Cuando hablamos de redistribuir más equitativamente renta y riqueza es normal que pensemos inmediatamente en los impuestos como uno de los más potentes instrumentos de redistribución. Y ello es cierto, pero solo en parte.

Los impuestos actúan sobre una distribución de renta y riqueza preexistentes, pero no nos engañemos, su potencial para reducir las desigualdades es más bien escaso. Lo que podemos exigir de los impuestos es que se repartan con equidad y progresividad y se recauden con suficiencia.

La auténtica capacidad redistributiva de la fiscalidad está en la utilización de esa recaudación impositiva. Es el gasto público el instrumento potente para redistribuir, con la posibilidad adicional de atacar auténticamente sobre las raíces de la desigualdad. Porque la desigualdad proviene ya desde la cuna, incluso antes. Conseguir unas condiciones de vivienda digna y de vida y alimentación sana y suficiente es una primera vía de siembra correctora de desigualdades. Las políticas de cuidados, que inciden de forma especial sobre las oportunidades para las mujeres, tradicionalmente atadas a las obligaciones con la infancia y con las personas mayores, son otra vía de trabajar por reducir la desigualdad en sus raíces.

La inversión en vivienda social asequible, la prestación universal por crianza, los comedores escolares gratuitos, la oferta igualmente gratuita de escuelas infantiles con plazas suficientes, el ingreso mínimo vital (deseablemente automático y universal, como renta básica de ciudadanía), una sanidad pública universal de calidad… son ejemplos de medidas deseables en la dirección apuntada en el párrafo anterior.

El siguiente puntal de una política radical de reducción de las desigualdades es, sin duda, la educación. Para que cumpla su papel, es fundamental asegurar una educación pública y gratuita de calidad y la inexistencia de segregación escolar: es decir, evitar que existan centros para alumnado de familias ricas y centros para alumnado de familias con menor formación y más dificultades de aprendizaje, condenando a estos a un nivel de segunda clase.

Por supuesto, incidir sobre el mercado de trabajo, marcar salarios mínimos justos, erradicar la precariedad, evitar las desigualdades de trato por cualquier causa como género, edad o raza, equilibrar las fuerzas de negociación entre patronales y trabajadores, favorecer la presencia sindical en los consejos de administración y luchar contra los poderes monopolísticos que se aprovechan de las familias a través de sobreprecios en sus consumos… son vías que favorecen una menor desigualdad en el mismo momento en que se generan las rentas.

Mucha de la pobreza y marginación que queremos erradicar la sufren las personas inmigrantes, fuente principal de nuestro crecimiento económico, demográfico y cultural. Se justifica plenamente que existan medidas de apoyo específicas, al tratarse de una población sin redes sociales de apoyo y a veces alejada de nuestros hábitos culturales. Normalizar la regularización para evitar su situación alegal (que les priva de derechos básicos y les condena al mercado negro y la explotación) es positivo, así como fortalecer y prolongar las políticas activas de integración a sus descendientes.

Cuando hablamos de redistribuir más equitativamente renta y riqueza es normal que pensemos inmediatamente en los impuestos como uno de los más potentes instrumentos de redistribución. Y ello es cierto, pero solo en parte.

Los impuestos actúan sobre una distribución de renta y riqueza preexistentes, pero no nos engañemos, su potencial para reducir las desigualdades es más bien escaso. Lo que podemos exigir de los impuestos es que se repartan con equidad y progresividad y se recauden con suficiencia.

La auténtica capacidad redistributiva de la fiscalidad está en la utilización de esa recaudación impositiva. Es el gasto público el instrumento potente para redistribuir, con la posibilidad adicional de atacar auténticamente sobre las raíces de la desigualdad. Porque la desigualdad proviene ya desde la cuna, incluso antes. Conseguir unas condiciones de vivienda digna y de vida y alimentación sana y suficiente es una primera vía de siembra correctora de desigualdades. Las políticas de cuidados, que inciden de forma especial sobre las oportunidades para las mujeres, tradicionalmente atadas a las obligaciones con la infancia y con las personas mayores, son otra vía de trabajar por reducir la desigualdad en sus raíces.

La inversión en vivienda social asequible, la prestación universal por crianza, los comedores escolares gratuitos, la oferta igualmente gratuita de escuelas infantiles con plazas suficientes, el ingreso mínimo vital (deseablemente automático y universal, como renta básica de ciudadanía), una sanidad pública universal de calidad… son ejemplos de medidas deseables en la dirección apuntada en el párrafo anterior.

El siguiente puntal de una política radical de reducción de las desigualdades es, sin duda, la educación. Para que cumpla su papel, es fundamental asegurar una educación pública y gratuita de calidad y la inexistencia de segregación escolar: es decir, evitar que existan centros para alumnado de familias ricas y centros para alumnado de familias con menor formación y más dificultades de aprendizaje, condenando a estos a un nivel de segunda clase.

Por supuesto, incidir sobre el mercado de trabajo, marcar salarios mínimos justos, erradicar la precariedad, evitar las desigualdades de trato por cualquier causa como género, edad o raza, equilibrar las fuerzas de negociación entre patronales y trabajadores, favorecer la presencia sindical en los consejos de administración y luchar contra los poderes monopolísticos que se aprovechan de las familias a través de sobreprecios en sus consumos… son vías que favorecen una menor desigualdad en el mismo momento en que se generan las rentas.

Mucha de la pobreza y marginación que queremos erradicar la sufren las personas inmigrantes, fuente principal de nuestro crecimiento económico, demográfico y cultural. Se justifica plenamente que existan medidas de apoyo específicas, al tratarse de una población sin redes sociales de apoyo y a veces alejada de nuestros hábitos culturales. Normalizar la regularización para evitar su situación alegal (que les priva de derechos básicos y les condena al mercado negro y la explotación) es positivo, así como fortalecer y prolongar las políticas activas de integración a sus descendientes.

Prácticamente todas esas medidas, solo una muestra de cuantas son necesarias para ir corrigiendo las desigualdades que genera un mercado descontrolado, necesitan recursos con las que hacerlas frente. La ciudadanía española demanda políticas potentes y eficaces, al menos al nivel de los países europeos más avanzados. Pero ello es imposible sin un sistema tributario que aporte los recursos necesarios para ello. No podemos querer los servicios de los países nórdicos o de Francia, sin ir más lejos, con una presión fiscal hasta diez puntos inferior en relación al PIB que esos países dedican.

La afirmación de que el dinero está mejor en los bolsillos de las personas en vez de en los del Estado es aparentemente cierta para una pequeña minoría que puede afrontar con su dinero sanidad, educación y cuidados de forma privada, comprarse hoy una vivienda donde quieren gracias a sus elevados salarios y sus jugosas rentas de activos financieros.

Pero esos mismos colectivos privilegiados son los primeros en solicitar contratos y ayudas públicas y socorro cuando vienen mal dadas. Por otra parte, la gran mayoría de la población no tiene esa capacidad de gasto ni puede permitirse ahorrar. Y, peor aún, deteriorado el ascensor social, está condenada a seguir en esa misma situación de estrés laboral y monetario desde su nacimiento hasta su muerte.

El discurso de la igualdad de oportunidades y de la meritocracia a través del esfuerzo personal es una falacia absoluta. Medidas como las anteriormente citadas pueden paliar la desigualdad. Pero solo si la acción pública es potente y decidida, solo si los medios y las políticas son mucho más radicales de lo que lo son actualmente.

Según algunos estudios, hasta el 70% de la desigualdad en España se explica ya a partir de las herencias. Por ello, es tan importante que exista un impuesto de sucesiones. Quienes reciben una herencia no pueden alegar que se penaliza un esfuerzo que no han realizado, que les cae del cielo y que de forma manifiestamente injusta les sitúa en situación de ventaja desde el punto de salida. Necesitamos un impuesto sobre las grandes herencias, semejante al que se aprobó sobre las grandes fortunas. Con un mínimo exento elevado, se haría recaer sobre esa minoría de la población que perpetúa sus privilegios de generación en generación.

Porque conseguir un sistema tributario equitativo, progresivo y suficiente no implica subir impuestos, sino combatir los privilegios existentes. El de los superricos que evaden el impuesto sobre la renta hasta el punto de pagar proporcionalmente menos impuestos que, incluso, los contribuyentes con menores ingresos.

Hay que conseguir que las grandes sociedades paguen no solo el 15% que se ha aprobado como mínimo, sino un porcentaje más acorde con su poder y privilegios y de acuerdo con sus auténticos beneficios. Las múltiples bonificaciones, compensaciones y deducciones facilitan la ingeniería fiscal, propician los trucos contables para evadir los impuestos debidos. Con la complicidad adicional de las guaridas fiscales internacionales y de los asesores cómplices, cuando no inductores.

Hay que conseguir que las finanzas paguen, por lo menos, los mismos impuestos que las rentas del trabajo o el patrimonio inmobiliario.

Hay que penalizar fuertemente los consumos altamente contaminantes de los ultrarricos con un impuesto verde sobre el lujo suntuario.

Necesitamos una fiscalidad realmente redistributiva que (vía impuestos y, sobre todo, vía políticas de gasto público social) ataque la desigualdad no sólo a posteriori, sino también en sus raíces.

Fuente: Público

Las previsiones económicas, tanto las oficiales como las de los diferentes organismos, vislumbran un otoño incierto con un enfriamiento del crecimiento a consecuencia de factores de riesgo como el debilitamiento de la demanda interna, la inflación, el incremento de los tipos de interés, la evolución de la guerra en Ucrania o el impacto de las condiciones climáticas en las cosechas agrícolas. Todos estos factores son los que recoge la ‘Memoria socioeconómica y laboral de Catalunya 2022‘, elaborada por el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc). En su análisis, el organismo advierte de un empeoramiento de las condiciones de acceso a la vivienda, ya que los precios de compra crecen, el mercado de alquiler se contrae y sube la renta media de los nuevos contratos. De hecho, el estudio concluye que la vivienda social sólo representa el 1,2% del total.

A esta preocupación de carácter social, se le suma la inquietud por la situación financiera frágil de las pequeñas y medianas empresas catalanas. Por eso, en su informe, insta a favorecer el acceso prioritario de éstas a los procesos de contratación pública. Así, en el capítulo de recomendaciones, el Ctesc propone facilitar la presencia de «las empresas que cumplan requisitos éticos, sociales y medioambientales, dándoles más peso en las licitaciones públicas y reduciendo la importancia del precio como criterio de adjudicación siempre y que garanticen la calidad del bien o servicio a proporcionar». En la misma línea y con el objetivo de impulsar las acciones de la Economía Social y Solidaria (ESS), también se plantea «aumentar el apoyo y la financiación pública de los centros especiales de trabajo y las empresas de inserción que dependan de ellos total o parcialmente».

Una posible vía para activar estas acciones es la contratación pública municipal, la más numerosa en Catalunya, puesto que supone el 60% de las adjudicaciones. En este sentido, el consultor en financiación y compra pública y socio de Facto Cooperativa, Marc Vilanova, defiende las propuestas de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) y la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), que apuestan por la contratación pública responsable. En un artículo en Jornal.cat, un diario especializado de la economía social, Vilanova aboga por «implementar estrategias en línea con la ley de contratos del sector público para favorecer a la ESS».

El peso de las entidades locales

Los datos que aporta Vilanova indican que Catalunya destaca por su naturaleza municipalista, reflejada en la contratación pública promovida por las administraciones locales. Durante 2022, el 60% de las adjudicaciones y formalizaciones de contratos fueron realizadas por entidades locales. En la esfera estatal, el conjunto de administraciones catalanas aportan el 19% de las pujas impulsadas por entidades locales.

En el artículo, se incide en la necesidad de fortalecer el papel de las administraciones locales en la contratación pública y cómo, mediante una apuesta política, se puede desarrollar un sistema de contratación que no sólo promueva sino que impulse la responsabilidad social. Fruto de esa reivindicación, varios actores del sector reclamaron medidas dirigidas a los partidos políticos para fomentar la economía social y solidaria (ESS). El documento aborda herramientas como la contratación pública responsable y la concertación público-social.

Vilanova añade que las propuestas de las entidades de la economía social ponen el foco en el despliegue de estrategias en consonancia con el marco normativo actual. La ley de contratos del sector público (LSCP 9/2017), en línea con las directrices europeas, estipula la necesidad de que los órganos de contratación faciliten el acceso a la contratación pública para las pymes y la ESS, así como la incorporación transversal y preceptiva de criterios sociales y medioambientales en los procedimientos de contratación, priorizando la mejor relación calidad-precio o coste-eficiencia como principio rector para seleccionar las ofertas y buscar proveedores. A pesar de estos criterios definidos, a menudo las actuaciones políticas favorecen a las grandes empresas y a las concentraciones oligopolísticas de la oferta.

La Compra Pública Responsable

En Catalunya, la contratación pública representa el 30% del gasto público. Aprovechando este viento favorable, desde Facto Cooperativa, de la que es socio Marc Vilanova, se destaca la importancia de que las administraciones locales apuesten firmemente por continuar desplegando estrategias de Compra Pública Responsable. Además, introduce otra figura como la reserva de contratos, que permite a los ayuntamientos y al resto de entidades locales un mecanismo para garantizar que las iniciativas de la economía social y de los Centros Especiales de Trabajo (CET) puedan optar a las licitaciones de contratos públicos.

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) elevaron 10 propuestas dirigidas a los partidos políticos coincidiendo con las elecciones municipales. En este listado, la sexta hacía referencia a la compra pública responsable y a la concertación. Entre las exigencias, se encontraban impulsar la compra pública socialmente responsable que priorice a las empresas cooperativas, apostar por la concertación público-social entre la administración local y las cooperativas de iniciativa social o sin ánimo de lucro e impulsar la municipalización de servicios públicos y ceder su gestión a cooperativas, como por ejemplo, el suministro de agua.

A pesar de la relativa buena salud de la contratación pública municipal en Catalunya, con más de la mitad de las adjudicaciones, el contexto de incertidumbre económica debería utilizarse para dar un impulso político a determinadas fórmulas como la reserva de contratos o la Compra Pública Responsable para favorecer y facilitar el posicionamiento de las pymes y las empresas de la economía social y solidaria.

Tras décadas de políticas de vivienda que no han logrado resolver el problema de la accesibilidad, seguimos a los pies de un mercado inmobiliario desbocado. Las últimas semanas hemos asistido a un debate del gobierno de coalición que impulsa una nueva ley con medidas de contención de los precios del alquiler, ayudas para el pago de la renta e incentivos para sacar al mercado inmuebles vacíos.

Un impulso que parece orientado a limitar la carga personal y familiar del alquiler, ante el incesante aumento de la brecha entre los salarios y los precios de las rentas. Hay opiniones dispares sobre la eficacia de los recursos invertidos en ayudas al pago de la renta y cómo acogerá el mercado una regulación de precios limitada. Siendo un propósito necesario de abordar, no aparecen en el debate otras posibles soluciones.

A veces hay que dar un paso atrás para mirar con perspectiva y ver otras opciones, que, no siendo milagrosas ni inmediatas, puedan suponer un cambio significativo a largo plazo. Demos ese paso por un momento. Si nos permitimos soñar con una solución al problema habitacional, nos imaginaríamos un tipo de vivienda a un precio asequible, con una fórmula que garantice esa contención de precios a largo plazo, que asegure la permanencia de los inquilinos sin cargas financieras, facilitando la movilidad y al mismo tiempo mejore las condiciones de habitabilidad y recupere el espíritu de comunidad y los cuidados. Incluso podríamos imaginarlo desde la promoción pública y privada. Todo un sueño.

Quizá ese hogar idílico se está construyendo ya en algún rincón de nuestros pueblos y ciudades. Quizá nuestra atención en mejorar viejos modelos no nos deja ver fórmulas innovadoras que puedan modificar las reglas del juego. Quizá haya un modelo emergente que supone la disrupción que necesita un vetusto mercado inmobiliario.

Iniciativas con historia marcando el camino

Investigando encontramos valiosas iniciativas que surgen de la misma sociedad que en la crisis sanitaria ha sufrido las miserias habitacionales y lamentado el drama de los cuidados, a la que preocupa el aislamiento individual creciente, que sufre la crudeza de la emergencia climática y observa con incredulidad el crecimiento ilimitado en un planeta finito.

La historia de estas propuestas dicen que empieza con una idea de vida comunitaria en Dinamarca en los años setenta, que evolucionó a un modelo de cooperativa de cesión de uso denominado Andel que, exportado a EEUU, acuñó el nombre de cohousing, observando múltiples variantes hasta nuestros días. Ese relato nos llega como una solución real gracias a las 1.300 Coopératives d’habitation que alojan a 60.000 personas en Québec, a las Coopératives de construction et d’habitation con el 8% de los inmuebles en Suiza, o las 30.000 cooperativas que representan el 2,58% de las viviendas en Uruguay. O incluso las 160.000 viviendas de Cooperativas de Utilidad Pública con el IIBW en Austria.

Las cooperativas de vivienda en cesión de uso mantienen la propiedad cooperativa sin lucro, con autogestión y autopromoción, bajando los precios de acceso y evitando la especulación.

Se trata de un modelo con lo mejor de la propiedad y el alquiler: la cesión o derecho de uso, que procura estabilidad y facilita una mayor accesibilidad y movilidad, sin cargas financieras, con una propiedad colectiva del inmueble que permanece tras la construcción o rehabilitación. Impide la especulación y contribuye a crear un parque de vivienda social y asequible a largo plazo. Se basa en la aportación de un capital inicial por el 20% de la promoción, retornable en caso de salida, y un canon mensual asimilable al alquiler, pero muy por debajo de los precios de mercado.
Si combinamos la autopromoción con la ausencia de lucro, podemos bajar notablemente los costes de construcción o rehabilitación, mejorando el acceso a la vivienda, además de adecuarla a las necesidades reales de sus habitantes y sus procesos vitales evolutivos. El modelo cooperativo propicia la configuración de grupos humanos y comunidades con alta implicación y participación. Incorpora una alta eficiencia, bajos consumos y reducción de equipamientos, contando con la autogestión como clave de empoderamiento personal y colectivo, que dinamiza el tejido económico en clave de economía circular y social.

La fórmula se basa en una aportación de capital inicial reembolsable y cuotas mensuales como canon de uso y mantenimiento, facilitando la entrada y salida de unidades de convivencia que gestiona la cooperativa.

Con esta receta podríamos explorar la colaboración público-cooperativa para llegar a los sectores más vulnerables, entrando en una dinámica de empoderamiento social que genera aprendizaje, cualificación y emprendimiento, que nos provea de comunidades de apoyo y resiliencia. El carácter cooperativo también crea una trama de barrio y un desarrollo urbanístico con una mayor cohesión social.

Sería injusto olvidar que el modelo tiene más de 13 años en España con cooperativas como Cal Cases, y que florece en Cataluña en un contexto de colaboración público-cooperativa, con los ejemplos de La Borda, La Balma y Princesa 49. Cuenta con referencias sostenibles como Entrepatios y opciones senior para vivir la vejez con plenitud como Trabensol en Madrid e iniciativas en todas las CCAA. Algunos son referentes internacionales en arquitectura y sostenibilidad.

El impulso de proyectos de coovivienda de iniciativa ciudadana o con colaboración público-cooperativa, mejora la accesibilidad, la salud, los cuidados, la equidad y la sostenibilidad

Cooperativas de vivienda para una Agenda 2030

Estas experiencias son grandes articuladoras de las propuestas políticas que plantea la Agenda 2030 y los 17 ODS, para solucionar los grandes retos de la humanidad y abordar los retos a los que nuestra sociedad se enfrentará en los próximos años. Es urgente iniciar un cambio en el modelo de vivienda: optimizar el uso del suelo, maximizar la eficiencia de los equipamientos y recursos, asegurar espacios habitables de calidad que faciliten el encuentro, la equidad, la convivencia sana y los cuidados.

La sostenibilidad, la igualdad y los cuidados son los tres ejes centrales para alcanzar un desarrollo sostenible, siendo parte de los retos identificados en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 del Gobierno de España, como constan también en los propios Objetivos de Naciones Unidas.

Según la Estrategia de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030, la vivienda es «uno de los principales problemas sociales que enfrenta nuestro país, un factor generador de desigualdad y elemento clave en el análisis del riesgo de pobreza de la población». Es también el espacio donde se desenvuelven los cuidados de personas con dependencia y necesidad de atención especial, con dinámicas invisibilizadas, desvalorizadas y feminizadas.

La vivienda cooperativa en cesión de uso sin ánimo de lucro es una palanca de cambio para caminar con determinación hacia un desarrollo sostenible. Es la tercera vía de la vivienda, surgida de la innovación social. En la Economía Social y Solidaria hay una apuesta clara por este modelo de vivienda.