En la sala del Palazzo Pubblico de Siena donde se reunía el gobierno de la ciudad, los frescos de Ambrogio Lorenzetti recordaban a quienes tomaban decisiones cuáles eran los efectos del buen gobierno. Hay un detalle que sigue llamando la atención siete siglos después: la muralla parte la escena por la mitad, y el campo ocupa tanto espacio como la ciudad. El bienestar urbano, venía a decir la pintura, depende inevitablemente del bienestar del territorio que lo alimenta. Recuperar esa conciencia de interdependencia entre lo urbano y lo rural, poniendo la alimentación en el centro, es buena parte del desafío que hoy tienen por delante las políticas públicas.

A raíz de la sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC —cuarta y última de un ciclo dedicado a sectores estratégicos para la acción público-comunitaria, tras las de vivienda, energía y finanzas—, conviene detenerse en algunas de las ideas que se pusieron sobre la mesa, porque dibujan un sector en el que las alternativas ya existen, están probadas y funcionan, pero en el que la colaboración con las administraciones sigue siendo muy desigual de un territorio a otro. José Luis Fernández Casadevante, «Kois», sociólogo, experto en soberanía alimentaria y miembro de la cooperativa Garúa, condujo la formación con una idea de fondo: no habrá transición ecosocial con alguna perspectiva de éxito sin un cambio profundo en la manera en que producimos, distribuimos y comemos.

Un sistema en el centro de casi todas las crisis

El diagnóstico con el que arrancó la sesión fue deliberadamente breve, pero contundente. Según los datos que compartió el ponente, el sistema alimentario explica en torno al 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado español, y hoy se invierten unas diez calorías de combustibles fósiles por cada caloría de alimento que llega al plato, en un territorio con el 74% de su superficie en riesgo de desertificación. A ello se suma la huella hídrica: alrededor del 80% del agua dulce que consumimos está ligada a la producción de alimentos, y entre un 15 y un 20% sale del país convertida en «agua virtual» a través de las exportaciones. La contaminación por fertilizantes y pesticidas de síntesis afecta a buena parte de las aguas subterráneas, hasta el punto de que más de 300 municipios no tienen acceso a agua potable en el grifo.

El retrato se completa con la pérdida de biodiversidad cultivada —un 75% de la diversidad genética agrícola desaparecida en el último siglo—, con una concentración de poder cada vez mayor —cuatro empresas controlan más de la mitad del mercado mundial de semillas y la gran distribución acapara el 92% de la superficie comercial alimentaria— y con un modelo de precios que no beneficia ni a quien produce ni a quien consume: el Índice de Precios en Origen y Destino que publica COAG muestra diferencias del 400 o el 500% en algunos productos. Y, en el otro extremo de la cadena, la desigualdad: en torno a un 13% de la población, unos seis millones de personas, vive en situación de inseguridad alimentaria, mientras que cuatro de cada diez niñas y niños presentan sobrepeso u obesidad. «Comer mal es muy barato», resumió Kois, para subrayar que la malnutrición tiene un componente de clase evidente.

Ecologizar, democratizar, relocalizar, reequilibrar

Frente a ese diagnóstico, la sesión propuso una brújula. El marco de referencia es el de una transición ecosocial justa —a menudo visualizada con la «economía del dónut» de Kate Raworth, ese espacio seguro y justo entre un suelo de necesidades sociales y un techo de límites ecológicos—, entendida como un proceso intergeneracional: si salir del modelo actual llevará décadas, lo urgente ahora es «dar un volantazo». Para orientarlo, cuatro puntos cardinales: ecologizar —o agroecologizar— el conjunto de la cadena, desde la finca hasta la gestión de residuos; democratizar un sistema dominado por muy pocos actores, devolviendo capacidad de decisión tanto a las instituciones como a las comunidades organizadas; relocalizar, satisfaciendo necesidades en proximidad; y reequilibrar el territorio, buscando las escalas adecuadas y mecanismos de solidaridad entre territorios. Todo ello, además, con la recuperación de una cultura alimentaria que se ha ido erosionando en las últimas décadas.

A esa brújula se suma un cambio en qué comemos, y no solo en cómo. La dieta de salud planetaria propuesta por la comisión EAT-Lancet —mayoritariamente vegetal, con una reducción de más de la mitad del consumo de carne roja y azúcar, cercana a una dieta mediterránea «de verdad»— es el punto de partida de un estudio en el que ha participado la investigadora Marta Rivera para Amigos de la Tierra. Sus conclusiones son elocuentes: con la superficie agraria existente, y asumiendo ese cambio de dieta, se podría producir el 99% de los alimentos que necesita la población del Estado, reduciendo un 84% el uso de combustibles, prescindiendo por completo de los pesticidas y recortando un 87% la contaminación del agua, a la vez que aumentaría la biodiversidad. La transición agroecológica, en definitiva, es técnicamente posible.

Público-comunitaria, no público-privada

El hilo conductor de las experiencias que se presentaron fue la cooperación público-comunitaria, que Kois propuso distinguir con claridad de la público-privada, esa fórmula que «nos han metido hasta en la sopa» y en la que el ánimo de lucro empresarial acaba primando sobre el interés general. Frente a ella, la definición que proponen desde el Foro Transiciones habla de marcos de colaboración estables y transparentes entre administraciones y tejidos sociales, guiados por la ausencia de ánimo de lucro y por los principios de justicia, equidad, universalidad y sostenibilidad. Nombrarse y defender ese estatuto propio, apuntó, es también una tarea política pendiente para la Economía Social y Solidaria.

De la finca al compost

La parte central de la sesión fue un recorrido por iniciativas que ya están en marcha a lo largo de toda la cadena alimentaria. Un primer paraguas es la Red de Municipios por la Agroecología, con una década de recorrido y ayuntamientos de colores políticos muy distintos, convertida en espacio de intercambio de políticas y de complicidad entre administraciones y organizaciones sociales.

En el terreno productivo, los parques agrarios —inspirados en experiencias italianas y desarrollados por primera vez en el Baix Llobregat— blindan el uso agrícola del suelo periurbano y acompañan a quienes producen en la comercialización conjunta, la creación de sellos de proximidad y la transición hacia manejos agroecológicos; hoy hay más de una decena repartidos por el Estado, con su propia red. Una vez protegido el suelo, los bancos de tierras ayudan a ponerlo en producción y a facilitar el relevo generacional, ya sea a escala de ciudad, como Basaldea en Vitoria-Gasteiz, o de pequeños municipios, como la red intermunicipal Terrae. Los espacios test agrarios, llegados de Francia, permiten a quienes quieren incorporarse al campo probar su proyecto tutorizados por agricultores consolidados antes de lanzarse por su cuenta, con tasas de éxito muy elevadas. Y la agricultura urbana, que ha pasado de 17 municipios con huertos en torno a 2010 a cerca de 400 en la actualidad, vale menos por los tomates que cosecha que por las relaciones y los conocimientos que cultiva.

En la logística y la comercialización, se citó la red estatal de centros logísticos agroecológicos que da protagonismo directo a las agrupaciones de productores y fomenta la intercooperación; la compra pública alimentaria para comedores escolares, universitarios u hospitalarios, que podría actuar como un auténtico «tractor» del cambio y que, en el caso de la alimentación escolar, llega a todos los perfiles de población; la recuperación de los mercados municipales como responsabilidad pública, frente a la tendencia de los nuevos desarrollos urbanos a delegar la alimentación en los supermercados; los mercados de venta directa codiseñados y cogobernados con asociaciones de productores y consumidores, como en Granada o Córdoba; los grupos de consumo; y el salto de escala que representan los supermercados cooperativos, con La Osa, en Madrid, como referente. Fuera de los canales convencionales, recordó el ponente, se vende ya en torno a un 21% de los productos alimentarios, una proporción que no tiene parangón en otras ramas de la economía.

Para cerrar el ciclo, el proyecto piloto de agrocompostaje impulsado por universidades valencianas, municipios y productores ecológicos para devolver al suelo residuos orgánicos de muy diverso origen, y las iniciativas de compostaje comunitario que ya funcionan en distintos municipios. Y, como experiencia más innovadora, el ensayo de seguridad social alimentaria que se desarrolla en Getafe con apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso y en complicidad con el ayuntamiento: las familias en situación de vulnerabilidad reciben una tarjeta con un saldo que solo pueden gastar en circuitos vinculados a la agroecología y la economía solidaria, como un supermercado cooperativo. Se trata, dijo Kois, de combinar el «dar de comer a la gente» con alimentar un cambio en el propio modelo. Durante el debate, las personas asistentes sumaron una pieza más a ese mapa: los bancos de semillas locales, clave para frenar la erosión genética.

Quién da el primer paso y cómo se convence a la administración

Una de las preguntas que más dio de sí fue de dónde surgen estas experiencias. Mayoritariamente, respondió el ponente, de las iniciativas comunitarias, donde hay una creatividad colectiva en permanente efervescencia que después busca complicidades institucionales. Pero no siempre. El programa Ecocomedores de Canarias nació de la propia administración agraria del archipiélago, que buscaba asegurar una salida estable a la producción local a través de los colegios y llegó a persuadir a productores para que dieran el salto a lo ecológico. Y el primer parque agrario se debe al empeño de un técnico de la Generalitat, Xavier Montasell, que conoció la experiencia italiana y se propuso trasladarla. Venga de abajo o de arriba, insistió, el rasgo diferencial de la cooperación público-comunitaria es que no suplanta a la ciudadanía organizada, sino que la incorpora activamente a la definición, la gestión y la evaluación de las políticas.

¿Y cómo convencer a una administración local reticente? Kois propuso tres claves. La primera, ser muy prácticos y poner el acento en los beneficios antes que en el marco ideológico: un comedor escolar agroecológico garantiza comercialización a quienes producen, mejora la nutrición, combate la inseguridad alimentaria, recupera cultura alimentaria y puede vincularse a huertos o compostaje en el propio centro. La segunda, medir: indicadores de impacto y herramientas como el retorno social de la inversión permiten traducir a un lenguaje que la administración entiende un valor que, de otro modo, recae invisible sobre los tejidos comunitarios. El objetivo no es abaratar los servicios, matizó, pero al no tener que generar márgenes empresariales estos modelos pueden resultar incluso más eficientes. Y la tercera, aliarse con el personal técnico, que permanece cuando los cargos políticos cambian y que sabe traducir las propuestas de los tejidos sociales a los marcos jurídicos e institucionales disponibles, ayudando a desactivar desconfianzas mutuas.

Lo que aún falta

La sesión dejó también a la vista los límites del momento actual. El primero tiene que ver con las condiciones de trabajo: ante una pregunta llegada desde el movimiento de comercio justo sobre derechos laborales y salarios dignos, el ponente reconoció que la preocupación forma parte del ADN de muchos proyectos agroecológicos —con una generación joven que habla de viabilidad vital y no solo económica, que cooperativiza y que incorpora una mirada feminista—, pero que los márgenes del sector son estrechos y la autoexplotación sigue presente. El segundo, el grado de implicación institucional, todavía muy desigual: en el caso de La Osa se limita a la cesión de un local público en condiciones favorables, mientras que en Francia ha habido apoyo directo a la capitalización de supermercados cooperativos, en Manresa uno de ellos se ha instalado dentro de un mercado municipal y en Hernani las cooperativas impulsadas en el marco de una planificación ecosocial integral se consideran servicio público y pueden recibir apoyo municipal hasta alcanzar la autosuficiencia. Muchos proyectos nacen descapitalizados, «a pulmón», y buena parte de su precariedad se explica precisamente por esa falta de respaldo inicial.

Como en las sesiones dedicadas a vivienda cooperativa, comunidades energéticas y finanzas éticas dentro del mismo ciclo, el mensaje de fondo volvió a repetirse al cierre: las herramientas existen y están probadas a lo largo de toda la cadena alimentaria. Lo que decide si se quedan en experiencias aisladas o se convierten en política alimentaria de verdad es que las administraciones asuman, como recordaba aquel fresco de Siena, que alimentar a la ciudad es una responsabilidad pública que no puede delegarse en el mercado, y que la mejor manera de ejercerla es junto a quienes ya están cultivando las alternativas.

El próximo año 2027 estará salpicado de elecciones, tanto generales como autonómicas y municipales. Los partidos políticos se afanan en la preparación de sus programas electorales y en la búsqueda de propuestas atractivas para la ciudadanía.

Como los lobbies de los poderosos estarán trabajando a tope, corresponde a la sociedad civil defender las ideas básicas de justicia social que aquellos atacan y pretenden seguir reduciendo.

Un ejemplo de buenas prácticas es la Plataforma por la Justicia Fiscal, de la que forman parte, además de Economistas sin Fronteras y otras relevantes ongs, los principales sindicatos y varias asociaciones sociales. Una plataforma que destaca entre las más representativas de la sociedad civil.

Esta plataforma viene proponiendo medidas fiscales de enorme calado e interés. Sin duda, como señala la plataforma, la política fiscal, en su doble vertiente de ingreso y gasto, es uno de los principales mecanismos con los que cuenta el Estado para garantizar la realidad de los derechos básicos de la ciudadanía y para poder paliar la desigualdad que genera el sistema económico vigente. El gasto y la inversión pública sustentan las políticas sociales que permiten aliviar la situación de las personas menos favorecidas y alentar la igualdad de oportunidades.

Por ello, los programas electorales deben recoger de forma destacada y prioritaria medidas encaminadas a conseguir una fiscalidad justa, progresiva y con capacidad recaudatoria suficiente para garantizar los derechos ciudadanos y las políticas sociales, así como para corregir la desigualdad. No bastan grandes y bonitas palabras sino concreciones palpables.

Lo primero que hay que recordar es la necesidad de alcanzar un nivel de presión fiscal similar al del resto de países de la eurozona (especialmente de los más avanzados) a través de la reducción de privilegios de determinadas rentas, patrimonios y actividades.

Hay que insistir: es falso el debate de subir o bajar impuestos. No hay que subir impuestos a la generalidad de la ciudadanía sino conseguir que paguen más los que hoy soportan una carga tributaria muy inferior a su capacidad de pago. En una frase: que rentistas y millonarios no paguen menos (ni absoluta ni relativamente) que quienes viven de su trabajo asalariado.

Por ello, el primer objetivo de cualquier programa en materia tributaria ha de priorizar que los ultrarricos contribuyan de acuerdo con su elevada capacidad de pago, es decir, en una proporción mucho mayor a la que actualmente soportan: los multimillonarios pagan proporcionalmente menos impuestos que la mayoría de la población. El 1% más rico soporta una presión tributaria total (24’1%) inferior a la que paga el 10% con menores ingresos (27’5%), y mucho menos que el 9% más rico que les sigue en la escala (38’9%), según datos de FEDEA.

Esos mismos colectivos privilegiados son los primeros en enriquecerse con contratos y ayudas públicas y en solicitar socorro cuando acaece alguna catástrofe.

Resulta difícil conseguir que los multimillonarios paguen lo justo en el IRPF. Podría avanzarse igualando el tratamiento de las rentas de trabajo y capital y limitando los incentivos y deducciones que les facilitan la elusión fiscal.

Pero es en la imposición patrimonial donde debe centrarse el primer esfuerzo. Dado que las herencias explican el 70% de las desigualdades existentes, es imprescindible implantar un impuesto sobre las grandes herencias con características semejantes al que se ha arbitrado sobre las grandes fortunas.

Es preciso revisar el mismo impuesto del patrimonio para que cumpla mejor su función de impuesto redistributivo y contribuya a reducir las desigualdades. En primer lugar, restringiendo el concepto de patrimonio profesional o empresarial y de las participaciones en entidades, que supone una merma muy importante en la base del impuesto, especialmente para los grandes contribuyentes. En segundo lugar, corrigiendo al alza de forma progresiva el techo de tributación conjunta con el IRPF, que genera desigualdades entre contribuyentes y permiten la evasión de las grandes fortunas.

El segundo esfuerzo ha de centrarse en las sociedades. La propiedad y los beneficios obtenidos por estas se concentran de forma manifiesta en los estratos más ricos de la población que, además, se escudan en ellas para ingenierías fiscales que les permiten eludir buena parte de sus obligaciones tributarias.

Es preciso consolidar (si no elevar) el tipo mínimo efectivo del 15% sobre el resultado contable de las empresas y grupos empresariales. También aquí la revisión drástica de todos los incentivos, compensaciones, deducciones y exenciones fiscales existentes que reducen la recaudación de forma significativa y poco equitativa, con escasa o nula aportación de valor económico o social y sesgo claramente favorable para las grandes empresas.

Hay que exigir la imposición sobre beneficios extraordinarios, ya sean «caídos del cielo» por factores externos a la pura actividad empresarial, ya sintomáticos de situaciones de poder monopolístico en mercados de escasa competencia.

Aunque desborda el marco nacional, hay que continuar impulsando el rediseño del sistema fiscal internacional para que logre que las grandes empresas tributen por la parte justa de beneficios reales que les corresponde, allí donde realizan sus operaciones y generan valor, sobre la base de toda su cadena de valor.

En esa línea, hay que acordar una definición exigente de refugios (paraísos) fiscales, un listado de territorios considerados como tales con base en esa definición y el establecimiento de sanciones por su uso y de otras medidas como la exclusión o penalización en la fijación de criterios para la contratación pública de empresas con presencia en refugios fiscales.

Hay que reforzar el impuesto a las transacciones financieras, para que se aplique ampliamente a la compraventa de acciones, bonos y derivados, que desincentive las prácticas financieras especulativas y garantice el destino social de los fondos que genere.

En el avance con la denominada imposición verde, debe incluirse el gravamen de los consumos suntuarios especialmente contaminantes.

Es preciso impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica, de forma que se reduzcan las desigualdades entre territorios y se incrementen los recursos de las Comunidades Autónomas, en las que recaen las principales competencias en las prestaciones sociales como educación, sanidad, dependencia o vivienda.

Es urgente revisar los incentivos y desincentivos del sistema tributario en relación con la vivienda, de forma que deje de favorecerse la demanda solvente por sí misma, se penalice la inversión especulativa y se acelere al máximo la cooperación entre administraciones y el crédito oficial para la urgente construcción de un parque público inalienable de vivienda de alquiler asequible.

Es esta una enumeración rápida de los aspectos que aparecen como más relevantes para un avance imprescindible hacia la equidad, la progresividad y la suficiencia de nuestro sistema fiscal. Porque sin justicia fiscal no hay justicia social. Y así deben recogerlo los programas electorales.

Juan A. Gimeno: rector emérito de la UNED, coordinador de la plataforma por la Justicia Fiscal y Vicepresidente de Economistas frente a la crisis.

Fuente: El Salto

Claudia Delso lleva años moviéndose entre la investigación urbana, la gestión cultural y la política institucional. Entre 2015 y 2022 fue concejala de Participación e Innovación Democrática, una experiencia que le dio una perspectiva poco común: la de quien ha estado dentro de la máquina intentando cambiarla. Hoy investiga en IDRA las formas de colaboración entre Administraciones y tejido social, y participó como ponente en el Eje 5 de las Jornadas de REAS Navarra para la Justa Distribución de la Riqueza, en el marco del proyecto COOPUBLIC de REAS Red de Redes, donde volverá a ser ponente con una charla inspiradora este viernes 9 de septiembre en un encuentro estatal online. Su diagnóstico es claro y sin concesiones: la coproducción público-comunitaria no es una concesión de la administración. Es una disputa.

Empecemos por el principio. ¿Cómo defines la coproducción público-comunitaria?
Creo que lo más útil es empezar por lo que no es, o por lo que no debería ser. La coproducción no es participación ciudadana, no se trata de que la administración deje opinar, llame para consultar y basta. Tampoco debería ser que la administración ceda un equipamiento de vez en cuando. Esos pequeños gestos son de mínimos, pero ya no son suficientes.

Vivimos en una momento de crisis múltiples, crisis superpuestas e interconectadas: el auge de las extremas derechas, las economías de guerra, el acaparamiento de los recursos, etc. Ante eso, las respuestas simples no funcionan. No sirven las respuestas tecnócratas como tampoco sirven las respuestas que provienen exclusivamente del mercado. En todo esto hay algo que es evidente y es que las administraciones públicas por si solas no están siendo capaces de dar respuesta a los retos de nuestra época.

Entonces la coproducción público-comunitaria es, una respuesta pero es ante todo, una disputa. Una disputa sobre quién produce lo público. Tenemos que concienciarnos de que desde las ESS y las economías comunitarias, estamos haciendo una función pública. Tenemos que dejar de pedir permiso para que se nos reconozca y exigirlo, quizás con más contundencia.

¿Una disputa frente a qué exactamente?
Frente al acaparamiento. Hemos perdido el control colectivo sobre bienes esenciales: la vivienda, la alimentación, la energía, la salud, la cultura. Y para recuperar ese control hay que democratizar la economía. Y para democratizar la economía hay que planificar de forma plural. Ahí es exactamente donde entra la colaboración público-cooperativa-comunitaria: como una forma de planificación económica que subordina los recursos a finalidades sociales, democráticas y ecológicas.

No es una sustitución de lo público. Es un trabajar con, pero desde un lugar de reconocimiento mutuo. Esa es la diferencia clave.

¿Qué cambia en la política pública cuando la ESS entra en toda la concepción del proceso?
Cambia la lógica económica y democrática que hay detrás. Cambia quién ejecuta. Cambia qué entendemos por valor. Y se produce una transformación institucional que es real, aunque lenta.

Las colaboraciones público-cooperativas-comunitarias generan soberanía económica, retorno social y nuevas formas de ciudadanía económica en un sentido muy amplio. Y los valores que aporta la economía social —arraigo territorial, sostenibilidad, cuidados, gobernanza democrática, resiliencia comunitaria— tienen que poder medirse. Tenemos que ser capaces de imaginar indicadores de reciprocidad, indicadores ambientales, etc. Existen herramientas como el balance comunitario, que ya se está aplicando en Barcelona en los equipamiento de gestión comunitaria que camina en esta dirección.

Pero también hay que hacer autocrítica: demasiadas veces las relaciones público-comunitarias han respondido a soluciones contingentes, fruto de la presión vecinal y social en un momento dado. Conseguimos una cesión porque había masa crítica suficiente para picar piedra. Eso no puede ser el modelo. Hay que exigir acción pública planificada y decidida, no victorias puntuales que desaparecen con el siguiente gobierno. Y también tenemos que ser conscientes de las diferencias que existen según el contexto. No existen las mismas condiciones de partida en una ciudad como Barcelona con toda su tradición cooperativista y colectiva que en el contexto del que yo vengo, Galicia, en el que décadas de gobierno del PP dificultan sobremanera la consolidación de este tipo de colaboraciones público-cooperativas-comunitarias, a medio-largo plazo.

La jornada «La Economía Social en entornos rurales de Reto Demográfico» se celebrará el viernes 2 de octubre, de 9:30 a 18:30 h, en San Román de Cervantes (Os Ancares, Lugo).

La organiza el Ministerio de Trabajo y Economía Social y reunirá a administraciones públicas y a entidades de la economía social con actividad o interés en el medio rural, así como a personas emprendedoras, agentes de desarrollo local, grupos de acción local, organizaciones agrarias, redes de desarrollo rural y proyectos de innovación social y territorial. Se compartirán experiencias sobre creación de empleo, mantenimiento de servicios y lucha contra la despoblación, con el objetivo de avanzar en estrategias compartidas que refuercen la cohesión territorial y social. Entre los ámbitos que se abordarán están la economía de los cuidados y la economía plateada, las industrias culturales y creativas, el empleo verde y la bioeconomía, y el relevo generacional en actividades ligadas al territorio.

Fecha: viernes 2 de octubre de 2026
Hora: de 9:30 a 18:30 h
Lugar: San Román de Cervantes (Os Ancares, Lugo)
Modalidad: presencial
Organiza: Ministerio de Trabajo y Economía Social
Inscripción: formulario de inscripción
Programa: descargar el programa completo (PDF)

Programa

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La preocupación social por los desahucios y por la dificultad de acceder a una vivienda exige respuestas inmediatas. Ninguna persona debería perder su hogar sin una alternativa digna. Es necesario proteger a quienes viven de alquiler y evitar que las subidas de precio o los usos fraudulentos del alquiler expulsen a las personas de sus casas y sus barrios.

Apoyamos a quienes se organizan para defender su vivienda. Su movilización hace visible una inseguridad que a menudo se vive en soledad y que empieza antes de cualquier procedimiento judicial: cuando llega una subida imposible de asumir, cuando se acerca el fin de un contrato o cuando ya no existe una vivienda accesible en el entorno donde se ha construido una vida.

Las medidas urgentes son imprescindibles. También debemos preguntarnos qué viviendas encontrarán las próximas generaciones. Si cada crisis se afronta sin ampliar un parque residencial estable, seguiremos interviniendo cuando muchas personas ya estén a punto de perder su hogar.

Desde Red Vivienda Cooperativa defendemos una política capaz de hacer las dos cosas: proteger ahora y crear vivienda asequible de forma duradera. Esto requiere aumentar la vivienda pública de gestión directa y sumar la capacidad de entidades sociales sin ánimo de lucro y comunidades organizadas. El objetivo debe ser que el suelo, la financiación y las ayudas públicas de hoy sigan produciendo hogares asequibles dentro de décadas.

Los casos recientes de expulsión residencial obligan también a preguntarnos qué prácticas favorecen la fiscalidad y las ayudas a la vivienda. Estos instrumentos deberían promover la asequibilidad duradera, proteger a quienes ya habitan los inmuebles y evitar que su revalorización dependa de expulsar a sus residentes.

La vivienda cooperativa en cesión de uso puede contribuir a ese objetivo. El inmueble es de propiedad cooperativa y se gestiona colectivamente, las personas residentes disponen de un derecho de uso estable y las cuotas se destinan a sostener los costes del proyecto. Con reglas que impidan la venta individual y la apropiación privada de las plusvalías, las viviendas pueden permanecer al servicio de quienes las habitan y de quienes llegarán después.

Sabemos que esta fórmula no realoja por sí sola a quien afronta mañana un desahucio. Promover o rehabilitar viviendas lleva tiempo, y la aportación inicial sigue excluyendo a muchas personas. Para que la cesión de uso sea una opción real para más hogares, las administraciones deben facilitar suelo e inmuebles, financiación a largo plazo, garantías y ayudas que reduzcan los costes de entrada y aseguren la inclusión. También pueden apoyar la adquisición y rehabilitación de edificios existentes, con garantías para sus residentes.

Este planteamiento coincide con una preocupación que atraviesa el debate europeo. Housing Europe ha pedido convertir el crecimiento del parque público, cooperativo y social permanentemente asequible en un objetivo estructural. También ha señalado que la vivienda liderada por la comunidad necesita pasar de iniciativas aisladas a sistemas capaces de sostenerse y crecer. Desde RVC queremos aportar la experiencia de las cooperativas de cesión de uso en el Estado español a ese aprendizaje compartido.

La respuesta a la emergencia habitacional se medirá por las personas que logren conservar hoy su hogar. La política de vivienda también deberá medirse por cuántos hogares públicos, sociales y cooperativos permanecen asequibles año tras año. Para avanzar en ambas tareas hacen falta decisión pública, recursos y participación de la sociedad organizada.

La Asociación de Empresas de Inserción de Castilla-La Mancha (ASEIRCAM), en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMPCLM), organiza la Jornada de Contratación Pública Responsable «Cuenta con empresas de inserción, te trae cuenta».

La jornada reunirá a representantes de administraciones públicas, entidades locales y empresas de economía social para compartir mecanismos legales, experiencias y buenas prácticas que favorezcan una contratación pública responsable y generadora de oportunidades para las personas en situación o riesgo de exclusión social.

Fecha: martes, 29 de septiembre de 2026
Hora: de 9:30 a 13:00 h
Lugar: Escuela de Hostelería Restaurante El Sembrador. C/ Sancho Panza, 10, Albacete
Modalidad: presencial y en streaming
Organiza: ASEIRCAM, en colaboración con la FEMPCLM
Inscripción: formulario de inscripción
Programa: descargar el programa (PDF)

Dirigido a: personal técnico de administraciones y entidades locales, responsables de contratación pública, responsables políticos y personas interesadas.

Objetivos

• Favorecer un espacio para conocer la reserva de determinados contratos públicos que establece la Ley de Contratos del Sector Público hacia las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social, con el objetivo de favorecer el acceso al empleo de personas en riesgo o situación de exclusión social.
• Difundir los efectos sociales positivos de la contratación pública responsable en la inserción sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión social y/o vulnerabilidad.

Programa

9:30 – 9:50 h. Acreditaciones

10:00 – 10:20 h. Mesa 1. Bienvenida
Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo; Manuel Serrano López, alcalde de Albacete; Fermín José Cerdán Gosálvez, secretario general de la FEMPCLM, y Mar González, presidenta de ASEIRCAM.

10:20 – 10:40 h. Ponencia marco: «Una foto de cómo están los contratos reservados en nuestra región»
Jesús Serrano Chacón, jefe de Servicios de Contratación Electrónica, Secretaría General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Modera: Óscar Hernando (E.I. Savia Nueva).

10:45 – 11:25 h. Mesa 2. Somos empresas de economía social
Rafael López, vicepresidente de FAEDEI, y Pedro Sáez, presidente de FEACEM. Modera: Cuali Alcaraz Sánchez (E.I. Amiab).

11:30 – 12:05 h. Mesa 3. Motivaciones políticas para la reserva de mercado
Daniel García Alarcón, alcalde de Riópar; José Antonio Gómez Moreno, Diputación de Albacete, y Ayuntamiento de Valdepeñas. Modera: José Luis Rubio (E.I. Re-Iniciar).

12:10 – 12:45 h. Mesa 4. Técnica: buenas prácticas
Pedro Miguel Peralta López, secretario del Ayuntamiento de Riópar; Francisco Javier Díaz, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local en Albacete, y Antonio García Blanco, coordinador de Servicios Generales y Suministros de la Secretaría General del SESCAM. Modera: Paloma Olmedo (E.I. Nexo Solidario).

12:45 – 13:00 h. Clausura
Mar González, presidenta de ASEIRCAM, y Fermín José Cerdán Gosálvez, secretario general de la FEMPCLM.

Tras cada mesa habrá cinco minutos de refuerzo de ideas o preguntas. Durante la jornada se compartirá un desayuno.

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El próximo 16 de octubre, de 9:30 a 14:00 h, el Círculo de Bellas Artes de Madrid se convertirá en el epicentro del cierre del Ciclo de Foros COOPUBLIC, impulsado por REAS Red de Redes. Para participar es preciso inscribirse aquí.

Tras el recorrido por Catalunya, País Valencià, Euskadi-Nafarroa, Balears y Canarias, llega el momento de poner en común los aprendizajes de todo un ciclo de encuentros territoriales entre administración pública y entidades de la Economía Solidaria en un Foro Estatal presencial sin precedentes; un ejercicio de cooperación y trabajo conjunto de cooproducción entre agentes institucionales y sociales.

La pregunta que atraviesa todo el encuentro
¿Cómo mejorar las políticas públicas incorporando el conocimiento, las capacidades y las experiencias que ya existen en los territorios? Vivienda, transición energética, cuidados, alimentación, cultura… son retos que ninguna institución puede afrontar en solitario. Son cientos las cooperativas, redes comunitarias y organizaciones sociales que llevan años tejiendo respuestas concretas: comunidades energéticas, cooperativas de vivienda, redes de cuidados, proyectos culturales comunitarios, sistemas alimentarios de proximidad, iniciativas de finanzas éticas.

COOPUBLIC y este foro nacen para abrir ese espacio de encuentro e interlocución entre responsabilidad institucional, conocimiento técnico y experiencia social organizada, con un objetivo claro: pasar de las experiencias concretas a políticas públicas que se puedan aplicar, evaluar, replicar y proteger.

Un cartel de altura para el debate político-social

• David Perejil, director de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
• Jaime Iglesias, comisionado especial para la Economía Social
• María Sintes Zamanillo, jefa de servicio de la Oficina Española de Cambio Climático,
• Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales
• Luigi Carinci, presidente de REAS Red de Redes
• Belen Sánchez Rubio, grupo motor Futuro en común
• Jorge Nacarino, responsable de política institucional en la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales.
• Marta Abril, coordinadora de Políticas Públicas de Altekio/ Ecorredes

Del debate a la acción: diseño estratégico colectivo
Tras la mesa político-social, el foro no se queda en la fotografía institucional. Se abrirá un espacio de diseño estratégico colectivo para identificar qué herramientas se necesitan, qué obstáculos hay que superar y qué pasos concretos permitirán fortalecer este modelo de cooperación público-comunitaria — un trabajo que se traducirá en una hoja de ruta compartida para todo el Estado.

Una llamada especial a quienes hacen política pública cada día

REAS Red de Redes quiere contar especialmente con profesionales de las administraciones que trabajan en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas. Su experiencia es clave para que el debate no se quede en señalar buenas prácticas, sino que ayude a entender qué condiciones administrativas, jurídicas y políticas hacen posible llevarlas a la acción pública real.

Y también es una invitación directa a la sociedad civil organizada: si las comunidades ya están generando soluciones públicas, el reto es preguntarse cómo reconocemos, protegemos y ampliamos esa capacidad colectiva. .

Un encuentro que reúne en una misma sala a ministros, secretarías de Estado, direcciones generales y redes de economía solidaria y movimientos sociales. Si te interesa el futuro de la cooperación público-comunitaria y quieres ser parte activa en ésta es la cita que no te puedes perder.

16 de octubre | 9:30–14:30 h
Círculo de Bellas Artes, Madrid
Inscripción obligatoria aquí.

Esta es la principal conclusión del nuevo informe del secretario general de Naciones Unidas sobre la promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible, publicado a finales de julio. El documento examina los avances en la aplicación de la Resolución 79/213, dirigida a promover la economía social y solidaria como instrumento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para elaborarlo, Naciones Unidas ha recabado alrededor de 40 contribuciones de Estados, organismos internacionales y otras partes interesadas.

Desde la aprobación de la resolución, numerosos países han incorporado la economía social y solidaria a sus políticas como una herramienta para responder a desafíos relacionados con el empleo, los cuidados, la vivienda o la transición ecológica. Sin embargo, Naciones Unidas señala una distancia importante entre este reconocimiento y su aplicación: se han adoptado numerosas medidas de apoyo, pero todavía existe poca información sobre sus resultados concretos para las entidades, las personas trabajadoras y las comunidades.

¡Ya están abiertas las inscripciones para el Foro Internacional de Compra Pública Alimentaria, organizado por CERAI y Mundubat, junto con un amplio comité organizador.

​🗓️ El evento será los *días 1 y 2 de octubre*
📍En la Universitat Politècnica de València

El acto será inaugurado por el Ministro de Consumo y contaremos con la participación de experiencias de África, América Latina, Asia, Europa y el ámbito estatal sobre buenas prácticas y avances en el sector.

Toda la información, programa e inscripción en la web ➡️✅https://forocomprapublica.org/

Sesión de asesoramiento para Administraciones Públicas

Desde REAS Red de Redes, en el marco del servicio gratuito de asesoramiento en contratación pública responsable que estamos realizando dentro del proyecto COOPUBLIC, ponemos en marcha otra sesión específica sobre contratación pública estratégica.

Este espacio de asesoramiento que tiene además un carácter formativo, tiene como objetivo compartir herramientas, enfoques y orientaciones prácticas que ayuden a las AAPP a entender el uso de la contratación pública como apoyo a los objetivos de las políticas públicas y para que puedan integrar criterios sociales, medioambientales y éticos en sus procesos de compra.

La sesión será impartida por Marc Vilanova, de FACTO Cooperativa y Santiago Lesmes de Par en Par

Las plazas son limitadas. En caso de completarse el aforo, se habilitará una lista de espera para valorar la organización de nuevas sesiones de asesoramiento.

Actividad exclusiva para Administraciones Públicas.

INSCRÍBETE AQUÍ

Álvaro Porro conoce de cerca la evolución de la economía social y solidaria y, especialmente, el camino recorrido para hacer de las políticas públicas una herramienta de impulso y transformación. Economista y vinculado durante años a este ámbito desde la administración y los movimientos sociales, actualmente es Director de economía social de Barcelona activa (agencia de desarrollo local de Ayuntamiento de Barcelona). Porro reflexiona sobre cómo ha cambiado la relación entre la ESS y las instituciones, qué se ha conseguido y cuáles son los retos para consolidar este modelo.

Esta entrevista parte del artículo «ESS: una dècada avançant amb vent a favor», publicado por Porro en la sección Tornaveu de Cooperació Catalana (núm. 500, septiembre de 2025), en el que analiza este recorrido y plantea algunas claves para afrontar el nuevo ciclo.

Empecemos por el principio. ¿Cómo llegaste tú a la economía social y solidaria?
Pues no fue por la vía académica, la verdad. Estudié Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid en los años noventa, incluido un año de Erasmus en Ámsterdam, y en todo ese tiempo nunca escuché el concepto de economía social ni se mencionó la cooperativa como forma empresarial en ninguna asignatura. Tampoco la encontraba como lector habitual de prensa: ni en las secciones económicas ni en ningún otro espacio. No existía ningún servicio público ni departamento institucional dedicado a esto. Fue a través de mi implicación en movimientos sociales donde descubrí otras maneras de hacer economía y empresa. Y no creo que fuera una experiencia únicamente personal; creo que refleja el escasísimo nivel de visibilidad que tenía la economía social en la sociedad de los noventa y los dos mil.

Han pasado más de veinte años desde entonces. ¿Cómo describirías el cambio?
Sin ser una transformación radical, sí han sido diez años de cambios sustantivos a muchos niveles. La economía social y solidaria ha ganado presencia, visibilidad y legitimidad como referente alternativo, y ahí han pesado varios factores: culturales, generacionales, sociológicos y políticos. El ciclo del 15M y el Procés en Catalunya, la entrada de nuevas sensibilidades políticas en las instituciones, cambios culturales más profundos y también dinámicas de confluencia dentro de la propia ESS. En ese sentido la expansión de las políticas públicas de promoción de la ESS ha sido un factor importante al menos en Barcelona y Cataluña.

Ahí entra el caso de Barcelona, que citas como referencia. ¿Qué se ha hecho concretamente?
Algunos de los llamados “Ayuntamientos del Cambio” de 2015 apostaron fuerte por desarrollar la economía social. En Barcelona, por ejemplo, se han dedicado 40 millones de euros en diez años, figuras políticas especializadas, referentes claros dentro del gobierno municipal, y departamentos y equipos técnicos tanto en el Ayuntamiento como en Barcelona Activa. Hoy esos dispositivos ofrecen servicios y programas por los que pasan 3.000 personas y más de 500 organizaciones y empresas cada año, con líneas de subvención y crédito ya consolidadas. Y todo esto sin contar la construcción participativa, entre Ayuntamiento y tejido social, de un marco que a diez años vista trasciende gobiernos y mandatos concretos: la Estrategia de Ciudad de ESS 2030.

Mencionas también el contraste con Madrid. ¿Por qué unos territorios sostienen el impulso y otros no?
Es un contraste muy claro. En Madrid ese impulso fue desmantelado por ataques políticos, muchas veces basados en falacias, que desacreditaban la economía social presentándola como una “economía ideológica”. En Barcelona, en cambio, la combinación de un tejido de ESS fuerte, una inversión pública significativa y un trabajo político transversal consolidó una política de promoción económica estable y difícilmente reversible. La estrategia de ciudad de Ess 2030 tuvo apoyo casi unánime al plenario municipal. Esa dinámica se extendió también a otros municipios catalanes con la creación de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, y de forma especialmente decidida en la Generalitat de Catalunya, que incrementó mucho el presupuesto y peso político en este ámbito de una forma sin precedentes para un gobierno autonómico. De ahí salieron la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, las Comunalitats, la convocatoria de proyectos Singulars y, más recientemente, la ley catalana de economía social y solidaria, que ahora está en trámite parlamentario.

¿Y a nivel estatal y europeo se ha notado ese mismo impulso?
Sí, y de forma bastante simbólica: el Ministerio de Trabajo pasó a llamarse Ministerio de Trabajo y Economía Social. Se han creado cargos específicos de alto nivel, se ha actualizado la ley española de economía social, y ha habido un PERTE que, por primera vez, ha destinado recursos significativos a la ESS en todo el Estado. La Unión Europea también ha mostrado signos de apoyo, incrementando fondos y dándole más visibilidad y representación institucional aunque ahora parece en retroceso.

Hablabas antes de un contexto favorable. Pero en tu texto también adviertes de un giro reciente. ¿Qué ha cambiado?
Este desarrollo se dio en un contexto sociocultural favorable. Recuerdo una ponencia muy inspiradora de Pere Rusiñol (director de la publicación Alternativas Economicas) en la primera Febrerada de 2023, donde mostraba con datos cómo en diez años se habían generado corrientes de opinión y accion de valores cercanos a la Ess como la relocalización productiva o el auge de los valores en el mundo corporativo. Así como cuestionado paradigmas que parecían inamovibles como la austeridad en la UE, además de la desconfianza de buena parte de la sociedad hacia el capitalismo y la consiguiente exigencia de responsabilidad empresarial. Rusiñol señalaba que ese escenario representaba una oportunidad histórica. Pero en solo dos años el panorama ha cambiado drásticamente. Lo que parecía viento de cola se ha convertido en ráfagas en contra. Antes la amenaza parecía estar en el greenwashing o en la cooptación de valores que impedían nutrir la economía social; hoy han irrumpido actores culturales y políticos de gran impacto que, sin complejos, promueven valores opuestos que alteran por completo las reglas del juego.

Con ese viento en contra, ¿cómo puede seguir avanzando la ESS?
Mi tesis es que no solo podemos avanzar, sino que es más necesario que nunca hacerlo. Pero para conseguirlo hace falta más estrategia, método y táctica. La ESS ha demostrado en momentos históricos que se adapta, crece y se consolida; ahora el reto es mantener el rumbo incluso cuando el viento sopla en contra.

En términos prácticos, ¿qué significa eso? ¿Consolidar lo que ya existe o buscar un salto de escala?
Las dos cosas. Lo esencial ahora es hacer viables los proyectos empresariales que ya existen y generar las condiciones de irreversibilidad y autonomía necesarias para que resistan y puedan dar un salto de escala. Y ese proceso, de hecho, ya se está produciendo: muchas cooperativas han pasado de tener menos de diez personas a tener veinte, treinta, cincuenta o más, con fusiones de alto nivel como la de Abacus y Som. Pero es igual de importante fortalecer los ecosistemas mediante articulaciones sectoriales y territoriales: las cooperativas de segundo grado como Ecos, Som IT, Som Serveis, Més Equipaments, Som Audiovisual, Ecohub o La Dotzena; las redes territoriales como Impuls Cooperatiu de Sants, Cooperasec o XES Sant Andreu; y herramientas compartidas con impacto en todo el ecosistema, como Digitest, Up me Up o Tandem Go.

Hablas también de infraestructuras físicas, de espacios. ¿Por qué son tan importantes?
Porque refuerzan la soberanía organizativa. Los hubs o polos de ESS que han surgido en Barcelona y otros municipios —como Bloc4BCN, La Komunal o el Grup Ecos— demuestran que esto es posible, consolidando la presencia territorial y simbólica del sector. Y a esto hay que sumar un frente que no podemos eludir: la digitalización. La actual dinámica de plataformización, automatización e inteligencia artificial obliga a la ESS a afrontarla de forma decidida, y ahí ya hay iniciativas relevantes como el Digitest y los servicios de digitalización de Barcelona Activa, el TechBloc en Bloc4, M4Social en el Tercer Sector o el proceso Mosaic de cooperativas tecnológicas.

¿Y el talento? Porque atraer y retener personas parece otro reto de fondo.
Totalmente. Todo esto tiene que ir de la mano de la necesaria atracción de personas jóvenes que se incorporan al mercado laboral, y también de profesionales que buscan alternativas a la empresa convencional, sobre todo en ámbitos tan estratégicos como la tecnología, la gestión financiera o la dirección organizativa. Pero atraer no basta, también hay que retener el talento, y eso exige condiciones laborales dignas: horarios conciliables, salarios competitivos —incluyendo retribuciones en especie—, espacios de trabajo agradables y estables, y entornos humanos y organizativos que resulten atractivos.

Mencionas que este cambio de vientos se da en un mundo con múltiples desafíos. ¿Qué papel puede jugar la ESS ahí?
Ante esos desafíos, la ESS tiene que poder ofrecer respuestas y propuestas comprensibles, atractivas y accesibles. El giro en la dinámica globalizadora del comercio plantea tanto desafíos como oportunidades para las iniciativas de proximidad, y la propia guerra cultural en torno a valores contrarios a los de la ESS puede abrir espacios que atraigan a personas y grupos que se sienten amenazados y buscan alternativas alineadas con sus principios. La transición ecológica y energética ligada a la crisis climática, la tensa relación entre lo urbano y lo rural, la epidemia de soledad y salud mental, la emergencia migratoria o el cambio de paradigma en las relaciones y equilibrios de género no pueden verse sino como oportunidades para que la ESS sea parte irrenunciable —y seductora— de la solución.

Pero eso exige salir de la propia burbuja del sector, ¿no?
Exacto, exige buscar alianzas con el pequeño comercio, las pymes, los autónomos, las personas migradas, los movimientos feministas, ecologistas y territoriales, y con los servicios públicos. Y también con ese emprendimiento social o economía de impacto que hace inversión responsable, porque puede permitir al movimiento acceder a recursos y ecosistemas que a menudo no están disponibles para la economía social tradicional.

Para cerrar: ¿qué estructuras y políticas concretas hacen falta para sostener este ciclo?
Yo apuntaría varias líneas. Aumentar los espacios de encuentro —ferias, congresos— y las alianzas con otros ecosistemas, como la FESC, el Congrés de Cooperativisme, la Febrerada o UIESCOOP en Barcelona, y también polinizar espacios que no son de ESS pero con los que podemos mezclarnos, como BIZ Barcelona o el Saló de l’Ocupació o la Enseñanza. Esto debería acompañarse de una mayor confluencia de la ESS en la AESCAT u otros espacios de tercer o cuarto grado, además de fortalecer las articulaciones territoriales y dinamizar las federaciones y entidades representativas del sector. Y, respecto a los medios de comunicación, reforzar los propios —Alternativas Económicas, Crític o Jornal— a la vez que ganamos presencia en los generalistas y en las redes sociales, con un discurso claro y accesible. Y ya en el ámbito institucional, construir irreversibilidad y transversalidad, tal como recoge la Estrategia de ESS de Ciudad, con espacios de trabajo y gobernanza que hoy son motores del ecosistema a distintos niveles. Entre ellos, la ley catalana de ESS, actualmente en trámite, o la XMESS, que nos inspiran a construir políticas públicas sólidas, transversales y difícilmente reversibles.

** Esta entrevista espera alimentar el debate para el encuentro sobre cooproducción y política pública del 16 de octubre en Madrid como evento final del ciclo de Foros “Administraciones que cooperan, territorios que avanzan”. 

** Fuente: MeCambio en El salto.

La Red Anagos y la Universidad de la Laguna han colaborado en el 1º foro territorial de Canarias del proyecto COOPUBLIC, organizado por REAS Red de Redes, donde administraciones, entidades de economía social y solidaria (ESS) y sociedad civil se sentaron a hablar de una misma cuestión: ¿Cómo gestionar los recursos públicos de forma más cooperativa?

De la gestión tradicional a la gestión público-comunitaria

Samuel García, de la Red Anagos, abrió la sesión situando el debate en su contexto histórico. Frente a la Administración Pública Tradicional —jerárquica, homogénea y de provisión directa— y la Nueva Gestión Pública de los años 80 —que introdujo lógicas empresariales y descentralización de la provisión—, emerge con fuerza en esta década un tercer modelo: la Gestión Público-Comunitaria (GPC).

Este modelo no se limita a la «participación ciudadana» tal y como se ha entendido hasta ahora. Propone una coparticipación real entre ayuntamientos, sociedad civil y agentes económicos en el diseño, la gestión y la evaluación de las políticas públicas, apoyándose en criterios de desarrollo comunitario y en la tradición cooperativa del territorio.

García puso el foco en el sector de los cuidados como ejemplo paradigmático: la crisis de atención se ha gestionado durante años mediante lógicas mercantiles, a pesar de que la propia Ley de Contratos del Sector Público (art. 10.6 LCSP) contempla la exclusión de la prestación de servicios sociales de esa lógica de mercado. Desde una visión ecofeminista de la ESS, el reto es situar en el centro la sostenibilidad de la vida, y hacerlo no solo en cuidados, sino en sectores como el agroalimentario, la energía, el transporte, la educación o las finanzas.

COOPUBLIC: por qué la ESS aporta al debate

María Atienza, de REAS Red de Redes, presentó el proyecto COOPUBLIC y explicó por qué la economía social y solidaria tiene algo específico que aportar a esta discusión: su doble dimensión de sujeto y movimiento, su presencia transversal en los tres sectores económicos, y una forma jurídica y una carta de principios —cooperación, equidad, trabajo digno, reparto justo de la riqueza, sostenibilidad ecológica e impacto en el territorio— que la dotan de metodología, herramientas y alcance propios.

Los datos respaldan el peso de este sector: en Europa, la economía social reúne 2,8 millones de entidades y 13,6 millones de empleos (el 6,3% del empleo de la UE); en España, más de 70.000 empresas y entidades generaron 2,57 millones de empleos en 2024. Un impulso que se ha visto acompañado por el Plan de Acción Europeo para la Economía Social (2021) y por la primera Recomendación específica del Consejo de la UE sobre ESS, impulsada por España en noviembre de 2023. Con todo, solo el 17% de las metas de la Agenda 2030 están en camino de cumplirse, según la ONU.

Atienza también repasó experiencias inspiradoras de cooperación público-comunitaria en marcha en distintos territorios del Estado: los Ateneos Cooperativos en Cataluña, las Cooperativas Populares Olatukoop en Euskadi, el modelo de planificación estratégica de Hernani Burujabe, el despliegue de comunidades energéticas en torno a Som Comunitats, o Valnalón en Asturias.

El Panel de Políticas Públicas Locales de ESS

Joan Manel Sánchez, de Ilabso Coop, presentó la pieza metodológica central del proyecto: un panel —encuesta longitudinal en la que las mismas unidades de análisis se observan en distintos momentos temporales— dirigido a recoger y compartir evidencias sobre las políticas públicas locales de impulso, fomento y consolidación de la ESS. El panel pregunta a los municipios sobre su ecosistema local de ESS, sus políticas públicas, su gobernanza, su capacidad de evaluación y aprendizaje, y su relación con la Agenda 2030.

Las experiencias piloto ya realizadas previamente—82 municipios entre la XMESS y las comarcas del Gironès y La Selva— arrojan un dato esperanzador: más de 7 de cada 10 municipios desarrollan ya alguna actuación relacionada con la ESS, en ámbitos tan diversos como la energía, la vivienda, los cuidados, la cultura o la juventud. Persisten, eso sí, retos comunes en planificación, evaluación y cuantificación. Cada municipio participante recibirá un informe individual y confidencial con sus propios datos y comparativas, mientras que los resultados agregados y anonimizados alimentarán un informe estatal que servirá como radiografía de las políticas de ESS en España.

Canarias, un territorio con motivos para participar

El foro insistió en la pertinencia de este trabajo en el archipiélago: Canarias registra una tasa de riesgo de pobreza o exclusión del 31,2% (frente al 25,8% de media estatal), más de 560.000 personas en exclusión social y un 48,9% de hogares que no puede afrontar un gasto imprevisto, en un territorio cuyo PIB depende en un 35% del turismo. Como se recordó en la sesión, problemas de esta complejidad no se resuelven únicamente desde la administración: necesitan coproducción, y esa coproducción exige antes que nada conocer qué están haciendo ya los municipios.

El reto pendiente: tender puentes con la academia

Uno de los mensajes que atravesó todo el foro fue el papel, todavía por desarrollar, de la universidad. Existe conocimiento académico consolidado sobre ESS, políticas públicas y ODS —grupos de investigación, tesis, revistas como CIRIEC—, pero rara vez llega en un formato útil a una técnica municipal o a una entidad que necesita argumentar ante su administración. El panel y el banco de buenas prácticas de COOPUBLIC se plantean como un puente concreto en ambas direcciones: material que la academia puede validar y enriquecer, y un canal para que ese conocimiento llegue de verdad al territorio.

El ciclo continúa este otoño

Canarias es una parada más del Ciclo de Foros COOPUBLIC «Administraciones que cooperan, territorios que avanzan», que sigue este otoño con citas online en Catalunya (16 de septiembre), País Valencià (17 de septiembre), Euskadi-Nafarroa (23 de septiembre), Balears (24 de septiembre), además de un encuentro online conjunto el 9 de octubre y el Foro Estatal presencial en Madrid el 16 de octubre. Más información en reas.red/coopublic.

Si el tuyo es uno de los municipios que ya participa en el panel, tus respuestas están en los datos que se están construyendo. Y si aún no lo es, los próximos foros son la puerta de entrada para sumarse a este proceso de coproducir, entre administraciones, entidades de la ESS y sociedad civil, unas políticas públicas más sostenibles y más arraigadas en cada territorio.

El número 62, correspondiente al verano de 2026, de los Dossieres EsF, coordinado en esta ocasión por Juan Torres López analiza de forma multidisciplinar el impacto sobre la economía mundial del segundo mandato de Donald Trump.

La publicación recoge contribuciones de un grupo plural de autores que abordan, desde ángulos distintos pero complementarios, cuestiones fundamentales para comprender lo que está sucediendo: los efectos de las políticas de Trump, la lógica profunda que las mueve y los posibles futuros a los que conducen. El eje central es la economía, pero la ventana está abierta a la política, la ideología, la energía, el medio ambiente, la historia y la arquitectura institucional, sin las cuales la economía no se puede entender.

Reproducimos a continuación la Presentación del número, a cargo de su coordinador, Juan Torres López:

TRUMP 2.0: LA ECONOMÍA DEL DESORDEN Y DE LA GUERRA DE UN IMPERIO EN DECLIVE

Cuando Donald Trump tomó posesión por segunda vez como presidente de Estados Unidos, la sensación generalizada fue que el mundo se ponía patas arriba. Y no fue una impresión equivocada.

En pocos meses, la arquitectura del orden internacional que había gobernado las relaciones económicas entre países durante ocho décadas comenzó a crujir estrepitosamente. Las reglas del comercio internacional se vinieron abajo y los acuerdos fueron sustituidos de un día para otro por la coacción y el lenguaje de la fuerza. Las alianzas se tambalearon, los consensos saltaron por los aires y los organismos multilaterales quedaron bajo sospecha. En medio de conflictos diversos que nacían casi a diario, las dudas sobre el tipo de nuevo orden que pudiera consolidarse entre los escombros del anterior crecieron sin que se dispusiera de respuestas certeras.

Incluso Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, un organismo habitualmente muy seguro de todo lo que dice y hace, reconocía a mediados de junio de 2026 la situación de perturbación generalizada en la que se encuentra la economía mundial: «El mundo no está preparado para enfrentar las crisis cada vez más frecuentes que se están acumulando».

En este contexto, hay una trampa en la que es fácil caer cuando se desea analizar lo que está ocurriendo tras la segunda llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos: creer que la perturbación se debe exclusivamente a su peculiar personalidad. Es decir, que lo que está ocurriendo en este su segundo mandato es una simple anomalía, un accidente de la historia, un interregno estrambótico que pasará cuando, antes o después, deje de ser presidente. Y, por tanto, que basta con esperar a que el ciclo termine para que las cosas vuelvan a su cauce.

Este dossier nace precisamente de la convicción de que lo que está sucediendo con Trump no se puede entender sin comprender lo que hay detrás de su persona y el contexto en que se desarrolla su presidencia. En concreto, grupos de interés económico, energético, tecnológico, financiero y mediáticos muy poderosos, y una fase del capitalismo contemporáneo que lleva décadas gestándose y que ha encontrado en él su forma de gestión más descarnada, ruidosa y conflictiva, pero no la única ni necesariamente la última.

Después de varias décadas de políticas neoliberales que han logrado concentrar el ingreso, la riqueza y el poder en los niveles quizá más grandes de toda la historia humana, se ha consolidado como dominante un nuevo tipo de capitalismo de carácter extractivo, acaparador y cuyo rasgo más definitorio no es que deteste al Estado, como se repite con frecuencia, sino que lo necesita y lo quiere para sí. Sus negocios centrales, necesitan leyes que blinden sus monopolios y anulen a sus competidores, guerras que les aseguren suministros y desarrollen sus negocios, y recortes fiscales y regalías sin límite. Necesitan, en una palabra, capturar el Estado y eso ha llevado al capitalismo de nuestra época a ser cada vez más literalmente incompatible con la democracia real, como paladinamente reconoció Peter Thiel, uno de sus más conocidos representantes: «Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles».1

A esa tensión estructural entre el capitalismo rentista y la democracia se añade un segundo proceso que la agudiza: el declive relativo de Estados Unidos como potencia dominante y el ascenso de China como alternativa real.

La economía estadounidense viene perdiendo peso de forma continua en la producción, el comercio mundial y el sistema monetario mundial, mientras que al mismo tiempo China escalaba posiciones hasta situarse en la vanguardia de sectores que ahora son los motores y determinantes del progreso económico.

Es la conjunción de estos procesos, las contradicciones del capitalismo de nuestro tiempo y la crisis de hegemonía de la potencia que lo ha encabezado durante ochenta años, y no la mera personalidad de Trump, lo que realmente está poniendo patas arriba al mundo. Lo que estamos viviendo no es un interregno puntual, sino la transición hacia otro orden que se está produciendo a través del desorden.

Es por ello que, para entender este momento, son precisos análisis de luces largas y de amplio espectro. Los marcos convencionales, los que miran un solo fenómeno a la vez, los que reducen la causa de todo lo que ocurre a un factor o a un personaje, no están sirviendo ni para descubrir lo que de verdad ocurre, ni para poder tomar medidas eficaces ante la nueva situación. Se necesitan análisis que crucen la economía con la historia, la geopolítica con la ideología, la energía con la política y todo ello con el medio ambiente, la arquitectura institucional y las relaciones de poder, y los valores. Y se necesitan perspectivas diversas, porque ninguna mirada singular alcanza a ver todo el panorama que se ha de analizar.

Con ese propósito nace este dossier de Economistas sin Fronteras. Recoge contribuciones de un grupo plural de autores que abordan, desde ángulos distintos pero complementarios, las cuestiones que nos han parecido fundamentales para comprender lo que está ocurriendo en la economía mundial durante esta segunda presidencia de Trump: los efectos de sus políticas, la lógica profunda que las mueve y los posibles futuros a los que conducen. El eje central es la economía, pero la ventana está abierta a la política, la ideología, la energía, el medio ambiente, la historia y la arquitectura institucional, sin las cuales la economía no se puede entender.

Contenido del dossier

El dossier se abre con un análisis de las políticas económicas internas del segundo mandato de Trump que Carles Manera examina como una presidencia que avanza hacia el precipicio social. La política arancelaria, el ataque sistemático a la Reserva Federal, los recortes masivos en investigación, sanidad y vivienda, el enriquecimiento personal del presidente y de su entorno, y el aumento acelerado de la desigualdad configuran un cuadro en el que la volatilidad y la incertidumbre no son efectos secundarios. Son el resultado previsible de unas políticas que transfieren renta y poder hacia los ya más poderosos, mientras la mayoría de la población absorbe los costes.

A continuación, Ignacio Muro examina las razones profundas del nuevo desorden mundial, rastreando cómo el entrelazamiento entre Silicon Valley, Wall Street y el Pentágono, junto a las industrias extractivas tradicionales, ha configurado un nuevo bloque de poder cuya lógica trasciende con mucho al propio Trump. La crisis del COVID, la emergencia tecnológica china y la evolución de las grandes corporaciones hacia un capitalismo cada vez más extractivo y dependiente de la captura del Estado explican por qué este momento no es un episodio pasajero sino un cambio sistémico que busca imponer un régimen de servidumbre sobre los aliados y frenar el ascenso de China como potencia dominante.

Jorge Pérez se adentra en la crisis del Sistema Monetario Internacional, y analiza el dilema estructural que ya Keynes anticipó en 1943 y que hoy se manifiesta con toda su crudeza: el privilegio exorbitante del dólar como moneda de reserva mundial es, al mismo tiempo, la fuente del poder financiero de Estados Unidos y la trampa que lo condena a un endeudamiento sin límite y a una desindustrialización progresiva. El artículo recorre las alternativas históricas y actuales, desde el bancor de Keynes hasta las criptomonedas, las monedas estables y las monedas digitales de los bancos centrales, mostrando que las opciones más viables son también las que exigen mayor multilateralismo, justamente lo contrario de lo que Trump está dispuesto a aceptar.

Xulio Ríos traza con rigor la evolución de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China a lo largo de tres presidencias, mostrando cómo lo que comenzó como una disputa comercial en el primer mandato de Trump se ha convertido en el marco estructurante de toda la política internacional contemporánea. El artículo analiza la paradoja central de esta rivalidad: pese a la intensidad de la presión ejercida por Washington, China no se ha debilitado, sino que ha acelerado su autosuficiencia tecnológica y consolidado su resiliencia económica. La cumbre de Pekín de mayo de 2026 se examina como un posible punto de inflexión, aunque más probable como estabilización táctica dentro de una rivalidad que ninguna de las dos partes puede ni resolver ni llevar hasta sus últimas consecuencias.

Daniel Fuentes examina el impacto de las políticas climáticas de Trump sobre la transición verde en Europa, analizando cómo la retirada estadounidense de los compromisos climáticos internacionales, la eliminación de controles medioambientales y el impulso masivo a los combustibles fósiles no solo agravan la crisis climática global sino que alteran las condiciones de competencia en las que Europa trata de avanzar en su propia transición energética, con consecuencias que afectan a la industria, el empleo y la soberanía energética del continente.

Nahia Sanzo analiza la geopolítica del primer año trumpista a través del petróleo y la energía, mostrando que el control de los flujos energéticos globales es el hilo conductor que da coherencia a intervenciones que de otro modo parecerían dispersas o caóticas. El bloqueo naval a Venezuela, la guerra contra Irán, el apoyo a los ataques ucranianos sobre la infraestructura petrolera rusa y la subordinación estratégica de Europa responden a una misma lógica: garantizar que el petróleo que necesita China no fluya fuera del control de Washington, y que los aliados europeos queden atados a la energía, el armamento y la tecnología estadounidenses como precio de su seguridad.

Yayo Herrero sitúa el trumpismo en el marco más amplio de la contradicción entre capital y vida, analizando la irrupción de la ultraderecha como una respuesta distópica a la crisis ecosocial. Cuando siete de los nueve límites planetarios han sido ya superados y la policrisis ecosocial golpea de forma desigual pero creciente a la mayoría de la población, la extrema derecha ofrece chivos expiatorios, crueldad espectacularizada y acaparamiento violento de recursos como respuesta. Frente a esa vía distópica, el artículo propone las claves de una transición ecosocial justa basada en la suficiencia, la redistribución y la garantía de una vida digna para todas las personas, reconociendo que tal alternativa exige una transformación cultural y política de gran calado que todavía no tiene la organización suficiente para imponerse.

El dossier se cierra con un artículo de Juan Torres que intenta responder a las tres grandes preguntas que articulan el conjunto de lo analizado: por qué ha surgido el trumpismo como expresión funcional del capitalismo rentista y del declive imperial estadounidense, para qué sirve realmente más allá de su retórica populista, y qué cabe esperar que venga después de él. La respuesta a esta última pregunta es tan incierta como incómoda. En el mejor de los casos, otro presidente gestionando el mismo declive estructural con instrumentos similares; en el peor, alguien con los mismos objetivos pero menos escrúpulos y más rodaje. Pero seguirá existiendo el trumpismo sin Trump si en un horizonte próximo no se abordan las causas estructurales que lo han hecho necesario para el sistema, si no se toman posiciones de fuerza frente a los grupos oligárquicos que están capturando las instituciones y si no se llevan a cabo reformas profundas en la gobernanza, en el modo de producir y en el reparto de los recursos, la riqueza y el poder.

No pretendemos ofrecer respuestas definitivas a un fenómeno que está vivo y sucediendo en este preciso momento. Lo que ofrecemos son claves de análisis, perspectivas de largo alcance y herramientas para ayudar a descubrir y explicar con mayor claridad un tiempo que desconcierta precisamente porque se nos presenta con fenómenos, formas y problemas diferentes a los tradicionales y que nos obligan a pensar también de otro modo.

La transición energética se ha instalado en el debate público no como una opción entre varias, sino como una obligación que ya no admite demora: la dependencia de los combustibles fósiles, agravada por los límites de acceso a esos recursos que ha dejado en evidencia la guerra de Irán, convive con un consenso cada vez más amplio sobre la necesidad de cambiar de modelo energético. Pero ese cambio no es un simple relevo de una fuente por otra. Sustituir un combustible versátil, acumulable y de alto rendimiento por recursos intermitentes, dependientes del territorio y necesitados de aceptación social, obliga a repensar no solo la tecnología, sino quién decide, quién produce y quién se beneficia de la energía. Las comunidades energéticas —ese conjunto de fórmulas jurídicas que permiten a la ciudadanía y a las administraciones producir, gestionar y compartir energía de forma colectiva— son, en ese sentido, tanto una respuesta técnica como una apuesta política.

A raíz de una sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC, dedicada a la coproducción de políticas públicas para una transición energética justa, conviene detenerse en algunas de las ideas que se pusieron sobre la mesa, porque retratan bien un modelo que avanza, pero que sigue necesitando de un marco legal más definido y de una implicación institucional que todavía no es la norma. Alfonso García Márquez, socio trabajador de la cooperativa Goiener y expresidente de la Unión de Energías Renovables, condujo la formación con una tesis de fondo: el reto energético es demasiado grande para abordarlo en solitario, y las comunidades son, precisamente, la herramienta pensada para compartirlo.

Un marco legal que aún no termina de cerrarse

El paquete normativo que sostiene a las comunidades energéticas procede de dos directivas europeas —la de renovables y la del mercado de la electricidad—, trasladadas ambas a la ley española del sector eléctrico. Ambas definen a las comunidades como entidades jurídicas de participación abierta y voluntaria, controladas por personas físicas, pymes o administraciones locales, y orientadas a generar beneficios ambientales, económicos o sociales en su entorno antes que rentabilidad financiera. Sin embargo, como señaló García Márquez, «todavía no se ha terminado de trasponer el ordenamiento jurídico español» en cuanto a qué figura concreta debe adoptar una comunidad. En la práctica, admitió, «la definición de comunidad energética te corresponde como un guante con las características de una cooperativa», pero conviven en el Estado comunidades constituidas bajo formatos muy distintos, desde cooperativas hasta comunidades de montes con naturaleza de simple sociedad civil. Esa ambigüedad no es un obstáculo menor: mientras el decreto pendiente no llegue, cada territorio negocia sobre la marcha qué entidad jurídica encaja con sus objetivos.

El autoconsumo como puerta de entrada, no como sustituto

Antes de constituir una comunidad propiamente dicha, existe una herramienta más ágil y menos exigente: el autoconsumo compartido, que permite repartir la energía producida entre varios puntos de consumo mediante un simple acuerdo privado, sin necesidad de crear ninguna entidad jurídica. Un reciente Real Decreto, aprobado a raíz de la guerra de Irán, ha ampliado el radio permitido para acogerse a esta figura de los 2 km anteriores hasta los 5 km, para instalaciones fotovoltaicas y eólicas de menos de 5 MW. Esa ampliación, explicó García Márquez, permite a los ayuntamientos «aprovechar espacios infrautilizados» y sumar como beneficiarias a «viviendas sociales, comercios, centros educativos o deportivos» alejados de la instalación, optimizando así la inversión pública. El mismo decreto ha modificado la ley reguladora de las bases del régimen local para incorporar de forma explícita, entre las competencias propias de los municipios, la promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía, lo que despeja buena parte de la inseguridad jurídica que hasta ahora rodeaba la cesión de cubiertas municipales. Con todo, García Márquez fue claro sobre los límites de esta vía: el autoconsumo reparte energía, pero no transforma gobernanza; su finalidad «es el reparto energético», mientras que la de una comunidad energética «es la transformación social y energética local».

El ayuntamiento como facilitador, no como propietario del proceso

Uno de los ejes que más recorrió la sesión fue el papel de la entidad local: ni ausente ni al mando, sino facilitadora. García Márquez insistió en que la voluntad política para impulsar una comunidad debe ser transversal —incluyendo también a la oposición—, porque el proyecto «no es cuestión de un periodo legislativo, sino que es algo que se va a quedar ahí». El ayuntamiento, señaló, puede aportar recursos para reuniones, habilitar una oficina de información energética, ceder cubiertas o destinar parte del presupuesto anual al desarrollo de la comunidad; pero puede hacerlo con distintos grados de compromiso, desde una cesión puntual hasta una aportación económica simbólica como socio más, o una implicación plena como socio promotor.

Ese equilibrio entre autonomía ciudadana y participación institucional generó parte del debate más productivo de la sesión. Un asistente que está impulsando una comunidad energética ciudadana sin participación municipal planteó una duda que probablemente comparten muchos proyectos en marcha: hasta qué punto conviene sumar al ayuntamiento cuando eso implica compartir también la gestión del dinero. García Márquez respondió sin rodeos: «vosotros como ciudadanos estáis convencidos de que queréis sacar adelante esta comunidad […] pues nosotros seguimos adelante», y recordó que la adhesión a una comunidad es siempre voluntaria, también para la administración, que «si ve que las cosas se hacen de una forma correcta […] permanecerá ahí, y si no, siempre puede decir: yo me voy». Salvador, de una asociación murciana, preguntó si una cooperativa de vivienda colaborativa podría adherirse a una comunidad energética ya existente o constituir la suya propia; la respuesta fue que ambas vías son posibles, y que lo decisivo no es la forma jurídica sino dotar al proyecto de «viabilidad técnica y económica» sostenida en el tiempo.

Lo que aún falta

De la sesión se desprenden también los límites del momento actual. Falta, en primer lugar, un decreto estatal que cierre definitivamente qué entidades jurídicas pueden constituirse como comunidad energética, lo que hoy obliga a cada territorio a moverse en una zona gris. Falta también una mayor disposición de los ayuntamientos a implicarse en fórmulas cooperativas: acostumbrados a relaciones institucionales que exigen compromisos económicos elevados, muchos siguen siendo reacios a participar en estructuras donde su voto vale lo mismo que el de cualquier otra persona socia. Y falta, sobre todo, resolver una tensión de fondo que el propio ponente señaló como advertencia: reducir la factura energética «muchas veces sirve de motivo para empujar a las personas» a construir una comunidad, «pero no debería ser el motivo principal que nos mueva». El motivo de fondo, insistió, debería ser otro: acercar las energías renovables al territorio, apropiarse de su producción y avanzar hacia una soberanía energética que, aun limitada por la existencia del mercado, sitúe las decisiones dentro de la comunidad y no en las grandes empresas.

El debate, en cualquier caso, apuntó en una dirección clara: cuantas más herramientas —autoconsumo compartido, cesión de cubiertas, participación societaria, apoyo técnico— sea capaz de combinar una entidad local con el tejido ciudadano organizado, más sólida y duradera resultará la transición energética justa que ambas partes dicen perseguir.

Dentro del Ciclo de Foros Coopublic, Administraciones que cooperan, territorios que avanzan, dedicado a la coproducción de políticas públicas, el  9 de octubre tendrá lugar:

Comenzaremos este foro estatal online recogiendo el testigo de todo el proceso de coopublic y conociendo experiencias de política pública en el marco de la ESS, a través de la de ILABSO Coop., que nos presentará el Panel de políticas públicas en que se ha estado trabajando a lo largo de los últimos meses.

En segundo lugar, conectaremos con la esencia de la cooproducción público-comunitaria y las pistas para su promoción, de la mano de Claudia Delso Carreira, de IDRA, quien nos dará una charla inspiradora marco.

Tras esto, comenzará el trabajo en grupo por parte de todas las personas participantes (de Administración püblica y economía solidaria), tomando el testigo de las conclusiones de los foros territoriales realizados en Catalunya, País Valenciá, Balears, Euskadi, Nafarroa y Canarias. Así, desde lo colectivo, trabajaremos  sobre estrategias, herramientas, próximos pasos y agentes clave para impulsar este modelo. Cerraremos con una puesta en común en plenaria de las principales claves.

Vuestra experiencia y mirada son fundamentales para que esta hoja de ruta sea útil y realista. Hayas participado o no en los foros territoriales. ¡Os esperamos!

ENLACE de inscripción si aún no te has inscrito.

Este encuentro será la antesala del encuentro presencial que tendrá lugar en Madrid el 16 de octubre con un plantel de excepción. 

Este foro forma parte del Ciclo de Foros COOPUBLIC, impulsado por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC_ESS, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad subvencionada y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

«L’economia social i solidària, instrument per a la transició ecosocial als municipis» (La economía social y solidaria, instrumento para la transición ecosocial en los municipios), es una guía publicada por la Diputació de Barcelona (Sèrie Economia i Treball, Col·lecció Eines). La coordinación y edición corre a cargo de Jordi Garcia Jané, mientras que la autoría del contenido es de Eva Vilaseca, Jordi Garcia Jané, Laura Camprubí y Rubèn Suriñach Padilla.

El documento se estructura en tres grandes bloques.

La Parte I aborda el marco conceptual, con los apartados:

1. Cap a la transició ecosocial,
2. Breu repàs a la història de l’ecologisme,
3. Antecedents i marcs de les polítiques públiques per a la transició,
4. L’ESS, una palanca per impulsar la transició.

La Parte II desarrolla ámbitos temáticos concretos:

1. Aigua,
2. Alimentació,
3. Educació i cultura,
4. Energia,
5. Entorn natural,
6. Habitatge,
7. Mobilitat
8. Residus.

Finalmente, la Parte III se centra en un único gran apartado:

1.  Innovació ecosocial per a la transició ecosocial.

En la presentación, firmada por Ana María Martínez, presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme, se plantea la transición ecosocial como un reto que exige combinar sostenibilidad ecológica y justicia social en todos los niveles de gobierno. La guía ofrece a los municipios una visión estructurada para afrontar este reto desde una perspectiva territorial, integrando conceptos teóricos, criterios de gestión, herramientas de aplicación y casos inspiradores ya existentes. El texto se presenta como fruto de un trabajo colectivo entre instituciones, comunidades locales, entidades de la economía solidaria y universidades, y aspira a ser, como señala la propia presentación, «una fuente de inspiración, una guía asequible y una llamada a la acción» para las entidades locales que quieran situar la economía social y solidaria como palanca de su desarrollo.

Enlace a la guía

La crisis de acceso a la vivienda —con precios de compra que han crecido cerca de un 13% solo en el último año y un parque de alquiler social prácticamente inexistente en el Estado español— ha puesto sobre la mesa un modelo que, sin ser nuevo, empieza a consolidarse como respuesta estructural: la vivienda cooperativa en cesión de uso. A diferencia de la cooperativa de vivienda convencional, aquí la propiedad del inmueble permanece siempre en manos de la cooperativa; quienes habitan la vivienda tienen un derecho de uso indefinido, pero nunca la propiedad individual. El resultado es un parque que no puede volver al mercado especulativo, porque nunca sale de la esfera colectiva.

A raíz de una reciente sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC, dedicada precisamente a este modelo y a su relación con las administraciones públicas, conviene detenerse en algunas de las propuestas y de los debates que atravesaron el encuentro, porque dibujan bien el estado actual de un sector que crece, pero que sigue dependiendo, caso a caso, de la voluntad política de cada territorio. Hoy existen ya más de 60 proyectos en fase de convivencia en el conjunto del Estado y decenas más en distintas fases de desarrollo, un crecimiento que ha sido posible, sobre todo, allí donde se ha dado una condición concreta: la colaboración sostenida entre el tejido cooperativo y las administraciones públicas. No como excepción puntual, sino como política deliberada.

Un modelo, cuatro palancas de política pública

Desde la Red de Vivienda Cooperativa —la sectorial de vivienda de REAS Red de Redes— se ha sistematizado esta relación en un manual de acción para la colaboración público-cooperativa, disponible en abierto, que ordena la actuación pública en cuatro grandes ámbitos: la activación de la demanda y el impulso del mercado social; el acceso al suelo, tanto público como privado; el apoyo económico directo; y un conjunto de medidas complementarias —fiscales, urbanísticas, normativas— que a menudo resultan determinantes para que un proyecto sea o no viable.

Ninguna de estas palancas funciona de forma aislada, y así lo planteó durante la sesión Gloria Rubio Casas, de la Fundación La Dinamo y coordinadora del manual: para que el modelo arraigue de verdad en un territorio, decía, la administración tiene que entender que impulsarlo es tarea de la promoción económica, de la política de juventud o de la de igualdad, y no solo de la concejalía de vivienda. A esa transversalidad se suma una segunda condición, de carácter normativo: un marco legal que reconozca y blinde tres elementos que el sector considera irrenunciables —la propiedad colectiva indefinida, el derecho de uso intransmisible y un límite a la aportación de capital inicial, que se sitúa como máximo deseable en el 30%—, de modo que la asequibilidad no dependa de la buena voluntad de cada promotora, sino que quede garantizada por norma.

Del suelo a la financiación: lo que enseñan los proyectos ya construidos

Los ejemplos que se pusieron en común durante la formación —y que el sector viene señalando como referencia— comparten un mismo patrón: la alianza con lo público resuelve, casi siempre, alguno de los dos grandes cuellos de botella del modelo: el acceso al suelo y la financiación.

En Palamós (Girona), 34 viviendas de protección oficial se han levantado sobre suelo público cedido mediante adjudicación directa, una vía que la normativa urbanística y de vivienda catalana permite cuando el destino es social y la entidad receptora carece de ánimo de lucro. El proceso, iniciado en 2019 con un protocolo de intenciones entre ayuntamiento y cooperativa, se ha completado con subvenciones de la Generalitat —incluida una línea específica para cesión de uso— y un préstamo del ICO a 40 años, hasta dejar la aportación inicial media por unidad de convivencia en unos 14.700 euros, muy por debajo del precio de mercado de la zona. En Manresa, la fórmula ha sido distinta: la compra de un edificio privado —antes propiedad de una entidad financiera— mediante el derecho de tanteo y retracto que recoge la legislación catalana, con financiación al 100% del Institut Català de Finances a interés bonificado, ha permitido reducir la aportación inicial media a apenas 1.300 euros por vivienda. Yabel Pérez Moreno, responsable de crecimiento de Sostre Cívic y quien presentó ambos casos, insistió en que esa es precisamente la clave: por encima de cada proyecto concreto, lo que determina que la vivienda social sea realmente asequible son el acceso al suelo y la financiación, y solo cuando la administración se implica en los dos a la vez —con subvención directa y crédito público a largo plazo e interés bonificado— es posible trasladar ese esfuerzo a cuotas verdaderamente accesibles.

En Zaragoza, la cooperativa Acobijo ha resuelto el acceso al suelo mediante una permuta con la sociedad municipal Zaragoza Vivienda —cediendo un solar propio a cambio del derecho de superficie sobre uno colindante— y ha sido, junto a otra cooperativa aragonesa, la única beneficiaria de una línea autonómica de subvenciones diseñada específicamente para este tipo de proyectos. Anabel García Recio, socia de Acobijo, matizaba durante la sesión que la cooperativa no considera que el ayuntamiento les haya regalado nada —el solar que aportaron era más valioso que el que recibieron a cambio—, pero sí destacaba como un logro en sí mismo que una corporación municipal haya tenido la voluntad política de sumarse a un proyecto cooperativo, algo que a su juicio abre camino para las iniciativas que vengan detrás.

No todos los balances que se compartieron fueron tan favorables. En Rivas Vaciamadrid, el proyecto Cosmos —dirigido a personas mayores de 50 años— cuenta con cesión gratuita de suelo durante 75 años, pero no ha recibido ningún tipo de apoyo económico público, y el encarecimiento de materiales, unido a las exigencias medioambientales para acceder a crédito del ICO, está empujando la aportación inicial de los socios hasta el 50%. Coral Hernández, presidenta de la cooperativa, lo planteó sin rodeos: siendo un colectivo con una edad media superior a los 65 años, explicaba, no confían en poder reunir el 30% de aportación inicial que se maneja como referencia en el sector, y calculan que tendrán que acercarse al 50%; por eso, conseguir financiación en condiciones asequibles se ha convertido en su principal reto, más incluso que la propia construcción de las viviendas.

En Canarias, el impulso ha llegado por una vía singular: una línea de financiación de 3,5 millones de euros del Plan Canarias Te Cuida, gestionada desde Bienestar Social con fondos europeos, que ha permitido financiar desde estudios de viabilidad hasta la compra de suelo, condicionando parte de la ayuda a que los proyectos reserven unidades para personas en situación de vulnerabilidad económica.

Cooperativistas de Entre Alisios

Ventejui Hernández Costa, socio de la cooperativa Entre Alisios, recordaba que hasta 2022 el archipiélago ni siquiera contaba con una ley que reconociera la cesión de uso como figura cooperativa específica, y que fue la incidencia sostenida del propio sector la que logró incorporarla a la primera ley de economía social canaria; solo a partir de ese reconocimiento legal, señalaba, resultó posible negociar con la administración una línea de financiación pensada expresamente para las distintas fases de estos proyectos.

Y en Valencia, donde todavía no existe ningún proyecto en fase de convivencia, la experiencia de La Posta apunta a un tipo de colaboración más incipiente. Julia Pineda Soler, socia de la cooperativa impulsora, explicaba que en un contexto donde aún no están desplegadas las políticas específicas que sí existen en otros territorios, la vía que han encontrado para dialogar con el ayuntamiento ha sido presentar el proyecto como demostrador dentro de un laboratorio municipal de innovación urbana; a cambio negocian apoyo en los honorarios técnicos de las fases iniciales, una reducción de las exigencias de aparcamiento —dado el reducido tamaño de la parcela— y posibles bonificaciones fiscales, además de un informe sobre el potencial del modelo para regenerar el tejido urbano consolidado sin necesidad de crecer sobre suelo protegido.

Lo que aún falta

Del conjunto de experiencias compartidas se desprenden también los límites del momento actual: la ausencia de parque público suficiente obliga a mirar cada vez más hacia el suelo privado; la banca ética empieza a incorporarse como opción de cofinanciación, pero su bonificación por parte de las administraciones sigue siendo excepcional; y la exigencia de aparcamiento o los estándares energéticos, pensados para la promoción convencional, pueden encarecer hasta la inviabilidad proyectos que ya nacen con vocación de sostenibilidad y de reducir la dependencia del vehículo privado.

El debate que atravesó la sesión, en todo caso, apuntaba en una misma dirección: cuando la administración pública entiende la cesión de uso no como una anomalía a tolerar sino como una herramienta legítima de política de vivienda —con marco legal propio, líneas de subvención específicas y voluntad política sostenida en el tiempo—, los proyectos dejan de depender del voluntarismo de cada promotora y empiezan a convertirse en una alternativa real, replicable y arraigada en el territorio.

Este curso propone un espacio de formación, reflexión y encuentro orientado a fortalecer las prácticas vinculadas a la inclusión social desde una perspectiva comunitaria. A lo largo de dos jornadas, profesionales de la administración pública, entidades sociales, organizaciones comunitarias y personas vinculadas a ámbitos como la cultura, el deporte o la educación compartirán enfoques, metodologías y experiencias que evidencian la capacidad transformadora del trabajo colectivo en los territorios.

La propuesta metodológica combina ponencias marco y mesas de diálogo multiagente integradas por profesionales del ámbito institucional, académico, del tercer sector y referentes comunitarios, que aportarán una lectura práctica y situada sobre la participación y los retos actuales de la construcción comunitaria. Junto a ello, se incorporarán espacios horizontales de diálogo que romperán con el esquema tradicional de experta/o y público receptor, favoreciendo el intercambio de saberes desde la experiencia y la construcción compartida de significados.

Además, y siempre que se alcance una participación suficiente, el programa incluirá un laboratorio experimental de carácter opcional orientado a explorar, desde la práctica, nuevas formas de construir comunidad mediante herramientas participativas, culturales y creativas.

Con este programa, el curso busca ampliar miradas, romper fronteras sectoriales y fortalecer vínculos entre agentes diversos, poniendo en valor la comunidad como espacio clave para la cohesión social, la corresponsabilidad y la construcción de bienestar colectivo. Como cierre, se elaborará y compartirá un decálogo construido colaborativamente que recogerá los principales aprendizajes, claves y compromisos surgidos durante el curso.

Matrícula: Gratuita
Mod.: Presencial
Tipo de actividad: Curso de Verano
Fecha: 02.Sep – 03.Sep 2026
Ubicación: Palacio Miramar
Idiomas: Euskera Español
Validez académica: 20 horas

Programa de tarde (16:00-18:30) Laboratorio de acción comunitaria.

-opcional-Formulario de inscripción Pinchar aquí

Público objetivo al que está dirigida la actividad

• Alumnado universitario
• Estudiantes no universitarios
• Profesorado
• Profesionales

El Ciclo de Foros COOPUBLIC llegará a su cierre con el Foro Estatal, un encuentro presencial en Madrid que reunirá a administraciones públicas, entidades de la Economía Social y Solidaria y agentes sociales de todo el Estado.

La jornada girará en torno a la presentación de los principales insumos generados por el proyecto y a una mesa de debate político-social con representantes de varios ministerios y de organizaciones sociales. A partir de las conclusiones recogidas en los foros territoriales online y del trabajo que se realizará durante la jornada en grupos de trabajo, se construirá una hoja de ruta compartida con las principales estrategias y medidas de cooperación público-comunitaria para el fomento de la Economía Social y Solidaria.

PROGRAMA de la JORNADA

9:30 h. Recepción

10:00 a 10:30 h. Apertura y presentación. REAS Red, con la colaboración de ILABSO-OLMA y Foro Transiciones.

10:30 a 12:00 h. Mesa de debate político-social

• David Perejil, director de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
• Jaime Iglesias, comisionado especial para la Economía Social
• María Sintes Zamanillo, jefa de servicio de la Oficina Española de Cambio Climático.
• Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales
• Luigi Carinci, presidente de REAS Red de Redes
• Belen Sánchez Rubio, grupo motor Futuro en común
• Jorge Nacarino, responsable de política institucional en la Confederación Estatal Asociaciones Vecinales.
• Marta Abril, coordinadora de Comunidad de Práctica de Políticas Públicasde Altekio/ Ecorredes

12:00 a 12:30 h. Café y descanso

12:30 a 14:00 h. Diseño estratégico colectivo. Dinamiza: Tangente Grupo Cooperativo.

14:00 a 14:30 h. Conclusiones y cierre

Formulario de inscripción: ENLACE.

Hay propuestas que poseen una enorme fuerza antes incluso de haber sido desarrolladas, no porque hayan demostrado todavía su capacidad real para transformar la realidad sino porque logran conectar con aspiraciones profundamente arraigadas en el imaginario colectivo y porque, en un momento histórico de descomposición de los sistemas públicos y de mercantilización creciente de todas las esferas de la vida, ofrecen una promesa de retorno a algo que suena familiar, protector y casi evidente.

La Seguridad Social Alimentaria pertenece a esa categoría de ideas que no necesitan demasiada presentación para ser comprendidas emocionalmente, porque su sola formulación parece reunir dos de las preocupaciones más importantes de nuestro tiempo, la crisis estructural del sistema alimentario y la necesidad de reconstruir mecanismos de protección colectiva capaces de garantizar derechos básicos frente a las lógicas del mercado.

Una propuesta que plantea que toda la población disponga de una cantidad mensual, 150 euros, destinada a la compra de alimentos, saludables, producidos bajo criterios sociales y ambientales previamente definidos

Resulta difícil no sentirse interpelado por una propuesta que plantea que toda la población disponga de una cantidad mensual, 150 euros, destinada a la compra de alimentos, saludables, producidos bajo criterios sociales y ambientales previamente definidos, en un contexto marcado por el aumento de la inseguridad alimentaria, el encarecimiento de la vida, la precarización del acceso a alimentos frescos y la evidencia cada vez más difícil de ignorar de que el actual modelo agroalimentario no solo no resuelve estas tensiones, sino que en gran medida las produce y las reproduce. Hay aquí una intuición política de fondo que es difícil de cuestionar, la alimentación no puede seguir siendo un bien cualquiera sometido a la lógica pura del mercado, porque hablamos de una necesidad vital, cotidiana, estructural, que condiciona la salud, la dignidad y la propia posibilidad de vida de las personas.

Sin embargo, precisamente porque la propuesta posee esa capacidad de seducción, merece ser analizada con un grado de atención proporcional a su ambición, porque no todas las respuestas que se presentan como transformadoras lo son en la práctica, y no todas las herramientas que apelan al imaginario de lo público reproducen necesariamente la lógica de lo público. Y es aquí donde empiezan a surgir las primeras fisuras, no tanto en los objetivos declarados, que en buena medida son compartibles por amplios sectores del campo social y político, sino en el tipo de arquitectura institucional, económica y política que se está proponiendo para alcanzarlos, que acaban siendo ineficaces y regresivos.

La fuerza de la propuesta comienza por su propio nombre, porque cuando escuchamos “Seguridad Social Alimentaria” se activa de inmediato una memoria colectiva asociada a uno de los grandes logros históricos de las sociedades europeas contemporáneas, un sistema de protección social basado en la idea de que existen riesgos vitales que no deben ser gestionados individualmente sino de forma colectiva, mediante instituciones públicas, universales y redistributivas. Pensamos en la sanidad pública, en las pensiones, en las prestaciones por desempleo, en las bajas laborales, en la idea de que el Estado social no es un simple gestor de ayudas, sino una arquitectura política que sustrae determinadas esferas de la vida de la lógica mercantil y las convierte en derechos garantizados.

La potencia política del concepto empieza a funcionar también como un mecanismo de confusión, porque el nombre no es neutro, y evoca una forma institucional

La alimentación parece encajar perfectamente en esa categoría, al fin y al cabo, pocas necesidades son más básicas que la de alimentarse de forma suficiente y adecuada, y si aceptamos que la salud es un derecho y que la educación es un derecho, la pregunta por qué no habría de serlo también la alimentación parece razonable, incluso inevitable. Pero es precisamente en ese punto donde la potencia política del concepto empieza a funcionar también como un mecanismo de confusión, porque el nombre no es neutro, y evoca una forma institucional que no se corresponde necesariamente con el contenido real de la propuesta.

Cuando se analiza con detenimiento el funcionamiento concreto de la llamada Seguridad Social Alimentaria, lo que aparece no es una extensión del Estado social en el ámbito alimentario ni la creación de un servicio público de provisión o garantía directa del derecho a la alimentación, sino un dispositivo de transferencia monetaria individualizada en forma de tarjeta, una vale de comida en resumen, recargada periódicamente con una cantidad fija destinada a la compra de determinados productos en determinados establecimientos previamente acreditados por estructuras de gobernanza de carácter ciudadano. La diferencia puede parecer técnica, pero en realidad es profundamente política, porque no estamos ante un sistema que sustituye la mediación del mercado en la garantía de derechos, sino ante un sistema que opera a través del mercado, intentando reorganizar la capacidad de consumo sin alterar de forma sustancial las relaciones de producción, distribución y control que estructuran ese mismo mercado.

La Seguridad Social, tal y como se ha construido históricamente en los países europeos, no consiste en transferir dinero para que los individuos resuelvan en el mercado necesidades que se consideran derechos, sino precisamente en lo contrario, en construir instituciones colectivas capaces de garantizar esos derechos mediante la desmercantilización parcial de determinadas esferas de la vida. Cuando una persona acude a un hospital público no recibe un cheque para comprar una intervención médica, cuando una persona se jubila no recibe un bono para adquirir una pensión en el mercado asegurador, cuando una trabajadora enferma no recibe una tarjeta para gestionar su protección sanitaria, sino que accede a un sistema público que reconoce la salud, la vejez o la incapacidad como derechos gestionados colectivamente.

La lógica que subyace a este modelo es la socialización del riesgo y la construcción de infraestructuras públicas capaces de garantizar derechos sin intermediación del mercado, mientras que la lógica de la Seguridad Social Alimentaria, en sus formulaciones actuales, se aproxima más a un esquema de subsidio del consumo, un banco de alimentos mejorado, en el que se mantiene intacta la estructura del mercado alimentario y se interviene únicamente en la capacidad individual de compra. Esta distinción no es un matiz conceptual, sino el núcleo del debate, porque obliga a preguntarse si estamos ante una propuesta de transformación estructural del sistema alimentario o más bien ante el apuntalamiento que consolida el modelo que pretende combatir.

Esta cuestión se vuelve todavía más relevante cuando se sitúa la propuesta en el contexto del diagnóstico que la acompaña, un diagnóstico que, en gran medida, es compartido por amplios sectores de los movimientos sociales vinculados a la soberanía alimentaria, la agroecología y la justicia alimentaria. Existe un consenso cada vez más amplio en que el sistema agroalimentario industrial está dominado por dinámicas de concentración corporativa, expulsión del campesinado, degradación ecológica, precarización del trabajo agrícola y dificultades estructurales de acceso a alimentos saludables por parte de amplias capas de la población. Sin embargo, una vez identificado el problema, las divergencias aparecen en el plano de las estrategias.

¿Hasta qué punto una política centrada en un bono alimentario puede alterar las estructuras de poder?

Porque si el núcleo del problema reside en el control de la tierra, en la concentración de la distribución, en la estructura de los márgenes de beneficio a lo largo de la cadena alimentaria, en la capacidad de las grandes corporaciones para fijar precios, condicionar la producción y definir qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, entonces la pregunta es inevitable, ¿hasta qué punto una política centrada en un bono alimentario puede alterar esas estructuras de poder? La experiencia acumulada durante décadas de iniciativas de consumo responsable, comercio justo, circuitos cortos o cooperativas de consumo muestra algo que resulta incómodo de asumir, y es que, aun siendo espacios valiosos de experimentación social, no han conseguido alterar de forma significativa la arquitectura global del sistema agroalimentario.

La cuestión no es si esa transferencia de recursos puede tener efectos en determinados nichos de mercado o en determinadas experiencias locales, que probablemente sí, sino si puede constituir una estrategia de transformación sistémica, hegemónica y popular. Porque no estamos hablando de una intervención marginal, sino de un volumen de recursos que, según sus propias estimaciones, alcanzaría cifras inmensas de gasto público. Y ante ese escenario, la pregunta ya no es solo económica, sino política en sentido estricto, qué tipo de institucionalidad se está creando, quién la gobierna, con qué legitimidad, con qué mecanismos de control democrático, y, sobre todo, qué tipo de relación establece con el conjunto del sistema público existente. Vamos a verlo.

Desde su formulación, la SSA se plantea como una extensión de la lógica de la Seguridad Social al ámbito alimentario. Sin embargo, su diseño introduce una serie de elementos híbridos que la alejan del modelo clásico de política pública. Su financiación se basa principalmente en cotizaciones obligatorias vinculadas al salario, aunque se abren otras posibilidades como reformas profundísimas del sistema fiscal actual, la lucha contra el fraude fiscal, reformas del IVA o transferencias desde otras partidas de los presupuestos públicos. Todas ellas con una probabilidad de materializarse, en el contexto actual, extremadamente baja.

En este sentido, la SSA no se concibe como un sistema de titularidad, gestión y fiscalización pública, sino como un mecanismo de contribución social obligatoria. Pero ni tan siquiera eso es lo más problemático, el mecanismo empieza a derrapar considerablemente cuando se constata que esa inmensa bolsa de dinero público se entregará a una red ciudadana paralela para que decida y administre qué alimentos se compran y donde.

La propuesta de SSA plantea que el funcionamiento del sistema descanse en una red de entidades locales —las llamadas cajas de alimentos— que agruparían a decenas de miles de personas en cada territorio. Estas estructuras asumirían funciones de gobernanza relevantes: selección de productos, definición de criterios de compra, acreditación de establecimientos y control del cumplimiento de estándares sociales y ambientales. Se plantea, además, que estos órganos garanticen la atención a necesidades alimentarias diversas, incluyendo restricciones culturales, sanitarias o éticas. No obstante, el diseño institucional de estas cajas permanece abierto, con escasa concreción sobre su composición, representatividad, mecanismos de toma de decisiones o resolución de conflictos.

Este diseño implica la construcción de un sistema altamente complejo de certificación, control y trazabilidad alimentaria, necesario para asegurar que los productos cumplen los criterios establecidos

En cuanto a los criterios de funcionamiento del sistema alimentario, la SSA propone la fijación participativa de precios tanto para productos nacionales como importados, con el objetivo de garantizar ingresos dignos a lo largo de la cadena productiva y evitar prácticas de competencia desleal. Asimismo, se prevé la aplicación de mecanismos de regulación del comercio exterior mediante precios mínimos de entrada y la incorporación de estándares de comercio justo en productos importados. Los criterios ambientales y de producción sostenible —frecuentemente asociados al enfoque agroecológico— serían definidos a diferentes escalas territoriales, en negociación entre entidades ciudadanas, cooperativas y administraciones públicas.

Este diseño implica la construcción de un sistema altamente complejo de certificación, control y trazabilidad alimentaria, necesario para asegurar que los productos cumplen los criterios establecidos. La amplitud y heterogeneidad de dichos criterios introduce, sin embargo, una dificultad estructural: la ausencia de una definición unificada y operativa de agroecología aplicable a gran escala, así como la potencial diversidad de interpretaciones en función del territorio o de la composición de los comités locales.

Las experiencias existentes que se invocan como antecedente de la SSA, principalmente en Francia y en algunos proyectos piloto en el Estado español, muestran una realidad más limitada. En la práctica, estas iniciativas se asemejan a cooperativas de consumo agroecológico o redes de distribución alternativa, con grupos reducidos de participantes y una escala de funcionamiento relativamente pequeña. El caso de Getafe, por ejemplo, se basa en un experimento financiado por una fundación privada, con un número reducido de personas que reciben una asignación mensual para consumir en un supermercado cooperativo ecológico, complementado con actividades de participación y trabajo voluntario. Estas experiencias se presentan como ensayos de un modelo más amplio, aunque su representatividad real respecto al sistema es muy cuestionable.

En el plano conceptual, la SSA se define como una política pública comparable a la sanidad universal, en tanto garantizaría un derecho básico mediante un mecanismo de acceso universal financiado colectivamente. Sin embargo, mientras la Seguridad Social clásica se basa en un sistema público de aseguramiento, gestión pública institucionalizada y prestación de derechos en función de contingencias, la SSA se configura como un sistema en el que la financiación pública es obligatoria, pero la gestión y la definición de criterios recaen en estructuras descentralizadas de carácter comunitario o mixto. Esta combinación genera una tensión entre su pretendida naturaleza de política pública universal y su diseño organizativo basado en la autogestión local.

Uno de los principales elementos que hacen que la SSA dance en el vacío se refiere, justamente, a esta gobernanza del sistema. La ausencia de un marco claro sobre la composición de los comités ciudadanos, los mecanismos de representación, la articulación entre niveles locales, regionales y estatales, o la resolución de conflictos normativos, plantea dudas relevantes sobre su viabilidad institucional. La descentralización radical del sistema podría dar lugar a una gran heterogeneidad de criterios y prácticas, con posibles desigualdades territoriales en el acceso y la definición de los derechos alimentarios.

Otro elemento crítico es la cuestión de la universalidad de la prestación. La SSA propone una asignación idéntica para toda la población, independientemente de su nivel de renta o patrimonio. Este enfoque se justifica como una forma de evitar la estigmatización asociada a las ayudas sociales tradicionales y de reforzar la idea de un derecho universal a la alimentación. Sin embargo, desde una perspectiva redistributiva, esta universalidad puede interpretarse como regresiva, en la medida en que asigna el mismo recurso público o salarial a personas con capacidades económicas muy distintas, incluyendo a los sectores de mayor renta. Quizás esa universalidad proclamada por la SSA tenga más bien que ver con la necesidad de querer llamar a esta propuesta Seguridad social, que un convencimiento real de que la ayuda tenga que ser la misma.

El aspecto económico constituye otro eje central de la crítica. Con una población cercana a los 50 millones de personas, la dotación mensual propuesta supondría un coste anual cercano a los 90.000 millones de euros, una cifra de enorme magnitud en términos de gasto público. Una cantidad monumental de dinero público que representa más que el presupuesto total de Educación (66.200 millones), poco menos que el de Sanidad (103.600€), 12 veces más que las ayudas a la vivienda (7.000 millones), o 18 veces más que toda la ayuda agrícola vinculada a la PAC en el estado (4.889 millones). Este volumen equivaldría, de hecho, a una parte sustancial del presupuesto del Estado del bienestar y tendría un impacto significativo sobre el sistema de cotizaciones. En función de las estimaciones realizadas, la financiación mediante salarios podría implicar incrementos muy relevantes en las cargas contributivas (entre un 10 y un 15% más de retención de salarios), que sumados a los % ya existentes en la actualidad se traduciría en una presión prácticamente inasumible sobre los ya muy depauperados salarios que reciben las clases populares.

Pensar que se pueden sacar 90.000 millones de euros a través de modificar la política impositiva es, cuando menos, poco realista

Una de las últimas propuestas de financiación presentadas por parte de sus impulsores se basa en ir sumando millones de euros a partir de la lucha contra el fraude fiscal e importantes reformas del sistema de IRPF, del IVA, del impuesto sobre sociedades y del de sucesiones y donaciones. En un contexto como el actual, con una gravísima y profundísima crisis de financiación de lo público (solamente hace falta mirar al sector de la educación, la sanidad o el transporte público), pensar que se pueden sacar 90.000 millones de euros a través de modificar la política impositiva es, cuando menos, poco realista.

Por último, otro elemento preocupante de esta propuesta no reside únicamente en su arquitectura institucional o en la quimérica financiación, sino en su capacidad para desplazar el eje del debate político desde el terreno de la transformación estructural hacia el terreno de la gestión del consumo. Porque mientras la discusión se centra en cómo se distribuye una tarjeta, qué criterios se aplican para su uso o qué productos pueden adquirirse con ella, otras cuestiones centrales del sistema alimentario quedan en segundo plano, el control de las infraestructuras públicas alimentarias, la regulación de los márgenes de beneficio de las grandes empresas de distribución, la fijación de precios en origen y en destino, la planificación de la producción agrícola, la reforma de los sistemas de tenencia de la tierra o la construcción de redes públicas de abastecimiento alimentario, supermercados públicos, devolver los mercados municipales al ámbito público, cocinas municipales, comarcales, etc.. Esta es la palanca efectiva de transformación.

No estamos solo ante una propuesta incompleta, sino ante una propuesta que corre el riesgo de reorganizar la agenda política en torno a un marco que no cuestiona de forma directa los núcleos de poder del sistema agroalimentario. En este sentido, la Seguridad Social Alimentaria puede funcionar, incluso sin quererlo, como un dispositivo de desplazamiento del conflicto, situando la transformación en el terreno del consumo individual subvencionado mientras se deja intacto el terreno donde realmente se concentra el poder estructural del sistema alimentario. Se trata, en sentido literal, de una propuesta estrictamente reaccionaria, que estanca los procesos más profundos.

El riesgo, por tanto, no es solo técnico ni organizativo, sino político en un sentido más amplio, porque una propuesta que nace con voluntad transformadora puede acabar insertándose en una lógica de gestión del malestar social sin alterar las estructuras que lo producen

Recuerden que allí donde se han producido avances significativos en derechos sociales, no ha sido a través de la expansión de mecanismos de voucherización del acceso a servicios, sino a través de la construcción de sistemas públicos, universales y desmercantilizados. El riesgo, por tanto, no es solo técnico ni organizativo, sino político en un sentido más amplio, porque una propuesta que nace con voluntad transformadora puede acabar insertándose en una lógica de gestión del malestar social sin alterar las estructuras que lo producen. Y cuando eso ocurre, la capacidad de transformación se diluye, aunque el discurso siga manteniendo intacta su ambición inicial.

Ni el colectivo campesino ni las reivindicaciones sociales vinculadas al consumo demandan cheques regalo, y mucho menos si se ponen en manos de comités ciudadanos locales sin mandato ni supervisión pública, lo que se demanda es un cambio en la propiedad de los sistemas de producción de alimentos y poner el derecho a una alimentación adecuada en el centro desplegando el programa que los movimientos sociales llevan reivindicando desde hace más de 30 años. Para ello no hacen falta cheques regalo, de la misma manera que para solucionar la crisis habitacional no se demandan ayudas parciales regresivas sino meter mano al sector inmobiliario desde lo público y priorizar los derechos humanos, no la ganancia corporativa.

Un banco de alimentos generalizado, financiado con dinero público erosiona todas estas luchas, las debilita y, en definitiva, fortalece al modelo que pretende combatir.

Un artículo de Javier Guzmán, Director de Justicia Alimentaria, y Ferrán García para El Salto.

Coproducción de políticas públicas para sistemas alimentarios sostenibles

Cuarta y última sesión del ciclo formativo del proyecto Coopublic, organizado por REAS Red de Redes, dedicado a sectores estratégicos para la acción público-comunitaria. La formación aborda cómo diseñar políticas alimentarias desde la coproducción entre administraciones públicas y la Economía Social y Solidaria. Se exploraron herramientas para fortalecer la colaboración público-comunitaria y reforzar la incidencia política y técnica en el desarrollo de sistemas alimentarios de proximidad, sostenibles y resilientes.

Ponente: José Luis Fernández Casadevante -Kois de la Cooperativa Garúa que diseña e impulsa estrategias y proyectos de transición ecosocial con entidades sociales, fundaciones, universidades o administraciones públicas y ofrecen formaciones especializadas en diversas áreas temáticas.

Presentación y moderación: Susana (REAS Red de Redes).

Toda la información sobre Coopublic aquí: https://reas.red/coopublic/

Coproducción de políticas públicas y financiación con impacto social

Tercera sesión del ciclo formativo del proyecto Coopublic, organizado por REAS Red de Redes, dedicado a sectores estratégicos para la acción público-comunitaria. La formación aborda cómo integrar las finanzas éticas en la acción pública mediante la colaboración entre administraciones y entidades de la Economía Social y Solidaria. Se trabajan herramientas para incorporar criterios de impacto social, sostenibilidad y transparencia en la financiación pública, reforzando las capacidades de incidencia política y técnica.

Ponente: Sergi Salavert y Guillem Subirachs de FETS – Financiación Ética y Solidaria, asociación que desde 1999 promueve las finanzas éticas y solidarias.

Presentación y moderación: Susana (REAS Red de Redes).

Toda la información sobre Coopublic aquí: https://reas.red/coopublic/

REAS Red de Redes pone en marcha un Ciclo de Foros: cuatro encuentros territoriales —en Catalunya, Navarra-Euskadi, País Valencià y Balears—, un foro online y un Foro Estatal presencial en Madrid, para impulsar la cooperación público-comunitaria entre administraciones públicas y la Economía Social y Solidaria.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto COOPUBLIC_ESS: Impulso de la cooperación público-comunitaria para el Desarrollo Sostenible desde la Economía Social y Solidaria, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y busca generar espacios de diálogo estructurado que permitan identificar, sistematizar y compartir buenas prácticas, propuestas de políticas públicas y estrategias de coproducción, contribuyendo al cumplimiento de la Agenda 2030.

Cuatro foros territoriales

El ciclo arranca con cuatro citas territoriales que reunirán a personal técnico y político de las administraciones públicas, entidades y empresas de la ESS, y organizaciones de la sociedad civil de cada territorio:

• Foro Catalunya — [16 de Septiembre de 12 a 14h] · [Online]
• Foro País Valencià — [17 de Septiembre de 12 a 14h] · [Online]
• Foro Euskadi-Nafarroa — [23 de Septiembre de 12 a 14h] · [Online]
• Foro Balears — [24 de Septiembre de 12 a 14h] · [Online]

Los cuatro encuentros compartirán una misma estructura:

Nos ponemos en contexto. Presentamos el proyecto COOPUBLIC, sus claves sobre cooproducción de políticas públicas, y nos conocemos entre las personas participantes.

Compartimos experiencias. Una mesa de buenas prácticas con voces de la administración pública y de la ESS, con ejemplos reales de cooperación público-comunitaria en sectores como los cuidados, la energía, la vivienda cooperativa, el consumo responsable, la alimentación sostenible o la economía circular.

Trabajamos juntas. El núcleo de la jornada: un trabajo en grupo para indagar, por temas y sectores, qué cooperación público-comunitaria existe ya en el territorio, qué la favorece, qué la dificulta y cómo potenciarla.

Cerramos y miramos a octubre. Ponemos en común lo trabajado y nos emplazamos al foro online que reunirá a los cuatro territorios.

Un foro online para conectar territorios

Las aportaciones recogidas en los cuatro foros territoriales se pondrán en común en un foro online, previsto para el viernes 9 de octubre, que permitirá a las personas participantes de los distintos territorios intercambiar conclusiones y consolidar propuestas conjuntas de cara al cierre del ciclo. Se trata de un evento abierto también para personas de otros territorios interesadas en este espacio estatal que no puedan asistir al encuentro presencial de Madrid.

Foro Estatal en Madrid: cierre del ciclo

El ciclo culminará con un Foro Estatal presencial en Madrid el  viernes 16 de octubre, que reunirá a administraciones públicas, entidades de la ESS y agentes sociales de todo el Estado para presentar los principales resultados y estrategias de cooperación público-comunitaria surgidas del proceso, así como una hoja de ruta con las medidas prioritarias validadas durante el evento.

Sobre COOPUBLIC_ESS

El proyecto COOPUBLIC_ESS da continuidad al trabajo de incidencia social y política que REAS Red de Redes desarrolla desde hace más de 30 años, promoviendo la cooperación entre administraciones públicas y la Economía Social y Solidaria como motor de un desarrollo sostenible, inclusivo y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Esta actividad forma parte del proyecto COOPUBLIC_ESS, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad subvencionada y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Fòrum COOPUBLIC Paìs Valencià: Administracions que cooperen, territoris que avancen

L’Economia Social i Solidària (ESS) porta anys demostrant que un altre model de desenvolupament és possible: més just, més sostenible i més arrelat en el territori. Però perquè aquest model es consolidi, fa falta que les administracions públiques i la ESS caminin en la mateixa direcció, compartint coneixement i construint juntes les polítiques que ho fan possible.

Amb aquest propòsit realitzarem en el marc del projecte COOPUBLIC un cicle de fòrums en línia territorials concebuts com a espais de trobada entre administracions públiques, entitats i empreses de l’Economia Social i Solidària, i organitzacions de la societat civil del territori valencià.

Programa de la jornada

Ens posem en context. Presentem el projecte COOPUBLIC, les seves claus sobre coproducció de polítiques públiques, i ens coneixem entre les persones participants.

Compartim experiències. Una taula de bones pràctiques amb veus de l’administració pública i de la ESS, amb exemples reals de cooperació públic-comunitària. En aquesta sessió comptarem amb

• Benito Pérez Agüera, Coordinador de la OVI Sole Arnau Ripollés de Castelló i
• Salvador Pérez, membre de De el Camp a la Taula, d’Albal

Treballem juntes. El nucli de la jornada: un treball en grup per a indagar, per temes i sectors, quina cooperació públic-comunitària existeix ja en el territori, què l’afavoreix, què la dificulta i com potenciar-la.

Tanquem i mirem a octubre. Posem en comú el treballat i ens emplacem al fòrum en línia del 9 d’octubre que reunirà diferents territoris.

Com inscriure’t

AQUÍ pots accedir a l’enllaç d’inscripció

Aquest fòrum forma part del Cicle de Fòrums COOPUBLIC, impulsat per REAS Red de Redes en el marc del projecte COOPUBLIC_ESS, finançat pel Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Aquesta publicació ha estat realitzada amb el suport financer del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. El contingut d’aquesta publicació és responsabilitat exclusiva de l’entitat subvencionada i no reflecteix necessàriament l’opinió del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030.

(CAST)

Foro COOPUBLIC PAÌS VALENCIÀ: Administraciones que cooperan, territorios que avanzan

La Economía Social y Solidaria (ESS) lleva años demostrando que otro modelo de desarrollo es posible: más justo, más sostenible y más arraigado en el territorio. Pero para que ese modelo se consolide, hace falta que las administraciones públicas y la ESS caminen en la misma dirección, compartiendo conocimiento y construyendo juntas las políticas que lo hacen posible.

Con ese propósito vamos a realizar en el marco del proyecto COOPUBLIC un ciclo de foros online territoriales concebidos como espacios de encuentro entre administraciones públicas, entidades y empresas de la Economía Social y Solidaria, y organizaciones de la sociedad civil del territorio valenciano.

Programa de la jornada

Nos ponemos en contexto. Presentamos el proyecto COOPUBLIC, sus claves sobre coproducción de políticas públicas, y nos conocemos entre las personas participantes.

Compartimos experiencias. Una mesa de buenas prácticas con voces de la administración pública y de la ESS, con ejemplos reales de cooperación público-comunitaria. En esta sesión contaremos con

• Benito Pérez Agüera, Coordinador de la OVI Sole Arnau Ripollés de Castelló y
• Salvador Pérez, miembro de Del Camp a la Taula, de Albal.

Trabajamos juntas. El núcleo de la jornada: un trabajo en grupo para indagar, por temas y sectores, qué cooperación público-comunitaria existe ya en el territorio, qué la favorece, qué la dificulta y cómo potenciarla.

Cerramos y miramos a octubre. Ponemos en común lo trabajado y nos emplazamos al foro online del 9 de octubre que reunirá a diferentes territorios.

Cómo inscribirte

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¡Te esperamos!

Este foro forma parte del Ciclo de Foros COOPUBLIC, impulsado por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC_ESS, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.  Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad subvencionada y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Fòrum COOPUBLIC Balears: Administracions que cooperen, territoris que avancen

L’Economia Social i Solidària (ESS) porta anys demostrant que un altre model de desenvolupament és possible: més just, més sostenible i més arrelat en el territori. Però perquè aquest model es consolidi, fa falta que les administracions públiques i la ESS caminin en la mateixa direcció, compartint coneixement i construint juntes les polítiques que ho fan possible.

Amb aquest propòsit realitzarem en el marc del projecte COOPUBLIC un cicle de fòrums en línia territorials concebuts com a espais de trobada entre administracions públiques, entitats i empreses de l’Economia Social i Solidària, i organitzacions de la societat civil de l’arxipèlag.

Programa provisional de la jornada

Ens posem en context. Presentem el projecte COOPUBLIC, les seves claus sobre coproducció de polítiques públiques, i ens coneixem entre les persones participants.

Compartim experiències. Una taula de bones pràctiques amb veus de l’administració pública i de la ESS, amb exemples reals de cooperació públic-comunitària.

En aquesta sessió participaran Jordi López, director tècnic de REES Balears per a parlar sobre El pla director d’economia social i solidària dels Illes Balears 2024-2027 i David Abril, director tècnic de Fundació Intercoopera per a parlar sobre que hem de tenir en compte per a l’elaboració d’un pla local d’impuls de l’economia social. El cas de l’Ajuntament d’Inca.

Treballem juntes. El nucli de la jornada: un treball en grup per a indagar, per temes i sectors, quina cooperació públic-comunitària existeix ja en el territori, què l’afavoreix, què la dificulta i com potenciar-la.

Tanquem i mirem a octubre. Posem en comú el treballat i ens emplacem al fòrum en línia del 9 d’octubre que reunirà diferents territoris.

Com inscriure’t

AQUÍ pots accedir a l’enllaç d’inscripció

Aquest fòrum forma part del Cicle de Fòrums COOPUBLIC, impulsat per REAS Red de Redes en el marc del projecte COOPUBLIC_ESS, finançat pel Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Aquesta publicació ha estat realitzada amb el suport financer del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. El contingut d’aquesta publicació és responsabilitat exclusiva de l’entitat subvencionada i no reflecteix necessàriament l’opinió del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030.

(CAST)

Foro COOPUBLIC ISLAS BALEARES: Administraciones que cooperan, territorios que avanzan

La Economía Social y Solidaria (ESS) lleva años demostrando que otro modelo de desarrollo es posible: más justo, más sostenible y más arraigado en el territorio. Pero para que ese modelo se consolide, hace falta que las administraciones públicas y la ESS caminen en la misma dirección, compartiendo conocimiento y construyendo juntas las políticas que lo hacen posible.

Con ese propósito vamos a realizar en el marco del proyecto COOPUBLIC un ciclo de foros online territoriales concebidos como espacios de encuentro entre administraciones públicas, entidades y empresas de la Economía Social y Solidaria, y organizaciones de la sociedad civil del archipiélago.

Programa provisional de la jornada

Nos ponemos en contexto. Presentamos el proyecto COOPUBLIC, sus claves sobre coproducción de políticas públicas, y nos conocemos entre las personas participantes.
Compartimos experiencias. Una mesa de buenas prácticas con voces de la administración pública y de la ESS, con ejemplos reales de cooperación público-comunitaria.

En esta sesión participarán Jordi López, director técnico de REAS Balears para hablar sobre El plan director de economía social y solidaria de les Illes Balears 2024-2027 y David Abril, director técnico de Fundación Intercoopera para hablar sobre que hemos de tener en cuenta para la elaboración de un plan local de impulso de la economía social. El caso del Ayuntamiento de Inca.

Trabajamos juntas. El núcleo de la jornada: un trabajo en grupo para indagar, por temas y sectores, qué cooperación público-comunitaria existe ya en el territorio, qué la favorece, qué la dificulta y cómo potenciarla.
Cerramos y miramos a octubre. Ponemos en común lo trabajado y nos emplazamos al foro online del 9 de octubre que reunirá a diferentes territorios.

Cómo inscribirte

AQUÍ puedes acceder al enlace de inscripción

¡Te esperamos!

Este foro forma parte del Ciclo de Foros COOPUBLIC, impulsado por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC_ESS, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.  Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad subvencionada y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

COOPUBLIC Foroa Euskadi eta Nafarroa: Lankidetzan diharduten administrazioak, aurrera doazen lurraldeak

Ekonomia Sozial eta Solidarioak (ESS) urteak daramatza frogatzen beste garapen eredu bat posible dela: bidezkoagoa, jasangarriagoa eta lurraldean errotuagoa. Baina eredu hori sendotu dadin, administrazio publikoak eta ESS norabide berean ibili behar dira, ezagutza partekatuz eta hori posible egiten duten politikak elkarrekin eraikiz.

Helburu horrekin, COOPUBLIC proiektuaren esparruan, lurraldeko online foroen ziklo bat egingo dugu, administrazio publikoen, Ekonomia Sozial eta Solidarioko entitate eta enpresen eta Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako lurraldeetako gizarte zibileko erakundeen arteko topagune gisa.

Jardunaldiaren behin-behineko egitaraua

Testuinguruan jartzen gara. COOPUBLIC proiektua aurkezten dugu, politika publikoen koprodukzioari buruzko gakoak, eta parte hartzaileen artean ezagutzen dugu elkar.
Esperientziak partekatzen ditugu. Jardunbide egokien mahai bat, administrazio publikoaren eta ESSren ahotsekin, lankidetza publiko-komunitarioaren benetako adibideekin.
Elkarrekin lan egiten dugu. Jardunaldiaren muina: gaika eta sektoreka, lurraldean dagoeneko zer lankidetza publiko-komunitario dagoen, zerk laguntzen duen, zerk zailtzen duen eta nola indartu aztertzeko talde-lana.
Itxi eta urrira begiratzen dugu. Landutakoa bateratzen dugu, eta hainbat lurralde bilduko dituen urriaren 9an online fororako deia egiten dugu.

Nola eman izena

HEMEN izena emateko estekara sar zaitezke

Zain gaituzu!

Foro hau COOPUBLIC Foroen Zikloaren parte da, REAS Sareen Sareak sustatua, COOPUBLIC_ESS proiektuaren esparruan, Gizarte Eskubide, Kontsumo eta 2030 Agenda Ministerioak finantzatuta. Argitalpen hau Eskubide Sozialen, Kontsumoaren eta 2030 Agendaren Ministerioaren finantza-laguntzarekin egin da. Argitalpen horren edukia diruz lagundutako erakundearen erantzukizun esklusiboa da, eta ez du nahitaez islatzen Gizarte Eskubideen, Kontsumoaren eta 2030 Agendaren Ministerioaren iritzia.

(CAST)

Foro COOPUBLIC País Vasco y Navarra: Administraciones que cooperan, territorios que avanzan

La Economía Social y Solidaria (ESS) lleva años demostrando que otro modelo de desarrollo es posible: más justo, más sostenible y más arraigado en el territorio. Pero para que ese modelo se consolide, hace falta que las administraciones públicas y la ESS caminen en la misma dirección, compartiendo conocimiento y construyendo juntas las políticas que lo hacen posible.

Con ese propósito vamos a realizar en el marco del proyecto COOPUBLIC un ciclo de foros online territoriales concebidos como espacios de encuentro entre administraciones públicas, entidades y empresas de la Economía Social y Solidaria, y organizaciones de la sociedad civil de los territorios de País Vasco y Navarra.

Programa provisional de la jornada

Nos ponemos en contexto. Presentamos el proyecto COOPUBLIC, sus claves sobre coproducción de políticas públicas, y nos conocemos entre las personas participantes.
Compartimos experiencias. Una mesa de buenas prácticas con voces de la administración pública y de la ESS, con ejemplos reales de cooperación público-comunitaria.
Trabajamos juntas. El núcleo de la jornada: un trabajo en grupo para indagar, por temas y sectores, qué cooperación público-comunitaria existe ya en el territorio, qué la favorece, qué la dificulta y cómo potenciarla.
Cerramos y miramos a octubre. Ponemos en común lo trabajado y nos emplazamos al foro online del 9 de octubre que reunirá a diferentes territorios.

Cómo inscribirte

AQUÍ puedes acceder al enlace de inscripción

¡Te esperamos!

Este foro forma parte del Ciclo de Foros COOPUBLIC, impulsado por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC_ESS, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.  Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad subvencionada y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Fòrum COOPUBLIC Catalunya: Administracions que cooperen, territoris que avancen

L’Economia Social i Solidària (ESS) porta anys demostrant que un altre model de desenvolupament és possible: més just, més sostenible i més arrelat en el territori. Però perquè aquest model es consolidi, fa falta que les administracions públiques i la ESS caminin en la mateixa direcció, compartint coneixement i construint juntes les polítiques que ho fan possible.

Amb aquest propòsit realitzarem en el marc del projecte COOPUBLIC un cicle de fòrums en línia territorials concebuts com a espais de trobada entre administracions públiques, entitats i empreses de l’Economia Social i Solidària, i organitzacions de la societat civil del territori català.

Programa de la jornada

12-12.15h Ens posem en context. Presentem el projecte COOPUBLIC, les seves claus sobre coproducció de polítiques públiques, i ens coneixem entre les persones participants.

12.15-12.45h Compartim experiències. Una taula de bones pràctiques amb veus de l’administració pública i de la ESS, amb exemples reals de cooperació públic-comunitària.

• Lola Martínez. Tècnica d’Economia Social de l’Ajuntament d’Amposta.
• Ester Vidal, directora de Serveis de Economia Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona.
• Yuni Salazar, tècnica de l’Oficina de Contractació Estratègica de Barcelona.

12.45-13.45 Treballem juntes. El nucli de la jornada: un treball en grup per a indagar, per temes i sectors, quina cooperació públic-comunitària existeix ja en el territori, què l’afavoreix, què la dificulta i com potenciar-la.

13.45-14h Tanquem i mirem a octubre. Posem en comú el treballat i ens emplacem al fòrum en línia del 9 d’octubre que reunirà diferents territoris.

Com inscriure’t

AQUÍ pots accedir a l’enllaç d’inscripció

Aquest fòrum forma part del Cicle de Fòrums COOPUBLIC, impulsat per REAS Red de Redes en el marc del projecte COOPUBLIC_ESS, finançat pel Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Aquesta publicació ha estat realitzada amb el suport financer del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. El contingut d’aquesta publicació és responsabilitat exclusiva de l’entitat subvencionada i no reflecteix necessàriament l’opinió del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030.

(CAST)

Foro COOPUBLIC Catalunya: Administraciones que cooperan, territorios que avanzan

La Economía Social y Solidaria (ESS) lleva años demostrando que otro modelo de desarrollo es posible: más justo, más sostenible y más arraigado en el territorio. Pero para que ese modelo se consolide, hace falta que las administraciones públicas y la ESS caminen en la misma dirección, compartiendo conocimiento y construyendo juntas las políticas que lo hacen posible.

Con ese propósito vamos a realizar en el marco del proyecto COOPUBLIC un ciclo de foros online territoriales concebidos como espacios de encuentro entre administraciones públicas, entidades y empresas de la Economía Social y Solidaria, y organizaciones de la sociedad civil del territorio catalán.

Programa de la jornada

12-12.15h Nos ponemos en contexto. Presentamos el proyecto COOPUBLIC, sus claves sobre coproducción de políticas públicas, y nos conocemos entre las personas participantes.

12.15-12.45h Compartimos experiencias. Una mesa de buenas prácticas con voces de la administración pública y de la ESS, con ejemplos reales de cooperación público-comunitaria:

• Lola Martínez. Técnica de Economía Social del Ayuntamiento de Amposta.
• Ester Vidal, directora de Servicios de Economia Social y Solidaria del Ayuntamiento de Barcelona.
• Yuni Salazar, técnica de la Oficina de Contratación Estratégica de Barcelona.

12.45h- 13.45h Trabajamos juntas. El núcleo de la jornada: un trabajo en grupo para indagar, por temas y sectores, qué cooperación público-comunitaria existe ya en el territorio, qué la favorece, qué la dificulta y cómo potenciarla.

13.45-14h Cerramos y miramos a octubre. Ponemos en común lo trabajado y nos emplazamos al foro online del 9 de octubre que reunirá a diferentes territorios.

Cómo inscribirte

AQUÍ puedes acceder al enlace de inscripción

¡Te esperamos!

Este foro forma parte del Ciclo de Foros COOPUBLIC, impulsado por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC_ESS, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.  Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad subvencionada y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

¿Cómo se construye una política pública entre un ayuntamiento y las entidades de su territorio? Esa es la pregunta que ha guiado el ciclo de cuatro formaciones online organizado por REAS Red de Redes dentro del proyecto COOPUBLIC_ESS, pensado para personal de las administraciones públicas y también para entidades de la Economía Social y Solidaria (ESS). Cuatro sesiones, cuatro sectores estratégicos, un mismo objetivo: mostrar cómo lo público y lo comunitario pueden coproducir políticas juntos.

1. Vivienda cooperativa: casas que no se especulan

La primera sesión, de la mano de La Dinamo Fundació presentó un modelo poco conocido pero en auge: la vivienda cooperativa en cesión de uso. Ni se compra ni se alquila: la cooperativa es dueña del edificio para siempre y cada socia tiene derecho a vivir en su casa, sin especulación posible.

El modelo nació en 2007 en Cal Cases (Barcelona) y hoy suma proyectos en casi todas las comunidades autónomas, con Catalunya a la cabeza (más de 50 proyectos). La sesión repasó qué pueden hacer los ayuntamientos para impulsarlo: ceder suelo público, dar prioridad en el tanteo y retracto, o crear la figura del «Promotor Social de Vivienda» para reconocer a estas entidades como aliadas en la política de vivienda.

VER SESIÓN DE LA FORMACIÓN

2. Comunidades energéticas: la energía como asunto colectivo

La segunda formación impartida por Piztu Kooperativa explicó por qué la energía está dejando de ser cosa de unos pocos: de consumidores pasamos a «prosumidores», capaces de producir, compartir y gestionar energía en comunidad.

Se explicaron las dos figuras clave —comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía— y una herramienta más sencilla, el autoconsumo compartido, cuyo radio de acción acaba de ampliarse hasta 5 km gracias al Real Decreto-ley 7/2026. Los ayuntamientos, señaló la sesión, pueden ser el motor de estas comunidades: cediendo cubiertas municipales, bonificando el IBI o simplemente dando el primer paso.

VER SESIÓN DE LA FORMACIÓN

3. Finanzas éticas: otra forma de gestionar el dinero público

FETS – Finançament Ètic i Solidari mostró cómo nacieron las finanzas éticas en los años 60, ligadas a movimientos que querían decidir en qué se invierte su dinero, y cómo hoy existen sellos como EthSI para certificar seguros y productos financieros éticos.

La parte más práctica se centró en la contratación pública: la ley permite incluir criterios sociales y ambientales en los pliegos, como hizo el Ayuntamiento de Mataró, que valoró con un 20% de la puntuación tener el sello EthSI al contratar sus seguros. Pequeños gestos con gran impacto en cómo se mueve el dinero público.

VER SESIÓN DE LA FORMACIÓN

4. Alimentación sostenible: comer bien, comer justo

La última sesión impartida por la Cooperativa Garúa, partió de datos que impactan: el sistema alimentario genera casi la mitad de la huella de carbono de España, y más de 6 millones de personas no tienen acceso estable a una dieta saludable.

Frente a ese panorama, se presentó un amplio catálogo de experiencias ya en marcha en distintos municipios: parques agrarios, bancos de tierras, comedores escolares sostenibles, mercados de venta directa, supermercados cooperativos o compostaje comunitario. Ideas concretas, replicables, para que cada ayuntamiento encuentre la que mejor encaja en su territorio.

VER SESIÓN DE LA FORMACIÓN

Cuatro sectores, una misma idea

Vivienda, energía, finanzas y alimentación son ámbitos distintos, pero las cuatro sesiones compartieron el mismo mensaje: la Economía Social y Solidaria ya tiene las herramientas, y lo público puede sumarse como socio, no solo como regulador. Más de 200 personas de administraciones y entidades de la ESS han pasado por estas formaciones, con manuales y materiales que seguirán disponibles para quien quiera dar el siguiente paso.

Formaciones desarrolladas en el marco del proyecto COOPUBLIC_ESS, impulsado por REAS Red de Redes con financiación de la Dirección General de Agenda 2030 (Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030). Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad subvencionada y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Unión Renovables publica este estudio jurídico que da respuesta a una pregunta cada vez más frecuente entre entidades locales: ¿cómo puede un ayuntamiento participar en una comunidad energética cooperativa, ceder una cubierta municipal o adjudicarla directamente para proyectos de autoconsumo compartido? El informe analiza las distintas opciones disponibles y las acompaña de modelos de contratos listos para adaptar.

Las cooperativas energéticas, organizadas bajo fórmulas de economía social, ofrecen una vía idónea para canalizar la participación de la ciudadanía y de las entidades locales. Su creciente relevancia, impulsada por el marco normativo europeo (Directivas 2018/2001 y 2019/944, refundidas por la Directiva (UE) 2023/2413), ha acelerado su incorporación al ordenamiento estatal. En este contexto, los ayuntamientos desempeñan un papel clave como actores de la transición energética y la cohesión social, siendo cada vez más habitual su participación directa como socios de cooperativas energéticas locales.

El informe —elaborado por Maria Jose Vañó (IUDESCOOP – Universitat de València)— ofrece un análisis jurídico práctico estructurado en tres bloques: el marco normativo del autoconsumo compartido y las comunidades energéticas; las competencias municipales y los instrumentos de cesión de bienes públicos; y los modelos de convenios, acuerdos y contratos aplicables.

Consulta el informe completo: Colaboración entre Ayuntamientos y Cooperativas Energéticas para el desarrollo de proyectos de autoconsumo

Financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU.

Fuente: Unión Renovables

La Colaboración Público Comunitaria (CPC) es una forma institucional que democratiza la gestión y propiedad de bienes o recursos (1) y se utiliza para abarcar una amplia gama de iniciativas y formas de gestionar y gobernar la vida de manera colectiva.

Aunque se materializa en marcos y formas muy diversas, en esencia, hace referencia a un modelo basado en la cooperación entre sociedad civil organizada (articulada o constituida en comunidades más o menos formales, asociaciones, cooperativas o similares) y administración pública, que busca el bien común y hace posible el gobierno y la gestión compartida de bienes y servicios colectivos (2).

Esta alianza entre sociedad civil organizada y sector público, que es en parte heredera de los sistemas comunales (3) que han operado durante miles de años en pueblos y territorios de todo el mundo, es un modelo en auge y está presente cada vez en más ámbitos.

Muchas de estas iniciativas surgen como una respuesta a la crisis ecosocial, en busca de nuevos modelos institucionales más compatibles con la sostenibilidad medioambiental. Territorios, municipios y comunidades diversas están poniendo en práctica marcos de innovación democrática y formas cooperativas de gestión de aspectos tan esenciales como el agua, la energía, la vivienda, los cuidados, la alimentación o los espacio urbanos, entre otros.

El modelo público comunitario se presenta como una estrategia imprescindible y una condición para el éxito de la transformación de las sociedades, ya que nos ofrece un marco real para la reapropiación y soberanía sobre nuestros bienes comunes, abriendo así la posibilidad de hacer una nueva política económica (4).

Durante 2025 hemos estado desarrollando un programa de acompañamiento a Ayuntamientos en colaboración con la European Climate Foundation. Esta primera edición del programa de formación y acompañamiento ha buscado formar y dar una batería de herramientas a varias entidades locales para el abordaje de retos ecosociales desde una lógica colaborativa con el tejido comunitario y social del territorio. El programa se ha dirigido tanto a personal técnico como político de la escala local, y ha culminado en la definición de una hoja de ruta para iniciar, desarrollar e implementar procesos de Colaboración Público Comunitaria en cada contexto.

Fruto de este programa, publicamos ahora una “GUÍA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA AYUNTAMIENTOS y ENTIDADES LOCALES”; un documento que recoge los contenidos trabajados en este proceso y que quiere servir como un recurso de apoyo para Ayuntamientos y entidades públicas locales que quieran iniciar e impulsar procesos de Colaboración Público Comunitaria.

Arranca con una definición del marco conceptual, para pasar después a recoger una batería de buenas prácticas que muestran distintas escalas, niveles y estrategias de manera extensa. En la parte final de la guía se recogen herramientas y referencias que se han utilizado para el desarrollo del programa.

Se estructura de la siguiente manera:

Qué es la Colaboración Público Comunitaria (CPC), una aproximación. Este es un apartado más teórico donde intentamos definir y clarificar conceptos. A pesar de que la CPC no es una forma institucional fija, este modelo puede definirse por una serie de atributos o deseos compartidos que se recogen en este apartado.

Cómo abordar la Colaboración Público Comunitaria desde los gobiernos locales. Un apartado donde se recogen distintas buenas prácticas en profundidad: Pactos de Colaboración de Bologna; Cinturón Alimentario de Lieja; Patrimonio Ciudadano de Barcelona; Traídas Vecinales de Agua de Galicia; Hernani Burujabe; y el Matadero de Armentera.
La diversidad de casos que aquí se recogen quiere evidenciar que en lo que a las prácticas de CPC se refiere no existe un único modelo. Este catálogo quiere ilustrar maneras de hacer diversas que se pueden reproducir o pueden servir de ejemplo e inspiración en ámbitos y contextos distintos.

Algunas pautas para iniciar e impulsar procesos de Colaboración Público Comunitaria. Aunque cada entidad local debe elaborar su propia hoja de ruta, definir su propio modelo relacional y dotarse de instrumentos administrativos y jurídicos situados, estas estrategias locales sí que pueden ser guiadas por unas pautas y distintas herramientas. En este capítulo se facilitan unos principios básicos, primeros pasos y referencias metodológicas dirigidas a la administración pública.

La Colaboración Público-Comunitaria (CPC) propone un marco para el diseño, la prestación y la gestión de los recursos y servicios públicos basado en la participación activa tanto de las personas usuarias y prestadoras, como de los agentes comunitarios del territorio y de distintos sectores sociales. Este enfoque permite desarrollar modelos más ajustados a las necesidades reales de la comunidad y del territorio, contribuyendo así a mejorar la calidad, pertinencia y sostenibilidad de los servicios públicos y colectivos.

En lugar de proporcionar un conjunto de pautas a aplicar, esta guía pretende ofrecer algunas direcciones y pistas que puedan servir de apoyo a la administración pública en el desarrollo de su propio enfoque y estrategias adaptadas a la realidad local.

PARA ACCEDER A LA GUÍA AQUÍ

(1)Food systems in common. Council farms, agroecological food sovereignty, and public-common partnerships. Kai Heron; Bertie Russell; Keir Milburn. Abundance.
(2)Democratic and collective ownership of public goods and services. Exploring public-community collaborations. Transnational Institute.
(3)“Los comunes son instituciones sociales colaborativas que regulan recursos de propiedad colectiva. Se distinguen de la propiedad privada convencional con la que hoy estamos familiarizados pero también de la propiedad estatal o del acceso abierto sin ningún tipo de régimen de gestión colectiva. El tipo de propiedad o gestión colectiva que llamamos comunes era muy habitual antes del surgimiento del capitalismo, pero además, ha logrado sobrevivir en muchas sociedades modernas de todo el mundo”. Comuntopía. Comunes, postcapitalismo y transición ecosocial. Cesar Rendueles. Akal.
(4)L´ecologia dels béns comuns. Per una col·lectivització plural i ecológica de l´economía. Experiències a Catalunya. Laia Forné.

Fuente: Tipi

Presentación online del informe:
Aproximación macroeconómica a la Seguridad Social de la Alimentación en el Estado español,

Con la participación de Sofía Monsalve, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación de Naciones Unidas, se presentará el primer informe que analiza el potencial social, económico y ecológico de implantar una Seguridad Social de la Alimentación en el Estado español.

El estudio, coordinado por la cooperativa El Pa Sencer y elaborado por Francisco Navarro y Pau Llonch, integrantes del Seminari d’Economia Crítica Taifa, pone cifras a una propuesta defendida por los movimientos sociales: considerar la alimentación como un derecho garantizado públicamente, igual que la sanidad o la educación.

Martes 16 de junio, 18h (6 pm CEST)
Inscripción: https://my.liberaforms.org/informessa

La Red Vivienda Cooperativa participa en la Asamblea General y Conferencia Anual de Housing Europe en Trieste

Los días 4 y 5 de junio, la Red Vivienda Cooperativa participó en Trieste (Italia) en la Asamblea General y Conferencia Anual de Housing Europe, la federación europea de vivienda pública, cooperativa y social. La representación de la Red estuvo a cargo de José Téllez, de la cooperativa catalana Sostre Cívic, entidad socia de la Red y referente del modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso en el Estado español.

Housing Europe es la principal organización europea del sector de la vivienda pública, cooperativa y social. Desde 1988 agrupa a federaciones y entidades de 31 países, representando a más de 25 millones de viviendas y constituyendo una de las voces más influyentes en el diseño de las políticas europeas de vivienda.

La edición de este año se celebró en un momento especialmente relevante. La vivienda se ha situado por primera vez en el centro de la agenda política europea, con la puesta en marcha del Plan Europeo de Vivienda Asequible y la revisión de diversos instrumentos normativos y financieros destinados a reforzar la capacidad de los Estados y de las entidades proveedoras de vivienda asequible.

Dos días de trabajo para debatir el futuro de los sistemas de vivienda europeos

La Asamblea General reunió a las entidades miembros de Housing Europe para analizar la situación del sector, definir prioridades de incidencia política y reforzar la coordinación entre organizaciones de distintos países.

El día 5 se celebró la Conferencia Anual bajo el lema “From West to East: Building a Brighter Housing Future”, organizada conjuntamente con Federcasa y ATER Trieste. La conferencia reunió a responsables públicos, representantes de federaciones de vivienda, cooperativas, investigadoras y profesionales del sector para debatir cómo fortalecer los sistemas de vivienda europeos en un contexto marcado por la crisis de acceso a la vivienda, el aumento de los costes de vida y las crecientes tensiones sociales.

Entre los temas abordados destacaron la reconstrucción de vivienda en Ucrania, la movilización de vivienda vacía, la financiación de la vivienda asequible, la regeneración urbana y el papel de los distintos modelos de provisión de vivienda para responder a los retos sociales y territoriales actuales.

La aportación de la vivienda cooperativa impulsada por la comunidad

En este contexto, la Red Vivienda Cooperativa trasladó un mensaje claro a los promotores públicos, federaciones cooperativas y asociaciones europeas presentes en Trieste: la nueva agenda europea de vivienda asequible no puede convertirse únicamente en una agenda de incremento de oferta.

Construir más vivienda es necesario, pero no suficiente.

Si el éxito de las políticas públicas se mide exclusivamente por el número de viviendas construidas, la velocidad de ejecución o la capacidad de atraer inversión, existe el riesgo de dejar en segundo plano modelos que generan valor social permanente, como la vivienda cooperativa en cesión de uso y otras fórmulas de Community Led Housing (CLH).

La cuestión central no es únicamente cuánta vivienda se construye, sino qué tipo de sistema de vivienda estamos ayudando a consolidar mediante recursos públicos.

Por ello, desde la Red Vivienda Cooperativa defendimos tres prioridades:

• Reconocer la vivienda cooperativa y comunitaria como un pilar estratégico de la política europea de vivienda asequible.
• Incorporar criterios exigibles de asequibilidad permanente, ausencia de lucro, gobernanza democrática y protección frente a la especulación.
• Garantizar que estos modelos estén presentes en el diseño del Plan Europeo de Vivienda Asequible, las políticas de suelo público, los fondos europeos y el marco de ayudas de Estado.

Del reconocimiento a la escala europea

Durante los últimos años, los modelos de Community Led Housing han ido ganando visibilidad en el ámbito europeo. Cooperativas de vivienda, Community Land Trusts y otras fórmulas impulsadas por la ciudadanía están demostrando su capacidad para generar vivienda asequible a largo plazo, fortalecer las comunidades locales, mejorar la resiliencia territorial y asegurar que las inversiones públicas produzcan beneficios colectivos duraderos.

Sin embargo, su presencia sigue siendo limitada en los grandes debates europeos sobre vivienda, todavía dominados por enfoques centrados principalmente en la producción de vivienda y la movilización de inversión.

Por ello, uno de los objetivos compartidos por diversas organizaciones presentes en Trieste es seguir avanzando para que la próxima edición de Housing Europe, prevista en Lisboa en 2027, incorpore un espacio principal específicamente dedicado a la vivienda cooperativa y comunitaria impulsada por la ciudadanía, reconociendo su creciente aportación a la construcción de sistemas de vivienda más democráticos, asequibles y sostenibles.

Una voz cada vez más presente en Europa

La participación de la Red Vivienda Cooperativa en Housing Europe forma parte del trabajo de incidencia internacional que la entidad viene desarrollando para situar la vivienda cooperativa en cesión de uso dentro de los principales espacios de decisión europeos.

En un momento en el que Europa busca respuestas estructurales a la crisis habitacional, la experiencia de las cooperativas de vivienda demuestra que existen alternativas capaces de combinar asequibilidad, estabilidad, participación democrática, sostenibilidad y construcción de comunidad.

Porque el reto no es únicamente construir más viviendas. El reto es construir mejores sistemas de vivienda para las generaciones presentes y futuras.

Conoce más la Red el mapa de proyectos de vivienda cooperativa en cesión de uso existentes, en la web Red Vivienda Cooperativa.

COOPUBLIC: Políticas de Economía Social y Solidaria a escala municipal. Gestión Público-Comunitaria de los Recursos

En el marco del proyecto COOPUBLIC que viene realizando REAS Red de Redes se celebra la primera sesión de los Foros territoriales que tendrán lugar durante estos meses. Esta sesión es un espacio de encuentro, reflexión e intercambio en torno al papel de las administraciones locales en el impulso de la Economía Social y Solidaria (ESS).

El foro estará dividido  en tres partes: Por un lado, se abordará el modelo de gestión público-comunitario (Samuel García), por otro lado se presentará el proyecto COOPUBLIC y experiencias de coproducción (María Atienza) y por otro lado se presentará la metodología del panel de políticas públicas locales (Joan Manuel Sánchez)

El foro pretende generar un espacio de debate y construcción colectiva sobre cómo las instituciones locales pueden colaborar con la ciudadanía organizada para promover iniciativas que refuercen la cohesión social, la participación comunitaria y la transición hacia modelos económicos más justos y sostenibles.

Organiza: REAS Red de Redes en colaboración con La Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa (CESCO)

Fecha: 11 de junio de 10 a 12h (11 a 13h hora peninsular)

Inscripciones: Más información y cómo inscribirse AQUÍ

Dirigido a: entidades de la Economía Social y Solidaria, personal técnico y político de administraciones públicas, colectivos ciudadanos y personas interesadas en la gestión comunitaria y las políticas transformadoras.

Coproducción de políticas públicas para la transición energética justa

Esta formación se centra en cómo las administraciones públicas pueden colaborar con la Economía Social y Solidaria para impulsar un modelo energético más democrático, sostenible y basado en el territorio.

Se abordarán herramientas para fomentar la colaboración público-comunitaria y fortalecer las capacidades de incidencia política y técnica en el desarrollo de políticas energéticas locales.

Segunda sesión del ciclo formativo del proyecto Coopublic, organizado por REAS Red de Redes, dedicado a sectores estratégicos para la acción público-comunitaria. Tras la primera sesión sobre vivienda, esta se centra en energía: «Coproducción de políticas públicas para la transición energética justa». La formación aborda cómo las administraciones públicas pueden colaborar con la economía social y solidaria para impulsar un modelo energético más democrático, sostenible y arraigado en el territorio, con foco en las comunidades energéticas y las herramientas para crearlas y gestionarlas desde lo público.

El ponente desarrolla el contexto de la transición energética y el cambio de paradigma de los combustibles fósiles a las renovables; el marco normativo europeo y estatal (las dos directivas de comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía, recogidas en la Ley del Sector Eléctrico); el autoconsumo compartido como herramienta; las motivaciones y condiciones para crear una comunidad; el papel de la entidad local como facilitadora y posible socia; y las novedades del reciente Real Decreto que amplía el radio del autoconsumo compartido a 5 km e incorpora competencias municipales en materia de comunidades energéticas. Cierra con un turno de preguntas de los asistentes.

Ponente: Alfonso García Márquez —PIZTU Cooperativa y Socio trabajador de la cooperativa Goiener (equipo de procesos internos; ha sido secretario y miembro de diversos órganos). Más de 35 años de trayectoria cooperativa. Impulsor de numerosas cooperativas y comunidades de energía desde el nacimiento de la red Unión Renovables.

Presentación y moderación: Susana (REAS Red de Redes).

Toda la información sobre Coopublic aquí: https://reas.red/coopublic/

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Coproducción de políticas públicas: Vivienda Cooperativa en cesión de uso.

Esta formación aborda cómo impulsar políticas locales de vivienda más justas, sostenibles y eficaces a través de la colaboración entre administraciones públicas y la Economía Social y Solidaria (ESS).

Primera sesión del ciclo formativo del proyecto Coopublic, organizado por REAS Red de Redes dedicado a sectores estratégicos para la acción público-comunitaria (vivienda, energía, finanzas y alimentación). Esta sesión, titulada «Vivienda cooperativa en cesión de uso: claves para las administraciones públicas», introduce el modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso y presenta herramientas concretas para impulsarlo desde las políticas públicas, partiendo del Manual de acción para la colaboración público-cooperativa. Tras el marco teórico (contexto de la crisis de vivienda, qué es el modelo y qué políticas públicas pueden impulsarlo: activación de la demanda, acceso al suelo, apoyo económico y medidas fiscales), distintas cooperativas exponen casos prácticos reales en todo el territorio: Madrid, Zaragoza, Valencia, Cataluña y Canarias.

Ponentes y proyectos:

Gloria Rubio Casas — Coordinadora de actividad de La Dinamo Fundaciò (cooperativismo de vivienda en cesión de uso en Cataluña) y parte de la Red Estatal. Modera y desarrolla el modelo y el manual de políticas públicas.
María Ríos Carballeira — Socia de Agrelar Consultora y de Seite Oitavas, miembro del Grupo Gallego de Vivienda Colaborativa. Introducción y marco general.
Coral Hernández — Presidenta de la cooperativa Cosmos (vivienda sénior en cesión de uso, Rivas, Madrid).
Anabel García Recio — Socia de A Cobijo y de La Replazeta, coordinadora del grupo de vivienda de REAS Aragón. Proyecto Acobijo (Zaragoza).
Julia Pineda Soler — Socia de Crearqció y de La Posta. Coordinadora de Domèstiques.
Yabel Pérez Moreno — Responsable de crecimiento y miembro del Consejo Rector de Sostre Cívic. Proyectos en Cataluña (Palamós y Manresa).
Bentejui Hernández Acosta — Socio de OFIC y Entrealicios. Proyecto Entrealicios (Tenerife, Canarias). Toda la información aquí: https://reas.red/coopublic/

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Desde el Foro Transiciones, en colaboración con la cooperativa TIPI y el proyecto Barrios por el Clima, nos invitan a participar en la cuarta sesión del espacio de reflexión colectiva sobre cooperación público-comunitaria. Una temática emergente que resulta estratégica para acelerar los procesos de transición ecosocial, especialmente a escala local.

Tomando como marco la investigación coordinada por el Foro Transiciones, han convocado un encuentro de entidades e iniciativas del ecosistema de la European Climate Foundation (ECF), y otras afines, que desarrollan estos enfoques o se ven interpeladas por estas discusiones. La propuesta es abrir un espacio de reflexión colectiva que nos permita conocer experiencias inspiradoras, abrir debates y avanzar en una estrategia compartida, amplia y flexible de incidencia política.

El encuentro tendrá lugar el 30 de junio en Madrid, a las 10:00h, en el Ateneo La Maliciosa.

Formulario de inscripción y de asistencia a picoteo tras la sesión

Programa

REAS  es entidad colaboradora de la Escuela de Movilidad Sostenible, y junto a ella presenta la segunda convocatoria de becas para los posgrados y Máster en Movilidad Sostenible de 2026.

Se ofrecen 16 becas para las formaciones que comienzan en septiembre de 2026, y que están destinadas a cualquier persona interesada en trabajar por una movilidad más justa y sostenible:

• Posgrado Herramientas para innovar en movilidad sostenible (septiembre – diciembre 2026 | sesiones online de martes a jueves de 18:00-20:00h en España)
• Máster en Movilidad sostenible (septiembre 2026 – junio 2027 | sesiones online de lunes a jueves de 18:00-20:00h en España)

Las personas interesadas pueden solicitar la beca a través del formulario online alojado en la página web de la Escuela hasta el 30 de junio de 2026. Las becas se asignan de forma automática según el orden de entrada, siempre que se cumplan los requisitos y queden plazas disponibles.

 Más información: info@escuelademovilidadsostenible.net y en la página de la Escuela de Movilidad Sostenible

Rubén Méndez, junto a su vivienda de la cooperativa Ametxe en Gordexola (Vizcaya). FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

“Esto es una contracultura”, resume Rubén Méndez al otro lado del teléfono. Este santurzano de 49 años reside desde 2024 con sus dos hijos y su expareja en la cooperativa Ametxe, en Gordexola, un pequeño municipio vizcaíno de menos de 2.000 habitantes. Comparten un caserío de 600 metros cuadrados con cuatro siglos de historia, rehabilitado, rodeado de una extensión inmensa de terreno verde (40.000 m²). Junto a ellos conviven otras cinco unidades familiares, en la que se convirtió en la primera cooperativa de vivienda del País Vasco. Antes de mudarse, Méndez tenía un piso en propiedad, ligado a una hipoteca. Ahora paga 660 euros mensuales por su espacio de uso privado, con acceso a las zonas comunes. “No veo otra forma de vida”, afirma, en referencia a la situación de crisis que atraviesa la vivienda. A su juicio, las respuestas institucionales para hacerle frente son insuficientes: “Todo lo que han hecho ha sido poner parches. Este modelo es el más sostenible en el tiempo”.

Las cooperativas de vivienda en cesión de uso en España beben de un modelo surgido en Uruguay en la década de los sesenta del siglo pasado. Aunque no fue hasta 1999 cuando quedaron reguladas por ley, su desarrollo ha sido progresivo y, en los últimos años ―especialmente a partir de 2011―, claramente han acelerado. Según datos de la Red de Vivienda Cooperativa, en la actualidad existen 216 proyectos en marcha en todo el país, de los cuales más de medio centenar ya están habitados. En conjunto, suman alrededor de 700 unidades de convivencia (o viviendas) y más de 1.000 personas residentes. La creciente tensión del mercado inmobiliario ha actuado como catalizador de esta fórmula, que se ha incrementado en un 600% en los últimos 16 años: en 2020 apenas había un centenar de viviendas habitadas en el país.

Distribución territorial de las cooperativas de vivienda

Solo aquellas en cesión de uso y habitadas.

A diferencia de las cooperativas tradicionales, en las de cesión de uso no se compra ni se vende una casa. El edificio pertenece a la cooperativa y las personas que viven en él pagan una entrada y una cuota mensual ―actualmente un 20% por debajo del precio de mercado tras las últimas alzas―, a cambio de poder usar el inmueble de forma estable. Esta fórmula de agrupación residencial impide la especulación y garantiza un hogar a largo plazo, al mismo tiempo que permite que el inmueble vaya cambiando de manos y no quede inhabitado.

“Es un modelo que busca garantizar el uso residencial a precio de coste”, analiza Leandro Escobar, profesor de Métodos Cuantitativos de la Universidad Pontificia Comillas-ICADE. “Puede tener mucho sentido en un mercado como el español, donde hay muchas personas que por distintos motivos no pueden comprar en propiedad, y que tampoco encuentran un alquiler estable y razonable”, añade. Sin embargo, su escasa representatividad sobre el parque total limita su capacidad de impacto sobre la situación actual, en opinión del experto.

“Aunque se ha hecho un importante trabajo pedagógico y de concienciación por todo el país, donde ha arraigado de verdad es en Cataluña”, señala José Téllez, miembro de la cooperativa Sostre Cívic, e impulsor y portavoz de la red. El papel del Ayuntamiento de Barcelona, que en sus inicios cedió suelo público, junto con el acceso a financiación cooperativa, fue clave para que los primeros proyectos echaran a andar entre 2013 y 2014. Hoy, sin embargo, la situación no es tan favorable. La necesidad de congeniar estos dos requisitos ha frenado su expansión por otros territorios. De las 52 cooperativas en cesión de uso habitadas en España, el 69% se concentra en Cataluña, con 66 proyectos. “Nuestros referentes europeos son Viena y Copenhague, que tienen un modelo híbrido: un tercio del parque es privado, otro público y otro cooperativo”, explica Téllez, que concluye con una valoración crítica: “Los modelos de vivienda asequible que se han aplicado hasta ahora en España no han funcionado”.

Ángela García (izquierda) comparte una comida con sus vecinos en la cooperativa Cirerers (Barcelona). GIANLUCA BATTISTA

Encontrar la felicidad

En Madrid, uno de los mercados más tensionados del país, hay cuatro cooperativas. “Yo entré aquí para ser más feliz”, resume Nacho García, miembro de la cooperativa Entrepatios, en la que vive desde 2020. “Nuestro grupo lo que busca es contribuir a que aumente el parque de viviendas que no están sujetas a la especulación, y que no pase lo de ahora, que la vivienda no es accesible para la mayoría de la gente que opta al mercado libre”, explica. En su edificio cuentan con viviendas de dos y tres dormitorios, siendo de 85 metros cuadrados el inmueble más grande. La cuota mensual más elevada que se paga es de 595 euros, tres veces menos que la media en el mercado libre (de 1.980 euros en abril, según Idealista).

García experimentó en su piel el destierro habitual que persigue a muchos madrileños. “Empecé viviendo en el barrio de Delicias, en el centro; luego me seguí moviendo dentro de la M-30; después me tuve que ir fuera de allí y más tarde a la periferia, hasta que conseguí volver al centro. Este es un modelo que ya no suena tan marciano y que rompe con el pensamiento tradicional de propiedad que sigue imperando”, relata.

Perfiles diversos

Estas cooperativas no son solo una alternativa para familias jóvenes, sino que acogen perfiles muy diversos. En muchos proyectos viven personas mayores que encuentran en la vida comunitaria una fuente de tranquilidad y apoyo mutuo. Compartir espacios, actividades cotidianas y una red cercana de vecinos reduce la soledad y ofrece seguridad en una etapa vital marcada, a menudo, por la incertidumbre. Actualmente, hay 56 proyectos para seniors, aunque tan solo cinco están habitados: dos en Madrid, uno en Castilla-La Mancha y los otros dos en Castilla y León.

También existen cooperativas, como La Morada, en Barcelona, formadas exclusivamente por mujeres, que apuestan por modelos de convivencia basados en el cuidado compartido, la autonomía y la solidaridad. Justo enfrente de este edificio, en otro llamado Cirerers, vive Ángela García, desde 2022. “Si me tocase la lotería hoy, no me compraría una casa”, explica. Esta confesión revela su nivel de satisfacción actual, tras años de alquiler, y tras haber contemplado “solo como aspiración” convertirse en propietaria. “Mi calidad de vida ha mejorado en este tiempo, entonces, ¿por qué iba a abandonar este proyecto?”, se pregunta.

Las dificultades para acceder a suelo público y obtener la financiación necesaria son las barreras principales que bloquean el despliegue de las cooperativas, ya que el interés parece haberse despertado en los últimos años. “Somos una especie que necesita apoyarse mutuamente para no ser tan vulnerables y generar dinámicas creativas, que nos empoderen y, que, como es nuestro caso, también sirvan para dinamizar el entorno rural y hacer frente a la despoblación”, valora Rubén Méndez.

Mayor apoyo

El Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030 incorpora, por primera vez de forma explícita, medidas que pueden favorecer el desarrollo de cooperativas de vivienda en cesión de uso. El borrador del programa apunta a un mayor apoyo a fórmulas no especulativas, con líneas de ayudas para la promoción de vivienda asequible, incentivos a la cesión de suelo público y un refuerzo de la financiación para proyectos colectivos sin ánimo de lucro. También reconoce el papel de estos modelos para ampliar el parque residencial estable y moderar precios en mercados tensionados.

Desde la Red de Vivienda Cooperativa, sin embargo, consideran que este plan abre una oportunidad, pero no desarrolla las condiciones necesarias para que la vivienda cooperativa pueda desplegarse a gran escala. “Las entidades de crédito todavía no tienen completamente normalizado el producto, y para ellas no es lo mismo financiar una promoción tradicional con viviendas que se venden una a una, que una cooperativa. Por eso algún tipo de ayuda pública, o una regulación que ofrezca seguridad jurídica, podría mejorar su implantación”, concluye Escobar.

Un artículo de Gorka R. Perez para El País

Sesión de asesoramiento para Administraciones Públicas

Desde REAS Red de Redes, en el marco del servicio gratuito de asesoramiento en contratación pública responsable que estamos realizando dentro del proyecto COOPUBLIC, ponemos en marcha una sesión específica sobre planificación y seguimiento en la contratación pública.

Este espacio de asesoramiento tiene como objetivo compartir herramientas, enfoques y orientaciones prácticas que ayuden a las AAPP a mejorar la planificación de la contratación, el seguimiento de los contratos y la organización de los procesos internos vinculados a la contratación pública.

La sesión será impartida por Marc Vilanova, de FACTO Cooperativa, y estará orientada al intercambio de experiencias y a la resolución de cuestiones concretas planteadas por las personas participantes.

Las plazas son limitadas. En caso de completarse el aforo, se habilitará una lista de espera para valorar la organización de nuevas sesiones de asesoramiento.

Actividad exclusiva para Administraciones Públicas.

Las redes de la REAS Red de Redes han dado un paso importante para fortalecer su capacidad de incidencia política mediante la celebración de dos talleres realizados entre marzo y abril, centrados en incidencia política y comunicación estratégica en el marco del proyecto Coopublic. Un proceso orientado a un objetivo claro: convertir el amplio conjunto de propuestas de la economía solidaria en cambios reales en las políticas públicas.

Del potencial a la acción

REAS parte de una base sólida: redes activas, trayectoria acumulada y una gran diversidad de propuestas transformadoras. Sin embargo, el momento actual exige dar un paso más: pasar de las ideas a las decisiones, y de los listados a una estrategia compartida.

La incidencia política se sitúa así como una herramienta clave para traducir ese potencial en resultados concretos. No se trata únicamente de participar o ser escuchadas, sino de cuestionar lo que se da por hecho y disputar el modelo desde nuevas lógicas.

En este sentido, uno de los enfoques trabajados ha sido el de “entrar fuera”: incidir en lo público sin perder la autonomía ni la lógica comunitaria. Una apuesta por fórmulas de cooperación público-comunitaria, el codiseño y la cogestión, que permitan transformar las políticas desde dentro sin renunciar a los valores propios.

Priorizar para transformar

Uno de los principales avances del proceso ha sido identificar y ordenar prioridades. En un contexto marcado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, elegir bien dónde incidir es clave.

Entre las líneas estratégicas destacadas se encuentran:

• La sostenibilidad de la vida y los cuidados
• La transición ecosocial (energía, alimentación, territorio)
• Una economía al servicio de las personas
• Las finanzas éticas
• El fortalecimiento del marco institucional y la cooperación público-comunitaria

El reto ahora es concretar: definir qué propuestas son tractoras, dónde existe mayor capacidad de incidencia y cómo aprovechar las oportunidades del contexto político.

Comunicar para incidir

El segundo taller ha incorporado una dimensión imprescindible: la comunicación como herramienta estratégica de incidencia.

Lejos de limitarse a informar, la comunicación en incidencia busca influir. Se trata de construir relatos capaces de convertir demandas sociales en problemas públicos inevitables, legitimar soluciones viables y generar presión política de forma coordinada.

Esto implica actuar en varios niveles:

• En la opinión pública, a través de medios y redes
• En el ámbito institucional, mediante propuestas y diálogo político
• En lo social, activando alianzas y movilización

Además, se ha trabajado la importancia de identificar actores clave —quién decide, quién influye, quién bloquea— y de definir bien el mensaje, el momento y las alianzas necesarias.

Una hoja de ruta compartida

Los talleres han permitido avanzar hacia una planificación más estructurada, incorporando elementos como el análisis de contexto, el mapa de actores, la definición de objetivos concretos y la construcción de narrativas eficaces. Todo ello con una orientación clara a la acción: responder a preguntas clave como qué cambiar, dónde incidir, con quién hacerlo y cómo medir el impacto.

Un proceso en marcha

Este proceso no es un punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa para REAS: más estratégica, más coordinada y con mayor capacidad de influencia.

En un escenario donde otros actores cuentan con mayor acceso al poder institucional, la combinación de legitimidad social, alianzas y capacidad narrativa se convierte en una herramienta fundamental.

El desafío es claro: convertir la fuerza colectiva de la economía solidaria en cambios concretos, capaces de transformar las políticas públicas y avanzar hacia modelos más justos, sostenibles y centrados en las personas.

Un trampantojo es una técnica pictórica para engañar a la vista mediante perspectivas, sombras, efectos ópticos y simulaciones. El pintor catalán Pere Bonell del Caso pintaba en 1874 Huyendo de la crítica, donde podemos ver a un niño saliendo del propio cuadro antes de que las críticas lo ataquen. Este simula no ser parte de la pintura cuando es su protagonista principal, tratando de escapar de la representación a la realidad.

Este cuadro viene a mi cabeza siempre que pienso en la cooperación público-privada, pues en términos culturales y económicos es uno de los mejores engaños a los que nos ha sometido el mercado. Una trampa basada en una colaboración restringida, movida por el interés mercantil, donde las instituciones corren con los principales riesgos (inversiones, cambios normativos, compromisos jurídicos…), se prioriza la participación de actores corporativos con elevado nivel de influencia, se externalizan los posibles efectos negativos (deterioro del servicio, subida de tarifas, precarización del empleo, falta de transparencia…) y, finalmente, se privatizan los beneficios.

La popularización de esta fórmula provoca disimuladamente que el mercado colonice nuestros imaginarios, las administraciones se vean prisioneras de este marco y las corporaciones terminen manejando el presupuesto público. El bueno de John Steinbeck solía decir que el ser humano es el único zorro que instala una trampa, le pone carnaza y luego mete la pata. Así que no debe sorprendernos que esta llamada a optimizar el funcionamiento del sector público haya coincidido con el aumento de la desigualdad social, el deterioro y privatización de los servicios públicos o la expansión de la precariedad y la inseguridad para proyectarse vitalmente hacia el futuro.

Solo quien sabe que está en medio de una trampa tiene mayores oportunidades de escapar. Hay que denunciar el trampantojo imponiendo un marco alternativo que lo retrate.

Cooperación público-comunitaria para democratizar la economía

Llamamos cooperación público-comunitaria a las políticas que suponen el desarrollo de marcos de colaboración estables y transparentes entre las administraciones y los tejidos sociales, guiados por la ausencia de ánimo de lucro y los principios de justicia, equidad, universalidad y sostenibilidad. En la práctica, se trata de construir una noción expandida de lo público basada en la apropiación social y el reconocimiento de nuevas modalidades de gestión que promuevan la participación de la ciudadanía.

Resulta imprescindible modelar un estatuto particular para defender y consolidar la cooperación público-comunitaria. Es preciso esbozar un marco que se diferencie de la cooperación público-privada, con la que una parte de la economía social y solidaria, el tercer sector y los tejidos asociativos acaba identificándose, ante la ausencia de alternativas claras para nombrar las dinámicas de colaboración que establecen con las instituciones. Y esta inercia se ve fortalecida por la inexistencia de categorías jurídicas específicas, la escasez de convenios de colaboración o fórmulas reconocidas de forma generalizada.

En una investigación que hemos elaborado recientemente desde el Foro Transiciones constatamos que los paternariados público-cooperativos sería una de las líneas clave para impulsar estos marcos; junto al refuerzo de las dinámicas de autoorganización vecinal y comunitaria, la gestión cívica de equipamientos y la promoción del enfoque pedagógico vinculado al Aprendizaje Servicio con las universidades.

Malos tiempos y buenas prácticas

Al pensar en el desarrollo de partenariados público-cooperativos parece que hubiera que realizar un enorme ejercicio de creatividad institucional para desarrollar mecanismos con los que fortalecer a la economía social y solidaria; cuando, para empezar, simplemente se trataría de ofrecer un marco diferenciado donde agrupar todas las herramientas existentes, demostrar un compromiso político y abrir la puerta a nuevas fórmulas de colaboración.

Resulta sorprendente la existencia de un enorme catálogo de herramientas que existen actualmente para desplegar estos mecanismos de colaboración en la esfera local. Las fórmulas legales existen pero se encuentran infrautilizadas debido a una falta de voluntad política. El desconocimiento técnico de muchas de estas posibilidades es más sencillo de corregir que la desgana para aplicarlas existente en muchos gobiernos

Y lo más importante es que no se trata de propuestas fantasiosas, sino que dispersas por toda nuestra geografía hay muchas experiencias inspiradoras. En el informe hemos sistematizado más de medio centenar de exitosas formas de colaboración entre administraciones públicas y tejidos sociocomunitarios.

Ateneos Cooperativos de Cataluña. Desde 2016, la Generalitat y el tejido cooperativo catalán han promovido en toda su geografía la creación de polos cooperativos entendidos como ecosistemas territoriales de cooperativas, asociaciones, fundaciones, sociedades laborales o agrupaciones sin personalidad jurídica y poner el acento en la acción económica mancomunada, colaborativa y el retorno comunitario. Hay 14 Ateneos repartidos por las distintas comarcas, donde participan en total más de 360 entidades.

Cooperativas Populares en Euskal Herria. Estructura socioeconómica diseñada para la promoción de proyectos y la prestación de servicios que un pueblo o barrio necesita. Con un predominio de la ciudadanía organizada, los agentes de la economía social y solidaria y las instituciones públicas se reúnen en ella con un objetivo común. Las administraciones pueden tener un máximo de un 50 % del capital de estas cooperativas. Las experiencias se han iniciado en poblaciones que sufren una situación de despoblamiento y/o escasez de servicios, ubicadas en zonas rurales (Goizueta, Usurbil, Azpeitia, Lizarra…). A través de un primer proyecto estratégico para la calidad de vida de la comunidad local, salvar la única tienda de alimentos, un mercado municipal o una gasolinera.

Hernani Burujabe. Una experiencia de planificación estratégica municipal participada con enfoque ecosocial, que aglutina al tejido económico, social y administrativo. Esta se basa en la construcción de soberanías en los campos que son estratégicos para la reproducción de la vida en común: moneda, energía, cuidados, biodiversidad, telecomunicaciones, alimentación, trabajo y vivienda. El objetivo es transferir poder y recursos para que se organice la ciudadanía en base a la planificación comunitaria y la gestión cooperativa, contando con la promoción pública. En torno a la iniciativa hay 16 organizaciones, personas voluntarias, técnicas municipales y empleadas de las cooperativas; implicando a 2.500 personas, muchas de las cuales son socias de las cooperativas generadas. comunidad energética, cooperativa de cuidados, moneda local, compra de tierras de cultivo, tienda de productos de proximidad…

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La profunda reorganización del funcionamiento de nuestras sociedades y de sus metabolismos sólo será viable en la medida en que se desarrollen estrategias colectivas, donde se enfatice la cooperación y la conflictividad creativa, huyendo de la mera confrontación entre instituciones públicas y sociedad civil.

Allí donde lo sencillo sería encontrar insuficiencias, carencias y defectos, el desafío es resaltar sus capacidades y adivinar las claves que pueden hacer de las pequeñas alternativas realidades más factibles, creíbles e inspiradoras. Tenemos la responsabilidad de ver el enorme árbol en la pequeña semilla. Difícil no es imposible.

** Este ámbito de actuación y las potencialidades de la cooperación cooproducción público-comunitaria será uno de los ejes de debate del próximo encuentro de Idearia que tendrá lugar en Pamplona del 8 al 10 de mayo. Más información aquí.

Un artículo de José Luis Fernández Casadavante, “Kois”, para Alternativas Económicas

El objetivo de este trabajo es la elaboración de una guía de experiencias replicables, dirigida tanto a entidades del tejido de la ESS como a Administraciones Públicas. Esta guía recogerá iniciativas inspiradoras y ofrecerá recomendaciones prácticas para facilitar su puesta en marcha en distintos territorios. Para ello, hemos habilitado un formulario de recogida de información, a través del cual invitamos a organizaciones, administraciones y colectivos a compartir sus experiencias de colaboración y coproducción.

Cuéntanos tu buena práctica en este formulario

Algunos ejemplos inspiradores…

Comunalidades urbanas
https://comunalitats.cat/

Este proyecto lo impulsa la Generalitat de Cataluña. Se desarrolla en ciudades de más de 25.000 habitantes de Cataluña y se puso en marcha tras el COVID. La idea era aprovechar toda esa emergencia de redes vecinales de ayuda mutua y de solidaridad que surgieron para atender a las personas en los distintos barrios, e intentar que no se diluyeran. Es decir, que en la medida de lo posible pudieran consolidarse, vertebrarse y fortalecerse. En muchos casos, incluso se han convertido en asociaciones o cooperativas. Han conseguido trasladar este tipo de experiencias hacia una cierta actividad económica y social. Están presentes en unas 14 ciudades y, actualmente, han puesto en marcha alrededor de 70 iniciativas comunitarias. Es una de las experiencias que mejor ha trabajado la posibilidad de vertebrar la informalidad sin desnaturalizarla, manteniendo esa particularidad propia de cada proyecto que surge para atender una necesidad concreta —muchas veces en contextos de emergencia— y logrando consolidarlos en el territorio de alguna manera.

Geltoki
https://www.geltoki.red/ 

Si nos ponemos a pensar en la gestión de infraestructuras públicas, en este caso por parte de la economía social y solidaria, Geltoki es un espacio de promoción, visibilidad y actividad de la economía social y solidaria en Pamplona, ubicado en la antigua estación de autobuses. Además, existe una colaboración con otros actores. Este proyecto muestra las potencialidades de contar con espacios que funcionen como pequeños imanes, capaces de atraer a la gente y de visibilizar en el territorio las propuestas de la economía social y solidaria. Disponer de este tipo de infraestructuras a nivel territorial es una apuesta muy relevante.

Cooperativas populares de Olatukoop
https://olatukoop.eus/es/

Otra experiencia que consideramos, en este caso para pensar en municipios más pequeños del ámbito rural, es la de las llamadas cooperativas populares, surgidas en Euskadi e impulsadas por Olatukoop en distintos municipios que sí sufren riesgos de despoblación. Por ejemplo, están en localidades como Usurbil, Goizueta, Azpeitia o Lizarra. En estos municipios se ha conformado una especie de cooperativas en las que también hay participación pública, además de la participación de la ciudadanía. Lo que han hecho es rescatar algunos comercios o actividades económicas que estaban en riesgo de desaparecer y que se consideraban centrales para la vida de los pueblos, como una gasolinera o la única tienda de alimentación del municipio. A través de estas dinámicas de cooperativización, además, se abre la puerta a que las personas se asocien a una cooperativa que no es solo de consumo vinculada a una iniciativa concreta. A partir de esa experiencia inicial, se pueden empezar a cooperativizar otros servicios del municipio. De este modo, se configura una especie de cooperativa que ofrece la posibilidad de ir diseñando soluciones más integrales, a medida que se incorporan y cooperativizan distintas áreas de actividad.

Ateneos cooperativos
https://economiasocial.coop/ateneus-cooperatius

Otra experiencia es la que impulsa la Generalitat de Cataluña: la política de Ateneos Cooperativos, que es, quizá, una de las apuestas más ambiciosas que se han dado en el conjunto del Estado para promover la economía social y solidaria. Actualmente existen 14 ateneos cooperativos, en los que participan en torno a 360 entidades repartidas por todo el territorio catalán. Su función es promover la creación de iniciativas, actuando como viveros o incubadoras de empresas de economía social y solidaria. Además, generan a su alrededor lo que denominan círculos cooperativos temáticos: espacios que permiten organizar a parte del tejido cooperativo, tanto el que está vinculado al propio vivero como el que, aun estando fuera, trabaja en el mismo ámbito. Estos ámbitos pueden ser muy diversos: desde la agricultura y la alimentación ecológica, hasta el sector textil, tecnológico o educativo. En definitiva, existen círculos temáticos muy variados. Se trata de una iniciativa que comenzó con un presupuesto de 7 millones de euros y que actualmente gestiona alrededor de 16 millones, lo que la convierte en un proyecto especialmente interesante para analizar en profundidad. En una fase inicial, se pensaba que toda la dinamización debía ser externalizada. Sin embargo, el propio sector cooperativo planteó asumir la gestión de estos fondos y autoorganizarse, de manera que fueran las cooperativas de los propios ecosistemas locales quienes gestionaran los ateneos. Es, en definitiva, una experiencia con un alto potencial de replicabilidad en otros territorios.

Valnalón
https://valnaloneduca.com

Si queremos mirar una política más netamente pública, podemos fijarnos en el caso de Valnalón, una empresa pública que impulsa un proyecto de ciudad tecnológica orientado al fomento del emprendimiento en Asturias, en el Valle del Nalón, en el contexto de los procesos de reconversión industrial. A partir de las instalaciones de los antiguos altos hornos de Duro Felguera, han transformado este espacio en un entorno dedicado a promover la iniciativa emprendedora. Una de las líneas más interesantes —y especialmente inspiradora para trasladar a otros territorios— es Valnalón Educa. Se trata de un proyecto de educación en el emprendimiento basado en valores cooperativos y colectivos. De este modo, el alumnado llega a formalizar lo que denominan cooperativas escolares. A través de ellas, desarrollan pequeñas actividades económicas que culminan en una feria anual, donde participan distintos centros educativos vinculados a estos programas. En este espacio se comercializan productos elaborados mediante dinámicas locales, artesanales y creativas.

El programa “Emprender en mi escuela” es, en este sentido, una iniciativa inspiradora, que además cuenta con materiales educativos y pedagógicos muy cuidados. Posteriormente, en secundaria, el programa da un paso más con dos líneas principales. Por un lado, “Empresa Joven Europea”, centrada en dinámicas de cooperación al desarrollo, donde el alumnado impulsa iniciativas vinculadas al comercio justo y trabaja en red con organizaciones de este ámbito. Estas experiencias también culminan en espacios de intercambio similares a los mercados escolares. Por otro lado, se desarrollan talleres de emprendimiento en secundaria y formación profesional, en colaboración con empresas locales. En todos los casos, se mantiene una mirada que se aleja del modelo de emprendedor individual centrado en “la gran idea” y su conversión en negocio, para apostar por procesos de cooperación y emprendimientos colectivos. En conjunto, se trata de una experiencia muy valiosa, que, aun siendo una política claramente pública, incorpora interesantes elementos de colaboración.

Cómo participar

Puedes completar la ficha de buenas prácticas hasta el 29 de mayo. Las experiencias recopiladas formarán parte de un repositorio que servirá como referencia para replicar modelos de coproducción en distintos territorios: ENLACE AL FORMULARIO

La coproducción, clave para una transición ecosocial

La Economía Social y Solidaria aporta una mirada integral que sitúa en el centro a las personas y al planeta, integrando dimensiones económicas, sociales, ambientales y democráticas. Desde esta perspectiva, no solo transforma las prácticas económicas, sino que desempeña un papel clave en la construcción de lo público.

En este contexto, la cooperación público-comunitaria se entiende como un marco estable de colaboración entre administraciones públicas y el tejido social, guiado por principios de justicia, equidad y ausencia de ánimo de lucro. Este enfoque permite fortalecer alianzas entre Administraciones Públicas, entidades de la ESS y sociedad civil, impulsando políticas orientadas al desarrollo sostenible y a la transición ecosocial.

Animamos a todas las organizaciones y entidades que estén desarrollando iniciativas en este ámbito a participar en el proceso y contribuir a visibilizar y fortalecer estas prácticas transformadoras.

ACCEDE A ESTE FORMULARIO Y CUÉNTANOS TU BUENA PRÁCTICA

REAS Balears realiza el seguimiento de la contratación pública social y presenta propuestas de mejora para favorecer la actividad de las empresas de inserción a las que representa.

La finalidad de los contratos reservados es promover el empleo de las personas con discapacidad y en situación o riesgo de exclusión social. La disposición adicional cuarta de la ley 9/2017, de contratos del sector público, establece que las comunidades autónomas y entidades locales fijarán porcentajes mínimos de reserva de contratos. Esta obligación se concreta en normas y acuerdos del Govern y de los consejos insulares de Mallorca, Eivissa y Menorca.

El informe presenta los resultados de los contratos reservados analizados e incluye propuestas de mejora en las que es necesario insistir para aprovechar el marco normativo favorable y avanzar en la contratación pública social en favor de la actividad que desarrollan las empresas de inserción.

En 2025 encontramos una consolidación de la contratación pública social con importantes incrementos en los importes adjudicados como contratos reservados que se han de poner en valor.

Así y todo, también hay margen para mejorar la calidad de la contratación pública social, ya que seguimos detectando deficiencias y carencias que limitan el impacto de la contratación pública social sobre la creación de empleo para colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral:

La contratación reservada se concentra en pocos servicios; hay poca diversificación de actividades, lo que limita su alcance.
No se ha desarrollado suficientemente la contratación reservada diferenciada para empresas de inserción, que sólo han recibido adjudicaciones de ayuntamientos, sin ninguna adjudicación ni del Govern ni de los consejos insulares.
Aún se puede mejorar mucho en la aplicación de criterios de adjudicación que favorezcan la mejor relación calidad-precio: se ha producido una ligera mejora de la valoración de los criterios de calidad, pero la oferta económica continúa teniendo mucho más peso.
Se mantiene la adjudicación de contratos por importes sensiblemente inferiores al presupuesto de licitación, así como contratos desiertos por una mala configuración del presupuesto del contracto.

RESULTADOS

En 2025 el conjunto de administraciones de Illes Balears ha adjudicado 51 contratos o lotes reservados por un importe de 11.431.876 €, con un incremento del 50% en relación a 2024. El Govern ha adjudicado el 52,3% de los importes, los consejos insulares el 7,7% y los ayuntamientos el 40,0%.

La evolución anual de los importes adjudicados por tipo de institución muestra que si en 2024 fue especialmente significativo el fuerte incremento de los importes adjudicados por parte de ayuntamientos, en 2025 el protagonista de los incrementos en los importes adjudicados ha sido el Govern.

En 2025 el Govern de les Illes Balears ha adjudicado 28 contratos o lotes reservados por un importe de 5.976.951 €, lo que representa el 0,75% de los importes adjudicados en todo tipo de contratos.

En el caso del Govern, estamos ante un salto cualitativo en la contratación reservada, con un fuerte incremento en relación a años anteriores, del 262% en relación a 2024.

El informe también analiza:

Objetos contractuales adjudicados

• Se mantiene la concentración de importes reservados adjudicados en pocos objetos contractuales de años anteriores: sólo tres servicios, de jardinería, de recepción, conserjería y control de accesos y de recogida y reciclaje, suponen el 80% de los importes adjudicados.

Entidades adjudicatarias

• Los centros especiales de empleo son la principal tipología de entidad beneficiaria, con el 85% de los importes, y se desconoce si todos los centros especiales de empleo beneficiarios son de iniciativa social como es preceptivo.
• Ni el Govern ni los consejos insulares han adjudicado ningún contrato a empresas de inserción.

Valoración de la oferta económica

• La puntuación media de la oferta económica ha sido del 80,7% con una ligera reducción en favor de los criterios de calidad.
• En el 35% de las licitaciones el precio supone el 100% de los criterios de adjudicación.
• Hay buenas prácticas de criterios de adjudicación que priorizan la calidad, con baremaciones de la oferta económica inferiores al 50% o adjudicación por fases con mínimos de calidad para continuar en el proceso selectivo.

En relación a los aspectos económicos, también continuamos detectando con preocupación contratos reservados adjudicados a un precio muy inferior al presupuesto base de licitación, por debajo del 80%.

ESTUDIO DE CASOS

Ponemos el acento en aspectos relevantes que queremos destacar de la contratación pública social en 2025:

Licitaciones de recogida y tratamiento de textil usado

• Además de las obligaciones de reserva derivadas de la normativa sobre residuos, prestamos atención a cómo contemplen las licitaciones el pago del servicio para garantizar la viabilidad de esta actividad que históricamente han realizado entidades sociales de inserción, y que actualmente vive una situación de colapso sin precedentes por la saturación del mercado de ropa de mala calidad, la caída de precios y el incremento de costes.
• Gracias a la campaña de sensibilización realizada por las entidades sociales de inserción, cada vez más ayuntamientos pagan por el servicio con precios unitarios para cubrir los costes reales de recogida, transporte y tratamiento.

Contratos de gestión de residuos declarados desiertos

• Cuatro contratos de gestión de residuos de ayuntamientos han quedado desiertos por falta de licitadores o por su exclusión por motivos técnicos.
• Una correcta configuración de los presupuestos de los contratos y de sus requisitos técnicos mediante consultas a los operadores económicos podría evitar estas situaciones.

PROPUESTAS  

¿Cómo impulsar y mejorar la calidad de la contratación pública social?

• Planificar la diversificación de objetos contractuales susceptibles de reserva mediante consultas a los operadores económicos.
• Potenciar reservas diferenciadas para empresas de inserción en el caso del Govern y los consejos insulares.
• Introducir mejoras en relación a los itinerarios de inserción para evitar el intrusismo de entidades promovidas o participadas por empresas mercantiles y hacer públicos los registros oficiales de empresas de inserción y de centros especiales de empleo de iniciativa social.
• Mejorar la formación y el seguimiento con la participación del sector.

Aspectos económicos para hacer realidad el principio de la mejor relación calidad-precio:

• Incluir todos los costes en el presupuesto de licitación para evitar que los contratos queden desiertos por falta de licitadores, incluyendo los costos laborales y de los itinerarios de inserción.
• Diseñar criterios de adjudicación que prioricen la calidad: baremación de la oferta económica del 50% o inferior y adjudicación por fases con mínimos del baremo de calidad para continuar en el proceso selectivo cuando sea de aplicación.
• Evitar las bajas temerarias y la sobrevaloración de las bajadas de precio revisando las fórmulas matemáticas utilizadas en la valoración de las ofertas y los umbrales y justificaciones de las reducciones temerarias de precio.

Más información:

Informe contratos reservados Illes Balears 2025: https://mercatsocial.org/descarregues/606/informes/234285/contratos-reservados-illes-balears-2025

Anexos: https://mercatsocial.org/descarregues/207/informes/234283/contratos-reservados-illes-balears-2025-anexo

Cuando hablamos de redistribuir más equitativamente renta y riqueza es normal que pensemos inmediatamente en los impuestos como uno de los más potentes instrumentos de redistribución. Y ello es cierto, pero solo en parte.

Los impuestos actúan sobre una distribución de renta y riqueza preexistentes, pero no nos engañemos, su potencial para reducir las desigualdades es más bien escaso. Lo que podemos exigir de los impuestos es que se repartan con equidad y progresividad y se recauden con suficiencia.

La auténtica capacidad redistributiva de la fiscalidad está en la utilización de esa recaudación impositiva. Es el gasto público el instrumento potente para redistribuir, con la posibilidad adicional de atacar auténticamente sobre las raíces de la desigualdad. Porque la desigualdad proviene ya desde la cuna, incluso antes. Conseguir unas condiciones de vivienda digna y de vida y alimentación sana y suficiente es una primera vía de siembra correctora de desigualdades. Las políticas de cuidados, que inciden de forma especial sobre las oportunidades para las mujeres, tradicionalmente atadas a las obligaciones con la infancia y con las personas mayores, son otra vía de trabajar por reducir la desigualdad en sus raíces.

La inversión en vivienda social asequible, la prestación universal por crianza, los comedores escolares gratuitos, la oferta igualmente gratuita de escuelas infantiles con plazas suficientes, el ingreso mínimo vital (deseablemente automático y universal, como renta básica de ciudadanía), una sanidad pública universal de calidad… son ejemplos de medidas deseables en la dirección apuntada en el párrafo anterior.

El siguiente puntal de una política radical de reducción de las desigualdades es, sin duda, la educación. Para que cumpla su papel, es fundamental asegurar una educación pública y gratuita de calidad y la inexistencia de segregación escolar: es decir, evitar que existan centros para alumnado de familias ricas y centros para alumnado de familias con menor formación y más dificultades de aprendizaje, condenando a estos a un nivel de segunda clase.

Por supuesto, incidir sobre el mercado de trabajo, marcar salarios mínimos justos, erradicar la precariedad, evitar las desigualdades de trato por cualquier causa como género, edad o raza, equilibrar las fuerzas de negociación entre patronales y trabajadores, favorecer la presencia sindical en los consejos de administración y luchar contra los poderes monopolísticos que se aprovechan de las familias a través de sobreprecios en sus consumos… son vías que favorecen una menor desigualdad en el mismo momento en que se generan las rentas.

Mucha de la pobreza y marginación que queremos erradicar la sufren las personas inmigrantes, fuente principal de nuestro crecimiento económico, demográfico y cultural. Se justifica plenamente que existan medidas de apoyo específicas, al tratarse de una población sin redes sociales de apoyo y a veces alejada de nuestros hábitos culturales. Normalizar la regularización para evitar su situación alegal (que les priva de derechos básicos y les condena al mercado negro y la explotación) es positivo, así como fortalecer y prolongar las políticas activas de integración a sus descendientes.

Cuando hablamos de redistribuir más equitativamente renta y riqueza es normal que pensemos inmediatamente en los impuestos como uno de los más potentes instrumentos de redistribución. Y ello es cierto, pero solo en parte.

Los impuestos actúan sobre una distribución de renta y riqueza preexistentes, pero no nos engañemos, su potencial para reducir las desigualdades es más bien escaso. Lo que podemos exigir de los impuestos es que se repartan con equidad y progresividad y se recauden con suficiencia.

La auténtica capacidad redistributiva de la fiscalidad está en la utilización de esa recaudación impositiva. Es el gasto público el instrumento potente para redistribuir, con la posibilidad adicional de atacar auténticamente sobre las raíces de la desigualdad. Porque la desigualdad proviene ya desde la cuna, incluso antes. Conseguir unas condiciones de vivienda digna y de vida y alimentación sana y suficiente es una primera vía de siembra correctora de desigualdades. Las políticas de cuidados, que inciden de forma especial sobre las oportunidades para las mujeres, tradicionalmente atadas a las obligaciones con la infancia y con las personas mayores, son otra vía de trabajar por reducir la desigualdad en sus raíces.

La inversión en vivienda social asequible, la prestación universal por crianza, los comedores escolares gratuitos, la oferta igualmente gratuita de escuelas infantiles con plazas suficientes, el ingreso mínimo vital (deseablemente automático y universal, como renta básica de ciudadanía), una sanidad pública universal de calidad… son ejemplos de medidas deseables en la dirección apuntada en el párrafo anterior.

El siguiente puntal de una política radical de reducción de las desigualdades es, sin duda, la educación. Para que cumpla su papel, es fundamental asegurar una educación pública y gratuita de calidad y la inexistencia de segregación escolar: es decir, evitar que existan centros para alumnado de familias ricas y centros para alumnado de familias con menor formación y más dificultades de aprendizaje, condenando a estos a un nivel de segunda clase.

Por supuesto, incidir sobre el mercado de trabajo, marcar salarios mínimos justos, erradicar la precariedad, evitar las desigualdades de trato por cualquier causa como género, edad o raza, equilibrar las fuerzas de negociación entre patronales y trabajadores, favorecer la presencia sindical en los consejos de administración y luchar contra los poderes monopolísticos que se aprovechan de las familias a través de sobreprecios en sus consumos… son vías que favorecen una menor desigualdad en el mismo momento en que se generan las rentas.

Mucha de la pobreza y marginación que queremos erradicar la sufren las personas inmigrantes, fuente principal de nuestro crecimiento económico, demográfico y cultural. Se justifica plenamente que existan medidas de apoyo específicas, al tratarse de una población sin redes sociales de apoyo y a veces alejada de nuestros hábitos culturales. Normalizar la regularización para evitar su situación alegal (que les priva de derechos básicos y les condena al mercado negro y la explotación) es positivo, así como fortalecer y prolongar las políticas activas de integración a sus descendientes.

Prácticamente todas esas medidas, solo una muestra de cuantas son necesarias para ir corrigiendo las desigualdades que genera un mercado descontrolado, necesitan recursos con las que hacerlas frente. La ciudadanía española demanda políticas potentes y eficaces, al menos al nivel de los países europeos más avanzados. Pero ello es imposible sin un sistema tributario que aporte los recursos necesarios para ello. No podemos querer los servicios de los países nórdicos o de Francia, sin ir más lejos, con una presión fiscal hasta diez puntos inferior en relación al PIB que esos países dedican.

La afirmación de que el dinero está mejor en los bolsillos de las personas en vez de en los del Estado es aparentemente cierta para una pequeña minoría que puede afrontar con su dinero sanidad, educación y cuidados de forma privada, comprarse hoy una vivienda donde quieren gracias a sus elevados salarios y sus jugosas rentas de activos financieros.

Pero esos mismos colectivos privilegiados son los primeros en solicitar contratos y ayudas públicas y socorro cuando vienen mal dadas. Por otra parte, la gran mayoría de la población no tiene esa capacidad de gasto ni puede permitirse ahorrar. Y, peor aún, deteriorado el ascensor social, está condenada a seguir en esa misma situación de estrés laboral y monetario desde su nacimiento hasta su muerte.

El discurso de la igualdad de oportunidades y de la meritocracia a través del esfuerzo personal es una falacia absoluta. Medidas como las anteriormente citadas pueden paliar la desigualdad. Pero solo si la acción pública es potente y decidida, solo si los medios y las políticas son mucho más radicales de lo que lo son actualmente.

Según algunos estudios, hasta el 70% de la desigualdad en España se explica ya a partir de las herencias. Por ello, es tan importante que exista un impuesto de sucesiones. Quienes reciben una herencia no pueden alegar que se penaliza un esfuerzo que no han realizado, que les cae del cielo y que de forma manifiestamente injusta les sitúa en situación de ventaja desde el punto de salida. Necesitamos un impuesto sobre las grandes herencias, semejante al que se aprobó sobre las grandes fortunas. Con un mínimo exento elevado, se haría recaer sobre esa minoría de la población que perpetúa sus privilegios de generación en generación.

Porque conseguir un sistema tributario equitativo, progresivo y suficiente no implica subir impuestos, sino combatir los privilegios existentes. El de los superricos que evaden el impuesto sobre la renta hasta el punto de pagar proporcionalmente menos impuestos que, incluso, los contribuyentes con menores ingresos.

Hay que conseguir que las grandes sociedades paguen no solo el 15% que se ha aprobado como mínimo, sino un porcentaje más acorde con su poder y privilegios y de acuerdo con sus auténticos beneficios. Las múltiples bonificaciones, compensaciones y deducciones facilitan la ingeniería fiscal, propician los trucos contables para evadir los impuestos debidos. Con la complicidad adicional de las guaridas fiscales internacionales y de los asesores cómplices, cuando no inductores.

Hay que conseguir que las finanzas paguen, por lo menos, los mismos impuestos que las rentas del trabajo o el patrimonio inmobiliario.

Hay que penalizar fuertemente los consumos altamente contaminantes de los ultrarricos con un impuesto verde sobre el lujo suntuario.

Necesitamos una fiscalidad realmente redistributiva que (vía impuestos y, sobre todo, vía políticas de gasto público social) ataque la desigualdad no sólo a posteriori, sino también en sus raíces.

Fuente: Público

Publicamos el informe Textile Watch: La necesidad de un mecanismo de monitoreo, con la intención de analizar la compra pública textil catalana e identificar oportunidades para que las administraciones públicas ejerzan su capacidad de influencia y cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Con esta investigación damos los primeros pasos para implementar estructuras de monitoreo en la contratación pública catalana en el sector textil. Son muchos los departamentos y organismos de la Generalitat de Catalunya, así como otras administraciones locales, que adquieren productos textiles.

Sabemos que la industria textil se caracteriza por una fuerte subcontratación: el origen de las materias primas y las fábricas donde se producen se encuentran principalmente en países del Sur Global. Además, el seguimiento de la trazabilidad del producto en el sector textil es especialmente complejo.

Las empresas externalizan a países del Sur Global sus costes sociales y ambientales, y minimizan los costes de producción a costa de no garantizar los derechos laborales en sus cadenas de valor. La globalización de la economía y la liberalización del comercio han
hecho que las cadenas de suministro se vuelvan muy largas, complejas y poco transparentes, dificultando conocer las vulneraciones de derechos que se producen.

Esto afecta a las personas consumidoras individuales, pero también, y en mayor medida, a las administraciones públicas que tienen un gran peso en la compra de productos. La contratación pública representa un 14% del PIB de la Unión Europea y, en Cataluña, representa más del 30% del total del gasto público. Solo durante el año 2024, la Generalitat de Catalunya y su sector público han adjudicado 16.529 contratos que representan un importe total de más de 4.121 millones de €. Las administraciones tienen la capacidad de influir en los comportamientos de las empresas a través de la contratación pública y deben tener en cuenta este comportamiento al formalizar nuevos contratos. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP) permite y promueve que se introduzcan aspectos sociales, ambientales y laborales como criterios de adjudicación y como condiciones especiales de ejecución.

Para llevar a cabo la investigación, se ha analizado la contratación textil en Cataluña con un enfoque extraterritorial, la procedencia geográfica de los productos textiles en la compra pública catalana y los riesgos para los principales países de origen: Pakistán, India y Bangladesh. Asimismo, el informe presenta un breve análisis estrictamente jurídico de las normas aplicables con implicaciones para la contratación pública en el sector textil y se
analiza el actual momento político de la Unión Europea respecto a las nuevas perspectivas normativas.

El informe, elaborado por el CEDAT con ayuda de la Universidad de Sussex, se enmarca en el proyecto de SETEM Catalunya, financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo: “Traçant camí cap a la justícia global”.

Una de las principales recomendaciones que se desprende del informe es la importancia de incluir cláusulas de transparencia en las licitaciones, que permitan saber dónde se fabrican los productos que se compran en Cataluña. Este sería un primer paso imprescindible para poder conocer los riesgos asociados. A medio plazo, se podría ir más allá e incluir cláusulas que exijan a los contratistas realizar un seguimiento y monitoreo continuo sobre sus proveedores, que garantice que respetan los derechos humanos y el medio ambiente. Las administraciones deberían entonces prever procedimientos de control del cumplimiento de las condiciones de ejecución sociales y ambientales. El desarrollo de una iniciativa de seguimiento y mejora de la contratación pública socialmente responsable en el sector textil (Textile Watch) permitiría conectar compradores públicos y organizaciones de la sociedad civil de los países de fabricación y facilitar esta labor.

Descarga el informe en catalán

Descarga el resumen ejecutivo en catalán

Descarga el resumen ejecutivo en inglés

Coproducción de políticas públicas para sistemas alimentarios sostenibles

Esta formación aborda cómo diseñar políticas alimentarias desde la coproducción entre administraciones públicas y la Economía Social y Solidaria. Se explorarán herramientas para fortalecer la colaboración público-comunitaria y reforzar la incidencia política y técnica en el desarrollo de sistemas alimentarios de proximidad, sostenibles y resilientes.

Contenidos clave:

• Sistemas alimentarios sostenibles y de proximidad
• ESS y soberanía alimentaria
• Políticas públicas locales en alimentación
• Experiencias y buenas prácticas

Dirigido a: Administraciones públicas y entidades de la ESS vinculadas al ámbito alimentario.

Objetivo: Impulsar políticas alimentarias más sostenibles, inclusivas y conectadas con el territorio.

Modalidad: Online
Fecha: Martes 16 de junio de 10.30 a 12h.
Duración: 1 hora y media.

INSCRÍBETE EN ESTE ENLACE

Esta actividad cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Coproducción de políticas públicas y financiación con impacto social

Esta formación explora cómo integrar las finanzas éticas en la acción pública mediante la colaboración entre administraciones y entidades de la Economía Social y Solidaria. Se trabajarán herramientas para incorporar criterios de impacto social, sostenibilidad y transparencia en la financiación pública, reforzando las capacidades de incidencia política y técnica.

Contenidos clave:

• Principios de las finanzas éticas
• Instrumentos financieros con impacto social
• Incorporación de criterios éticos en la contratación y financiación pública.
• Casos prácticos.

Dirigido a: Personal de administraciones públicas y entidades de la ESS interesadas en modelos financieros alternativos.

Objetivo: Promover políticas públicas que integren criterios éticos en la financiación.

Quién imparte la formación: FETS – Finançament Ètic i Solidari.

Modalidad: Online.
Fecha: 9 de junio de 10.30 a 12h.
Duración: 1 hora y media.

INSCRÍBETE EN ESTE ENLACE

Esta actividad cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Coproducción de políticas públicas para la transición energética justa

Esta formación se centra en cómo las administraciones públicas pueden colaborar con la Economía Social y Solidaria para impulsar un modelo energético más democrático, sostenible y basado en el territorio. Se abordarán herramientas para fomentar la colaboración público-comunitaria y fortalecer las capacidades de incidencia política y técnica en el desarrollo de políticas energéticas locales.

Contenidos clave:

• Transición energética desde la ESS
• Comunidades energéticas
• Instrumentos públicos de impulso
• Experiencias de colaboración público-comunitaria

Dirigido a: Administraciones públicas y entidades de la ESS interesadas en el ámbito energético.

Objetivo: Impulsar políticas públicas que favorezcan modelos energéticos más sostenibles y participativos.

Modalidad: online.
Fecha: Martes 19 de mayo de 10.30 a 12h.
Duración: 1 hora y media.

INSCRÍBETE EN ESTE ENLACE

Esta actividad cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Coproducción de políticas públicas en vivienda desde la Economía Social y Solidaria

Esta formación aborda cómo impulsar políticas locales de vivienda más justas, sostenibles y eficaces a través de la colaboración entre administraciones públicas y la Economía Social y Solidaria (ESS).

Objetivo general

Fortalecer las capacidades de incidencia política y técnica para impulsar la colaboración público-cooperativa en políticas locales de vivienda.

Objetivos específicos.

• Presentar el Manual de acción para la colaboración público-cooperativa.
• Compartir claves para la incorporación del modelo en políticas públicas municipales.
• Visibilizar experiencias reales en diferentes territorios del Estado.
• Generar un espacio de reflexión orientado a la acción para personal técnico y político.

Dirigido a: Personal técnico y responsables políticos de administraciones públicas, y entidades de la ESS especialmente vinculadas al ámbito de la vivienda.

Modalidad: online.

Fecha: Martes 12 de mayo de 2026.

Duración: 1 hora y media.

INSCRÍBETE EN ESTE ENLACE

Esta actividad cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Se trata de una jornada abierta y gratuita, pensada para conectar a personas, entidades sociales y proyectos emprendedores que apuestan por un modelo económico más sostenible, inclusivo y arraigado al territorio.

El concejal de Recursos Humanos y Empresa, Emilio Borrega, ha destacado que “este tipo de iniciativas contribuyen a dinamizar el tejido económico local y a fomentar modelos empresariales que ponen en el centro a las personas, el empleo de calidad y el desarrollo sostenible”.

Cáceres, líder de emprendimiento

En este sentido, Borrega ha subrayado que, según el último informe GEM presentado por la Universidad de Extremadura y la Cámara de Comercio, correspondiente a los años 2024 y 2025, Cáceres se consolida como el principal motor de emprendimiento en Extremadura, con una tasa de actividad empresarial del 8,8%, el valor más alto de la serie histórica desde 1994, y muy por encima de la media nacional, situada en el 5,7%.

“El Ayuntamiento tiene claro que nuestro empeño debe ser seguir trabajando junto a emprendedores, empresarios y todos aquellos colectivos que generan empleo, riqueza y oportunidades en nuestra ciudad. Jornadas como esta son un ejemplo claro de esa línea de trabajo”, ha señalado.

Diez stands de productores locales

La jornada, financiado por la Unión Europea, que se celebrará el próximo 15 de abril de 9:30 a 13:45 horas en el Complejo Cultural San Francisco, contará con un programa dinámico que combinará aprendizaje, generación de soluciones y conexión con el ecosistema emprendedor.

Laura Gil, técnica de programas europeos de inclusión socio laboral de Acción contra el Hambre ha explicado que tras la bienvenida institucional, prevista a las 10:00 horas, se celebrará una mesa de diálogo con entidades clave como REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria), Fundecyt-Pctex y la Fundación Cooprado, que compartirán experiencias reales en este ámbito.

Posteriormente, se habilitarán dos espacios simultáneos de networking. Uno de ellos estará orientado a fomentar la conexión, el intercambio y la generación de sinergias entre las personas asistentes; mientras que el otro, de carácter más especializado, reunirá a más de 20 entidades y proyectos del territorio, desde universidades hasta iniciativas vinculadas a la economía circular, el empleo inclusivo o la producción local.

Además, el evento contará con 10 stands de productores y proyectos locales de Cáceres, ubicados en el Claustro García Matos, así como con un concurso de ideas emprendedoras que permitirá a distintas iniciativas presentar sus propuestas ante un jurado experto.

Borrega ha subrayado que “desde el Ayuntamiento respaldamos todas aquellas propuestas que favorecen la creación de oportunidades, especialmente aquellas que impulsan el emprendimiento inclusivo y el desarrollo económico con impacto social”.

El objetivo de esta iniciativa es visibilizar el potencial de la economía social y generar oportunidades reales de colaboración, emprendimiento y desarrollo en la región.

La jornada está dirigida a entidades de economía social, personas emprendedoras y ciudadanía interesada. La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del código QR del cartel, mediante el enlace habilitado o llamando al teléfono 629 708 428.

El Ayuntamiento colabora en la difusión del evento a través de sus canales de información municipales y anima a la ciudadanía a participar en una iniciativa que “refuerza el papel de Cáceres como ciudad comprometida con la innovación social y el emprendimiento”, ha finalizado Borrega.

Fuente: Cáceres directo