha estado trabajando a lo largo de los últimos meses.

En segundo lugar, conectaremos con la esencia de la cooproducción público-comunitaria y las pistas para su promoción, de la mano de Claudia Delso Carreira, de IDRA, quien nos dará una charla inspiradora marco.

Tras esto, comenzará el trabajo en grupo por parte de todas las personas participantes (de Administración püblica y economía solidaria), tomando el testigo de las conclusiones de los foros territoriales realizados en Catalunya, País Valenciá, Balears, Euskadi, Nafarroa y Canarias. Así, desde lo colectivo, trabajaremos  sobre estrategias, herramientas, próximos pasos y agentes clave para impulsar este modelo. Cerraremos con una puesta en común en plenaria de las principales claves.

Vuestra experiencia y mirada son fundamentales para que esta hoja de ruta sea útil y realista. Hayas participado o no en los foros territoriales. ¡Os esperamos!

ENLACE de inscripción si aún no te has inscrito.

Este encuentro será la antesala del encuentro presencial que tendrá lugar en Madrid el 16 de octubre con un plantel de excepción. 

Este foro forma parte del Ciclo de Foros COOPUBLIC, impulsado por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC_ESS, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad subvencionada y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El Ciclo de Foros COOPUBLIC llegará a su cierre con el Foro Estatal, un encuentro presencial en Madrid que reunirá a administraciones públicas, entidades de la Economía Social y Solidaria y agentes sociales de todo el Estado.

La jornada girará en torno a la presentación de los principales insumos generados por el proyecto y a una mesa de debate político-social con representantes de varios ministerios y de organizaciones sociales. A partir de las conclusiones recogidas en los foros territoriales online y del trabajo que se realizará durante la jornada en grupos de trabajo, se construirá una hoja de ruta compartida con las principales estrategias y medidas de cooperación público-comunitaria para el fomento de la Economía Social y Solidaria.

PROGRAMA de la JORNADA

9:30 h. Recepción

10:00 a 10:30 h. Apertura y presentación. REAS Red, con la colaboración de ILABSO-OLMA y Foro Transiciones.

10:30 a 12:00 h. Mesa de debate político-social

• David Perejil, director de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
• Jaime Iglesias, comisionado especial para la Economía Social
• María Sintes Zamanillo, jefa de servicio de la Oficina Española de Cambio Climático.
• Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales
• Luigi Carinci, presidente de REAS Red de Redes
• Belen Sánchez Rubio, grupo motor Futuro en común
• Jorge Nacarino, responsable de política institucional en la Confederación Estatal Asociaciones Vecinales.
• Marta Abril, coordinadora de Comunidad de Práctica de Políticas Públicasde Altekio/ Ecorredes

12:00 a 12:30 h. Café y descanso

12:30 a 14:00 h. Diseño estratégico colectivo. Dinamiza: Tangente Grupo Cooperativo.

14:00 a 14:30 h. Conclusiones y cierre

Formulario de inscripción: ENLACE.

Foro estatal online, viernes 9 de octubre

Antes del encuentro presencial, las aportaciones recogidas en los cuatro foros territoriales del Ciclo Online se pondrán en común en un  foro online, previsto para el viernes 9 de octubre, En él, las personas participantes de los distintos territorios podrán intercambiar conclusiones y consolidar propuestas conjuntas de cara al cierre del ciclo. Es un evento abierto también a personas de otros territorios interesadas en este espacio estatal que no puedan asistir al encuentro presencial de Madrid.

Este foro forma parte del Ciclo de Foros COOPUBLIC, impulsado por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC_ESS, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad subvencionada y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Coproducción de políticas públicas para sistemas alimentarios sostenibles

Cuarta y última sesión del ciclo formativo del proyecto Coopublic, organizado por REAS Red de Redes, dedicado a sectores estratégicos para la acción público-comunitaria. La formación aborda cómo diseñar políticas alimentarias desde la coproducción entre administraciones públicas y la Economía Social y Solidaria. Se exploraron herramientas para fortalecer la colaboración público-comunitaria y reforzar la incidencia política y técnica en el desarrollo de sistemas alimentarios de proximidad, sostenibles y resilientes.

Ponente: José Luis Fernández Casadevante -Kois de la Cooperativa Garúa que diseña e impulsa estrategias y proyectos de transición ecosocial con entidades sociales, fundaciones, universidades o administraciones públicas y ofrecen formaciones especializadas en diversas áreas temáticas.

Presentación y moderación: Susana (REAS Red de Redes).

Toda la información sobre Coopublic aquí: https://reas.red/coopublic/

Coproducción de políticas públicas y financiación con impacto social

Tercera sesión del ciclo formativo del proyecto Coopublic, organizado por REAS Red de Redes, dedicado a sectores estratégicos para la acción público-comunitaria. La formación aborda cómo integrar las finanzas éticas en la acción pública mediante la colaboración entre administraciones y entidades de la Economía Social y Solidaria. Se trabajan herramientas para incorporar criterios de impacto social, sostenibilidad y transparencia en la financiación pública, reforzando las capacidades de incidencia política y técnica.

Ponente: Sergi Salavert y Guillem Subirachs de FETS – Financiación Ética y Solidaria, asociación que desde 1999 promueve las finanzas éticas y solidarias.

Presentación y moderación: Susana (REAS Red de Redes).

Toda la información sobre Coopublic aquí: https://reas.red/coopublic/

REAS Red de Redes pone en marcha un Ciclo de Foros: cuatro encuentros territoriales —en Catalunya, Navarra-Euskadi, País Valencià y Balears—, un foro online y un Foro Estatal presencial en Madrid, para impulsar la cooperación público-comunitaria entre administraciones públicas y la Economía Social y Solidaria.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto COOPUBLIC_ESS: Impulso de la cooperación público-comunitaria para el Desarrollo Sostenible desde la Economía Social y Solidaria, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y busca generar espacios de diálogo estructurado que permitan identificar, sistematizar y compartir buenas prácticas, propuestas de políticas públicas y estrategias de coproducción, contribuyendo al cumplimiento de la Agenda 2030.

Cuatro foros territoriales

El ciclo arranca con cuatro citas territoriales que reunirán a personal técnico y político de las administraciones públicas, entidades y empresas de la ESS, y organizaciones de la sociedad civil de cada territorio:

• Foro Catalunya — [16 de Septiembre de 12 a 14h] · [Online]
• Foro País Valencià — [17 de Septiembre de 12 a 14h] · [Online]
• Foro Euskadi-Nafarroa — [23 de Septiembre de 12 a 14h] · [Online]
• Foro Balears — [24 de Septiembre de 12 a 14h] · [Online]

Los cuatro encuentros compartirán una misma estructura:

Nos ponemos en contexto. Presentamos el proyecto COOPUBLIC, sus claves sobre cooproducción de políticas públicas, y nos conocemos entre las personas participantes.

Compartimos experiencias. Una mesa de buenas prácticas con voces de la administración pública y de la ESS, con ejemplos reales de cooperación público-comunitaria en sectores como los cuidados, la energía, la vivienda cooperativa, el consumo responsable, la alimentación sostenible o la economía circular.

Trabajamos juntas. El núcleo de la jornada: un trabajo en grupo para indagar, por temas y sectores, qué cooperación público-comunitaria existe ya en el territorio, qué la favorece, qué la dificulta y cómo potenciarla.

Cerramos y miramos a octubre. Ponemos en común lo trabajado y nos emplazamos al foro online que reunirá a los cuatro territorios.

Un foro online para conectar territorios

Las aportaciones recogidas en los cuatro foros territoriales se pondrán en común en un foro online, previsto para el viernes 9 de octubre, que permitirá a las personas participantes de los distintos territorios intercambiar conclusiones y consolidar propuestas conjuntas de cara al cierre del ciclo. Se trata de un evento abierto también para personas de otros territorios interesadas en este espacio estatal que no puedan asistir al encuentro presencial de Madrid.

Foro Estatal en Madrid: cierre del ciclo

El ciclo culminará con un Foro Estatal presencial en Madrid el  viernes 16 de octubre, que reunirá a administraciones públicas, entidades de la ESS y agentes sociales de todo el Estado para presentar los principales resultados y estrategias de cooperación público-comunitaria surgidas del proceso, así como una hoja de ruta con las medidas prioritarias validadas durante el evento.

Sobre COOPUBLIC_ESS

El proyecto COOPUBLIC_ESS da continuidad al trabajo de incidencia social y política que REAS Red de Redes desarrolla desde hace más de 30 años, promoviendo la cooperación entre administraciones públicas y la Economía Social y Solidaria como motor de un desarrollo sostenible, inclusivo y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Esta actividad forma parte del proyecto COOPUBLIC_ESS, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad subvencionada y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

¿Cómo se construye una política pública entre un ayuntamiento y las entidades de su territorio? Esa es la pregunta que ha guiado el ciclo de cuatro formaciones online organizado por REAS Red de Redes dentro del proyecto COOPUBLIC_ESS, pensado para personal de las administraciones públicas y también para entidades de la Economía Social y Solidaria (ESS). Cuatro sesiones, cuatro sectores estratégicos, un mismo objetivo: mostrar cómo lo público y lo comunitario pueden coproducir políticas juntos.

1. Vivienda cooperativa: casas que no se especulan

La primera sesión, de la mano de La Dinamo Fundació presentó un modelo poco conocido pero en auge: la vivienda cooperativa en cesión de uso. Ni se compra ni se alquila: la cooperativa es dueña del edificio para siempre y cada socia tiene derecho a vivir en su casa, sin especulación posible.

El modelo nació en 2007 en Cal Cases (Barcelona) y hoy suma proyectos en casi todas las comunidades autónomas, con Catalunya a la cabeza (más de 50 proyectos). La sesión repasó qué pueden hacer los ayuntamientos para impulsarlo: ceder suelo público, dar prioridad en el tanteo y retracto, o crear la figura del «Promotor Social de Vivienda» para reconocer a estas entidades como aliadas en la política de vivienda.

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2. Comunidades energéticas: la energía como asunto colectivo

La segunda formación impartida por Piztu Kooperativa explicó por qué la energía está dejando de ser cosa de unos pocos: de consumidores pasamos a «prosumidores», capaces de producir, compartir y gestionar energía en comunidad.

Se explicaron las dos figuras clave —comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía— y una herramienta más sencilla, el autoconsumo compartido, cuyo radio de acción acaba de ampliarse hasta 5 km gracias al Real Decreto-ley 7/2026. Los ayuntamientos, señaló la sesión, pueden ser el motor de estas comunidades: cediendo cubiertas municipales, bonificando el IBI o simplemente dando el primer paso.

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3. Finanzas éticas: otra forma de gestionar el dinero público

FETS – Finançament Ètic i Solidari mostró cómo nacieron las finanzas éticas en los años 60, ligadas a movimientos que querían decidir en qué se invierte su dinero, y cómo hoy existen sellos como EthSI para certificar seguros y productos financieros éticos.

La parte más práctica se centró en la contratación pública: la ley permite incluir criterios sociales y ambientales en los pliegos, como hizo el Ayuntamiento de Mataró, que valoró con un 20% de la puntuación tener el sello EthSI al contratar sus seguros. Pequeños gestos con gran impacto en cómo se mueve el dinero público.

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4. Alimentación sostenible: comer bien, comer justo

La última sesión impartida por la Cooperativa Garúa, partió de datos que impactan: el sistema alimentario genera casi la mitad de la huella de carbono de España, y más de 6 millones de personas no tienen acceso estable a una dieta saludable.

Frente a ese panorama, se presentó un amplio catálogo de experiencias ya en marcha en distintos municipios: parques agrarios, bancos de tierras, comedores escolares sostenibles, mercados de venta directa, supermercados cooperativos o compostaje comunitario. Ideas concretas, replicables, para que cada ayuntamiento encuentre la que mejor encaja en su territorio.

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Cuatro sectores, una misma idea

Vivienda, energía, finanzas y alimentación son ámbitos distintos, pero las cuatro sesiones compartieron el mismo mensaje: la Economía Social y Solidaria ya tiene las herramientas, y lo público puede sumarse como socio, no solo como regulador. Más de 200 personas de administraciones y entidades de la ESS han pasado por estas formaciones, con manuales y materiales que seguirán disponibles para quien quiera dar el siguiente paso.

Formaciones desarrolladas en el marco del proyecto COOPUBLIC_ESS, impulsado por REAS Red de Redes con financiación de la Dirección General de Agenda 2030 (Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030). Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad subvencionada y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

La Colaboración Público Comunitaria (CPC) es una forma institucional que democratiza la gestión y propiedad de bienes o recursos (1) y se utiliza para abarcar una amplia gama de iniciativas y formas de gestionar y gobernar la vida de manera colectiva.

Aunque se materializa en marcos y formas muy diversas, en esencia, hace referencia a un modelo basado en la cooperación entre sociedad civil organizada (articulada o constituida en comunidades más o menos formales, asociaciones, cooperativas o similares) y administración pública, que busca el bien común y hace posible el gobierno y la gestión compartida de bienes y servicios colectivos (2).

Esta alianza entre sociedad civil organizada y sector público, que es en parte heredera de los sistemas comunales (3) que han operado durante miles de años en pueblos y territorios de todo el mundo, es un modelo en auge y está presente cada vez en más ámbitos.

Muchas de estas iniciativas surgen como una respuesta a la crisis ecosocial, en busca de nuevos modelos institucionales más compatibles con la sostenibilidad medioambiental. Territorios, municipios y comunidades diversas están poniendo en práctica marcos de innovación democrática y formas cooperativas de gestión de aspectos tan esenciales como el agua, la energía, la vivienda, los cuidados, la alimentación o los espacio urbanos, entre otros.

El modelo público comunitario se presenta como una estrategia imprescindible y una condición para el éxito de la transformación de las sociedades, ya que nos ofrece un marco real para la reapropiación y soberanía sobre nuestros bienes comunes, abriendo así la posibilidad de hacer una nueva política económica (4).

Durante 2025 hemos estado desarrollando un programa de acompañamiento a Ayuntamientos en colaboración con la European Climate Foundation. Esta primera edición del programa de formación y acompañamiento ha buscado formar y dar una batería de herramientas a varias entidades locales para el abordaje de retos ecosociales desde una lógica colaborativa con el tejido comunitario y social del territorio. El programa se ha dirigido tanto a personal técnico como político de la escala local, y ha culminado en la definición de una hoja de ruta para iniciar, desarrollar e implementar procesos de Colaboración Público Comunitaria en cada contexto.

Fruto de este programa, publicamos ahora una “GUÍA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA AYUNTAMIENTOS y ENTIDADES LOCALES”; un documento que recoge los contenidos trabajados en este proceso y que quiere servir como un recurso de apoyo para Ayuntamientos y entidades públicas locales que quieran iniciar e impulsar procesos de Colaboración Público Comunitaria.

Arranca con una definición del marco conceptual, para pasar después a recoger una batería de buenas prácticas que muestran distintas escalas, niveles y estrategias de manera extensa. En la parte final de la guía se recogen herramientas y referencias que se han utilizado para el desarrollo del programa.

Se estructura de la siguiente manera:

Qué es la Colaboración Público Comunitaria (CPC), una aproximación. Este es un apartado más teórico donde intentamos definir y clarificar conceptos. A pesar de que la CPC no es una forma institucional fija, este modelo puede definirse por una serie de atributos o deseos compartidos que se recogen en este apartado.

Cómo abordar la Colaboración Público Comunitaria desde los gobiernos locales. Un apartado donde se recogen distintas buenas prácticas en profundidad: Pactos de Colaboración de Bologna; Cinturón Alimentario de Lieja; Patrimonio Ciudadano de Barcelona; Traídas Vecinales de Agua de Galicia; Hernani Burujabe; y el Matadero de Armentera.
La diversidad de casos que aquí se recogen quiere evidenciar que en lo que a las prácticas de CPC se refiere no existe un único modelo. Este catálogo quiere ilustrar maneras de hacer diversas que se pueden reproducir o pueden servir de ejemplo e inspiración en ámbitos y contextos distintos.

Algunas pautas para iniciar e impulsar procesos de Colaboración Público Comunitaria. Aunque cada entidad local debe elaborar su propia hoja de ruta, definir su propio modelo relacional y dotarse de instrumentos administrativos y jurídicos situados, estas estrategias locales sí que pueden ser guiadas por unas pautas y distintas herramientas. En este capítulo se facilitan unos principios básicos, primeros pasos y referencias metodológicas dirigidas a la administración pública.

La Colaboración Público-Comunitaria (CPC) propone un marco para el diseño, la prestación y la gestión de los recursos y servicios públicos basado en la participación activa tanto de las personas usuarias y prestadoras, como de los agentes comunitarios del territorio y de distintos sectores sociales. Este enfoque permite desarrollar modelos más ajustados a las necesidades reales de la comunidad y del territorio, contribuyendo así a mejorar la calidad, pertinencia y sostenibilidad de los servicios públicos y colectivos.

En lugar de proporcionar un conjunto de pautas a aplicar, esta guía pretende ofrecer algunas direcciones y pistas que puedan servir de apoyo a la administración pública en el desarrollo de su propio enfoque y estrategias adaptadas a la realidad local.

PARA ACCEDER A LA GUÍA AQUÍ

(1)Food systems in common. Council farms, agroecological food sovereignty, and public-common partnerships. Kai Heron; Bertie Russell; Keir Milburn. Abundance.
(2)Democratic and collective ownership of public goods and services. Exploring public-community collaborations. Transnational Institute.
(3)“Los comunes son instituciones sociales colaborativas que regulan recursos de propiedad colectiva. Se distinguen de la propiedad privada convencional con la que hoy estamos familiarizados pero también de la propiedad estatal o del acceso abierto sin ningún tipo de régimen de gestión colectiva. El tipo de propiedad o gestión colectiva que llamamos comunes era muy habitual antes del surgimiento del capitalismo, pero además, ha logrado sobrevivir en muchas sociedades modernas de todo el mundo”. Comuntopía. Comunes, postcapitalismo y transición ecosocial. Cesar Rendueles. Akal.
(4)L´ecologia dels béns comuns. Per una col·lectivització plural i ecológica de l´economía. Experiències a Catalunya. Laia Forné.

Fuente: Tipi

Coproducción de políticas públicas para la transición energética justa

Esta formación se centra en cómo las administraciones públicas pueden colaborar con la Economía Social y Solidaria para impulsar un modelo energético más democrático, sostenible y basado en el territorio.

Se abordarán herramientas para fomentar la colaboración público-comunitaria y fortalecer las capacidades de incidencia política y técnica en el desarrollo de políticas energéticas locales.

Segunda sesión del ciclo formativo del proyecto Coopublic, organizado por REAS Red de Redes, dedicado a sectores estratégicos para la acción público-comunitaria. Tras la primera sesión sobre vivienda, esta se centra en energía: «Coproducción de políticas públicas para la transición energética justa». La formación aborda cómo las administraciones públicas pueden colaborar con la economía social y solidaria para impulsar un modelo energético más democrático, sostenible y arraigado en el territorio, con foco en las comunidades energéticas y las herramientas para crearlas y gestionarlas desde lo público.

El ponente desarrolla el contexto de la transición energética y el cambio de paradigma de los combustibles fósiles a las renovables; el marco normativo europeo y estatal (las dos directivas de comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía, recogidas en la Ley del Sector Eléctrico); el autoconsumo compartido como herramienta; las motivaciones y condiciones para crear una comunidad; el papel de la entidad local como facilitadora y posible socia; y las novedades del reciente Real Decreto que amplía el radio del autoconsumo compartido a 5 km e incorpora competencias municipales en materia de comunidades energéticas. Cierra con un turno de preguntas de los asistentes.

Ponente: Alfonso García Márquez —PIZTU Cooperativa y Socio trabajador de la cooperativa Goiener (equipo de procesos internos; ha sido secretario y miembro de diversos órganos). Más de 35 años de trayectoria cooperativa. Impulsor de numerosas cooperativas y comunidades de energía desde el nacimiento de la red Unión Renovables.

Presentación y moderación: Susana (REAS Red de Redes).

Toda la información sobre Coopublic aquí: https://reas.red/coopublic/

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Coproducción de políticas públicas: Vivienda Cooperativa en cesión de uso.

Esta formación aborda cómo impulsar políticas locales de vivienda más justas, sostenibles y eficaces a través de la colaboración entre administraciones públicas y la Economía Social y Solidaria (ESS).

Primera sesión del ciclo formativo del proyecto Coopublic, organizado por REAS Red de Redes dedicado a sectores estratégicos para la acción público-comunitaria (vivienda, energía, finanzas y alimentación). Esta sesión, titulada «Vivienda cooperativa en cesión de uso: claves para las administraciones públicas», introduce el modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso y presenta herramientas concretas para impulsarlo desde las políticas públicas, partiendo del Manual de acción para la colaboración público-cooperativa. Tras el marco teórico (contexto de la crisis de vivienda, qué es el modelo y qué políticas públicas pueden impulsarlo: activación de la demanda, acceso al suelo, apoyo económico y medidas fiscales), distintas cooperativas exponen casos prácticos reales en todo el territorio: Madrid, Zaragoza, Valencia, Cataluña y Canarias.

Ponentes y proyectos:

Gloria Rubio Casas — Coordinadora de actividad de La Dinamo Fundaciò (cooperativismo de vivienda en cesión de uso en Cataluña) y parte de la Red Estatal. Modera y desarrolla el modelo y el manual de políticas públicas.
María Ríos Carballeira — Socia de Agrelar Consultora y de Seite Oitavas, miembro del Grupo Gallego de Vivienda Colaborativa. Introducción y marco general.
Coral Hernández — Presidenta de la cooperativa Cosmos (vivienda sénior en cesión de uso, Rivas, Madrid).
Anabel García Recio — Socia de A Cobijo y de La Replazeta, coordinadora del grupo de vivienda de REAS Aragón. Proyecto Acobijo (Zaragoza).
Julia Pineda Soler — Socia de Crearqció y de La Posta. Coordinadora de Domèstiques.
Yabel Pérez Moreno — Responsable de crecimiento y miembro del Consejo Rector de Sostre Cívic. Proyectos en Cataluña (Palamós y Manresa).
Bentejui Hernández Acosta — Socio de OFIC y Entrealicios. Proyecto Entrealicios (Tenerife, Canarias). Toda la información aquí: https://reas.red/coopublic/

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Sesión de asesoramiento para Administraciones Públicas

Desde REAS Red de Redes, en el marco del servicio gratuito de asesoramiento en contratación pública responsable que estamos realizando dentro del proyecto COOPUBLIC, ponemos en marcha una sesión específica sobre planificación y seguimiento en la contratación pública.

Este espacio de asesoramiento tiene como objetivo compartir herramientas, enfoques y orientaciones prácticas que ayuden a las AAPP a mejorar la planificación de la contratación, el seguimiento de los contratos y la organización de los procesos internos vinculados a la contratación pública.

La sesión será impartida por Marc Vilanova, de FACTO Cooperativa, y estará orientada al intercambio de experiencias y a la resolución de cuestiones concretas planteadas por las personas participantes.

Las plazas son limitadas. En caso de completarse el aforo, se habilitará una lista de espera para valorar la organización de nuevas sesiones de asesoramiento.

Actividad exclusiva para Administraciones Públicas.

Un trampantojo es una técnica pictórica para engañar a la vista mediante perspectivas, sombras, efectos ópticos y simulaciones. El pintor catalán Pere Bonell del Caso pintaba en 1874 Huyendo de la crítica, donde podemos ver a un niño saliendo del propio cuadro antes de que las críticas lo ataquen. Este simula no ser parte de la pintura cuando es su protagonista principal, tratando de escapar de la representación a la realidad.

Este cuadro viene a mi cabeza siempre que pienso en la cooperación público-privada, pues en términos culturales y económicos es uno de los mejores engaños a los que nos ha sometido el mercado. Una trampa basada en una colaboración restringida, movida por el interés mercantil, donde las instituciones corren con los principales riesgos (inversiones, cambios normativos, compromisos jurídicos…), se prioriza la participación de actores corporativos con elevado nivel de influencia, se externalizan los posibles efectos negativos (deterioro del servicio, subida de tarifas, precarización del empleo, falta de transparencia…) y, finalmente, se privatizan los beneficios.

La popularización de esta fórmula provoca disimuladamente que el mercado colonice nuestros imaginarios, las administraciones se vean prisioneras de este marco y las corporaciones terminen manejando el presupuesto público. El bueno de John Steinbeck solía decir que el ser humano es el único zorro que instala una trampa, le pone carnaza y luego mete la pata. Así que no debe sorprendernos que esta llamada a optimizar el funcionamiento del sector público haya coincidido con el aumento de la desigualdad social, el deterioro y privatización de los servicios públicos o la expansión de la precariedad y la inseguridad para proyectarse vitalmente hacia el futuro.

Solo quien sabe que está en medio de una trampa tiene mayores oportunidades de escapar. Hay que denunciar el trampantojo imponiendo un marco alternativo que lo retrate.

Cooperación público-comunitaria para democratizar la economía

Llamamos cooperación público-comunitaria a las políticas que suponen el desarrollo de marcos de colaboración estables y transparentes entre las administraciones y los tejidos sociales, guiados por la ausencia de ánimo de lucro y los principios de justicia, equidad, universalidad y sostenibilidad. En la práctica, se trata de construir una noción expandida de lo público basada en la apropiación social y el reconocimiento de nuevas modalidades de gestión que promuevan la participación de la ciudadanía.

Resulta imprescindible modelar un estatuto particular para defender y consolidar la cooperación público-comunitaria. Es preciso esbozar un marco que se diferencie de la cooperación público-privada, con la que una parte de la economía social y solidaria, el tercer sector y los tejidos asociativos acaba identificándose, ante la ausencia de alternativas claras para nombrar las dinámicas de colaboración que establecen con las instituciones. Y esta inercia se ve fortalecida por la inexistencia de categorías jurídicas específicas, la escasez de convenios de colaboración o fórmulas reconocidas de forma generalizada.

En una investigación que hemos elaborado recientemente desde el Foro Transiciones constatamos que los paternariados público-cooperativos sería una de las líneas clave para impulsar estos marcos; junto al refuerzo de las dinámicas de autoorganización vecinal y comunitaria, la gestión cívica de equipamientos y la promoción del enfoque pedagógico vinculado al Aprendizaje Servicio con las universidades.

Malos tiempos y buenas prácticas

Al pensar en el desarrollo de partenariados público-cooperativos parece que hubiera que realizar un enorme ejercicio de creatividad institucional para desarrollar mecanismos con los que fortalecer a la economía social y solidaria; cuando, para empezar, simplemente se trataría de ofrecer un marco diferenciado donde agrupar todas las herramientas existentes, demostrar un compromiso político y abrir la puerta a nuevas fórmulas de colaboración.

Resulta sorprendente la existencia de un enorme catálogo de herramientas que existen actualmente para desplegar estos mecanismos de colaboración en la esfera local. Las fórmulas legales existen pero se encuentran infrautilizadas debido a una falta de voluntad política. El desconocimiento técnico de muchas de estas posibilidades es más sencillo de corregir que la desgana para aplicarlas existente en muchos gobiernos

Y lo más importante es que no se trata de propuestas fantasiosas, sino que dispersas por toda nuestra geografía hay muchas experiencias inspiradoras. En el informe hemos sistematizado más de medio centenar de exitosas formas de colaboración entre administraciones públicas y tejidos sociocomunitarios.

Ateneos Cooperativos de Cataluña. Desde 2016, la Generalitat y el tejido cooperativo catalán han promovido en toda su geografía la creación de polos cooperativos entendidos como ecosistemas territoriales de cooperativas, asociaciones, fundaciones, sociedades laborales o agrupaciones sin personalidad jurídica y poner el acento en la acción económica mancomunada, colaborativa y el retorno comunitario. Hay 14 Ateneos repartidos por las distintas comarcas, donde participan en total más de 360 entidades.

Cooperativas Populares en Euskal Herria. Estructura socioeconómica diseñada para la promoción de proyectos y la prestación de servicios que un pueblo o barrio necesita. Con un predominio de la ciudadanía organizada, los agentes de la economía social y solidaria y las instituciones públicas se reúnen en ella con un objetivo común. Las administraciones pueden tener un máximo de un 50 % del capital de estas cooperativas. Las experiencias se han iniciado en poblaciones que sufren una situación de despoblamiento y/o escasez de servicios, ubicadas en zonas rurales (Goizueta, Usurbil, Azpeitia, Lizarra…). A través de un primer proyecto estratégico para la calidad de vida de la comunidad local, salvar la única tienda de alimentos, un mercado municipal o una gasolinera.

Hernani Burujabe. Una experiencia de planificación estratégica municipal participada con enfoque ecosocial, que aglutina al tejido económico, social y administrativo. Esta se basa en la construcción de soberanías en los campos que son estratégicos para la reproducción de la vida en común: moneda, energía, cuidados, biodiversidad, telecomunicaciones, alimentación, trabajo y vivienda. El objetivo es transferir poder y recursos para que se organice la ciudadanía en base a la planificación comunitaria y la gestión cooperativa, contando con la promoción pública. En torno a la iniciativa hay 16 organizaciones, personas voluntarias, técnicas municipales y empleadas de las cooperativas; implicando a 2.500 personas, muchas de las cuales son socias de las cooperativas generadas. comunidad energética, cooperativa de cuidados, moneda local, compra de tierras de cultivo, tienda de productos de proximidad…

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La profunda reorganización del funcionamiento de nuestras sociedades y de sus metabolismos sólo será viable en la medida en que se desarrollen estrategias colectivas, donde se enfatice la cooperación y la conflictividad creativa, huyendo de la mera confrontación entre instituciones públicas y sociedad civil.

Allí donde lo sencillo sería encontrar insuficiencias, carencias y defectos, el desafío es resaltar sus capacidades y adivinar las claves que pueden hacer de las pequeñas alternativas realidades más factibles, creíbles e inspiradoras. Tenemos la responsabilidad de ver el enorme árbol en la pequeña semilla. Difícil no es imposible.

** Este ámbito de actuación y las potencialidades de la cooperación cooproducción público-comunitaria será uno de los ejes de debate del próximo encuentro de Idearia que tendrá lugar en Pamplona del 8 al 10 de mayo. Más información aquí.

Un artículo de José Luis Fernández Casadavante, “Kois”, para Alternativas Económicas

Coproducción de políticas públicas para sistemas alimentarios sostenibles

Esta formación aborda cómo diseñar políticas alimentarias desde la coproducción entre administraciones públicas y la Economía Social y Solidaria. Se explorarán herramientas para fortalecer la colaboración público-comunitaria y reforzar la incidencia política y técnica en el desarrollo de sistemas alimentarios de proximidad, sostenibles y resilientes.

Contenidos clave:

• Sistemas alimentarios sostenibles y de proximidad
• ESS y soberanía alimentaria
• Políticas públicas locales en alimentación
• Experiencias y buenas prácticas

Dirigido a: Administraciones públicas y entidades de la ESS vinculadas al ámbito alimentario.

Objetivo: Impulsar políticas alimentarias más sostenibles, inclusivas y conectadas con el territorio.

Modalidad: Online
Fecha: Martes 16 de junio de 10.30 a 12h.
Duración: 1 hora y media.

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Esta actividad cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Coproducción de políticas públicas y financiación con impacto social

Esta formación explora cómo integrar las finanzas éticas en la acción pública mediante la colaboración entre administraciones y entidades de la Economía Social y Solidaria. Se trabajarán herramientas para incorporar criterios de impacto social, sostenibilidad y transparencia en la financiación pública, reforzando las capacidades de incidencia política y técnica.

Contenidos clave:

• Principios de las finanzas éticas
• Instrumentos financieros con impacto social
• Incorporación de criterios éticos en la contratación y financiación pública.
• Casos prácticos.

Dirigido a: Personal de administraciones públicas y entidades de la ESS interesadas en modelos financieros alternativos.

Objetivo: Promover políticas públicas que integren criterios éticos en la financiación.

Quién imparte la formación: FETS – Finançament Ètic i Solidari.

Modalidad: Online.
Fecha: 9 de junio de 10.30 a 12h.
Duración: 1 hora y media.

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Esta actividad cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Coproducción de políticas públicas para la transición energética justa

Esta formación se centra en cómo las administraciones públicas pueden colaborar con la Economía Social y Solidaria para impulsar un modelo energético más democrático, sostenible y basado en el territorio. Se abordarán herramientas para fomentar la colaboración público-comunitaria y fortalecer las capacidades de incidencia política y técnica en el desarrollo de políticas energéticas locales.

Contenidos clave:

• Transición energética desde la ESS
• Comunidades energéticas
• Instrumentos públicos de impulso
• Experiencias de colaboración público-comunitaria

Dirigido a: Administraciones públicas y entidades de la ESS interesadas en el ámbito energético.

Objetivo: Impulsar políticas públicas que favorezcan modelos energéticos más sostenibles y participativos.

Modalidad: online.
Fecha: Martes 19 de mayo de 10.30 a 12h.
Duración: 1 hora y media.

INSCRÍBETE EN ESTE ENLACE

Esta actividad cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Coproducción de políticas públicas en vivienda desde la Economía Social y Solidaria

Esta formación aborda cómo impulsar políticas locales de vivienda más justas, sostenibles y eficaces a través de la colaboración entre administraciones públicas y la Economía Social y Solidaria (ESS).

Objetivo general

Fortalecer las capacidades de incidencia política y técnica para impulsar la colaboración público-cooperativa en políticas locales de vivienda.

Objetivos específicos.

• Presentar el Manual de acción para la colaboración público-cooperativa.
• Compartir claves para la incorporación del modelo en políticas públicas municipales.
• Visibilizar experiencias reales en diferentes territorios del Estado.
• Generar un espacio de reflexión orientado a la acción para personal técnico y político.

Dirigido a: Personal técnico y responsables políticos de administraciones públicas, y entidades de la ESS especialmente vinculadas al ámbito de la vivienda.

Modalidad: online.

Fecha: Martes 12 de mayo de 2026.

Duración: 1 hora y media.

INSCRÍBETE EN ESTE ENLACE

Esta actividad cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Durante la semana del 22 de septiembre se celebra el Día Europeo de las Comunidades Sostenibles, una jornada impulsada por ECOLISE desde hace 9 años que reconoce el papel de las comunidades locales en la sostenibilidad, la acción climática y la regeneración ecosocial.

Desde Ecorredes participaremos en este evento con la celebración de un encuentro online con una mesa redonda y un diálogo abierto en torno a las preguntas:

¿Cómo las Administraciones Públicas pueden aprender de los procesos comunitarios y favorecerlos?

¿Cómo las iniciativas comunitarias pueden aprender a comunicarse con las distintas escalas de las Administraciones Públicas?

El evento tendrá lugar el próximo 24 de septiembre, de 12 a 14 horas.

Contamos con un interesantísimo panel de personas invitadas a la mesa redonda, con:

• María Sintes, en representación de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
• Nuria Albet, de la iniciativa comunitaria Energía Bonita en La Palma.
• Francisco García, Alcalde del municipio de Almócita (Almería) en representación de la iniciativa Almócita en Transición.
• Juan del Río, en representación de ECOLISE.

Será una oportunidad para dialogar entre instituciones y comunidades, y las claves de la conversación las llevaremos a un Encuentro Europeo sobre Políticas Públicas y Comunidades en Bruselas el próximo mes de noviembre.

👉 Descubre más e inscríbete al evento

Divendres 17 de novembre de 2023 va tenir lloc a l’Ateneu l’Harmonia de Barcelona la ‘Jornada d’autodefensa col·lectiva davant les administracions públiques. Com ens organitzem enfront la inseguretat jurídica?’, convocada per les Xarxes Locals d’Economia solidària de Barcelona (XES Barcelona). Van assistir a aquesta trobada una trentena d’entitats de l’economia social i solidària de la ciutat, principalment entitats de les xarxes locals de la XES, de la Xarxa d’Espais Comunitaris (XEC) i de la Plataforma de Gestió Ciutadana (PGC).

La jornada es va iniciar amb una una sessió de teràpia col·lectiva on es van compartir els greuges i males pràctiques de l’administració pública que pateixen les entitats que gestionen béns i serveis d’interés comú amb finançament públic. En aquest sentit, es va detectar clarament un problema de fons i estructural: hi ha una situació d’inseguretat jurídica continuada en aquesta relació entre l’economia social i solidària i l’administració. Les entitats d’ESS són qui posen l’esforç, l’expertesa i l’arrelament per proveir serveis amb un alt valor social i una mirada comunitària, però es veuen obligades a fer-ho en condicions precàries, d’incertesa econòmica i financera i inclús d’arbitrarietats tècniques i maltractament per part de l’estructura administrativa. El resultat és el sobreesforç, l’esgotament i la precarització de les entitats d’ESS, un maltractament que no està justificat quan es tracta de diners públics i serveis públics proveïts per una economia que posa les persones al centre. A continuació va tenir lloc una sessió de consultori obert amb Jordi Via (fundador de la XES i primer Comissionat d’ESS de l’Ajuntament de Barcelona) i Jesús Carrión (Col·lectiu Ronda), qui van assessorar a les entitats participants des de la seva experiència dins de l’administració i pel que fa a les possibles respostes jurídiques que tenen al seu abast.

La segona part de la jornada va entrar en el terreny de definir propostes concretes i buscar una estratègia conjunta per confrontar aquests greuges i aquesta situació d’inseguretat jurídica continuada. Es van interncanviar experiències de com gestiona aquests desafiaments cada entitat i es van començar a pensar i dissenyar mecanismes d’autodefensa col·lectiva, com ara la creació de recursos mancomunats de resposta jurídica i altres eines de reivindicació conjunta i intercooperació per donar respostes col·lectives i de suport mutu a la situació. També es va acordar donar continuïtat a aquest espai de trobada en els propers mesos sota l’impuls i la coordinació de XES Barcelona.

Si esteu interessades a participar en les següents trobades d’aquest espai d’autodefensa col·lectiva, podeu escriure a barcelona@xes.cat.

El próximo 18 de Octubre de 12 a 13.30h tendrá lugar el Foro Online sobre Contratación Pública Responsable: “Nuevos hitos en la reserva de contratos”

Esta sesión forma parte del Ciclo de foros de Contratación Pública Responsable y Economía Social y Solidaria: “Nuevas oportunidades y retos tras los cinco años de la entrada en vigor de la LCSP” que estamos organizando desde REAS Red de Redes.

Objetivos de la sesión

Desde REAS Red de Redes y, en concreto, desde el grupo de trabajo de contratación pública responsable, organizamos este ciclo de Foros con el objetivo de ofrecer un espacio de formación y encuentro en torno a aspectos técnicos y prácticos de la contratación pública responsable como son la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en los pliegos de compra y contratación de las administraciones, la reserva de mercados a entidades de la Economía Social o los hitos importantes en las licitaciones públicas que permiten el avance hacia una contratación pública más responsable.

A quién va dirigido

Este Ciclo de Foros está dirigido al personal técnico y políticos de las entidades y organismos del sector público, personas de las redes y empresas de la Economía Social y Solidaria así como Agentes sociales (sindicatos, ONGD, Asociaciones, etc.).

En este enlace puedes acceder a toda la información

ACCEDE directamente al FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Esta sesión será grabada y se subirá posteriormente al canal de youtube de REAS Red de Redes

Para la realización de esta actividad se ha contado con la colaboración del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Desde REAS Red de Redes promovemos una contratación que esté guiada por criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental. Las condiciones de trabajo dignas, el respeto a los derechos humanos, la inclusión de colectivos desfavorecidos, el respeto al medio ambiente o la igualdad de género son algunos de los valores que pueden garantizarse a través de la inclusión de los criterios sociales y medioambientales en la contratación. En otras palabras, apostamos por la contratación y compra pública responsable para conseguir objetivos sociales y ambientales comunes.

Para ello, es necesario pasar de una contratación instrumental a los procesos de licitación a una contratación estratégica, un cambio de praxis que las administración públicas deben asumir y liderar. Conscientes de la trascendencia de la contratación como instrumento para la mejora del entorno, creemos fuertemente en la colaboración con los entes y entidades públicas para acompañar e impulsar este cambio y la mejora de los procesos de contratación, a través de la formación, el intercambio de información y el seguimiento. En este sentido, desde REAS Red de Redes llevamos años realizando acciones para promover una contratación pública responsable desde la óptica de la Economía Social y Solidaria.

Con este ciclo de foros realizado por personas expertas en contratación pública responsable pretendemos seguir avanzando y profundizando en aspectos técnicos y prácticos para facilitar la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en los pliegos de compra y contratación pública y abordar los principales hitos y novedades en temas como las reservas de mercado o las licitaciones, todo ello desde una mirada retrospectiva a los últimos cinco años tras la entrada en vigor en 2018 de la LCSP.

A quién va dirigido

Este Ciclo de Foros está dirigido al personal técnico y políticos de las entidades y organismos del sector público, personas de las redes y empresas de la Economía Social y Solidaria así como Agentes sociales (sindicatos, ONGD, Asociaciones, etc.).

Programa de los Foros

• 1º FORO 21 de Septiembre de 12 a 13.30h
• 2º FORO 18 de Octubre de 12 a 13.30h
• 3º FORO 9 de Noviembre de 12 a 13.30h

Accede a más información e inscripciones aquí

Para la realización de esta actividad se ha contado con la colaboración del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El próximo 21 de septiembre de 12 a 13.30h  tendrá lugar el Foro Online sobre Contratación Pública Responsable: “Acercamiento a la contratación pública responsable: Inclusión de criterios sociales y ambientales”

Esta sesión forma parte del Ciclo de foros de Contratación Pública Responsable y Economía Social y Solidaria: “Nuevas oportunidades y retos tras los cinco años de la entrada en vigor de la LCSP” que estamos organizando desde REAS Red de Redes.

Objetivos de la sesión

Desde REAS Red de Redes y, en concreto, desde el grupo de trabajo de contratación pública responsable, organizamos este ciclo de Foros con el objetivo de ofrecer un espacio de formación y encuentro en torno a aspectos técnicos y prácticos de la contratación pública responsable como son la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en los pliegos de compra y contratación de las administraciones, la reserva de mercados a entidades de la Economía Social o los hitos importantes en las licitaciones públicas que permiten el avance hacia una contratación pública más responsable.

A quién va dirigido

Este Ciclo de Foros está dirigido al personal técnico y políticos de las entidades y organismos del sector público, personas de las redes y empresas de la Economía Social y Solidaria así como Agentes sociales (sindicatos, ONGD, Asociaciones, etc.).

En este enlace ya está disponible más información sobre la primera sesión

ACCEDE directamente al PROGRAMA y al FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Esta sesión será grabada y se subirá posteriormente al canal de youtube de REAS Red de Redes

Para la realización de esta actividad se ha contado con la colaboración del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Es necesario seguir reclamando una mejora laboral para los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo. Vivimos y somos parte de un sistema levantado sobre la pobreza y la explotación de las personas más vulnerables, cuya situación se ha visto agravada por la pandemia de la Covid-19.

Las prácticas laborales en sectores como el textil, la alimentación o la electrónica están todavía lejos de cumplir los estándares necesarios para garantizar unas condiciones de vida dignas de las personas que trabajan en ellas. Mientras que las empresas transnacionales se lucran, miles de personas, mayoritariamente mujeres, trabajan en condiciones de esclavitud: jornadas de 14 horas, salarios de miseria, carencia de las mínimas condiciones de seguridad en las fábricas y restricciones a la hora de organizar se colectivamente para poder exigir unas condiciones laborales dignas. Estas industrias globales se fundamentan en la subcontratación de la producción en fábricas de países de bajos ingresos que carecen de sistemas de protección social, o si los tienen son insuficientes, y con normativas en materia de derechos humanos poco estrictas. Este sistema permite a las grandes empresas trasladar la responsabilidad y coste del cumplimiento de las normas de protección de derechos humanos, laborales y medioambientales a sus proveedores. Un mismo proveedor puede trabajar para diferentes marcas, que a su vez pueden subdividir su producción en infinidad de proveedores haciendo difícil saber quién produce dónde, y quién trabaja para quién.

Desde las administraciones públicas se compran productos de todos los sectores de actividad (infraestructuras, electrónica, alimentación, limpieza, textil, etc.) y ciclos de vida que van mucho más lejos del territorio estatal. Debemos exigir mejoras de las condiciones laborales para las personas que fabrican los productos que consumimos, sea donde se fabriquen. Es hora de que nos responsabilizamos de las condiciones de producción aunque estén fuera de nuestras fronteras.

El poder de la compra pública

En Cataluña, desde 2012, se está avanzando en un proceso que está permitiendo a administraciones públicas, organizaciones de justicia global y universidades, dar continuidad a la iniciativa social que busca incorporar la compra pública ética como prenda imprescindible para la coherencia de políticas en el ámbito de las administraciones: el Grupo de Compra Pública Socialmente Responsable. Es importante hacer llegar el mensaje a las empresas y que sepan que sus compradores, sean individuos o administraciones públicas, se preocupan por las condiciones en las que se producen sus compras. Incluir cláusulas ambientales, sociales y de gobernanza, y aumentar la transparencia de los procesos de contratación, puede ayudar a reducir los impactos negativos asociados a la compra y contratación públicas.

Más allá de lo que podamos hacer la sociedad civil para denunciar este sistema abusivo, y exigir que se pare la impunidad del poder corporativo a través de distintos mecanismos, las administraciones públicas tienen también capacidad para cambiar esta realidad. En todo el mundo, la compra que se realiza por parte de las administraciones públicas representa un gasto de más de 1.000 millones de euros anuales, que representa el 14% del PIB. En España, representa un 18,5% del PIB total. Es evidente con estas cifras que la compra pública tiene un gran potencial como mecanismo para promover el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales y la coherencia de políticas.

Los retos son grandes. Tal y como pone de manifiesto el informe elaborado por la Clean Clothes Campaign “Pongamos la Justicia de Moda”, las iniciativas no vinculantes legalmente y los compromisos voluntarios de las marcas, no protegen los Derechos Humanos de las personas trabajadoras ni consiguen hacer justicia. De hecho, cuando se cumplen ya casi los 10 años desde la adopción de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP), ha quedado demostrado que la dependencia de un marco voluntario ha resultado insuficiente e ineficaz para proteger los derechos humanos de los impactos adversos de las conductas empresariales.

Tal y como declara Muriel Treibich, de la Oficina Internacional de la Campaña Ropa Limpia, «Hacemos un llamamiento a los responsables políticos para que adopten un enfoque global. Los requisitos de diligencia debida en materia de derechos humanos deben abarcar toda la cadena de valor, incluidos los sistemas de trabajo semiformal e informal, así como la subcontratación no oficial y el trabajo a domicilio. Además, solicitamos mecanismos claros de aplicación, sanciones adecuadas y exigencias de responsabilidad civil y penal. Las personas trabajadoras cuyos derechos sean violados tendrán acceso a un recurso efectivo. También pedimos una transparencia obligatoria y otra serie de medidas complementarias».

Estas y otras demandas forman parte de las aportaciones que hemos realizado organizaciones de la sociedad civil como la Plataforma por Empresas Responsables, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo o la campaña Ropa Limpia Internacional en la consulta pública previa del Anteproyecto de ley de protección de los derechos humanos de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales, el pasado mes de marzo. La ley de diligencia debida propuesta por la Comisión Europea para acabar con la impunidad empresarial y obligar a las empresas de la UE a respetar los Derechos Humanos a lo largo de toda su cadena de suministro, es esencial para garantizar una conducta empresarial responsable respetando derechos humanos y asegurando que las víctimas de abusos empresariales tengan acceso a justicia y reparación. Sin embargo, consideramos que la propuesta de ley de diligencia debida se queda corta en varios aspectos que serían necesarios tener en cuenta al redactar la norma, para evitar que se reduzca su alcance.

Las propuestas han ido desde la importancia de reducir el rango estipulado en lo referente al tamaño de las empresas afectadas por la ley, hasta consideraciones sobre cómo facilitar la prevención y la reparación de abusos laborales cuando éste se han cometido fuera de las nuestras fronteras y teniendo en cuenta que, como ya hemos comentado anteriormente, la falta de transparencia hace que la propia trabajadora pueda desconocer para qué transnacional está en última instancia trabajando. Es necesario, por tanto, abordar los problemas de cómo probar los hechos y cómo reclamar compensación. Como Kan Matsuzaki, Secretario General Adjunto de Industrial Global Union explicó “Hay que implicar a los propios trabajadores y trabajadoras en la diligencia debida. Sin los sindicatos no puede aplicarse la diligencia debida”. Las voces de las personas trabajadoras deben ser escuchadas para saber cuál es la realidad en las fábricas donde trabajan y para poder dar seguimiento.

Creemos que la compra pública puede tener un papel esencial en la aplicación de esta ley y el proceso comienza por reclamar a las empresas trazabilidad y transparencia, aumentar el diálogo con los proveedores a través, por ejemplo, de consultas previas de mercado, y implementar medidas de seguimiento de contratos con iniciativas como Electronics Watch, organización independiente de monitorización que facilita el seguimiento de la producción a través de socios en los países de producción. Tal y como comenta Kristin Tallbo, estratega de sostenibilidad de la Central de Compras de Adda en Suecia “Los compradores públicos están obligados a supervisar el objeto del contrato, esto implica que las declaraciones generales de las marcas no son de valor para nosotros. Debemos ser capaces de seguir el objeto de la contratación, el producto en sí, así que necesitamos conocer la dirección de la fábrica y el informe exacto de auditoría de esta fábrica“. El intercambio de experiencias y de lecciones aprendidas entre unidades de contratación de administraciones públicas de diferentes países será clave para conseguir un sistema más justo para todas las personas trabajadoras tanto del Sur como del Norte Global. Para saber más, no se pierdan los seminarios online que organiza Electronics Watch sobre diligencia debida y compra pública.

Por otro lado, es interesante poner de relieve el trabajo que se lleva a cabo en este sentido desde las empresas de la Economía Social y Solidaria. Como cada primavera, se lanza la campaña estatal #Revela tus principios: Haz Auditoría y Balance Social para poner en valor los principios que guían sus prácticas empresariales. Podemos profundizar así en las prácticas que llevan a cabo las empresas de la ESS no sólo en materia de transparencia y compromiso de mejora, sino también de cara al creciente reconocimiento de las Administraciones de este tipo de herramientas y prácticas.

La Federación Aragonesa de Solidaridad ha lanzado campaña para promocionar entre las Administraciones Locales aragonesas la Compra Pública Ética y el Comercio Justo.

La compra pública representa alrededor de 18% del producto interior bruto de la Unión Europea y España, y se concentra en mayor medida en las Administraciones regionales y locales, que tienen una enorme influencia en el mercado y el entorno.

El Comercio Justo contribuye de manera decisiva al avance de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y comparte no solo su finalidad sino también su perspectiva integral y la necesidad de crear alianzas. Ahora más que nunca debemos tener en cuenta el Comercio Justo como herramienta activa para el desarrollo de los países más empobrecidos que están sufriendo la crisis de la pandemia de manera severa.

Se ha elaborado un díptico informativo donde se muestra información de interés para introducir y acompañar en el conocimiento sobre el Comercio Justo y la importancia de incluirlo en la compras y licitaciones que las diferentes Administraciones Locales aragonesas realizan habitualmente.

El folleto también puede descargarse en aragonsolidario.org.

Artículo de Amanda Ortega y Onditz Portabella Equipo de compra pública de Opcions

La Compra Pública y el consumo en épocas navideñas son conceptos aparentemente muy alejados. Esta afirmación surge casi de forma automática, y es que, de manera natural, la compra pública está pensada para no caer en el consumo impulsivo típico, que no exclusivo, de la época navideña.

La sociedad del consumo nos induce a comprar en cualquier momento del año y la Navidad es uno de sus mayores reclamos: cada vez un poquito antes, cada vez un poquito más. Con el pistoletazo del Black Friday, seguido del CyberMonday, se nos invade de reclamos publicitarios que nos seducen con bienes y servicios que se presentan como oportunidades imposibles de rechazar.

¿Es la administración pública y su compra ajena a todos estos impulsos?

La administración pública no puede, ni debe, responder a necesidades cortoplacistas, sino que más bien se rige por la racionalidad y la planificación. Hay una identificación de necesidades y se lleva a cabo una previsión, es decir que podríamos afirmar que se trata de una compra proactiva. Siendo así, deberíamos suponer que el consumo de las administraciones públicas es más estable, independiente de la época del año en la que se realice la compra del bien o servicio.

Sí que consume bienes y servicios de tipo navideño, como por ejemplo, la iluminación de la ciudad, el montaje y desmontaje de adornos navideños, campañas de sensibilización específicas u otros productos y servicios afines. Podría ser interesante observar la evolución del gasto público en este tipo de compras, valorar si en los últimos años ha habido un aumento en el gasto que acompañe la vorágine consumista que nos consume como sociedad. Más luces, más adornos, más actividades programadas, etc. Actualmente, no se dispone de un estudio similar que evalúe este gasto, tanto en cantidad de contratos como en volumen de dinero dedicado a ello, así como el nivel de criterios sociales, ambientales y éticos incluidos en los mismos, que nos permita considerar la celebración de unas fiestas con criterios de sostenibilidad.

El acto de consumir individualmente no debe responder ante nadie, cada uno utiliza su dinero como quiere o como puede. En el caso de la administración pública, hablamos de dinero público, del dinero de tod@s y cada acto de compra de bienes o servicios está sujeto a un marco legal estricto (desde normativas europeas a instrucciones locales) para evitar actos arbitrarios discrecionales y poder justificar los gastos realizados ante la rendición de cuentas pública a la que debe someterse el consumo de la administración pública.

Por lo tanto, la compra pública no debería estar sujeta a las modas y las tendencias observadas en otras administraciones, ni a la presión de grandes campañas publicitarias, sino que las políticas públicas nacionales e internacionales deberían ser el eje motriz de dicho gasto, Así, un ejemplo sería el de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el que la meta 12.7 (ODS 12) explicita la promoción de prácticas de adquisición pública que sean sostenibles como base para la consecución de la Agenda 2030.

De hecho, esta necesidad de incorporar criterios de sostenibilidad en la compra pública tiene un punto de inflexión en España con la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 (LCSP) que incorpora los requisitos establecidos en las directivas europeas de contratación del año 2014. Esta normativa detalla, entre otras consideraciones, cómo toda contratación pública deberá incorporar de manera transversal y preceptiva criterios sociales y ambientales que valoren todo el ciclo de vida de los productos y servicios a contratar. Pero, como ocurre habitualmente, la ley, aunque necesaria, no es suficiente para asegurar un cambio de hábitos en la forma de contratar, tanto en épocas navideñas como durante el resto del año. La incorporación de criterios sociales, ambientales y éticos requieren de una mayor inversión en recursos humanos y económicos, así como de la voluntad política para aprovechar el potencial que el marco legal permite, tal y como se recoge en el artículo Compra Pública: un buen tomate!

El papel de la administración pública y la valoración de las necesidades

Cierto es que los regalos inmateriales son cada vez más habituales, unas entradas para el teatro, un paseo con cafecito al sol, una tarde en el parque, etc, reduciendo así la presión sobre los recursos naturales de cualquier producto material. Pero aún está muy arraigada la compra de regalos, sean del Tió de Nadal/Olentzero, de Santa Claus, de los Reyes Magos o en su defecto de un amigo invisible del trabajo, del grupo de amistades o del gimnasio. Bufandas, calcetines, guantes y gorros por doquier hasta llegar a los pongos, aquello que tu no querrías, pero que se acaba regalando. Entre campañas de marketing y seguir la rueda social en estas fiestas entramos en una dinámica consumista poco racional, y sobretodo, que genera impactos ambientales, sociales y de carácter ético significativos.

La respuesta a la pregunta sobre la necesidad es complicada. La necesidad inducida cultural y socialmente hace casi imposible escapar del consumo, pero no se debe tampoco demonizar cualquier tipo de consumo, puesto que vivir sin consumir es prácticamente imposible, pero consumir conscientemente puede ser altamente sencillo siempre que dispongamos de la voluntad, las herramientas, y los recursos e información necesarios.

La compra pública de bienes y servicios está sujeta a un análisis de necesidades que debe ser justificado. Es la primera pregunta que nos debemos hacer para realizar un consumo consciente, y a su vez resulta un ejercicio prácticamente ausente en la mayoría de las acciones de consumo sometidas a la presión de la publicidad y la urgencia.

Aún así, como hemos ido viendo, la administración pública deberá proveer de algunos bienes y servicios durante estos días. No se puede decir tampoco que estas acciones de consumo resulten de una decisión impulsiva si no de la planificación a tiempo vista para poder seguir los procedimientos de contratación pública. Procesos de tramitación que son considerados de manera general lentos, pero, aquí, el tiempo y la lentitud juega a favor del consumo consciente.

Las alternativas siempre existen, sólo hay que encontrarlas… De regalar un pongo a regalar un masaje existe un amplio margen de posibilidades, de igual modo que ocurre en el caso de las administraciones públicas, especialmente en lo que se refiere a la promoción de otro tipo de consumo entre la ciudadanía. Este es el caso, por ejemplo, de la VI Feria de Consumo Responsable y de Economía Social y Solidaria de la ciudad de Barcelona, un ejemplo de cómo es posible crear sinergias y hacer visible este cambio de paradigma hacia un consumo consciente aprovechando las tendencias de consumo navideño.

Vemos cómo la administración pública sí que lleva a cabo un consumo relacionado con la Navidad, pero sus actuaciones no son neutras, forman parte de una política estratégica transversal, y puede no sólo demostrar la racionalidad en el consumo vinculada a la justificación de las necesidades, sino que también cuenta con herramientas para potenciar impactos positivos en sus acciones de compra y contratación.

Podemos por lo tanto, aprender y valorar positivamente la lentitud de la administración pública como un atributo clave para la inclusión de consideraciones sociales, ambientales y éticas en la compra y la contratación pública. Pero es cosa de tod@s continuar trabajando para obtener el mayor rendimiento y quizás así, facilitar nuestras opciones de consumo consciente a nivel individual, tanto para momentos como la época festiva en la que nos encontramos, como para el consumo más importante que llevamos a cabo durante el resto del año.

Felices fiestas a tod@s!

Este jueves 29 de octubre a las 12h se realizará un evento en abierto en donde se podrán escuchar las conclusiones del Foro de Movimientos Sociales que viene trabajando desde hace dos semanas en propuestas enmarcadas en la #Agenda2030. En el acto participarán el Vicepresidente Segundo del Gobierno Pablo Iglesias, y Ione Belarra, Secretaria de Estado para la Agenda 2030.

Desde REAS Red de Redes hemos participado en varios grupos de trabajo aportando nuestras propuestas en materia de políticas públicas en ámbitos como los cuidados, la vivienda colaborativa y la transición ecológica

“Llevo 4 meses sin cobrar el ERTE. Ninguna persona de los teléfonos a los que llamo me sabe responder porque los protocolos diseñados ni sirven ni se revisan”. La Soledad No Deseada (SND) Institucional es la experiencia provocada por una ausencia, abandono, omisión o negación de apoyo por parte de las Administraciones Públicas a la hora de asegurar el acceso a derechos tanto básicos como específicos, necesarios para la vida. Desde la Economía Social y Solidaria, el enfoque para su abordaje debe ser profundamente comunitario. Un artículo de Lourdes Jiménez y Sandra Candelas (Grupo Cooperativo Tangente) publicado en nuestro blog en El Salto Diario.

La soledad no deseada sigue percibiéndose como una experiencia a la que resignarse, provocada por una situación negativa como perder a un ser querido, ser migrante, mayor, ser leída como persona con discapacidad… Una especie de “destino inevitable” que aísla, margina, desvincula y deteriora la salud física y emocional.

Está visión impide analizar la soledad y otros malestares de la vida cotidiana como problemas profundamente determinados por la estructura social, política y económica en la que vivimos, sostenida sobre múltiples desigualdades: Capacitismo, productivismo, clasismo, racismo, sexismo, edadismo o heterosexismo.

NORMALIZACIÓN DE VIOLENCIAS ESTRUCTURALES QUE CAUSAN SOLEDAD: EJEMPLOS

• Como empleada del hogar solo tengo 2 horas libres al día, normalmente por la noche, así que es muy difícil mantener amistades, vínculos…
• No puedo buscar trabajo porque no cuento con un lugar o centro gratuito para que cuiden a mis hijas al menos un par de horas.
• Como madre de una persona con parálisis cerebral, recibo muy pocas ayudas que puedan asumir el coste de los tratamientos, apoyos técnicos o que me permitan tener tiempo libre.
• Como desempleado de larga duración, sé que voy a tener que asumir cualquier condición laboral si quiero ganar algo de dinero.
• Todos los días realizo un trayecto de casi dos horas para ir a mi trabajo, por lo que salgo muy temprano de casa y vuelvo por la noche a mi barrio.
• Sabemos que muchos menores del centro no han podido continuar con las clases durante la COVID19 porque no cuentan con medios tecnológicos en su casa.
• Como persona con lectura de discapacidad no puedo realizar una vida como la del resto, porque el entorno no es accesible.
• Este barrio está lleno de servicios de hostelería porque solo está pensado para el turismo y no cuenta con comercios de primera necesidad a precios asequibles.

La persistencia de estas violencias estructurales y la naturalización de los malestares que genera, regula aspectos básicos como las oportunidades, los derechos y los recursos para cada persona y grupo social concreto, a través de un sistema que premia la capacidad o éxito individual. Sin embargo, al existir factores sociales, políticos y económicos detrás de las soledades, el objetivo no puede ser cambiar solo a las personas, sino a la estructura.

LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL DE LA SOLEDAD

De esta forma, analizar la soledad y el aislamiento social desde un enfoque psicológico o relacional, sin tener en cuenta la dimensión institucional es un profundo error. Es sabido que el Estado de Bienestar ha sido organizado para que la mayor parte de los apoyos instrumentales y emocionales recaigan en los servicios públicos o privados. No obstante, estos servicios y profesionales determinan cuáles son los perfiles, canales y protocolos para acceder a los recursos y no siempre son accesibles, transparentes o dignos para las personas y su entorno. Aquí algunos ejemplos:

• Llevo 4 meses sin cobrar el ERTE. Ninguna persona de los teléfonos a los que llamo me sabe responder porque los protocolos diseñados ni sirven ni se revisan.
• Las valoraciones de dependencia no tienen en cuenta múltiples situaciones cotidianas del entorno de la persona analizada.
• Pese a las medidas legislativas, los entornos siguen sin ser accesibles a la diversidad funcional, por lo que por mucho que yo quiera, no puedo tener una vida considerada normal.
• Para evitar conflictos, en mi instituto nunca se habla de sexualidad y diversidad, por lo que tengo que callar mi orientación para no recibir insultos.
• Las redes vecinales nos vemos desbordados porque los servicios sociales no se han reforzado para atender necesidades de alimentación, guardería, vivienda…pese a las numerosas peticiones.
• Pese a todas las quejas vecinales, las casas de apuestas siguen creciendo en los barrios más pobres.

En la actualidad, la experiencia de democracia es más patente a la hora de recibir exclusiones y desigualdades, que buenos tratos y derechos universales. Esto provoca que cada vez más personas (usuarias y trabajadoras de servicios públicos) se sientan solas a la hora de acceder o cumplir con sus derechos y obligaciones. Es necesario, por tanto, un cambio en la manera de entender y hacer lo “Público”, de hacer “Buen Gobierno”:

ENFOQUE COMUNITARIO: ENFOQUE DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Desde los preceptos de la economía social y solidaria (ESS), la perspectiva de trabajo para abordar la soledad no deseada es profundamente comunitaria, a través del impulso de redes de apoyo informales, dándoles la importancia que merecen, sin excluir el resto de recursos, tanto formales como asistenciales.

Potenciar el sentimiento de comunidad, trabajando desde la cooperación y el apoyo mutuo frente a la competitividad, tal y como hace la economía solidaria, es una de las principales estrategias para abordar la soledad no deseada e impulsar el bienestar social.

El impulso de la autogestión y el fomento de la autonomía en la construcción de redes de apoyo mutuo provocan una menor dependencia de unos recursos que, con el tiempo y por diferentes causas, pueden desaparecer o fallar.

Las ilustraciones pertenecen a Grupo Tangente. El artículo en su fuente original está en https://www.elsaltodiario.com/mecambio/sentir-soledad-cuando-el-sentimiento-lo-causa-la-administracion-.

Convencidas de que la autogestión, lo colectivo, lo comunitario, aquello que aglutina a un territorio de una forma integral en su cuidado y desarrollo es la vía por la que queremos andar, nos surgen algunas dudas.

Cuando lo colectivo, cooperativo o lo comunal atiende a los que participan de esa colectividad ¿qué ocurre con los que no están dentro de la misma? Todas sabemos que una cooperativa de trabajo se crea al servicio de sus trabajadoras, que una mutualidad está al servicio de las mutualistas y así va ocurriendo lógicamente con cada una de la vías de colaboración que enmarcan el quehacer de muchas personas que confiamos en estos modelos. Sin embargo, no podemos dejar de ver en ellos un modelo endogámico por muy superiores que puedan ser éstos frente a modelos que también participan de la endogamia pero además lo hacen dentro de la economía del egoísmo.

Los modelos colectivos aportan diferencias sustanciales frente a los individuales pero quizá una especial es la propiedad de la herramienta. El medio que creamos es un medio que no es de un individuo o entidad sino de esa colectividad, todas somos participes de lo que allí se hace, produce y se tiene. No es lo mismo un huerto solar propiedad de una persona que el mismo huerto propiedad de la comunidad que consume esa energía. La gestión de la propiedad colectiva, que tiene largos años de historia: tierras comunales, concejalas y hacenderas en los medios rurales, etc. fue perdiendo peso frente a la gestión de la propiedad privada individual. Espacios y realidades como el cooperativo, mutualidades, montes de socios, … han resistido dando noticia de las bondades del modelo.

Pensar en un modelo integral, en aquel que no deje a nadie fuera, donde el vulnerable tenga la misma posibilidad de ser parte, que realmente sea inclusivo, tiene ya una realidad y un nombre LO PÚBLICO. Nuestra obligación es, desde ese modelo colectivo de implicación, compromiso y propiedad, construir el mayor de los comunes, que es de todas las personas, el espacio público.

A todas nos salta a la cara que no es así como funciona, que lo público no es colectivo ni comunal sino un espacio dirigido por unos pocos que no respetan la estructura real de su naturaleza y alejan su gestión de los modelos originales de autogestión. Se viste de complejidad para justificar el distanciamiento y finalmente se consigue que lo comunal sea competidor de lo público. Cuando además evidenciamos comportamientos sin ética ni profesionalidad, aprovechamientos ilícitos, ineficacia e ineficiencia en muchos procesos y hasta situaciones ilegales en la gestión de lo público, estamos encontrando razones objetivas para no entender éste como el gran común.

Es necesario recuperar lo público desde la comunidad, el territorio que lo posee, para desde la implicación y el compromiso gestionar lo único que realmente nos llega a todas las personas. Esto exige a políticos y funcionarios entender que la propiedad está en la comunidad, no como capacidad de acumular valor u obtener beneficio con su venta sino desde el cuidado de lo propio que es de todas. No se puede reclamar con eslóganes colectivos el apoyo a una gestión jerárquica y en muchas ocasiones despótica de lo público. La comprensión de lo público como el gran común nunca hubiera desasistido el cuidado de la salud, de la educación, el medio ambiente, la cultura o de las personas más vulnerables, pues eso es en esencia el origen de la comunidad. El cuidado de la vida era el eje de la aldea, unidad comunal originaria que fue perdiendo valores con el crecimiento vinculado al rendimiento financiero de las propiedades individuales. Hoy grandes ciudades y países han abandonado el cuidado de la vida hasta el punto de sacrificar a sus mayores en pos del crecimiento económico.

Todas tenemos la obligación de frenar el deterioro de lo público y recuperar y distribuir la propiedad del mismo, y con ello el poder, entre toda la comunidad sin exclusión alguna. Sólo entonces decir “esto lo resolvemos entre todas” tendrá un sentido real y dejará de ser una frase de marketing inventada con más o menos gracia pero sin ningún rigor ni realidad detrás.

Cada una desde su espacio, políticas, funcionarias, empresarias, trabajadoras, activistas, estudiantes … todas personas con capacidad de apoyar la recuperación de lo público como común y colectivo, debemos implicarnos en un proceso que recupere la soberanía de un bioterritorio dedicada al cuidado de la vida.

Raúl Contreras
NITTÚA

Toni Lodeiro explica en opcions.org cómo algunos ayuntamientos están incorporando el consumo consciente como nuevo eje vertebrador de sus políticas de consumo, yendo más allá del foco habitual, que está limitado en la “defensa de las personas consumidoras”.

En 2017 publicaba a Opcions un artículo titulado “Nuevas políticas de impulso en las economías transformadoras”. En él reseñaba algunas prácticas destacables de varias administraciones públicas a favor del consumo consciente y de las llamadas “economías transformadoras”, aquellas que posan énfasis en los beneficios sociales y ambientales derivados de sus prácticas.

En esta nueva serie de artículos me centraré y profundizaré en el caso de las políticas públicas de consumo, especialmente en las impulsadas desde las áreas de las administraciones con competencias en materia de consumo. 

En este primer texto explicaré “de donde venden y donde van” las políticas de consumo.

En posteriores entregas desgranaré los elementos clave de una buena política de impulso del consumo consciente, entendido como un modelo de consumo donde el compromiso con la transformación socioeconómica y ambiental son elementos centrales. Y describiré y valoraré los adelantos y limitaciones de algunas de las prácticas más innovadoras en este sentido, como las “estrategias de impulso del consumo responsable” de los ayuntamientos de Barcelona, Madrid o Zaragoza.

La información y protección de las consumidoras

Para acercarnos en su origen de las políticas públicas de consumo, tenemos que mirar al movimiento consumerista. Este movimiento tiene por objetivo movilizar a las personas consumidoras para defender nuestros intereses y aumentar nuestro poder de influencia ante las empresas y las administraciones públicas. Lo podríamos resumir gráficamente como “defendernos colectivamente porque las empresas no se aprovechen de nosotros”. Y es que el 75% de las personas consumidorss desconfía de la fiabilidad de las empresas a distintos niveles.

El consumerismo, a pesar de existir desde hace décadas antes en otros países, llega a España a finales de los años 60 del siglo pasado, logrando una mayor capacidad de incidencia a partir de la década de los 80. FACUA, ADICAE o la OCU son algunas de las organizaciones más representativas del movimiento. Cuentan con algún centenar de miles de personas asociadas (FACUA declara más de 200 mil -pero reconoce que “solo” 55 mil están al corriente de pago- y la OCU dice tener más de 300 mil).

El consumo saludable es otra bandera que ha asumido desde hace décadas el consumerismo. Como demostración de este hecho tenemos la amplia dedicación a la salud de las publicaciones consumeristas más conocidas, como son las de la Fundación Eroski (Consumer) y la de la OCU.

Esta visión de los intereses de las consumidoras en clave de “salud y defensa de nuestros derechos”, que hace décadas que promueve el movimiento social consumerista, acabó llegando a las administraciones públicas españolas. Así, se crearon el “Instituto Nacional del Consumo” en 1975 y el “Ministerio de Sanidad y Consumo” en 1981. El nombre y funciones de este ministerio nos ayudan a entender cómo se veía (y cómo mayoritariamente se sigue viendo) la responsabilidad que sienten tener las instituciones a la hora de promover “un buen consumo”. Es una visión basada en tres pilares fundamentales: derechos, salud y seguridad.

Las áreas de consumo de las administraciones nacen por el empujón del movimiento consumerista, que defiende los derechos de las personas consumidoras

De hecho, y hablando de seguridad, es a raíz de una crisis de “seguridad alimentaria”, la del aceite de colza, que nacen dos herramientas clave de las políticas de consumo: la “Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios” (LGDCU, 1984) y las Oficinas Municipales de Información a las personas Consumidoras (OMIC). Las OMIC, principal referente de la acción de las áreas municipales de consumo, se dedican fundamentalmente al apoyo a los ciudadanos y ciudadanas cuando tenemos una queja sobre el trato recibido por parte de una empresa, y a la mediación entre consumidoras y vendedoras en caso de conflicto.

Las áreas de consumo, hermanas pequeñas en las administraciones públicas

No tenemos que perder de vista que las de consumo son de las áreas más pequeñas de las administraciones públicas, y que sus presupuestos y su capacidad de influencia son relativamente poco relevantes. Y esto cuando existen, puesto que numerosos ayuntamientos no disponen de área de consumo. Y, a menudo, las concejalías son de “A, B, C, D…y Consumo”. Así, el consumo es a menudo el último apellido de una larga lista de competencias de una “cartera”, y con frecuencia de las temáticas menos atendidas entre la larga lista de responsabilidades de un cargo político.

De hecho, como ejercicio que muestra la poca influencia de las áreas de consumo, os propongo un juego. ¿Cuántos nombres de ministros o consejeros de economía recordáis? Pensad y seguro que, como mínimo, os vendrán un par de nombres o incluso bastantes más (y todos, o casi, hombres). Repetid la prueba con responsables de áreas de consumo. Estoy seguro de que el resultado ha estado muy diferente.

El crecimiento, una apuesta -casi- universal (y poco compatible con el consumo consciente)

Las políticas más importantes relacionadas con el fomento de un tipo u otro de consumo pasan por áreas mucho más influyentes como las de economía, hacienda, trabajo, fomento, industria, urbanismo, comercio… Y la visión del consumo de estas áreas está prácticamente siempre basada en “hacer crecer” el consumo, la economía, el turismo, el PIB… sin hacer demasiado hincapié en las consecuencias socioeconómicas y ambientales de este crecimiento. Una mirada, segundos como, compatible con las políticas “más clásicas” de información y defensa de las personas consumidoras. Pero, a menudo, es también una mirada percibida cómo bastante opuesta a los objetivos del consumo consciente, que apuesta por “consumir menos y mejor”. I sí que hay algunos ejemplos de políticas que apuestan sin complejos por el “decrecimiento” o el “crecimiento contenido” (como la actual apuesta  del Ayuntamiento de Barcelona para el turismo), pero la verdad es que son auténticas “rara avis”. 

En las administraciones el área de consumo, si existe, es de las menos dotadas e influyentes.
Las políticas que apuestan por el decrecimiento o el crecimiento contenido son auténticas “rara avis”

Orígenes y alcance del consumo consciente

Demos un paso atrás para echar un ojo a los orígenes de la propuesta del consumo consciente. Si las políticas de defensa de las personas consumidoras han sido impulsadas por el movimiento consumerista, las de impulso del consumo consciente deben su existencia al trabajo de varios movimientos muy relacionados entre ellos (y a veces difícilmente separables):

• El movimiento hoy día conocido como de “justicia global”, impulsor del comercio justo, que llega a España en los años 80.
• El ecologismo, del que nacen propuestas como el consumo sostenible (de energía, residuos, movilidad…), la agroecología (la producción ecológica está regulada en España desde 1989), el buen vivir (con expresiones más europeas como el movimiento Slow) o el decrecimiento.
• El movimiento altermundista, clave en el crecimiento de la apuesta para las economías locales y comunitarias desde principios del actual siglo.
• I el de la economía solidaria, que está experimentando un incremento en la última década, y del que podríamos destacar dos apuestas: el impulso al cooperativismo como forma empresarial de las principales alternativas de consumo y la creación de redes y de “mercado social”.

El animalismo es otro movimiento que podemos destacar por su especial influencia en la extensión de propuestas como el vegetarianismo y el veganismo. Aclarar que la reducción del consumo de productos ganaderos es defendida por múltiples motivos (sociales, ambientales, de bienestar animal) por la mayoría de propuestas vinculadas al consumo consciente. Aun así, menciono a parte el movimiento de defensa de los animales por tener a menudo un enfoque más “especializado” en su causa que otros, motivo por el cual, en general, no está tan interrelacionado con los anteriormente mencionados como estos entre sí. Un buen ejemplo es el PACMA, partido político del cual el animalismo es la bandera principal y, a menudo, menos relacionado con otras formaciones en comparación, como por ejemplo con los partidos “verdes”.

Décadas de impulso a comercio justo, consumo local y ecológico y cooperativismo preceden la llegada del consumo consciente a las políticas de consumo

Si nos acercamos de nuevo al número de personas asociadas a las organizaciones como un posible reflejo de su influencia, encontramos que Intermon Oxfam (comprometida con el comercio justo) declara más de 220 mil afiliaciones. La organización ecologista con más socias, Greenpeace, supera ligeramente las 100 mil. Pero hay que señalar que el consumo no es el principal campo de acción de las mencionadas organizaciones. En el campo de las iniciativas comunitarias de consumo agroecológico, solo en Cataluña hay unos 160 grupos de consumo agroecológico, en los cuales participan unas 5 mil “familias” o “unidades de consumo” (en Navarra una cooperativa de mayor dimensión, Landare, supera las 3000 “unidades”). Y Som Energia, la cooperativa de economía solidaria de mayor dimensión, supera ya las 50 mil persones socias (y los 90 mil contratos). El banco ético más grande, Triodos Bank, de propiedad y gestión no cooperativa, pero sí con una oferta comercial en la línea del consumo consciente, cerraba 2017 con cerca de 220 mil clientes.

Opcions también merece una mención en esta sección, pues a pesar de contar con cifras mucho menores, ha sido una organización de referencia en la reflexión e información sobre consumo consciente desde que fue creada el 1996 (bajo el nombre de CRIC -Centre d’Investigació i Informació en Consum-). Actualmente contamos con más de 3.200 personas y ocho emprendidas socias, prestando servicios de visibilización de varias de las cooperativas más significativas del sector.

Nos puede ayudar a comparar capacidad de influencia pública (y por tanto política) del consumo consciente conocer las cifras de las organizaciones sindicales. En España superan ampliamente los 2 millones de personas afiliadas, rondando sindicatos como UGT y CCOO el millón de afiliados a cada uno de ellos. Como trabajadoras estamos, pues, mucho más organizadas que como consumidoras. Ni sumando las cifras de las asociaciones de defensa de las personas consumidoras, las de las organizaciones relacionadas con el consumo consciente y las de organizaciones próximas (como Intermon o Greenpeace) nos acercaríamos a la representatividad y capacidad de incidencia de los sindicatos.

Otra cosa es la influencia no organizada y la penetración social, pues el consumo consciente cuenta hoy día en España con centenares de miles de “fieles” y con millones de personas que lo conocen y practican de alguna forma. Así, el 90% de las personas declaran haber cambiado algún hábito de consumo por motivos ambientales.

Una diferencia entre consumerismo y consumo consciente

Una diferencia habitual entre el consumerismo y el consumo consciente es su mirada a las empresas. 

El movimiento consumerista ve a las empresas sobre todo como una amenaza a los derechos de las consumidoras, un “enemigo”(enemigo compartido con el movimiento obrero y sindical) al cual hay que vigilar. “Defendámonos de los abusos empresariales”, podría ser un lema de este “sindicalismo de consumo”. Debido a esta tradición de “defensa y combate”, durante años ha costado que se entendiera por parte de las “asociaciones de defensa de los consumidores” que desde el consumo consciente se promoviera el apoyo a ciertas empresas (banca ética, cooperativas de economía solidaria, etc.). El consumerismo ha mantenido habitualmente una posición escéptica ante la posibilidad que hubiera “otras empresas” merecedoras de un trato más amistoso. Pero poco a poco parece que la desconfianza está dando paso a la confianza, y cada vez más el consumerismo apuesta, también, por el apoyo a las alternativas económicas.

El consumo consciente, a pesar de contemplar también la lucha contra algunas empresas y sus abusos (mediante el boicot), aporta como hecho diferencial la creación y potenciación de alternativas. Así, hace difusión de empresas “confiables”, comprometidas cono una sociedad y una economía más justas. Y propone alianzas entre consumidoras y empresas, a veces incluso bajo la forma de cooperativas mixtas o integrales que agrupan a socias de consumo, de trabajo y de servicios (empresas) que comparten objetivos. “Apoyamos las buenas prácticas empresariales y creamos economías cooperativas y comunitarias” o “vivimos (trabajamos y consumimos) de acuerdo con nuestros valores” podrían ser lemas representativos de las propuestas del consumo consciente.

El consumerismo, sobre todo, lucha contra los abusos empresariales; el consumo consciente también crea alternativas económicas y premia a las empresas comprometidas

Afortunadamente, como decíamos antes, estas diferencias de mirada se van reduciendo con el paso del tiempo. Y el movimiento consumerista va, poco a poco, incorporando la “nueva” mirada que aporta el consumo consciente, añadiéndola a su necesaria y valiosa tarea de defensa de los derechos de las consumidoras.

El consumo consciente en las políticas públicas

Las cifras anteriormente mencionadas no significan que no falte mucho camino para recorrer en todos los ámbitos porque el consumo consciente sea el paradigma hegemónico en cómo consumimos. De hecho, esta nueva mirada al consumo, a pesar de avanzar en los últimos años, penetra muy lentamente en las políticas públicas. Y se introduce, quizás más despacio, en la mayoría de áreas de consumo de las administraciones, muy tradicionales en sus prácticas y en su relato de “qué es un buen consumo”.

De hecho, las áreas de las administraciones hasta ahora más influyentes en el impulso del consumo consciente han sido las de Medio Ambiente. Esto es consecuencia tanto de la importancia de los problemas ambientales (movilidad, contaminación del aire, residuos, cambio climático), como de la incidencia social del ecologismo. Y es que las “de ecología” (como se empiezan a denominar los departamentos de medio ambiente en las administraciones más innovadoras) son las áreas más relevantes de entre las más próximas a una mirada diferente del consumo. Otros departamentos, como los que tienen competencias en cooperación o economía social, cuentan con presupuestos e influencia aun menores.

Las áreas de Medio Ambiente han hecho políticas “verdes” (movilidad, energía, residuos); la apuesta por alternativas como la economía solidaria es más reciente y poco frecuente

Pero, a pesar de ser más influyentes que otras, no perdamos de vista que las de medio ambiente son también áreas “menores” de las administraciones comparadas con las áreas clave en las políticas económicas.  Si repetimos el juego de intentar recordar nombres de responsables políticos de áreas de ecología y de economía, nos sucederá algo pareciendo al que nos ha pasado al comparar economía y consumo. De hecho, la competencia de medio ambiente, que sí que encabeza hoy día un ministerio, no logró este hito hasta el 1996.

En cuanto al papel de las áreas de ecología con relación al consumo, se ha centrado sobre todo en sus vertientes “más verdes”, como la promoción de la reducción de residuos y del consumo energético o la promoción de les energías renovables.

No es hasta últimamente que podemos ver con mayor frecuencia campañas públicas de fomento de un consumo con elementos más próximos a un cambio de modelo socioeconómico, como por ejemplo una mayor mirada a la economía local mediante prácticas -todavía incipientes- como la promoción del consumo de alimentos de proximidad o los circuitos cortos de comercialización.  

Más reciente es aún la apuesta pública mínimamente destacable por la economía solidaria (el sector de la economía social más comprometido con las alternativas de consumo), que está apenas llegando mucho más recientemente, y solo a las administraciones más líderes.

Y no es casualidad que sean administraciones de entre las más sensibilizadas con la economía solidaria, las que están promoviendo también apuestas innovadoras en el campo del consumo, de las que los ejemplos más destacables son las “estrategias de impulso del consumo responsable” de los ayuntamientos de Barcelona, Madrid y Zaragoza. 

Pero de los elementos centrales de una buena política de impulso del consumo consciente, y de los ejemplos de buenas prácticas de algunas administraciones hablaremos, como ya habíamos comentado de entrada, en una próxima entrega.

Este artículo se ha publicado originalmente en Sostenible.cat y opcions.org.

La “oferta económica más ventajosa” ya no tiene por qué ser la elegida. La contratación pública responsable, que llevaba años en los discursos políticos de algunos partidos de izquierda y en las proclamas de muchas organizaciones sociales, parece que ha arrancado en el Estado español. Los criterios y cláusulas sociales y ecológicas ya se pueden encontrar en las licitaciones de las administraciones públicas de todos los niveles. Más puntos si los vehículos de tu empresa son eléctricos, ofertas reservadas a empresas de reinserción o cláusulas que obligan a que el café que se vende en la cafetería dentro de un espacio público sea de comercio justo. Pero la contratación pública tiene todavía una asignatura pendiente: luchar contra la desigualdad de género.

Algunos “ayuntamientos del cambio” han dado un impulso al uso de la contratación pública como herramienta para subvertir las prácticas patriarcales que imperan en gran parte del tejido empresarial y económico. Pero queda mucho camino por recorrer, y es un camino lleno de trabas.

EUROPA EMPUJA

La Constitución Española allana el camino al uso de las instituciones en la búsqueda de la igualdad, consagrada en el artículo 1.1. El artículo 14 de la Carta Magna proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo y el artículo 9.2 obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Entonces, ¿por qué cuesta tanto que las administraciones públicas usen sus compras para cumplir tal fin?

Hace ya cinco años que el Parlamento Europeo aprobó las directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE sobre contratación pública. En dichos textos se reconoce el papel clave de la contratación pública en lo que la institución llama “crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, mediante el uso de los fondos públicos y los contratos de las administraciones para conseguir “objetivos sociales comunes”. Pero hicieron falta más de tres años para que el Gobierno español realizara la correcta transposición de estas directivas, llegando incluso a recibir un serio rapapolvo por ello: la Comisión Europea llevó al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya que, legalmente, deberían haber sido incorporadas en abril de 2016. Finalmente, en noviembre de 2017 se aprueba la Ley 9/2017, con la que se permite que se utilice la contratación pública en apoyo a objetivos sociales comunes. La contratación pública responsable ya tenía un apoyo jurídico ante la regla común de “lo más barato es lo mejor”.

El proyecto Contratación Pública Responsable aglutina en una web documentación necesaria para que los gobiernos locales puedan adaptar sus licitaciones con cláusulas sociales.

A una gran parte de la población le cuesta todavía entender que el enfoque de género sea algo transversal, por no hablar de nuevos partidos políticos que lo desprecian por completo. Pero la realidad es que los intentos por parte de los distintos gobiernos de España o “la buena fe” de las empresas sigue sin revertir situaciones de desigualdad crónica entre hombres y mujeres. “El fracaso de la Ley de Igualdad y de las políticas de responsabilidad social corporativa, así como el fracaso también de las políticas de cuotas como medida de incidencia positiva en la promoción de la igualdad, ha dado una nueva oportunidad a las cláusulas sociales en la promoción de la igualdad”, explica a El Salto Helena Ancos, directora de la consultora Ansari Innovación Social y del medio online especializado en responsabilidad social Ágora.

La Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) es una de esas organizaciones que llevan presionando a las administraciones públicas para que se incorporen estas cláusulas. El proyecto Contratación Pública Responsable aglutina en una web documentación necesaria para que los gobiernos locales puedan adaptar sus licitaciones con cláusulas sociales e incluso un curso para expertos y expertas en contratación pública responsable.

Dado que las compras públicas representan en torno al 20% del Producto Interior Bruto es fácil, argumentan desde REAS, deducir el gran potencial e incidencia en la economía y el modelo de desarrollo que tienen estas medidas. Además, añaden, “se trata en última instancia de dinero público, de todas y todos, y por eso nos parece tan fundamental que se oriente al bien común”.

¿EN MI AYUNTAMIENTO?

Las administraciones públicas locales no tienen solo la obligación jurídica de definir las políticas públicas para que incorporen la perspectiva de género y contribuyan así a la reducción de estas desigualdades, sino que tienen una posición privilegiada y de oportunidad para hacerlo de manera efectiva”, afirma la investigadora y consultora en políticas públicas Iolanda Fresnillo, que ha publicado recientemente el informe Contractació pública responsable i clàusules socials per revertir la desigualtat de gènere. Oportunitats i límits. “La elaboración de ordenanzas fiscales o el urbanismo, entre otros, se pueden llevar a cabo desde la perspectiva de género y con una visión feminista”, asegura.

Algo en lo que coincide David Comet, miembro del grupo de Compra Pública Responsable de REAS, que pone de manifiesto la importancia de las entidades locales como “las más cercanas a la ciudadanía, y donde las repercusiones de hacer coherentes las políticas de compra y contratación administrativa con las políticas sociales y ambientales adquieren una dimensión más palpable en las realidades que nos rodean en nuestro día a día”.

Echando un vistazo a algunos de los municipios del Estado español, vemos que se han conseguido algunos avances en los últimos años. En el Ayuntamiento de Barcelona tienen claro que la contratación pública de los municipios es una herramienta fundamental para luchar contra la desigualdad. Cada año se adjudican 590 millones de euros en contratos desde el mismo ayuntamiento, más de mil si se considera todo el grupo municipal. “De estos contratos, más del 80% se destina a servicios y especialmente a gestión de servicios públicos, más susceptibles de incorporar cláusulas sociales, por lo tanto el impacto de la inclusión de estas cláusulas es de gran alcance”, asegura a El Salto la concejala de Feminismos y LGTBI, Laura Pérez.

En Barcelona se han incluido seis tipos de cláusulas de género que pretenden modificar diferentes desigualdades que se producen en el mercado laboral.

En dicho ayuntamiento, explica la concejala de Barcelona en Comú, se han incluido seis tipos de cláusulas de género que pretenden modificar diferentes desigualdades que se producen en el mercado laboral: “Planes o medidas de igualdad, paridad entre hombres y mujeres, medidas contra el acoso sexual, comunicación inclusiva, igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas LGTBI, y cláusulas relacionadas con la conciliación responsable”, enumera Pérez.

Igual que en el Ayuntamiento de Barcelona, Arantza Gracia, concejala de Educación e Inclusión en Zaragoza, explica que en su ayuntamiento han desarrollado una instrucción para que se introduzcan cláusulas sociales de género en todos los contratos municipales. “Por una parte, la instrucción incorpora criterios de adjudicación cuando ese contrato también se hace para lograr la equidad de género”, explica la concejala, y pone como ejemplos los pliegos de la licitación de parques y jardines, así como la gestión de las Casas de Juventud y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE) en centros públicos de Educación Secundaria. En todos estos concursos se exigió, entre otras cláusulas, el equiparamiento por género en nuevas contrataciones.

En el resto de contratos del Ayuntamiento de Zaragoza, 230 en total, se han incluido otras medidas para exigir a las empresas, acorde a lo permitido por la ley, que “desarrollen planes de igualdad y medidas específicas de conciliación, incorporen lenguaje inclusivo e imágenes no sexistas, desarrollen medidas para prevenir acoso sexual e incorporen datos desagregados por sexos en la documentación que elaboren”, afirma la concejala de Zaragoza en Común.

En el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Madrid, además de incluir cláusulas que obligan a usar los convenios sectoriales en servicios sociales, especialmente vinculados a los cuidados —mayoritariamente cubiertos por mujeres—, también se dan subvenciones de cooperación y derechos humanos a proyectos que tengan un enfoque específico de género y solo a trabajo de campo, “de manera que tengan un efecto directo en la mejora de la calidad de vida de las mujeres en los lugares en los que se desarrollen”, explica Brianda Yañez, concejala de Transparencia e Innovación Social de Somos Alcalá. Además, añade Yañez, se incluyen cláusulas que premian la contratación de personas de colectivos más vulnerables, entre ellos mujeres, y especialmente víctimas de violencia de género.

En el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se incluyen cláusulas que premian la contratación de personas de colectivos más vulnerables, entre ellos mujeres, y especialmente víctimas de violencia de género.

Otros municipios han empezado a exigir el uso del lenguaje no sexista como cláusula contractual. El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) de la ciudad de Córdoba ha licitado un contrato con una cláusula de este tipo para sus servicios de comunicación que indica que “todos los textos elaborados por la empresa adjudicataria deberán ser redactados con un lenguaje no sexista, igualitario, tanto los que se publiquen (notas y dosieres de prensa, redes sociales, página web, etcétera) como los que se puedan usar a nivel interno de este organismo (informes, memorias, etc.)”. En caso de no cumplirse, la cláusula contractual permite resolver el contrato.

BACHES

Pero cambiar la manera en la que las administraciones públicas utilizan su poder de compra no es fácil ni gusta a todos los agentes económicos implicados. Las cláusulas medioambientales han tenido que enfrentarse a las denuncias de empresas que se resistían a la implementación de medidas ecológicas para poder acceder a los concursos públicos por considerarlas “contrarias a la libre competencia”. Las cláusulas de género también han tenido sus problemas.

Ancos, que actualmente está realizando cursos en muchos municipios y asociaciones empresariales para formar en este ámbito, explica que, en el caso de las cláusulas de género, “los intereses creados han sido menores y, por ejemplo, la promoción del empleo femenino es difícil de contestar jurídicamente”. Aunque Comet, por otro lado, apunta que “no debemos pasar por alto que las propuestas de género son, en muchos otros campos, generadoras de una importante resistencia social, por lo que parece comprensible que estas reticencias se den también en materia de contratación pública”.

Gracia cuenta que en Zaragoza solo han tenido un problema con una empresa “con el pliego de parques y jardines, que se recurrió, pero el TACPA nos dió la razón”. Pero apunta a un problema que viene desde dentro: “A veces la mayor dificultad es la resistencia interna por lo que la labor de sensibilización del personal municipal es un trabajo paralelo que se está desarrollando”.

En este sentido, Comet observa que la complejidad jurídica de algunas cláusulas que van más allá de los planes de igualdad, en ocasiones se convierte en incertidumbre para las personas responsables de gestionar los contratos en la administración, suponiendo un obstáculo para poder considerarlas, pero afirma que “es difícil encontrar a entidades que se opongan a que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres”. Ante ese problema, Pérez explica que en Barcelona “hemos puesto a disposición de las empresas de la ciudad un servicio de asesoramiento para la definición e implementación de las cláusulas de género”.

¿SUFICIENTE?

La compra pública responsable con enfoque de género es un buen camino, pero no es suficiente. Con esa frase se podría resumir el sentir de todas las fuentes consultadas, aunque con matices y diferencias en cuanto a la mejor vía o solución. “La aplicación de estas medidas corresponde de manera directa a los poderes públicos, pero toda la ciudadanía está interpelada a demandar su aplicación y desarrollo —dice Comet—, por lo que el movimiento feminista, que tanta fuerza está cobrando en los últimos tiempos, tiene también aquí un campo de batalla en el que quizás aún no está entrando lo suficiente”.

Todos coinciden en que los próximos años son de vital importancia para no dar marcha atrás en los logros conseguidos en esta materia. “Se puede avanzar mucho en la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral y en la no discriminación LGTBI en una ciudad como Barcelona”, dice Pérez. La concejala de Zaragoza añade que, si la ley avanza, “podremos ir incorporando nuevas cláusulas que puedan incidir de forma más eficaz, como, por ejemplo, se debería avanzar en el seguimiento de los Planes de Igualdad, ya que sabemos que muchas empresas los tienen pero no hacen trabajo efectivo”. Aunque también apunta que deben ir de la mano de otras actuaciones de sensibilización.

“No todo se resuelve con cláusulas. Las especificaciones técnicas de los pliegos, el presupuesto, o escoger gestión directa o indirecta, tiene implicaciones desde el punto de vista de género”.

Medir el impacto de esas medidas es, según Anco, otra de las tareas a tener en cuenta y donde los municipios tienen una gran responsabilidad a la hora de diseñar planes de contratación con impacto. “Para que tengan éxito, deben identificar los productos y servicios con mayor incidencia en las desigualdades entre mujeres y hombres, y fórmulas complementarias en el resto de intervenciones que constituyen la política dirigida al logro de la igualdad efectiva de mujeres y hombres”.

Pero también hay otro tema o debate importante, apunta Fresnillo, —y que puede que dé para otro reportaje—: “No todo se resuelve con cláusulas. Las especificaciones técnicas de los pliegos, el presupuesto que le das o el simple hecho de escoger gestión directa o indirecta para según qué servicios, tiene implicaciones desde el punto de vista de género”. Y lo ejemplifica diciendo que “la reflexión sería plantearse si hay una manera de hacer gestión del Servicio de Atención a Domicilio, por ejemplo, con perspectiva de género que no sea gestión directa o gestión público social, ya que, en cuanto metes un privado con ánimo de lucro en la ecuación de según qué ámbitos, la perspectiva de género se cae automáticamente”.

PSOE, Ciudadanos, Ahora Murcia, Cambiemos Murcia y el concejal no adscrito Francisco Javier Trigueros llevarán al Pleno de mañana una moción para la puesta en marcha del Consejo Municipal de Economía Social y Solidaria como órgano colegiado de seguimiento y asesoramiento en materia de fomento e impulso de las políticas de desarrollo y promoción de la economía social y solidaria en el municipio.

La moción, promovida por la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), plantea además la puesta en marcha de actividades formativas y de sensibilización de la contratación y compra responsable dirigidas a agente sociales y económicos de Murcia, y la aprobación definitiva para la inclusión de cláusulas sociales y ambientales en los contratos suscritos por el Ayuntamiento en lo relacionado con la gestión de servicios municipales.

Los grupos municipales de la oposición han considerado que es necesario impulsar la economía social y solidaria como modelo alternativo a través de diversas iniciativas que afectan a todo el ciclo económico, desde la creación de bienes, la producción, el cooperativismo, la comercialización o el consumo hasta las finanzas y la distribución de excedentes.

Se trata de actividades que «conectan con un tipo de desarrollo local definido como una estrategia de intervención territorial para generar capacidad local y aumentar las condiciones y oportunidades para la ciudadanía, promoviendo el desarrollo humano desde los principios de igualdad de oportunidades, sostenibilidad, participación y empoderamiento», explican en la moción.

PSOE, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia han defendido la necesidad de que el Ayuntamiento de Murcia contribuya en este sentido con el fin de incidir en la transformación de la actividad económica del municipio desde la base de la economía social y solidaria, la sostenibilidad ambiental y la economía circular, entre otros aspectos.

La iniciativa propone además el impulso de un programa de fomento y difusión de este tipo de economía mediante acciones en los centros educativos, de formación profesional y de empleo, y asociaciones vecinales, así como de un programa de emprendimiento de economía solidaria e innovación social dirigido a empresas, iniciativas y personas interesadas en el autoempleo.

La imagen está tomada de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ayuntamiento_de_Murcia.JPG

La contratación pública representa aproximadamente el 18,5% del PIB de nuestro país; este volumen económico tiene una influencia importantísima en nuestras formas de producción y modelo de desarrollo. Tal como indica la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobada por Naciones Unidas es necesario ejercer una Contratación Pública Responsable, incorporando consideraciones de tipo social y medioambiental en las compras y contrataciones públicas, con el objetivo de transformar nuestro modelo de producción y consumo hacia formas más sostenibles y equitativas de desarrollo.

La reciente aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece la obligatoriedad de incluir este tipo de criterios en los procesos de compra o contratación pública lo que supone un desafío para las entidades del sector público, sus empresas proveedoras y entidades licitadoras. Por ello, garantizar la formación y capacitación de los agentes públicos, sociales y empresariales relacionados con los procesos de compra y contratación pública para que tengan los conocimientos suficientes sobre cómo poner en práctica una Contratación Pública Responsable se convierte en un elemento vital para poder contribuir a los objetivos políticos marcados en acuerdos locales, regionales e internacionales para contribuir a un modelo de Desarrollo Sostenible.

 Para facilitar la formación de dichos agentes, desde REAS Madrid y REAS Aragón (Redes de la Economía Alternativa y Solidaria), la cooperativa de interés social IDEAS y con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, se pone en marcha esta segunda edición del curso de experto/a sobre “Contratación Pública Responsable” dirigida a personal técnico y político de entidades del sector público, Empresas de la Economía Social y Solidaria y los agentes sociales (sindicatos, ONGD, Asociaciones, etc.)

Objetivo general del curso: formación y capacitación de los y las agentes públicos, sociales y empresariales relacionados con los procesos de compra y contratación pública para que obtengan los conocimientos suficientes sobre cómo poner en práctica una Contratación Pública Responsable.

A quién va dirigido: Personal técnico y político de entidades del sector público, Empresas de la Economía Social y Solidaria y los agentes sociales (sindicatos, ONGD, Asociaciones, etc.)

Duración y fechas:

· Del 1 de febrero al 1 de marzo de 2019 
· Viernes de 16 a 21 horas y sábados de 10 a 15 horas
· 50 horas de las cuales 35 horas son presenciales y 15 horas online través de la plataforma de formación virtual

Número de plazas: 30

Preinscripciones:

·  Hasta el 14 de Enero de 2019 a través del formulario de inscripción.

Pago y matrícula del curso:

·  Una vez finalizado el plazo de preinscripción, se informará mediante correo electrónico de la confirmación de plaza y la forma de pago, requisito imprescindible para la realización del curso.

Requisitos para la certificación:

·  Asistencia a un 80% de las sesiones, participación activa en las mismas y presentación de Trabajo Fin de Curso.

Lugar:

·  Espacio La Traviesa. Calle Duque de Fernán Núñez, 2 – 1º (<M> Antón Martín)

Coste

·  El coste es de 80 euros, pago por transferencia bancaria.

Contenidos 

• Gestión coherente de las políticas públicas.
• Conceptualización de la Contratación Pública Responsable.
• Novedades de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
• La perspectiva de género en la contratación pública.
• La reserva de contratos administrativos y otras medidas de apoyo a las empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social y entidades de economía social.
• El análisis del impacto ambiental del ciclo de vida en los contratos públicos. Los criterios ambientales.
• Las cláusulas de Comercio Justo y de respeto hacia los derechos humanos en la contratación pública.
• Contratos públicos que promuevan y garanticen mejoras laborales y respeto de los convenios sectoriales.
• Fórmulas cooperativas de gestión pública.
• Participación ciudadana, planificación, seguimiento y evaluación en la contratación administrativa.
• Auditoría y medición del impacto social de los procesos de contratación pública.
• Experiencias prácticas de consideración de cláusulas sociales, ambientales y de Comercio Justo en los procesos de contratación pública.

Más información y consultas:

ACCEDE AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

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Email de contacto: cursocontratacionpublica@reasmadrid.org

2017 llega a su fin y con él concluye el primer año de MARES de Madrid. A lo largo de doce meses, el proyecto ha echado a andar y poco a poco ha ido consolidándose. En este post te contamos los principales hitos alcanzados a lo largo de este año, así como las tareas y los materiales que hemos realizado.

El 15 de marzo se celebraba la presentación en sociedad de MARES, con un acto en el que participaron representantes de la UIA, la alcaldesa de Madrid y concejales de los cuatro distritos en los que se realiza el proyecto. Sin embargo, la maquinaria ya había comenzado a rodar en enero, con la formación del equipo (integrado por personas de las entidades socias del proyecto), la creación de la página web, el diseño de las actividades, etc.

Espacios para los Mares

Uno de los elementos centrales de MARES es la recuperación de espacios públicos en desuso para su puesta a disposición de la ciudadanía, uno en cada distrito participante en el proyecto (Puente de Vallecas, Villaverde, Vicálvaro y Centro). El objetivo no es solo recuperar y crear los espacios, sino que el diseño de los mismos se haga de manera participativa. Por eso, en febrero arrancaron los talleres de codiseño, en los que se recogieron e identificaron las necesidades que debe satisfacer, las acciones que podría albergar y las potencialidades que tiene el espacio para cada Mar. El codiseño, como nos recuerda Paula Mena, de SIC, en este vídeo, “es un proceso que no termina cuando se abre el edificio al público, sino que continúa durante su uso”.

Mientras se van rehabilitando y reformando los edificios, desde octubre se han puesto en marcha los llamados espacios en transición en cada distrito, en donde tiene lugar una programación permanente con numerosas actividades, además de asesorías y acompañamiento a proyectos del sector.

 

Consulta toda la programación en nuestra agenda.

Laboratorio de Competencias Ciudadanas

En febrero también se comenzaron a preparar los talleres impulsados por el Laboratorio de Competencias Ciudadanas, que tuvieron lugar en abril. En ellos se trató de mapear toda una serie de iniciativas económicas, formales e informales, que la ciudadanía ha desarrollado como respuesta a la crisis. Una vez hecho este rastreo, el objetivo era encauzar todo este potencial para poder crear propuestas de autoempleo colectivo.

En junio y julio se dio el siguiente paso, con los talleres de competencias ciudadanas. Una vez lanzadas las ideas de autoempleo, tocaba preguntarse qué competencias vinculadas a la economía social y solidaria necesitamos a nivel individual y colectivo para desarrollar nuestros proyectos. Además, durante esos meses se realizó el diagnóstico de cuidados en Vicálvaro, para identificar las necesidades de cuidados de la población del distrito y la forma en que se están cubriendo, además de mapear los proyectos e iniciativas económicas que se han desarrollado como respuesta a la crisis. El diagnóstico se presentó a las vecinas y vecinos del distrito a principios de noviembre.

Ya en otoño, a principios de octubre se presentó el fruto de los talleres de mapeo, recogido en las cartografías de iniciativas ciudadanas, una serie de mapas que visibilizan proyectos que tratan de mejorar las condiciones de vida, del entorno y las necesidades cotidianas desde lo colectivo. Iniciativas germen de una nueva economía social y solidaria para transformar nuestras ciudades. Los mapas se pueden descargar en la web pero también consultar en formato físico en los espacios en cada distrito.

Mares de Movilidad, Alimentación, Reciclaje, Energía y Cuidados

Los cinco Mares que componen el proyecto, cada uno especializado en un sector económico, también han bullido de actividad estos meses. Durante julio, septiembre y noviembre se realizaron las llamadas mesas detonadoras, encuentros de los sectores de MARES en los que participan agentes clave de cada uno de ellos: instituciones públicas locales, universidades, iniciativas económicas, entidades ciudadanas, etc.

Además, en octubre, como decíamos más arriba, comenzó la programación permanente de cada Mar. En estos meses se han celebrado unas cincuenta actividades gratuitas de todo tipo: píldoras formativas, exposiciones, proyecciones, espacios de networking, mesas redondas, presentación de proyectos inspiradores, degustaciones, talleres, etc.

Comunidades de Aprendizaje orientadas a la Práctica

Este otoño también se han puesto en marcha las Comunidades de Aprendizaje orientadas a la Práctica (CAP), que tratan de poner en valor y en relación saberes y experiencias, personas e interés por aprender y compartir en un espacio común que genere conocimiento. Todo esto vinculado a proyectos de autoempleo colectivo, a la economía social y solidaria, a la innovación social y al tejido comunitario de los territorios en los que se desarrollen.

Desde octubre se han puesto en marcha una decena de estos espacios de investigación, generación, adquisición y profundización de conocimiento orientado hacia la práctica de las personas e iniciativas de autoempleo colectivo. Los temas están relacionados con los sectores de MARES, y el funcionamiento, por ahora, es a través de reuniones presenciales, pero pronto se habilitará una plataforma online.

Sensibilización sobre economía social y solidaria

La difusión de los principios, modos de funcionamiento y experiencias de la economía social y solidaria es el objetivo de las Mareas, que en noviembre han presentado una guía didáctica. La guía, que se centra en el ámbito de la educación, se dirige a profesorado de educación secundaria y formación profesional, a personal técnico de formación para el empleo, y a entidades, proyectos y asociaciones que deseen llevar a cabo formaciones sobre economía social y solidaria.

 

Descarga la guía didáctica sobre Economía Social y Solidaria.

La guía va acompañada por una lista de 37 vídeos para usar como recurso en el aula, a la que se sumarán este mes dos nuevos vídeos divulgativos sobre los principios y prácticas de la economía social y solidaria, uno de ellos de animación.

Servicios Específicos y Cadenas de Valor

Bajo el epígrafe de Servicios Específicos se agrupa el servicio de asesorías especializadas y acompañamiento a proyectos de MARES, que comenzó en abril. Hasta ahora, se han atendido a más de 200 personas, se han asesorado a más de 70 proyectos y se ha participado en la constitución de la primera cooperativa de impulso empresarial de Madrid: Impulsa.coop.

Por su parte, Cadenas de Valor, la línea de trabajo de MARES que trata de detectar iniciativas en los territorios que se complementan entre sí, identificar necesidades no cubiertas y potenciales respuestas a través de nuevas actividades económicas, también ha comenzado sus actividades en otoño. En octubre realizaron el #Marestón, una maratón en los cuatro distritos realizando una encuesta sobre las necesidades de la ciudadanía respecto a los cinco sectores de Mares.

Comunicación y difusión

Finalmente, cabe destacar las numerosas actividades que se han realizado para difundir y dar a conocer MARES. Además de la información que regularmente se publica en esta web y en redes sociales, se han editado numerosos folletos divulgativos, tanto para dar a conocer el proyecto al público en general o a públicos específicos, como las pymes. Además, en septiembre se presentó el primer número de la revista de MARES. Esta publicación se ha distribuido a través de las Juntas de los cuatro distritos del proyecto, en los espacios en transición y en los diferentes eventos que se han organizado o en los que se han participado, como la V Feria del Mercado Social de Madrid o en la Feria Biocultura. En febrero se publicará el segundo número de la revista.

También desde septiembre se puede escuchar en la emisora M21 una sección quincenal en el programa Objetivo empleo, para dar a conocer los servicios que ofrece MARES y sensibilizar sobre economía social y solidaria. A partir de enero, esta sección servirá de escaparate para los proyectos que forman parte del ecosistema MARES.

Àlvaro Porro, que ha estat col·laborador estret en el comissionat des d’una direcció executiva de Barcelona Activa, pren el relleu

Relleu al capdavant del Comissionat d’Economia Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona. Jordi Via ha dimitit per raons personals i el seu lloc l’ocuparà Àlvaro Porro, que ha format part de l’equip del comissionat en aquests dos anys. Porro era el director executiu de desenvolupament socioeconòmic de proximitat de Barcelona Activa.

Via ha considera que bona part del projecte que, amb el seu equip, va posar en marxa a l’arribar a l’Ajuntament de Barcelona està en marxa. Tant el pla d’impuls de l’Economia Social i Solidària com a nou àmbit d’intervenció socioeconòmica, com el pla de xoc  destinat a crear 2.500 llocs de treball a la ciutat, com el fet d’involucrar Barcelona Activa en l’impuls del cooperativisme i l’economia social són fites de l’executòria que via ha posat en marxa.

Sota el seu mandat del comissionat s’ha posat en marxa una política tendent a dotar d’infraestructures el sector de l’economia social i solidària,, que tindria com a exemple la posada en marxa de Coòpolis, a Can Batlló. Aquesta és una iniciativa que ha coincidit amb el programa de la Generalitat de creació d’ateneus cooperatius. De fet és l’ateneu cooperatiu de Barcelona.

Via, que es reincorporarà a la cooperativa de la qual és soci, té un perfil transversal, tant socialment com nacionalment. És membre de la Xarxa d’Economia Solidària i històric militant del moviment sobiranista La Crida. Via té estudis en Ciències Econòmiques i ha estat president de la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya, a més de membre del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.

Via ha estat entrevistat pel Diari de la Cooperació, antecedent del Diari del Treball. En la peça es poden conèixer les opinions tant polítiques com socials i especialment les relacionades amb el cooperativisme, la banca ètica i les assegurances ètiques, de l’ex responsable de l’economia social i solidària de l’ajuntament de Barcelona. Quan es va incorporar al càrrec va esbossar en una altra entrevista els objectius que es plantejava en aquesta àrea.

“La renconversión hacia una economía más humanizada no sólo es posible jurídicamente, es una obligación de los poderes públicos”

Tiene como objetivo incrementar el empleo en 3.300 personas, mediante la creación y consolidación de empresas del sector

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy el Plan integral de economía social, en cuya redacción participaron todas las familias de la Economía Social, tras incorporar más de la mitad de las aportaciones realizadas en el proceso de participación pública al que ha sido expuesto el documento, con el fin de mejorarlo e integrar las necesidades no detectadas en su elaboración.

Durante el proceso participativo se han recibido aportaciones de CERMI Navarra-Nafarroa, CERMIN, Confederación Empresarial de Economía Social de Navarra –CEPES-, la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Navarra, REAS Navarra y la Coordinadora de ONGD de Navarra.

En total se recibieron 43 propuestas, de las que 13 han sido aceptadas en su totalidad y 11 parcialmente. El Plan tiene entre sus objetivos para el periodo 2017-2020 incrementar el empleo en el sector en un 20%, aproximadamente 3.300 puestos, 2.570 a través de nuevas iniciativas empresariales y de la consolidación y crecimiento de las empresas ya existentes.Otros 730 empleos se generarían mediante iniciativas de inclusión social.

Para ello, el plan se articula en cinco líneas estratégicas: empleo sostenible y de calidad; innovación social; desarrollo empresarial; gobernanza participativa; y desarrollo sectorial. Estas cinco líneas contemplan 16 objetivos y 50 actuaciones concretas, lideradas en su mayoría por la Dirección General de Política Económica y Empresarial y el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, pero con la participación también del los departamentos de Derechos Sociales, Desarrollo Rural y Educación.

En cuanto a la financiación, para 2017 se prevé un presupuesto de 2.828.000 euros; en 2018 se incrementaría en un millón más, hasta 3.802.000 euros; y en 2019 se destinarían 4.147.000 euros, según la disposición presupuestaria de cada año.

Actualmente, la Economía Social (ES) emplea en Navarra a 16.500 personas, el 6,5-7% de la población ocupada en el sector privado.La creación de empresas de ES aumenta progresivamente en los últimos años, superando las 70 creadas en 2015, con una media de 3,5 empleos por empresa creada y un 90% de empleo indefinido.En este momento, las nuevas empresas de economía social representan el 7% del total de empresas creadas en Navarra, el doble que en 2007.Con las acciones comprendidas en el Plan, el Gobierno espera incrementar su peso en 3 puntos, hasta llegar al 10%

Por Toni Lodeiro de la Revista Opcions

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado la primera política pública del Estado español para incentivar el consumo responsable. Opcions Consultoría nos hemos encargado de la elaboración de la propuesta técnica en la que se basa la estrategia. Durante 2017 el Ayuntamiento de Madrid presentará también un Plan de impulso del consumo sostenible.  

El pasado 13 de febrero el Ayuntamiento de Barcelona presentó su “Estrategia de impulso del consumo responsable 2016-2019 . El documento, que recoge más de ochenta medidas, trata de reflejar la apuesta municipal por un nuevo modelo y prácticas de consumo. Incluye medidas en marcha desde hace años (entre las que destacan las cláusulas ambientales para la compra municipal o el Programa Barcelona + Sostenible ), otras incorporadas recientemente (como la Guía de contratación pública social ) y decenas de nuevas acciones.   

El proceso que ha dado lugar a la estrategia nace de la voluntad del Ayuntamiento de incorporar el consumo consciente como un pilar fundamental de su política pública con respecto al consumo.

Opcions Consultoría elabora la “propuesta técnica”

En otoño de 2015, el comissionat de Consum (entonces Miquel Ortega , más tarde sustituido en el cargo por Jordi Via ) contactó con el CRIC (Centre de Recerca i Informació de Consum, actualmente Opcions Consultoría, que forma parte de Opcions de Consum Responsable) para encargarnos la elaboración, bajo su dirección, de una “propuesta técnica” en la que se pudiese basar una estrategia municipal de impulso del consumo responsable (os lo contábamos en esta entrada ). Del trabajo nos encargamos, por parte del CRIC, nuestra colaboradora Carla Cors , con amplia experiencia en el diseño de planes municipales, y yo mismo, como experto en consumo consciente. En el ámbito municipal lideró los trabajos el jefe de Servicios del Departamento de Consumo, Francesc Puigdomènech.

Durante un año trabajamos en colaboración con más de veinte departamentos municipales y decenas de entidades de la sociedad civil. Los objetivos: analizar las políticas de consumo municipales; detectar y visibilizar como políticas de consumo responsable lo que ya se venía haciendo desde diferentes departamentos; socializar en un Ayuntamiento enorme y complejo una idea novedosa como la necesidad de una política pública de impulso del consumo consciente ; recabar el mayor número de análisis y propuestas, y culminar con una “propuesta técnica” que incluyese una “batería” de medidas a implementar en los próximos años .

Durante el proceso también mantuvimos una relación de comunicación, apoyo e inspiración mutua con el equipo técnico que –paralelamente– elaboraba la propuesta técnica del Plan de impulso del consumo sostenible del Ayuntamiento de Madrid, que se presentará durante este 2017.  

Una apuesta estratégica, integral, transversal y participativa

En otoño de 2016 entregamos nuestro trabajo, y en febrero de 2017 el Ayuntamiento presentó la Estrategia , que recoge en buena medida el análisis, relato y medidas recogidos en nuestra propuesta.

Las ideas centrales de esta política son su carácter estratégico (a varios años vista), integral (además de las “clásicas” medidas de sensibilización, contempla la necesidad de cambios normativos e impulso de alternativas económicas), transversal (recoge medidas impulsadas desde áreas municipales muy diversas, no solo desde Consumo) y participativo (contando para su elaboración y desarrollo con la voz de diversos agentes municipales y de la sociedad civil).

Sensibilización, cambio normativo e impulso a las alternativas

La Estrategia agrupa las medidas en 5 objetivos estratégicos: el cambio cultural , los cambios normativos y el impulso a las prácticas de consumo consciente en tres campos económicos específicos: el municipal (políticas de compra pública responsable y ejemplaridad ) , el comercio y la empresa local (con especial atención a las PYME), y el de la economía social y solidaria (ESS).

En lo referido a las PYME y al sector de la ESS, se trata tanto de fomentar el consumo a sus productos y servicios, como de promover su apuesta por las prácticas de consumo consciente. Para la empresa local la identificación con una “nueva cultura del consumo” puede ser un “valor añadido” para diferenciarse de las grandes empresas (con las que nunca podrán competir en precio) y una buena oportunidad para generar una identificación de su modelo empresarial como un valor a preservar por la ciudadanía y la administración pública, en el marco de un necesario proyecto común por un modelo económico más beneficioso para el conjunto de la sociedad.    

En cuanto a las nuevas medidas que derivan de la Estrategia, destacamos algunas como el estudio sobre posibilidades de aplicación de cambios normativos y fiscales, el apoyo a la creación de empresas e iniciativas comunitarias vinculadas a servicios y productos de consumo consciente, las acciones de sensibilización a la ciudadanía y de formación para quien trabaja en servicios municipales y empresas, o la inclusión de la información para el consumo consciente en los servicios de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).     

La Estrategia en su contexto: “optimismo realista” y nuevas políticas públicas

Combinamos la ilusión por un paso adelante inédito con una mirada realista . Los departamentos de consumo tienen un papel poco relevante en las políticas públicas (en muchos ayuntamientos ni siquiera hay ninguna concejalía que incluya la palabra “consumo” en su nombre), y la mayoría de políticas que tienen que ver con el consumo se llevan a cabo desde otros gabinetes mucho más importantes. Y, como explica Yayo Herrero en esta recomendable entrevista , las administraciones públicas son maquinarias lentas, pesadas y resistentes al cambio , y en ellas innovar es una tarea ardua y lenta –y a menudo frustrante si no ajustamos nuestras expectativas a las dificultades que comporta.

Y el presupuesto de esta Estrategia es muy humilde (alrededor del millón de euros anual), si lo analizamos en el contexto del presupuesto municipal de Barcelona. Afortunadamente, hay  más departamentos desde los que se están impulsando nuevas políticas públicas que promueven un nuevo modelo de consumo, algunas de ellas relevantes como la “ Estrategia para la transición energética 2016-2019 ” (dotada con 130 millones de euros) o el “ Plan de impulso de la economía social y solidaria 2016-2019 ” (24 millones), ambos del Ayuntamiento de Barcelona. Todas estas estrategias se enmarcan en la interesante apuesta municipal por una “economía plural” ( véanse las páginas 38 a 42 en el enlace ).

Pero sobre estas y otras políticas públicas interesantes que están naciendo en los últimos años en el Estado español en diferentes administraciones públicas os ampliaremos información en un artículo de próxima publicación que estamos elaborando.

Pd: en esta otra entrada ampliamos , con una mirada más personal, nuestra visión sobre lo que supone para la nueva cultura del consumo en general, y para Opcions en particular la presentación de esta Estrategia, y el contexto de efervescencia de alternativas de consumo y nuevas políticas públicas .

Información facilitada por el Ayuntamiento de Madrid

MARES significa movilidad, alimentación, reciclaje, energía y cuidados. Es el nombre de un proyecto que promueve la economía social en cuatro distritos de Madrid.

Fue una de las 18 propuestas seleccionadas entre más de 300 que se presentaron a la convocatoria Urban Innovative Actions de la Comisión Europea. Se desarrollará en tres años, entre 2017 y 2019.

MARES es un proyecto piloto que busca crear empleo y transformar los barrios y la ciudad de Madrid a través de la intervención en cuatro distritos. Fomenta la creación de empresas, de tejido productivo y comunitario, así como buenas prácticas ciudadanas que llevan a una ciudad más sostenible.

Lo promueve el Ayuntamiento de Madrid junto a ocho socios: Dinamia, Vivero de Iniciativas Ciudadanas, Ecooo, Todo por la Praxis, la Agencia para el Empleo del propio Ayuntamiento, Acción contra el Hambre, Estudio SIC y Tangente. Fue uno de los 18 proyectos seleccionados entre más de 300 propuestas que se presentaron a la convocatoria Urban Innovative Actions de la Comisión Europea, dirigida a financiar soluciones urbanas innovadoras. Es la primera vez que un proyecto así se realiza en Madrid. Este año también han sido seleccionados proyectos en Barcelona, Bilbao y Viladecans.

Cuatro distritos y cuatro sectores

Esta ecuación para favorecer otro modelo de desarrollo tiene como elementos principales cuatro distritos de Madrid (Vallecas, Villaverde, Vicálvaro y Centro) en los que se desarrollarán iniciativas económicas en cuatro sectores: movilidad, alimentación, reciclaje, energía y cuidados –de ahí las siglas que dan nombre al proyecto MARES, recuperando la S final de cuidados. Estos sectores, que la Unión Europea considera estratégicos, se han escogido porque en ellos hay oportunidades claras para las empresas, debido a una demanda social importante vinculada a los cambios de hábitos de vida. Cada distrito estará especializado en un sector: Vallecas en movilidad, Villaverde en alimentación, Vicálvaro en reciclaje y Centro en energía; los cuidados serán un eje que atraviese todos estos sectores.

A esto se añade un abordaje basado en cuatro pilares:

1. La recuperación de espacios públicos en desuso para que sean utilizados por la economía local. En cada uno de los cuatro distritos habrá uno, llamado MAR, que albergarán las iniciativas que se generen. El diseño de estos lugares se hará de forma participativa con las vecinas y los vecinos de cada distrito. En cada MAR habrá una programación permanente de eventos y actividades para fomentar intercambio, producción, investigación, colaboración y difusión de proyectos.
   
2. La puesta en marcha de un laboratorio de competencias, que hará una suerte de diagnóstico en cada distrito para desarrollar luego estrategias, proyectos e iniciativas económicas locales.
   
3. Generar un nuevo tejido económico a través de la economía social y solidaria: creación de empleo estable y de calidad, así como de empresas cooperativas.
   
4. Dar a conocer la economía social y fomentar la cooperación entre distintos agentes para dinamizar la economía local. Esta sensibilización se hará a través de unos dispositivos a los que se ha denominado MAREAS.

Reconociendo e incorporando iniciativas ciudadanas

Con MARES queremos constituir ecosistemas de desarrollo económico a partir de la potencia de cada barrio, aprovechando oportunidades e incorporando el saber hacer de empresas y asociaciones líderes del sector. Las iniciativas empresariales que se creen se basarán en el conocimiento y la experiencia de la ciudadanía y los principios de la economía social y solidaria. Sus objetivos son, entre otros, poner a las personas y sus necesidades en el centro, generar empleo digno y estable, respetar el medioambiente y funcionar de forma democrática.

El proyecto se desarrolla en torno a la resiliencia urbana y económica, es decir, la capacidad que tenemos las personas de adaptarnos ante situaciones no previstas. Traducido a la ciudad de Madrid, esta capacidad hace referencia a las numerosas experiencias que la ciudadanía ha desarrollado para hacer frente a la crisis: iniciativas de autoempleo, recuperación de espacios en desuso o redes de economía.

MARES es una iniciativa abierta y construida para la ciudadanía, que comienza ahora su andadura y se prolongará hasta 2019. A lo largo del desarrollo del proyecto se organizarán numerosas actividades participativas y de formación en cada distrito. Además, contaremos con los espacios de cada MAR que estarán abiertos a iniciativas, organizaciones, empresas y vecinas y vecinos. Si tienes cualquier duda puedes consultar la web maresmadrid.es o escribirnos a info@maresmadrid.es. También puedes seguir todas las novedades en Twitter y en Facebook.

Una información de Yosune Villanueva Lucea para Navarra Capital

El seminario ‘Transformar los territorios desde la economía solidaria’ se celebró en el salón de actos del Palacio del Condestable en unas jornadas abiertas a las que acudieron tanto el tejido social, como los profesionales y cargos de las administraciones locales, además de ciudadanos interesados en reflexionar entorno al potencial de las políticas públicas para el desarrollo de una economía social y solidaria.

La economía social y solidaria se está situando en los últimos tiempos en la agenda de las instituciones locales ante la necesidad de buscar alternativas y contribuir al impulso de un nuevo modelo de desarrollo local y comunitario. Los municipios, que son las instituciones públicas más cercanas a los ciudadanos, cuentan con competencias para poder desarrollar e impulsar una economía más justa al servicio del bien común y al servicio de la sostenibilidad de la vida.

En el seminario, presentado por sus organizadores Patricia Perales, concejala de Economía Local Sostenible del Ayuntamiento de Pamplona; y Carlos Rey, en representación de REAS Navarra, se habló de “transformar los territorios para que la economía esté al servicio de las personas, el bien común y la sostenibilidad de la vida”.

Tras la inauguración, hubo una conferencia sobre las ‘Políticas públicas para una economía social y solidaria’, a cargo de Xavier Rubio Cano, responsable de acción territorial de economía social y solidaria del Ayuntamiento de Barcelona. Después, el seminario se centró en las herramientas para la construcción a nivel local de la economía social y solidaria a cargo de Carlos Askunce Elizaga, coordinador de REAS Euskadi, quien presentó la guía ‘Transformando los territorios desde la economía solidaria. Herramientas para el impulso de políticas públicas locales’.

Los asistentes también tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la contribución que pueden hacer los ayuntamientos a la construcción de una economía social y solidaria. Para ello, contaron con la intervención de Luis Intxauspe Arozamena, alcalde del Ayuntamiento de Hernani; Xavier Rubio Cano, responsable de acción territorial de economía social y solidaria del Ayuntamiento de Barcelona; y Nora Inwinkl, doctora en Sociología y políticas públicas, de Solidarius Italia.

AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN

Desde REAS, se considera que las instituciones deben promover en su gestión y con los instrumentos que disponen, adoptar medidas basadas en los criterios del bien común. Su propio funcionamiento puede convertirse en una herramienta eficaz y multiplicadora de otras políticas públicas, además de democratizar la institución y ponerla al servicio de la ciudadanía.

Se insistió en la idea de que las instituciones públicas pueden incidir en la transformación de la actividad económica de un territorio, a través de acciones directas e indirectas que relocalicen dicha actividad y se oriente desde los criterios de la economía social y solidaria. Con ello, se pretende impulsar estrategias y prácticas del desarrollo local alternativas.

Se hizo hincapié en que los municipios deben redefinir su modelo de desarrollo en la dirección de la construcción de sociedades más equitativas, inclusivas, social y ambientalmente sostenibles. Para ello, se presentaron propuestas y herramientas útiles y se mostró la experiencia de municipios que ya han comenzado a trabajar desde esa perspectiva.

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, CRECE Y SE RENUEVA

En la última década, la economía solidaria se ha consolidado con una alternativa sólida y estable. Ha crecido el número de empresas, la facturación y los puestos de trabajo y se ha irrumpido en nuevos sectores como la energía o las telecomunicaciones. Por lo tanto, apuestan por una herramienta potente para continuar ofreciendo alternativas de consumo responsable.

El objetivo al que se enfrentan las 18 redes que componen REAS a nivel nacional es consolidarlo como el portal temático más importante de economía solidaria del Estado español y de habla hispana. La nueva plataforma web cambiará de estructura y de diseño gráfico para responder a los desafíos que tiene el movimiento social de la economía solidaria. Además de renovar el portal para contar con nuevas herramientas como mapas de iniciativas y repositorio de buenas prácticas y otros recursos para la Economía solidaria, la nueva plataforma desarrollará un espacio propio y personalizado de las redes territoriales y sectoriales de REAS así como una nueva web del Mercado Social, que articulará a todas los mercados sociales territoriales y ofrecerá a la ciudadanía un catálogo sin precedentes donde poder satisfacer las necesidades cotidianas desde un consumo responsable.

Para financiar esta nueva plataforma lanzan desde REAS Red de Redes de Economía Social y Solidaria una campaña de crowdfunding que ya ha comenzado y que estará activa hasta el 7 de abril.

‘MAÑANA. UN NUEVO MUNDO ESTÁ EN MARCHA’

El seminario continuó por la tarde con la proyección de la película ‘Mañana. Un nuevo mundo está en marcha’, que presenta cómo desde iniciativas locales y ciudadanas se puede resolver los problemas ecológicos, económicos y sociales. Un documental que nace a raíz de la publicación de un estudio que anunciaba la posible desaparición de parte de la humanidad en 2100. Cyril Dion y Mélanie Laurent y un equipo de cuatro personas visitaron diez países para investigar las causas de la catástrofe y, sobre todo, la forma de evitarla. Durante su viaje, se encontraron con pioneros que reinventan la agricultura, la energía, la economía, la democracia y la educación. Terminado su trabajo, empiezan a vislumbrar la posibilidad de que surja un nuevo mundo: el mundo del mañana.

El documental pretende ser un recorrido por las mejores propuestas para detener el colapso al cual se dirige la sociedad si no se cambia nada. Durante su viaje se centran en los cinco aspectos claves necesarios en los que hay que reinventarse y que según muestran son: la agricultura, la energía, la economía, la democracia y la educación. En el documental se parte de la premisa que si se ponen en práctica estas iniciativas, concretas, positivas y que ya están en marcha en algunos lugares y demostrando que funcionan, nuestra sociedad pueda superar la crisis socio ecológica actual.

Lamentan que el Gobierno central recorta los avances impulsados por la Unión Europea

Los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Pamplona, Sabadell y Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) han firmado este jueves una declaración municipalista a favor de una contratación pública sostenible.

La declaración tiene como objetivo la promoción de la contratación pública responsable, que impulse el tejido productivo local, dando acceso a las pymes y promoviendo la economía social y las empresas sociales y ambientalmente responsables.

El documento critica que el Gobierno central ha presentado en el Congreso un proyecto de ley de contratos del Sector Público que, a su juicio, no define nuevos procedimientos de contratación ágiles y eficientes, y recorta avances que había impulsando la norma europea 24/2014 en esta materia.

Para los municipios firmantes, esta declaración es una oportunidad para generar marcos legales que permitan hacer de la contratación pública una herramienta de transformación social y económica, además de «coherente con el mandato de la Directiva Europea».

Al acto han acudido el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello; la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, Núria Parlon; el concejal de Gobierno, Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez; el de Gobierno Interior de Valencia, Sergi Campillo, y el primer teniente de alcalde de Sabadell, Joan Berlanga.

TRANSCRIPCIÓN DE LA DIRECTIVA

Pisarello ha asegurado que este es el «punto de salida de una campaña que quiere interpelar a todos los ayuntamientos», y ha lamentado que el Gobierno central del PP ha optado por no trasponer los elementos más avanzados de la directiva europea.

«Continúan apostando por la opacidad y complejidad en la contratación pública», ha asegurado, y ha insistido en que no se han incluido las cláusulas sociales y laborales, además de dejar fuera a la contratación electrónica, que ha señalado como esencial para minimizar los casos de corrupción.

Ha insistido en que ayuntamientos de diferentes colores políticos y de todo el Estado «van a una para impugnar esta reforma insuficiente y que no está a la altura de lo que se necesita», y ha expresado que también interpelan a los sindicatos, al mundo de la empresa para impulsar la contratación pública sostenible.

TRIPLE CRISIS

Parlon ha asegurado que España se encuentra en una triple crisis: económica, social e institucional, y ha asegurado que hay muchas de las soluciones que se han impulsado desde los ayuntamiento, con el principal objetivo de crear condiciones de trabajo dignas.

«Esta declaración tiene mucha fuerza si realmente puede hacerse efectiva», ha valorado, y ha insistido en que la Economía Social y Solidaria (ESS) tiene un gran papel en la lucha contra la precarización laboral, pero ha lamentado que le cuesta acceder a la financiación.

Sánchez ha recordado que esta declaración ha logrado unir a ayuntamientos de distinto color político, y ha explicado que el Gobierno central no ha aceptado las enmiendas a la totalidad de la transposición de la Directiva Europea 24/2014: «No descartamos que el trámite de enmiendas parciales permita mejorarlo».

Campillo ha recordado que los ayuntamientos tienen «responsabilidades como generadoras de modelos social y de comportamiento», mientras que Berlanga ha asegurado que la inercia del sistema actual propicia una falta de transparencia y opacidad y una falsa libre concurrencia, y deja fuera a empresas más pequeñas y con responsabilidad social.

Nota de prensa

Declaración municipalista a favor de la contratación pública sostenible

Web de Contratación Pública Responsable

El seminario se celebrará el 1 de marzo y expondrá iniciativas y buenas prácticas tanto de experiencias próximas como internacionales

El Ayuntamiento de Pamplona y la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) Navarra han organizado una jornada para la promoción de políticas públicas para el desarrollo de una economía social y solidaria. El seminario se celebrará el próximo miércoles 1 de marzo en el Palacio del Condestable, y en él se expondrán iniciativas y buenas prácticas tanto de experiencias próximas como internacionales.

El seminario lleva por título ‘Transformar los territorios desde la economía solidaria’ y se celebrará en el salón de actos del Palacio del Condestable con sesiones de mañana, de 9 a 14 horas, y de tarde, de 17 a 20 horas. Se trata de unas jornadas abiertas tanto al tejido social, como a los profesionales y cargos de las administraciones locales, así como al conjunto de la ciudadanía interesada que tienen por objetivo reflexionar en torno al potencial de las políticas públicas para el desarrollo de una economía social y solidaria, presentar propuestas y herramientas útiles para dicha labor y mostrar la experiencia de municipios que ya han comenzado a trabajar desde esa perspectiva.

Programa y entrega de guía

La economía social y solidaria se está situando en los últimos tiempos en la agenda de las instituciones locales ante la necesidad de buscar alternativas y contribuir al impulso de un nuevo modelo de desarrollo local y comunitario. Los municipios, que son las instituciones públicas más cercanas a la ciudadanía, cuentan con competencias para poder desarrollar e impulsar una economía más justa al servicio del bien común y al servicio de la sostenibilidad de la vida. En el seminario, se presentará una guía con más de 70 iniciativas y de buenas prácticas para que las administraciones públicas puedan replicar.

El seminario comenzará a las 9.15 con la apertura de la jornada a cargo de la concejala delegada de Economía Local Sostenible, Patricia Perales, y de Carlos Rey Bacaicoa, representante de REAS Navarra. Continuará con la conferencia sobre las ‘Políticas públicas para una economía social y solidaria’, a cargo de Xavier Rubio Cano, responsable de acción territorial de economía social y solidaria del Ayuntamiento de Barcelona.

Tras un descanso, a las 11.30 horas, el seminario se centrará en las herramientas para la construcción a nivel local de la economía social y solidaria. Carlos Askunce Elizaga, coordinador de REAS Euskadi, presentará la guía ‘Transformando los territorios desde la economía solidaria. Herramientas para el impulso de políticas públicas locales’.

A partir de las 12.15 horas, los asistentes tendrán oportunidad de conocer de primera mano la contribución que pueden hacer los ayuntamientos a la construcción de una economía social y solidaria. Así, está prevista la intervención de Luis Intxauspe Arozamena, alcalde del Ayuntamiento de Hernani; Xavier Rubio Cano, responsable de acción territorial de economía social y solidaria del Ayuntamiento de Barcelona; y Nora Inwinkl, doctora en Sociología y políticas públicas, de Solidarius Italia..

Documental

El seminario continuará a las 17 horas con la proyección de la película ‘Mañana. Un nuevo mundo está en marcha’, que presenta cómo desde iniciativas locales y ciudadanas se puede resolver los problemas ecológicos, económicos y sociales.

Se trata de un documental que nace a raíz de la publicación de un estudio que anunciaba la posible desaparición de parte de la humanidad en 2100. Cyril Dion y Mélanie Laurent y un equipo de cuatro personas visitaron diez países para investigar las causas de la catástrofe y, sobre todo, la forma de evitarla. Durante su viaje, se encontraron con pioneros que reinventan la agricultura, la energía, la economía, la democracia y la educación. Terminado su trabajo, empiezan a vislumbrar la posibilidad de que surja un nuevo mundo: el mundo del mañana.

El documental pretende ser un recorrido por las mejores propuestas para detener el colapso al cual se dirige la sociedad si no se cambia nada. Durante su viaje se centran en los cinco aspectos claves necesarios en los que hay que reinventarse y que según muestran son: la agricultura, la energía, la economía, la democracia y la educación. En el documental se parte de la premisa que si se ponen en práctica estas iniciativas, concretas, positivas y que ya están en marcha en algunos lugares y demostrando que funcionan, nuestra sociedad pueda superar la crisis socio ecológica actual.

Tras la proyección del documental, se abrirá un espacio de diálogo y un foro abierto sobre la película para poner fin al seminario.

Información completa del Seminario

El Ayuntamiento quiere que parte del dinero público que invierte en subvenciones y sueldos repercuta en el comercio local

“Ya tengo Wifi en la tienda, está todo preparado para empezar a cobrar con la aplicación de la moneda social”, sonríe Cristina Meya propietaria de la frutería Horta Meya de Santa Coloma de Gramenet. El 13 de enero comenzaron a circular por la ciudad las primeras 6.000 gramas, la moneda social.

El Ayuntamiento pretende que parte del dinero público que invierte en subvenciones y sueldos de funcionarios repercuta en el comercio local. Cristina ahora podrá cobrar en metálico, con tarjeta bancaria o a través de una aplicación de móvil que ella se apresura en mostrar: “El cliente hará una transferencia de gramas a mi cuenta y yo cobraré también con la moneda de la ciudad”.

No es la primera moneda social de Cataluña pero sí la primera divisa que se instaura en una ciudad con más de 117.000 habitantes. Además, Santa Coloma es el primer Consistorio que canaliza el gasto público mediante una moneda social. La grama, que equivale al euro, no es una moneda física. Se gestiona con una aplicación que permite hacer transferencias de la cuenta de un usuario a otro por Internet y el móvil.

El referente de todas estas divisas alternativas es el Bristol pound, que nació en la ciudad inglesa en 2012. Ahora, muchos están pendientes de la iniciativa de Santa Coloma porque Ada Colau quiere implantar una moneda similar en Barcelona.

La alcaldesa Núria Parlon y su equipo de Gobierno apostaron por la iniciativa hace tres años. “La Universitat Pompeu Fabra hizo un proyecto y gracias al trabajo de una consultora y a una ayuda europea de 132.000 euros le hemos dado forma”, se enorgullece Parlon.

Oriol Tuson, del Departamento de Comercio, Ferias y Disciplina de Mercado, lleva tiempo trabajando en la grama y explica que “del dinero público que el Consistorio destina a subvencionar a entidades locales y a pagar a los funcionarios, sólo el 30% se invierte en comercios de Santa Coloma. El 70% se gasta fuera de la ciudad, principalmente en Barcelona”.

La presidenta de la Agrupación del Comercio y la Industria, Laia Muñoz, interviene: “Necesitamos un instrumento para conseguir que el dinero público se quede en la ciudad. Y ayude a crecer a nuestros negocios o evite que cierren sus puertas, como tantos en los últimos tiempos”. Pese a estar en una fase embrionaria, la grama ya da resultados, explica Muñoz, porque “estamos digitalizando rápidamente el comercio de proximidad».

La alcaldesa sostiene también que, “se crearán puestos de trabajo y servirá a los negocios para crear campañas de fidelización”. Otro objetivo es incrementar la circulación de dinero entre los comercios.

La moneda social ya es una realidad. Cristina Meya en su frutería, y los propietarios de 124 comercios más, ya tienen el móvil preparado para realizar las primeras transacciones en gramas.

Noticia publicada en lainformacion.com

El Ayuntamiento facilita que usuarios se cambien a compañías alternativas de suministros

El comisionado de Economía Cooperativa, Social y Solidaria y Consumo del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Via, ha asegurado que las empresas de economía social y solidaria han sido capaces de aguantar «mejor» la crisis económica debido a la implicación personal de los empleados en el proyecto.

«La mortalidad de la nuevas empresas micro o pymes es menor en el sector de la economía social y solidaria, y el porcentaje aumenta en aquellas empresas convencionales», ha dicho en una entrevista a Europa Press, aunque ha afirmado que todas ellas han hecho frente a reestructuración de costes y problemas para remunerar a sus trabajadores.

Via ha destacado que los factores clave en la supervivencia de estas empresas son que la dotación y capitalización inicial de la empresa acostumbra a ser mejor que en una empresa unipersonal, y que el trabajador participa directamente en la gestión del negocio, por lo que hay una mayor implicación del empleado en momentos de dificultad económica.

IMPACTO ECÓNOMICO

Ha explicado que las empresas sociales y solidarias representan el 7% del PIB de la ciudad y el 8% de los empleos, pero que el PIB no es el índice más indicado para cuantificar el impacto de estos proyectos: «No nos gusta desde nuestra óptica, porque identifica el crecimiento de la actividad económica independientemente de su origen y de la distribución de la riqueza».

Preguntado sobre las previsiones de creación de empleo a raíz del Plan de Impulso de la Economía Social y Solidaria, al que prevé destinar 24,5 millones de euros hasta 2019, Via ha respondido que prefieren «no cuantificar», y que el resultado del plan no se podrá medir en el aumento o no de puestos de trabajo en el sector.

«Un incremento no podría ser atribuible sólo a la política del Gobierno municipal, sino también a la evolución de la coyuntura económica y a las políticas en el ámbito de la economía social y solidaria que impulse el Govern», aunque ha afirmado que el Ayuntamiento de Barcelona emitirá un informe de valoración a final de mandato.

Ha asegurado que el papel del Ayuntamiento es «facilitar» la creación de empleos; ofrecer acompañamiento e información a estas empresas; ayudar a mejorar su visibilización, y disponer de recursos e infraestructuras que permitan arrancar nuevos proyectos o impulsar aquellos ya existentes.

CONSUMO RESPONSABLE

Via también ha explicado que la II Feria de Consumo Responsable, Economía Social y Solidaria, que se instaló en la plaza Catalunya hasta el 4 de enero bajo el lema ‘¡Un espacio para soñar!’, es un espacio donde el Ayuntamiento ha querido dar a conocer un modelo económico más sostenible, que «ponga a las personas en primer lugar, por delante de los beneficios».

Ha destacado que este año se ha estrenado un nuevo espacio, la Install Party de Alternativas, una fiesta que, bajo el lema ‘Desconéctate del capitalismo, instálate las alternativas’, invita a los usuarios de servicios en el ámbito de las finanzas, la energía y la telefonía, entre otros, a superar el modelo de consumo «injusto e insostenible» actual.

«Las alternativas de la economía solidaria facilitan a los consumidores el cambio de compañía, que a veces es un proceso pesado», ha observado Via, por los que la Install Party anima a los consumidores a traer sus datos bancarios y datos de titularidad de los servicios de luz o teléfono para realizar el cambio de compañía.

ECONOMÍA DE LAS CURAS

Preguntado sobre el papel de la mujer en la economía social y solidaria, Via ha explicado que el trabajo que desarrolla su Comisionado contribuye a que cuestiones relacionadas con el mundo de las curas y de la equidad de género se vean reforzadas y visibilizadas: «El departamento de Programas del Tiempo y Economía de los Cuidados hace un trabajo de diagnóstico en la ciudad, que permitirá presentar una propuesta de trabajo a principios de 2017».

En este sentido, ha dicho que el objetivo es hacer llegar el mensaje de que «no es posible la sociedad ni la economía sin la Economía de los Cuidados, que habitualmente está asumida por las mujeres y es invisible», y ha insistido en que impulsaran una campaña de divulgación, además de fomentar la reflexión interna en el propio Ayuntamiento y trabajar para detectar iniciativas de autoorganización en el entorno de las curas que permitan impulsar proyectos de carácter cooperativo.

La Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI) ha presentado su Balance Social 2015, cuyos datos concluyen que las empresas de inserción en España generan un ahorro económico de 5,4 millones de euros a la Administración Pública, lo que supone un total de 7.622 euros por cada puesto de inserción a jornada completa en empresas de inserción.

Según Nieves Ramos, presidenta de FAEDEI, “el trabajo que cada día realizan las más de 200 empresas de inserción españolas tiene un claro beneficio directo sobre la cohesión social y otros indicadores indirectos, como pueden ser el consumo de las familias, la alimentación o el ocio, entre otros… y no olvidemos lo que supone para estas personas, y para sus familias, su incorporación al mercado laboral y su inclusión social por el empleo”.

Año tras año, las empresas de inserción demuestran que son herramientas eficaces y eficientes de las políticas activas de empleo. Según datos del Balance Social de FAEDEI, durante 2015 han sido un total de 3.117 las personas que se han beneficiado de los itinerarios personalizados y de la labor que cada día realizan las empresas de inserción que actualmente operan en España. En 2015 finalizaron sus itinerarios de inserción un total de 761 personas, de las que más de la mitad, el 52,4%, se han incorporado al mercado laboral.

Las empresas de inserción aumentan su facturación un 15%

Siguiendo con los datos del Balance Social de 2015, en dicho año las 188 empresas de inserción participantes en el estudio de FAEDEI facturaron un total de 106,5 millones de euros, un 15% más que el año anterior. Como afirma Nieves Ramos, “hablamos de un modelo de empresa de economía social que es viable y sostenible, porque no depende de las ayudas públicas (que suponen el 16% de los ingresos totales). El 80% de nuestra facturación procede de la venta de productos y servicios, por lo que la mejor política de apoyo a las empresas de inserción es contratar sus productos y servicios”.

En este sentido, la publicación de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, supuso un importante hito para el sector, ya que por un lado se declaraba a las empresas de inserción como entidades prestadoras de servicios de interés económico general y, por otro, se incluía la obligación por parte de las administraciones de fijar porcentajes de reserva de sus contratos públicos para empresas de inserción. “Esta Ley puede ayudar a que las empresas de inserción crezcan, y no en términos de rentabilidad sino en términos de más empleo para personas vulnerables, ya que las empresas de inserción no reparten beneficios, tienen la obligación de reinvertirlos en mejorar su capacidad productiva y en contratar a más personas en situación o riesgo de exclusión social”.

Visibilidad de la Ley 31/2015

En 2016, FAEDEI ha realizado un importante esfuerzo de comunicación, formación y difusión de la Ley 31/2015 y de todos los datos de impacto social que tienen las empresas de inserción en España. “El objetivo ha sido visibilizar el modelo de las empresas de inserción y nuestra contribución al empleo de las personas más vulnerables”.

El proyecto ha contado con la financiación de la Dirección General del Trabajo Autónomo, Economía Social y RSE del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Se han organizado diversas actividades, entre las que destacan la celebración, en Córdoba, de la XIV Jornada Estatal de Empresas de Inserción; la organización de un total de 9 jornadas técnicas por todo el territorio nacional sobre la aplicación de la Ley 31/2015 y, por último, la publicación de tres guías técnicas: sobre el Balance Social de las empresas de inserción, la aplicación de la Ley 31/2015 y las oportunidades para el desarrollo de proyectos de Garantía Juvenil a través de empresas de inserción.

Descargar Memoria Social de 2015 de FAEDEI

Donostia y Barcelona lideran el cambio hacia la banca ética

Este mes de diciembre dos ayuntamientos han decidido hacer una apuesta por trabajar con banca ética. Los ayuntamientos de Donostia y Barcelona abrieron, a mitades de otoño, concursos públicos para su financiación y en ambos casos Fiare Banca Etica ha sido una de las entidades bancarias elegidas. Fiare Banca Etica es un banco cooperativo con más de 39.000 personas y entidades socias entre España y Italia que trabaja para poner el ahorro exclusivamente al servicio de la economía real y sostenible.

El Ayuntamiento de Barcelona había manifestado con antelación su voluntad de profundizar en la gestión ética de los recursos financieros municipales. En primer lugar, su apuesta por ser socios de la cooperativa y por lo tanto mostrar su compromiso a la hora de apoyar alternativas éticas en el sector bancario. Este junto a otros objetivos forman parte de la línea de Financiación del Plan de Impulso de la Economía Social y Solidaria que aprobó el Ayuntamiento en el mes de noviembre.

En segundo lugar, se abrió una convocatoria para entidades financieras donde se han introducido por primera vez cláusulas sociales en el proceso de selección. La aportación de Fiare Banca Etica va ser en la financiación por 2.5 millones de euros.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Donostia aprobó hace una semana la resolución del concurso público donde Fiare Banca Etica participará con un crédito de 9.5 millones de euros. La relación con Donostia empezó en 2010, con la apertura de una cuenta corriente y la gestión del fondo para cooperación al desarrollo. Es interesante destacar la evolución de este Ayuntamiento donde ha habido tres consistorios diferentes y su voluntad de trabajar con Banca Etica ha sido permanente ya que es una apuesta de ciudad. Donostia es actualmente la capital europea de la cultura.

«Estos acuerdos representan la oportunidad para Fiare Banca Etica – explica Peru Sasia, consejero delegado de Banca Etica para el estado español – de ser socios colaboradores de las administraciones públicas para el desarrollo de políticas y proyectos que crean impactos sociales y medioambientales positivos para las comunidades. Estas colaboraciones – sigue Sasia – nacen en el marco de un trabajo previo entre la base social de nuestro banco cooperativo y queremos seguir con esta política no solo comercial, pero de conocimiento y definición de valores y marcos de trabajo en común».

Estas dos nuevas colaboraciones se añaden a la convenios firmados este año con los Ayuntamientos de Legazpi y Ordizia en Gipuzkoa y el Consejo de Lizaso en Navarra, así como otros acuerdos de colaboración o de gestión de fondos de cooperación al desarrollo.

Fiare Banca Etica

Banca Etica es una banca cooperativa que opera en Italia y en estado español. Es fruto del compromiso de muchas personas y organizaciones que se pusieron en marcha, a mediados de los años ’90, para constituir una entidad de crédito totalmente inspirada en los principios de las finanzas éticas: transparencia, participación, sobriedad, eficiencia y atención a las repercusiones no económicas de las acciones económicas. Actualmente son miembros 39.490 personas socias y se han financiado proyectos en ambos países por valor de 950 millones de euros. www.fiarebancaetica.coop

Por Barcelona Activa

Durante el 2017, se destinarán dos millones de euros para consolidar el área de promoción de la Economía Social y Solidaria (ESS) en la ciudad. En el tercer trimestre se prevé que «El Far», ubicado en La Barceloneta, sea el nuevo espacio de referencia de la Agencia de Desarrollo Local desde se impulsarán las políticas de innovación socioeconómica. Próximamente se habilitarán puntos de información y atención a las personas emprendedoras y empresas del ámbito de la ESS en la Oficina de Atención a las Empresas y el Centro para la Iniciativa Emprendedora.

160 personas participantes en la oferta formativa de este año

A lo largo de este año, se han llevado a cabo actividades de corta duración y programas intensivos de creación y consolidación empresarial en el ámbito de la ESS. A finales de este 2016 habrán participado más de 160 personas emprendedoras que representan cooperativas, entidades sociales y fundaciones. Los tres nuevos programas integrales de formación y acompañamiento «Construïm en femení les Altres Economies«, «La Comunificadora» y «Camí de la solidesa» se irán actualizando con nuevos contenidos. Se abrirán unas 400 plazas para las actividades de corta duración.

La Comunificadora, el impulso a los proyectos de economía colaborativa

Últimamente se ha puesto en marcha el nuevo programa que impulsa proyectos de economía colaborativa desde una vertiente procomún. La Comunificadora consiste en sesiones formativas de introducción al sector, modelos de negocio, nuevas fuentes de financiación alternativas (banca ética, ‘crowdfunding’ o ‘crowdequity’, entre otros), formas jurídicas y habilidades emprendedoras. Se trabaja el Plan de Empresa y se valida la viabilidad de la idea de negocio con impacto social y ambiental.

La ministra del Trabajo, Clara López Obregón instaló la segunda Mesa Regional de Economía Social y Solidaria, esta vez en Cartagena, que cubre a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y Cesar, con la que se busca articular esfuerzos y generar las condiciones para impulsar la economía del sector solidario, la cual cumplirá un papel vital en la nueva etapa que inicia Colombia: el posconflicto.

El evento contó con la participación además del viceministro de Empleo y Pensiones, Francisco Javier Mejía; el presidente de la CUT Bolívar, Gil Falcón Prasca; y el vicerrector de la Universidad de Cartagena, Efraín Cuadro Guzmán, entre otros.

Según explicó López Obregón, “el Ministerio hace presencia en esta región en una misión de respuesta rápida e inmediata a las exigencias del posconflicto, hoy estamos instalando en la Universidad de Cartagena, la mesa de economía social y solidaria, una instancia de participación ciudadana para proyectar en el departamento las acciones tendientes a estimular las formas asociativas en las zonas rurales, especialmente las más afectadas por el conflicto armado en función de generar condiciones de proyectos productivos asociativos, empleo, en coordinación con las autoridades locales y el ministerio de agricultura”.

Luego de instalarse la mesa nacional en Bogotá y la primera regional en Bucaramanga -para los departamentos del Oriente-, el turno ahora es para el Caribe, donde hoy se congregaron más de 300 líderes y representantes de organizaciones y asociaciones campesinas, mineras, juntas de acción comunal, cooperativas y empresas mutuales, a quienes se les explicó las reformas que se adelantarán en este sector, la oferta institucional de MinTrabajo y demás acciones tendientes a impulsar un plan para el fomento de la economía solidaria y el desarrollo rural integral en esta nueva etapa del país.

La funcionaria indicó que desde MinTrabajo se diseña una nueva arquitectura institucional de la economía solidaria que permita de manera más fácil la creación de este tipo de empresas y, sobre todo, su sostenimiento en el tiempo, por lo que una de las primeras acciones que se adelantan es la de generar las condiciones para establecer un fondo de apoyo económico, para lo cual se avanza en varias iniciativas: un convenio con el Banco Agrario para facilidades de crédito en condiciones favorables, una línea de emprendimiento para cooperativas generada a través de las cajas de compensación familiar y una gran alianza con el Sena y su Fondo Emprender que brinde apoyo desde la asistencia técnica en formación y financiación.

De otro lado, la Ministra señaló que a la par con estos proyectos, de igual forma, la cartera laboral, teniendo en cuenta las necesidades y dificultades que afronta este importante renglón de la economía, avanza en la construcción de un nuevo marco normativo actualizado para el sector social y solidario, que le permita mayores alcances con una legislación más moderna.

Este ajuste normativo, explicó López Obregón, incluye un proyecto de ley por medio del cual se establezcan estímulos a la economía solidaria, se modificaría el régimen existente y se reestructuraría la cartera laboral de tal forma que su denominación quede como Ministerio del Trabajo y de la Economía Social y Solidaria.

Además de esto, con el fin de elevar la importancia institucional de este sector de la economía, igualmente se ha pensado en la creación del Viceministerio de la Economía Social y Solidaria, que sustituiría a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.

López Obregón concluyó que esta estrategia se pone en marcha teniendo en cuenta el enorme potencial de este rubro económico, generador de gran riqueza y de un número importante de empleos, además de estar sustentado en unos valores solidarios en los cuales prima lo colectivo sobre lo individual.

Luego de la puesta en marcha de las mesas regionales en Santander y Bolívar, antes de que concluya el primer trimestre de 2017, se tiene programado la instalación de las propias en los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia.

La Comisión publica hoy una segunda convocatoria de proyectos por un valor de 50 millones de euros en el marco de la iniciativa Acciones Urbanas Innovadoras. Las ciudades pueden solicitar y recibir directamente financiación de la UE para proyectos urbanos innovadores.

En Viena se ha creado una ventanilla única de servicios públicos para acompañar a los migrantes en su itinerario de integración en la ciudad. En Madrid se han creado cuatro centros en barrios con elevadas tasas de desempleo con vistas a la creación de puestos de trabajo en los sectores de la energía, la movilidad, el reciclaje y la alimentación, a la vez que se promueve la economía solidaria.

Estos son dos de los dieciocho proyectos ganadores de la primera convocatoria de Acciones Urbanas Innovadoras publicada el año pasado. La Comisión pone en marcha hoy una segunda convocatoria para premiar a los proyectos más innovadores presentados por las propias ciudades.

La comisaria europea de Política Regional, Corina Crețu, ha declarado: «Con esta iniciativa, estamos ofreciendo a las ciudades los medios para convertir sus ideas en prácticas concretas que, a continuación, podemos compartir a nivel de la UE. Y esto es así porque sabemos que las soluciones a los retos más acuciantes, como el desempleo, la exclusión social o el cambio climático, por citar solo unos pocos, provendrán de las propias ciudades. La Agenda Urbana está precisamente concebida para empoderar a las ciudades y hacer que se oigan sus voces.»

La nueva convocatoria, con un presupuesto de 50 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), recompensará los proyectos más innovadores en tres categorías, en consonancia con las prioridades de la Agenda Urbana para la UE: la integración de los inmigrantes, la movilidad urbana y la economía circular. La convocatoria estará abierta desde hoy hasta mediados de abril de 2017.

Información general

El Pacto de Ámsterdam (30 de mayo de 2016) y las Conclusiones del Consejo (24 de junio de 2016) pusieron en marcha la Agenda Urbana para la UE y establecieron sus principios fundamentales.

En el corazón de la Agenda Urbana, doce asociaciones permiten que las ciudades, los Estados miembros, las instituciones de la UE, las ONG y los socios comerciales trabajen juntos en pie de igualdad para mejorar la calidad de vida en las zonas urbanas. Ya han iniciado su andadura cuatro asociaciones piloto, sobre la inclusión de los inmigrantes, la calidad del aire, la vivienda y la pobreza urbana.

En consonancia con las prioridades temáticas de la Agenda Urbana, la iniciativa Acciones Urbanas Innovadoras proporciona recursos a las ciudades de la UE para financiar proyectos innovadores, con una dotación total de 372 millones de euros del FEDER durante el período 2014-2020. En la primera convocatoria se seleccionaron dieciocho proyectos entre 378 candidaturas.

Más información

Ventanilla única sobre política urbana

Acciones Urbanas Innovadoras

Twitter: @EU_Regional, @CorinaCretuEU UIA_Initiative