A la ciudadanía se le repite que tiene que comer mejor. Más frutas y verduras, más legumbres, más alimentos frescos y menos productos ultraprocesados. Lo dicen las autoridades sanitarias. Lo dicen las profesionales de la salud. Lo dicen las guías alimentarias.

Pero hay una pregunta que casi nunca se hace: ¿quién puede permitirse comer así?

Firma por un sistema alimentario que permita comer bien. A precio justo y para todas. Personas y organizaciones pueden sumarse a la propuesta a través de los formularios de adhesión individual y de entidades de Justicia Alimentaria.

Porque mientras se recomienda mejorar la alimentación, llenar la cesta de la compra con alimentos saludables se ha convertido para muchas familias en un esfuerzo económico cada vez mayor. Y esta contradicción no es un problema individual. Es un problema del sistema alimentario.
No se puede seguir trasladando a las personas toda la responsabilidad sobre lo que comen cuando las reglas del mercado hacen que comer bien resulte más difícil.

La alimentación saludable no puede ser un lujo.

Una alimentación saludable no debería depender del nivel de renta.

Sin embargo, para una familia con dificultades económicas, llenar la cesta de productos frescos puede significar renunciar a otras necesidades básicas. Y cuando el presupuesto aprieta, los alimentos baratos, muy disponibles y fuertemente promocionados suelen ser precisamente aquellos cuyo consumo las autoridades sanitarias recomiendan limitar.

Esto no es una elección libre en igualdad de condiciones.

Según Justicia Alimentaria, durante demasiado tiempo se han construido las políticas alimentarias alrededor de una idea muy sencilla: el consumidor debe elegir mejor.
Pero ¿qué ocurre con los precios? ¿Qué ocurre con las promociones? ¿Qué ocurre con la distribución de los espacios en los supermercados? ¿Qué ocurre con las estrategias comerciales? ¿Qué ocurre con los márgenes? ¿Qué ocurre con la publicidad dirigida a las familias y a la infancia?

Si se quiere transformar la alimentación, hay que transformar también el entorno en el que se toman las decisiones.

Por eso proponen 100 alimentos saludables a precio justo.

Desde Justicia Alimentaria quieren abrir un debate y construir una propuesta concreta: que las grandes cadenas de distribución garanticen permanentemente una cesta amplia de alimentos saludables vendidos a precio de coste, sin trasladar el coste a profesiones de la agricultura, ganadería y proveedoras de alimentación.

La propuesta parte de una idea sencilla.

Los supermercados ya utilizan sus diferentes márgenes comerciales para construir su oferta y su estrategia de precios. Lo que plantean es que una parte limitada de esos márgenes se utilice para hacer más accesibles los alimentos esenciales para una alimentación saludable.

No se trata de que las personas que trabajan en el campo cobren menos.

No se trata de precarizar a quienes producen los alimentos.

No se trata de financiar la medida con dinero público.

Se trata de actuar sobre la distribución y sobre la forma en que se construyen los precios en la cadena alimentaria.

Y proponen hacerlo de manera transparente, con criterios nutricionales claros y con una cesta suficientemente amplia y diversa: frutas, verduras, legumbres, alimentos básicos y otros productos compatibles con las recomendaciones oficiales de alimentación saludable.

100 alimentos saludables. 100 alimentos a precio justo. 100 alimentos que permitan que comer bien no sea un privilegio.

Que nadie tenga que elegir entre salud y bolsillo

Hay algo profundamente injusto en un sistema en el que una familia puede encontrar miles de productos alimentarios en un supermercado, pero tiene dificultades para llenar su cesta con aquellos alimentos que debería consumir con mayor frecuencia.

La alimentación es uno de los principales determinantes de la salud. Y, por tanto, garantizar el acceso a una alimentación saludable no puede quedar reducido a campañas de educación nutricional.

No basta con decirle a una familia que coma mejor. Hay que hacer posible que pueda hacerlo.

Y eso exige intervenir sobre los precios, sobre la oferta y sobre las estrategias comerciales de las grandes cadenas de distribución.

Una propuesta que también debe proteger a quienes producen

Esta iniciativa no pretende enfrentar a quién consume y a quién produce.

Al contrario.

La organización no acepta la falsa disyuntiva entre alimentación saludable y renta agraria.

Una alimentación diferente necesita también agricultores y ganaderas que puedan vivir dignamente de su trabajo.

Por eso cualquier mecanismo para abaratar determinados alimentos saludables debe impedir que el coste termine repercutiendo sobre quienes los producen.

La transformación alimentaria no puede hacerse a costa de los eslabones más débiles de la cadena.

El supermercado también es política alimentaria

Durante años se ha considerado el supermercado como un espacio neutral.

No lo es.

Lo que se encuentra a la entrada, lo que está a la altura de los ojos, lo que aparece en promoción, lo que tiene descuentos, lo que se publicita, lo que ocupa más espacio y lo que se puede comprar a un precio asequible forma parte del entorno alimentario.

Y ese entorno condiciona la alimentación.

Por eso Justicia Alimentaria cree que ha llegado el momento de hablar de política alimentaria también dentro de los supermercados.

No se pueden dejar en manos exclusivamente de las empresas decisiones que tienen consecuencias sobre la salud de millones de personas.

Construir una alianza

En Francia, una iniciativa de estas características ha conseguido reunir a 42 organizaciones de ámbitos muy diferentes: organizaciones de consumidores, entidades sociales, organizaciones de salud, medioambientales, asociaciones de familias, sindicatos y organizaciones de lucha contra la pobreza, entre otras. La coalición está reclamando que una cesta de alimentos saludables pueda venderse permanentemente a precio de coste y ha acompañado esta reivindicación con una propuesta legislativa. Justicia Alimentaria cree que en España se puede hacer algo parecido.

Porque este no es un problema exclusivamente de agricultores.

Ni de consumidores.

Ni de salud pública.

Ni de pobreza.

Ni de medio ambiente.

Es un problema del sistema alimentario.

Y, precisamente por eso, necesita una respuesta colectiva.

Desde Justicia Alimentaria quieren impulsar una alianza por 100 alimentos saludables a precio justo y hacen un llamamiento a organizaciones sociales, de consumidores, de salud pública, de familias, sindicales, ambientales, de defensa de la agricultura familiar, profesionales de la nutrición y la salud, asociaciones contra la pobreza y todas aquellas entidades que quieran formar parte de ella.

Quieren sentarse, debatir la propuesta, mejorarla y convertirla en una reivindicación compartida.

Porque saben que una transformación de esta magnitud no la va a conseguir una organización sola.

La conseguirán si son capaces de construir una mayoría social que diga algo muy sencillo: comer bien no puede ser un privilegio de quien puede pagarlo.

Firma por un sistema alimentario que permita comer bien. A precio justo y para todas. Personas y organizaciones pueden sumarse a la propuesta a través de los formularios de adhesión individual y de entidades de Justicia Alimentaria.

Fuente: Justicia Alimentaria

Ya en 1019, el Plan de Derechos Humanos de Cataluña reconoció por primera vez el “derecho a un consumo responsable y respetuoso con los derechos humanos”. ¿En qué punto estamos?

De concepto a derecho humano básico

El consumo responsable se ha conceptualizado por entidades de la sociedad civil como aquel consumo que es consciente de la limitación de los recursos del planeta, de la emergencia climática, de las desigualdades entre Norte y Sur y que, en consecuencia, se ajusta a la escasez de suministros básicos.

Defenderlo como un derecho humano básico compuerta garantizar unos mínimos indispensables que, más allá de las opciones (personales o colectivas) tiene que ser garantizado a todas las personas. La triple apuesta en que se propone el derecho básico al consumo responsable se basa en

1. Reivindicar unos mínimos garantizados de consumo de productos y servicios que minimicen los impactos negativos en las personas y el entorno.
2. Entender el consumo como una cadena con derechos y deberes de diferentes actores.
3. Limitar aquel consumo que vulnera derechos fundamentales de generaciones presentes y futuras, humanos y ambientales.

El Plan de Derechoss Humanos de Cataluña (2019) reconoció por primera vez el “derecho a un consumo responsable y respetuoso con los derechos humanos” (a partir de ahora CRRDH), incorporando la vertiente colectiva y entendiendo que hay que atender a los impactos sociales, económicos y ambientales del consumo. Este documento abrió la puerta a un marco jurídico más ambicioso y a un horizonte y hoja de ruta que incorpora el respecto a los derechos humanos y ambientales como parte central de este derecho.

En el ámbito normativo actualmente se está trabajando el anteproyecto de Ley de consumo sostenible, un primer paso que ha contado con numerosas aportaciones de la sociedad civil y que permitiría avanzar en la transparencia de la información (precio, características del producto pero también información ambiental) y en la previsión de medidas destinadas a favorecer la reparación y la reducción de residuos. Ahora bien, algunas entidades consideran que a la propuesta le falta una mirada conjunta del modelo de producción y consumo, dejando fuera a sectores tan importantes como el textil o la alimentación e incorporando pocos incentivos fiscales para la reparación y el reacondicionamiento.

Naturaleza jurídica y previsiones normativas para avanzar en el reconocimiento

Con estos antecedentes, el presente artículo aborda algunos de los aprendizajes extraídos de la configuración y defensa de otros derechos humanos, centrndonos principalmente en el caso del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (DHAS), con alguna referencia puntual al derecho a la energía. El tratado de derechos que forman parte de los llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), los cuales han tenido una trayectoria particular en el derecho internacional.

Un primer aspecto que hay que considerar es que, del mismo modo que pasa con el DHAS y el derecho a la energía, el derecho al CRRDH es fundamental para hacer efectivod otros DESC, como el derecho a la salud y el derecho un nivel de vida adecuado. Los dos primeros se encuentran sujetos a una constante tensión entre la lógica neoliberal y mercantil que los contempla en cuanto que bienes económicos o de consumo, enfrente a la perspectiva de los derechos humanos, que les contempla como bienes comunes. Esta tensión también es presente en el derecho al CRRDH

En segundo lugar, el DHAS y el derecho a la energía no tienen un reconocimiento constitucional ni estatutario explícito. Tampoco existe el reconocimiento constitucional del derecho al CRRDH. Ahora bien, a diferencia de los dos primeros, la defensa de las personas consumidoras y usuarias sí que ha sido reconocida explícitamente de manera constitucional en tanto que principio rector de la política social y económica (art. 51 CE). También se ha reconocido estatutariamente el derecho de las consumidoras y usuarias a la protección de su salud, seguridad, acceso a la información veraz con garantías, y a la protección ante conductas abusivas, negligentes o fraudulentas (arte. 28 EAC). Se trata de un reconocimiento que, a pesar de no incluir explícitamente una referencia en relación con el respecto a los derechos humanos, vincula de manera explícita – tal y como indica expresamente el propio EAC- todos los poderes públicos de Cataluña y, de acuerdo con la naturaleza de cada derecho, a los particulares (arte. 37 *EAC).

Aterrizando al ámbito catalán y haciendo una comparativa en cuanto a marco competencial, a diferencia del DHAS – que es compartida – Cataluña sí tiene competencia exclusiva en materia de consumo, materia regulada en el Código de Consum que define el consumo responsable como aquel “consumo moderado, informado, reflexivo y consciente de bienes y servicios, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad cultural, ambiental, socioeconómica y lingüística” (art. 111-2 lletra l). Una definición sobre la cual el Plan de Derechos Humanos de Cataluña recomendaba incluir explícitamente el respecto a los derechos humanos. El Código de Consumo también reconoce, de manera diferenciada, el “Principio de consum responsable” (art. 112 – 4) al cual tienen que ajustarse las relaciones de consumo, como por ejemplo criterios de preservación del medio ambiente, calidad de vida, “y otros factores que determinan un desarrollo socioeconómico individual y colectivo”.

A partir de esta batería de previsiones normativas habrá que ver, pues, de qué manera incorporar y fortalecer la perspectiva de los derechos humanos del derecho del consumo y, tal como se indicaba en el Plan de Derechos Humanos de Cataluña, poniendo en valor los efectos multiplicadores del derecho al CRRDH que se traslada a toda la cadena de producción de bienes y servicios.

Interdependencia con otros derechos y vínculo con la dignidad humana

Uno de los grandes aprendizajes que se pueden extraer de los DESC, y en particular del DHAS, es la configuración de su contenido y su exigibilidad a través de su interdependencia con otros derechos, como la vivienda (arte. 47 CE), la salud (arte. 43 CE) o principios fundacionales como la dignidad humana (arte. 10.1 CE).

En el caso del DHAS, en el ámbito de las Naciones Unidas, este derecho se ha reconocido de manera directa a través de laObservación General núm. 15 (2002), que reconoció por primera vez el DHA y lo vinculó con el derecho a un nivel de vida adecuado y al derecho a un nivel alto de salud física y mental (arts. 11 y 12 PIDESC); posteriormente la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las NNUU (2010) reconoció que “el DHAS es un Derecho Humano esencial para el pleno goce de la vida y de todos los Derechos Humanos”. En el caso de la energía, de una manera más indirecta, a través de la Observación General núm. 4 (1991) donde se desarrolla el contenido del derecho a una vivienda adecuada y se incorpora el acceso a la energía como servicio indispensable para garantizar la salud, seguridad, comodidad y nutrición de las personas. Por otro lado, tanto el agua como la energía se han incorporado en cuanto que Objetivos de Desarrollo Sostenible: agua limpia y saneamiento (ODS 6) y energía asequible y no contaminante (ODS 7).

Podemos encontrar ejercicios similares por el que hace a lo que podríamos considerar que forma parte del contenido del derecho al CRRDH, como el reconocimiento de la promoción y el consumo responsables (ODS 12) en cuanto que objetivo de la Agenda 2030 y algunas referencias hechas por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (CDESC) que lo ha vinculado con la expansión del derecho a un nivel de vida adecuado (arte. 11 PIDESC). Así, el CDESC ha conectado el consumo con los fundamentos jurídicos de derechos específicos, como el derecho a una alimentación adecuada (OG núm.12) o el derecho humano al agua (OG núm. 15) configurando al modelo de consumo como criterio de sostenibilidad para garantizar, por ejemplo, un acceso a los alimentos sin comprometer la disponibilidad de estos a largo plazo ni afectar otros derechos humanos, o para evitar la sobreexplotación del agua. También encontramos referencias explícitas que vinculan los modelos de consumo y producción sostenibles con la gestión y eliminación de sustancias peligrosas (2020).

Así, a pesar de no haber un reconocimiento explícito del derecho al CRRDH en el ámbito de las Naciones Unidas, el derecho a consumir bienes y servicios con ciertas garantías se ha consolidado progresivamente como objetivo transversal y indispensable para garantizar y promover los DESC, hecho que toma especial relevancia en el contexto actual de crisis ambiental global.

Más recientemente, la Resolución de las Naciones Unides sobre un Medio Ambiente sano (2022) que reconocía el acceso al medio ambiente limpio y sano como un derecho humano universal recordaba la interdependencia de los derechos, así como las repercusiones negativas del uso no sostenible de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra o el agua, entre otros, en el goce efectivo de todos los derechos humanos.

Pero, ¿es suficiente demostrar la interdependencia y transversalidad del modo de producción y consumo con otros DESC para avanzar en su reconocimiento? ¿Podría ser que, en función de la naturaleza del DESC, el derecho al CRRDH se module, o bien habría que trabajar en unos mínimos comunes?

Cómo se configura el contenido: 5 dimensiones y principios comunes

Otro aprendizaje de interés en cuanto al proceso de reconocimiento del derecho humano al agua es cómo se ha construido su contenido normativo, definido como “el derecho de todos a disponer agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico” (OG n.º 15) y, posteriormente, en cuanto que DHAS, conformado por 5 dimensiones que se tienen que interpretar de manera conjunta:

1. Disponibilidad: el acceso al agua y a servicios de saneamiento tienen que ser disponibles para todo el mundo y ser adecuados para las necesidades y contextos territoriales y socioculturales de cada persona.
2. Accesibilidad: la proximidad entre las fuentes de abastecimiento -no más de 1000 metros o 30 minutos de desplazamiento- y el mantenimiento de una adecuada red de abastecimiento de agua.
3. Asequibilidad: el precio de acceso al agua y a servicios de saneamiento no pueden suponer una barrera para las personas, en base a primeros de equidad y no discriminación.
4. Calidad: el agua tiene que ser potable y, por lo tanto, libre de microorganismos y sustancias peligrosas para la salud. Las infraestructuras de saneamiento tienen que ser higiénicamente seguras.
5. Aceptabilitdad el abastecimiento de agua, las instalaciones y el servicio tienen que ser compatibles con las realidad culturales y tradicionales de las comunidades, teniendo en cuenta las necesidades de género, ciclo vital y privacidad de las personas.

Estas 5 dimensiones del DHAS tienen que ser garantizadas por los Estados que, a la hora de garantizar el derecho, tienen que interpretarlo sobre la base de unos principios comunes: el principio de equidad y no discriminación, el principio de sostenibilidad ambiental, económica y social y, finalmente, el principio de transparencia, rendición de cuentas y control social.

En este sentido, podríamos preguntarnos si en el ámbito del derecho al CRRDH se podría plantear, por analogía, criterios similares para desarrollar su contenido o bien tendrían que ser adaptados a la naturaleza del derecho.

Obligaciones para los Estados y los actores privados

La constante tensión mencionada al inicio de este artículo, en el caso del DHAS, ha sido patente en la fuerte presión ejercida para mercantilizar el derecho y privatizar su gestión. La mercantilización y privatización ha tenido varias consecuencias: aumentos de las tarifas, cortes de agua, poca transparencia y reducción de la calidad del agua, entre otros.

Es en este punto cuando las 5 dimensiones y los principios comunes del DHAS se tienen que leer en base a los principios de realización progresiva y de no regresióm (art. 2.1 PIDESC). Es decir, los Estados están obligados a adoptar medidas orientadas a la realización del derecho, priorizando siempre las necesidades de las personas más vulnerables (OG 3, párrafo 3, 4, 9 y 10). Este desarrollo progresivo también implica que el nivel de satisfacción conseguido por este derecho no puede ser reducido, o tiene que estar muy justificado en un contexto de aprovechamiento del máximo de recursos disponibles (no regresividad).

Además, los Estados tienen tres tipos de obligaciones en relación con los derechos humanos: respetar, proteger y cumplir. En cuanto al DHAS estas se traducen en adoptar las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo del DHAS (obligación de cumplir); abstenerse de ejecutar actividades que restrinjan o denieguen el acceso al agua y servicios de saneamiento en condiciones de igualdad (obligación de respetar); e impedir que terceras personas (físicas o jurídicas) interfieran en su goce efectivo (obligación de proteger).

En relació con esta última obligación, la OG núm. 15 indica que los Estados Parte tienen la obligación de adoptar medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias y efectivas para impedir que terceros (ya sean particulares, grupos, empresas u otras entidades) denieguen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad. En previsión del control de los servicios de suministro de agua por parte de terceros, el OG n.º 15 también indica que, en aplicación de esta obligación, los Estados Parte tienen que establecer mecanismos de supervisión independiente, herramientas para la participación pública y la imposición de sanciones por incumplimiento.

Consumir bien es un derecho: hacia un nuevo horizonte de justicia ambiental

Se pueden encontrar no pocos aprendizajes y referencias en el camino recorrido por el DHAS o el derecho a la energía que pueden ser de utilidad para avanzar en el reconocimiento del derecho al consumo responsable como derecho humano emergente, un concepto vinculado a las nuevas necesidades y demandas que surgen en las sociedades, ya sea ampliando el alcance de los derechos humanos o extendiéndolos a colectivos antes no contemplados.

Algunas cuestiones que nos permitirían avanzar en el diálogo sobre el derecho al consumo responsable y respetuoso con los derechos humanos podrían ser, por ejemplo, concretar su naturaleza jurídica, las posibles dimensiones que tendría que tener, bajo qué principios comunes funcionaría, de qué manera se relacionaría con otros derechos y con qué previsiones normativas ya existentes se podría recoger o potenciar su dimensión colectiva.

El resultado de las últimas elecciones autonómicas, en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, ha puesto de actualidad el término «prioridad nacional», condición impuesta por la extrema derecha para investir presidentes autonómicos a los candidatos del Partido Popular.

Dicha prioridad consiste, básicamente, en dar prioridad a las personas de nacionalidad española, frente a las de origen migrantes, en el acceso a los servicios públicos y las ayudas. Todo ello, bajo la premisa de que no existe recursos suficientes para satisfacer las necesidades de la ciudadanía ante la percepción generalizada de la paulatina precarización de las condiciones de vida que sufre gran parte de la población.

Sin embargo, se puede tratar de combatir esta problemática apostando por otras prioridades…

Capítulo 1: El autobús turístico

A menudo, cuando vuelvo de trabajar, y cambio del tren al metro en un pequeño intercambiador de la periferia de Madrid, veo pasar algún autobús turístico de esos rojos de dos pisos. Supongo que, a esas horas, habrá dejado de dar servicio y se dirigirá a las cocheras que la empresa tenga en alguna zona alejada del centro.

Y es que, aunque los turistas disfruten fundamentalmente del centro de las ciudades y de los barrios más atractivos, sus impactos, de alguna manera, se hacen patentes en toda la urbe, condicionando, en mayor o menor medida, la vida de todos sus habitantes.

La masificación turística ha cambiado la configuración de las ciudades. Transformación que comienza en los barrios más céntricos, donde la sustitución de viviendas por pisos turísticos u hoteles desplaza a la población local, contribuyendo, junto a otras causas, a la insoportable subida del precio de la vivienda que se va trasladando hacia la periferia. Además, los barrios céntricos, al igual que las infraestructuras relacionadas con el turismo (aeropuertos que se amplían, nuevas líneas de tren de alta velocidad…) reciben grandes inversiones que luego no llegan a zonas más periféricas, y de origen más humilde, o a medios de transporte que vertebran la ciudad, como las redes de cercanías o metro.

Por contra, la riqueza generada por el turismo se distribuye de forma muy desigual, siendo acaparada, sobre todo, por los grandes intermediarios, como las centrales de reservas de plazas hoteleras y de apartamentos turísticos, las grandes compañías aéreas, las cadenas de hoteles, de establecimientos de hostelería… Y sí, es cierto que genera numerosos puestos de trabajo, pero también lo es que, en muchos casos, son estacionales y precarios.

Todo ello ha dado lugar a masivas movilizaciones en los territorios más afectados por los impactos del turismo, donde la población pone en cuestión un modelo que, además de generar grandes afecciones ambientales, impacta contra las condiciones de vida de una parte importante de la población. Piden poner límite a una actividad que ha crecido exponencialmente en los últimos años y actuar contra sus excesos (como los numerosos pisos turísticos ilegales) e impactos.

El trasfondo de estas demandas está en la necesidad de que las políticas que se desarrollen den prioridad a la población local (al margen de orígenes, nacionalidades, o colores de piel), que habita las ciudades y pueblos y que desarrolla su proyecto vital allí, frente a personas que realizan visitas esporádicas y, sobre todo, frente a grandes empresas que acumulan descomunales beneficios con este modelo.

Capítulo 2: Las patatas migrantes

Paro un momento de trabajar, hoy en casa, para poner a cocer unas judías verdes. Me doy cuenta de que no tengo una patata para echarle, por lo que me toca bajar a comprar. En un barrio periférico, como el mío, no hay fruterías, es más, apenas hay pequeño comercio. La falta de locales comerciales, en un modelo en el que predominan las urbanizaciones cerradas, así como la rápida implantación de supermercados y del gran centro comercial, han dado pocas oportunidades a este tipo de negocios.

Descarto ir al Mercadona, ya que me parece el colmo de la desfachatez que vendan patatas originarias del estado genocida de Israel, por lo que me dirijo al Ahorramás. Allí encuentro, tanto patatas a granel, como en redes de distintos tipos. Sin embargo, me voy fijando en el origen de cada tipo de patata y compruebo que todas ellas proceden de Francia.

El hecho en sí no está en que las patatas vengan de otro país, sino en que creo que debería darse prioridad, o me gustaría tener la opción yo de dársela a la hora de consumir, al producto local, al que se produce en el entorno donde luego se comercializa, reduciendo distancias de transportes. Igualmente, frente a las grandes explotaciones enfocadas a la exportación, se debería dar prioridad a las pequeñas y familiares, que representan un reparto más equitativo de la riqueza, generan más empleo y fijan población en el medio rural.

También, haciendo hincapié en ese reparto de la riqueza más justo, y en la supervivencia del medio rural y de la actividad del sector primario, se debería dar prioridad a modelos de distribución que paguen precios justos en origen, y que, como las grandes cadenas de distribución, sean de capital español o no, no aprovechen su peso en el mercado para fijar precios que arruinan al productor. Modelos de distribución, como el del pequeño comercio que, en proporción a su facturación, generan más puestos de trabajo, contribuyen a dar vida y seguridad a los barrios…

Capítulo 3: Los nuevos reyes magos de la sonrisa

Paseo por mi barrio un domingo por la mañana, me fijo en varios mensajeros de Amazon que aprovechan la sombra de un edificio para ordenar y distribuirse distintos paquetes que van a repartir. No sé si esa forma de trabajar responde a una situación extraordinaria, o si es algo habitual. El caso es que ese grupo de jóvenes, el último eslabón de la cadena de distribución, está trabajando un domingo para que podamos recibir en casa, en tiempo récord, cualquier bien que podemos pedir con la facilidad de un «clic».

Trabajo en el que se reciben grandes presiones por cumplir con las exigentes rutas de distribución, y que durante un tiempo fue desarrollado por la denominada figura de los falsos autónomos, a través del programa Amazon Flex. Tras las distintas condenas que recibió la compañía por la aplicación de la Ley Ryder, actualmente, las funciones de reparto han sido externalizadas mediante una cuestionable red de subcontratas y empresas de trabajo temporal. Un sistema que exime de responsabilidades a Amazon, a la vez que precariza las condiciones laborales de l@s trabajador@s.

Aparte, son muchos los impactos que la actividad de Amazon provoca, como concentración de la riqueza, destrucción del pequeño comercio, y vaciado de los barrios, congestión de las ciudades, empobrecimiento de los estados, al reducir al máximo el pago de los impuestos correspondientes a sus beneficios, graves impactos ambientales…

Por todo ello, las políticas públicas, además de legislar para garantizar condiciones laborales justas para tod@s y establecer modelos de distribución equitativos, deberían dar prioridad a los tipos de negocio cuyo impacto sobre el medioambiente es menor, a los que pagan los impuestos que corresponden a su actividad…

Como hemos visto, en los ejemplos anteriores, hablamos de la necesidad de políticas que apuesten por la prioridad ciudadana y local, evitando sesgos excluyentes. Evitando criterios xenófobos y clasistas y evitando enfrentar a la clase trabajadora, son necesarias políticas que vayan a la raíz del problema, el modelo económico que genera una obscena concentración de la riqueza que no tiene límites.

Sin duda, el contexto no es favorable para poder revertir aquellas políticas que precarizan nuestra vida, pero ello no puede ser la excusa para recurrir en falacias como la «prioridad nacional», que se vale del sentimiento de desesperanza y que sólo sirve para perpetuar la situación. El único camino, por tanto, es tratar de avanzar hacia situaciones más justas.

Para ello, debemos ser conscientes de que la política es una herramienta mucho más amplia que la práctica institucional, y que muchos de los actos que realizamos a diario son igualmente una forma de marcar unas prioridades, de hacer política y de luchar por el mundo que queremos.

Dentro de estas prácticas, siempre nos gusta reivindicar el consumo como una herramienta política que puede contribuir en este sentido. Las prioridades que aplicamos en nuestros criterios de consumo, las decisiones que tomamos en nuestras compras, las alternativas colectivas que ponemos en marcha, o en las que participamos, constituyen una herramienta de transformación más.

De acuerdo a prioridades, como la ciudadana y la local, debemos partir del criterio de reciprocidad, tratando de apostar por opciones de consumo que garanticen condiciones laborales justas como las que queremos recibir como trabajador@s, optando por formas de turismo que reduzcan su impacto como las que gustaría ver en el territorio donde vivimos…

Conforme a ello, son importantes las formas de consumo que combaten la concentración de la riqueza, y que contribuyen al bienestar común pagando los impuestos que les corresponde, para lo cual, podemos recurrir al pequeño comercio, a l@s pequeñ@s productor@s y/o a canales justos de distribución. Las formas de consumo que apuestan por el respeto al medio ambiente, pudiendo optar por formas de producción ecológicas y de distribución local. Aquellas que proporcionan condiciones laborales justas, evitando empresas que producen en países con legislaciones laborales laxas o que explotan a sus trabajad@s…

Igualmente, son fundamentales, frente al depredador sistema deslocalizado que concentra la riqueza, las formas de consumo local que actúa sobre aquello que está a nuestro alcance, logrando transformaciones reales en nuestro entorno.

Fuente: Consumo que suma en El salto

El Estado español está trabajando en la transposición de la Directiva europea sobre el derecho a reparar, a través de la Ley de Consumo Sostenible, liderada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El borrador de la futura Ley incorpora algunas medidas para facilitar la reparación de productos, combatir la obsolescencia programada, mejorar la información que reciben las personas consumidoras e introducir incentivos para reparar en lugar de sustituir. Aunque el texto supone un avance y recoge algunas propuestas plenteadas por la sociedad civil, algunas cuestiones clave, como una definición más clara de los “precios razonables de reparación” o la aplicación de incentivos fiscales, entre otras, siguen sin tenerse en cuenta. Lo explica Claudia Bosch, coordinadora de la campaña Electrónica Justa en SETEM Catalunya.

La Directiva sobre normas comunes para fomentar la reparación de bienes (Directiva (UE) 2024/1799 —comúnmente conocida como la Directiva sobre el derecho a reparar—, aprobada en 2024, exige a los Estados miembros que tengan lista su transposición antes del 31 de julio de 2026.

En España, esta transposición la está liderando el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y se ha agrupado con la transposición de la Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica (Directiva (UE) 2024/82). Esta combinación dará lugar a la futura Ley de Consumo Sostenible, que por ahora es un anteproyecto de ley, que no cumplirá el plazo de transposición del 31 de julio de 2026.

Diversas organizaciones locales, algunas de ellas miembros de la coalición Right to Repair Europe, han seguido muy de cerca esta transposición con el fin de abogar por la integración de mecanismos eficaces que promuevan el derecho a la reparación y que aprovechen al máximo las oportunidades que ofrece la Directiva para legislar a favor de un mejor acceso a los criterios de reparabilidad, las piezas de recambio, la información sobre reparaciones y los servicios de reparación, y hacer que reparar sea una opción más asequible.

Desde 2023 hemos mantenido una serie de reuniones con el Ministerio, hemos llevado a cabo una campaña con motivo del Día Internacional de la Reparación para impulsar estas reivindicaciones, hemos participado en la consulta pública sobre la ley que se abrió durante el verano de 2025, y celebramos una reunión final el pasado mes de febrero.

Aspectos positivos y negativos del último borrador de la Ley sobre el derecho a la reparación 

El Ministerio se ha mostrado en general receptivo a las demandas de la sociedad civil, aunque algunas se han encontrado con limitaciones impuestas por otros ministerios, y con el miedo de presentar un borrador demasiado ambicioso que corriera el riesgo no de no ser votado por las fuerzas más conservadoras del Congreso.

Hacemos aquí un resumen de lo más destacado:

Prácticas desleales y engañosas

Los aspectos a tener en cuenta para considerar una práctica desleal por engañosa abarcaran también a partir de ahora las características medioambientales de los bienes y servicios y en concreto su circularidad, durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad. Además, añade nuevas prácticas expresamente prohibidas, asociadas a la obsolescencia programada temprana de los bienes, como por ejemplo:

• Ocultar a las personas consumidoras el hecho de que una actualización de software pueda afectar negativamente al funcionamiento de bienes con elementos digitales o el uso de contenidos o servicios digitales.
• Presentar como necesaria una actualización de software que solo mejore características de funcionalidad, pero no sea necesaria para garantizar la conformidad del producto.
• Realizar cualquier comunicación comercial en relación con un bien que contenga una característica introducida para limitar su durabilidad, a pesar de que el empresario disponga de información sobre la característica y sus efectos en la durabilidad del bien.
• Afirmar falsamente que, en condiciones normales de uso, un bien tiene una durabilidad determinada en términos de tiempo o intensidad de uso, o presentar un bien como no susceptible de reutilización o no apto para la segunda mano sin ser cierto.
• Presentar un bien como apto para la reparación cuando no lo sea.
• Inducir a las consumidoras a creer que sus bienes no pueden repararse debido a una reparación o inspección previas por parte de un reparador/a independiente o un/a usuario/a final, o a falsas afirmaciones de que dicha reparación o inspección genera riesgos relacionados con la seguridad.
• Inducir a la consumidora o usuaria a sustituir, rellenar o reponer los elementos fungibles de un bien antes de lo que resulte necesario por razones técnicas.
• Ocultar información sobre el deterioro de la funcionalidad de un bien cuando se utilicen elementos fungibles, piezas de recambio o accesorios no suministrados por el productor original, o afirmar falsamente que se producirá dicho deterioro.

Más información y más claridad para las usuarias y consumidoras

• Sobre la garantía: El borrador prevé clarificar la información sobre la garantía legal de conformidad y la garantía comercial de durabilidad para evitar confusiones entre los y las consimidoras y usuarias, mediante una etiqueta armonizada a nivel de la Unión Europea de la garantía comercial, y un aviso armonizado sobre la garantía legal de conformidad.
• Información requerida en servicios de comparación de bienes y servicios: Este tipo de servicios deberán facilitar información sobre el método de comparación, los bienes y servicios objeto de la comparación y los proveedores de dichos bienes y servicios, así como las medidas impuestas para mantener dicha información actualizada. Esto incluye también comparaciones sobre aspectos de circularidad, como la durabilidad, reparabilidad o reciclabilidad. Con esta medida se protege a la ciudadanía y se evita que estas comparaciones sean confusas o engañosas.

Formulario europeo de información sobre la reparación

Los y las reparadoras pueden, de forma voluntaria, utilizar el formulario europeo de información gratuito sobre la reparación. El formulario recogerá la siguiente información:

1. Las características principales del servicio de reparación.
2. La identidad del reparador o reparadora y los datos de contacto.
3. El precio de la reparación.
4. La modalidad de la prestación del servicio de reparación y el plazo para prestar el servicio.

Esto permitirá a las personas consumidoras valorar y comparar los diferentes servicios de reparación: la medida pretende mejorar la confianza en los servicios de reparación, aportando más información previamente a la reparación.

Reparar antes que sustituir

Los fabricantes tendrán la obligación de ofrecer una reparación a las personas consumidoras de los productos cubiertos por la Directiva por el Derecho a Reparar dentro de la garantía legal. Cuando la persona escoja la reparación, se ampliará la garantía doce meses, lo cual es una manera de incentivar la elección de esta opción en vez de la sustitución.

Además, la reparación será gratuita (incluyendo los gastos de envío, transporte, mano de obra o materiales) o ‘a un precio razonable’. No se ha conseguido que el borrador sea más explícito o defina mejor lo que se considera un precio razonable.

La reparación deberá llevarse a cabo en un “plazo razonable” a partir del momento “en que el empresario haya sido informado por el consumidor o usuario de la falta de conformidad.”, y realizarse “sin mayores inconvenientes para el consumidor o usuario, habida cuenta de la naturaleza de los bienes o de los contenidos o servicios digitales y de la finalidad que tuvieran para el consumidor o usuario.”

El fabricante podrá cumplir esta opción de reparar por sí mismo o a través de una empresa subcontratada, salvo que “la reparación fuera imposible”. Cuando el fabricante esté establecido fuera de la Unión Europea, se aplicará un esquema de ‘responsabilidad en cascada’, y será su representante autorizado en la Unión Europea quien cumplirá con esta obligación o, en caso de no existir esta figura, el importador, o en defecto de los anteriores, el distribuidor.

Los fabricantes no se podrán negar a reparar un producto alegando que otros reparadores o cualquier otra persona han efectuado una reparación previa.

El borrador explicita que queda prohibido incrementar los precios de los repuestos al aplicarlos en las reparaciones, y que la lista de precios de los repuestos deberá estar a disposición del público, así como la del resto de servicios aparejados, debiéndose diferenciar en la factura los diferentes conceptos.

Los fabricantes que comercialicen piezas de recambio y herramientas para los productos cubiertos por la Directiva por el Derecho a Reparar ofrecerán dichas piezas de recambio y herramientas a un ‘precio razonable que no disuada de la reparación’. De nuevo, no se ha conseguido que el borrador incluya una definición más clara sobre qué se considera un ‘precio razonable’.

Además, se podrán proporcionar bienes reacondicionados como bienes de sustitución mientras dure la reparación de un producto, y también en caso de que la persona consumidora escoja la sustitución en vez de la reparación.

Bono a la reparación

El borrador incluye también una de las principales demandas de las entidades: un bono a la reparación, parecido al que ya está en funcionamiento en Francia. El coste económico de las reparaciones es una de las principales barreras a la reparación. Este bono permitirá incentivar la reparación, ya que reducirá la factura del servicio para la ciudadanía.

Serán los propios productores y, en su caso, los representantes autorizados, importadores o comercializadores, de forma individual o en asociación, a través de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (RAP) quienes aporten esta financiación. Este bono solo se podrá utilizar para la reparación de aquellos productos cubiertos por la Directiva por el Derecho a Reparar.

Pese a la demanda de las entidades de cubrir el mismo porcentaje de la reparación independientemente de la antigüedad del producto, esta demanda no se ha incluido. Así pues, el borrador define el siguiente esquema de financiación:

a) Durante los dos años posteriores al vencimiento del plazo de garantía legal de conformidad o garantía comercial correspondiente, la contribución a la financiación de los costes de reparación será del 20%.

b) Durante el tercer año, la contribución a la financiación de los costes de reparación será del 10%.

c) Durante el cuarto año, la contribución a la financiación de los costes de reparación será del 5%.

Para beneficiarse de esta reducción, las personas consumidoras deberán acudir a un servicio de reparación inscrito en la Plataforma europea en línea de reparaciones, que deberá garantizar que la reparación no se debe a un mal uso del producto. Los reparadores y reparadoras descontarán directamente este porcentaje del precio de la reparación en el formulario europeo de información sobre la reparación.

Posteriormente, el reparador o reparadora podrá solicitar el reintegro de este porcentaje a los productores – o en su defecto a los representantes autorizados, importadores o comercializadores – quienes deberán abonarlo en un plazo máximo de 30 días desde la solicitud.

Los productores publicarán anualmente los importes destinados a financiar las reparaciones, la lista de servicios de reparación a los que han transferido los importes y la cantidad de bienes reparados, así como el número de solicitudes rechazadas. Esto proporcionará datos relevantes para evaluar el impacto del bono, y también para supervisar en qué medida los productores rechazan hacer la cofinanciación y el porqué.

Las entidades hemos propuesto también una política fiscal favorable, como por ejemplo una reducción del IVA a los productos de segunda mano o reacondicionados, pero esta medida no ha quedado recogida por el borrador ya que no ha sido aceptada por otros ministerios.

Plataforma en línea sobre reparación

En España se ha optado por la creación de una sección nacional en la interfaz común de la plataforma europea en línea recogida en la Directiva pro el Derecho a Reparar. Esta sección no solo incluirá servicios de reparación, sino también tiendas de bienes reacondicionados, compradores de bienes defectuosos para su reacondicionamiento o iniciativas de reparación participativas como los “repair café”. La inclusión de esta variedad de actores en la plataforma también ha sido una de las demandas de la entidades que ha salido adelante, y que pensamos que favorecerá dar a conocer dichas iniciativas a la ciudadanía, y por ende su apoderamiento y conocimientos sobre reparación.

PRÓXIMOS PASOS

En estos momentos, este último borrador se encuentra en fase de tramitación en el marco del procedimiento TRIS (Sistema de Información sobre Reglamentación Técnica) de la Comisión Europea. Por lo tanto, aún existe una última oportunidad para participar en la consulta pública, que permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre de 2026, y reforzar el apoyo a los puntos positivos de la ley, así como pedir la reformulación de aquellos puntos más débiles.

Posteriormente, el borrador se llevará al Congreso para su votación definitiva.

Comprar ropa, gadgets tecnológicos o decoración por menos de lo que cuesta un café parece un chollo. Plataformas como Shein, Temu o AliExpress han revolucionado el comercio electrónico con precios extraordinariamente bajos y una oferta casi infinita. Pero, ¿cómo es posible vender tan barato? ¿Y qué coste ambiental, social y económico se esconde detrás de estos precios?
Del low cost al ultra low cost

Hace unas décadas, el concepto low cost revolucionó varios sectores de consumo. Sobre todo llegó de la mano de las compañías aéreas, que ofrecían vuelos a precios muy bajos, con una promesa clara: pagar menos a cambio de renunciar a algunas prestaciones.

Pero en los últimos años hemos dado un paso más. La llegada de plataformas como Shein (moda ultra rápida) y Temu o AliExpress (mercados digitales que venden todo tipo de productos a precios muy baratos) ha consolidado lo que ya se conoce como ultra low cost: productos vendidos a precios todavía más bajos, tan bajos, que a menudo cuesta entender cómo han sido fabricados, transportados y comercializados sin perder dinero por el camino.

Una camiseta por 3 euros, unos pendientes por menos de 1 euro o un aparato electrónico por pocos euros ya no son excepciones, sino una parte central de un modelo de negocio basado en una oferta casi infinita, descuentos constantes y compras impulsivas.

Qué costes quedan fuera de la etiqueta. Porque, cuando los precios llegan a estos extremos, es inevitable preguntarse quién está asumiendo la diferencia.

El modelo de negocio de las plataformas ultra low cost

AliExpress, fundada el 2010 por el grupo Alibaba, fue una de las primeras grandes plataformas a conectar directamente fabricantes chinos con consumidores de todo el mundo. Años más tarde llegaron Shein, especializada en moda ultra rápida, y Temu, lanzada el 2022, y que en muy poco tiempo se ha convertido en una de las aplicaciones de compras más descargadas del mundo.

A pesar de sus diferencias, comparten un mismo modelo de negocio: vender directamente por internet, eliminar intermediarios, producir a gran escala y ofrecer una cantidad casi infinita de productos a precios extraordinariamente bajos. A través de algoritmos, promociones constantes y una experiencia de compra muy gamificada, consiguen que comprar sea fácil, rápido y a menudo impulsivo.

Su crecimiento ha sido espectacular. Millones de personas compran regularmente en estas plataformas, atraídas por precios difíciles de encontrar en el comercio convencional.

Ultra low cost: ¿cómo pueden vender tan barato?

Este modelo no se basa en un único secreto ni en una innovación revolucionaria. Los precios extremadamente bajos que ofrecen son el resultado de la combinación de varios factores que permiten reducir costes en casi todas las etapas del proceso: desde la fabricación hasta la distribución, pasando por la logística y la fiscalidad.

• Producción muy barata. Una parte importante de los productos que se venden en estas plataformas se fabrican en China y en otros países asiáticos con costes laborales muy bajos. Además, varias investigaciones periodísticas como «Dejarse la piel por Shein» han denunciado casos de jornadas laborales muy largas, horas extras excesivas y sistemas de producción sometidos a una fuerte presión para cumplir plazos muy ajustados. Esta presión, además, no afecta solo los salarios, sino también otros aspectos como la seguridad laboral, la protección social o la capacidad de las personas trabajadoras para negociar mejoras en sus condiciones.
• Economías de escala. Estas plataformas operan a escala global y venden centenares de millones de productos cada año, hecho que les permite negociar mejores precios con fabricantes, empresas logísticas y proveedores de servicios. Cuanto mayor es el volumen de producción o de ventas, menor es el coste unitario de cada producto.
• Venta directa. Estas empresas eliminan buena parte de los intermediarios tradicionales. Plataformas como Temu o AliExpress conectan directamente fabricantes y consumidores a través de internet. Además, no necesitan mantener una extensa red de tiendas físicas (con los costes de alquiler, personal y mantenimiento que esto implica). Esta estructura más simple permite reducir gastos y ofrecer precios más bajos.
• Ventajass fiscales y aduaneras. Durante años, el crecimiento de estas plataformas también se ha visto favorecido por determinadas normas comerciales internacionales. Tradicionalmente, muchos paquetes de bajo valor enviados directamente desde países extracomunitarios han sido sometidos a menos controles aduaneros y, en algunos casos, han disfrutado de exenciones fiscales o procedimientos simplificados. Esto ha permitido reducir costes administrativos y agilizar las importaciones. A pesar de que la situación está cambiando, el enorme volumen de paquetes que llegan diariamente continúa representando un reto para las autoridades aduaneras y de vigilancia de mercado.

La reflexión que hay que hacer es si estos ahorros son, en realidad, costes que se están trasladando a otros lugares: a las personas trabajadoras, al medio ambiente o a los sistemas públicos de control y regulación.

El impacto ambiental: millones de paquetes en movimiento

Cuando pensamos en el impacto ambiental de una compra, a menudo nos fijamos en el producto: de que está hecho, si es reciclable o cuánto ha contaminado fabricarlo. Pero en el caso de las plataformas de ultra low cost, una parte muy importante del impacto se genera mucho antes que el paquete llegue a casa nuestra. El transporte, la rapidez de las entregas, la producción constante de novedades y la corta vida útil de los productos hacen que la huella ambiental de este modelo sea especialmente elevada.

• Transporte. Una de las características de estas plataformas es que envían los pedidos directamente desde los centros logísticos asiáticos hasta la persona consumidora. En lugar de enviar grandes cantidades de productos a tiendas o distribuidores locales, hacen llegar millones de paquetes individuales a domicilios de todo el mundo. Este modelo multiplica los trayectos y hace que, cada día, una enorme cantidad de pequeños paquetes recorra miles de kilómetros antes de llegar a su destino. Además, una parte importante de los envíos se hace por vía aérea. A pesar de ser el medio de transporte más rápido, también es uno de los más contaminantes: transportar mercancías en avión puede generar muchas más emisiones de gases invernadero que hacerlo por barco o ferrocarril.
• • isiones. La extracción de materias primas, la fabricación, el transporte internacional, la distribución y el embalaje forman parte de su huella ambiental de un producto. Cada producto puede tener una huella muy superior a la que imaginamos.
  • Sobreproducción. En el caso de la moda, marcas como Shein han convertido la renovación constante del catálogo en el centro de su modelo de negocio y llega a incorporar miles de nuevos productos cada día. Esta oferta casi inagotable incentiva un consumo continuo y acelera el ritmo con que se fabrican, se vienen y se descartan las prendas de ropa. El resultado es un aumento de las emisiones asociadas a toda la cadena de producción y distribución, muy superior a lo que generaría un modelo basado en fabricar menos prendas, más duraderas y durante más tiempo.
  • Residuos. Los precios extremadamente bajos hacen que muchos productos sean percibidos como fácilmente sustituibles. Cuando una camiseta cuesta 3 euros o unos auriculares 5, es más probable que se reparen menos, se utilicen durante menos tiempo y se reemplacen antes. Esta dinámica contribuye a aumentar los residuos, especialmente en dos sectores muy presentes en estas plataformas: el textil y la pequeña electrónica. A todo esto hay que añadir los embalajes. Cada pedido acostumbra a llegar envuelto individualmente con bolsas de plástico, sobres, cajas, etiquetas y materiales de protección. Cuando se multiplica este embalaje por millones de paquetes diarios, el volumen de residuos generado es enorme.

  En definitiva, el problema no es solo el producto que compramos, sino un modelo de consumo basado en comprar mucho, comprar a menudo y sustituir rápidamente aquello que todavía podría continuar haciendo servicio.

  ¿Qué sabemos de las condiciones laborales?

  Una de las preguntas que más a menudo genera el fenómeno del ultra low cost es quién fabrica estos productos y en qué condiciones. A pesar de que las grandes plataformas aseguran que exigen a sus proveedores el cumplimiento de estándares laborales, numerosas investigaciones periodísticas e informes de organizaciones independientes han puesto en entredicho hasta qué punto estos controles son efectivos.

  • Jornadas laborales muy largas. En los últimos años, varios reportajes han documentado las condiciones de trabajo en fábricas proveedoras de plataformas como Shein. Entre las situaciones descritas hay jornadas laborales de 12 horas o más, muy pocos días de descanso al mes y sistemas de remuneración vinculados a la cantidad de prendas producidas. Estas prácticas no son exclusivas de una única empresa ni se pueden atribuir a todas las fábricas que trabajan para estas plataformas. Ahora bien, sí que reflejan la presión que genera un modelo basado en fabricar grandes volúmenes, renovar constantemente el catálogo y ofrecer precios cada vez más bajos.
  • Una cadena de suministro difícil de seguir. Conocer el origen real de un producto es mucho más complicado de lo que puede parecer. Las grandes plataformas trabajan con miles de fabricantes y subcontratistas, que pueden cambiar con frecuencia según la demanda. Esta complejidad dificulta la trazabilidad: es decir, saber exactamente dónde se ha fabricado un producto, quién lo ha confeccionado y en qué condiciones. También hace más difícil detectar irregularidades y exigir responsabilidades cuando se producen vulneraciones de los derechos laborales.

  • • Transparencia insuficiente. Otra de las críticas recurrentes es la carencia de transparencia. A pesar de que muchas empresas publican códigos éticos o informas de sostenibilidad, a menudo no facilitan información detallada sobre todos sus proveedores, los resultados de las auditorías o las medidas adoptadas ante posibles incumplimientos. Sin esta información es difícil que las personas consumidoras, las administraciones o las organizaciones independientes puedan verificar si los compromisos sociales se cumplen realmente.
    • Un modelo que incrementa los riesgos. Cuando una empresa exige producir más rápido, más barato y con plazos muy cortos, aumenta la presión sobre toda la cadena de suministro. En este contexto, es más probable que aparezcan jornadas excesivas, sueldos insuficientes, subcontrataciones opacas u otras prácticas que vulneren los derechos laborales.

    Por eso, detrás de un precio extraordinariamente bajo a menudo hay una pregunta incómoda pero necesaria: si fabricar, transportar y vender un producto tiene un coste, ¿quién está asumiendo la diferencia? Demasiado a menudo, esta diferencia recae sobre las personas trabajadoras, sobre el medio ambiente o sobre ambos a la vez.

    Comprar ultra barato también tiene efectos aquí: ¿qué pasa cada vez que compramos en estas plataformas?

    Más allá de los impactos ambientales y laborales en los países productores, que se pueden percibir como lejanos, a nivel local los impactos sobre la economía son muy tangibles: afectan las calles donde compramos, los puestos de trabajo de nuestro entorno e incluso los ingresos públicos.

  • • Menos negocio para el comercio local. Una tienda de barrio, una librería o una tienda de ropa tienen que asumir gastos que las grandes plataformas digitales no tienen: alquileres, personal, impuestos locales, suministros… Cuando muchas de las compras se desplazan hacia otras plataformas, el comercio local pierde facturación y tiene más dificultades para mantenerse. El resultado es una mayor homogeneización de las calles comerciales y la desaparición progresiva de comercios independientes. Pero las consecuencias no son solo económicas, también afecta la vida comunitaria: menos comercio a menudo implica menos actividad en los barrios, menos relaciones de confianza y menos espacios de encuentro.
    • Ocupación: ¿qué puestos de trabajo se crean y cuáles se pierden? Las plataformas digitales generan ocupación, especialmente en logística, reparto y almacenamiento. Pero a menudo se trata de puestos de trabajo con menos valor añadido y más presión laboral que los que desaparecen en sectores como el comercio, la reparación o la producción local. Además, buena parte del valor económico generado por las compras no se queda en el territorio. Cuando compramos en una tienda local, una parte importante del dinero se redistribuye en forma de salarios, proveedores locales o impuestos. Cuando compramos a una gran plataforma internacional, una parte mucho más grande de los beneficios marcha fuera.
    • Menos capacidad para reparar y reutilizar. El modelo ultra low cost favorece la sustitución antes de que la reparación. Si un objeto cuesta muy poco, a menudo sale más barato comprar uno nuevo que arreglarlo. Esto perjudica oficios locales vinculados a la reparación (costura, electrónica, zapatería, carpintería) y contribuye a la pérdida de conocimientos y actividades económicas que alargan la vida útil de los productos, aparte del impacto evidente en la generación y necesaria gestión de los residuos.
    • Competencia difícil para las empresas responsables. Las empresas que intentan producir con criterios sociales y ambientales o de comercio justo tienen muchas dificultades para competir con productos vendidos a precios extremadamente bajos. Cuando el factor determinante es solo el precio, las iniciativas locales, cooperativas o sostenibles juegan con desventaja. Esto puede desincentivar modelos empresariales como la economía social y solidaria, que generan ocupación de calidad y reducen impactos ambientales.

    La decisión de compra no solo afecta quién fabrica el producto, sino también el modelo económico que reforzamos.

    ¿Qué podemos hacer como sociedad?

    Ante el impacto de las plataformas de ultra low cost, a menudo el debate se centra en qué podemos hacer como consumidoras. Pero las decisiones individuales tienen un recorrido limitado si el mercado continúa premiando los productos más baratos, aunque su coste social o ambiental sea muy elevado.

    Desde el Derecho al Consumo Responsable defendemos que todas las personas tendrían que poder tomar decisiones de consumo alineadas con sus valores sin tener que asumir una carga excesiva de tiempo, dinero o información. Para que esto sea posible, hace falta que las administraciones y las empresas también asuman su responsabilidad y establezcan unas reglas del juego más justas.

    En los últimos años, varios gobiernos e instituciones han empezado a impulsar medidas para limitar los impactos del ultra low cost y favorecer modelos de producción y consumo más sostenibles.

    Medidas que ya se discuten o se están implementando:

    • Regular la moda ultra rápida. de la ultra fast fashion. Entre las medidas propuestas hay restricciones a la publicidad, obligaciones de información ambiental y mecanismos para que los productos más contaminantes asuman una parte más grande de los costes que generen.

    • Exigir más transparencia. Otra línea de actuación es obligar las empresas a informar con más detalle sobre su cadena de suministro: dónde fabrican, qué proveedores utilizan y qué medidas adoptan para garantizar el respecto a los derechos laborales y ambientales. Una información más accesible permitiría tanto a las administraciones como las personas consumidoras tomar decisiones más informadas.

    • Aplicar la responsabilidad ampliada de los productores. O lo que es lo mismo: hacer que quien pone un producto al mercado asuma los impactos. La responsabilidad ampliada del productor es un principio cada vez más presente en la legislación europea. Consiste en hacer que las empresas asuman una parte de los costes ambientales que generan sus productos, especialmente cuando se convierten en residuos. Este modelo incentiva que los productos sean más duraderos, reparables y fáciles de reciclar, en lugar de fomentar la sustitución constante.

    • Incorporar los costes ambientales en el precio. Cuando un producto es extraordinariamente barato, a menudo es porque algunos de sus costes no se reflejan en el precio final. La fiscalidad ambiental busca corregir este desequilibrio haciendo que actividades especialmente contaminantes contribuyan a financiar los impactos que generan. El objetivo no es encarecer el consumo por sí mismo, sino evitar que los productos con más impacto ambiental sean, paradójicamente, los más económicos.

    • Garantizar el derecho a reparar. Alargar la vida útil de los productos es una de las maneras más efectivas de reducir el consumo de recursos y la generación de residuos. Por eso, la Unión Europea está impulsando el derecho a la reparación, que obliga los fabricantes a facilitar piezas de repuesto, información técnica y servicios de reparación durante más tiempo. Estas medidas también pueden reforzar los oficios locales vinculados a la reparación y reducir la dependencia de un modelo basado en el comprar y tirar.

    • Reforzar los controles sobre los productos importados. El enorme volumen de paquetes que llegan diariamente a Europa hace muy difícil comprobar que todos cumplen la normativa sobre seguridad, calidad, derechos laborales o impacto ambiental. Por eso, cada vez hay más iniciativas para reforzar los controles aduaneros, exigir las mismas garantías a los productos importados que a los fabricados dentro de la Unión Europea y evitar que las plataformas compitan aprovechando diferencias regulatorias.

    La responsabilidad no puede recaer solo en las personas consumidoras. Consumir es una decisión personal, pero el mercado en el que compramos es una construcción colectiva. Si queremos que las opciones más sostenibles dejen de ser la excepción, no basta con pedir más esfuerzo a las personas consumidoras: también hacen falta normas que garanticen unas condiciones de competencia más justas y protejan tanto los derechos de las personas como los límites del planeta.

    Fuente: Opcions

En un mercado energético dominado durante décadas por grandes compañías, en Som Energia hemos construido una alternativa ciudadana basada en la participación, la transparencia y el compromiso ambiental. En diciembre de 2025 la cooperativa cumplió 15 años, una trayectoria que consolida una idea que parecía utópica: que la energía puede gestionarse sin ánimo de lucro, con criterios sociales y ambientales y midiendo el éxito más allá de la rentabilidad económica.

Nacida en el entorno universitario de Girona e inspirada en experiencias europeas de cooperativismo energético, Som Energia arrancó con un pequeño grupo de personas decididas a impulsar un modelo 100% renovable. Hoy, con la misma ilusión y convencimiento del inicio, agrupa a decenas de miles de personas socias en todo el Estado español y se ha convertido en un actor reconocido dentro del ecosistema de la economía social y solidaria. Cuando fundamos Som Energia queríamos demostrar que la ciudadanía podía recuperar el control de algo tan básico como la energía y, quince años después, seguimos defendiendo que cada persona socia debe tener voz y voto para que las decisiones estratégicas dependan del interés colectivo y no del beneficio de unos pocos.

Un modelo energético 100% renovable y sin ánimo de lucro
La propuesta es clara: comercializar electricidad de origen renovable y promover nuevas instalaciones limpias a través de la inversión colectiva. Es un reto mayúsculo, pero hemos demostrado que contamos con un proyecto sólido que nos ha permitido articular una comunidad que decide en asamblea, participa como socia activista en los grupos locales y contribuye a financiar plantas y proyectos de generación compartida. La energía deja de ser un producto opaco para convertirse en una herramienta de transformación. Una transformación que lideramos desde el orgullo de saber que estamos cambiando el mundo.

Uno de los hitos clave ha sido precisamente el impulso de proyectos propios de generación renovable. A lo largo de estos años, la cooperativa ha promovido plantas solares y otras instalaciones que permiten incrementar la producción limpia en el sistema eléctrico. Actualmente, producimos más de un 20% de la energía que comercializamos.

Estas inversiones se han financiado, en buena parte, mediante aportaciones voluntarias de las personas socias, que recuperan su inversión con el tiempo. El mecanismo demuestra que la transición energética no depende exclusivamente de grandes fondos o multinacionales, sino también de la ciudadanía organizada. En paralelo, Som Energia ha consolidado un modelo de comercialización basado en la transparencia. Las tarifas se explican de forma clara, se publican los criterios de cálculo y se detallan los costes del sistema eléctrico. Frente a la complejidad habitual de las facturas de las compañías convencionales, la cooperativa hace pedagogía para que cada hogar entienda qué paga y por qué, como por ejemplo con las formaciones gratuitas del Aula Popular. Esa voluntad informativa forma parte de nuestra forma de entender el vínculo que queremos mantener con las personas, que nos eligen no solo por el servicio que ofrecemos, sino también por nuestros valores fundacionales.

Además del origen renovable de la electricidad, la principal diferencia entre Som Energia y el resto de compañías del sector es el modelo de gobernanza. Som Energia está formada por personas que creen que las cosas se pueden hacer mejor, juntos, y que confían en que el proyecto debe estar en manos de las personas que lo integran.

En un contexto de volatilidad de precios, de promociones comerciales agresivas y crisis climática, en la cooperativa hemos defendido la estabilidad y la planificación a largo plazo. Nuestra estructura nos permite priorizar la coherencia con sus valores incluso en momentos de tensión en el mercado eléctrico. Esta resiliencia organizativa ha reforzado la confianza de nuestra base social. La cooperativa trabaja con criterios de justicia energética, fomentando el ahorro, la eficiencia y el consumo responsable. Incentivamos la reducción de la demanda energética y promovemos la instalación de autoconsumo. Además, articulamos mecanismos internos de apoyo y promovemos campañas de sensibilización sobre pobreza energética, transición ecológica justa y ecofeminismo.

La transición energética como proyecto colectivo

Quince años después de su nacimiento, el balance es el de una organización que ha logrado combinar viabilidad económica y coherencia ética. Hemos demostrado que otra forma de relacionarse con la energía es posible: más democrática, más limpia y más arraigada al territorio. Hemos tenido que adaptarnos a los retos que nos hemos encontrado – regulatorios, financieros y operativos-, pero hemos mantenido el rumbo durante todo el proceso y a día de hoy ya somos más de 87.000 personas y entidades socias.

La transición energética es ya una urgencia incuestionable, y experiencias como la de Som Energia apuntan a un cambio de paradigma. No se trata solo de sustituir combustibles fósiles por renovables, sino de replantear quién controla la energía y con qué fines. La cooperativa ha contribuido a abrir ese debate en España y a ofrecer una alternativa tangible a quienes buscan alinear su consumo con sus valores. Apostamos por renovables, sí, pero también por reducir el consumo, combatir la pobreza energética y construir comunidad. La energía debe ser un derecho y una herramienta de transformación social.

Con motivo de este recorrido, la cooperativa ha presentado un documental conmemorativo que repasa los principales hitos desde su fundación en 2010 hasta hoy. La pieza audiovisual recorre los primeros pasos del proyecto, el impulso de las plantas de generación renovable, el crecimiento de la base social y la consolidación de los servicios, al tiempo que da voz a personas socias, trabajadoras y miembros de los grupos locales. El documental pone el foco en la dimensión humana de la iniciativa y en la idea de que la transición energética puede construirse desde abajo, a partir de la organización colectiva y el compromiso diario. Más que en una comercializadora, Som Energia se ha consolidado como un movimiento ciudadano que entiende la energía como bien común. Y en ese recorrido colectivo reside, probablemente, nuestra mayor fortaleza.

** Esta historia es la primera de una saga promovida por REAS Red para mostrar experiencias ciudadanas de activismo económico, cuyo recorrido y éxito demuestran que otra economía está ya siendo posible, y eso es fuente de ESSperanza…

Fuente: MeCambio en El salto diario.

El consumo responsable a menudo se presenta como una opción individual, pero no todo el mundo tiene las mismas condiciones para practicarlo. En el contexto de crisis ecosocial se hace cada vez más evidente que no basta con apelar a la conciencia individual: necesitamos un giro que permita consumir sin pisar vidas y que lo haga posible para todas.

Pensar y repensar el consumo, hasta cambiarlo

Desde hace años, muchas hemos sido las voces que hemos contribuido a cuestionar el modelo de consumo dominante, señalando sus impactos sobre las personas y los ecosistemas y visibilizando alternativas más justas, sostenibles y democráticas. Pero también hemos insistido en algo clave: no se trata solo de consumir mejor, sino de repensar qué significa consumir y qué papel tiene el consumo en la organización de nuestras sociedades. Reflexiones todas ellas que nos invitan a bajarnos de la rueda del consumismo

Somos conscientes de que el consumo no es un acto aislado. Forma parte de una cadena que empieza en la extracción de recursos y atraviesa la producción, la distribución, llegando hasta la gestión de los residuos. Pensar el consumo consciente implica, por tanto, mirar esa cadena en su conjunto y preguntarnos qué condiciones hacen posible que un producto llegue a nuestras manos y a qué coste social y ambiental.

Partimos de una constatación obvia y a priori desalentadora: cambiando nuestro consumo no cambiaremos el mundo. Pero… también sabemos que no habrá transformación posible del sistema que no pase por el consumo y por el replanteamiento profundo de las lógicas de producción, distribución y consumo que sostienen el modelo actual.

Cuando la responsabilidad recae en quien menos puede

Durante años, el consumo responsable o consciente se ha formulado como una cuestión de elecciones individuales: comprar ecológico, evitar determinados productos, priorizar opciones éticas, comprar productos de comercio justo,etc. Sin embargo, esta mirada tiene límites evidentes.

No todas las personas tienen el mismo margen de decisión. El nivel de renta, el tiempo disponible, el acceso a alternativas, la facilidad para acceder a ellas en el lugar donde vivimos o el acceso a la información condicionan fuertemente las posibilidades de consumo. Para muchas personas, también en el Norte global, consumir no es una elección sino una cuestión de subsistencia.

Cuando el acceso a alimentos saludables, energía verde,a moda éticc o productos duraderos depende de la capacidad económica, el consumo responsable deja de ser una opción y se convierte en un privilegio. Y cuando esto ocurre, la responsabilidad se desplaza injustamente hacia las personas, invisibilizando el papel de las administraciones, de empresas y de las reglas del mercado.

Del privilegio al derecho

Ante esta realidad, cada vez toma más fuerza la idea de un cambio de enfoque: pasar de entender el consumo responsable como una opción a formularlo como un derecho.

Esto implica un desplazamiento fundamental. Hasta ahora, cuando se ha vinculado el consumo con el derecho, se ha hecho principalmente desde una lógica defensiva: proteger a las personas consumidoras frente a los abusos del mercado, a través de mecanismos de reclamación, asociaciones de defensa o marcos legales que parten de la idea de que el mercado agrede y que debemos defendernos de él. Este enfoque, aunque necesario, es insuficiente. Significa reconocer que no basta con proteger a las personas consumidoras frente a abusos, sino que es necesario intervenir y regular el propio mercado para que deje de generar estas vulneraciones. Es decir, no solo defendernos de los impactos, sino evitar que se produzcan, garantizando que los bienes y servicios disponibles no vulneren derechos desde su origen.

Esto implica dejar de poner el foco en las decisiones individuales para situarlo en las condiciones estructurales que configuran el mercado. Un ejemplo claro lo encontramos en las condiciones laborales de las trabajadoras del campo, como las temporeras de la fresa en Huelva o las campañas de recogida de fruta en Lleida. En estos contextos, organizaciones como el Sindicato de Temporeras de Huelva o iniciativas como Fruita amb Justícia han denunciado vulneraciones sistemáticas de derechos laborales y condiciones de vida indignas. Pensar el consumo responsable como derecho implica reconocer estas realidades y entender que la responsabilidad no puede recaer en quien compra, sino en garantizar que aquello que llega al mercado no se produce a costa de la explotación y de la vulneración de derechos básicos de otras personas.

Hablar de derecho al consumo consciente es hablar de un derecho que atraviesa toda la cadena: desde las condiciones laborales en la producción hasta los impactos ambientales, pasando por la distribución y el final de vida de los productos. Y es, también, hablar de obligaciones claras para las empresas, que no pueden seguir operando a costa de la vulneración de derechos humanos y ambientales.

Regular el mercado para hacer posible el derecho

Este cambio de mirada conecta con un debate más amplio sobre el papel de la regulación. Si queremos que el consumo responsable sea una posibilidad real para todas, no basta con promover buenas prácticas: es necesario establecer límites y reglas claras.

En este sentido, iniciativas como la futura ley de consumo sostenible apuntan en una dirección relevante. Introducen elementos como la lucha contra el greenwashing, el impulso al derecho a reparar o la mejora de la información sobre los productos. Son pasos importantes porque reconocen que el mercado no es neutral y que necesita ser regulado para evitar prácticas que dañan a las personas y al planeta.

Sin embargo, estas medidas siguen siendo parciales. Para avanzar hacia un verdadero derecho al consumo responsable, es necesario ampliar el foco, incorporar todos los sectores, reforzar los mecanismos de control y, sobre todo, redistribuir responsabilidades. No se trata solo de informar mejor a quien consume, sino de transformar las condiciones en las que se produce y se pone en circulación lo que consumimos. Esto requiere, además, el despliegue efectivo de mecanismos de seguimiento, control y sanción que aseguren el cumplimiento de la normativa existente. Porque sin voluntad política, recursos y estructuras que garanticen que las leyes se aplican, el riesgo es que las regulaciones queden en papel mojado y que las vulneraciones de derechos continúen produciéndose sin consecuencias.

Consumir sin pisar vidas, como norma

El reto, en definitiva, no es que unas pocas personas puedan consumir de forma responsable, sino que nadie tenga que elegir entre llegar a fin de mes o respetar los derechos de otras personas y del planeta.

Esto implica avanzar hacia un modelo en el que producir y distribuir ya incorpore la responsabilidad como condición de partida, y en el que el consumo responsable deje de ser una excepción para convertirse en la norma. Un modelo en el que las administraciones públicas, las empresas y el conjunto de actores económicos asuman su papel en la garantía de este derecho y en el que la sociedad civil organizada tenga un papel de vigía constante, para seguir avanzando y no bajar la guardia en ningún momento.

Porque el consumo responsable no puede ser un lujo ni un gesto individual. Si forma parte del problema, tiene que formar parte de la solución. Y eso solo será posible cuando deje de depender de la voluntad de cada cual y pase a ser garantizado como un derecho.

Estas reflexiones serán la tesis de partida de uno de los ejes de Idearia, encuentro bienal de la economía solidaria que tendrá lugar del 8 al 10 de mayo en Pamplona. Programa en la web del encuentro.

Un artículo de Mireia Bosch, de Opcions, para El Salto

Garantizar que los derechos humanos o ambientales no se violen durante la producción de su ropa, su móvil, el combustible de su transporte o la fruta que ha comido para un refrigerio, no es tarea fácil. Tampoco se ha hecho este informe mientras se lanzan bombas en Venezuela e Irán en nombre de la democracia y la libertad con el objetivo -explícito en el caso del ataque a Caracas- de obtener un acceso privilegiado a algunas de las últimas grandes reservas accesibles de petróleo en el mundo (Venezuela, Arabia Saudita e Irán son los países con más crudo subterráneo según la Organización de Países Exportadores de Petróleo).

El hecho de que todos puedan consumir productos responsables con el planeta y la humanidad depende, por lo tanto, de factores estructurales, económicos y geopolíticos y de las decisiones de los grandes magnates que subestiman cada vez más el derecho internacional. Aun así, la normativa internacional que regula el mercado y la actividad de las empresas multinacionales sumadas a iniciativas de observación y auditoría locales y regionales como el potencial Centro de Empresas y Derechos Humanos de Cataluña, podría permitir productos responsables a lo largo de su proceso.

Para dejar de concebirlo como una posibilidad individual y pasar a entenderlo como un derecho colectivo, es necesario colocar toda la cadena de valor de cualquier producto: desde la producción, pasando por la distribución y comercialización –y la legislación que los regula– hasta el consumo y gestión de residuos. Y es necesario tener en cuenta los impactos de cada una de estas fases en la emergencia climática, en las violaciones de los derechos humanos en comunidades y territorios y también en el aumento del precio de los bienes básicos y en las desigualdades en el acceso a estos bienes. En definitiva, sería necesario analizar muy bien cuáles son las externalidades sociales y territoriales de cada producto. Universalizar la posibilidad de consumir de manera responsable, sostenible y consciente significaría centrarse en los estados, las políticas y el mercado, no en el consumidor.

Si cumplimos con la Declaración de Derechos Humanos

Marco Aparicio, presidente del Observatorio DESCA y profesor de derecho constitucional en la Universidad de Girona, asegura que para universalizar el acceso al consumo responsable “tiene sentido conceptualizarlo como un derecho, pero estaríamos hablando de un derecho muy, muy amplio. Sería necesario desarrollar eso no es sencillo: determinar las implicaciones de este derecho, para la institucionalidad y los Estados, y qué obligaciones genera, principalmente para el ámbito empresarial”. Las implicaciones serían para los gobiernos, desde los municipios hasta los organismos multilaterales como la Unión Europea o las Naciones Unidas, e incluirían el cumplimiento, o la creación en su ausencia, de la legislación que garantice la producción y la distribución que no violen los derechos. Garantizar el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Derecho Internacional Humanitario, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU sería un buen comienzo.

En este sentido, Georgine Kengne, líder social de Camerún y miembro de la organización feminista panafricana WoMin -que trabaja en Sudáfrica, Zimbabwe, Madagascar, República Democrática del Congo (RDC), Nigeria, Burkina Faso y Senegal-, asegura que no se cumplan las legislaciones que existen para garantizar los derechos de las comunidades que viven en territorios perjudicados por la lógica extractivista. “Las constituciones nacionales de los países de África donde acompañamos a las comunidades hablan de proteger los derechos de las minorías étnicas, de las comunidades indígenas, pero en la práctica esto no sucede y cuando llega una empresa minera no hacen la consulta previa e informada a las comunidades, se consulta a las élites nacionales y encuentran una manera de establecerse allí”, explica el pesimista Kengne.

Tres planetas para satisfacer el “estilo de vida europeo”

Esta dinámica se repite en la mayoría de los países del Sur Global, especialmente en América Latina y África, de los cuales provienen muchas de las materias primas y productos terminados de poco valor agregado que consumimos en los países del Norte Global. Países como Luxemburgo, Suiza, Noruega, Estados Unidos o Canadá, son los más consumidos per cápita del mundo, según datos del Banco Mundial. Según aquellos que estudian la huella ecológica en profundidad a escala global, ha quedado claro que para que todo el mundo viva con el llamado “estilo de vida europeo”, se necesitarían tres mundos. Y para obtener el estilo de vida de las clases acomodadas de los Estados Unidos, cuatro.

Con esta “falta” de planetas –o exceso de consumo– es que hay lo que los antropólogos expertos en ecología política como Joan Martínez Alier llaman “déficit físico existente en el comercio internacional de países empobrecidos y pasivos ambientales asociados”, que sucede cuando algunos países exportan muchas toneladas de materias primas a precios muy bajos e importan bienes de productos terminados con poco valor añadido para valores superiores a los que han exportado. “En general, Sudamérica exporta unas tres veces más de lo que importa en toneladas, cumpliendo con la regla de San Garabato: comprar caro y venta barata”, dijo Martínez Alier en su reconocido artículo académico “Ecología política del extractivismo y la justicia socioambiental” (2015).

Según datos de Eurostat 2025, el 81,3% de las importaciones procedentes de la Unión Europea procedentes de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) son bienes primarios (materias primas y productos mal transformados). Y según un informe del departamento de política exterior del Parlamento Europeo, más del 65% de los bienes que la Unión Europea importa desde África son productos primarios (materias primas, alimentos y energía).

Algunos ejemplos concretos: el 79% del litio que Europa necesita para su consumo de teléfonos, baterías eléctricas, etc. proviene de Chile, y el 68% del cobre de la República Democrática del Congo. Gran parte de la soja que Europa necesita para alimentar a su ganado proviene de América Latina, principalmente de Brasil y Argentina, un consumo que impulsa la deforestación y los conflictos sobre la tierra. La mitad de la ropa que importa Europa proviene aproximadamente de países como Bangladesh, China o Vietnam, y su producción tiene un alto impacto en las personas, los territorios, el medio ambiente. Con todos estos datos, de diversas fuentes, medios de comunicación e informes de entidades y centros de investigación, podemos hacernos la idea del peso de la actividad humana y empresarial que se desarrolla en nuestro consumo en el Sur Global. Es por ello que es tan importante tener en cuenta cómo se regula la reubicación.

De fábricas a plazas: reubicación

Que nuestros niños actualmente juegan en parques gigantes y van a grandes escuelas que anteriormente habían sido fábricas textiles, tiene impactos. Que hoy nuestros centros cívicos y culturales tienen sede en grandes edificios rehabilitados con paredes de ladrillo a la vista, vigas metálicas, techos altos y grandes ventanales, los llamados lofts industriales, tiene implicaciones. La externalización de la producción persigue un objetivo claro para las empresas, para ganar más dinero. Pero para las personas y territorios de los países donde se lleva a cabo, implica impactos económicos, sociales y ambientales negativos.

El proceso por el cual una fábrica se traslada a otro país para reducir costos e impactos ecológicos en Europa se llama “reubicación”, pero para los países que reciben esta actividad, este proceso generalmente se llama “atracción de capital extranjero” o “inversión extranjera directa”. No importa cuánto se venda con la idea de crear empleos, las condiciones precarias o su explotación laboral, la dependencia económica que se construye con respecto a las empresas de capital y la sede en el Norte Global y la contaminación, son los que terminan pesando más en la balanza.

Aquí debemos tener en cuenta la responsabilidad por la violación de los derechos humanos a lo largo de la cadena de valor, tanto en las empresas como en los estados de nuestro territorio, pero sobre todo en la lógica de la organización neoliberal y la externalización de los procesos de producción en cualquier parte del planeta”, dice Aparicio. A nivel europeo existen directivas (2001/23/CE y 2002/14/CE) que regulan y protegen a los trabajadores en caso de transferencias de empresas y las normas de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo también establecen claramente la responsabilidad social corporativa y las condiciones de trabajo de las empresas en el extranjero. También existe una normativa específica en las ayudas públicas que desalienta o incluso penaliza la reubicación de la producción de empresas que reciben financiación pública.

Pero la realidad se parece más a la explosión que tuvo lugar el 28 de enero en una mina de coltán en la República Democrática del Congo, específicamente en el norte de Kivu, debido a deslizamientos de tierra que causaron más de 400 muertes, incluidos trabajadores y personas de comunidades cercanas. Aunque la estructura colonial global está más que instalada, con terribles consecuencias como esta, en el actual contexto de guerra, crisis de multilateralismo y aumento de la tensión internacional geoestratégica, el Estado español, como de cierta manera la Unión Europea, posiciona cada vez más el concepto de “autonomía estratégica” o “reindustrialización”.

na de las principales consecuencias de esta externalización global de la producción y especialización productiva de los países es el transporte global intensivo. Millones y millones de mercancías viajan en barco todos los días. Según Aparicio: “a nivel ambiental, en el campo criminal, ya hay delitos ambientales, y estudios de impacto ambiental de ciertas actividades para prevenirlos. Pero está claro que algunos elementos no se aplican lo suficiente y otros aún no están articulados, por ejemplo, el kilometraje de los productos y, por lo tanto, del gasto energético”.

Caminos hacia la responsabilidad

Históricamente, una de las alternativas propuestas en el ámbito del consumo ha sido el comercio justo. Según Anna Bregolat, de la Coordinadora de Comercio Justo y Finanzas Éticas “hay productos que no dejaremos de consumir socialmente aunque no se produzcan aquí, como el cacao, el café o el azúcar”. Un tipo de consumo que no podemos separar del pasado colonial y del presente. Según el Bregolat, los impactos positivos del comercio justo son el fortalecimiento y la nueva creación de cooperativas en los países del Sur Global, la sindicalización de los trabajadores o la prefinanciación por parte de organizaciones del Norte de iniciativas productivas en el Sur. Además, en el precio de los productos de comercio justo, “también está la prima social, una donación de dinero extra, que la cooperativa del país productor debe gastar en la comunidad: en carreteras, escuelas, mercados locales para favorecer el desarrollo de la zona”, explica.

El comercio justo también está comprometido con la soberanía alimentaria y la diversificación de los cultivos, es decir, la reducción de los monocultivos característicos de las plantaciones – caña de azúcar, plátanos, algodón, soja- del modelo extractivista colonial. Dos elementos contra los que juega la actual financiarización de los productos alimenticios que favorecen la especulación alimentaria. “Estamos hablando de productos que están en los mercados futuros y, por lo tanto, hay mucha especulación”, advierte Bregolat, “si el precio baja, el comercio justo hace lo que hace es mantener un precio base”, añade. Aun así, reconoce los límites del modelo de comercio justo, como el alto costo de las certificaciones o la dificultad de rastrear cadenas desde el origen.

“Al final, se trata de pensar ¿quién puede permitirse el precio de hacer las cosas bien? Con qué normativas o reglamentos europeos, estamos animando a la producción a terminar en manos de las multinacionales. Y también es lo que sucede aquí con las licitaciones y compras públicas, solo se pueden presentar los ancianos”, dice Anna Bregolat. Y quiénes deberían ser capaces, al menos, de “pagar para hacer las cosas bien” son las administraciones públicas. El presidente de ODESCA asegura que donde actualmente hay más ruta, en este sentido, se encuentra en la contratación pública responsable: “se necesitan más campañas para una regulación que requiera que toda contratación pública, en cualquier campo, de un proveedor, sea de papel, de alimentos, de computadoras, esté sujeta a toda una serie de requisitos ambientales y de derechos humanos”. “Esta es una de las herramientas más efectivas”, dice Marco Aparicio.

Una revolución por el derecho al consumo responsable

Georgine Kengne, “lo que necesitamos es una revolución: poner la justicia y la equidad como la más básica, romper la gran brecha entre ricos y pobres”. La realidad es que las poblaciones de las regiones donde se instalan las empresas occidentales, las comunidades de los territorios vistos por el Norte Global como reservas de recursos naturales explotables, los ciudadanos de países que se han establecido como víctimas de la lógica colonial, no piensan en consumir responsablemente: piensan en defender los derechos más básicos.

Iniciativas como el Centro de Empresas y Derechos Humanos, la demanda de contratación pública responsable o el comercio justo son algunos pasos hacia la construcción de un derecho al consumo responsable. Pero, según Aparicio, “no hay derecho que pueda ser efectivo si no hay una sociedad organizada detrás de ella que presione para que sea respetada, para que sea promovida y protegida”, por lo tanto, la base de cualquier derecho es una sociedad articulada. “Debemos seguir manteniendo estructuras de defensa colectiva, en el formato del sindicato de inquilinos, que ahora avanza con la defensa del derecho a la vivienda. Movimientos estables y estructurados, lo que históricamente ha sido la clase, los sindicatos de trabajadores, que son estructuras permanentes”, desarrolla Aparicio.

La universalización del consumo responsable, por lo tanto, implica concebirlo como un derecho que obliga a los gobiernos y a las empresas a garantizar cadenas productivas justas, sostenibles y transparentes. Un desafío a largo plazo que involucra a sociedades organizadas, legislación efectiva y modelos económicos que priorizan la vida y el planeta sobre el beneficio inmediato. Así que consumir responsablemente deja de ser un lujo o una opción, y se convierte en un estándar de justicia global.

Fuente: Opcions

Comprar es una acción cotidiana, posiblemente la realizamos a diario. A través de la compra resolvemos algunas necesidades básicas como la alimentación o el vestir. Sin embargo, no siempre responde a una necesidad real. En una sociedad marcada por la prisa, la publicidad constante y la inmediatez, cada vez es más fácil caer en dinámicas de consumo que no son del todo libres ni conscientes. Las compras compulsivas forman parte de esta realidad: un comportamiento que va más allá del simple capricho y que puede acabar generando malestar personal, económico y emocional.

¿Te ha pasado alguna vez que compras algo sin tenerlo previsto o que, simplemente, no te hacía realmente falta? A veces compramos para desconectar, para celebrar una pequeña alegría o para hacer más ligero un día complicado. Estas situaciones no tienen por qué ser problemáticas, más allá de ser cuestionables desde el prisma del consumo consciente. La señal de alarma tiene que aparecer cuando este tipo de compras se convierten en frecuentes, difíciles de controlar o dejan una sensación de malestar que se repite, y nos hacen preguntar qué papel tiene realmente el consumo en nuestro bienestar.

En este artículo analizamos qué son las compras compulsivas, cuáles son las causas y cómo podemos abordarlas desde una mirada de consumo consciente, poniendo el foco no solo en el control del gasto, sino también en el bienestar emocional y en la capacidad de tomar decisiones de compra más alineadas con nuestros valores.

Queremos remarcar que este acercamiento a las compras compulsivas no se hace desde la óptica del trastorno ni del diagnóstico clínico. Abordar las compras compulsivas como un problema de salud mental requiere los conocimientos y el acompañamiento de profesionales especializados, una tarea imprescindible que, en este caso, queda fuera del alcance de este artículo. Aquí nos ubicamos en un terreno diferente: el de la reflexión sobre los hábitos de consumo, el contexto que los favorece y las herramientas que pueden ayudar a recuperar una relación más consciente, crítica y saludable con la compra.

Qué son las compras compulsivas

Antes de todo, es importar explicar qué entendemos por compras compulsivas. Hacen referencia a un patrón de compra repetitivo y difícil de controlar, en el que el acto de comprar no responde tanto a una necesidad real o a un deseo consciente, sino a un impulso. En estos casos, la compra se convierte en una respuesta automática a determinados estímulos (emocionales, sociales o contextuales) más que no una decisión reflexionada.

Es importante diferenciar este comportamiento de comprar por gusto o por placer. Comprar algo que nos apetece, de manera puntual y asumible, forma parte de una relación sana con el consumo. El problema no es el placer de comprar, sino la pérdida de control: cuando la compra se repite sin una reflexión previa, resulta difícil evitar y acaba generando malestar, preocupación o consecuencias no deseadas.

En este sentido, a menudo se habla de adicción a las compras para describir situaciones más extremas, en las que la persona siente una necesidad casi constante de comprar y el consumo se convierte en la vía principal para regular las emociones. Aun así, no todas las compras impulsivas o poco planificadas entran en esta categoría. Desde el consumo consciente, el objetivo no es etiquetar, sino entender qué hay detrás de estos hábitos y recuperar la capacidad de decidir cómo, cuándo y por qué compramos.

Causas de las compras compulsivas

Vivimos en un entorno que fomenta el consumo constante, inmediato y emocional, donde comprar es presentado a menudo como una solución rápida al malestar o como una vía de expresión personal. Las compras compulsivas, pues, suelen ser el resultado de una combinación de factores personales, emocionales y sociales que interactúan entre sí. Entender estas causas es clave para evitar miradas simplistas o culpabilizadoras y para poder abordar el fenómeno con más conciencia y responsabilidad colectiva.

Podríamos destacar dos tipos de factores que impulsan este tipo de consumo: los emocionales y los sociales (y digitales).

Factores emocionales

Las emociones influyen de manera decisiva en la manera como consumimos. En muchos casos, las compras compulsivas responden a la voluntad de gestionar un estado emocional. Identificar estos factores ayuda a entender por qué, en determinados momentos, el consumo puede perder su carácter consciente.

Algunos de los factores emocionales más habituales son:

Estrés y cansancio
En situaciones de presión, sobrecarga o fatiga mental, la compra puede actuar como una vía rápida de evasión o de recompensa inmediata, especialmente cuando el consumo es fácil y accesible.
Tristeza o malestar emocional
Comprar puede generar una sensación momentánea de alivio o distracción ante emociones desagradables, a pesar de que este efecto acostumbra a ser breve y no aborda la causa del malestar.
Baja autoestima
El consumo puede ser una manera de reforzar la propia imagen, de sentirse mejor con una misma o de compensar una sensación de inseguridad.
Necesidad de pertenencia social
Determinadas compras responden al deseo de sentirse parte de un grupo, compartir estilos, valores o referentes, o evitar la sensación de quedar excluida. En una sociedad donde el consumo también está al servicio de comunicar identidad, este factor puede tener un peso importante.

Desde una mirada de consumo consciente, hacer visibles estos factores permite entender mejor las propias motivaciones y abrir la puerta a formas alternativas de cuidar el bienestar emocional y el vínculo social sin recurrir automáticamente a la compra.

Factores sociales y digitales

Las compras compulsivas no se pueden entender sin tener en cuenta el contexto social y tecnológico en el que vivimos. La digitalización ha transformado profundamente la manera como consumimos: ha hecho la compra más rápida, más accesible y más presente en el día a día. Este entorno puede dificultar la toma de decisiones conscientes y favorecer dinámicas de consumo impulsivas.

Algunos de los principales factores sociales y digitales son:

• Acceso inmediato y compra sin fricciones
  Las tiendas en línea, las aplicaciones móviles y los sistemas de pago rápido reducen al mínimo el tiempo entre el deseo y la compra. Esta inmediatez deja poco espacio para la reflexión y puede facilitar decisiones impulsivas.
• Publicidad constante y personalizada
  La publicidad digital acompaña el usuario de manera continua y a menudo está basada en datos personales. Los mensajes comerciales se adaptan a los intereses, emociones y hábitos de consumo, haciendo más difícil ignorarlos o tomar distancia.
• Redes sociales y cultura de la comparación
  Las redes sociales nos exponen de manera constante a estilos de vida, tendencias y modelos de consumo que pueden generar presión para comprar, compararse o mantener una determinada imagen. El consumo se convierte en una herramienta de validación social.
• Normalización del consumo excesivo
  En muchos espacios digitales, comprar a menudo y mostrarlo públicamente se presenta como una práctica normal, deseable o incluso aspiracional. Esta normalización invisibiliza los impactos personales, sociales y ambientales del consumo.
• Promociones permanentes y sensación de oportunidad
  Descuentos continuos, ofertas limitadas y mensajes de urgencia crean la percepción de que hay que comprar ahora para no perder una oportunidad, alimentando decisiones apresuradas.

Desde el consumo consciente, cuestionar estos factores implica recuperar espacios de pausa, reflexión y autonomía ante un entorno digital pensado para estimular el consumo constante. No se trata de rechazar la tecnología, sino de aprender a utilizarla sin que condicione de manera automática nuestras decisiones de compra.

• Consejos para controlar las compras compulsivas
• Introducir pausas antes de comprar
• Darse un tiempo (horas o incluso días) entre el primer deseo y la compra ayuda a diferenciar entre impulso y decisión consciente.
• Preguntarse por el porqué de la compra
• Antes de comprar, puede ser útil preguntarse qué hay detrás del deseo: una necesidad real, una emoción concreta o una presión externa.
• Planificar las compras habituales
• Hacer listas y definir presupuestos puede ayudar a reducir las decisiones impulsivas y a ganar tranquilidad en el día a día.
• Limitar la exposición a estímulos de consumo
• Reducir notificaciones comerciales, newsletters o seguimiento de cuentas muy orientadas al consumo puede disminuir los impulsos de compra.
• Revisar los hábitos digitales
• No tener aplicaciones de compra en el móvil o guardar los datos de pago fuera de las plataformas puede introducir una fricción útil para reflexionar.
• Conectar el consumo con los propios valores
• Pensar en el impacto social, ambiental y económico de cada compra ayuda a tomar decisiones más alineadas con un consumo responsable.
• Buscar alternativas al consumo para gestionar emociones
• Identificar otras formas de cuidarse, desconectar o relacionarse que no impliquen comprar puede reducir la dependencia del consumo como regulador emocional.

Las compras compulsivas son un reflejo de cómo consumimos en un contexto que nos empuja constantemente a comprar más y más rápido. Mirarlas desde el consumo consciente permite entender qué hay detrás de nuestros hábitos y recuperar espacios de decisión, sin culpa ni exigencias irreales.

Revisar la relación con el consumo es un camino progresivo que conecta el bienestar personal con el impacto social y ambiental de nuestras decisiones. Si quieres profundizar, en esta página web encontrarás otros artículos, recursos y herramientas para continuar repensando el consumo y avanzar hacia formas de vida más coherentes y sostenibles.

Fuente: Opcions

Un espacio de economía circular y encuentro social en la Rioja

Con el nuevo año ha vuelto a ponerse en marcha Repara y Reconecta, un espacio de encuentro en torno a la reparación, el consumo responsable y la economía circular que impulsa la Universidad Popular de Logroño con la colaboración de REAS Rioja. El primer encuentro de este 2026 tuvo lugar el pasado 10 de enero en la Chimenea del Ebro.

Repara y Reconecta se ha consolidado como un punto de referencia en la ciudad para alargar la vida útil de los objetos, reducir residuos y, sobre todo, crear comunidad. Cada sesión combina el aprendizaje práctico, el intercambio de conocimientos y el encuentro entre personas con perfiles y edades muy diversas, demostrando que reparar no solo es una acción ecológica, sino también social.

En esta ocasión, el proyecto volvió a despertar el interés de los medios locales. El periódico nuevecuatrouno de Logroño se acercó al encuentro y publicó una crónica titulada «Entre tornillos y conversaciones: reparar para reconectar”, en la que pone el foco tanto en el funcionamiento del espacio como en su dimensión humana.

«El funcionamiento es muy sencillo. En la entrada, rellenas una ficha en la que explicas qué objeto has traído para arreglar y qué es lo que falla. Nada más entrar, hay una pizarra en la que se apunta los objetos que se han llevado ese día a reparar, quién se ha encargado del proceso y si al final se ha conseguido darle una segunda vida. «Es el documento gráfico de lo que se consigue y muchos días se nos queda pequeña», apunta orgullosa Isabel.»

La crónica también destaca uno de los elementos que hacen de Repara y Reconecta una experiencia singular: la implicación activa de todas las personas que participan, rompiendo con la lógica del consumo rápido y los servicios técnicos convencionales.

«Pero este taller tiene varias cosas que lo hacen único. Todos los que participan en él, tanto los reparadores como quien lleva sus objetos, son voluntarios y también colaboran en la reparación: desde sujetar la linterna hasta tareas más complejas, como señala Teresa: «Aquí lo que no vale es dejar tus cosas y marcharte a dar un paseo por el Ebro que está tan bonito». A lo que Isabel añade: «No somos un servicio técnico en el que alguien deja un aparato y vuelve luego a por él».»

Consulta la noticia completa

Desde REAS Rioja se valora especialmente este tipo de iniciativas que ponen en práctica los principios de la economía social y solidaria: reutilización, cooperación, aprendizaje colectivo y cuidado de las personas y del entorno. Espacios como Repara y Reconecta muestran que es posible consumir de otra manera, reduciendo el impacto ambiental y fortaleciendo los vínculos comunitarios.

Para quienes quieran sumarse, se mantiene el calendario habitual de Repara y Reconecta para este curso, con dos citas mensuales: normalmente el segundo sábado por la mañana y el tercer miércoles por la tarde. Una invitación abierta a reparar, compartir saberes y reconectar con otras formas de hacer economía desde lo cotidiano.

Fuente: REAS Rioja

Desde Opcions trabajamos para promover el consumo responsable, una manera de satisfacer nuestras necesidades que tiene en cuenta la vida en todas sus formas y expresiones, desde la concepción de que el consumo es una herramienta de transformación social que nos tiene que permitir avanzar hacia un modelo más justo y sostenible.

10 motivos para practicar el consumo responsable

1. Reduce la huella ecológica

En un momento de emergencia climática como el que vivimos, es clave optar por un tipo de consumo que reduzca el impacto ambiental. Nuestras acciones tienen unas consecuencias y está en nuestras manos decidir su magnitud.

Esto lo podemos conseguir de muchas maneras: reduciendo nuestro consumo, priorizando productos sostenibles, hacer un uso eficiente de los recursos como el agua y la energía, consumir de proximidad, reducir aquellas actividades más contaminantes, etc. Navega por la web de Opcions porque encontrarás muchos artículos que ta ayudarán a ser más eficiente energéticamente en la cocina, a reducir el impacto de la tu alimentación o tener claro en qué te tienes que fijar si quieres comprar un electrodoméstico eficiente, entre otros artículos.

2. Fomenta una economía más justa

El consumo responsable favorece modelos que respetan los derechos laborales, distribuyen mejor la riqueza y priorizan el bienestar de las personas y del planeta antes que el beneficio económico. En lugar de reforzar un sistema basado en la explotación y la sobreproducción, el consumo consciente apuesta por alternativas que generan impactos sociales y ambientales positivos.

Podemos apoyar a empresas y cooperativas que respetan los derechos laborales y pagan salarios justos; evitar marcas que explotan personas en condiciones precarias (por ejemplo, en la industria textil o electrónica); optar por productos locales, de comercio justo y en tiendas de proximidad en vez de grandes cadenas; o elegir servicios y bancos éticos que no invierten en negocios especulativos ni en prácticas injustas, entre otras propuestas.

3. Impulsa el comercio local

El consumo responsable es una herramienta poderosa para reforzar el tejido comercial de proximidad y construir una economía más resiliente y conectada con las necesidades reales de las personas. Al mismo tiempo, reduce la huella ecológica, dinamiza los barrios y pueblos evitando el fenómeno de la desertización comercial, evita la concentración de la riqueza en grandes corporaciones y construye comunidad y refuerza vínculos, puesto que cuando consumimos en comercios locales, establecemos relaciones de confianza con las personas que nos proveen y creamos redes de apoyo mutuo.

¿Qué podemos hacer, para impulsar el comercio local? Ir a comprar a mercados de barrio o mercados de campesino en lugar de grandes superficies, elegir negocios locales (del tipo que sean) en vez de cadenas internacionales, adherirse a grupos de consumo o hacer difusión de iniciativas locales en nuestras redes y recomendarlas a amistades y familia.

4. Reduce los residuos y el despilfarro alimentario

Hace tiempo que conocemos las tres R: reducir, reutilizar y reciclar. Sobre todo, la R que nos interesa es la de reducir, porque el mejor residuo es el que no es produce. Reducir los residuos y el derroche alimentario no solo disminuye la contaminación, sino que también ayuda a preservar recursos naturales, minimiza el impacto ambiental y promueve un modelo económico más eficiente y sostenible. Hablamos mucho de ello en el Cuaderno 61, el negocio de los residuos.

La teoría la tenemos clara, pero, ¿cómo la llevamos a la práctica? Hay un montón de acciones que podemos hacer para reducir el impacto de los residuos: optar por productos con envases reutilizables o a granel, llevar bolsas, fiambreras y botellas reutilizables cuando vamos a hacer la compra, comprar de segunda mano o intercambiar objetos en lugar de comprarlo todo nuevo (los residuos textiles y electrónicos tienen un grave impacto en el medio ambiente), planificar mejor las comidas para evitar tirar comida y aprovechar las sobras de manera creativa o apostar por iniciativas como el compostaje para reducir los residuos orgánicos.

5. Ayuda a preservar la biodiversidad

Consumir productos ecológicos y evitar alimentos procesados con ingredientes destructivos reduce la explotación masiva de ecosistemas y contribuye a proteger la biodiversidad porque favorece modelos de producción que respetan los ecosistemas y reduce la presión sobre la natura. Apostar por productos ecológicos y poco procesados ayuda a disminuir el uso intensivo de pesticidas, la deforestación y la degradación del suelo, factores clave en la pérdida de especies animales y vegetales. De este modo, las decisiones de compra cotidianas pueden tener un impacto directo en la salud de los entornos naturales.

¿Qué podemos hacer para preservar la biodiversidad? Priorizar alimentos ecológicos, de temporada y de proximidad, reducir el consumo de productos ultraprocesados, moderar el consumo de carne industrial y evitar ingredientes vinculados a la deforestación, como el aceite de palma no certificado. También es útil informarse sobre el origen de los productos y apoyar a proyectos agroecológicos que trabajan para mantener vivos los ecosistemas.

6. Promueve una alimentación más saludable

Elegir alimentos ecológicos, de temporada y poco procesados facilita una dieta más equilibrada y nutritiva, a la vez que reduce la exposición a pesticidas, aditivos y otras sustancias nocivas. Este tipo de alimentación pone en el centro los productos frescos y reales, respeta los ciclos naturales y contribuye a mantener tanto la salud de las personas como la de los ecosistemas que hacen posible la producción de alimentos.

integrales, reducir el consumo de ultraprocesados y dedicar tiempo a leer etiquetas. Cocinar más a menudo en casa, planificar las comidas y comprar en mercados de proximidad o tiendas ecológicas son acciones sencillas que ayudan a comer mejor y con más conciencia.

7. Fomenta la innovación sostenible

Cuando las personas consumidoras priorizan productos responsables, el mercado responde desarrollando soluciones más respetuosas con el medio ambiente y con las personas. Este cambio en la demanda impulsa las empresas a repensar procesos, materiales y diseños, fomentando innovaciones como envases reutilizables o compostables, productos más duraderos, modelos de producción circulares o servicios basados en la reparación y la reutilización.

¿Qué podemos hacer para fomentar la innovación sostenible? Apoyar a marcas y proyectos que apuestan por el ecodiseño, la transparencia y la reducción de impactos, aunque no sean las opciones más conocidas. También ayuda escoger productos duraderos y reparables, valorar iniciativas de economía circular y hacer presión como personas consumidoras, pidiendo alternativas más sostenibles y premiando aquellas empresas que realmente innoven con criterios ambientales y sociales.

8. Reduce la dependencia del petróleo y materiales críticos

Apostar por alternativas más sostenibles en la energía, la movilidad y la tecnología ayuda a reducir la dependencia del petróleo y de materiales críticos como el litio, el cobalto o las tierras raras, a menudo asociados a impactos ambientales graves y a conflictos sociales. Este cambio permite avanzar hacia modelos más resilientes, menos vulnerables a crisis energéticas y más alineados con los límites del planeta.

¿Qué podemos hacer para reducir esta dependencia? Contrata electricidad de origen renovable, prioriza el transporte público, la bicicleta o compartir vehículo, y alarga la vida útil de los dispositivos electrónicos reparándolos antes de sustituirlos. También es clave comprar tecnología solo cuando sea necesario, optar por aparatos más eficientes y apoyar a iniciativas que promueven la reutilización y el reciclaje responsable de los materiales.

9. Dona poder a las personas consumidoras

Las decisiones de compra cotidianas tienen un impacto colectivo mucho más grande del que a menudo imaginamos. Cuando muchas personas apuestan por empresas que respetan criterios sociales, ambientales y de transparencia, se envía un mensaje claro al mercado sobre qué tipo de prácticas queremos incentivar. Este poder de decisión puede contribuir a transformar modelos de producción, condiciones laborales y políticas empresariales.

Para ejercer este poder, podemos informarnos sobre el origen de los productos, leer etiquetas, consultar guías de consumo responsable y apoyar a iniciativas que ponen las personas y el planeta al centro. También es importante dejar de comprar a empresas con prácticas nocivas, hacer visibles las buenas prácticas en las redes o en el entorno próximo y exigir más responsabilidad y coherencia a las marcas que consumimos.

10. Construye un futuro más equitativo y sostenible

Las decisiones de consumo que tomamos cada día contribuyen a definir qué modelo de sociedad volamos. Cuando apostamos por opciones que tienen en cuenta las personas, el medio ambiente y el bien común, ayudamos a construir una economía más justa, que reduce desigualdades y respeta los límites del planeta. Este enfoque pone la vida en el centro y entiende el consumo como una herramienta para generar impacto positivo, más allá de la satisfacción inmediata.

Si queremos avanzar hacia este futuro, tenemos que incorporar criterios sociales y ambientales en nuestras compras, apoyar a iniciativas de economía social y solidaria y participar en proyectos colectivos que promuevan cambios estructurales. Compartir información, crear red y actuar de manera coherente, individualmente y colectivamente, es clave para hacer posible una transformación real y duradera.

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Fuente: Opcions

Biolíbere Supermercado Cooperativo, con apoyo de la Fundación Daniel & Nina Carasso, promoverá el primer proyecto piloto de Seguridad Social Alimentaria en España que se desplegará durante los próximos meses en el municipio de Getafe.

La Seguridad Social Alimentaria (SSA) es una propuesta de política pública, similar a la seguridad social médica, que busca transformar la forma en que producimos y consumimos alimentos. Su objetivo es que todo el mundo pueda alimentarse de forma saludable, sostenible y agroecológica, así como que las personas que producen esos alimentos, los transforman y los distribuyen, vivan dignamente de su actividad. Ya hay colectivos y organizaciones que comienzan a plantearla como posible iniciativa impulsora de una transición agroecológica justa en varios países europeos, aunque en España aún no se ha desarrollado ninguna experiencia práctica. Biolíbere pondrá en marcha un proyecto piloto que pueda servir de ejemplo en el diseño de futuras iniciativas.

¿En qué va a consistir?

Treinta personas, seleccionadas por sorteo de entre un total de 370 candidatas, se incorporarán a Biolíbere y dispondrán de una asignación fija de 100 euros mensuales, para acceder al consumo de alimentos agroecológicos y saludables, desde febrero hasta noviembre de 2026. Durante esos meses, se evaluará el impacto de esta experiencia en las vidas de estas personas, en su percepción sobre el derecho a la alimentación y en sus hábitos alimentarios. Asimismo, se valorará el impacto sobre el propio supermercado y sus proveedores y proveedoras.

El proyecto cuenta con la implicación de proveedores, proveedoras y sociedad civil a través de un órgano de gobernanza, en el que ya participan productoras de frutas de Cáceres (Ecojerte), queso de Zamora (Fariza) y pan de Getafe (Panakós) así como asociaciones y entidades de Getafe como las AMPA de los colegios públicos Ana María Matute y Miguel Hernández, la Asociación Ágora, la Asociación Amar Dragoste, la Asociación Yuna, Cáritas Diocesana de Getafe o el propio Ayuntamiento del municipio.

Por último, se pretende generar un efecto multiplicador e incidir en el diseño de políticas públicas en materia de alimentación, así como sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del derecho a la alimentación y el papel de las administraciones al respecto.

«En Biolíbere siempre hemos sido conscientes de que el precio de los alimentos agroecológicos supone una barrera de acceso al derecho a una alimentación adecuada de todas las personas, así como un escollo para impulsar una transición ecológica justa del sector productor y transformador desde el consumo. En este sentido, llevamos años aplicando estrategias para que cualquier persona, tenga el nivel de renta que tenga, pueda consumir en nuestro supermercado», explica Lourdes López, presidenta de Biolíbere. «Aun así, serían necesarias políticas públicas que apoyaran determinadas acciones para poder dar un salto de escala que posibilitara el acceso de toda la población a este tipo de consumo y una transición en la producción, transformación y distribución de alimentos. Por eso nos hemos embarcado en este proyecto, gracias al apoyo de la Fundación Carasso».

La implantación a gran escala de la SSA permitiría remunerar adecuadamente el trabajo de las personas productoras y trabajadoras de la cadena alimentaria y garantizaría el acceso de todas las personas a la compra de productos agroecológicos.

Probablemente no te suenen sus nombres, pero son los dueños invisibles de casi todo. O lo han sido en algún momento, porque lo que controlan son las materias primas con las que se fabrica prácticamente cualquier cosa. Mueven miles de millones de euros al año, pero no hacen publicidad ni grandes lanzamientos. Pero deciden dónde y cómo se producen desde cereales, aceite de palma o café, pasando por el petróleo, los metales o el algodón. Y, sobre todo, controlan a qué precio se vende.

El intercambio de materias primas nació en la antigua Mesopotamia hacia el año 4.000 antes de Cristo, con pequeños trueques entre diferentes productores. Sin embargo, no sería hasta el siglo XIX cuando empezarían a crearse empresas similares a lo que son hoy las intermediarias, grandes compañías cuyo principal papel es mover las materias primas de un lugar a otro. Una de las primeras fue Bunge, fundada en 1818, y que hoy en día es una de las empresas con mayor control global sobre el comercio de cereales, oleaginosas y azúcar, entre otras.

En España, por ejemplo, Bunge monopoliza, junto a Cargill, las importaciones de soja desde América destinadas a la fabricación de piensos para la industria cárnica. Tras Bunge nacerían Louis Dreyfus (1851), Cargill (1865) y Archer Daniels Midland (1902), que completan el grupo de las ‘ABCD’ de la industria agrícola, como se las conoce por el gran poder que tienen sobre el mercado. Se calcula que estas cuatro empresas controlan entre el 50% y el 60% de los cereales, oleaginosas y semillas proteicas comerciadas a nivel mundial.

Pero las materias primas agrícolas no son las únicas que están en unas pocas manos. Prácticamente cualquier commodity, como llaman los anglosajones a estas materias primas poco procesadas, está controlada por cuatro o cinco empresas, a veces incluso menos. Uno de los ejemplos más drásticos es el de los metales, muchos de ellos fundamentales en la digitalización y la transición energética. Así, tres empresas —Glencore, Trafigura y Vitol— manejan buena parte del comercio global de cobre, zinc, plomo o aluminio. Glencore es probablemente la más significativa ya que se calcula que ha llegado a controlar el 50% del mercado mundial de cobre y el 60% de zinc, aunque, al igual que el resto de intermediarias, los datos que suelen proporcionar sobre sus operaciones son escasos.

El poder de estas empresas sobre los mercados es enorme. Y ni siquiera necesitan ser una de las grandes para poder trastocar sus precios. Un ejemplo es la empresa de inversión Armajaro, quien en 2010 compró más de 240.000 toneladas de cacao en un solo día, el equivalente al 7% de la producción mundial, disparando los precios a sus valores más altos desde los años 70. La empresa pretendía así guardar la materia prima para venderla cuando los precios estuvieran más altos, una estrategia habitual de las intermediarias para ganar dinero.

Las intermediarias establecen, además, los estándares de producción de las materias primas y cuáles serán sus impactos sociales y medioambientales. Así, la mayoría de estas empresas se ha visto envuelta en escándalos de trabajo infantil, deforestación o contaminación de aguas, entre otros. Una de las más polémicas es Cargill, empresa que fue considerada por la ONG Mighty Earth como la “peor empresa del mundo” debido a sus políticas “totalmente evitables”, que incluyen niños trabajando en plantaciones de cacao, personas enfermas tras consumir carne contaminada de la compañía, indígenas desplazados y selvas deforestadas para dedicar esos terrenos a la alimentación de los animales de Cargill.

Fuente: El salto

En fechas en las que se habla de paz, de amor y de estar en compañía de gente querida, Ecologistas en Acción recuerda que la paz que anunciaron Donald Trump y Benjami Netanyahu y entró en vigor el pasado 10 de octubre no ha llegado. Es más, el genocidio continúa en forma de ataques y asesinatos diarios, bloqueo de ayuda humanitaria, abandono de la población ante fuertes temporales, ocupación y apartheid que se suma a la colonización, expulsión y limpieza étnica del pueblo palestino desde hace al menos 75 años. Todo ello unido a un ecocidio que, contaminando agua y arrasando con los cultivos, busca imposibilitar la vida de la población palestina.

Por ello, y como parte de sus consejos festivos, este año la organización ecologista vuelve a sumarse a la campaña de la plataforma Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) para hacer un llamamiento por el boicot en las compras: “Ahora que se acerca uno de los periodos de mayor consumo del año, el boicot del consumo es una herramienta efectiva de presión social para frenar las agresiones de Israel bajo la complicidad de la comunidad internacional”.

En el centro de la campaña de boicot se sitúa Carrefour, una multinacional que cuenta con más de 50 establecimientos en Israel, ha regalado lotes de productos a soldados del ejercito israelí, vende productos fabricados en Israel y tiene acuerdos y alianzas con empresas israelíes activas en la industria de los asentamientos ilegales en Cisjordania cómplices del genocidio, tales como Electra Consumer Products, Yeinot Bitan o el banco Hapolaim.

Ecologistas en Acción se suma a la denuncia pública de Carrefour y a las movilizaciones que, durante los próximos días, se esperan en diferentes territorios del Estado español para señalar a esta cadena de supermercados e informar a la ciudadanía de su complicidad con las masacres del pueblo palestino. Unas movilizaciones a las que en las últimas semanas también han recibido cadenas de ropa como Zara o restaurantes de comida rápida como McDonalds.

Según Enrique Quintanilla, portavoz de la organización ecologista, “las campañas de desinversión y boicot contra estas empresas, cuidadosamente seleccionadas, aumentan la presión sobre ellas para que pongan fin a su complicidad con la opresión del pueblo palestino. Ya ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, con la marca de ropa deportiva Puma, que hace un par de años no renovó su contrato de patrocinio con la Asociación de Fútbol de Israel (IFA), que gobernaba y abogaba por mantener equipos en asentamientos ilegales israelíes en tierras palestinas robadas”.

Unas fiestas con menos y mejor consumo

Ecologistas en Acción llama al boicot a Carrefour no solo por su complicidad en el genocidio en Palestina, sino también por el modelo de consumo que reproduce. Su funcionamiento de gran distribución genera grandes impactos ambientales y sociales, ya que se basa en un modelo deslocalizado, derrochador de energía, generador de desperdicio alimentario y de ingentes cantidades de envases, que genera menos puestos de trabajo que el pequeño comercio. Algo que aprovecha el poder que le otorga su amplia cuota de mercado para imponer precios en origen abusivos y que concentra la riqueza.

Como alternativas a la compra en Carrefour, Ecologistas en Acción apuesta por opciones más justas y sostenibles ambientalmente como es el caso del pequeño comercio, que garantiza una mejor distribución de la riqueza y la cr

eación de empleo. También por opciones que apuestan por relaciones comerciales justas y por la venta de productos locales y de producción ecológica.

Como cada año, la organización ecologista incide en su apuesta por un consumo en el que los actores respeten los derechos humanos, frente a las injusticias que esconden el modelo de consumo actual dominado por grandes empresas que anteponen los beneficios económicos por encima de las personas.

En esta línea, además de llamar al boicot comercial a algunas marcas, Ecologistas en Acción recuerda sus habituales consejos navideños, entre los que destaca descansar y disfrutar de planes sencillos y en buena compañía. Además, pone el acento en el mencionado consumo local, la apuesta por regalos –desde juguetes a todo tipo de productos y alimentos– procedentes de la Economía Social y Solidaria o del comercio local, suscripciones a medios independientes y cooperativos y/o regalos no materiales en forma de tiempo y momentos compartidos, la celebración de  cenas y comidas sabrosas pero sostenibles, y, en general, la reducción del consumo y de la huella ecológica así como la promoción del activismo, el asociacionismo y el ecologismo social.

Luis Azorín, portavoz de Ecologistas en Acción, ha declarado: “Las palabras de solidaridad y paz, tradicionalmente asociadas a las fiestas navideñas, cada vez quedan más olvidadas en la vorágine consumista de estas fechas. Sin embargo, la masacre que el ejército israelí está perpetrando en Gaza hace imprescindible que demos protagonismo a estos valores, transformando el tradicional consumismo desaforado en un consumo más racional y crítico enfocado a la defensa de los derechos humanos”.

Ya hace años que la llegada de Navidad implica que el consumo de juguetes se dispare y se convierte en uno de los protagonistas indiscutibles de estas fechas. La publicidad, las modas y cierta presión social a menudo llevan a las familias a una dinámica de consumo que esconde una realidad que acostumbra a pasar desapercibida: el impacto ambiental de los juguetes y del modelo de consumo actual.

Juguetes y consumo (responsable)
Hablar de consumo responsable de juguetes está vinculado a la sostenibilidad, pero también a la educación. Los juguetes son elementos de crecimiento y aprendizaje que transmiten valores y modelan experiencias y que escogemos regalar a nuestros niños y niñas. En un momento para repensar la manera como nos relacionamos con el planeta, los sistemas en los cuales vivimos y el bienestar infantil está en el centro de muchas miradas, reflexionar qué compramos y por qué lo compramos es un paso esencial.

Este artículo propone una mirada conjunta a la sostenibilidad y al desarrollo infantil para ayudar las familias a convertir la Navidad en una oportunidad de consumo consciente, coherente y lleno de significado.

La Navidad se ha convertido en una de las épocas de consumo más intensas del año y el sector de los juguetes es uno de los principales motores. Los datos de los últimos años muestran que una gran parte de las ventas anuales de juguetes se concentran en estas semanas, hecho que genera una demanda elevada y, a menudo, poco planificada. Esta intensidad comercial no solo responde a la ilusión de las familias, sino también a una potente industria publicitaria que dirige campañas comerciales muy atractivas hacia los niños y que condiciona las expectativas de grandes y pequeños. Tanto es así que en 2022, la Asociación Española de fabricantes de juguetes y el Ministerio de Consumo, actualizaron el código de autoregulación de la publicidad infantil de juguetes para regular las nuevas herramientas y plataformas publicitarias (como redes sociales y la contratación de influencers), y renovar el marco regulador que limite la influencia que tiene sobre los niños la publicidad de juguetes.

Aun así, la finalidad de la publicidad es clara: vender. Y, igual que en otros ámbitos, esta realidad tiene un impacto ambiental que no podemos omitir. La mayoría de los juguetes están fabricados con materiales plásticos derivados del petróleo, tienen una vida útil corta y a menudo son difíciles o casi imposibles de reciclar. Además, gran parte de la producción se concentra en países lejanos, cosa que implica largos trayectos de transporte y, por lo tanto, una huella de carbono elevada. Además de los residuos que algún día acontecerán los juguetes, otro aspecto relevante es el embalaje: cajas voluminosas, plásticos protectores y envases desechables que multiplican los residuos generados durante las fiestas.

En el ámbito social, la presión comercial puede llevar las familias a adquirir más juguetes de las que realmente necesitan o que los niños utilizarán. Esto puede derivar en un doble problema: por un lado, el exceso de consumo alimenta un modelo poco sostenible; por el otro, los niños reciben un volumen tan grande de regalos que a menudo no pueden asimilar ni apreciarlos todos, perdiendo interés rápidamente y ocasionando que muchísimos juguetes casi no se utilicen y acaben olvidados al fondo de un armario hasta la siguiente limpieza general.

4 criterios a tener en cuenta a la hora de comprar juguetes

Este contexto pone de manifiesto la necesidad de revisar nuestros hábitos y buscar alternativas que respeten tanto el planeta como el bienestar de los niños. Repensar el consumo de juguetes no significa renunciar a la magia de Navidad, sino hacerla más coherente, responsable y alineada con los valores que queremos transmitir.

¿Y cómo podemos hacerlo? La producción de juguetes es tan compleja como la realidad actual, así que son varios los criterios en los cuales nos podemos fijar.

Materiales

También en los juguetes, el plástico y sus derivados son los materiales más utilizados para su fabricación. El plástico permite que los juguetes sean ligeros, se puedan limpiar con facilidad y que se puedan conseguir formas difíciles de imaginar con otros materiales. Pero si buscamos materiales más seguros, más cálidos, que estimulen los sentidos de los niños y menos perjudiciales para el medio ambiente, podemos explorar juguetes hechos con madera, con telas u otros materiales de origen natural. Este artículo analiza los diferentes materiales y os ayudará a buscar los más adecuados.

Calidad

Si hacemos memoria, seguro que no nos resulta difícil recordar cuando los abuelos y abuelas nos hablaban de alguno de sus juguetes que había pasado de niño a niño resistiendo a la emoción de decenas de manos. Hoy en día es difícil pensar en un juguete capaz de resistir la energía de los más pequeños, puesto que, para abaratar precios de fabricación y, por lo tanto, aumentar los beneficios, los materiales y diseños utilizados no están pensados para la duración. Esto implica que la gran mayoría de juguetes que compramos tienen una vida muy corta, derrochando, así, los recursos usados en su fabricación y comercialización. Podemos buscar juguetes de mejor calidad y durabilidad en fabricantes tradicionales, que utilicen materiales resistentes y diseños pensados para los niños. Esta mayor calidad implica, también, mayor seguridad, evitando el riesgo de ahogamiento por trozos rotos o partes desenganchadas.

Orígen

En las últimas décadas, el sector del juguete ha experimentado problemáticas parecidas a otros sectores vinculados a la deslocalización y el establecimiento de fábricas en países del Sur global como estrategia para aumentar los beneficios. Esta tendencia, además de ser cuestionable a causa de las condiciones laborales de las trabajadoras en los territorios fabricantes, implica un gran impacto ambiental en cuanto al movimiento de los juguetes, que llegan de la otra punta del mundo con el consecuente gasto de energía y combustibles que se necesita.

Escoger juguetes fabricados lo más cerca de nosotros no solo tiene un beneficio ambiental, también es un rechazo a la explotación laboral y un gesto de garantía de cumplimiento de las normativas de seguridad vinculadas a los juguetes y a los materiales utilizados para fabricarlas. Además, no lo tendremos muy complicado: nuestro territorio cuenta con una gran tradición de fabricación de juguetes. La Comunidad Valenciana y Cataluña son las comunidades autónomas que agrupan la mayoría de empresas que se dedican a ello y muchas de ellas tienen una historia larga en el sector. Buscar artesanos que fabriquen también puede ser una buena actividad para hacer en familia.

Valores

Miniland, que trabaja para incluir la diversidad humana en los juguetes, son imprescindibles. Lo mismo ocurre cuando miramos los juegos de mesa, que pueden ser puramente lúdicos o aprovechar la oportunidad que nos ofrece el juego para transmitir valores positivos. Es el caso de Ekilukuá, una iniciativa nacional que apuesta por los juegos de mesa con fuertes valores cooperativos, ecofeministas y de justicia global. Estos valores no están presentes sólo en el diseño y fabricación de sus juegos, sino que son el centro de interés de los propios juegos.

A veces, este tipo de juguetes puede ser difícil de encontrar, pero en este artículo encontraréis una muy buena selección de fabricantes y también de tiendas que apuestas por este tipo de juguetes.

Más allá de comprar juguetes

Cuando hablamos de consumo responsable de juguetes, hacemos referencia a ítems muy diferentes que no se limitan a la compra directa. Alargar la vida útil de los juguetes es la mejor estrategia para reducir nuestro consumo y esto no quiere decir, en ningún caso, dejar a los niños sin. Hay alternativas como participar en intercambios, repararlos o comprarlos de segunda mano. Si queréis saber algo más, podáis consultar este otro artículo con consejos para el buen mantenimiento.

Encarar la Navidad, pues, con una mirada de consumo responsable de juguetes, implica una revisión de nuestros hábitos. Esta puede empezar para listar aquello que realmente necesita o quiere el niño, limitando la cantidad y apostando por la calidad, eligiendo marcas y tiendas con un impacto positivo en la sociedad y comprometidas con la
sostenibilidad. Y siempre podemos elegir aquellas opciones inmateriales, que implican dedicar tiempo a los más pequeños. No buscamos la perfección, sino una oportunidad para compartir con ellos una manera diferente de consumir y de vivir las fechas tan señaladas como las de Navidad.

A Espai ambiental acompanyem infants i famílies per facilitar el consum responsable de joguines. Pots buscar més informació al web del projecte, on trobareu guies de consum responsable per municipis, així com recursos per facilitar-vos un Nadal més sostenible.

Un artículo de Paula Ramos, de Espai Ambiental Cooperativa, para Opcions.org

Consumir productos locales no se limita solo a frutas o verduras del mercado. En cada comunidad hay una red de comercios, artesanos y productores que ofrecen alternativas sostenibles y de proximidad. Apostar por ellos no solo impulsa la economía local, también reduce el impacto ambiental y fortalece el tejido social. En este artículo descubrirás qué otros productos puedes comprar cerca de casa, cómo identificarlos y por qué hacerlo marca la diferencia. Si quieres profundizar en los beneficios generales del consumo local, te recomiendo leer este artículo sobre qué es el consumo local y ejemplos reales.

1. Alimentos locales más allá de los clásicos

• Pan y repostería artesanal: muchas panaderías elaboran con harinas locales o de molinos cercanos.
• Lácteos y quesos de proximidad: existen cooperativas que producen yogures, quesos o leche con circuitos cortos de distribución.
• Cerveza artesanal y vinos locales: en casi todas las provincias hay pequeñas bodegas y cerveceras con ingredientes autóctonos.
• Miel, mermeladas o aceites: productos naturales elaborados por apicultores o agricultores de tu zona.

Consumir estos productos no solo es una decisión sostenible, también ayuda a mantener vivas tradiciones gastronómicas únicas en cada territorio.

2. Productos locales no alimentarios que también puedes elegir

El consumo local abarca mucho más que la alimentación. En tu comunidad puedes encontrar:

• Cosmética natural artesanal: jabones, champús o cremas elaborados por productores locales con ingredientes ecológicos.
• Moda sostenible: talleres de confección o marcas pequeñas que utilizan tejidos reciclados o de bajo impacto.
• Decoración y cerámica: artesanos que crean piezas únicas, perfectas para regalos o para dar personalidad a tu hogar.
• Productos de limpieza ecológicos: cooperativas que venden a granel o rellenan envases reutilizables.
• Juguetes, papelería o regalos hechos a mano: ferias de artesanía o pequeños comercios que promueven la economía circular.

3. Dónde encontrar estos productos locales

Una forma sencilla de empezar es recorrer los comercios de tu barrio y preguntar por el origen de sus productos. Muchos mercados municipales, tiendas de barrio y ferias de productores organizan días especiales de consumo local.

También puedes descubrir proyectos que agrupan negocios sostenibles y de proximidad en toda España. En Proxi+ encontrarás comercios locales verificados que apuestan por un consumo responsable.

4. Por qué merece la pena comprar en tu comunidad

• Generas empleo y riqueza en tu entorno cercano.
• Reduces emisiones derivadas del transporte de larga distancia.
• Apoyas la producción responsable y artesanal.
• Contribuyes a mantener barrios vivos y diversos.

Dar prioridad al comercio de proximidad es una forma práctica de cuidar el planeta y fortalecer tu comunidad. Empieza con pequeños gestos: cambia dónde compras, no lo que compras.

Preguntas frecuentes sobre qué otras cosas puedes comprar en tu comunidad para consumir productos locales

Si te preguntas qué otras cosas puedes comprar en tu comunidad para consumir productos locales, las opciones son mucho más amplias de lo que parece. No solo se trata de apoyar a los agricultores, sino también a pequeños artesanos, tiendas familiares o cooperativas que ofrecen productos sostenibles en todos los sectores. A continuación resolvemos algunas dudas habituales para ayudarte a encontrar las mejores alternativas locales.

La Coordinadora Estatal de Comercio Justo ha editado varias publicaciones, dirigidas especialmente a las etapas de Educación Secundaria o Bachillerato, para los y las profesionales con interés abordar estos temas en las aulas. Ambas han contado con financiación de AECID:

Guía de experiencias educativas sobre Comercio Justo y consumo responsable

Esta publicación está hecha por y para educadoras y educadores. En ella se recopilan experiencias realizadas en centros educativos en los niveles de ESO y Bachillerato (y en algunos casos en los últimos cursos de Primaria) para abordar con el alumnado el consumo responsable y el Comercio Justo.

Se trata de una Guía eminentemente práctica, que incluye actividades compartidas por docentes que las han puesto en marcha en sus aulas. Su finalidad es facilitar la labor a profesoras y profesores para que puedan replicar o adaptar las actividades.

Guía de experiencias educativas de Comercio Justo y consumo responsable

Acercando el comercio justo a jóvenes (12-16 años)

Manual dirigido a educadores y educadoras, de ámbito formal y no formal, que trabajan con adolescentes de entre 12 y 16 años, sobre consumo responsable y Comercio Justo.

Está estructurado en 4 sesiones, de 1 hora de duración:

1. ¿Sabes qué es el consumo responsable?
2. ¿Qué hay detrás de una tableta de chocolate?
3. ¿Qué sabes de la pobreza y las desigualdades?
4. El Comercio Justo, otra forma de consumir y producir.

Cada una de ellas incluye una breve descripción de los contenidos junto con las propuestas de actividades y dinámicas para llevarlos a la práctica.

Para facilitar la comprensión de los contenidos y acercarlos al público destinatario, se ha elegido un producto concreto, el chocolate, ya que constituye un ejemplo claro del modelo de producción y comercialización globales y sus consecuencias.

Acercando el Comercio Justo a jóvenes. Manual para educadores/as

España atraviesa una crisis de vivienda que golpea especialmente a los jóvenes y que va mucho más allá del precio del alquiler. También borra la memoria de los barrios: desaparecen las tiendas y comercios de siempre, espacios que han dado vida a nuestras calles y forman parte de la historia y el imaginario urbano.

Los datos lo confirman: según el INE, en la Comunidad de Madrid el número de tiendas de barrio pasó de 50.853 en 2020 a 43.769 en 2024. Una caída cercana al 14 %. Cada vez quedan menos negocios orientados a las clases trabajadoras que históricamente han habitado los barrios, mientras proliferan establecimientos dirigidos a turistas y a nuevos residentes con alto poder adquisitivo.

Soy una de tantas jóvenes asfixiadas por la precariedad y la falta de estabilidad económica. Mientras Amazon anuncia el despido de 14.000 trabajadores e inversiones millonarias en inteligencia artificial, pienso en la posibilidad de emprender. Mi familia no tiene negocios propios, y las historias que conozco sobre negocios familiares no son especialmente alentadoras. Me pregunto si las nuevas generaciones seremos capaces de revitalizar los barrios o si, al contrario, seguiremos transformando nuestras ciudades en lugares sin alma ni identidad.

Hoy, pocas alternativas son realmente sostenibles. Emprender de forma independiente, con precios justos y arraigo local, es casi una hazaña frente a alquileres desorbitados y cadenas multinacionales

¿Cómo reemplazar esos comercios sin expulsar a quienes ya viven allí? ¿Cómo revitalizar un barrio sin convertirlo en un producto para otros? Hoy, pocas alternativas son realmente sostenibles. Emprender de forma independiente, con precios justos y arraigo local, es casi una hazaña frente a alquileres desorbitados y cadenas multinacionales. Y quienes han resistido durante décadas, familias que heredaron pequeños negocios, muchas veces terminan vendiendo, agotadas tras años de incertidumbre.

Lo más paradójico es que incluso los que sufrimos las consecuencias de la gentrificación terminamos contribuyendo a ella, y es que, de forma involuntaria, acabamos consumiendo en estos nuevos locales o en cadenas de alimentación. Parte del problema radica en que cada vez quedan menos alternativas: los bares y tabernas de toda la vida van desapareciendo.

Un amigo que vive —o, como dice él, sobrevive— en la calle Salitre desde hace ocho años me cuenta que eventos masivos como Tapapiés, promocionados como una celebración cultural y gastronómica beneficiosa para el barrio, atraen visitantes y consumo, pero también generan saturación y una presión inmobiliaria que asfixia a los negocios de siempre.

“Desde que se celebra este evento multitudinario, el barrio se ha revalorizado y cada vez resulta más difícil que los negocios tradicionales y los vecinos de siempre logren mantenerse. El centro de Madrid está más soso y caro que el café de un aeropuerto: todo lo que no es cadena es un gastrobar ‘moderno’ con berenjena asada, jamón ibérico y miel por 20 euros. Mucho ladrillo visto, mucho postureo… y sales con hambre y la cartera llorando”, manifiesta indignado.

En los años 60, cuando la palabra gentrificación aún no figuraba en el debate público, Jane Jacobs ya advertía sobre la muerte de las grandes ciudades. Para la socióloga, la diversidad urbana, era una fuerza generadora de ideas, comunidad y soluciones. Jacobs confiaba ciegamente en que las ciudades podían regenerarse por sí mismas. Esta creencia resulta hoy muy lejana: sin políticas públicas, ni regulación o protección a la vida local, la capacidad de las ciudades para reinventarse está en riesgo.

La serie The Curse, estrenada hace un par de años y protagonizada por Emma Stone, aborda precisamente esta problemática, explorando con ironía y espíritu crítico la figura del “salvador blanco”. La trama sigue a una pareja que llega a La Española, una comunidad mayoritariamente latina en Nuevo México, con el supuesto objetivo de “revitalizar” el barrio. Abren negocios ecológicos y promueven un estilo de vida moderno y sostenible, pero completamente desconectado de la cultura, la economía y las necesidades reales del vecindario. Aunque afirman querer ayudar, terminan elevando los precios, desplazando a familias y desdibujando la identidad del lugar. La serie revela una verdad incómoda: las buenas intenciones no bastan cuando un proyecto surge desde el privilegio y no se compromete de manera real con el bienestar de la comunidad.

La realidad es que los comercios de proximidad generan empleo local, fortalecen la comunidad, preservan la memoria y fomentan el sentido de pertenencia. Cuando desaparecen, los precios suben

La realidad es que los comercios de proximidad generan empleo local, fortalecen la comunidad, preservan la memoria y fomentan el sentido de pertenencia. Cuando desaparecen, los precios suben, los vínculos se rompen y los vecinos se marchan. Esto es precisamente lo que ocurre en barrios como Lavapiés o Malasaña, donde el proceso de gentrificación comercial es evidente: bares tradicionales son reemplazados por nuevas propuestas de vanguardia.

En la actualidad, mercados gourmet y cafés de especialidad conviven con la desaparición de colmados, fruterías y bares familiares. Platos cotidianos y baratos se reinventan como experiencias gourmet, excluyendo a las mismas comunidades que los crearon. En Lavapiés, un pincho de tortilla puede llegar a costar 10€ y un hummus alrededor de 9€ en locales de especialidad o de estilo gourmet.

Mientras tanto, surgen iniciativas vecinales que nos permiten recuperar el aliento. Esta es una Plaza es un espacio verde gestionado por los propios vecinos, que ofrece huertos urbanos y alimentos frescos a quienes los necesitan, fortaleciendo lazos comunitarios y combatiendo la pobreza alimentaria.

Aunque quedó en fase de planificación, la iniciativa vecinal SUPERCOOP Lavapiés se definía como “un proyecto de cooperación y participación ciudadana para un consumo más sostenible y responsable… apoyamos la producción ecológica, justa y de cercanía”.

Tampoco podemos olvidar cuando los vecinos convirtieron una antigua oficina de Bankia en un centro social. En La Canica, la comida podía intercambiarse por habilidades o educación. Este espacio fue desalojado hace más de un año y transformado en apartamentos turísticos ilegales, otro ejemplo de cómo la gentrificación destruye el espíritu de comunidad.

“Las ciudades pueden ofrecer algo para todos solo cuando son creadas por todos”, escribe Jacobs. Quizá ahí radica el problema

Para mantener los barrios vivos, debemos entender la alimentación, igual que la vivienda, la cultura y los servicios básicos como un derecho y un bien común, no solo como mercancía.

No es que no queramos luchar; es que a menudo sentimos que no hay salida. Eso me dicen mis amigas y amigos, jóvenes que intentan resistir en barrios donde la precariedad y la especulación avanzan más rápido que cualquier proyecto de vida digna.

Esa sensación de impotencia quizá sea uno de los daños más profundos que nos deja esta crisis urbana: una generación dispuesta a construir comunidad y emprender de manera sostenible, pero a la que el mercado y la política le niegan el espacio para hacerlo.

“Las ciudades pueden ofrecer algo para todos solo cuando son creadas por todos”, escribe Jacobs. Quizá ahí radica el problema: cuando sentimos que ya no pertenecemos, cuando la ciudad funciona únicamente para intereses ajenos a quienes la habitan y le dan vida…

Un artículo de Emma González para El Salto.

En el mes de octubre de 2025 dos tragedias ocurridas en la industria textil y de la confección de Bangladesh han vuelto a centrar la atención en la cuestión de la seguridad de los trabajadores y trabajadoras del sector en ese país. Tras la catástrofe del Rana Plaza en 2013 se introdujeron grandes mejoras que han garantizado que la mayoría de las personas trabajadoras que cosen ropa para marcas internacionales ya no tengan que temer por sus vidas en el trabajo. Sin embargo, el personal laboral de las fábricas que no están cubiertas por el Acuerdo Internacional sobre Salud y Seguridad en la Industria Textil y de la Confección, responsable de estas mejoras, sigue estando en peligro.

Dos tragedias

Esto se ha visto cruelmente reflejado en las últimas dos semanas. El 14 de octubre, un edificio de cinco plantas que albergaba dos imprentas y al menos una fábrica textil en funcionamiento en la zona de Mirpur (Daca), se quemó tras incendiarse un almacén químico vecino. Los trabajadores y trabajadoras quedaron atrapados en el interior sin posibilidad de salir. El número de víctimas mortales es de 17.

Menos de dos semanas después, el 26 de octubre, al menos seis personas trabajadoras sufrieron quemaduras graves tras una explosión en una sala que, según se informa, albergaba el contador de gas de dos fábricas de confección contiguas, M.S. Dyeing, Printing and Finishing Limited y Fair Apparels Limited, en la zona de Dhaka Fatullah.

Las fábricas del edificio de la zona de Mirpur son difíciles de vincular con las cadenas de suministro de marcas internacionales, pero las fábricas de Fatullah sí tienen conexiones con marcas internacionales. Los datos comerciales vinculan a M.S. Dyeing, Printing and Finishing Ltd con Gor Factory (España), New Yorker (Alemania), Fox Wizel Bvi Limited (Malasia), Storm Textil (Dinamarca), Camac Arti y Sei Due Sei (Italia) y Solo Invest (Francia). Entre los compradores de Fair Apparels Ltd se encuentran Brandbq (Polonia), Unibrands (Suecia), Socim (Italia), Hipermercados Tottus (Perú), Willy Maisel (Alemania), Piazza Italia (Italia), Rip Curl (EE. UU. /Australia), Lager 157 (Suecia), Terstal Textiel (Países Bajos), Toads (Francia) y Sabor Srl (Italia).

Las marcas deberían rendir cuentas

Las marcas tienen la responsabilidad, según los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, de proteger a sus trabajadores y trabajadoras de riesgos mortales. La era de desastres en la industria de la confección de Bangladesh, entre 2005 y 2013, debería haber dejado huella en las marcas de ropa de todo el mundo, al hacerles comprender que los trabajadores textiles de Bangladesh a menudo arriesgan sus vidas en el trabajo. Varias de las marcas implicadas en la explosión de Fatullah tienen experiencia de primera mano: New Yorker estuvo relacionada con al menos dos incidentes graves en fábricas, con un total de 85 y más de 120 muertos (el derrumbe de Spectrum en 2005 y el incendio de Garib & Garib en 2010). Piazza Italia estuvo relacionada con el incendio de Tazreen en 2012, en el que perdieron la vida 113 personas trabajadoras y casi 200 resultaron heridas. Ambas estaban relacionadas con una fábrica en la que un líder sindical fue golpeado hasta la muerte hace dos años, al igual que pasó con Lager 157. Todas estas marcas deberían ser plenamente conscientes de la importancia de garantizar la seguridad de las personas trabajadoras de su cadena de suministro. Sin embargo, decidieron ignorar deliberadamente el Acuerdo Internacional y poner en peligro sus vidas.

Una de las fábricas implicadas en la explosión de Fatullah, M.S. Dyeing, Printing and Finishing, fue incluso públicamente catalogada por el Acuerdo como insegura. Fue cubierta por el programa Accord hasta 2018 y luego entró en la etapa final del proceso de escalada del programa por no haber abordado repetidamente los riesgos letales de seguridad. Si una fábrica llega a esta etapa, todas las empresas signatarias deben poner fin a su relación comercial con la fábrica, esta se incluye en una lista pública de fábricas inseguras y se notifica a los trabajadores y trabajadoras. Es evidente que las marcas que se suministran a través de esta fábrica no solo decidieron no firmar el único programa que garantiza la seguridad laboral, sino que también optaron por realizar pedidos sin llevar a cabo las mínimas diligencias debidas.

Desgraciadamente, esto último también parece ser el caso de una marca del Acuerdo. Aunque las marcas adheridas al Acuerdo tienen prohibido subcontratar a fábricas que figuran en esta lista de fábricas no aptas, Solo Invest se abastecía de esta fábrica no apta. Además de no comprobar la lista antes de realizar los pedidos, Solo Invest tampoco informó inmediatamente al Acuerdo de esta nueva relación de subcontratación. Si lo hubiera hecho, el Acuerdo habría recordado inmediatamente a la empresa que esta fábrica estaba vetada. Además, otra empresa signataria del Acuerdo, Sabor Srl, recibió al menos un envío de la otra fábrica de Fatullah, Fair Apparels. Aunque Fair Apparels no es una fábrica no elegible, Sabor infringió claramente la norma de informar al Acuerdo sobre sus proveedores, ya que la fábrica no figura en la lista del sitio web del Acuerdo. El Acuerdo debe garantizar que estas marcas rindan cuentas por infringir los términos del acuerdo.

Es necesaria la intervención del Gobierno para hacer frente a la situación

El Departamento de Inspección de Fábricas y Establecimientos (DIFE) y la Unidad de Seguridad Industrial (ISU) son las entidades responsables de la seguridad en las fábricas de Bangladesh, donde el Acuerdo no tiene competencia. No se aseguraron de que estas fábricas cumplieran con las normas, a pesar de que, en el caso de M.S. Dyeing, Printing and Knitting, el Acuerdo les notificó oficialmente que esta fábrica había escalado hasta salirse de su programa. No se retiró la licencia de funcionamiento de la fábrica y se le permitió seguir exportando. La organización patronal Bangladesh Garment Manufacturer and Exporter Association (BGMEA), a la que pertenecen las fábricas de Fatullah, siguió expidiendo a la fábrica las denominadas «declaraciones de utilidad» (utility declarations, UD), una declaración necesaria para exportar cada pedido. Es hora de garantizar que todas las personas que trabajan en las fábricas de Bangladesh estén igualmente seguras.

Hora de actuar

La red internacional Campaña Ropa Limpia exige que:

• todas las marcas que aún no hayan firmado el Acuerdo lo hagan, especialmente aquellas que se abastecen en las fábricas implicadas en estos incidentes.
• el Acuerdo mejore la supervisión y el cumplimiento de las obligaciones de los signatarios de no abastecerse de fábricas no aptas y exija responsabilidades a las marcas que incumplan sus obligaciones.
• el Gobierno provisional de Bangladesh y el Acuerdo garanticen que las fábricas sean igualmente seguras, independientemente de si han sido inspeccionadas por el Acuerdo/RSC o por DIFE/ISU, mediante el establecimiento de normas comunes y el intercambio de conocimientos técnicos; y garantizar mecanismos de supervisión comunes para las fábricas que no cumplan los requisitos.
• el Gobierno provisional de Bangladesh ponga la expedición y retirada de las UD como competencia del Gobierno en lugar de los empleadores y que cancele las licencias de funcionamiento de las fábricas que no cumplan los requisitos y no solucionen sus problemas de cumplimiento.
• todas las partes implicadas garanticen una indemnización completa a todas las víctimas y sus familias. Las personas trabajadoras tienen derecho a una indemnización por pérdida de ingresos y gastos médicos conforme al programa piloto de Indemnización por Accidentes Laborales, pero esto está vinculado a los salarios de pobreza que se pagan actualmente en el sector. Por lo tanto, es necesaria una indemnización adicional por daños y perjuicios, en consonancia, entre otras cosas, con la sentencia de 2016 de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo de Bangladesh, a fin de no dejar a las familias en la pobreza extrema.

Fuente: Campaña Ropa Limpia

Aclaración: Esta noticia hace referencia al Acuerdo Internacional para la Salud y la Seguridad en la Industria Textil y de la Confección (Acuerdo Internacional), en inglés The International Accord for Health and Safety in the Garment and Textile Industry (International Accord), un acuerdo marco jurídicamente vinculante entre las marcas de prendas de vestir y los sindicatos para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores en la industria textil y de la confección. El acuerdo sirve como marco para la implementación de los Programas de Seguridad Específicos por País (PSEP) del Acuerdo, actualmente en vigor en Bangladesh y Pakistán, así como para cualquier programa futuro en otros países productores de prendas de vestir.

Amigas de la Tierra lanza una calculadora de la huella ecológica de la alimentación, para lograr una Dieta Climática

Se trata de la web dietaclimatica.org en la que podrás calcular cuál es tu huella ecológica y ver cuánto ahorraríamos en emisiones de CO2, combustibles fósiles y en el uso de tierra con una Dieta Climática. A través de la web muestran el ahorro de huella ecológica que supondría una dieta basada en alimentos agroecológicos producidos en nuestro entorno próximo.

Los datos en los que se basan vienen dados por una investigación elaborada junto al CSIC que lanzaron el pasado mes de junio.

Nuestros sistemas alimentarios condicionan los ecosistemas. Sin embargo, según el modelo que utilicemos, podemos respetar la vida o afectar de forma negativa con graves impactos sociales y ambientales, como es el caso de la agricultura y ganadería industrial.

El modelo de agricultura y ganadería industrial actual provoca deforestaciones masivas, pérdida de biodiversidad, agotamiento del suelo, contaminación, escasez de agua y contribuye a agravar la crisis climática.

Proponemos una Dieta Climática, un menú que no sólo pone el foco en los alimentos que consumimos, sino en el modelo de producción que necesitamos: un sistema alimentario basado en la agroecología, la proximidad, alimentos de temporada y cultivos a pequeña escala.

Este cambio no es individual, es necesario presionar a las administraciones para que promuevan este cambio, es aún más crucial cambiar las políticas públicas para lograr una transformación estructural del modelo.. Por eso, el activismo y la presión social que hagamos serán clave! Necesitamos que nuestra manera de alimentarnos forme parte de un sistema alimentario justo que cuide la naturaleza.

Consulta la calculadora para saber cuál sería tu huella ecológica actual y conocer el ahorro que conseguirías al consumir una dieta climática. Además, podrás consultar menús de temporada y recetas agroecológicas, libres de pesticidas, libres de CO2, libres de un consumo desmesurado de agua que te facilitarán el camino hacia una Dieta Climática.

Accede a la web dietaclimatica.org 

Todas estas preguntas nos pueden venir a la mente cuando hacemos una comparativa de precios de diferentes operadoras de telefonía e internet, o sencillamente, cuando nos llega una factura más alta de lo que esperábamos. ¿Es un precio justo el que estamos pagando?

Como en todos los servicios que contratamos, la factura refleja el coste material del consumo que hemos llevado a cabo, pero también incluye el costo de sostener el proyecto, o el negocio, y el beneficio lucrativo de los propietarios de la empresa.

Así que… ¿por qué Somos Conexión tiene los precios que tiene? ¿A qué se destina cada céntimo de las facturas? A continuación trataremos de explicarlo.

Somos Conexión, la operadora sin ánimo de lucro

En primer lugar, hay que dejar claro quién está detrás del proyecto. Pues nada menos que todas las personas socias, que actualmente rondan las 9.500.

Pero ninguna de estas personas saca rendimiento económico de Somos Conexión, ya que somos una cooperativa de consumo sin ánimo de lucro. Esto quiere decir que somos un colectivo de personas organizadas para consumir de forma conjunta un servicio, y hacerlo en las mejores condiciones tanto sociales como medioambientales, no para ganar beneficios.

¿Y eso cómo afecta el precio respecto a las otras compañías de telefonía?

Pues en que todas las usuarias de Somos Conexión se ahorran los márgenes de beneficio económico que cobrarían los accionistas o las cúpulas de la empresa.

Prácticas típicas del sector de las telecomunicaciones

Si esto es así, ¿por qué no hay una diferencia entre el precio habitual de las otras empresas y el nuestro? ¿Por qué somos un poco más caros?

En la economía basada en el capital hay dos grandes maneras de obtener beneficios.

La primera es cargarle este margen al cliente. Algunas empresas lo hacen descaradamente, pero en el sector de las telecos es todo un arte. Encontramos 3 principales prácticas para lograr esto:

1. Comercializar unas pocas tarifas con mucho más producto del que necesitas. Como saben que la gran mayoría de los clientes no gastarán todos los datos y minutos contratados, obtienen beneficios de esta infrautilización.
2. Bajar los precios únicamente para las personas que entran y mantener las tarifas activas que están por encima de precios de mercado entre aquellas personas que no lo piden.
3. Subirte los precios… sin que se note. En este sentido, tal y como os explicábamos en este artículo, las operadoras utilizan varios trucos psicológicos para “pescarte” con una oferta gancho y luego subirte el precio que pagas sin que lo notes demasiado.

Otra forma, aún más sibilina, que tienen estas empresas de obtener grandes márgenes de rendimiento es reducir los costes del proyecto.

¿Cómo? Rebajando al máximo las condiciones laborales, ya sea de las personas trabajadoras de la empresa o de sus proveedores.

En el caso concreto de las telecomunicaciones, se suelen reducir los gastos asociados a la resolución de incidencias y atención al cliente, deslocalizando y subcontratando las centralitas en terceros países en vías de desarrollo. Estas empresas pagan sueldos bajos y, sobre todo, ofrecen unas condiciones de trabajo pésimas.

Las trabajadoras de estas empresas hacen jornadas maratonianas respondiendo a un teléfono sin moverse de su sitio. A menudo, se las controla para comprobar su rendimiento (volumen de llamadas completadas) y no la calidad de su atención. Si tienen un mal día y atienden menos llamadas de lo habitual, es posible que reciban una visita de su supervisor.

Por último, otra gran forma de reducir los costes que tienen estas empresas es, evidentemente, evadiendo impuestos utilizando ingenierías fiscales y financieras de todo tipo. Pero esto nos daría para otro artículo (o libro) entero.

Claro que si eres de Somos Conexión… puedes estar tranquilo. Estamos muy alejadas de cualquiera de estas prácticas.

Y no sólo lo decimos, sino que aplicamos medidas de transparencia:

1. Somos Conexión se somete anualmente de forma rigurosa y transparente al Balance Social que impulsa REAS: encontrarás publicados todos los datos del funcionamiento de nuestra empresa, tanto en el ámbito económico como de políticas laborales, de igualdad de género, de preservación del medio ambiente, o de apuesta por la soberanía tecnológica y el software libre, entre otros aspectos.
2. Además, todas las personas socias pueden pedir información sobre cualquier aspecto de la cooperativa, de forma individual o en la asamblea general que celebramos anualmente.

Proyecto diferente, precios diferentes

Entonces, ¿cómo definimos nuestros precios?

En Somos Conexión tenemos un firme compromiso con la conectividad universal y nos gustaría que todas aquellas personas que lo deseen puedan consumir telefonía e internet de forma ética y responsable.

Por eso, siempre que la estabilidad financiera nos lo permite bajamos los precios. Estas bajadas no responden a ninguna estrategia comercial. De hecho, las aplicamos a todas las usuarias, lleven el tiempo que lleven con nosotros y sin necesidad de realizar ninguna gestión.

El único objetivo que tenemos es conseguir tener precios asumibles para la mayor parte de la población posible sin renunciar a nuestros principios de dignidad laboral y sostenibilidad ambiental.

¿Pero esto en que se concreta?

Tomemos como ejemplo la tarifa de Fibra 300 Mb y móvil de 30 GB que tiene el coste de 35,50€. Este importe se desglosaría de la siguiente manera:

Como puede ver, el grueso del coste corresponde al que se llevan nuestros proveedores de servicios. Este es un importe que aspiramos a reducir de forma gradual a medida que seamos más y tengamos más fuerza negociadora.

La segunda partida más importante son el resto de costes del proyecto:

• Los sueldos de las trabajadoras
• Los costes asociados a los sistemas informáticos y de centralita
• Los costes asociados a la difusión del proyecto y captación de personas socias
• El alquiler del local, la factura de la luz, el material de oficina
• Etc.

De estos costes, la partida más importante es la de los sueldos de las trabajadoras. Y de éstas, el grueso del equipo trabaja en la atención a la base social (a septiembre 2025, 18 de las 40 personas trabajan en el equipo de atención). Es aquí donde reside nuestro valor diferencial de cuidado y asesoramiento hacia cualquier persona que nos llama o nos escribe un email.

Por último tenemos el IVA del 21%.

Y como puedes observar… no tenemos previsto ningún margen de beneficios.

Aunque no buscamos beneficios, al cierre del año, solemos tener unos ingresos extraordinarios que aseguran la solvencia y estabilidad de la cooperativa y que se reinvierte en mejorar los servicios o bien en proyectos de impacto social:

• Crecer en un mundo de pantallas
  Proyecto educativo para reducir el impacto negativo de las pantallas en la infancia y la adolescencia.
• Brecha digital
  Iniciativa que tiene como objetivo facilitar el acceso a Internet de personas y unidades familiares en riesgo de exclusión social.
• Membrana de datos
  Protección colectiva contra las llamadas spam.
• Internet comunitario
  Infraestructura común para compartir entre unidades de vecinos, sustituyendo las conexiones particulares.

Esperamos que ahora comprendas los precios de la cooperativa. Si lo hemos conseguido, te animamos a buscar la tarifa que más te convenga y unirte a este proyecto. Haciéndolo, no sólo obtendrás unos servicios de calidad, sino que estarás impulsando un proyecto comprometido con la soberanía en el consumo de telecomunicaciones y con cambiar un sistema poco preocupado por las personas y por el planeta.

En el marco de las acciones del 30 aniversario y el recorrido por los grandes hitos del movimiento estas tres décadas, REAS Red de Redes lanza una serie de 6 vídeos de alternativas que podemos encontrar en las principales sectoriales de economía solidaria.

Son los propios integrantes de estas sectoriales quienes nos cuenta las soluciones que. desde estos ámbitos, dan respuesta a nuestras necesidades cotidianas de productos y servicios sin perder de vista problemas ecosociales como: el cambio climático, la contaminación, la pobreza energética, la falta de acceso a una vivienda digna o la explotación laboral.

Porque es posible alimentarse, calentarse o vestirse, sin ser cómplice de la industria alimentaria o el monopolio energético, porque tenemos alternativas al alcance de la mano en la alimentación ecológica, la energía renovable, la vivienda cooperativa, las finanzas éticas, el comercio justo o la recuperación y el reciclaje. Esto es posible gracias al trabajo de redes como: la Red de supermercados cooperativos, Unión Renovables, la Red de vivienda cooperativa, la Mesa de finanzas éticas, la Coordinadora estatal de comercio justo y Aeress, colaboradores de esta serie.

Puedes verlos y compartirlos también desde la lista de reproducción del canal de REAS, y darle difusión y amplificar su impacto con los mensajes y materiales de este pad de campaña.

¡Échale un vistazo a todo y no te olvides de meterlas en tu kit de alternativas!

PARTE 1

En este primer artículo, reflexionamos sobre cómo practicar un turismo de menor impacto, pero también que nos satisfaga más frente al modelo de acumulación de destinos.

Comenzaremos el artículo con un spoiler: este año el Estado español volverá a batir el récord de visitantes extranjeros y se mantendrá la gran incidencia del turismo en el PIB y en el empleo.

Sin embargo, en los últimos tiempos, estos datos ya no tienen una percepción tan positiva para la ciudadanía. Las, cada vez más recurrentes y masivas, movilizaciones en los territorios afectados por los impactos del turismo ponen en cuestión un modelo que, además de generar grandes afecciones ambientales, impacta contra las condiciones de vida de una parte importante de la población.

Múltiples son los impactos de este sistema depredador, la ocupación de espacios naturales o dedicados a la agricultura para poder establecer todo tipo de infraestructuras relacionadas con el uso turístico, la sustitución de viviendas por pisos turísticos u hoteles en los centros de las ciudades, el cambio, en éstos, de los negocios tradicionales por establecimientos destinados a los visitantes, la masificación del espacio público o de los servicios…

Todo ello ha cambiado la configuración de las ciudades, sobre todo de aquellas a las que se considera «ganadoras» en esta competición por el turista. Transformación que comienza en los barrios más céntricos o atractivos, pero que se extiende como mancha de aceite, que desplaza a la población local y que genera «parques temáticos», constituyendo un fenómeno clave en la insostenible subida del precio de la vivienda, que se va trasladando hacia la periferia.

Además, la riqueza generada por el turismo se distribuye de forma muy desigual, siendo acaparada, sobre todo, por los grandes intermediarios, como las centrales de reservas de plazas hoteleras y de apartamentos turísticos, y por las grandes compañías aéreas, las cadenas de hoteles, de establecimientos de hostelería…

En cuanto a los puestos de trabajo que se crean, en muchos casos (como la gran mayoría de las camareras de pisos, son estacionales y precarios, fruto de la necesidad de garantizar grandes beneficios a las empresas empleadoras, a la vez que se ofrecen precios asequibles en la competición por el turista. Aparte, la especialización turística a la que han sido sometidos diversos territorios, hace que predominen los empleos asociados a esta actividad, quedando muy reducida la opción de desarrollar otras profesiones.

Tampoco nos podemos olvidar de las consecuencias ambientales de este modelo por el uso indiscriminado del transporte aéreo, cuyas emisiones tienen un impacto importante en el calentamiento global, por la destrucción de hábitats naturales, la presión a los que son sometidos los recursos hídricos de las zonas más turísticas…

Todos los impactos anteriores se han ido intensificando a partir de la denominada «democratización del turismo», con la que, gracias a una oferta con precios más asequibles (con la irrupción de las compañías aéreas de bajo coste, los apartamentos turísticos…), una parte importante de la población puede viajar de forma habitual. Sin embargo, también hay que ser conscientes de que, aún en este caso, existen muchas personas cuya situación económica les impide viajar, y que al tratarse de una oferta global, la atracción de turistas procedentes de países con mayor renta, hace que los precios suban, y puedan volverse inasequibles para la población local.

Lo dicho queda sintetizado así por Belén García de la Torriente, autora del informe Turismo en ciudades, editado por Ecologistas en Acción, «el turismo compone, como muy pocos productos del mercado global, el retrato de una sociedad al límite de la congruencia y en conflicto con sus necesidades reales. Juega con las emociones, los sentimientos y la identidad y ofrece plenitud mientras produce miseria, publicita perfección cuando envenena ecosistemas».

Aparte, como indica Salomé Preciado Díez, co-coordinadora del Área de Ecofeminismos de Ecologistas en Acción, si analizamos estos impactos con una perspectiva de género, vemos que «los procesos de turistificación, si bien afectan a la población en general, perjudican de manera significativa al día a día de las mujeres en particular» por distintos motivos, como la desaparición de los espacios comunes, que atendiendo a los roles de género, son ellas las que mayor uso hacen de ellos, por la precarización del sector servicios, que afecta en mayor medida a las mujeres migrantes, o por la incidencia en el ámbito turístico de violencia sexual en espacios festivos y de ocio.

La respuesta desde las instituciones a este malestar social es variable, aunque las iniciativas de aquellas más comprometidas no pasan de la implantación de tasas turísticas, la regulación de los pisos turísticos, o de la intención de apostar por un turismo «de calidad», es decir, más elitista. Pocas iniciativas que se propongan pinchar el globo y pongan sobre la mesa la necesidad real de establecer límites al número de visitantes y apostar por otras actividades alternativas que supongan un desarrollo más sostenible y equitativo.

UN TURISMO MENOS CONSUMISTA

Por ello, ahora que se acerca el verano, el periodo vacacional más importante del año, nos planteamos ¿qué podemos hacer para disfrutar de las vacaciones, al menos, reduciendo las consecuencias negativas que generamos?

Como Belén García de la Torriente indica, «el viaje, como otros consumos, se convierte en un elemento igualador en apariencia, su adquisición va psicológicamente unida al afianzamiento de un ideal del yo y de la libertad personal, que se materializa en la adquisición de un objeto o un viaje y no en el disfrute mismo del objeto o la experiencia».

Esos hábitos consumistas, que tenemos muy interiorizados y que se acentúan aún más el protagonismo que cobran las redes sociales, que impulsan actitudes de exhibición y exposición, unidas al fenómeno que denominábamos «democratización del turismo», han generado un modelo de bajo coste, dirigido al consumo de «la experiencia», a base de continuas escapadas, con estancias cortas a destinos más o menos lejanos, que inevitablemente acaban masificados.

Ante tal situación, como siempre que hablamos de minorar el impacto de nuestro consumo, debemos partir de la necesidad de reducir y de desterrar esa conducta consumista de acumulación de lugares visitados. Reducir el número de destinos, los sellos en el pasaporte, los kilómetros recorridos… Pero todo, sin que necesariamente esto deba ir acompañado de reducir la duración de las vacaciones o el disfrute.

Y es que, este modelo consumista, que queda definido por el selfie hecho en el breve espacio de tiempo en que se visita cada punto emblemático del destino, difícilmente puede satisfacer los distintos deseos que nos empujan a irnos de vacaciones, o a hacer turismo: descanso, desconexión de la rutina, conocimiento de otros lugares, de otras culturas…

En este sentido se expresa Pau Kokura, miembro de Canviem el Rumb, la plataforma por el decrecimiento turístico de las islas de Ibiza y Formentera, «el turismo actual, contrariamente al relato, juega en contra de la idea del descanso. La vecina no puede descansar por el jaleo que hay en su barrio, ¡pero es que la turista vuelve a casa más estresada de lo que se fue! Defender el derecho al descanso es defender más vacaciones para la clase trabajadora, y, por tanto, estancias más largas, recuperación de los pueblos de los antepasados, vertebración del territorio en tren. Las “escapadas” son la forma más contaminante e irracional de turismo».

 UN TURISMO MÁS LENTO

Si partimos de que las vacaciones son un periodo en el que disponemos de más tiempo libre, éstas nos dan la posibilidad de poder destinar tiempo a cosas que a diario no podemos hacer, como descansar, estar con gente a la que no vemos a menudo, pasar más tiempo con la familia, colaborar con algún proyecto que nos interesa… Cualquiera de estos fines puede apoyarse en un viaje, o no, pero en cualquier caso, el viaje no debería ser el fin, sino la herramienta que nos ayuda a disfrutar de ese tiempo, y el destino debe ser el que mejor se adapte a ello.

Kokura subraya «mi propuesta es pasar del “a donde” al “¿para qué? ”», y añade, «cuando viajas para recuperar tu salud mental y física o para abrazar a personas que quieres y que añoras, el destino es lo de menos. Lo de “visitar personas y no lugares” me lo comentó un amigo, también activista, y es algo que tengo muy presente desde entonces».

Si nuestra intención es huir del frenético ritmo de la rutina diaria, tendremos que apostar por un ritmo más lento, por un turismo lento que nos de tiempo para compartir con los demás, para descansar, para pensar, para observar, para leer e incluso para huir de los estímulos constantes que nos ofrece el teléfono móvil. Para ello, es importante ser creativos a la hora de organizar las vacaciones, buscando ritmos que permitan el disfrute frente al «turismo enlatado», donde todo viene determinado por un programa muy homogéneo a cumplir bajo la premisa de aumentar el número de lugares visitados en el menor tiempo posible.

De acuerdo a ello, y sea cual sea el deseo que nos motiva a viajar, probablemente obtendremos mayor satisfacción con viajes destinados a conocer entornos más cercanos, a los que podamos llegar en tren o en autobús, en lugar de avión, que aun siendo menos exóticos, nos ofrezcan mayor tranquilidad al encontrarse menos masificados, más fácil conocimiento de la cultura o la gastronomía local al ser lugares que no están dominados por las grandes franquicias globales o los negocios destinados al turismo. Viajes, que además pueden ser menos costosos, con lo cual, en algunos casos, permiten estancias más largas.

Para visitar esos entornos más cercanos y movernos a otro ritmo, puede ser una buena opción realizar un viaje colectivo en bicicleta. La bici te permite ir despacio, parar, saludar, escuchar y compartir, fomentando un conocimiento real de los lugares que se visitan, a la vez que se crean vínculos importantes con las personas con las que se viaja.

Con la misma idea, también queremos señalar los beneficios que nos produce estar en contacto con la naturaleza, que según indican distintos estudios, aumenta nuestro bienestar físico y mental. Por ello, puede ser un factor a tener en cuenta a la hora de planear nuestras vacaciones, aunque siempre evitando la masificación de los espacios naturales y actuando con mucho respeto. En tal caso, los pueblos, de nuestros ancestros u otros, pueden ser lugares interesantes, donde además probablemente ejerzamos un impacto económico positivo. Allí, en ciertos casos, podemos disfrutar de temperaturas más agradables, estar en contacto con la naturaleza, disfrutar de ritmos pausados, auténticos y variados, acercarnos a distintas actividades relacionadas con la producción de alimentos, podemos conocer las tradiciones y la gastronomía local, los niños y niñas pueden disfrutar de mayor libertad que en la ciudad…

Como otra opción, las vacaciones también pueden servir para colaborar con un proyecto en el que creemos, para visitarlo, para hacer un voluntariado… Experiencia, que además de poder estar asociada a conocer otros lugares, también lleva consigo un proceso importante de convivencia. Convivir con gente afín, o todo lo contrario, en situación muy diferente a la nuestra, puede resultar muy enriquecedor.

Por último, una recomendación de Kokura «un viaje se disfruta mucho más si te tomas un tiempo previo al viaje para leer, aprender e imaginar. La visita a la biblioteca del barrio en busca de guías o novelas situadas en ese sitio es una buena manera de disfrutar de un viaje incluso antes de empezar».

Sirva lo dicho hasta ahora como una serie de reflexiones para, como decíamos, practicar un turismo de menor impacto, pero también un turismo que nos satisfaga más y que incluso pueda calar en nosotros, frente al modelo de acumulación de destinos que sólo genera, con cada foto, efímeros momentos de satisfacción, con su correspondiente chute de adrenalina generador, como cualquier compra, de adicción.

Continúa leyendo la Parte 2 – Cómo practicar un turismo de menor impacto, como dónde ir, dónde alojarnos…- en El Salto

Imagen: Oposición a los alquileres turísticos de los movimientos vecinales. Rafa del Barrio.

Los productos de higiene y limpieza que utilizamos diariamente tienen un impacto ambiental significativo, a menudo invisibilizado. A través de su fabricación, uso y eliminación, estos productos contribuyen a la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), a la contaminación del agua y del aire interior, y a la generación de residuos, especialmente plásticos desechables. A pesar de ser actividades esenciales para el bienestar y la salud, las prácticas de limpieza doméstica pueden provocar efectos negativos tanto para el medio ambiente como para la salud humana.

¿De dónde proviene el impacto de los productos de higiene y limpieza?

Una parte importante de este impacto proviene de las sustancias químicas presentes en detergentes, lejías, jabones y limpiadores domésticos. Muchos de estos productos contienen compuestos orgánicos volátiles (COVs), que se evaporan fácilmente y pueden acumularse en espacios cerrados. Las concentraciones de COVs en el interior de los hogares pueden llegar a ser hasta diez veces superiores a las del exterior, provocando irritaciones respiratorias, dolores de cabeza y, a largo plazo, afectaciones al sistema nervioso. Otros ingredientes habituales, como tensioactivos no biodegradables y fosfatos, acaban en los sistemas de alcantarillado y contribuyen a la degradación de los ecosistemas acuáticos, fomentando procesos como la eutrofización y afectando la fauna acuática. Además, el 75 % de las emisiones de COVs de los productos de limpieza provienen de productos convencionales.

La eutrofización es un fenómeno causado por la acumulación de nutrientes en un ecosistema acuático y puede perjudicar la flora y fauna.

También hay que considerar el impacto asociado a la fabricación de estos productos, que empieza mucho antes de que lleguen a nuestra casa. Su producción a menudo implica el uso de derivados del petróleo y procesos químicos intensivos en energía y agua, hecho que genera residuos peligrosos y aguas residuales cargadas de compuestos contaminantes. A todo esto se suma el envase, habitualmente de plástico, que tiene una elevada huella de carbono y es difícil de reciclar, especialmente en formatos pequeños o contaminados.

Los compuestos habituales del producto, como tensioactivos no biodegradables y fosfatos, llegan a los sistemas de alcantarillado y contribuyen a la degradación de los ecosistemas acuáticos. El vertido de fosfatos y surfactantes provoca eutrofización, moho de algas y mortalidad de fauna acuática.

Nuevos hábitos de uso de los productos de higiene y limpieza

El modo de uso y los hábitos de compra también son factores clave. El uso excesivo de detergentes, la elección de productos tóxicos o en formatos no reutilizables y la falta de prácticas de limpieza eficientes aumentan el impacto ambiental doméstico. Por el contrario, optar por alternativas como el vinagre y el bicarbonato, elegir productos con certificación ecológica, comprar a granel o utilizar envases recargables y formatos concentrados puede reducir notablemente la huella ecológica de este ámbito.

El vinagre es muy útil para limpiar, eliminar manchas o incluso sacar un chicle que se nos resiste

La higiene y la limpieza son actividades cotidianas imprescindibles, pero las decisiones que tomamos sobre cómo y con que las hacemos pueden marcar una gran diferencia para la salud de las personas y del planeta.

Consejos para reducir los impactos de consumo de los productos de higiene y limpieza

En la cocina

• Sustituir detergentes convencionales por alternativas ecológicas reduce sustancialmente el impacto ambiental sin renunciar a la eficacia limpiadora.
• Este cambio evita emisiones innecesarias, protege los sistemas acuáticos y reduce la presencia de tóxicos en el hogar.
• Podemos recurrir a productos naturales como el vinagre, el limón o el bicarbonato, para limpiar el hogar. Foto vía Canva

En el baño

• Sustituir productos químicos por vinagre y bicarbonato permite reducir más del 80% de las emisiones por limpieza.
• Es una opción fácil de implementar, asequible y aplicable a varias superficies.

Los envases

• Comprar jabón a granel en envase reutilizable es una de las acciones más simples para reducir residuos y emisiones.
• Con un cambio muy pequeño, se evitan docenas de envases desechables al año.

Fuente: opcions.org

Este 21 de agosto comienza una nueva acción a escala mundial contra el genocidio en Palestina. Una huelga de consumo, que se realizará cada jueves a partir de este día. El objetivo, como expone la organización Humanti Project, es “golpearles donde más les duele, en sus economías” a los gobiernos para “intensificar la presión internacional” para poder acabar con la masacre que está perpetrando Israel, que ya ha asesinado a más de 61.827 personas desde octubre de 2023.

Para unirse a esta huelga, lo esencial es no comprar nada durante los jueves. Una acción que se extiende a todo tipo de comercios y servicios

La movilización internacional espera generar una huella visible en las economías que será cuantificable a través de diversos mecanismos como los datos en las transacciones bancarias y las actividades de pago electrónico, la venta de gasolina, los flujos financieros y las señales del mercado. La mayoría de estas acciones se miden a diario, por lo que una perturbación diaria podría “reflejarse en los informes trimestrales si se repite”, explican desde la organización. En los países occidentales, el consumo de los hogares supone al menos un 60% del Producto Interior Bruto de un territorio. “Es importante el boicot económico, transformar las decisiones individuales en una fuerza colectiva que se pueda medir y comunicar y que no se pueda ignorar”, insisten desde el proyecto.

Para unirse a esta huelga, lo esencial es no comprar nada durante los jueves. Una acción que se extiende a todo tipo de comercios y servicios: comprar el pan, ir a un restaurante, pagar un electrodoméstico, tomar un café en un establecimiento, así como abonar suscripciones o facturas durante ese día. “Para que la huelga tenga impacto no debemos pagar nada”, matizan desde el colectivo; por ello recomiendan planificar con antelación las compras de alimentos y otros productos los días previos.

Otro de los actos a evitar para unirse a la huelga es el uso de transporte público, por lo que ese día se aconseja compartir coche, caminar o ir en bicicleta como alternativa. Si es inevitable la utilización de estos medios de transporte, desde la organización señalan como alternativa comprar el billete con anterioridad.

La huelga no incluye el empleo, es decir, participar de la misma no significa no ir a trabajar. “No todo el mundo puede arriesgarse a perder el empleo por negarse a ir”, exponen los propulsores de esta iniciativa. A la movilización se han unido organizaciones en apoyo a Palestina como la Rescop o el BDS. “Cuando los gobiernos se niegan a escuchar, nos corresponde a nosotras y nosotros, como pueblo organizado en todo el mundo, golpear donde más duele: en sus economías”, han expuesto en sus redes sociales. La activista, cineasta y periodista palestina Bisan Owda ha llamado a la participación en esta huelga a la población mundial: “Es nuestro deber colectivo detener el genocidio; es un mínimo, pero genera el cambio necesario”.

Actualmente en Palestina, más de dos millones de personas se enfrentan a una hambruna que, según la ONU, es la mayor desde que comenzó el genocidio. “No buscamos un gesto simbólico: buscamos señales económicas visibles y cuantificables que griten al mundo que estamos en huelga por Gaza”, sentencia la organización en su llamamiento a la huelga.

Éxitos del boicot económico

El boicot económico es uno de los ejes centrales de los movimientos contra el genocidio en Palestina. Un acto que incide en las economías a través de los actos cotidianos de las personas y que señala a las empresas cómplices del genocidio en Palestina. Desde hace años, el movimiento BDS ha puesto el foco sobre empresas como Carrefour, Reebok, Burger King o McDonald’s. Estas multinacionales son los casos más famosos por su peso internacional; sin embargo, son cientos las compañías que se siguen beneficiando de la ocupación israelí en Gaza, como rastrea la aplicación No Thanks.

Este movimiento ha conseguido varios casos de éxito con su trabajo colectivo. En julio de 2025, la empresa Sidenor anunciaba que dejará de vender acero para armas israelíes como venía haciendo en el último año. En 2024, la compañía de seguros AXA cancelaba sus inversiones con bancos israelíes. A finales de 2023, Puma informaba que retiraba su patrocinio de la selección israelí de fútbol; la compañía de zapatos llevaba promocionando al equipo desde 2018.

Fuente: El Salto

La Campaña Ropa Limpia publica en su web la traducción completa al castellano de la investigación periodística realizada por Disclose, en colaboración con Cash Investigation y Follow the Money, sobre las prácticas laborales y medioambientales del gigante francés de la distribución deportiva Decathlon.

Durante un año, el medio francés Disclose ha recopilado documentos confidenciales, testimonios de personas extrabajadoras e investigaciones en el terreno para sacar a la luz los impactos ocultos de la estrategia “low cost” de Decathlon. La Campaña Ropa Limpia ha colaborado en la traducción y difusión de esta investigación, convencidas de la importancia de hacer accesibles estas revelaciones al público en castellano y catalán.

¿Qué revela el informe?

Trabajo forzoso y salarios de miseria en Bangladés
Decathlon recurre a fábricas “extremadamente low cost”, donde se emplea a adolescentes por debajo del salario mínimo, se vulneran derechos básicos y se trabaja en condiciones insalubres y peligrosas. Algunas proveedoras no auditadas producen componentes en condiciones clandestinas.

Trabajo forzoso de personas uigures en China
La marca mantiene vínculos con fábricas que participan en programas estatales de traslado forzoso de población uigur, una minoría musulmana perseguida por el régimen chino. También emplea algodón originario de Xinjiang, una región sancionada internacionalmente por sus violaciones de derechos humanos.

Uso de cuero vinculado a la deforestación ilegal en Brasil
Zapatillas icónicas de Quechua se fabrican con cuero proveniente de ganado criado en tierras deforestadas del Pantanal brasileño. La trazabilidad es casi inexistente y Decathlon no realiza auditorías sistemáticas a su principal curtiduría en Vietnam.

Esta investigación expone de forma contundente cómo el modelo de negocio de Decathlon se sostiene sobre una cadena global marcada por la explotación laboral, la opacidad y el deterioro ambiental. Desde la Campaña Ropa Limpia, exigimos a Decathlon que asuma su responsabilidad y se adhiera al Acuerdo Internacional por la Salud y la Seguridad en la Industria Textil, como ya han hecho más de 262 marcas tras el derrumbe del Rana Plaza.

Puedes leer el informe completo aquí, dividido en 4 capítulos:

INVESTIGACIÓN: Decathlon, un campeón de la explotación

Es muy probable que, si te gusta escuchar música, tengas una cuenta – sea de pago o no- en Spotify. La plataforma de origen sueco se ha convertido en una referencia en el streaming de música, y cerca de 700 millones de personas tienen un usuario activo, de los cuales 268 millones pagan una suscripción. Un negocio que da pingües beneficios a su fundador, Daniel Ek, quien desde 2021 ha invertido parte de ese dinero en Helsing, una startup alemana que desarrolla software para usos militares.

Helsing fue fundada en 2021 por Torsten Reil, un desarrollador de juegos, Niklas Köhler, experto en Deep Learning, y Gundbert Scherf, un antiguo trabajador del Ministerio de Defensa alemán. Uno de sus primeros inversores fue Daniel Ek, quien ya en 2021 derivó 100 millones de euros a la empresa alemana, a través de su fondo de inversión Prima Materia. Ek es además el presidente del consejo de administración de la empresa.

La polémica se ha reavivado recientemente después de conocerse una nueva inversión de Prima Materia en Helsing de más de 600 millones de euros que ha convertido a la compañía alemana en una de las empresas tecnológicas privadas de mayor valor de mercado en Europa. El anuncio ha causado un revuelo entre artistas y usuarias que están anunciando que se van a ir a otras plataformas como Tidal, Bandcamp o Deezer, que no promueven causas belicistas. Una de las bandas que ha anunciado que retirará todo su catalógo de la plataforma es Deerhoof. “No queremos que nuestra música mate gente. No queremos que nuestro éxito esté ligado a la tecnología de combate de la IA”, aseguró la banda en un comunicado. Los músicos aprovecharon además para reivindicar otra de las grandes controversias sobre Spotify: la mala remuneración a los artistas. “Tenemos suerte porque para nosotros ha sido una decisión fácil. De todos modos, Spotify solo paga una miseria, y ganamos mucho más con las giras”. Otros artistas, como el productor electrónico Skee Mask, o Lolo Lovina, también se han sumado al boicot.

Helsing se presenta como una empresa que “utiliza inteligencia artificial para proteger democracias”, según su propia descripción corporativa. Tal y como aseguró su fundador Torsten Reil en varios eventos poco después de su fundación, el objetivo original de la empresa era crear software de uso militar que integrara datos de múltiples sensores, imágenes térmicas, radar y vídeo para crear representaciones en tiempo real del campo de batalla.
Sin embargo, según la revista Wired, desde finales de 2023, Helsing ha dado un giro a su política y ha pasado de ser un proveedor de tecnologías de software a un fabricante integrado de sistemas de armas. Uno de sus avances más significativos en este sentido es el lanzamiento de su primer dron, el HX-2, en diciembre de 2024.

La empresa ha firmado contratos con varios gobiernos europeos y participa en proyectos de modernización de capacidades militares en Alemania, Francia y el Reino Unido. Sus drones, además, ya están siendo utilizados en Ucrania, donde el gobierno alemán ha financiado la fabricación, por un socio local, de 4.000 dispositivos de otros modelo más barato creado por Helsing, el HF-1. De momento, no se han conocido vínculos oficiales de Helsing con el gobierno israelí, aunque muchos temen que su tecnología termine siendo utilizada en el conflicto en Gaza por el uso creciente de este tipo de tecnología por Israel.

Varios estudios han alertado en los últimos meses sobre las grandes cantidades de electricidad necesarias para entrenar los sistemas de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, Gemini o Grok. Los centros de datos que albergan esta tecnología necesitan mucha energía y también agua, para mantener refrigerados constantemente los ordenadores donde se ejecuta. Que una pregunta a ChatGPT equivalga a la electricidad que requieren diez búsquedas en Google o que la IA en Estados Unidos consumirá en tres años la misma energía que se gasta en toda España son algunas de las previsiones que ponen de manifiesto que la inteligencia artificial ya es un problema medioambiental.

El periodista y activista medioambiental Juan Bordera apunta que en los últimos años se ha extendido el concepto de la “nube” de Internet, una metáfora que evoca una “desmaterialización” de los servicios de la red. Esto dificulta que imaginemos el coste energético de acciones que realizamos diariamente con el ordenador o el móvil. Según Bordera, “no hay nada más material que la nube”, porque requiere “cableado internacional submarino, centros de datos y refrigeradores”. “En un mundo de recursos limitados, en el que el agua y la energía son de necesidad básica, la inteligencia artificial es una auténtica devoradora de estos dos recursos”, sostiene.

“En un contexto de emergencia climática, utilizar un sistema que consume una barbaridad para generar un logotipo, una imagen para compartir en redes sociales o para corregir un texto no me parece sensato”, opina Judith Membrives, responsable de IA y Derechos Humanos de Lafede.cat. Membrives subraya que usar la inteligencia artificial de manera arbitraria “no cubre ninguna necesidad básica” y que, en el escenario de escasez del planeta, habría que apostar por otro tipo de herramientas que realmente sean útiles para la sociedad. Membrives es crítica con la inteligencia artificial generativa comercial. Ve justificados otros usos de la IA, como para hacer predicciones o simulaciones de modelos en el ámbito de la investigación. Matiza, además, que estos otros tipos de inteligencia artificial implican un consumo menor de energía.

El profesor lector de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicaciones de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Antonio Pita, explica que lo más costoso de sistemas como ChatGPT, en términos de energía y agua, es el proceso inicial de entrenamiento, alimentado con grandes cantidades de datos. Según él, una vez culminado este primer paso, el consumo derivado de su uso diario es mucho menor. “La IA está en sus momentos iniciales y los procesos que utiliza no son eficientes. No obstante, lo que hoy es un hándicap en unos años no lo será”, afirma, en un pronóstico de que la huella medioambiental de la inteligencia artificial se reducirá a medida que se desarrollen algoritmos más óptimos. “Cuando China presentó DeepSeek ya se vio que hacía lo mismo que ChatGPT, pero con un 70% de su coste”, apunta.

Bordera alerta del peligro de caer en la paradoja de Jevons, una teoría económica que afirma que a medida que el perfeccionamiento tecnológico aumenta la eficiencia con la que se utiliza un recurso, es más probable que se produzca un aumento en el consumo de dicho recurso. Lo compara con la mejora de los coches de gasolina de los años sesenta: una mayor eficiencia llevó a un uso generalizado del vehículo particular. En la misma línea se expresa Membrives: “Cuanto más accesible haces una tecnología bajo el mantra de que es más sostenible, su impacto se multiplica”.

“Podemos usar el agua para campos de golf, regadío o para centros de datos; hay que usarla para lo que genere más valor para la sociedad”, opina Pita, que destaca que el 80% de los proyectos de centros de datos que se presentan en España no se aprueban porque la red eléctrica del país no está preparada. Según él, es necesario invertir en ello para poder apostar por las tecnologías del futuro. En el contexto del apagón general del pasado 28 de abril, Bordera sostiene que “si sobredimensionamos las necesidades con una realidad material que es la que es, vamos hacia un mundo de estrés hídrico y castillos de naipes energéticos, en un momento en el que se ha visto la poca robustez de las redes eléctricas”. Los proyectos de centros de datos a menudo chocan con los vecinos de las zonas donde se quieren ubicar. Es el caso de la negativa del pueblo aragonés Villamayor de Gállego (Zaragoza), donde está previsto que se instale un centro de datos de Microsoft. Los vecinos consideran que se hipotecará el futuro del municipio.

¿La regulación es posible?

“No es lo mismo usar IA para entender mejor una cuestión, o como apoyo a un trabajo académico que para un uso básico y de ocio”, afirma Bordera, que considera que se debería restringir el uso de la inteligencia artificial generativa a “especificidades concretas, como la industria médica o la investigación”. Él opina que una solución podría ser que las aplicaciones fueran de pago, pero subvencionadas en sectores que las utilicen con finalidades académicas o de investigación.

“Esto al final será como quien se compra un horno. Tienes la libertad de usarlo tanto como quieras, pero el consumo se ve reflejado en tu factura”, cuenta Pita. Según él, con la inteligencia artificial no se tiene esa percepción, porque el coste energético no lo asume el usuario, sino que repercute en unos servidores que no ve y que utiliza de forma gratuita. Pronostica que dentro de un tiempo las aplicaciones de IA serán de pago y que, al tener que desembolsar dinero por ese servicio, “el uso responsable se regulará según el consumo que haga cada uno”.

Membrives recuerda que el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea (Eu AI Act) ya se quedó corto en el momento de su aprobación, porque no incluía la inteligencia artificial generativa. Según ella, habría que replantear esta normativa para limitar ciertos usos. “La inteligencia artificial es una muestra flagrante del tecnocapitalismo, de como se intenta sustituir trabajo cognitivo, tradicionalmente cualificado”. “Lo que tenemos que hacer los movimientos sociales y desde los movimientos críticos es cuestionar si esta es la tecnología que necesitamos en el día a día”, concluye la responsable de IA y Derechos Humanos de Lafede.cat.

Perdemos capacidad cognitiva

Pita destaca la opción de deep research que ofrecen algunos de los chats de inteligencia artificial. En estos casos, herramientas como ChatGPT intentan recopilar datos utilizando más fuentes de información y con una verificación adicional. “Esto conlleva un consumo más elevado, pero si lo pensamos desde el punto de vista de lo que consumiría una persona para intentar llegar a un resultado similar, el consumo es mínimo”. El profesor de la UOC ve justificados usos como estos, pero dice que hay que hacer un uso responsable de estas herramientas y evitarlas para aplicaciones de ocio que aporten poco valor. “Si crees que vas a hacer un uso incorrecto, piénsatelo dos veces”, apunta, ante el coste energético que implica cada línea de diálogo con el chat.

Membrives es profesora en el seminario sobre Tecnologías de la Información e Internet en el máster de Filosofía para los Retos Contemporáneos de la UOC. En una práctica invita a su alumnado a utilizar herramientas de IA generativa para evidenciar que no es lo mismo hacer una búsqueda automática que manual, utilizando diferentes fuentes de información, en un trabajo de selección llevado a cabo por un cerebro humano: “Si usas lo que te da la IA de forma acrítica puedes sostener errores graves de concepto, hay cosas que ChatGPT puede inventarse, sin ninguna evidencia”. En este sentido, cree que hay que “introducir mucha más perspectiva crítica en las aulas”. Menciona también un estudio que realizó Microsoft para valorar cómo la inteligencia artificial facilitaba el trabajo de sus empleados: “Uno de los resultados es que perdían habilidades cognitivas”.
Una decisión de futuro

“Yo soy defensor de la IA porque creo que lo cambiará todo y pienso que compensar la huella de carbono es más una estrategia de país, de hacia donde queremos ir y de poner las infraestructuras adecuadas”, concluye Pita. Membrives opina que “hay que alzar la voz porque nos están intentando poner IA generativa por todas partes y hay que apostar por otras alternativas, en la situación de emergencia climática en la que nos encontramos”. Bordera alerta de que “ya hemos chocado con muchos límites del planeta”, como los conflictos derivados de la obtención de minerales como el cobre, el litio o el cobalto, necesarios para fabricar productos electrónicos. El elevado coste energético de la IA generativa “nos pone en una tesitura en la que se encarecerá la factura de la luz y del agua, un bien escaso por las sequías”, fruto de “la locura a la que el cambio climático ha llevado al ciclo hidrológico”, concluye Bordera. Ve fundamental el hecho de “decidir a qué se dedican los recursos” básicos y él espera que no sea una inteligencia artificial la que acabe tomando esa decisión.

Hacia un uso responsable

En Somos Connexión trabajamos para hacer un uso de la inteligencia artificial con la máxima responsabilidad. Con el asesoramiento de Membrives, nos estamos formando sobre cuáles son los impactos de la IA para encontrar el uso correcto que le podemos dar como entidad de la economía social. Buscamos casos de procesos automáticos que puedan ayudar a nuestro equipo a evitar tareas repetitivas para dedicarse a otras de mayor valor. Estamos llevando a cabo esta investigación de manera colectiva, sumando esfuerzos con otras cooperativas y con la voluntad de poder hacer pedagogía sobre cómo utilizar la inteligencia artificial.

Fuente: https://somconnexio.coop/es/sostenibilidad/hacia-un-uso-responsable-de-la-ia-tecnologia-devoradora-de-agua-y-electricidad/

El Consejo de Ministros ha aprobado este 1 de julio de 2025 el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Esta iniciativa legislativa en favor del Consumo Sostenible incorporará a la legislación española las directivas europeas de Empoderamiento de los Consumidores para la transición ecológica y la de Derecho a Reparar. Estas normas de la UE persiguen garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas consumidoras a través de una mejor información y el fomento de prácticas empresariales responsables y transparentes, además de promover la reparación de bienes.

El anteproyecto de ley podría sentar las bases que conduzcan a hábitos de consumo con menor impacto ambiental y a prácticas empresariales más respetuosas con el medio ambiente y con las personas consumidoras. El texto recoge algunas de las medidas propuestas por las organizaciones de la sociedad civil.

Entre las disposiciones más destacadas del anteproyecto de ley señalamos:

• Mejora la información y la protección de las personas consumidoras. La obsolescencia programada, las afirmaciones medioambientales sin base científica, los distintivos de sostenibilidad sin base creíble o la información engañosa sobre las características medioambientales y sociales de los productos serán consideradas prácticas comerciales desleales. Se prevé establecer mecanismos de verificación sobre los distintivos de sostenibilidad y sanciones en caso de vulneración de los derechos de los consumidores.
• Impulso a la reparación. Para alargar la vida útil de los productos y reducir la generación de residuos, el texto despliega disposiciones (como bonos de reparación) para incentivar y facilitar que la reparación sea la opción preferida por los consumidores.
• Medidas contra la publicidad engañosa. Prohíbe la publicidad de empresas dedicadas a la extracción, procesamiento y comercialización de combustibles fósiles por cuanto tienen un impacto negativo en la transición ecológica. Y, regula prácticas que juegan con las emociones (como la ansiedad y el miedo) para influir en las decisiones de los consumidores o el uso de reseñas de dudosa credibilidad.
• Prohibición de la publicidad de vuelos cortos siempre que haya otra alternativa más sostenible y también de los vehículos propulsados exclusivamente por combustibles fósiles.
• Quedaría prohibida la subida de precios en la reventa de entradas.
• Regulación de la reduflación. Las empresas tendrán que señalar de forma clara y comprensible cuando se reduzca la cantidad o el número de unidades en un producto.

Desde la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Rezero y la Red de Redes de la Economía Social y Solidaria (REAS) valoramos positivamente las medidas reseñadas anteriormente y otras contempladas en el anteproyecto de ley. Sin embargo, echamos en falta:

• Una mayor concreción de los requisitos que deben cumplir los productos en materia de criterios sociales de sostenibilidad en la producción.
• Disposiciones relativas a sectores de consumo masivo y de alto riesgo en materia de impacto medioambiental y social, como el sector textil, el café o el cacao.
• Creación de un Observatorio de Lavado Verde con participación de la sociedad civil.
• Control de la publicidad que promueve el sobreconsumo a través de técnicas de manipulación del consumidor (patrones oscuros).

Eva Kreisler, responsable de sostenibilidad de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU afirmó: “Celebramos que por fin se ponga en marcha la tramitación en España de estas directivas europeas de protección de las personas consumidoras, con la incorporación de medidas ambiciosas en materia de publicidad. Esperamos que la propuesta no sea rebajada durante el proceso parlamentario y pedimos al Ministerio que habilite canales de comunicación fluidos para que el anteproyecto recoja las demandas de la sociedad civil”.

Contacto de prensa:
Nieves Rodeiro
Comunicación CECU
comunicacion@cecu.es / 657 50 47 12

Segunda entrevista de Río Arriba, el programa de entrevistas de El Salto TV, en formato podcast donde hablan con Brenda Chávez sobre consumismo, las consecuencias de dicho consumo, masculinidades tóxicas como las de Trump, mundo rural, consumo responsable, comunicación, economía social y solidaria y mucho más.

Brenda Chávez es periodista especializada en sostenibilidad, consumo y cultura. Autora de libros sobre la temática como Tu consumo puede cambiar el mundo (Atalaya, 2017) y Al borde de un ataque de compras (Debate, 2017). Además es colaboradora de El Salto y conduce el podcast Consuma Crudeza sobre consumo responsable.

Puedes escucharlo en la web del programa, en el canal de Spotify o en ivoox.

También disponible en formato vídeo en El Salto TV.

La población de España podría alimentarse a través de una Dieta Climática con alimentos producidos en territorio estatal

• Amigas de la Tierra presenta una Dieta Climática saludable con un 99% de los alimentos producidos de forma agroecológica en España.
• La Dieta climática se base en las dietas de saludables y sostenibles de la OMS: triplica el consumo de legumbres, dobla el de verduras, deja a la mitad el consumo de azúcar y reduce la ingesta de carne en un 75 %
• La transición agroecológica y el cambio de dieta reduciría la huella de carbono en un 125 % y la huella territorial en un 34 %

Amigas de la Tierra presenta la “Guía Dieta Climática, análisis para una dieta saludable basada en alimentos agroecológicos”, elaborada en colaboración con el CSIC, en la que se demuestran las mejoras que podrían conseguirse a través de un menú saludable y dentro de los límites planetarios, adaptado al contexto regional. Esta Dieta Climática se basa en la capacidad del territorio español para producir el 99% de los alimentos de forma agroecológica para alimentar al conjunto de la población española.

En un contexto de crisis climática, ambiental, económica y social, que pone en riesgo la supervivencia de la humanidad y de la naturaleza tal y como se conoce, el sistema alimentario globalizado, que depende de estrategias de intensificación e industrialización, es uno de los principales responsables de esta grave situación. Para hacerse una idea, el 37 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial provienen de la agroindustria.

Una Dieta Climática, basada en la necesaria transición agroecológica en España, podría mejorar el impacto ambiental a través de la reducción de gases de efecto invernadero en un 125 %, al generarse nuevos sumideros de carbono, lo que equivaldría al CO2 que emiten unos 34 millones de coches al año, a su vez, se reduciría el uso de suelo en un 34 %, prácticamente toda la superficie de Letonia. Estas cifras se complementan con los estudios previos realizados en colaboración con el CSIC, en los que ya se evidenciaba que España sería capaz de producir la cantidad y diversidad de alimentos agroecológicos suficientes para abastecer al total de la población española.

Este menú climático propio de un escenario agroecológico tiene en cuenta las principales recomendaciones de las dietas saludables y sostenibles de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la “dieta de salud planetaria” de la Comisión EAT-Lancet. En la misma línea está adaptado culturalmente al contexto estatal con propuestas similares a la dieta mediterránea y a las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN).

La Dieta Climática, elaborada por nutricionistas expertas, con alimentos producidos de forma local, incluye en sus asunciones triplicar el consumo de legumbres, doblar el de verduras, dejar a la mitad el consumo de azúcar y reducir la ingesta de carne en un 75 %. Aunque las estimaciones de producción de carne en el marco del escenario agroecológico permitirían el consumo de una ración diaria de carne, por cuestiones de salud se ha ajustado su ingesta a las recomendaciones dietéticas y se propone reducir su consumo a tres raciones a la semana.

Los beneficios de estas dietas, tanto a nivel de salud humana como planetaria, han sido ampliamente demostrados y documentados. Esto se debe a su énfasis en el consumo de alimentos de origen vegetal, así como una ingesta baja de alimentos de origen animal y la reducción del consumo de alimentos procesados.

Esto permite una dieta más saludable con un mejor ratio de ácidos grasos poliinsaturados, mayor contenido en hierro, magnesio y antioxidantes. A su vez, el contenido en fibra y en vitaminas A y C es mayor que en la dieta actual. Por otro lado, la Dieta Climática se aproxima en mayor medida a las ingestas diarias recomendadas de la mayoría de nutrientes y micronutrientes, reduciendo de forma significativa la exposición al cadmio, un mineral tóxico que se acumula en nuestro organismo y puede afectar al funcionamiento del riñón y el hígado. Los resultados muestran que no solo el cambio en el patrón dietético es importante, sino que los manejos asociados a una transición agroecológica también aportan beneficios nutricionales. 

El cambio en el consumo alimentario que proponen desde Amigas de la Tierra en esta guía, Dieta Climática, debe ir asociado a una transición agroecológica en el sector productivo, como adelantaron en el informe “La urgencia de una transición agroecológica en España”. Estas transformaciones deben impulsarse por políticas públicas que contemplen una hoja de ruta hacia un sistema agroalimentario basado en prácticas agroecológicas.

La Dieta Climática, su propuesta basada en evidencias científicas, pone de relieve la urgencia de que las políticas públicas vayan encaminadas tanto a la transición agroecológica del modelo productivo como al cambio de los hábitos en la alimentación. Han comprobado que nuestro territorio cuenta con recursos suficientes, y que sería una transformación muy beneficiosa para los ecosistemas y para la población. Ahora lo que la sociedad espera es que las instituciones se pongan a trabajar en esta línea.

Gracias a esta transformación, el sector primario contribuiría a la restauración de los ecosistemas y a la captura neta de carbono, y favorecería la fijación de población en la España vaciada con el incremento en los puestos de trabajo en más de 400.000 personas. A la par que se dan todos estos beneficios, se mejoraría también de forma significativa la salud de la población española gracias a la Dieta Climática. Esto sin olvidar los impactos positivos que tiene la transición agroecológica para mitigar los impactos sociales y ambientales de nuestro sistema agroalimentario en los países del Sur global.

El proyecto periodístico Carro de Combate ha anunciado la creación del Laboratorio de Investigación Ecosocial sobre Consumo (LINEC), una nueva etapa en su trayectoria que amplía su enfoque hacia áreas como la consultoría, la formación y la investigación especializada para otras organizaciones.

LINEC nace con el objetivo de mantener el espíritu crítico y riguroso que ha caracterizado a Carro de Combate, pero con una perspectiva más amplia y transversal. Su misión continúa siendo la de ofrecer información fiable sobre los impactos sociales y ambientales del consumo, no solo para la ciudadanía, sino también para instituciones y entidades interesadas en construir alternativas más justas y sostenibles.

Aunque se amplía el alcance del trabajo, Carro de Combate seguirá existiendo como marca periodística, manteniendo su labor divulgativa mediante artículos y nuevos formatos como una serie de pódcast actualmente en desarrollo.

Este nuevo laboratorio busca visibilizar toda la cadena de impactos asociada a productos y servicios —desde la extracción de materias primas hasta su desecho— y cómo esta afecta al medioambiente, los derechos humanos y la justicia social.

Más información sobre esta nueva iniciativa está disponible en la página web de LINEC y en su perfil de BlueSky. El proyecto sigue siendo posible gracias al apoyo de sus mecenas, y se anima a quienes lo deseen a sumarse como colaboradores.

Cada año se pierden 10 millones de hectáreas de bosque, una superficie superior a la de Portugal o Islandia. Esta deforestación, causada en gran parte por la conversión de tierras para la agricultura intensiva, agrava la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Uno de los cultivos más implicados es la soja, destinada mayoritariamente a la alimentación animal en sistemas de ganadería industrial.

En este contexto, la Unión Europea, responsable del 10% de la deforestación mundial asociada al comercio, y particularmente España, tercer importador europeo de soja, juegan un papel clave. En 2023, el Estado español importó más de cinco millones de toneladas de soja, provocando indirectamente la pérdida de casi 33.000 hectáreas de bosque al año, principalmente en Brasil.

El informe de Ecologistas en Acción, “La soja que destruye bosques”, denuncia cómo la cadena de valor de la soja en España —controlada por multinacionales como Bunge y Cargill— alimenta un modelo de ganadería intensiva insostenible, especialmente en el sector porcino, que concentra más del 66% de la producción cárnica nacional. Esta soja se distribuye desde los puertos de Barcelona, Bilbao y Cartagena a plantas de pienso en regiones como Catalunya, Aragón y Castilla y León.

Asimismo, grandes empresas del sector cárnico como El Pozo, Campofrío o de piensos como BonÀrea, y cadenas de distribución como Mercadona, Carrefour, Lidl o Aldi, están vinculadas directa o indirectamente a cadenas de suministro de soja asociadas a deforestación, especialmente en biomas amenazados como el Cerrado, la Amazonía, el Gran Chaco o el Pantanal.

Por otra parte, la soja también se utiliza para producir biodiésel, pero investigaciones revelan que el biodiésel de soja emite más gases de efecto invernadero que el diésel fósil, debido a los cambios indirectos en el uso de la tierra asociados con el cultivo que provocan deforestación y destrucción de biodiversidad, por lo que su uso agrava, en lugar de mitigar, la emergencia climática.

El nuevo Reglamento de la UE contra la deforestación (EUDR), aprobado en 2023, busca frenar esta situación exigiendo a las empresas que garanticen que sus productos no proceden de zonas deforestadas. Sin embargo, el reglamento presenta importantes limitaciones: no cubre los piensos compuestos (donde se concentra buena parte de la soja), ni protege ecosistemas clave como el Cerrado, al no considerarlos técnicamente “bosques”.

Ecologistas en Acción propone reforzar la legislación para incluir los piensos, mejorar los mecanismos de trazabilidad y asegurar la transparencia en las cadenas de suministro. También recomienda incluir mecanismos de sanción y establecer acuerdos entre gobiernos, empresas y sociedad civil para frenar la deforestación importada.

Sobre el consumo excesivo de carne

En todo caso, no debemos olvidar que una forma de combatir tanto la deforestación, como la emergencia climática, es reducir el consumo de carne, dado que su producción es responsable aproximadamente del 14% de las emisiones globales. Para ello, las recomendaciones del informe de Ecologistas en Acción a las autoridades competentes son:

• Educar a la población sobre los riesgos asociados con el consumo excesivo de carne, especialmente de la carne procesada, que ha sido clasificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como «cancerígena para los seres humanos».
• Adoptar medidas políticas, económicas y sociales para garantizar dietas saludables, promoviendo un consumo más responsable de proteína de origen animales, reduciendo especialmente la ingesta de carne roja y procesada, que actualmente supera ampliamente las recomendaciones de la OMS. Se recomienda una reducción del consumo a tres raciones de carne a la semana (aproximadamente 15 kg anuales).
• Impulsar el consumo de fuentes vegetales de proteínas, como legumbres, frutos secos, semillas y alternativas a la carne, para contribuir a una dieta más saludable y sostenible. Igualmente, promover las dietas vegetariana y vegana.
• Promover una producción sostenible de carne transicionando hacia una ganadería fundamentalmente extensiva y ecológica.

Puedes leer la noticia completa en El Salto

Informe: «La soja que destruye bosques», de Ecologistas en Acción (varios idiomas).

La industria textil se ha convertido en una de las más dañinas para el medio ambiente. Según diversos estudios, es responsable de aproximadamente el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y consume alrededor de 93.000 millones de metros cúbicos de agua al año, una cantidad suficiente para cubrir las necesidades de casi 2.000 millones de personas. Además, genera el 20% de las aguas residuales del planeta, muchas de ellas cargadas de metales pesados y químicos peligrosos utilizados en tintes y procesos industriales.

El impacto ambiental se ve agravado por la enorme cantidad de residuos textiles que se producen cada año. En Europa, cada persona compra unos 26 kilos de ropa al año y desecha unos 11, muchas veces tras muy pocos usos. La mayoría de estas prendas termina en vertederos o es exportada a países del sur global, donde agravan problemas sociales y ambientales ya existentes.

Todo esto es consecuencia directa del modelo de “moda rápida” o fast fashion, que impone ritmos de producción vertiginosos, colecciones constantes y precios extremadamente bajos. Este modelo, sostenido por la deslocalización de la producción en países con escasa protección laboral o ambiental, ha sido incluso superado en los últimos años por el auge de la “moda ultrarrápida”, impulsada por marcas como Shein o Temu. Estas compañías lanzan miles de nuevos productos a diario, en función de las tendencias detectadas en redes sociales, y los venden online con estrategias agresivas de márketing y precios ínfimos.

Frente al creciente cuestionamiento social por estos impactos, muchas grandes marcas han respondido con campañas de greenwashing, estrategias de lavado de imagen que intentan mostrar un compromiso con la sostenibilidad sin modificar realmente su modelo productivo. El informe “Sombra aquí, sombra allá”, elaborado por Carro de Combate para la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), expone algunas de las técnicas más frecuentes:

• Uso de un lenguaje y estética “verde”, con palabras como “eco”, “consciente” o “sostenible”, acompañadas de imágenes de naturaleza, sin que haya detrás datos o compromisos verificables.
• Claims difíciles de refutar, pero sin contenido claro, como “cero emisiones” o “eco-friendly”, sin información clara sobre el impacto real de los productos.
• Certificaciones ambientales poco rigurosas o directamente creadas por las propias empresas, que no garantizan la sostenibilidad del ciclo completo del producto.
• Colecciones cápsula “verdes”, que representan una mínima parte del catálogo total, mientras el grueso de la producción continúa bajo las mismas prácticas de siempre.
• Soluciones tecnológicos con poco alcance real, como el uso de fibras recicladas a partir de plásticos o alianzas para el uso de combustibles “sostenibles”, que no atacan el núcleo del problema.
• Técnicas dilatorias a largo plazo, como metas para 2030 o 2040, muchas veces sin indicar los niveles de referencia ni los avances concretos.
• Programas de recogida de ropa usada, que en muchos casos no garantizan la reutilización real y que, además, se utilizan para ofrecer descuentos que incentivan nuevas compras.

Incluso empresas que han hecho promesas públicas de reducción de emisiones, como Inditex o Primark, continúan promoviendo el consumo masivo y prácticas altamente contaminantes, como el transporte aéreo de mercancías o el uso intensivo de fibras sintéticas.

La realidad es que, mientras las marcas siguen presentándose como sostenibles, el modelo económico en el que se sustentan no ha cambiado. Siguen vendiendo más prendas, más baratas y con menor durabilidad, perpetuando un sistema que atenta contra los límites ecológicos del planeta y los derechos de las personas trabajadoras en la cadena de producción.

Noticia completa en El Salto 

Todo empezó alrededor de una pequeña mesa de cocina de un proyecto de cohousing en un antiguo molino de agua en el pueblo flamenco de Rotselaar (Bélgica) hace 30 años. Dirk Vansintjan, activista con un largo recorrido, se dio cuenta de que no quería invertir todos sus ánimos en hacer campañas contra la energía nuclear; también quería formar parte de la solución.

Al contemplar el viejo molino de agua, Dirk y otras personas de su comunidad se preguntaron qué pasaría si pudieran volver a ponerlo en funcionamiento y generar energía con él. Y así empezó la cooperativa Ecopower. Su primera chispa de electricidad renovable surgió en los años 90 del siglo XX gracias a la turbina hidráulica de ese mismo molino. Dirk todavía vive allí, un hermoso lugar que comparte con su familia y amistades.

Sin prisa, pero sin pausa, el proyecto se convirtió en cooperativa energética y la afiliación que iba en aumento sirvió para instalar nuevas turbinas eólicas y paneles solares. Hoy la cooperativa proporciona energía 100% renovable a más de 50.000 hogares.

Ecopower no se lucra con sus actividades de suministro de energía: todos los excedentes se reinvierten en más energía renovable y en proyectos de eficiencia energética. Cada una de las 60.000 personas socias de la cooperativa puede comprar hasta un máximo de 20 participaciones y cada una posee un voto en la asamblea general. Si alguien no se puede permitir una participación por motivos económicos, se ofrecen soluciones a las socias potenciales.

En la actualidad, la cooperativa proporciona cerca del 1,64% de la electricidad doméstica en Flandes con 23 turbinas eólicas, 3 pequeñas instalaciones de energía hidráulica, 1 instalación de cogeneración y 322 instalaciones descentralizadas de fotovoltaica solar en cubiertas de escuelas, edificios públicos y casas. Ecopower también ahorra energía: ha ayudado a las personas socias a reducir a la mitad su consumo eléctrico. La mitad de sus socias han instalado paneles solares en sus tejados.

Al permitir que la ciudadanía posea sus propias turbinas eólicas, paneles solares, pequeñas centrales hidroeléctricas y una fábrica de pellet, Ecopower ha visto cómo ha ido en aumento el apoyo y la aceptación que recibe la energía renovable.

Cooperación entre cooperativas

En 2013, Ecopower constituyó REScoop.eu , la federación europea de cooperativas de energía renovable, una red que sigue creciendo con 1.500 REScoops europeas y 1.000.000 personas.

Ecopower también ha sido pionera en trabajar con ciudades y municipios como Eeklo, Gante, Amberes, Leuven, Beersel… Fue una de las primeras cooperativas energéticas en descubrir el potencial de la colaboración entre cooperativas y gobiernos municipales.

Dirk considera que el modelo cooperativo ayuda a construir una economía al servicio de las personas y de la sociedad, donde se da más importancia a las repercusiones ecológicas y sociales que a las ganancias. “En los últimos veinte años en Europa occidental hemos visto una ola de iniciativas de base, de ciudadanía que ha pasado a la acción, para aprovechar la oportunidad de la transición energética —de la energía fósil y nuclear a las renovables; de un sistema centralizado a uno descentralizado; de malgastar energía a hacer un uso racional de ella—. Se trata de una oportunidad única para que la ciudadanía pase a ser activa en la producción y distribución de la energía del futuro.”

En febrero de este año, la Sociedad Española de Nutrición presentó un estudio donde relacionaba el impacto climático con la suficiencia alimentaria, concluyendo entre otras, la necesidad de una agricultura más sostenible. Parece que la vía de alimentarse de forma sostenible es el futuro. Pero a día de hoy, ¿es posible una alimentación sostenible en entornos de vulnerabilidad?

Según el estudio Conductas sostenibles de la población española de Triodos Bank publicado en diciembre de 2024, el 79,3% de las personas encuestadas afirma que aumentaría la compra de productos ecológicos o de comercio justo si no fueran más caros que los que no lo son. Pero ya hicimos las cuentas en el articulo Eco, de temporada y proximidad ¿me llega el presupuesto? y los números no daban. Además, el estudio de Triodos demuestra que un 40% de la población no conoce ningún sello o certificación ecológica.

Hoy venimos a explicar algunos proyectos en España que están intentado informar, sensibilizar y mostrar buenas prácticas en alimentación sostenible a personas en situación de vulnerabilidad: ya sea en escuelas, institutos o través de agentes comunitarios de barrio, son muchas las asociaciones, ONGs y administraciones públicas que piensan que hay que incidir, justamente, en estos colectivos. ¿Cómo lo hacen?

Entreiguales, que me hable de alimentación sostenible mi vecina/o ​

La Coordinadora de Justicia Alimentaria en el País Valencià, Marta Herrero, es quien nos explica este proyecto: hace 4 años que se lleva a cabo Entreiguales, un programa realizado junto a la Asociación para la Cooperación Entre Comunidades (ACOEC). “Un proyecto donde formamos a agentes comunitarios por el derecho a la alimentación. Las personas que reciben la formación nos las derivan entidades que trabajan con colectivos vulnerables; los formamos cuatro meses; y estas diez personas después se encargan de replicar los contenidos de la formación a sus iguales, en sus colectivos y entornos, a otras personas en situación de vulnerabilidad“, explica Herrero. ”Son talleres para aprender sobre el etiquetado de los alimentos, reconocer el contenido de azúcares en muchos productos que se suelen consumir… intentando promocionar otro modelo alimentario entre este tipo de colectivos”, matiza.

El proyecto Entreiguales ha formado a 40 dinamizadores comunitarios y han llegado a impactar en unas 1.000 personas de entornos vulnerables

En estos 4 años ya han formado a 40 dinamizadores comunitarios y han llegado a impactar en unas 1.000 personas de entornos vulnerables. Además, es un proyecto inclusivo: “la formación ha tenido que adaptarse a las características de estas personas”. “Hemos desarrollado materiales educativos muy adaptados a personas que tienen dificultades con el idioma, gran parte, migrantes o personas con una educación muy básica. Y la formación siempre ha sido muy práctica, muy vivencial, para que ellos también pudieran reproducir todos los conocimientos. Por eso hablamos de metodología entre iguales. Sí es verdad que los acompañábamos a las formaciones y talleres para darles más seguridad. Pero ellos formaban a sus iguales con su lenguaje, esto ha sido importante: porque te habla una persona desde la horizontalidad”, explica Marta Herrero. Entre los materiales para difundir la alimentación sostenible se ha contado con el cuaderno Tenemos derecho a comer bien y el cómic Alimentar es Educar, materiales adaptados a personas con dificultades de lectoescritura o con el idioma.

El programa también ha contemplado una parte de trabajo con educadores sociales: se ha formado a personas que trabajan en servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia. En total, 26 profesionales de Derechos Sociales e Inclusión del Ayuntamiento de Valencia, que están al pie del cañón en los servicios sociales de la ciudad. “Ha sido un trabajo a dos patas: con colectivos vulnerables y con profesionales que atienden a las personas de estos colectivos”, nos cuenta la coordinadora.

«Ahora nos hemos centrado mucho en la reducción de procesado, la temporalidad para abaratar la cesta de la compra y centrarnos en las compras a granel”, Marta Herrero de Justicia Alimentaria

Después de los itinerarios se hacen evaluaciones participativas y cuestionarios que confirman a Justicia Alimentaria que se han producido bastantes cambios en los patrones de consumo: aumentan las compras más saludables y responsables. “Se fijan en los etiquetados, eligen productos más sanos, reducen el consumo de procesados, de carne… Pero estamos hablando de reducir procesados, no de cambiar hacia el producto ecológico. Éste genera mucho rechazo. Hay la percepción que es solo para unas clases privilegiadas de las que ellas no se sienten parte. Es un comer de pijos, de persona rica y existe un abismo para que puedan acceder a ese tipo de alimentación. A nosotros también nos ha generado controversia: difundimos un modelo al que estas poblaciones no pueden acceder”, sentencia Herrero, y prosigue: “Al final decidimos que no era una prioridad: ahora nos hemos centrado mucho en la reducción de procesado, la temporalidad para abaratar la cesta de la compra y centrarnos en las compras a granel”.

De la alimentación saludable, a la sostenible

Otro proyecto de divulgación sostenible con base comunitaria es Albarrio, un proyecto impulsado por la Fundación Daniel y Nina Carasso, del cual nos habla Viviana Urani, coordinadora del proyecto. “Justamente el proyecto surgió de la pregunta que nos hacemos hoy en este artículo: ¿cómo hacer más accesible la alimentación sostenible a población en vulnerabilidad?”, cuenta Urani, “esta pregunta era el arranque del encuentro La Mesa, un laboratorio social impulsado por la Fundación también entre 20219 y 2020. Allí se movilizaron más de 100 personas del Estado, entre entidades de alimentación y otros colectivos. Vimos que había un espacio de conexión entre alimentación y salud, y un reto: a veces las personas están perdidas en saber referentes de confianza cuando hablamos de alimentación saludable y sostenible. Y de las mismas técnicas de salud viene la demanda de saber qué es sostenible”. Así que Albarrio se centró ahí: en crear referentes de confianza en barrios, empezando por los agentes de salud. “Hacemos que cuando te diriges al centro de salud, al centro cívico, a la biblio, o al mercado recibas la misma información de lo que es saludable y sostenible”, desgrana la coordinadora.

Albarrio empezó su implementación en Barcelona y se ha secuenciado en dos vueltas en un solo territorio: en los barrios de Baró de Viver y Bon Pastor. Ahora, ya se replica en el barrio del Oliver de Zaragoza. El programa consta de 3 fases clave que nos define Urani: “La primera es codiseñar con la comunidad, ajustar todas las piezas de la participación comunitaria, donde es necesaria mucha escucha; el segundo paso es movilizar la comunidad. ¿Quiénes quieren ser referentes en el barrio? En el caso de Barcelona primero formamos a médicos y enfermeras, y éstas lo hacían a técnicos de centros cívicos y bibliotecas, por ejemplo. La tercera tarea ha sido crear una campaña dirigida a la ciudadanía, de difusión y actividades: los niños lo trabajan en la escuela, se hace un taller en el centro cívico, se crea un punto de información en el mercado y también hemos creado un grupo de difusión bastante activo a través de WhatsApp”.

En este proyecto se han dedicado a desglosar los conceptos saludable y sostenible de manera muy práctica: “Por ejemplo, es muy saludable comer aguacate, pero nada sostenible”, cuenta Viviana; y a su vez, han tratado la sostenibilidad más allá del precio: “Hay muchas cosas que las personas podemos hace, por ejemplo, beber agua del grifo. Es más sostenible, pero también más saludable (para no ingerir microplásticos) y te puede conducir al ahorro. ¿Qué sabe mal? Mejórala con filtros o agua perfumada”, concluye Urani. Ella es consciente del “mito del precio”. “Parece que la única manera de ser sostenibles es comprar en un súper exclusivamente ecológico. Pero si entendemos que los procesados no nos aportan, que es mucho más barato comprar manzanas que bollería industrial, que podemos dejar el agua embotellada, o que incorporar los frutos secos es sanísimo, sostenible y barato”, cae el mito, según Urani.

Desde Up Social, que implementó Albarrio, creen que el modelo de trabajo del proyecto funcionó y así lo constata la coordinadora: “El grupo de entidades de participantes en Barcelona organizaron 21 actividades, con agosto de por medio: el Aula Ambiental del Distrito organizó un taller del ciclo del agua para ganar confianza en el agua del grifo; el centro de salud dio las formaciones a los agentes comunitarios; el mercado municipal ofreció un 15% de descuento para los ingredientes Albarrio…”.

Aprender de alimentación sostenibles desde la infancia

En Barcelona hace años que se trabaja el programa Menjadors més sans i sostenibles (MEMSS) -Comedores más sanos y sostenibles-, que promueve cambios en el modelo de comedor para que este sea más saludable, sostenible, seguro y justo. Propone menús escolares con menos carne roja o procesada y más proteína de origen vegetal (basada en legumbres), y promueve productos de proximidad y de temporada. Incorpora más ensalada en la guarnición y fruta fresca en los postres, a la vez que insiste en utilizar aceite de oliva para aliñar y cocinar, así com ofrecer productos integrales.

MEMSS se desarrolla en centros educativos de la ciudad de Barcelona que disponen de servicio de comedor y se trabaja con diferentes agentes: el equipo directivo y profesorado del centro escolar, empresas gestoras de restauración, empresas de personal monitor y familias. Los cambios en los centros se suceden, especialmente en centros de primaria y en la mayoría de los casos, con aceptación. Aunque los cursos superiores son siempre más reticentes a cambiar sus tradicionales macarrones y carne rebozada por opciones más saludables y sostenibles.

El proyecto que presentamos a continuación se sitúa en los institutos. Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) está llevando a cabo en el Instituto Barrio Besòs de Barcelona, en uno de los barrios populares de la ciudad -el Besòs-, el “Menja Proximitat, Menja Just, Menja Drets: Grups de Consum Conscient per la Justícia Global” -Come Proximidad, Come Justo, Come Derechos: Grupos de Consumo Consciente para la Justicia Global-. Este proyecto es cogestinado junto con la cooperativa Tarpuna y financiado por el Ayuntamiento de Barcelona que pretende, a través de diversas acciones, concienciar a las y los adolescentes del impacto de lo que comen.

En una primera avaluación que han realizado “el alumnado participante ha expresado preocupación, miedo y tristeza al aprender y debatir sobre la temática, y aún así, también manifiestan ganas de luchar para cambiar la situación, pues creen que es posible con acciones como comer todo lo que se compra, utilizar alimentos que no contaminen tanto y de proximidad”, explica Sònia Pacheco, tècnica de ACPP. “También es cierto que piensan que la emergencia climática es un problema muy importante pero no todos creen que les afecte directamente a sus vidas”, matiza.

En el primer año de este proyecto se realizaron sesiones formativas con el alumnado y profesorado del centro, con un grupo en concreto de 1º y 2º de la ESO

Este proyecto se ha llevado a cabo por fases: el primer año realizaron sesiones formativas con el alumnado y profesorado del centro, con un grupo en concreto de 1º y 2º de la ESO. En las formaciones se trataron temas como el comercio justo o la Justicia Global. Y se adaptó también un banco de recursos de fichas pedagógicas y prácticas para que el profesorado lo pueda implementar a lo largo de su trayectoria.

El segundo año ha consistido en crear un grupo de consumo consciente, donde está involucrado el alumnado, el profesorado y las familias. Este grupo están recibiendo formación y acompañamiento para intentar que una vez se acabe el proyecto, pueda ser un grupo autogestionado, y continúen con sus cestas de productos sostenibles y de temporada. Lo interesante del grupo es su poder de decisión: deciden qué productos quieren en la cesta, qué quieren cocinar y qué no, y evalúan el impacto que generan. “El sentido del proyecto es la interrelación, que ya está estudiadísima, entre la vulnerabilidad socioeconómica y la vulnerabilidad climática”, apunta Pacheco. A Sònia le cuestionamos si realmente cree que continuará el grupo de manera autogestionada, dado que ahora las cestas son 100% subvencionadas. Sonia responde: “Están empezando a entender qué supone colaborar en un grupo de este tipo e incorporando nuevos hábitos en su vida. Veremos si se apropian del proceso y seguramente ni todas las familias continuarán, ni puedo asegurarte que continúen las cestas”.

Ya hay luz. Los trenes se mueven. Los hospitales han dejado de usar generadores. Las tiendas han reabierto. Los congeladores y frigoríficos refrigeran de nuevo. Internet vuela, sacia, agota. Hasta las llamadas, en clara decadencia, se han multiplicado. Y quienes viven gracias a máquinas respiran más tranquilos.

Perdón, aún no hay luz. En la Cañada Real siguen sin electricidad. Y la luz no se les fue a las 12.30 horas de un martes de finales de abril, el apagón ocurrió hace más de cuatro años aunque el sistema aún no se ha repuesto.

“La electricidad volvió rápido a toda España. ¿Y en la Cañada Real por qué no?”, “Cómo os sentisteis durante el apagón? ¿Os imagináis vivir así cada día?”. Son algunos de los mensajes compartidos en redes sociales por la Asociación Tabadol, compuesta por mujeres que viven en esta barriada de Madrid sin suministro de la red eléctrica. “Durante buena parte del día hemos estao sin luz, igual que las personas jornaleras que malviven en chabolas en los asentamientos de Huelva y Almería. Con la diferencia [de] que tampoco tienen agua y les rodean las ratas por la basura que se acumula alrededor. 20 años llevan así”. Fue el mensaje de Jornaleras de Huelva en Lucha en sus redes.

La experiencia del pasado 28 de abril deja una evidencia: vivir sin electricidad implica en muchos casos no poder trabajar, tampoco cocinar ni tener agua caliente ni internet; y podría haber sido peor porque supone no poder usar radiadores cuando azota el frío, ni aire acondicionado si el calor aprieta. Imposible leer por la noche, salvo que tengas una linterna del siglo pasado, las que funcionan a pilas. Y fundidos a negro los televisores e internet, lo mismo sucede con la información, que va con baterías y a través de ondas radiofónicas.

Vivir sin electricidad es un sinvivir. Más si cabe en un mundo capitalista y digitalizado, en el que pagar un kilo de patatas resulta imposible sin dinero en efectivo. Incluso la línea de telefonía fija está supeditada al suministro eléctrico. Por cierto, también resulta complicado orientarse sin Google Maps, que se lo pregunten a las tantas personas atrapadas en la superficie desconectada de las capitales. ¿Y ahora cómo llego a casa?

Vivir sin electricidad no es vida o, dicho de otro modo, es una vida imposible. Queda el martes 28 de abril como caso de estudio ibérico. ¿Y ahora qué?

Lecciones de un apagón

Toca blindar el acceso a la energía como derecho fundamental. Y eso aplica a todas y a todo lugar, incluidos los no-lugares, léase la Cañada Real o los asentamientos de Huelva y Almería, y los nadies, entre ellas las personas coaccionadas hasta el desahucio por impagos de la factura de la luz (vigente durante la pandemia como parte del llamado ‘escudo social‘, la moratoria de desahucios y de cortes de suministros para familias vulnerables fue derogada por el Congreso a finales de enero de 2025).

“No se trata de acceder a toda la energía que desees, sino de acceder a cotas de energía que permitan satisfacer las necesidades humanas”

El martes 28 de abril como punto de inflexión. Pendientes aún las explicaciones, que por supuesto son obligadas, lo que verdaderamente urge es aprender las lecciones que deja este caso de estudio. La energía como derecho fundamental, como esa condición sin la cual no es posible satisfacer otros derechos clave como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda… el derecho a la vida, a una vida digna de ser vivida.

‘De la vulnerabilidad energética al derecho a la energía’ es el título de un informe de Ecologistas en Acción de 2018. “La idea de consagrar el derecho a la energía como un derecho fundamental es una manera de reforzar un derecho humano, básico e instrumental para el ejercicio de otros derechos fundamentales (como el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación…), ya que se trata de unos derechos irrenunciables para el desarrollo de una vida digna”, sentencia el documento de la oenegé ecologista.

Pero garantizar la energía como derecho fundamental no es posible ni deseable sobre un papel en blanco. Los derechos no pueden sostenerse sobre privilegios. El derecho a la energía debe consumarse sin extractivismo, sin esquemas de dominación sea dentro o fuera del territorio; con justicia. Nada justifica saquear unas zonas (siempre las mismas) para beneficiar otros intereses (siempre los mismos). “No se trata de acceder a toda la energía que desees, sino de acceder a cotas de energía que permitan satisfacer las necesidades humanas”, sostiene la antropóloga y activista ecofeminista Yayo Herrero, en el monográfico de Energías de Pikara Magazine. Su argumento continúa así: “La gran trampa es que aquello que son bienes comunes tenga una gestión privada y sea gestionado con criterios de beneficio o de acumulación del capital”.

Los derechos no caben en los monopolios ni en los oligopolios, tampoco en los mercados

Garantizar la energía como derecho fundamental tampoco se antoja posible si esa energía queda en unas pocas manos privadas, sean las distribuidoras o las encargadas del transporte. Los derechos no caben en los monopolios ni en los oligopolios, tampoco en los mercados.

Energía de todas y para todas

En días de titulares apocalípticos (fundido a negro, el gran apagón, caos total, colapso) hay quien cultiva utopías. “Podríamos haber tenido un sistema más modular, capaz de apoyarse en redes locales capaces de operar de forma independiente a la red principal”, escribe Marta Peirano en El País. Su artículo subraya que la red de alta tensión (es decir, el negocio de la distribución) tiene más de 34.500 kilómetros de líneas, pero un solo corazón que, el martes 28 de abril, sufrió un infarto. Resulta que la tan jaleada transición energética (que si verde, que si renovable) está siendo un más de lo mismo: “Estamos viendo un cambio de cromos de fósiles por renovables, pero el modelo, especulativo y de lucro, es el mismo. O más peligroso, porque tiene toda la buena prensa de la transición a renovables, que son necesarias, pero están colando una forma de entender la energía como una mercancía al estilo clásico”, explicaba Álvaro Campos, profesor e investigador de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), en un artículo publicado por la Fundación Rosa Luxemburg.

Las heterotopías están narradas y han aterrizado en diferentes puntos de la península. Hay cooperativas, claro que las hay. Y hay comunidades energéticas, claro que las hay, aunque buena parte de ellas –muchas de ellas- vengan sustentadas no por la ciudadanía, sino por empresas de toda índole y pelaje, reunidas al calor de las subvenciones públicas. Lo desvelaba hace poco Pikara Magazine: pensadas para descentralizar de forma colectiva el sector eléctrico, las comunidades de energía llegan respaldadas por la Unión Europea, en un bum maniatado por pequeñas compañías cazasubvenciones y también por las grandes eléctricas. Más de lo mismo.

“Cómo recuperar esta gestión de la distribución. Ahí es donde el oligopolio tiene mucho poder, casi un monopolio”

Cooperativas y comunidades dependen finalmente de un sistema que ha variado poco, a pesar de la producción renovable. “Que haya comercializadoras públicas o cooperativas es un primer paso muy interesante en esta lucha para cambiar el modelo, pero no es suficiente porque la comercialización es una parte muy pequeña del sector. El problema está en la distribución y ese es el camino que falta por recorrer: cómo recuperar esta gestión de la distribución. Ahí es donde el oligopolio tiene mucho poder, casi un monopolio”, subrayaba María Campuzano, de la Alianza contra la Pobreza Energética, en el análisis de la Fundación Rosa Luxemburg.

Cambiar el sistema debería pasar por “formar a la gente para que sea activa de la transformación energética”, insistía la ingeniera Esther Muñoz Alonso. Y también por decrecer, por consumir menos energía. “Las energías renovables y limpias no pueden sustituir todo lo que proporcionó el petróleo” fue el titular de la entrevista a Yayo Herrero en Pikara Magazine, hace ya unos años. Pero en esas seguimos, pretendiendo que las energías renovables –manejadas por las mismas empresas de antes- mantengan idénticas demandas sin variar el sistema existente.

Ya hay luz, pero no para todas. Esto no ha sido un simulacro, sino una llamada de atención. No podemos vivir así, la Cañada Real y los asentamientos de temporeras tienen que estar conectadas porque la energía debe ser un derecho. El 28 de abril ha sido el sopapo que nos recuerda lo dependientes que somos de ese único corazón que bombea para que sigamos consumiendo, trabajando y produciendo, sí, pero también viviendo. Así que, puestas a entender los entresijos y las fallas del sistema eléctrico, habría que considerar la tecla del menos. Energía para todas, pero ni a cualquier precio ni como expolio ni en unas pocas manos privilegiadas.

Ponente: Francisco Ortega Martínez

La cooperativa de consumo es una de las figuras jurídicas más adecuadas para gestionar una comunidad energética, pero a menudo nos parece complicada de gestionar.

En este webinar desmitificamos el proceso para que puedas dar el paso con seguridad y confianza, de la mano de Francisco Ortega Martínez de Valanze Gestión Empresarial, S. Coop. And.

Aprenderemos sobre:

•  Obligaciones contables y fiscales.
• Aportaciones obligatorias a capital social.
• Fondos cooperativos.
• Administrar donaciones y subvenciones.
• Financiación por aportaciones voluntarias a capital.
• Gestión del Autoconsumo colectivo.

La cooperativa de consumo es una herramienta poderosa, accesible y sencilla.

¡ Súmate y construyamos juntas un modelo energético democrático con figuras jurídicas de la Economía Social !

Inscripciones

Fuente: Enredacoop

Descuentos irresistibles, promociones que no puedes dejar escapar, ofertas de último minuto “o ahora o nunca”… A menudo llegan en forma de llamada y saben tu nombre, qué tarifa tienes contratada y, sobre todo, saben (según ellos, claro) lo que más te conviene. También son frecuentes los correos electrónicos, los anuncios en televisión, en las redes… Así es como nos hemos acostumbrado a que grandes compañías entren en nuestras vidas para ofrecernos grandes paquetes de llamadas y megas ilimitados. ¿Se podría considerar publicidad engañosa?

La publicidad engañosa

Antes de poder analizar si nos encontramos ante publicidad engañosa o no, es necesario saber qué es. Básicamente, utilizamos este concepto para referirnos a anuncios que se construyen a partir de información falsa, ambigua u oculta datos relevantes con el objetivo de activar decisiones de consumo en el público al que se dirigen. Este público acaba tomando decisiones que, tal vez, no habría tomado si hubiera conocido toda la verdad.

En España, hacer publicidad engañosa es delito y está prohibido por la legislación. Esto significa que es ilegal y sancionable y, por tanto, las empresas que hacen publicidad engañosa pueden enfrentarse a multas importantes, sanciones y, en casos graves, responsabilidad penal. Pero la realidad acaba siendo otra, puesto que demostrar que una empresa está haciendo publicidad engañosa puede ser realmente complicado: a menudo, las compañías tienen estrategias muy bien pensadas que las ampararían en caso de denuncia.

Este artículo está pensado para ayudarte a detectar una posible publicidad engañosa. De entrada ya avanzamos que muchas de sus estrategias juegan con la letra pequeña y mensajes ambiguos.

Las empresas que recurren a esta práctica proceden de diversos sectores de consumo. En el caso de las grandes operadoras de telefonía e internet, muchas promociones pueden considerarse engañosas porque anuncian tarifas muy bajas que resultan temporales, velocidades de internet que no se alcanzan en la práctica o descuentos asociados a permanencias con penalizaciones ocultas. Esto hace que muchos clientes acaben pagando más de lo que esperaban o se encuentren atrapados en contratos con condiciones desfavorables. Lo desgranamos todo en este artículo.

Los 4 trucos más habituales de las grandes operadoras

No existe una fórmula clara que nos permita detectar posibles medias verdades, engaños o, directamente, estafas. Pero sí suelen responder a cuatro patrones que comentamos a continuación. Te explicamos en qué consisten las prácticas, te ponemos ejemplos para que quede más claro y damos consejos para no caer en la trampa, aunque la mejor forma de evitarlo es optar por compañías transparentes y con valores.

1. Precios promocionales que suben a los pocos meses

Muchas compañías ofrecen precios irresistibles pero sólo durante un tiempo limitado. En el momento de vender el producto realzan mucho el bajo precio para captar nuestro interés y, al cabo de unos meses, la tarifa sube drásticamente. A menudo, estos cambios se encuentran en la letra pequeña del contrato y son difíciles de detectar.

Ejemplo: una operadora ofrece fibra y móvil por 25€/mes, pero a los seis meses pasa a 50€ automáticamente.
¿Cómo evitarlo? Lee bien el contrato y si detectas una cláusula que limita la duración de la promoción, realiza cálculos y asegúrate del precio que acabarás pagando. También puedes preguntar específicamente a la operadora por la duración de la tarifa.

2. Permanencias abusivas y penalizaciones escondidas

Las operadoras a menudo obligan a contratar permanencias entre 12 y 24 meses con penalizaciones económicas si decides marcharte antes. Es muy habitual en promociones en las que te regalan un móvil o te hacen un descuento importante. En estos casos, lo que acaba ocurriendo es que el regalo (el móvil o el descuento) lo acabas pagando con la permanencia.

Ejemplo real: penalizaciones de hasta 300€ por querer cambiar de compañía antes de tiempo.
¿Cómo evitarlo? Sospecha cuando la contratación vaya asociada a un regalo oa una oferta importante, revisa bien las cláusulas del contrato antes de firmar o rechaza de entrada cualquier permanencia.

3. Servicios adicionales que no has pedido

Algunas operadoras te activan servicios extra sin avisarte, como suscripciones a plataformas de TV, antivirus, contestadores, tonos de llamada personalizados… El principal problema es que cuando te das cuenta, hace meses que lo estás pagando.

Ejemplo real: clientes que descubren que pagan 3€ al mes por un servicio de llamadas internacionales que nunca han activado.
¿Cómo evitarlo? Revisa las facturas en detalle para comprobar que lo que pagas es realmente lo que has contratado. Si detectas algo extraño, consúltalo con la operadora y, en cualquier caso, desactiva cualquier servicio que no necesites.

4. Publicidad engañosa con velocidades irreales

Prometen velocidad cósmica y anuncian internet a 1 Gbps, pero la realidad es que alcanza velocidades mucho más bajas por limitaciones técnicas. Existe, pues, una clara diferencia entre la velocidad contratada y la velocidad real disponible.

Ejemplo real: contratar fibra óptica “ultrarápida” y descubrir que en casa sólo llega a 300 Mbps.
¿Cómo evitarlo? Consulta mapas de cobertura y solicita información técnica antes de contratar. En la red puedes encontrar bastante información con mapas de cobertura.

En términos generales, para evitar engaños, fraudes o caer en las trampas de la publicidad engañosa, aparte de los consejos específicos para cada tipo de estrategia comercial, se recomienda:

Antes de firmar nada, revisar bien los contratos y prestar especial atención a la letra pequeña.
Asegurarse de que el precio de las promociones es el precio final o si sólo tiene vigencia un tiempo determinado; en caso de que así sea, revisar si vale la pena (quizás nos ahorramos mucho dinero al principio, pero después acabamos pagando más).
Comprobar las facturas para la detección de cargos desconocidos o innecesarios.
Elegir compañías con tarifas claras y sin permanencia.
Denunciar prácticas abusivas en organizaciones de consumidores, como por ejemplo IDC.

Alternativas éticas y transparentes: Somos Conexión

Opciones llevamos años trabajando con Som Connexió, una alternativa sin permanencias, con tarifas transparentes y sin servicios ocultos.

Es una cooperativa de consumo que ofrece servicios de telecomunicaciones éticas y transparentes. Nace como alternativa a las grandes operadoras para garantizar un acceso a Internet y telefonía sin abusos, sin permanencias y con tarifas justas. Al ser una cooperativa, pertenece a las personas que son socias, que participan en la toma de decisiones y contribuyen a un modelo de consumo más consciente y responsable.

A diferencia de las compañías tradicionales, Som Connexió prioriza las necesidades de las personas por encima de los beneficios económicos. No invierte en publicidad agresiva ni en estrategias engañosas, como las que hemos reflejado en este artículo, sino que apuesta por un modelo basado en la confianza, la transparencia y el apoyo mutuo. Además, trabaja para impulsar una infraestructura de telecomunicaciones más sostenible y colaborativa, apoyando redes comunitarias y proyectos de Internet de proximidad.

Con Som Connexió, el consumo de telefonía e internet se convierte en una herramienta de transformación social. Apostar por la cooperativa significa apoyar a una economía más justa, fomentar la soberanía tecnológica y evitar prácticas abusivas de las grandes empresas del sector. Es telecomunicación sin trampas, con valores y con una mirada hacia el bien común. ¿Te apuntas?

Fuente: Opcions

El 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de las Personas Consumidoras y el Consumo Responsable. Esta fecha nos invita a reflexionar sobre la importancia de proteger nuestros derechos como personas consumidoras y nos anima a adoptar un consumo consciente, que no sólo satisfaga nuestras necesidades, sino que también favorezca el bienestar colectivo, respete el medio ambiente e impulse una economía sostenible. Éste es el objetivo de la cooperativa Opcions. Joana Ariet, su responsable de comunicación, nos explica lo que hacen y cómo trabajan.

Cuando nació Opcions, ¿cuál es su objetivo principal y cuántas personas forman parte?

Nació hace más de veinte años con la inquietud de promover un nuevo modelo de consumo responsable o consumo consciente, como le decimos en Opcions, porque implica poner conciencia en lo que se hace. El primer paso es reflexionar sobre nuestras necesidades, que es dónde aportamos la nota de conciencia. Cualquier apellido que se le ponga a consumo, sea responsable, ético, sostenible o social, nos encaja.
Ahora mismo, forman parte de Opciones cuatro personas trabajadoras, alrededor de 3.000 socias de consumo y unas 100 socias de servicios, que son entidades vehiculadas a través de La Zona, el mercado digital que impulsamos en 2020-2021.

¿Por qué crees que el consumo responsable es clave en el actual contexto socioambiental?

Es la forma de comunicarnos en nuestro día a día. Tenemos muy claro que la forma de elegir quien nos dirige es a través de las urnas, pero con las acciones de consumo también estamos determinando cuál deriva toma todo. Y esto lo hacemos constantemente. A lo largo del día hay un montón de acciones que determinan hacia dónde llevamos las cosas. Esto es clave en un contexto socioambiental porque permite afrontar diversos retos globales, como el cambio climático y la desigualdad económica. El consumo permite agravarlos o frenarlos. En términos ambientales, es una herramienta indispensable para la protección del medio ambiente, pero también clave en términos de justicia social. Todo esto acaba teniendo un impacto global. Y también deberíamos pensar en el impacto que puede tener en el futuro y qué estamos dejando a las próximas generaciones.

¿Qué proyectos o campañas tiene en marcha y con qué recursos cuenta para llevar a cabo estas iniciativas?

Encontramos la financiación a través de las cuotas de las socias, de proyectos que ofrecemos a las administraciones públicas y mediante subvenciones. Tenemos muchísimas campañas, entre las que destacan La Zona, que supone un trabajo continuo y se centra en dos puntos: los proyectos que no tienen un escaparate en internet o lo tienen muy vulnerable y necesitan vender sus productos online, y las personas que quieren consumir determinados productos a través de internet de acuerdo con sus valores. Sin embargo, siempre potenciamos el comercio de proximidad y la tienda física. También tenemos los cuadernos, la revista Opcions. En junio aparecerá uno sobre internet y tecnologías ya finales de año otro sobre el negocio de la salud. Las publicamos en papel, las distribuimos entre las socias y también están en puntos de venta como Abacus o Bonpreu.

¿Qué estrategias utiliza para llegar a más personas e incentivar cambios en los hábitos de consumo? ¿Qué propuestas tiene o prevé de cara a llegar más concretamente a los jóvenes, que son siempre el público que más nos preocupa llegar?

Intentamos estar siempre donde estar nuestro público. La clave para incentivar cambios de hábitos de consumo es hacer las cosas fáciles y cómodas, es lo que quiere la gente. En el ámbito digital, ofrecemos herramientas que permiten incorporar estos cambios de consumo. También tenemos una automatización de correos de retos: Un mes, un cambio. Cada veintiún días enviamos información para facilitar cambios en diferentes sectores.
Tratamos de llegar al público joven en alianza con otras entidades, como La Coordi o FETS, yendo a los espacios donde pueden haber jóvenes. Recientemente, desde la Federación de Cooperativas de Consumo y junto con la sección de jóvenes de Bloc4BCN, se está realizando un estudio para ver qué interesa a los jóvenes en hábitos de consumo. Y también, dentro del grupo SomESS de la Estrategia #ESSBCN2030, se está pensando en acciones de comunicación que puedan captar más su atención, como es la Febrerada. No lo hacemos de forma individual como Opciones, porque nuestro público es mayor, pero sí queremos hacer una sensibilización a la gente joven. Nuestras campañas son de sensibilización y no necesariamente están pensadas para que la gente haga algo, sino para que, simplemente, piensen de forma diferente, añadiendo un punto crítico.

¿Cómo la mejora en el consumo de las personas repercute en los barrios en particular y en la ciudad de Barcelona en general?

Refuerza la economía local y el consumo de proximidad, muy importante en los barrios; favorece la sostenibilidad de nuestras calles; cohesiona la comunidad. Y todo ello hace que mejore la calidad de vida de la ciudadanía. Apostamos mucho por un comercio de proximidad, que acaba revitalizando las calles, fortaleciendo su identidad y potenciando el tejido asociativo. Esta apuesta significa que estamos descartando las compras por internet y sus consecuencias por la ciudad (emisión de gases de efecto invernadero, ruido de la circulación, congestión de las calles…). Esto nos encamina a avanzar hacia una ciudad más pensada para la gente que vive allí. Debemos ir hacia un modelo que conserve la esencia de los barrios y huya de la gentrificación, que dé pie a la construcción de una red social más fuerte, una ciudad más sostenible y con menos desigualdad. Creemos que el consumo puede favorecerlo notablemente.

Opcions no sólo promueve un cambio en el consumo individual, sino que también incide social y políticamente. ¿Qué papel debe jugar la Administración pública?

Para nosotros tiene un papel clave. Es fundamental que una Administración pública tome conciencia de su poder, por ejemplo en la comida que se sirve en escuelas, institutos y hospitales. Esto debería responder al modelo alimenticio que queremos. En este aspecto, hemos desarrollado proyectos con la administración, concretamente con el Ayuntamiento de Barcelona.

La cooperativa abarca distintos sectores de consumo: energía y agua, alimentación, movilidad, finanzas, ropa y salud y cosmética. ¿Considera algunos especialmente claves?

Todos ellos pueden generar un impacto, a pequeña o gran escala, y están todos relacionados. No tiene sentido hablar de alimentación si no hablamos de agua, o hablar de energía si no hablamos de finanzas. Además, hay que tener en cuenta al público al que nos dirigimos, que en el caso de Opcions es muy heterogéneo. Nos es fácil conectar con el público más joven como el de los institutos, a través del sector textil, que les despierta mucho interés, pero si nos dirigimos a una cooperativa de vivienda, seguramente les interesará hablar de las comunidades energéticas. Por tanto, aunque puede haber algunos sectores con mayor impacto en función de lo que valoramos, nuestra labor de sensibilización se mueve en función de con quién hablamos y qué necesita. De acuerdo con esto, reforzaremos un sector u otro.

¿Qué papel juega la tecnología en la transformación hacia un consumo más consciente?

Algo bueno es que es una herramienta que nos da mucha facilidad para acceder a muchos públicos; nos sirve para ser más creativas y eficientes. Pero también tenemos dos malas: que existe una brecha digital y debemos hacer cosas para suplantar esta carencia, y el impacto negativo que tiene en los países de donde se extraen los recursos que generan el material tecnológico para fabricar los dispositivos electrónicos, lo que genera graves impactos sociales y ambientales.

¿Qué importancia tiene la interacción con otras entidades de la ESS, y no sólo las de consumo?

Es clave, sobre todo, cooperar con entidades que no son propiamente de consumo. Permite ampliar nuestros recursos, nuestro conocimiento y nuestro impacto. Es como si se ampliara el equipo de trabajo y donde no llega una, llega la otra. Para nosotros no es competencia, es intercooperación y hemos realizado muchos proyectos y campañas con otras entidades.

Más allá de la Feria de Consumo Responsable y de ESS de Barcelona, ​​¿qué acciones de sensibilización destacarías?

Una que nos ha funcionado muy bien son las formaciones del último año en el Eixample, Les Corts, Gràcia y Horta-Guinardó para formar “agentes impulsores del consumo consciente”. Ha tenido bastante éxito porque se han creado dos grupos de activistas que se reúnen una vez al mes para ver lo que pueden hacer. También intentamos estar presentes en la Feria de Consumo Responsable y de ESS, la FESC, en mercados de payés…
Nos hemos dado cuenta de que, aunque la comunicación digital nos ha facilitado muchas cosas, nuestro público agradece mucho el contacto físico. Así, utilizamos las redes para difundir información y sensibilizar, pero la gente tiene ganas de contacto, de vivir experiencias en el sitio, más emocionalmente.

¿Qué objetivos concretos tiene para 2025? ¿Y cuáles son los principales retos que afrontará el movimiento del consumo consciente en los próximos años?

El consumo es una poderosa herramienta de transformación social, debemos creerlo y actuar de acuerdo con ello. Es un grandísimo reto. Si bien es cierto que cada vez hay más personas concienciadas con la necesidad de realizar cambios, todavía no somos suficientes. Opciones tiene buen recibimiento, pero nos falta encontrar el gran altavoz que nos permita esparcir el mensaje por todas partes. Diría que es nuestro principal objetivo. Nos gustaría destacar entre la gran cantidad de información sin contribuir al ruido y el colapso informativo.

https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/actualitat/noticies/el-consum-permet-agreujar-o-frenar-els-reptes-globals-en-termes-ambientals-es-una-eina-indispensable-per-la-proteccio-del-medi-ambient-pero-tambe-es-clau-en-termes-de-justicia-social-1492296?utm_content=C5644-I36&utm_source=ecoms&utm_medium=email&utm_term=Bloque%20entrevista-contingut

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona

Cada persona en España consume una media de 34 prendas al año, según datos de la Asociación Ibérica de Reciclaje Textil de 2017), casi seis de cada diez compran ropa cada mes y generan más de 20 kg de residuo textil por persona al año, según Agencia Europea del Medio Ambiente. Tres de cada cinco prendas textiles, acabarán en un vertedero o incineradora en un año.

Visto así es innegable que hay que poner remedio. ¿Qué hacer con toda esta ropa que ya no vive en nuestros armarios? Y que conste que son armarios de toda clase: el mismo estudio de AEG antes citado mostraba como, no por ser de clase más alta, tiramos antes la ropa. Justo es la clase social media la que aguanta su ropa más de 10 años, aunque con patrones bastante similares a la clase baja seguida de la clase alta.

¿Tirar o no tirar la ropa al contenedor del reciclaje?

Hace unos meses se publicó un artículo en El País dispuesto a dejarnos la conciencia intranquila ante un informe de Greenpeace que alertaba que tirar ropa al contenedor de reciclaje no es solución de nada: el informe, hecho a raíz de una investigación poniendo localizadores a prendas de ropa depositadas en contenedores para reciclar textil, tanto de tiendas como de ayuntamientos, advertía que la mayoría de esas prendas iban fuera de España y a sitios inciertos.

Celia Ojeda, responsable de esta campaña de Greenpeace afirma que “con este informe demostramos que no todas las prendas que tiramos al contenedor tienen la finalidad que pensamos. Es lo mismo que con el plástico: depositamos la confianza en la administración y en las empresas, pensando que la ropa tendrá una segunda vida o que tendrá un proceso de reciclaje textil industrial. Pero demostramos que muchas de estas prendas acaban en vertederos, muy a menudo en terceros países. Y que estas prendas dan muchas vueltas. Si suman todos los kilómetros, viajan más que cualquier rico: que si a Abu Dabi, a Qatar, a países del este de Europa… Demostramos que la cantidad de ropa que acabamos tirando o reciclando no es sostenible”.

Si analizamos bien el informe de Greenpeace, queda claro que las prendas viajaron muchísimos kilometros. El que más, un pantalón recorrió 22.532 kilómetros. Pero la investigación no aclara dónde acabaron todas las prendas. Algunas sí las identificaron (de las dos que se quedaron en España, una acabó en un vertedero; otra en una planta de reciclaje) pero otras no, por lo que cabe tener esperanza que son vestidas en una segunda vida.

Si vamos al contenedor, ¿dónde acaba esa ropa?

Pero vayamos por partes: Greenpeace afirma que solo el 4% de los residuos que se generan se recogen para reciclar; pero entidades gestoras de residuos textiles, como Solidança, afirman que esa cifra asciende hasta el 12%. Solidança, a través de su responsable de Medio Ambiente, Nati Yesares, afirma que entre un 10 y un 20% de esa recogida se puede reciclar en tiendas de segunda mano, un sector de venta, recuerda, “que ha sido desarrollado por las gestoras, generando una opción de compra diferente y que no existía hasta el momento”. Yesares también reivindica su papel: “Nuestra recogida de ropa anual es de 7.700 toneladas al año”. Greenpeace, en cambio, afirma que la generación de residuos textiles en España es cercana a un millón de toneladas anuales. “Solo en la Fundación Solidança están vinculadas laboralmente a esta recogida 180 personas, 143 de las cuales haciendo un itinerario de inserción laboral en Barcelona, Girona y Madrid”, afirma Yesares. Y Setem, desde su campaña Roba Neta, recuerda que duplicar el tiempo de vida útil de una pieza de ropa supone una reducción del 44% de gases de efecto invernadero que produce el sector de la moda.

Sigamos con los tanto por cientos. Si a las tiendas vintage solo va, como máximo, el 20% de la ropa para reciclar: ¿dónde va el 80% restante? “Se vende fuera de España. Y es verdad que una vez vendida, no sabes muy bien dónde acaba”, cuenta Yesares. “Esto es lo que está dando a conocer Greenpeace, que Europa está exportando mucho volumen de ropa para su venta de segunda mano, y que una vez fuera, es más difícil prever una buena gestión e información sobre esa ropa”, admite. “Pero es demasiado parcial decir que no sirve de nada tirarla al contenedor. La gestión del textil es muy limitada, en parte, por la tipología del propio residuo. El textil es muy complejo y no hay desarrollado un circuito de reciclaje que pueda acoger tantos kilos de ropa”, sentencia la responsable de Solidança.

Lo que no nos “pone”, otros se lo ponen

Los países en vías de desarrollo son los principales consumidores de ropa de segunda mano. Las ropas de desecho de un 20% de la población mundial visten al 80% del resto del mundo.

Tanto Greenpeace, como Solidança como Setem coinciden en lo mismo: cada día la ropa es de menor calidad lo que dificulta su reciclaje y su vida útil, sea en Europa como en otros países. Porque como aclara Ojeda: “La ropa de segunda mano es una ropa valorada. Pero si la calidad de la ropa es muy mala, y la calidad va empeorando según se desarrolla más la fast fashion, va empeorando la generación de residuos en estos países, que no tienen infraestructura suficiente”.

Reciclar no es suficiente

Setem, Solidança y Greenpeace van a una cuando dicen que “reciclar no es suficiente”. “Lo único que hace es abrir más puertas al problema”, aclara Ojeda. “Debemos reforzar las otras partes de la cadena, reducir y reutilizar. No nos esforzamos en consumir moda local, más sostenible, en reutilizar ropa, en repararla. Nos han enseñado a vaciar el armario, reciclar y volver a comprarte lo que quieras. Y a las empresas les viene fenomenal, porque continúan con su negocio y tú, cómo consumidora no critica, piensas ‘lo estoy haciendo bien’”. Y continúa Ojeda: “Aclaro, a veces nos pasamos pidiéndole al consumidor. Y la demanda va a las empresas. Éstas han generado un modelo y se hacen las cómodas. Y las clientas también”.

Judith Talvy, responsable de la campaña Roba Neta, está alineada con la misma visión: “El consumo se está sobre desbordando”, especialmente con la moda ultrarrápida de marcas como Shein. La moda rápida conseguía nuevos diseños en tres semanas. La ultrarrápida, lo consigue en uno. Este sobre consumo tiene implicaciones en todo: en los residuos que genera y en la calidad de los textiles (que implica poder reciclar o no). “Así que nosotros recomendamos la prevención para reducir el consumo y la generación de residuo”.

Ojeda, más allá de crítica, es también propositiva: desde Greenpeace promueven otros modelos de consumo textil, como en los países nórdicos, donde existen centros comerciales de segunda mano; o la posibilidad de encontrar en tiendas grandes y pequeñas, talleres de reparación o de reactualización de tu ropa.

Y la ley, ¿no dice nada?

La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, sí dice. Respecto al textil, pide fomentar el diseño y la fabricación de unos productos eficientes y duraderos en términos de vida útil, con ausencia de una obsolescencia prematura y preparados para ser reparables, reutilizables y actualizables. Y establece para antes del 31 de diciembre de 2024, que las entidades locales deberán de pasar a instaurar una recogida separada para los residuos textiles, cuyo tratamiento, gestión, reciclaje y revalorización deberán asumir los agentes productores en los términos con los que siga desarrollándose la norma.

Para agarrar la ley, el 2023 se fundó la Asociación para la Gestión del Residuo Textil y el Calzado, hoy llamada Re-Viste, donde las principales multinacionales de la moda con presencia y actividad en España dicen trabajar para la gestión de los residuos del sector construyendo un futuro más eficiente e innovador.

Pero Ojeda vuelva a la carga: “Estas empresas se están basando en los contenedores. Todo son Zara y HM poniendo contenedores… HM, por ejemplo, te ofrece un cupón digital de agradecimiento para utilizar en tu siguiente compra. Un bono para seguir comprando. Y la idea no debería ser esa: la idea es parar este motor. Pero ellos no quieren parar. Solo miran el reciclaje. Y nuestro país no está preparado para tanto reciclaje. Incluso el gremio de recicladores no quieren la fast fashion, porque ellos utilizan el textil para procesos industriales, pero la moda rápida no tienen calidad, por lo que no les sirve”.

Ojeda defiende que otro modelo debe ser posible, como el de revender ropa usada de la misma marca, como ya hacen algunas marcas, aunque minoritarias, como Boboli. “El sector textil debe cambiar y el sector del reciclaje, mejorar. Necesitamos normativas más duras a nivel estatal y europeo. Y no podemos poner toda la presión en la gente: la debemos poner en las empresas y el gobierno” reafirma esta activista de Greenpeace.

Preconsumo: ropa diseñada para que nadie la compre

Si nos centramos en los pormenores de la Ley española hay un dato clave y carente de sentido: queda prohibida la destrucción de la ropa preconsumo. ¿Y qué es la ropa preconsumo? Los retales y desechos para hacer las prendas… pero también el colmo del consumismo: la industria de la moda ha llegado a un nivel de producción tan bestia que genera ropa que nadie compra. Generar colecciones de moda sin parar genera costes y uno es generar prendas que nadie comprará en tienda.

Parece que algunas empresas de moda donan este tipo de ropa a algunas gestoras, pero no es una información confirmada. Las cuatro fuentes preguntadas en este artículo, no respondieron. Entre ellas, la asociación Retail Textil España (ARTE), que agrupa a más de 40 grandes marcas españolas como H&M, Inditex o Mango, y que ante nuestras preguntas (les preguntamos con qué gestoras de reciclaje trabajan, los kilos de ropa que recogen de sus contenedores, sobre si generan ropa preconsumo, sobre la calidad de su ropa…) aseguraron “no disponer de la información” y “solo poder informar del carácter institucional de la asociación”. Entre las preguntas que sí quisieron contestar, su Presidenta Ana López-Casero, la de su misión: “La sostenibilidad, la transparencia, el talento y el conocimiento”.

¿Y ahora qué hacemos?

Solidança pide a los gobiernos ser más ambiciosos en la sensibilización, la reducción de la producción y el fomento del reciclaje y la calidad. A las empresas, pedirles mejoras y uso del ecodiseño y mejorar el proceso de reciclaje; y a las personas, prevenir y no tirar ropa. Pero si la tiramos “sí es importante la recogida selectiva”.

“En Cataluña existe el Pacto para la Moda Circular, donde se han juntado empresas, gestoras de reciclaje y entidades de sensibilización para trabajar y crear sinergias. Un pacto donde se han avanzado a una posible ley catalana y se han marcado unos objetivos de reciclaje”, cuenta Yesares. No existe nada similar a nivel estatal pero cuentan desde Solidança que el Ministerio está fijándose en él.

Solidança se ha unido a Retexcat, “una iniciativa con empresas de moda, trituradoras y otras entidades que pone en circuito la producción de colecciones con hilo reciclado, para demostrar que se pueden producir colecciones competitivas de la misma calidad que otras colecciones producidas con hilo natural pero con apuesta de km0 y aprovechando residuo”, cuenta Yesares. Iniciativas como esta también suman y dan visión de futuro a las empresas.

Desde ARTE aseguran que el compromiso del sector en materia de sostenibilidad medioambiental se refleja en acciones concretas como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de materias primas más sostenibles y la implementación de prácticas de economía circular. Afirman que, desde 2018, el sector retail textil ha reducido sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 19%, mientras que las emisiones de CO₂ han disminuido un 16%, según datos del informe.

También afirman apostar por la optimización de los recursos naturales (uso de algodón orgánico y otras materias primas sostenibles y recicladas, sustitución de plástico en embalajes, reducción de consumo de bolsas) y la apuesta por la circularidad de los procesos y productos que, gracias a la apuesta por el ecodiseño, entre otras iniciativas, se han podido integrar fibras textiles recicladas, que reducen las necesidades de nuevas materias primas y minimizan los procesos químicos al prescindir de procesos de blanqueamiento y tinte. Además, la inversión realizada por las compañías ha desarrollado técnicas que permiten utilizar los residuos textiles para fabricar otros productos y dentro del sector ya se ha consolidado el uso de algodón orgánico”. A ARTE le pedimos ejemplos concretos, pero otra vez nos han argumentado “no disponer de esa información”.

Fuente: El salto Diario

Cambiemos el foco sobre el uso de la tecnología y plantemos cara al Mobile World Congress

El Mobile Social Congress llega a su 10ª edición con la propuesta de abordar, desde una mirada crítica, diversas cuestiones de actualidad en relación con la comercialización de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA), así como las dinámicas y prácticas empresariales del sector electrónico y de las big tech.

Un año más, coincide con el Mobile World Congress con el objetivo de generar un espacio alternativo, accesible y gratuito, para denunciar las injusticias de un modelo de producción y consumo global basado en el extractivismo y la externalización de los impactos sociales y ambientales en el Sur Global y en colectivos vulnerables.

El Mobile Social Congress promueve una reflexión crítica sobre el impacto que tiene la producción y comercialización global de tecnologías digitales y la IA en las personas y el planeta. Es un espacio abierto a la ciudadanía que se organiza como respuesta al Mobile World Congress.

¡Este año celebramos la 10ª edición! Abordamos temas como el extractivismo de recursos, las barreras al sindicalismo y las implicaciones de los productos tecnológicos en conflictos globales como el genocidio en Gaza. ¿Qué colectivos sufren los costos ambientales y sociales? ¿Qué lógicas de poder hay detrás de las tecnologías digitales? ¿Qué papel juegan las Big Tech?

Construyamos un modelo tecnológico más justo y más humano, alternativo a las lógicas de consumo y producción actuales. ¡Ejercemos nuestra soberanía tecnológica!

 Lunes 3 de marzo: Software libre para la gestión de entidades y empresas, con SomNúvol.  A las 16h en el Canòdrom (BCN)
 Martes 4 de marzo: La Turra (pódcast en directo – IA: ¿utopía o distopía?) y actuación musical de Alosa.  A las 19h en la Nau Bostik (BCN)
 Miércoles 5 de marzo: Tarde de charlas y piscolabis.  De 17h a 22h en el CCCB (BCN)

 Inscripciones en este enlace. 

Como cada año, pocas semanas antes de la llegada del Mobile World Congress a Barcelona, desde Setem Catalunya nos invitan al Mobile Social Congress 2025, la contrarrespuesta crítica y ciudadana.

¡Este año se celebra la 10ª edición! Con temas como el extractivismo de recursos, las barreras al sindicalismo y las implicaciones de los productos tecnológicos en conflictos globales como el genocidio en Gaza.

¿Qué colectivos sufren los costes ambientales y sociales? ¿Qué lógicas de poder hay detrás de las tecnologías digitales? ¿Qué papel juegan las Big Tech?

• Lunes 3 de marzo: Software libre para la gestión de entidades y empresas, con SomNúvol. A las 16h en el Canòdrom (BCN).
• Martes 4 de marzo: La Turra (podcast en directo – IA: ¿utopía o distopía?) y actuación musical de Alosa. A las 19h en la Nau Bostik (BCN).
• Miércoles 5 de marzo: Tarde de charlas y piscolabis. De 17h a 22h en el CCCB (BCN). Presencial y en línea.

Os animamos a inscribiros y disfrutar de las actividades en este enlace.

Las energías renovables, además de disminuir las emisiones a la atmósfera, reducen la dependencia energética garantizando un suministro autóctono y seguro. Nuestro país es uno de los 15 mayores consumidores de energías limpias del mundo.

Al disponer de los datos del 2024, podemos hacer un balance de la energía renovable que hemos consumido el año pasado y también saber su procedencia y como está desglosada en el mix energético.

La mayor parte de la energía renovable producida en España se utiliza en la generación de electricidad. No en vano, la generación renovable alcanzó una cuota del 55,8% en 2024, lo que suponen 149 TWh. Mientras que la potencia renovable instalada volvió a superar nuevamente a la no renovable. Y es que en este último año, las energías limpias representaron alrededor del 61,5% de la potencia eléctrica del país, lo que equivale aproximadamente a 77.000 megavatios de capacidad renovable.

Según Red Eléctrica, en España hay instalados 22.042 aerogeneradores repartidos en más de 1.300 parques eólicos y han producido el pasado año un total de 60.846 GWh. Adelantando a la energía nuclear, y a los ciclos combinados, logrando el 22.9% de la producción.

La nuclear por su parte consta de 7 instalaciones en activo y han generado 52.055 GWh en 2024 y que le otorga la segunda plaza con un 19,6% de la producción.

El ciclo combinado, que usa principalmente gas natural se sitúa en la tercera posición con un 19.4% de la producción . Las centrales térmicas de ciclo combinado suponen el 13,2% y más un 6,2% de la cogeneración.

En la cuarta plaza encontramos a la solar fotovoltaica con una producción de 45.000 GWh supone el 16.7% de la producción eléctrica en país. Mientras que la termosolar supone apenas el 1.8% de la generación.

La hidráulica por su parte ha logrado el 13% de la producción y destacar la práctica desaparición del carbón en la producción eléctrica ocupando apenas el 1.1% en 2024.

El consumo energético durante el 2024 ha sido de 248.811 GWh y la generación ha sido de 262.247 GWh (149000 GWh de energía renovable)

Las cooperativas energéticas socias de Unión Renovables solo ofertan energía 100% renovable y durante el 2024 han generado 54GWh de energía renovable mediante los proyectos de generación renovable de las cooperativas, comunidades energéticas y autoconsumos.

Se apuesta por un modelo de generación sostenible y en manos de las personas. Posibilitando la soberanía en la toma de decisiones sobre la generación con energía renovable y teniendo en cuenta aspectos como el bien común, impacto social o respeto al medioambiente.

Consumir electricidad con una cooperativa energética es una garantía y compromiso de impulsar más energía renovable frente a otras fuentes contaminantes

Geltoki inaugura el viernes 7 de febrero la exposición con los trabajos del artista y enfermero Alain Giacchi, quien propone con su obra una reflexión sobre las líneas fronterizas en nuestro mundo. Explora el sentimiento de pertenencia y extrañeza que ha experimentado en su propia trayectoria vital, como tantos millones de personas en movimiento por el mundo. Como parte de su compromiso con el derecho a la salud de todas las personas, todas las culturas y todos los pueblos, Alain cede varias pinturas de su serie “Del mar y la arena” a la oenegé medicusmundi para su exhibición y venta solidaria, con el objetivo final de recaudar fondos destinados a los proyectos de cooperación sanitaria que esta asociación, con más de 50 años de vida en Navarra, desarrolla hoy día junto a comunicades de Ruanda, Senegal, Mali, la República Democrática del Congo, Bolivia, El Salvador y Guatemala.

Además, el espacio desarrolla a lo largo del mes de febrero una intensa actividad cultural repleta de interesantes propuestas. Desde talleres repair hasta degustaciones de versos y productos ecológicos. Puedes consultar su programación de febrero en este boletín. Suscríbete para recibirlo en tu buzón.

La Marea organiza un encuentro abierto sobre el fediverso y las redes sociales alternativas a X

Tras los llamamientos a abandonar X (antes Twitter) convocados en diversos países dada la política de su actual dueño, Elon Musk, se ha multiplicado la búsqueda del término fediverso. Este concepto, que se refiere a esas redes sociales federadas y sin un propietario único que defina sus reglas, ya cuenta con miles de adeptos y muchos curiosos.

Para desentrañar qué implica el fediverso, cómo escoger la red social que mejor encaje con nosotros y potenciar la reflexión crítica sobre el uso de las big tech, la revista La Marea ha organizado una charla en abierto que, siguiendo la idea de estas plataformas, propone un debate horizontal entre todos los participantes.

El encuentro tendrá lugar el 5 de febrero a las 19:30h en el Teatro de Barrio (Madrid). Allí conversaremos sobre las redes sociales que forman parte del fediverso y su crecimiento como alternativa a X o Meta (Facebook o Instagram).

La entrada es libre pero el aforo es limitado así que el acceso al recinto se producirá según el orden de llegada. ¿Necesitas más información? Puedes contactarnos aquí.