La Unión Europea ha sido durante mucho tiempo una defensora del comercio sostenible. El Reglamento de la UE sobre la deforestación (EUDR) y el Reglamento de Agricultura Ecológica actualizado se encuentran entre los intentos más ambiciosos hasta la fecha para ecologizar las cadenas de suministro globales. Como movimiento de Comercio Justo, apoyamos sus objetivos. Los bosques deben protegerse y la agricultura ecológica debe cumplir con los más altos estándares para ser creíble. Estos son objetivos por los que los productores de Comercio Justo de toda América Latina han estado trabajando mucho antes de que Bruselas los convirtiera en ley.

Pero las buenas intenciones no se traducen automáticamente en buenos resultados. Un nuevo estudio publicado por la Red Latinoamericana y Caribeña de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC) , que abarca a productores de café y cacao de Comercio Justo en Guatemala, Perú, Ecuador y Brasil, presenta un panorama desalentador de lo que sucede cuando un cambio regulatorio significativo recae sobre los hombros de quienes están menos preparados para afrontarlo y menos consultados en su diseño. 

Los costes de cumplimiento se están trasladando a los sectores más exigentes.

El Reglamento UE sobre Productos Básicos (EUDR, por sus siglas en inglés) es una normativa de la UE y sus obligaciones legales recaen directamente sobre los operadores de la UE , incluidos los importadores, comerciantes y empresas que comercializan productos en el mercado europeo. Los agricultores y sus cooperativas en América Latina no están sujetos a la normativa. Sin embargo, en la práctica, gran parte del coste, la recopilación de datos, la documentación y el esfuerzo administrativo necesarios para el cumplimiento, incluidas las medidas de mitigación de riesgos que formalmente debían adoptar los operadores de la UE, se han trasladado a los propios productores a lo largo de la cadena de suministro .

Las cooperativas han movilizado equipos de campo para mapear con GPS cientos de parcelas de pequeños agricultores en zonas remotas. Han invertido en plataformas geoespaciales, contratado especialistas legales y técnicos que antes no necesitaban y redirigido fondos de la Prima de Comercio Justo , dinero destinado al desarrollo comunitario, hacia infraestructura de cumplimiento . Una cooperativa de cacao peruana estimó un gasto de entre 60.000 y 100.000 USD solo en la adaptación al Reglamento Europeo de Productos Básicos (EUDR). Las organizaciones cafetaleras peruanas informan que los nuevos sistemas de cumplimiento han duplicado sus costos administrativos. La Unión de Organizaciones de Productores de Cacao del Ecuador (UNOCACE) en Ecuador calculó costos iniciales de cumplimiento de alrededor de 5.000 USD por organización miembro, lo que representa decenas de miles de dólares en toda su red.

¿Y qué han aportado los compradores? Los resultados del estudio muestran que la mayoría de los compradores no han ofrecido una cofinanciación significativa. Algunos han proporcionado asesoramiento técnico o han apoyado componentes aislados, pero la participación sistemática en los costes es la excepción, no la regla .

Así no es como debería funcionar una relación comercial justa . Si el cumplimiento de la legislación de la UE es necesario para acceder al mercado comunitario, y si los costes de dicho cumplimiento son reales y sustanciales, entonces los actores con mayor poder financiero en la cadena, incluidos los importadores y las marcas europeas, deben compartir la carga. Esperar que los pequeños agricultores del Sur Global subvencionen la agenda regulatoria de la UE no es ni justo ni coherente. 

La normativa ecológica está desmantelando las cooperativas.

Si bien los desafíos de implementación del Reglamento Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural (EUDR) son significativos, el impacto del Reglamento Ecológico actualizado merece una atención aún mayor. Criterios como el límite de 2000 miembros por grupo de operadores ecológicos, junto con el requisito de que todos los miembros produzcan exclusivamente de forma ecológica, y los límites en el tamaño de la explotación (5 hectáreas de tierra ecológica) y las ventas anuales de productos ecológicos (25 000 €) por miembro, pueden reflejar la realidad de las pequeñas explotaciones ecológicas en Europa, pero no logran captar la realidad de las cooperativas en América Latina (y África y Asia).  

Las consecuencias son graves, ya que las cooperativas que han dedicado décadas a construir organizaciones inclusivas y con miembros de diferentes orígenes se ven ahora obligadas a dividirse, separando a los productores orgánicos de los convencionales, creando entidades jurídicas paralelas y, en muchos casos, excluyendo formalmente a los miembros que no pueden o no quieren pasarse a la producción orgánica. Esto atenta contra el modelo cooperativo en sí mismo.  

Lo que está en juego aquí va más allá de la certificación. El movimiento cooperativo se construyó sobre los principios de inclusión, solidaridad y empoderamiento colectivo. Cuando una normativa diseñada y aprobada en Bruselas obliga a una cooperativa guatemalteca o peruana a comunicar a algunos de sus miembros que «ya no forman parte de nuestro grupo certificado», no se trata solo de un inconveniente burocrático, sino de un golpe al tejido social que los movimientos de Comercio Justo y cooperativo han construido durante décadas. 

Más requisitos, sin recompensa del mercado. 

A pesar de los crecientes requisitos para acceder al mercado de la UE, los productores que los cumplen no han visto un aumento proporcional en sus ingresos. El simple hecho de poder seguir exportando al mercado de la UE no contribuye a mejorar las condiciones de vida de los agricultores fuera de la UE, ya que sus costes siguen aumentando, mientras que los precios que reciben no suben en la misma proporción.

CLAC documenta que la diferencia de precio entre el café y el cacao orgánicos certificados y los convencionales se ha reducido drásticamente, e incluso ha desaparecido por completo en algunos casos . Los productores de Guatemala informan que los precios del café orgánico son ahora casi idénticos a los del convencional. En Brasil, una organización descubrió que la certificación orgánica se había vuelto tan costosa, sin ningún comprador dispuesto a pagar un precio superior para justificarla, que simplemente comenzaron a vender su café como convencional.

Con los nuevos requisitos de la UE, la sostenibilidad económica de la producción ecológica se está volviendo insostenible para muchos pequeños productores. Mientras tanto, la demanda mundial de productos ecológicos sigue en aumento. Los consumidores quieren productos ecológicos. La política europea afirma que quiere más productos ecológicos. Sin embargo, el efecto combinado del aumento de los costes de cumplimiento y el estancamiento de las primas para los productos ecológicos está expulsando a los productores del sistema ecológico. Si esta tendencia continúa, paradójicamente, los consumidores europeos tendrán menos acceso a café y cacao ecológicos certificados (en el caso del estudio), porque los productores que los cultivaron ya no pueden permitirse la certificación. 

Debe existir coherencia entre las políticas de demanda y las de oferta para evitar que se socaven los altos estándares en los países productores.  

Un estudio de caso sobre la incoherencia política. 

La UE mantiene un compromiso de larga data con la coherencia de las políticas para el desarrollo (CPD), principio que establece que las políticas de la UE, más allá de la cooperación para el desarrollo, no deben menoscabar los objetivos de desarrollo en el Sur Global. El estudio de CLAC argumenta de manera convincente que tanto el Reglamento sobre el Desarrollo de la UE como el Reglamento Orgánico, en su aplicación actual, no cumplen con este compromiso. 

La situación es aún más crítica en el caso de la agricultura ecológica: la estrategia «De la granja a la mesa» de la UE (que tenía una dimensión externa) establecía objetivos ambiciosos para la expansión de la agricultura ecológica. Sin embargo, la actualización del Reglamento sobre agricultura ecológica dificulta que los pequeños productores ecológicos mantengan su certificación y viabilidad comercial, y está teniendo un impacto negativo en las cooperativas de la región.  

En el caso del Reglamento de la UE sobre productos agrícolas, la situación es más compleja, ya que su implementación se ha caracterizado por la confusión y una distribución injusta de los costes. Las cooperativas se enfrentan a una doble carga: los compradores solicitan datos en formatos incompatibles, lo que multiplica el trabajo administrativo; mientras que los criterios de cumplimiento legal chocan con la realidad de que la agricultura a pequeña escala en América Latina es mayoritariamente informal, donde las prácticas tradicionales no se han documentado formalmente.  
Estos son errores de implementación que pueden corregirse, pero solo si la UE está dispuesta a escuchar a los productores y a crear mecanismos de retroalimentación que permitan que el reglamento aprenda y se adapte. 

Las regulaciones con alcance extraterritorial requieren un diseño extraterritorial.

Tanto el Reglamento sobre Agricultura Ecológica de la UE como el Reglamento sobre Agricultura Ecológica tienen importantes repercusiones extraterritoriales, que afectan profundamente la vida de los agricultores que no tuvieron voz ni voto en la elaboración de las normas que ahora los rigen. Esto obliga a las instituciones de la UE a diseñar reglamentos mediante un diálogo genuino con las comunidades afectadas, y no simplemente a consultar a las organizaciones de productores a posteriori, una vez que el texto legislativo ya está aprobado .

El estudio CLAC formula una serie de recomendaciones concretas , varias de las cuales queremos desarrollar aquí con más detalle.

• En primer lugar, compradores e importadores deben compartir los costes de cumplimiento, no mediante gestos de buena voluntad, sino a través de compromisos comerciales vinculantes. Si el acceso al mercado de la UE requiere inversión, esta debe distribuirse equitativamente a lo largo de toda la cadena de valor. 
• En segundo lugar, es urgente revisar el límite de 2000 miembros establecido en el Reglamento de Agricultura Ecológica, junto con los umbrales de tierras y ventas, con la participación activa de las organizaciones de productores del Sur Global. El movimiento de Comercio Justo ha acogido con satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea para modificar dicho límite y exhorta al Parlamento y al Consejo a mantener la propuesta de la Comisión y a adoptarla con prontitud.
• En tercer lugar, la UE debe invertir en apoyar a los países productores para que desarrollen sistemas nacionales de trazabilidad y verificación creíbles, reconocidos como prueba válida en virtud del Reglamento UE sobre Productos Básicos. Países como Costa Rica y Ecuador ya están construyendo este tipo de infraestructura. Reconocer y financiar estos sistemas reduciría drásticamente la carga para las cooperativas.
• En cuarto lugar, la UE debería establecer un mecanismo formal para supervisar el impacto en el desarrollo de las regulaciones con alcance extraterritorial, evaluando no solo si se alcanzan los objetivos en Europa, sino también si están generando daños no deseados en los países productores. 
• En quinto lugar, la UE debe abordar directamente el problema de la sobrevaloración de los productos ecológicos. Ya sea mediante políticas de contratación pública, campañas de concienciación para el consumidor, etiquetado obligatorio u otros instrumentos, existe la responsabilidad política de garantizar que el mercado recompense los mayores costes de la producción ecológica. Exigir a los agricultores que asuman esos costes sin obtener ninguna compensación de mercado no es una política sostenible. 

El estudio de CLAC constituye una valiosa y oportuna contribución a este debate. Las instituciones de la UE, los Estados miembros y la comunidad empresarial europea ya no pueden permanecer indiferentes. 

Este artículo se basa en las conclusiones del informe « Análisis del impacto comercial potencial del Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR) y del Reglamento sobre producción ecológica y etiquetado de productos ecológicos (UE 2018/848) en los pequeños productores de café y cacao de comercio justo en América Latina », publicado por CLAC en abril de 2026. 

Por Virginia Enssle , Gerente de Relaciones Internacionales e Institucionales de la FTAO. Fuente: fairtrade-advocacy.org

Título: Reflexiones teóricas sobre el rol de las finanzas éticas como instrumento para promover el bien común y la democracia económica:

Autoría: Javier Moreno Ibarra, Presidente de Fonredess

Año publicación: 2025

Resumen:  A partir de una revisión bibliográfica sobre finanzas éticas, este trabajo realiza una reflexión sobre el aparte que puede hacer este tipo de finanzas al bien común y a la construcción de procesos de democracia económica. Para ello, se analizan las finanzas éticas desde dos dimensiones críticas de la intermediación financiera: a) la primera trata sobre la articulación de mecanismos de evaluación socio-ambiental que tienen en cuenta criterios sociales, ambientales y de gobernanza de las entidades
y proyectos a financiar, además de criterios de viabilidad económica; b) la segunda trata sobre el acceso a productos y servicios financieros más allá de un enfoque de acceso a oportunidades, adoptando un enfoque transformador: la intermediación financiera como herramienta política al servicio de unas relaciones económicas no violentas, en las que las rentas del capital estén al servicio de las necesidades colectivas de las personas.

Del 27 al 29 de noviembre se celebra en la ciudad argentina de La Rioja el X Encuentro Internacional sobre la Economía de las y los Trabajadores. Un espacio de articulación que reúne a experiencias diversas de construcción de economías alternativas, cuyo fundamento principal es la promoción de la autogestión de las unidades económicas por parte de las propias personas trabajadoras.

Se trata de una red que surge estrechamente vinculada al auge de las llamadas Empresas Recuperadas por los Trabajadores (ERT), empresas en crisis o quiebra que, ante la amenaza de cierre y vaciamiento empresarial, son recuperadas y gestionadas de manera colectiva por las y los trabajadores. Un fenómeno que ha destacado especialmente en Argentina a partir del estallido de 2001, así como en países europeos como Grecia e Italia a raíz del crash de 2008.

El encuentro pretende dar un impulso renovado a las ERT como baluarte de resistencia en el nuevo ciclo político en marcha tanto en Argentina como a nivel global. Para ello, se reflexionará sobre la actual situación crítica de este sector popular, dada la combinación explosiva de una agudización de la crisis capitalista global, y de la emergencia consiguiente de fenómenos políticos como Javier Milei, cuya orientación ultraliberal, pro-corporativa y reaccionaria puede llegar a poner en jaque la ya de por si compleja viabilidad de estas experiencias.

Estos debates, a su vez, se entrelazan con la necesidad de llevar a cabo un balance en el seno del campo popular sobre los límites y contradicciones de las experiencias de gobierno progresistas, así como sobre el imperativo de insertar orgánicamente las ERT y otras experiencias análogas en estrategias más amplias de decidida subversión de las estructuras de poder político-empresarial a nivel nacional y global.

Radiografía de las ERT en Argentina hoy

Según el informe anual del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, elaborado por el académico y militante Andrés Ruggeri, en julio de 2025 las ERT en Argentina son un total de 398 y emplean a 13.812 personas. El grueso se concentra en diversas ramas industriales con un peso histórico en el tejido productivo argentino (metalúrgica, alimentaria, textil, gráfica, cárnica). Son sectores industriales plagados de pymes y muy enfocados al mercado interno; por ello, han sido las principales víctimas de los distintos planes de ajuste neoliberal que han asolado el país desde los años setenta del siglo pasado, generando un gran volumen de cierres y quiebras que han abierto la puerta a las experiencias de autogestión.

Esta centralidad de la industria explica también el alto grado de concentración de las ERT en el área metropolitana de Buenos Aires (el 47,49% del total nacional), que acoge un importante cordón industrial. También hay un volumen destacado de iniciativas en la práctica totalidad del resto de provincias, como Santa Fe, Córdoba e incluso algunas escasamente industriales como La Rioja.

Se trata, por tanto, de un fenómeno significativo en términos cuantitativos, que responde a una trayectoria dilatada que hace que el fenómeno trascienda una determinada coyuntura histórica para tornarse un actor permanente en el escenario sociopolítico del país. Pero, al mismo tiempo, se encuentra sometido a una serie de presiones que amenazan su proyección y, a medio plazo, su propia existencia y viabilidad en términos económicos, sociales y políticos.

La pandemia, y su correlato en forma de medidas de aislamiento social y limitación de las actividades económicas, supusieron un duro golpe para este sector, el cual ya venía arrastrando problemas de competitividad y productividad que aumentaron hasta cotas críticas. La irrupción de nuevas formas de informalidad laboral, así como el notable auge del cuentapropismo y del empleo a través de plataformas digitales como Rappi o Uber, compiten además de manera ventajosa en el imaginario popular, limitando el atractivo de salidas colectivas ─pero con altos costos personales─ como las que representan las ERT.

La consecuencia de toda esta concatenación de factores adversos es un cierto aumento de los cierres de ERT y, sobre todo, la pérdida de casi 1.000 puestos de trabajo en el sector entre 2022 y 2025.

Todo ello se ha venido produciendo en un contexto de frustración de las expectativas de cambio depositadas en el último gobierno del peronismo progresista presidido por Alberto Fernández, tras el interregno neoliberal comandado por Macri. Este desplome anímico ha facilitado un avance muy potente de ideas reaccionarias e individualistas, así como un reflujo del movimiento popular y sindical pocas veces visto en un país con la tradición combativa de Argentina.

Esto ha afectado directa y gravemente al sector de las ERT, el cual, en tanto que apuesta contrahegemónica ─que a su vez, nada a contracorriente al operar en el terreno de juego del mercado capitalista─, se ha alimentado históricamente de esta ebullición social transformadora hoy en jaque. Además, en lo inmediato, el esquema progresista implementado desde el gobierno en este campo ha demostrado unos límites claros, derivados de una apuesta basada principalmente en subsidios y ayudas que minimicen los problemas de competitividad y las pérdidas de ingresos de las ERT (necesarias, sin duda, pero insuficientes), y que mira al sector como algo más bien periférico en el contexto del conjunto del aparato económico-productivo del país.

La consecuencia de toda esta concatenación de factores adversos es un cierto aumento de los cierres de ERT y, sobre todo, la pérdida de casi 1.000 puestos de trabajo en el sector entre 2022 y 2025. En este sentido, un análisis más cualitativo nos lleva a constatar, tal y como señala Ruggeri, que nos encontramos ante el primer momento de la historia reciente de Argentina en el que no se produce una correlación entre el descenso del PIB (indicativo de una situación de crisis económica) y un aumento de las ERT. Así, a partir de la pandemia, la caída de la actividad económica no se ha visto acompañada por un auge de las mismas. Un síntoma, en definitiva, de la comprometida situación que vive esta modalidad de apuesta popular.

Milei o los zarpazos del “león anarcocapitalista”

Estas presiones e inercias estructurales que afectan a las ERT en Argentina se ven exponencialmente amplificadas por la puesta en marcha de la agenda agresivamente pro-corporativa, pro-imperial y reaccionaria que encarna Javier Milei. Sin ánimo de realizar una caracterización detallada de los planes económicos que hoy emanan de la Casa Rosada, destacamos algunos aspectos que a nuestro entender afectan de manera directa al desenvolvimiento de las ERT y, por tanto, a su situación y viabilidad en el corto y medio plazo.

En primer lugar, los inicios del gobierno de Milei han pivotado sobre la implementación de un draconiano ajuste fiscal con importantes consecuencias sociales. Un ajuste que responde a las pulsiones ideológicas “libertarias” más oscuras de La Libertad Avanza, que trata de justificar su necesidad inmediata en el eterno chantaje al que se ve sometida Argentina por el pago de la deuda con el FMI y agentes financieros privados, y que, a la postre, es el comienzo de un plan de largo recorrido para vaciar el Estado argentino de sus más elementales instituciones de protección social.

En un contexto en el que las ERT han venido solventando parte de sus problemas de competitividad a través de diversos flujos de ayuda y subsidio público, la expectativa de un cese abrupto de las mismas supone una amenaza casi existencial. Aquí, el parámetro ideológico ultraliberal pretendidamente antiestatista del mileismo, converge con la voluntad de hacer la guerra desde el Estado a las entidades populares no cooptables y consideradas del “otro lado de la barricada”. En este sentido, Milei no tiene ningún incentivo para apoyar económicamente a las ERT, como tampoco a la economía popular o a la agricultura familiar.

En segundo lugar, la previsión de una reforma laboral de alcance, que ahonde en la destrucción del poder sindical, de las complejas instituciones de carácter colectivo operantes en el país en materia de ordenación del trabajo asalariado, y que genere condiciones más favorables para los intereses patronales vía supresión de derechos, supondrá con toda seguridad un avance de una atomización social que ya es una realidad entre amplios sectores.

Esto, en ese contexto preexistente de expansión acelerada de figuras ajenas al trabajo asalariado clásico, ligadas a distintos tipos de informalidad, al cuentapropismo y al capitalismo de plataformas, apuntalará las dificultades –materiales e ideológicas- para sostener proyectos colectivos de resolución de la vida como son las ERT. En este sentido, si desde este sector se vino promoviendo sin éxito durante el gobierno de Alberto Fernández la creación de un estatuto específico para las y los trabajadores de ERT que protegiese su condición desde las especificidades del sector, parece evidente que no será el gobierno de Milei el que impulsará esta medida. No al menos por propia voluntad, más bien todo lo contrario.

La implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) responde a objetivos e intereses antagónicos respecto a un ámbito como las empresas recuperadas.

Por último, no podemos dejar de destacar una de las iniciativas-estrella del gobierno, la cual ejemplifica como pocas su vocación de transformación pro-corporativa del Estado y la sociedad argentinas, así como su exacerbado entreguismo al imperialismo y los capitales extranjeros. Se trata del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), una arquitectura institucional de fomento y garantía para la seguridad jurídica enfocada a servir de pista de aterrizaje a inversiones extranjeras de más de 200 millones de dólares, circunscrita a una serie de sectores considerados estratégicos en el tejido productivo del país en los próximos años, entre los que destacan energía, hidrocarburos y minería.

Una regulación que se pretende desregulación, enfocada a la atracción masiva de inversión extranjera directa, que institucionaliza una notable apertura económica dirigida a la extranjerización y corporativización del tejido empresarial del país. Una estrategia que busca modificar la matriz económico-productiva en un sentido abiertamente primario-exportador, de la mano además de un reciente acuerdo con Trump que ─más allá de que su sentido último sea ungir a Argentina como punta de lanza de la renovada estrategia imperial de disciplinamiento y alineamiento de la región, como plataforma hemisférica para la pugna geopolítica con China─ en lo concreto pone a su disposición toda una serie de sectores estratégicos en el ámbito de las materias primas, en las que Argentina cuenta con importantes reservas. A la postre, una estrategia de este tipo pasa insoslayablemente por inducir deliberadamente una amplia desindustrialización del país.

En este sentido, la implementación del RIGI responde a objetivos e intereses antagónicos respecto a un ámbito como las ERT. El hecho de que la mayoría de las mismas se adscriban al sector industrial, y se enfoquen principalmente al mercado interno (en muchos casos, como suministradoras de empresas mayores de capital nacional), saca del foco de las prioridades de planificación económica del gobierno a las ERT, de la misma manera que lo hace con el amplio tejido de pymes que componen una parte sustancial de la industria nacional. Y, en el caso de las ERT, no se debe obviar que se trata de entidades que, operando en el mercado capitalista, pretenden trascender la mera obtención de rentabilidad en favor de lógicas colectivas de desmercantilización de las relaciones sociales y productivas, lo que agudiza aún más su desventaja competitiva frente al gran sujeto corporativo que se pretende fortalecer. La triada compuesta por corporativización, extranjerización y desindustrialización promovida por el gobierno Milei constituye un ataque directo a las ERT.

Construyendo alternativas desde el campo popular

El contexto es complejo, y las ERT se enfrentan al reto de aportar su grano de arena a la necesaria resistencia multisectorial frente al plan de gobierno antipopular de Milei, así como de dotar de un nuevo impulso a la propia propuesta autogestionaria. Para ello, planteamos algunas claves para el debate.

Tenemos que empezar por el carácter ambivalente de las ERT. Estamos ante iniciativas contrahegemónicas que combinan miradas de corto plazo (mantenimiento de la fuente de trabajo inmediata y resolución de los imperativos vitales elementales de las personas involucradas y sus familias), con otras de largo aliento (construcción de alternativas a la preeminencia corporativa, en el marco de una perspectiva más amplia de cambio social profundo). Una ambivalencia que se plasma en el hecho de que se pretende construir y consolidar experiencias e instituciones colectivas orientadas a la desmercantilización integral de la vida mediante empresas que, a la postre, producen mercancías para ser comercializadas en el mercado capitalista.

Esta materialización “por adelantado” del mundo que deseamos, en la compleja ─y muchas veces hostil─ realidad presente es una de las principales fuentes de problemas, en la medida que se deben garantizar ciertos umbrales de competitividad, productividad y eficiencia establecidos por ese mercado capitalista, manteniendo al mismo tiempo la fuente de trabajo para el máximo posible de personas trabajadoras. Como hemos visto, este parámetro se ha visto seriamente erosionado en los últimos años.

Frente a esta adversidad estructural, que es llevada al límite por la aplicación inmisericorde del programa de gobierno de La Libertad Avanza, la principal garantía para la persistencia y avance de las ERT como sujeto político y socioeconómico relevante pasa por insertar orgánicamente su experiencia en un marco más amplio que agrupe al conjunto del campo popular, y que trace sendas encaminadas a dar un nuevo impulso a la subversión del statu quo capitalista vigente. En este sentido, se trata tanto de reconstruir alianzas que acuerpen orgánicamente a las ERT y las vinculen con mayor fuerza al resto de sujetos emancipadores, como de recuperar una vocación de transformación social integral y radical en el programa de acción de ese campo popular. Ambas líneas de acción se encuentran hoy ampliamente debilitadas en Argentina ─de forma similar a lo que está ocurriendo en muchas otras latitudes, en el marco de una cierta crisis global de las izquierdas─, como consecuencia de los pasos atrás dados en la matriz confrontativa y transformadora de los gobiernos de corte progresista, el reflujo de movimiento popular y la consiguiente acometida capitalista encarnada, en este caso, por Milei.

En lo que respecta a la parte orgánica, es especialmente relevante que durante los últimos años las ERT hayan visto debilitados sus vínculos con las organizaciones sindicales. Si bien se trata de dos espacios diferentes que han venido teniendo encuentros y desencuentros, resulta fundamental fortalecer un lazo que amplifique el apoyo mutuo y multiplique la capacidad de incidencia y movilización de ambas instancias. Más aún en un contexto de mutación del mercado laboral argentino, en el que una parte importante de las capas trabajadoras está priorizando solventar sus necesidades desde lo individual a través de plataformas como Rappi, enajenándose tanto de las organizaciones sindicales como de la posibilidad de participar en proyectos de ERT, las cuales, cada una en su ámbito y medida, pierden referencialidad.

Lo mismo ocurre con sectores ambientalistas, feministas, de defensa del territorio y pueblos originarios, que encarnan hoy algunas de las principales expresiones de antagonismo respecto al avance del modelo corporativo, patriarcal y de depredación primario-exportadora que deben resituarse en el radar del conjunto del campo popular. Asimismo, la generación de lazos internacionalistas sólidos que permitan soportar con la máxima resiliencia la disputa con las élites político-empresariales es fundamental.

En lo que respecta al vínculo con las expresiones políticas diversas del progresismo y la izquierda, este también se ha visto debilitado en el marco de los gobiernos progresistas habidos a lo largo de las últimas dos décadas. Esto es consecuencia del carácter periférico y colateral que se ha otorgado al ámbito de las ERT en el marco de las políticas estatales del kirchnerismo, sin una apuesta clara y dotada de recursos para que ─más allá de garantizar, mal que bien, el mantenimiento de la actividad de las ERT existentes vía subsidios─ estas ocupen un rol más vertebral en el tejido productivo del país, en detrimento de los capitales hegemónicos. Es por eso que se precisa de una reconstrucción del vínculo orgánico de las ERT con los actores políticos progresistas y de izquierda sobre la base de un reimpulso decidido de los programas políticos de transformación social integral. Este vínculo, que no significa absoluta identidad o alineamiento acrítico, puede incluir a un amplio espectro de opciones políticas hoy operativas, desde el kirchnerismo hasta opciones hoy emergentes más a la izquierda como el FIT.

Las empresas recuperadas necesitan lo mismo que el conjunto del campo popular, tanto argentino como de otras latitudes: la articulación de una estrategia y programa de acción orientados a la transformación integral del tejido económico-productivo

Esto nos lleva a la parte programática. Es necesario realizar un balance crítico sobre los límites y contradicciones de los gobiernos progresistas-kirchneristas habidos en el país desde comienzos de siglo. Unos gobiernos que, si bien han llevado a cabo sustanciales políticas redistributivas, políticas exteriores relativamente contrahegemónicas de apuntalamiento de la soberanía, y algunas nacionalizaciones importantes en sectores estratégicos de la economía, no han terminado por liberar el tejido económico, empresarial, financiero y productivo del país del predominio corporativo nacional y transnacional. Un límite a la descorporativización que ha lastrado la consecución de cambios sustanciales en la correlación de fuerzas entre el campo popular y los sectores dominantes, generando a la postre cierto desencanto que se ha venido a manifestar de forma nítida con el gobierno de Alberto Fernández.

Así, en la medida en que no ha existido una vocación política para ir más allá en este sentido ─que se explica, en parte, en el contexto de ofensiva mediática de las derechas, lawfare, presión de la deuda, etc.─, entidades como las ERT se han mantenido en los márgenes de la planificación económica, sin ganar en protagonismo, sin considerarse seriamente su potencial rol en el marco de una transformación del metabolismo socioeconómico del país. Mientras, los grandes capitales han seguido jugando un papel determinante en el mismo, en interlocución público-corporativa, si bien es cierto que no siempre en términos amistosos, con los distintos gobiernos.

Las ERT necesitan esencialmente lo mismo que el conjunto del campo popular, tanto argentino como de otras latitudes: la articulación de una estrategia y programa de acción orientados a la transformación integral ─o al menos sustancial─ del tejido económico-productivo del país, sacando de la ecuación a las grandes corporaciones en el máximo posible de espacios, territorios y sectores económicos, y estableciendo un rumbo decidido de transición desde un esquema público-privado hacia un modelo público-comunitario, en el que un poderoso sector público planifique y actúe en beneficio de las mayorías sociales desde la alianza con sectores de vocación desmercantilizadora, como cooperativas, organizaciones sociales, PYME y, por supuesto, las ERT. Se trata de ganar en centralidad y situarse más cerca del núcleo central de la planificación económica del país, apartando consiguientemente de esa centralidad a los grandes capitales y sectores corporativos, intrínsecamente contrarios a los intereses populares.

En el actual contexto de acometida de las élites político-empresariales contra los sectores populares, experiencias como las de las ERT están llamadas a constituir uno de los ejes de resistencia y construcción de alternativas tanto en Argentina y a nivel global. Unas alternativas que, sí o sí, han de encaminarnos hacia horizontes de superación sistémica de un capitalismo que solo ofrece depredación, ecocidio, guerra y fascismo. Alternativas que constituyen la mejor base de partida para organizar la resistencia a proyectos tan abyectos como el que encarna Javier Milei.

Un artículo de Gorka Martija y Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate para El Salto

Miriam Nobre es una activista feminista brasileña, agrónoma y máster en Integración de América Latina. Miembra de la Marcha Internacional de Mujeres y con una trayectoria de décadas, explica cómo se encontraron el feminismo y la agroecología en la lucha por una alimentación sostenible y por la visibilización del trabajo de las mujeres en el campo.

Miriam, trabajas con comunidades y al mismo tiempo eres un referente académico en agroecología y soberanía alimentaria. ¿Cómo conviven estas dos facetas?

No me considero una académica en el sentido tradicional; soy militante feminista desde hace muchos años. Mi trabajo siempre ha estado entre la acción y la reflexión colectiva. La academia me ha dado la posibilidad de profundizar y sistematizar reflexiones que surgen de la práctica, pero siempre en diálogo con la organización y la acción social. Por ejemplo, en SOF (Sempreviva Organizaçâo Feminista), la organización feminista en Brasil donde trabajo, nos desafiamos a escribir sobre nuestras experiencias conectándolas con otras áreas de conocimiento. Esta interacción entre práctica y reflexión es vital: los congresos, como este de Sevilla, y la investigación permiten continuar profundizando temas que en la acción cotidiana hay que resolver rápidamente sin poder detenerse a pensar.

¿Cómo surgió tu vínculo con el feminismo y la agroecología?

Crecí en Volta Redonda, una ciudad industrial con fuerte movimiento obrero. Desde joven participé en organizaciones estudiantiles y políticas, y fue confrontando los machismos que me encontré con el feminismo. Después estudié Agronomía en la Universidad de São Paulo, en un contexto de agricultura industrial, pero pronto me vinculé con prácticas alternativas y con comunidades agrícolas. Allí descubrí la agroecología: integración de conocimientos científicos y tradicionales, como lo enseñaba la gran referente, Ana Primavesi, sobre el suelo vivo, entre otras muchas cosas.

Mi trabajo en políticas públicas surgió de esa experiencia. A finales de los 80, en la municipalidad de São Paulo, promovimos que la alimentación escolar se comprase a agricultores familiares y fuese saludable y culturalmente apropiada. Antes la comida escolar era ultraprocesada y pensada solo en nutrientes; queríamos comida buena que reflejara la vida de las comunidades. Además, comenzamos a visibilizar la producción de las mujeres rurales, que sostiene a las familias y comunidades más allá del mercado formal.

¿Cómo se articula el feminismo con la agroecología?

La articulación surge de la autoorganización de las mujeres. No basta con aplicar herramientas de género: se necesita voluntad política y reconocimiento de la contribución femenina en la producción. Por ejemplo, constituimos un grupo de trabajo dentro de la Articulação Nacional de Agroecologia. Planteamos cosas como que las mujeres registraran el destino de su producción, para visibilizar su trabajo. Ellas practicaban la agroecología, pero no la nombraban: se ocupaban de las semillas, pero cuando se institucionalizaba un banco de semillas, allí no estaban las mujeres. Les dijimos a las personas del movimiento agroecológico: “Miren, las mujeres tienen una gran cantidad de conocimientos, no participan, estamos perdiendo saberes.” Con la autoorganización y la presión, fuimos logrando presencia.

En una de tus intervenciones en el Congreso, hablabas del relevo generacional: ¿Qué desafíos enfrenta?

Es complicado. Las jóvenes muchas veces migran a la ciudad por estudios o trabajo, y la desconexión con lo rural empieza desde pequeñas. La escuela, la discriminación urbana hacia lo rural y las oportunidades económicas de la ciudad generan que pocas continúen en la agroecología. Estamos experimentando con cursos con incentivos económicos y actividades que acerquen a los niños y niñas al campo, para mantener la transmisión de saberes. También es clave que las ciudades se conecten con estas prácticas: traer jóvenes urbanas a intercambios o proyectos comunitarios cambia su percepción y fortalece los vínculos.

También me pareció interesante tu aportación sobre las jerarquías y la eficacia: ¿Cómo se gestionan los proyectos agroecológicos sin jerarquía?

Nos debemos organizar colectivamente, pero la clave está en la atención y el tiempo, no en la jerarquía. No queremos replicar estructuras jerárquicas, sino aceptar la diversidad de producción y ritmos. Por ejemplo, en las redes de mujeres se hace un “mutirão”, un día de trabajo conjunto al mes. Las mujeres intercambian tareas y experiencias, valorando su tiempo y esfuerzo, pero también integrando a los niños en la actividad, conectándolos con la tierra y la comida. La eficacia surge de la cooperación y el cuidado, no de imponer productividad estricta.

¿Percibes la influencia del colonialismo en estas prácticas jerárquicas y heteropatriarcales?

Está muy presente, incluso en lo que parece natural, como la separación de las criaturas del trabajo de la comunidad. Una mirada “civilizadora” nos haría pensar que los niños solo deben estar en la escuela, pero debemos cuestionar qué escuela y qué conocimiento se está transmitiendo. El colonialismo también moldea nuestras concepciones del tiempo, la productividad y la autoridad. Por eso es crucial recuperar temporalidades y formas de organización de la vida propias, inspiradas en experiencias indígenas y comunitarias, donde tiempo, espacio y saberes se integran.

En este contexto, ¿qué puede aportar tu experiencia a la visión europea de la agroecología y el feminismo?

Mostrar que el cambio requiere procesos colectivos, interdisciplinarios y conectados con la vida cotidiana: alimentación, educación, relaciones comunitarias. La resistencia no es solo política; es también cultural y afectiva: cuidar la tierra, las semillas y los vínculos humanos es parte de construir un futuro posible. Estar en espacios como congresos o movilizaciones permite compartir estos aprendizajes y visibilizar alternativas a lógicas productivistas o jerárquicas, demostrando que la práctica y la reflexión colectiva generan transformación real.

Pero aquí en el Congreso me ha gustado mucho compartir y conocer puntos de vista de otras compañeras: como la posibilidad de otros lenguajes: el arte, el cuerpo y el estar en un espacio de lucha y resistencia. Me encantó lo que dijo una agricultora en la sesión inaugural: “Aprendí de la agricultura a convivir con la incertidumbre.” Es una orientación sobre cómo movernos en el contexto político. Mejor que creer que la derecha ya ha ganado… estamos vivas, resistiendo, pasan muchas cosas. Recuerdo un poema palestino que lo resume: “Mientras tengamos las semillas para volver a plantar, ahí estaremos.”

Una entrevista de Marina Reig para El Salto

COORDINACIÓN: Marie J. Bouchard, Université du Québec à Montréal, Canadá, Carmen Marcuello Servós Universidad de Zaragoza, OIBESCOOP, España, Juan Fernando Álvarez Rodríguez, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia.

EDITA: CIRIEC España

ÍNDICE DE CAPÍTULOS

• CAPÍTULO 1. ARGENTINA. PUENTES ENTRE ECONOMÍA SOCIAL Y ECONOMÍA FEMINISTA. UNA MIRADA DESDE LA RED UNIVERSITARIA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DE ARGENTINA. Violeta Boronat-Pont, Alberta Bottini, María Florencia Cascardo, Marisa Fournier, Valeria Mutuberría Lazarini y Vanessa Sciarretta.
• CAPÍTULO 2. MÉXICO. NUEVOS ROLES DE LA MUJER EN LAS ASAMBLEAS EJIDALES EN MÉXICO. Cristina Girardo Pierdominici, Tatiana Vanessa González Rivera, Imke Hindrichs y Prudenzio O. Mochi Alemán
• CAPÍTULO 3. CHILE. COOPERATIVAS DE CUIDADOS: UNA DEUDA PENDIENTE EN LA INFORMALIDAD LABORAL FEMENINA. Paula Miranda Sánchez y Alejandra Inostroza Correa
• CAPÍTULO 4. BRASIL. CONTRIBUCIÓN DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA PARA LA AUTONOMÍA FINANCIERA DE LAS MUJERES BRASILEÑAS EN EL CONTEXTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR. Leomara Battisti Telles y Candida Joe
• CAPÍTULO 5. ESPAÑA ¿PRESUMIR SIN SUFRIR? REDEFINIR EL ÉXITO PARA QUE NO DUELA. Alicia Rius Buitrago, Rocío Nogales Muriel, Ana Lorenzo Vila y Sandra Salsón Martín.
• CAPÍTULO 6. ARGENTINA. COOPERATIVAS E INCLUSIÓN SOCIAL PARA MUJERES TRANS EN ARGENTINA. María Soledad Cutuli.
• CAPÍTULO 7. PARAGUAY. VISIÓN Y VISIBILIDAD DEL LIDERAZGO FEMENINO EN EL SECTOR COOPERATIVO PARAGUAYO. Zulema Nacimiento Coronel y Ana Leticia Carosini Ruiz-Díaz.
• CAPÍTULO 8. COSTA RICA. EMPRENDIMIENTO SOCIAL/RURAL, INSTITUCIONES Y RESILIENCIA. EVIDENCIA PARA UNA ECONOMÍA EMERGENTE CON ROSTRO DE MUJER: CASO COSTA RICA. Monserrat Espinach Rueda, Federico Li Bonilla y Fabián Enrique Salazar-Villano.
• CAPÍTULO 9. PERÚ. LIDERAZGO TRASCENDENTAL: SU APLICACIÓN POR MUJERES ARTESANAS EMPRENDEDORAS DEL SUR DEL PERÚ. Zoraima Julieta Laura Castillo.
• CAPÍTULO 10. URUGUAY. ¿QUIÉN NEGOCIA LA IGUALDAD? LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DEL COOPERATIVISMO AGRARIO EN URUGUAY. Silvana Maubrigades y Mayra Fernández.
• CAPÍTULO 11. BRASIL. TRAJETÓRIA DAS MULHERES NA ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA EM SANTA CATARINA, BRASIL: TESTEMUNHOS DE EMPODERAMENTO. Vanêssa P. Simon, Maurício Serva y Carolina Andion.
• CAPÍTULO 12. ECUADOR. PROGRESO DE LA INSERCIÓN FEMENINA. LA EXPERIENCIA DESDE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN EL ECUADOR. Carolina Verónica Verzosi Vargas y Paulina Iralda Verzosi Vargas.

Las resoluciones adoptadas en los últimos años por diversas instituciones internacionales, como la OIT (2022), la OCDE (2022) y las Naciones Unidas (2023), en torno al fomento de la Economía Social y Solidaria (ESS) representan un reconocimiento significativo para este sector. Las tres resoluciones coinciden en señalar a la ESS como un motor clave para impulsar el desarrollo sostenible y enfrentar desafíos sociales, económicos y ambientales. Además, resaltan su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial en áreas como la creación de empleo, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Asimismo, instan a la creación de marcos legales e institucionales que favorezcan el crecimiento y la consolidación de la ESS, destacando la importancia de desarrollar políticas que proporcionen a las entidades de la ESS acceso a recursos financieros, al mercado y apoyo en su gobernanza.

A partir de dichas resoluciones, el objetivo de este estudio es realizar una reflexión y análisis con el fin de facilitar a los principales actores —gobiernos, organizaciones de la economía social y plataformas representativas— la implementación efectiva de dichas recomendaciones. La metodología propuesta sigue un enfoque colaborativo y multidisciplinar, centrado en la participación de expertos de diversos ámbitos relacionados con la ESS. En primer lugar, desde el Observatorio Iberoamericano de Economía Social y Cooperativa (OIBESCOOP) se configuró un equipo coordinador formado por Roberto di Meglio y Carmen Marcuello. A continuación, el equipo de expertos y expertas que han realizado este análisis se han centrado en los retos y oportunidades de la ESS a nivel global, proporcionando conceptos, casos de estudio y referencias prácticas para traducir en políticas concretas los principios y orientaciones contenidos en los mencionados instrumentos normativos aprobados por la OIT, OCDE y Naciones Unidas.   El libro presenta, en primer lugar, los resúmenes detallados del informe “El trabajo decente y la economía social y solidaria” de la OIT de 2022, la “Recomendación del Consejo sobre la Economía Social y Solidaria y la Innovación Social” de la OCDE de 2022 y la Resolución “Promover la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible” de la ONU de 2023. A continuación se incluyen las diferentes aportaciones de los expertos y expertas. En el anexo se incluyen los documentos de las tres instituciones para facilitar la consulta y la difusión de las mismas.

Acceso al informe

Bolivia acoge del 8 al 12 de septiembre el Encuentro Iberoamericano de Economía Social y Solidaria.

El Encuentro Iberoamericano de Economía Social y Solidaria se concibe como un foro privilegiado para el diálogo y la generación de propuestas. Su objetivo es debatir nuevos conceptos, diseñar políticas que aborden los desafíos del siglo XXI, conocer las iniciativas legislativas y empresariales más prometedoras y movilizar apoyo tanto a nivel internacional como regional. Organiza la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España.

Descripción y objetivos:

Dirigido a:

Países de los participantes/destinatarios:

Requisitos:

Contenidos y Metodología:

La matrícula no tiene coste. Además, existen ayudas para facilitar la participación:

Más información aquí

Colombia será el epicentro del Foro Internacional de Economías para la Vida (Ecoovida2025), un evento que reunirá a comunidades, organizaciones, plataformas sociales y gobiernos para construir, desde los territorios, un modelo de desarrollo que respete la vida, la tierra y los saberes de los pueblos. La Unidad Solidaria del Gobierno colombiano, junto al Foro Social Mundial de Economías Transformadoras (FSMET) y diversas alianzas nacionales e internacionales, convoca a este gran evento en el marco del Año Internacional de las Cooperativas 2025.

Este foro forma parte de los compromisos suscritos en la COP16 con el Pacto Internacional de Economías para la Vida, un acuerdo que pone en el centro la producción limpia, el comercio justo, la defensa de los territorios y la economía popular como herramientas de transformación social.

Es la respuesta de las comunidades organizadas frente a los desafíos globales, pero con soluciones propias, que nacen en la parcela, en las tiendas solidarias, en los mercados campesinos y en las ferias dominicales.

Cuándo: 15 y 16 de septiembre de 2025

Dónde: Bucaramanga, Santander. COLOMBIA.

Programa completo

Inscripciones: https://www.unidadsolidaria.gov.co/Prensa/Noticias-Foro-Internacional-Economias-para-la-Vida

Crónica de Entrepueblos en el I Encuentro de Economía Feminista de Abya Yala:  Tejiendo alianzas para sostener la vida.

Autoras: Montse Benito · Entrepobles Barcelona, Natalia Riera, Lucila Rivera, Marta Soler · Entrepueblos

El primer Encuentro de Economía feminista de Abya Yala (EFAY) se ha organizado del 26 al 28 de marzo en Buenos Aires, Argentina, y varias compañeras del mundo de la economía social y solidaria del Estado español hemos tenido la oportunidad de participar y fortalecer nuestros vínculos con las compañeras América Latina y Mesoamérica. El evento internacional se ha desarrollado bajo el lema Desde las Economías Feministas, politizamos el malestar y se ha concebido como un diálogo fructífero con otras disciplinas y experiencias organizativas hermanas, donde poder reflexionar, debatir y diseñar estrategias de lucha en torno a seis grandes temas:

1) La potencia transformadora de los cuidados.

2) Sistema financiero, deudas y dinero.

3) Contra la ultraderecha: interpretar y enfrentar su avance.

4) Procesos sociales críticos para construir una resistencia común.

5) Tiempo y miedos del sistema como control cultural, social y político.

6) Expresiones artístico-culturales desde la Economía Feminista.

Desde FETS y la XES hemos asistido al Encuentro EFAY 2025 con el objetivo de participar en el diálogo y construcción colectiva en torno a la economía solidaria feminista y las finanzas feministas. Esta inquietud hace unos años que se cultiva y, el Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras que tuvo lugar en Barcelona en 2020 se convirtió en una gran oportunidad para conocer a compañeras de las economías transformadoras de todo el mundo, así como del fortalecimiento de la confluencia de la economía feminista Desde entonces, desde el potencial transformador de la economía feminista. Fruto de esta trayectoria es que se ha impulsado el proyecto «Por unas finanzas éticas y solidarias globales y locales en clave feminista», con la financiación de la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo, con el objetivo de conocer y transformar los retos que se encuentran la ESS de base feminista para acceder a unas finanzas éticas y solidarias. El encuentro EFAY ha sido una oportunidad para fortalecer y consolidar los vínculos y sinergias globales que se han venido construyendo en los últimos años entre la economía feminista y la ESS.

Durante los primeros días previos al encuentro, de la mano de las compañeras de La base, la Nosotredad i Semillas, hemos podido visitar y conocer estas entidades, cómo trabajan para ofrecer respuestas financieras a esta otra economía, desde una vocación feminista. Asimismo, hemos conocido la situación de la economía cooperativa y popular en Argentina, así como los distintos retos que afrontan las fábricas recuperadas y el movimiento agroalimentario. También hemos visto cómo este tejido se ha visto gravemente afectado por las políticas del presidente ultraderechista y neoliberal Milei, como el cierre del Ministerio de Igualdad o de la CONAMI, organismo clave para facilitar el acceso al crédito de la economía social y solidaria en el territorio. Este contexto supone un gran reto para el sostenimiento económico de millones de personas en Argentina, especialmente para mujeres, disidencias y sus proyectos emancipadores.

Una vez iniciado el encuentro EFAY, participamos en el de trabajo sobre sistema financiero, deuda y dinero. En ese eje se reflexionó de las perspectivas de Abya Yala i la perspectiva internacionalista, para comprender qué tipo de vidas reproduce el sistema financiero y cómo la financieraización de la vida impacta en nuestros territorios. Al mismo tiempo, se exploraron distintas formas de resistencia como la desobediencia financiera de la deuda de los estados, pero también aquellas iniciativas locales que se apartan de la lógica financiera dominante, como mecanismos de ahorro colectivo, organizaciones sociales que operan fuera del sistema financiero y otras formas de autogestión económica. En este espacio se introdujeron las finanzas feministas como una oportunidad para la transformación de las condiciones materiales de vida de las mujeres, especialmente en el campo, en la economía popular y en organizaciones autogestionadas. Nos cuestionamos colectivamente cómo hacer para que las finanzas feministas sean una alternativa real para las mujeres e identidades disidentes, teniendo en cuenta las circunstancias de cada territorio, visibilizando que son una herramienta de respuesta y alternativa a las lógicas discriminatorias del sistema financiero global y local.

Para continuar profundizando en el concepto de Finanzas feministas y los retos que surgen, en el marco del EFAY hemos coorganizado con La Base, La Nosotredad, Semillas y REAS Red de Redes, una sesión específica con el objetivo de dialogar e intercambiar visiones sobre qué entendemos por finanzas cooperativas, finanzas feministas y finanzas Argentina. De todas las conversaciones, pudimos abrir la puerta a recuperar el sentido original del concepto de crédito —vinculado a la confianza— ya reflexionar sobre cómo esta confianza financiera debería consistir en apoyar actividades económicas con el objetivo de promover su despliegue. En contraposición a la perversión del sistema financiero capitalista, unas finanzas feministas facilitan el acceso a recursos para mujeres emprendedoras, mujeres organizadas dentro de la economía feminista, la economía popular y los proyectos autogestionados, con la voluntad de sostener y dignificar sus vidas y proyectos. Atender a la complejidad y realidad de este tipo de proyectos económicos pone de manifiesto la centralidad que deben tener los cuidados, no solo como un planteamiento teórico-político, sino como una forma de dar respuesta a todas las necesidades y deseos que las personas podemos tener. Asimismo, desde diversas perspectivas, se puso de manifiesto que la educación y autonomía financiera de las mujeres e identidades disidentes sigue siendo una asignatura pendiente en muchos territorios y que la creación de redes y alianzas para colectivizar los aprendizajes es una herramienta de resistencia y transformación. Todos los espacios en torno al EFAY han sido especialmente enriquecedores para avanzar en la reflexión y pasar a la acción sobre qué significa realmente unas finanzas feministas que ponen la vida de las personas y el planeta en el centro.

Del 26 al 28 de Marzo varias compañeras de la comisión de feminismos de REAS Red de Redes hemos participado en el I Encuentro de Economía Feminista de Abya Yala en Buenos Aires, Argentina.

Un Encuentro INTER…

El encuentro se ha concebido como un diálogo INTERnacionalista, INTERgeneracional, INTERterritorial e INTERcomunitario en donde se ha buscado sobre todo COMPARTIR las experiencias y CONSTRUIR debates entre todas las personas que han participado en el Encuentro que han sido, en muchos casos, la voz de las comunidades y organizaciones de las cuales forman parte. El resultado final ha sido un TEJIDO DIVERSO de experiencias, luchas y resistencias en torno a los seis ejes o temáticas del Encuentro:

1. La potencia transformadora de los cuidados.
2. Sistema financiero, deudas y dinero.
3. Contra la ultraderecha: interpretar y enfrentar su avance.
4. Procesos sociales críticos para construir una resistencia común.
5. Tiempos y miedos del sistema como control cultural, social y político.
6. Expresiones artísticas-culturales desde la Economía Feminista.

Actividades paralelas

En el marco del encuentro se han realizado diferentes actividades: Conversatorio «Propuestas desde el Decrecimiento Ecofeminista para un mundo en crisis» o el webinar online «Miradas y análisis de las economías feministas de Abya Yala a la esfera digital: Construyendo puentes globales»

Además durante la estancia en Buenos Aires se llevó a cabo una reunión con la Cooperativa La Base, entidad que forma parte del proyecto sobre finanzas solidarias y feminismos impulsado por FETS y la XES y en la que REAS Red de Redes estamos colaborando. Durante la reunión se conocieron las experiencias de financiación de esta entidad así como de otras organizaciones como Semillas o Nosotredad.

Reunión presencial de la Confluencia Feminista

Uno de los elementos más positivos del encuentro ha sido poder conocer a organizaciones, colectivas y compañeras/compañeres con los que veníamos trabajando de forma online desde hace años en diferentes espacios como es el caso de la Confluencia Feminista. El domingo 30 de marzo tuvimos la oportunidad de realizar un encuentro con algunas compañeras de la Confluencia en la oficina de las compañeras de La Base. Esta reunión ha servido de impulso para reactivar este espacio como punto de encuentro de muchas organizaciones de diferentes territorios y países para seguir construyendo y compartiendo iniciativas, agendas de lucha y elaboración de discurso en torno a retos comunes como es el avance de la ultraderecha o la cuestión climática en muchos casos en forma de extractivismo.

Presencia de REAS en este Encuentro

Desde REAS Red de Redes llevamos años impulsando el diálogo de la Economía Solidaria con la Economía Feminista porque no nos cansamos de repetir que «la economía será solidaria si es feminista» pero además, desde hace unos años y en el marco de las Economías Transformadoras, creemos que es fundamental el poder tejer alianzas con otros movimientos y también desde el ámbito internacional. En este sentido, la presencia en este encuentro es un paso más en esta nueva agenda colectiva que estamos co-construyendo.

Algunas pistas iniciales en forma de titulares

Uno de los retos de este encuentro es el poder sistematizar todos los debates y conversatorios que han tenido lugar, mientras, queremos volcar algunas pistas a modo de titulares de uno de los ejes (eje 4: Procesos sociales críticos para construir una resistencia común) del encuentro en donde participamos con una intervención “Los procesos de incorporación de la perspectiva feminista en REAS Red de Redes: hacia una Economía Solidaria, Feminista y Transformadora”

• Internacionalismo, necesidad de alianzas.
• Ya hay hilos de resistencia común que se mueven de forma orgánica aunque la cultura o el lenguaje sean diferentes.
• Construir una geopolítica de resistencia: aunque fragmentada ofrece oportunidades de transformación, se puede ver como un proceso de luchas locales.
• Escucha activa, politizar el silencio y el dolor, tejer historias de vida – y de resistencia- y poder compartirlos.
• Tener una mirada integral desde la idea de la cosmovisión.
• Re-existencia.
• Pasar  “el algodón feminista” a las organizaciones.
• Mirar hacia atrás y las/les que están atrás.
• Mirada academia-territorio desde una mirada bidireccional.
• ¿Qué hacemos con y dentro de la Academia?
• ¿Cómo articular todas las resistencias? ¿Cuál es el foco y el enfoque?
• Fomentar un activismo de calle y darle voz a la gente.
• Creación de propuestas desde la creatividad.
• No hablar de minorías sino de mayorías oprimidas.
• Cooperar, mapear, sumar experiencias que desconocemos.
• Realizar prácticas reparadoras.
• Militancia por la esperanza.

Tejiendo puentes para seguir sumando ingredientes a una olla feminista internacionalista

El Encuentro de Abya Yala ha surgido con la vocación de poder ser un puente con otros encuentros de economía feminista para poder seguir sumando voces diversas que ayuden a construir una agenda común de luchas y resistencias. Desde la comisión de feminismos de REAS Red de Redes así como de otras compañeras del Estado español que han participado en el encuentro, tenemos el reto de ayudar a tejer ese puente «desde allá hasta acá». El Congreso de Economía Feminista que tendrá lugar del 2 al 4 de octubre en Sevilla será uno de los primeros eslabones de este puente.

Este artículo de reflexión analiza el papel de la mercadotecnia social y solidaria como herramienta estratégica para fortalecer los emprendimientos de la Economía Social y Solidaria (ESS), combinando los principios éticos y solidarios con estrategias de mercadotecnia para promover productos y servicios que reflejan valores de sostenibilidad, inclusión y justicia social. Entre sus principales aportaciones, se destaca su capacidad para construir identidades distintivas, fomentar redes colaborativas y emplear herramientas digitales que amplían el alcance y posicionamiento de los emprendimientos.

Asimismo, se plantean estrategias de la mercadotecnia social y solidaria que han implementado emprendimientos que se convirtieron en casos que dejaron un precedente que ha inspirado a otros emprendimientos a implementar estrategias de mercadotecnia social y solidaria para visibilizar los impactos positivos de la economía social y solidaria. Estrategias que dan respuesta a los desafíos económicos de las comunidades, como la producción y consumo responsables, la reducción de desigualdades y el fortalecimiento de comunidades resilientes y sostenibles para superar barreras de la economía tradicional.

En este artículo, también propone una conceptualización de mercadotecnia social y solidaria, que considera su capacidad para alinear objetivos sociales y solidarios con las dinámicas del mercado, promoviendo un impacto colectivo. Se argumenta que la mercadotecnia social y solidaria no solo impulsa la competitividad de los proyectos, sino que también promueve un modelo económico inclusivo y sostenible. Este modelo conecta a consumidores, emprendedores y comunidades, generando beneficios sociales y económicos que contribuyen a un desarrollo integral y equitativo

Desde REAS Red de Redes participaremos en el Primer Encuentro de Economía Feminista de Abya Yala, organizado para los días 26, 27 y 28 de marzo de 2025 en Buenos Aires, Argentina, en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín.

Este primer encuentro girará en torno a la temática general “Desde las Economías Feministas, politizamos el malestar”.

Los principales temas para reflexionar colectivamente:

1. La potencia transformadora de las curas.
2. Sistema financiero, deudas y dinero.
3. Contra la ultraderecha: interpretar y enfrentar su avance.
4. Procesos sociales críticos para construir una resistencia común.
5. Tiempo y miedos del sistema como control cultural, social y político.
6. Expresiones artísticas-culturales desde las economías feministas

Más información sobre el encuentro a través de este enlace.

También puedes visitar su página web

La Escuela de Negocios de Universidad de las Américas celebró la ceremonia de cierre de la cuarta versión de la Escuela de Economía Solidaria Indígena, un espacio de formación diseñado para fomentar el emprendimiento en las comunidades indígenas de Chile. Esta iniciativa, que comenzó en 2021, se ha realizado en colaboración con la Dirección de Vinculación con el Medio de UDLA y la Subdirección de Pueblos Originarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La instancia convocó a los estudiantes que participaron en los cursos de emprendimiento, los cuales fueron impartidos por docentes de la Facultad de Ingeniería y Negocios. En la ceremonia se destacó la entrega de certificados a los participantes, quienes, a lo largo del programa, recibieron herramientas clave para fortalecer sus negocios y promover el desarrollo económico en sus respectivas comunidades.

Ismael Romero, Director de Escuela de Negocios, compartió unas palabras durante la ceremonia en las que destacó el impacto de esta escuela en las comunidades indígenas. “Queremos agradecer a todos los que formaron parte de esta iniciativa. Este año, alrededor de 20 personas recibirán su certificado de participación. Lo importante es que este proyecto ha permitido exponer los trabajos de los emprendedores y contribuir a su visibilidad”, señaló Romero. Romero también destacó los esfuerzos de la Escuela de Negocios para integrar actividades prácticas que permitan a los emprendedores adquirir conocimientos no solo sobre negocios, sino también sobre técnicas tradicionales, como el tejido y el telar.

María Teresa Huentecura, estudiante de la Escuela de Economía Solidaria Indígena y emprendedora mapuche, compartió su experiencia como participante de este programa formativo:

“Hace 10 años inicié mi emprendimiento, donde elaboro joyería con cosmovisión mapuche, inspirada en la historia de nuestros ancestros y nuestra tierra. Ofrezco aros, tupus, prendedores, collares y pulseras en plata, alpaca y cobre”, explicó.

Asimismo, destacó el valor de las clases recibidas: “Lo pasé muy bien porque los profesores nos explicaban todo con mucha claridad, especialmente en temas como el uso de redes, algo que no manejo tanto por mi edad. Gracias a ellos, ahora tengo más conocimiento en tecnología”. María Teresa, quien participa por segundo año consecutivo en esta iniciativa, valoró la oportunidad de visibilizar su emprendimiento y adquirir herramientas para potenciarlo.

Este documento recoge las ponencias del Seminario Internacional titulado “Retos y desafíos de las economías feministas hoy”, que se realizó en modalidad híbrida, con formato online abierto a participaciones de otros países, y presencial con organizaciones de mujeres en Santander de Quilichao, departamento del Cauca, Colombia, durante los días 31 de octubre y 7 de noviembre de 2023.

Las ponentes plantean su análisis sobre el balance del estado actual de las economías feministas en su país y cuáles son los retos y desafíos que enfrentan. Las exposiciones que publicamos surgieron en un espacio para la producción e intercambio de conocimiento crítico y documentan los diálogos y debates sobre las economías feministas en Latinoamérica, Euskadi y el Estado español. Sin duda, no los agotan. Pero sí trazan los contornos de diversas agendas de investigación, propuestas de políticas públicas, referentes teóricos y metodológicos. De igual manera, delinean múltiples preguntas que pueden orientar las indagaciones hacia el futuro.

Este Seminario fue realizado por primera vez en una región como el norte del Cauca, afectada históricamente por el conflicto armado. Sin duda, esperamos que haya logrado ampliar las reflexiones sobre los aportes de las economías feministas para la construcción de paz y la transformación territorial. El espacio fue convocado por la Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política (Cauca), el Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, el Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y el Instituto Lanki de la Universidad de Mondragón.

Las académicas, organizaciones sociales, instituciones públicas, centros de investigación y otros colectivos que participaron en los debates sobre los sentidos de “poner la vida en el centro” como apuesta política transformadora, orientaron sus reflexiones e inquietudes alrededor de los caminos posibles para transitar hacia la justicia de género, social, económica y ambiental.

Las ponencias están ordenadas siguiendo la estructura de contenidos del Seminario internacional, incorporando, además, respuestas a preguntas dirigidas a las ponentes que propiciaron el diálogo y la reflexión. Es importante aclarar que los textos compilados están escritos con diferentes estilos porque en el trabajo de edición intentamos mantener la fluidez del registro oral de cada una de las presentaciones públicas.

Joel Ramírez es peruano, tiene 39 años y vive con su esposa y sus tres hijos. Joel heredó la práctica del cultivo del café de sus padres y siempre ha sido su principal fuente de ingresos, aunque no siempre alcanzan para mantener a su familia. “Tratamos de sobrevivir de una cosecha a otra, pero no nos alcanza, porque los gastos de salud y educación son se llevan la mayoría de nuestras ganancias”, comenta Joel. Por esta circunstancia, no solo se dedica al cultivo de café, sino que también en ocasiones siembra árboles frutales, hortalizas y algunas plantas de cacao.

Capacitación contra el cambio climático

La sostenibilidad es importante en la cadena de suministro del café. Una producción sostenible ayuda a reducir riesgos para los pequeños agricultores, ya que un cultivo mal gestionado puede provocar la tala destructiva de bosques, la pérdida de la biodiversidad, el uso intensivo de insumos químicos, el agotamiento del suelo y el derroche del agua. Por ello, Oikocredit ofrece ayuda a sus entidades socias para adquirir nuevas habilidades en materia de medio ambiente y sostenibilidad con la finalidad de enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático.

“Soy socio de CAC Chirinos desde hace 13 años y, en relación con el problema del cambio climático, la cooperativa nos ha capacitado en reforestación y en nuevas técnicas para producir café con el objetivo de ser más respetuosos con el medio ambiente”. Fruto de esta formación están creando áreas reforestadas plantando árboles entre los cafetales para dotarles de la sombra que necesitan para crecer correctamente. Todas estas medidas ayudan a mejorar tanto el rendimiento como la calidad del producto, además de reducir el trabajo.

Joel reconoce que son muchos los beneficios de ser miembro de la cooperativa CAC Chirinos. “Me han ayudado a modernizar mi plantación para crear más valor a partir de lo que tengo, además de los talleres de capacitación y el apoyo en temas de educación y salud”.

Nuestro protagonista piensa seguir cultivando café en un futuro, aunque tiene claro que es necesario una modernización del sector. “Vamos a tener que tecnificarnos, cambiar la forma de producir y hacerlo mejor, y en la consecución de este objetivo, el asesoramiento técnico de los ingenieros de las cooperativas socias de Oikocredit, va a ser fundamental”.

El martes 27 de agosto de 2024 se realizará una nueva entrevista en el programa N°53 de “Diálogos Cercanos”. En esta ocasión la entrevista será a José Luis Coraggio y el tema será “Economía social y política”. Durante cada entrevista del ciclo en vivo Diálogos Cercanos, trasmitido por UNQtv y organizado por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y Clacso, el reconocido economista, docente e investigador Carlos Fidel tiene un diálogo en vivo con importantes especialistas, en el que se desarrollan diferentes temas relacionados con políticas de bienestar social, pobreza en áreas urbanas, problemas habitacionales y formas de gobierno.

José Luis Coraggio es Economista, egresado de la Universidad de Buenos Aires, Magister Artium en Ciencia Regional en el Wharton Business School de la Universidad de Pensilvania . Profesor emérito de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Director-Organizador del Instituto del Conurbano (1996-1998) y Rector electo de la UNGS (junio 1998-junio 2002). Director Académico de la Maestría en Economía Social (MAES), ICO-UNGS (desde el 2003).
Responsable organizador de la Red Latinoamericana de Investigadores en Economía Social y Solidaria (RILESS), auspiciada por la Maestría en Economía Social, la Cátedra UNESCO de UNISINOS (Brasil), FLACSO (Ecuador), El Colegio Mexiquense (México) y con la colaboración de URBARED (Coordinada por la UNGS y la UNAM de México).
Actualmente realiza investigaciones sobre economía social y economía popular solidaria.
Experiencia prolongada como investigador, docente universitario y profesional en los campos de la economía y la planificación regional y urbana, metodologías de la investigación y la planificación, y análisis de políticas sociales, en cinco países: Argentina (1961-76; 1995 a la fecha), México (1976-80), Nicaragua (1981-85), Ecuador (1986-1990) y Estados Unidos (1991-94). Autor de más de 125 artículos y autor o coautor de más de 25 libros.

:: Martes 27 de agosto , a las 16.30 horas (horario argentino).
“Diálogos cercanos” puede verse en vivo a través de la página de youtube/unqtv o bien en la web tv.unq.edu.ar. 

Se encuentran disponibles las emisiones anteriores del programa.

Feminismo Campesino Popular: Acción y pensamiento de lucha de las mujeres del campo, indígenas y afrodescendientes de la CLOC- LVC

Este libro es el resultado del sueño y del esfuerzo por sistematizar más de tres décadas de organización, lucha y acumulación del pensamiento político de las mujeres campesinas, negras, indígenas y pescadoras de América Latina y el Caribe. Es una propuesta que nace de la Articulación Continental de Mujeres de la CLOC/LVC. Allí se encuentran mujeres de organizaciones autónomas de mujeres y otras de organizaciones mixtas, y entre ellas elaboran la estrategia de acción de las luchas campesinas, indígenas y negras del continente. En este libro reivindicamos la Campaña de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular como un momento clave en la construcción de la CLOC/Vía Campesina y de nuestro Feminismo Campesino Popular.

Fueron necesarios muchos años, diversas manos de mujeres, innumerables reuniones y encuentros, mucho estudio y debate colectivo. Las primeras ideas surgieron y se pusieron en debate en la Articulación de Mujeres de la CLOC/LVC en el año 2007, y desde entonces, fueron compilados textos de estudio interno y declaraciones de las asambleas de mujeres continentales. En el año 2015 se retoma esta idea y la necesidad de que las mujeres campesinas, negras e indígenas escribiéramos nuestra historia y nuestra síntesis política: el Feminismo Campesino Popular.

En una reunión de la Articulación Continental de Mujeres, en las tierras fértiles y revolucionarias de La Habana, Cuba, empezamos a plantear los temas a abordar y desarrollar en el libro, y nos dividimos para la escritura de las ideas, experiencias y temas para componer el libro. Fueron muchas lecturas y revisiones colectivas hasta llegar a la versión actual. Sin embargo, eso no significa que nuevos elementos y lecturas no puedan ser incluidas en la construcción del Feminismo Campesino Popular. Por el contrario, nuevas demandas sociales de las mujeres van diseñando y dando forma a este concepto en permanente construcción en los rincones de este continente de resistencias y luchas de las mujeres.

El libro fue elaborado por mujeres campesinas, indígenas, pescadoras y negras de las diferentes organizaciones que conforman la Articulación Continental de Mujeres de la CLOC/LVC, en la cual hay movimientos autoorganizados de mujeres negras, indígenas y campesinas y organizaciones mixtas. Además, fueron invitadas compañeras de otras organizaciones para escribir textos sobre temas de lucha de las mujeres de la CLOC/LVC a partir de sus vivencias en sus territorios y organizaciones. Todas estas mujeres, poseen un amplio recorrido en el trabajo organizativo de base y hoy ocupan cargos como dirigentes nacionales, regionales e internacionales en la CLOC/LVC.

La Articulación de Mujeres de la CLOC/LVC impulsó esta tarea y la construyó con gran responsabilidad política y debate colectivo. Llevó mucho tiempo, pero creemos que el resultado dará un paso importante en la sistematización de este proceso. Es un libro de nosotras para nosotras y para todos los miembros de las organizaciones de base de la CLOC/LVC, y ha sido soñado, discutido y escrito por nosotras. Pero también es un documento abierto a toda la sociedad, para conocimiento y comprensión de la construcción de un pensamiento político y de lucha de las mujeres del campo, como las demás organizaciones populares, sindicales, estudiantiles, partidos políticos y organizaciones feministas. No contamos toda la historia de las luchas de resistencia de las mujeres del campo, daría para innumerables libros, pero traemos una parte de esta construcción de más de 30 años que hacen las campesinas, indígenas, pescadoras, negras en una perspectiva revolucionaria, feminista, antiracista, antiimperialista y socialista.

Son objetivos de la Articulación de mujeres al elaborar este libro: Poder rescatar y sistematizar la historia de lucha, resistencia y organización de las mujeres y de la constitución de la articulación continental; dar visibilidad y reconocimiento del aporte de las mujeres a las luchas indígenas, campesinas y negras del continente; viabilizar los avances del trabajo organizativo de las mujeres de la CLOC/LVC; y, por fin, sistematizar el pensamiento y el entendimiento de las propias mujeres de la CLOC/LVC sobre el Feminismo Campesino Popular.

Libro Escrito y Editado por la Articulación de mujeres de la CLOC/LVC

OIBESCOOP dedica un nuevo número especial de su boletín a «Las revistas científicas en Economía Social en Iberoamérica». El objetivo de este número es destacar la diversidad y el creciente número de revistas científicas en el campo de la economía social y su importante rol en la difusión de conocimiento científico en esta área. Estas publicaciones, con su cada vez mejor posicionamiento en bases de datos internacionales, no solo amplían el acceso a investigaciones de calidad, sino que también fortalecen la consolidación de la economía social como campo de estudio relevante a nivel internacional. El número presenta dieciséis fichas de revistas científicas, que se publican en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España y Venezuela.

Puedes verlo online aquí: https://mailchi.mp/oibescoop/boletin-56-julio-2024

Esta evaluación subraya la contribución significativa pero infravalorada del cuidado comunitario en Colombia, donde el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, realizado principalmente por mujeres, representa el 21,7% del PIB. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ha introducido el Sistema Nacional de Cuidados y el Ministerio de Igualdad y Equidad para abordar estas cuestiones. El estudio identifica desafíos clave, incluidas las disparidades de género y los déficits de trabajo decente, y destaca el potencial de las entidades de economía social y solidaria (ESS) para formalizar el trabajo de cuidados, mejorar las condiciones laborales y promover la igualdad de género. Las conclusiones apuntan a la necesidad de cambios sistémicos para mejorar el reconocimiento y el apoyo a los proveedores de cuidados comunitarios.

Una publicación de la Organización Internacional del Trabajo que puedes leer o descargar aquí.

Comunidades a impactar:

Actores de la economía popular como:

Para cambiar la sociedad
De la manera que queremos
¡Participando sin miedo por ser mujer!
(Canción del cancionero popular feminista)

En el clima político de resistencia y transformación social que impregnó América Latina en las décadas de 1970 y 1980, se formaron varios instrumentos políticos de la clase trabajadora en Brasil, entre ellos el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Y, así como es imposible mirar esa resistencia revolucionaria sin mirar la importante participación de las mujeres en los distintos frentes de lucha, también es imposible pensar en los 40 años del MST sin considerar esa participación como una construcción que se desarrolla en diferentes espacios, desde las ocupaciones en la organización de campamentos y asentamientos, en las capacitaciones, incluso en las instancias.

Pensar el proceso organizativo del MST significa pensar en el significativo protagonismo de las mujeres y cómo ellas lograron incidir desde la materialidad de la reproducción de la vida. Como afirmó Djacira Araújo en su artículo Mujeres Sin Tierra rompiendo cercas haciendo historia: 40 años del MST, “ya ​​en las primeras ocupaciones de tierras, la presencia de mujeres y niños tuvo un impacto en la sensibilización de la sociedad sobre el problema de la exclusión y desterritorialización de las familias sin tierra y al mismo tiempo presionó al gobierno para que actuara debido a la escala de violencia que podrían llegar los ruralistas”.

La vida cotidiana en los campamentos, aunque llena de vida y esperanza, muestra su precariedad y aumenta la demanda del trabajo de cuidados, históricamente atribuidos a las mujeres. Es necesario alimentar a todas las personas, cuidar y educar a los niños, cuidar a las personas enfermas, animar la resistencia. Esas demandas cotidianas de cuidado de la vida configuran la organización de los sectores y posibilitan la formación de grupos y colectivos, constituyendo espacios de diálogo, de compartir la vida cotidiana, la vida privada, la ausencia y la presencia de las violencias, la importancia de estar juntas.

A esta lucha se suma una intensa jornada de trabajo doméstico y productivo, con dolor y esperanza, además de amor y trabajo de primera línea, en la que las mujeres utilizan su cuerpo como herramienta para contener los conflictos. Aun así, las reuniones y otros espacios de toma de decisiones siguen siendo lugares en los que pocas pueden participar. En la participación política de las mujeres a lo largo de la historia, tomar la palabra puede ser un gran desafío. Los pantalones y la blusa holgada no siempre fueron su elección, sino una especie de contraseña necesaria para ser escuchadas y respetadas como militantes y no acosadas y deseadas como objeto sexual. De esta manera, las mujeres van construyendo su inserción en los espacios de formación y de toma de decisiones del Movimiento. Como explicamos en el folleto de capacitación La conspiración del género, “el proceso de insertar a las mujeres en las tareas dirigentes de la organización, así como de ser reconocidas como sujetos políticos en la lucha por la tierra y por la reforma agraria, no fue nada fácil y requirieron de las compañeras mucha persistencia y conspiración”.

Al mismo tiempo que actuaban internamente, las mujeres construyeron articulación con mujeres de otras organizaciones de la clase trabajadora del campo y de la ciudad, como la Articulación Nacional de Mujeres Rurales, desarrollando varias luchas por la ampliación de los derechos de seguridad social, salud pública, un nuevo proyecto popular de agricultura, reforma agraria, campaña de documentación y otros. También construyeron una formación política e ideológica feminista dirigida a diferentes niveles de la militancia y de la base.

En la década de 2000, como resultado de esa construcción, se creó el Sector de Género, que destacó la importancia de involucrar al movimiento en su conjunto en el debate sobre las relaciones humanas, planteando el papel de la violencia patriarcal en el mantenimiento de los latifundios y el desafío de la construcción de nuevas relaciones de género, vinculadas a las relaciones de poder. Tal construcción colocó en la agenda colectiva el debate sobre la autonomía financiera de las mujeres, el combate a la violencia doméstica y el cuidado de los niños. Ese debate es muy importante y permitió que en 2006 se alcanzara la paridad de género en los órganos del MST. La participación efectiva en instancias nacionales y estatales amplió el horizonte político de participación de las mujeres en el movimiento.

La década de 2000 también marcó la reanudación del sentido de lucha del 8 de marzo, Día Internacional de Lucha de las Mujeres, como una construcción de resistencia por parte de las mujeres trabajadoras, entendiendo la relación entre la dominación de clase y patriarcal. Como explica Djacira, “la conciencia adquirida a través de las experiencias de la organización lleva a las Sin Tierra a sentirse parte de un proyecto más amplio que involucra a la clase trabajadora y que aún necesita implementarse; a darse cuenta de que acontecimientos considerados ‘insignificantes’ son parte de una lucha más amplia contra el capital”.

La construcción y participación en las jornadas de lucha, especialmente las de marzo, trajeron la comprensión de la importancia de la autoorganización femenina. Más especialmente, el viaje de 2006, cuando las mujeres se unieron para luchar contra el desierto verde del monocultivo de eucalipto de Aracruz Celulose, trajo el feminismo como una práctica concreta para enfrentar al capital, y el feminismo campesino popular como una estrategia para construir nuevas subjetividades y sociabilidades en una perspectiva internacional.

Tal cual una organización que es resultado de las experiencias históricas de los pueblos en resistencia, el MST asumió desde muy temprano la construcción de la solidaridad internacional. Esa construcción se dio tanto a través de los instrumentos para la lucha campesina, con la conformación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC) y La Vía Campesina, como a través de la organización de capacitaciones, del intercambio de experiencias y de las brigadas de solidaridad. La experiencia de los procesos internacionalistas contribuye a la comprensión de la relación orgánica que existe entre capital, patriarcado y racismo, que es profunda e internacionalizada. La organización internacional es necesaria para enfrentar y denunciar los males de ese sistema contra la población rural.

Con los acumulados de mujeres campesinas, indígenas, del agua y del bosque en el debate sobre el feminismo campesino popular, también avanzamos en la comprensión de las especificidades de este impacto sobre las mujeres en la interrelación entre cuerpo-territorio. El feminismo campesino popular expande nuestra estrategia política puesto que planteamos las relaciones igualitarias y los procesos de emancipación humana. Además, creemos en la agroecología como producción en equilibrio con la naturaleza y reconstrucción de nuestra humanidad. En este compromiso político son centrales la recuperación de los comunes y de la defensa de los bienes comunes, buscando construir territorios libres de la violencia en su sentido más amplio.

La lucha de las mujeres por el derecho a la participación política ayudó a configurar el MST, como afirmó Djacira al explicar que “la organicidad del MST es lo que es porque la mirada femenina plantea temas profundos de la existencia humana, como la educación, la salud, el cuidado de la infancia, la lucha contra opresión de género, la construcción de agroecología, la soberanía alimentaria. En gran medida, estos temas provocaron la necesidad de repensar la estructura política de la organización, enfatizando la creación de nuevos colectivos, sectores, frentes y nuevas prácticas de formación”.

La participación de las mujeres permitió entender que es parte de la lucha del MST y de la clase trabajadora combatir el patriarcado, el racismo y el capitalismo en todas sus expresiones políticas y culturales. Por tanto, es necesario estar vigilante y combatiente de las desviaciones éticas y morales del sexismo, del racismo, del fascismo y de la explotación de clases; estar vigilante a la creación de subjetividades reorientadas según principios humanistas, feministas, antirracistas y socialistas.

Lucineia Miranda de Freitas es dirigente del sector de género del MST.

Al comienzo del sexenio escribí, muy iluso e inspirado en el libro teóricamente programático de su sexenio de López Obrador (La salida, Decadencia y renacimiento de México, Andrés Manuel López Obrador, Planeta, 2018). “Una de las más importantes ventajas de votar por la coalición Juntos Haremos Historia por la que apostábamos fue el modelo económico que quiere implantar, al que no se le ha hecho propaganda. Me estoy refiriendo al modelo distributista, que podría disminuir sustantivamente la desigualdad en México. El distributismo ha sido defendido por G. K. Chesterton, Hilarie Belloc, Dorothy Day, Schumacher en Lo pequeño es hermoso y, en México, Gabriel Zaid. Este modelo aboga por lo pequeño, para hacer más humana nuestra economía y una comunidad más vivible. Aboga por las pequeñas empresas, las pequeñas escuelas, los pequeños hospitales y un gobierno más reducido a favor de la gente.

El gobierno de AMLO ha hecho una clara apuesta por las pequeñas y medianas empresas, a través de créditos accesibles y el desarrollo a gran escala del campo y la agroindustria. Prefiere la humanidad a los sectores más dinámicos de la economía, más productivos, con mayor tecnología, pero dando lugar a la gran empresa que los distributistas identificaron como el enemigo a vencer junto con el capitalismo desaforado y el socialismo, que se debatían por una lucha sin cuartel a finales de los años 20 y 30”.

Me da mucha pena después de cinco años, cuando analizo tales ingenuas promesas, no sólo su falta de cumplimiento, sino su olvido y apuesta en el fondo, por el mismo modelo económico neoliberal (salvo algunos matices y como diría mi hermana, unas ideas de bombero). La economía social y solidaria, que con AMLO representa el 1.6% del PIB, en otros países como Argentina y España, representan 10% del PIB y 12% del empleo formal, con cerca de tres millones de empresas solventes en España.

La economía popular, social y solidaria -la apuesta del distributismo- es la el modelo de gobierno que busca desarrollar unidades económicas desde abajo, proteger a los trabajadores en sentido amplio (no solo a los regidos bajo la ley laboral), a través de formas jurídicas que no basan su motor en el afán de lucro, y que complementan al mercado en momentos de crisis económica. Su motor es la solidaridad y la democracia económica, la pluralidad y el afán de desarrollar otro tipo de empleos que no son suficientes para lograr el pleno empleo, como ha demostrado el exitoso afán de la industria automotriz: hospitales, protección a las mujeres y a su desarrollo de unidades domésticas, la lucha conta el cambio climático y los comedores comunitarios, la comida y la producción en pequeña escala, todo arropado -que quizá es lo más importante- por el espíritu de solidaridad de la población, como nos dio ejemplo Argentina a pesar de sus gobiernos después de sus políticas neoliberales y el abandono de los trabajadores. En Argentina, la economía social se desarrolló al margen de los presidentes Kirchner, como ya se mencionó, representando el 10% del PIB nacional y el 12% del empleo. Si no hubiera sido por su amplio desarrollo de la economía popular, social y solidaria, hubiera estallado la revolución social. En momentos de crisis, como la pandemia y la crisis del 2008, las empresas solidarias fueron más resilientes en la conservación de los empleos, persiguieron fines de interés público y suplieron los huecos que desarrollaron el Estado capitalista y la actuación del Estado, aún en el desarrollo de su política social, que suele ser -y en el caso de AMLO de un modo exagerado- fuertemente asistencialista-.

Hay que apoyar que el presupuesto de la política social con el presidente AMLO se incrementó en más de un 100%, pero sus apoyos -por la eliminación de las ayudas condicionadas de los gobiernos neoliberales- eliminó incluyendo las listas de personas en situación de pobreza extrema que necesitaban esos apoyos. ¿Resultado? Que la pobreza extrema con López Obrador se incrementó en casi dos puntos porcentuales. Sus ayudas sociales eran regresivas -llegaban a personas que ya gozaban de algún tipo de poder adquisitivo-. Ni digamos los 30 millones que se quedaron sin servicios sanitarios por la eliminación del Seguro Popular -mejorable pero que ayudó a mucha gente en situación de pobreza y pobreza moderada.

Además, la ayuda de López Obrador fue un tanto ambigüa: AMLO presumía que era él la persona que la daba, cuando es resultado de nuestros impuestos, e hizo proselitismo electoral con esas prestaciones que constituyen un delito electoral. Pero además, al eliminar las transferencias condicionadas, que obligaban a llevar a los hijos a la escuela y a periódicas revisiones médicas del niño, AMLO eliminó la condicionalidad, con lo que generó subsidios que crean dependencia y control político, cuando el propio Papa Francisco, que a veces cita como uno de sus ejemplos, afirma que salvo casos Justificados (situación de vejez o de incapacidad permanente), siempre deben ser temporales, para no hacer mal a la dignidad de las propias personas que reciben la ayuda.

López Obrador tiene una personalidad doble: cuando escribe sus libros como Economía moral y cuando actúa. Y como me decía un funcionario de la CEPAL, hay que fijarse en lo que los políticos hacen no en lo que dicen. Y si la solidaridad, ya debilitada por el capitalismo liberal y la poca educación en ese sentido a la población mexicana (José Luis Coraggio y Erika Loritz, Editorial Ciccus. Economía popular, entre la estrategia y la emergencia, 2022) hubieran logrado quizá que los miembros de la economía popular no fueran víctimas del crimen organizado por lo asentado que hubieran estado sus sentidos de solidaridad, sin ningún parecido al Abrazos, no balazos, que al final fueron una complicidad con el crimen organizado. ¿Qué hubiera pasado que si en lugar de falsos sermones de profeta hubiera desarrollado un programa de economía social y solidaria y no su obsesión por la polarización y la división, las mentiras y la concentración del poder? Seguramente, otro gallo nos contara (Enrique Gadea Soler, Alberto Atxabal Rada y Martha Elba Izquierdo Muciño, Las cooperativas como alternativa económica, Editorial Dykinson, S.L., Madrid, España, 2014).

¿Colaboró AMLO de alguna manera en los escasos proyectos de economía social y solidaria que se desarrollaron en el país? Pues en uno de los mejores libros que explica los escasos proyectos de economía social y solidaria realizados al margen de AMLO nunca mencionan su ayuda, cuando es una función subsidiaria del Estado social (Leila Oulhaj, coordinadora, La economía social y solidaria en un contexto de crisis de la civilización occidental, alternativa ante la desigualdad de género en México, en San Francisco y Granada, Universidad Iberoamericana, México, 2019).

Un crítico de izquierda -quizá el mejor conocedor de las izquierdas en México, Carlos Illades-, escribió un libro titulado La revolución imaginaria, activismo político; desigualdad social; corrupción, Océano, México, 2024), que critica fuertemente las políticas de polarización, corrupción, falta de proyecto, concentración del poder, destrucción de instituciones, política asistencialista de control político y ausencia de apoyo para una sociedad autónoma e independiente, complicidad con el crimen organizado,y falta de democratización interna -por señalar sólo algunos- como lo pretende la izquierda, señala que no fue un verdadero proyecto de izquierda y que “la revolución de las conciencias” no fue más que palabras huecas.

¡Qué lástima que la primera vez que la izquierda tuvo la mayoría aplastante para encabezar un proyecto nacional, el saldo haya sido claramente negativo, en especial en cuanto se refiere al apoyo de la verdadera solidaridad y a una economía social independiente!

*El autor es Máster y Doctor en Derecho de la competencia, Profesor Investigador de tiempo parcial de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Investigador Nacional Nivel I del Sistema Nacional de Investiadores y socio del área de competencia, derecho penal de la competencia y compliance penal del despacho Jalife Caballero.

La Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC) lanzó un sitio web con el fin de informar sobre las nuevas disposiciones del Gobierno de Javier Milei que afectan al sector.

«A partir de las últimas medidas tomadas por el Gobierno Nacional y lo dicho por sus representantes, lanzamos una plataforma para contarte por qué los anuncios de Milei son una fábrica de humo«, comunicó FACTTIC a través de redes sociales. La web a visitar es https://humo.facttic.org.ar.

«Mientras los problemas económicos siguen creciendo, nuestros ingresos alcanzan cada día menos y el trabajo de todes está en riesgo. El gobierno sigue tomando medidas que favorecen a la casta de verdad y destruyen la soberanía del país», continuó el texto.

«Te invitamos a recorrer la plataforma y difundirla para defender el cooperativismo«, expresaron desde la federación.

Breve historia del ataque a las cooperativas argentinas

Como recoge ANSOL en otra noticia, el pasado miércoles 27 de marzo, antes de comenzar la Semana Santa, el vocero presidencial Manuel Adorni realizó anuncios alarmantes sobre el mundo cooperativo, que incluían la baja de unas 11 mil matrículas o declaraciones como estas: «resulta sorprendente que los argentinos hayamos financiado durante tiempo instituciones que no tenían la mínima legalidad. Había 300 cooperativas relacionadas con el Potenciar Trabajo a las que se destinaban 34 millones de dólares USA, las cuales ya no tienen razón de ser». Según detalló Adorni, las cooperativas pasaron de 9.978 a 23.836 durante las anteriores legislaturas. Sin embargo, las bajas anunciadas no ocurrieron.

Andrés Ruggeri y Gustavo Sosa, referentes de la Economía Social y Solidaria argentina, realizaron un análisis pormenorizado de los anuncios del vocero Adorni y de las dos resoluciones posteriores del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Ruggeri declaró a ANSOL: «Es una ofensiva política que corresponde a un plan ultraliberal, en el que las cooperativas son atacadas dentro de un ataque a la idea de la intervención del Estado en la economía y tiene que ver con una cosmovisión del trabajo que el gobierno detesta. En esta búsqueda de reducir el Estado a lo mínimo e indispensable, las cooperativas como mecanismo de los trabajadores para generar su propio trabajo y como salida al desempleo, están fuera del radar de políticas posibles. Entonces aparecen esta serie de medidas mentirosas y que solo se explican desde el prejuicio, además que no se condicen con las verdaderas medidas que se tomaron hasta ahora».

Ruggeri continuó: «Es un error conceptual creer que las cooperativas son una caja financiada por el estado. Desconocen que la cooperativa es una organización económica autónoma, que genera trabajo y riqueza. Se mezcla lo que son las cooperativas con los programas sociales, que muchas veces se canalizan a través de cooperativas».

El abogado Gustavo Sosa, miembro de la Asociación Civil Centro de Iniciativas de la Economía Social (CIES) e integrante del Centro de Estudios de la Economía Social de la UNTREF, aclaró en su publicación Nuevas resoluciones de fiscalización del INAES. Análisis urgente de textos y contextos que «las cooperativas y mutuales son empresas, organizaciones que tienen un fin y que para ello generan trabajo, movimiento económico, desarrollo local, innovación social. La enorme mayoría de esas cooperativas y mutuales son PyMEs, con todo lo que ello implica en nuestro país a la hora de generar actividad económica, trabajo, innovación, etc. Algunas cooperativas de trabajo mantienen relación con lo que se conoce como movimientos sociales y con sectores de la política partidaria. Otras se relacionan con personas que recuperan sus empresas (las conocidas como empresas recuperadas). Otras se conforman en virtud de personas con oficios en común que entienden que la mejor salida para su actividad es la organización cooperativa (por ejemplo, los cuidados domiciliarios). Otras tienen vinculación con proyectos de empresas familiares que adoptan la figura cooperativa. Otras se originan en virtud de la promoción de otras empresas, fundaciones, el Estado. Otras cooperativas tienen por objeto la recuperación de usuarias/os de consumos problemáticos, la generación de posibilidades concretas a usuarios del sistema de salud mental, la inserción social de personas en contextos de encierro, la generación de trabajo a víctimas de trata y de violencia de género, de personas migrantes. Las llamamos cooperativas sociales. En las cooperativas y mutuales hay miles de personas que apuestan por la puesta en marcha de proyectos para poder satisfacer las necesidades propias y de sus comunidades«.

En cuanto al mecanismo comunicacional que llevó a cabo el Gobierno, Sosa agregó: «Tranquilidad no es la que transmitió el vocero, que día a día amplía el universo ‘casta’ a sectores de la población impensados. Para justificar ese discurso se señalarán casos de corrupción que deben ser investigados, desde ya, pero ¿alguien serio puede creer que 8.000 cooperativas conformadas entre 2020 y 2022 tienen todas las misma condiciones?».

La fábrica de humo

Como recoge la citada web de FACTTIC, «mientras los problemas económicos siguen creciendo, tu salario alcanza cada día menos y tu trabajo está en riesgo, todo lo que sea una distracción y fomente peleas entre trabajadores y trabajadoras, le sirve al gobierno para ganar tiempo, seguir tomando medidas que favorecen a la casta de verdad y destruyen la soberanía del país». En el mismo espacio web, se subraya el peso del cooperativismo argentino con las siguientes cifras:

El cooperativismo y el mutualismo de Argentina:
Supone el 15% del PBI Argentino
Aporta 4 mil millones de dólares de exportación anuales.
Crea 400 mil puestos de trabajo
Cubre a 4 millones de personas atendidas en salud por año
A 8 millones de hogares con luz, gas y conectividad otorgadas por cooperativas
Y a 10 millones de personas accediendo a alimentos más baratos
Alcanza el 21,2 % del mercado asegurado
Y el 24 % del mercado sobre entidades financieras

El presidente Luis Abinader participó el pasado 7 de abril en la Asamblea General de Delegados de la Cooperativa Vega Real, celebrada en la casa club de dicha entidad en Bayacanes, en esta provincia, donde se identificó como fiel creyente en el cooperativismo.

El mandatario, acompañado de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó que a su llegada al gobierno se convirtió en un objetivo principal impulsar las cooperativas y resaltó que de 743 cooperativas que encontró en el año 2020, hoy el país cuenta con 2,309, lo cual ha aumentado significativamente la participación de los dominicanos en las cooperativas.

El jefe de Estado reafirmó su creencia en el cooperativismo y en la economía asociativa y recordó su historia del porqué cree en el cooperativismo, la cual está asociada a su padre.

El gobernante invitó a todos los pequeños comerciantes a asociarse en las cooperativas, que contarán con todo su apoyo.

La Cooperativa Vega Real reconoció al presidente Abinader por su extraordinario apoyo al cooperativismo dominicano de su gestión 2020-2024.

De su lado, el presidente ejecutivo de la referida cooperativa, el Lic. Yanio Concepción, al rendir cuentas de la labor realizada en el año 2023, destacó que el presidente Abinader siempre ha sido un cooperativista e hizo referencia de las acciones realizadas por el mandatario cuando presidió de la Asociación de Pequeños Hoteles de Puerto Plata.

El presidente de la entidad expuso que hoy no solamente estamos ante un presidente de la República, sino que se está ante un economista, un dominicano que siente el cooperativismo.

En tanto, el presidente administrador del Instituto de Desarrollo y Credito Cooperativo (Idecoop), Franco de los Santos, destacó las palabras del presidente Abinader al llegar al poder, sobre el cooperativismo, el cual definió como un vehículo de transformación y de desarrollo, una iniciativa para que la economía social y solidaria fluya hacia los sectores más desfavorecidos.

Apuntó, además, que el cooperativismo creció un 66 % en términos de cooperativas y un 33 % en términos financierosen los tres años de la gestión del presidente Abinader.

De igual forma, el alcalde del municipio de La Vega, Kelvin Cruz, expresó su orgullo de tener a la Cooperativa Vega Real en La Vega, por los diferentes aportes que esta realiza a la provincia.  

También, la gerente general de Vega Real, María Eugenia Acosta, en las palabras de bienvenida, agradeció al presidente Abinader por el interés en el desarrollo del sector cooperativo del país.

La bendición del acto estuvo a cargo de monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago.

Asistieron al acto, el ministro de Agricultura, Limber Cruz; el senador por la provincia de La Vega, Rogelio Genao, y el de la provincia de Santiago, Eduardo Estrella; la gobernadora provincial, Luisa Jiménez, y la presidenta del Consejo de Vigilancia de Cooperativa de Vega Real, Yris Mercedes López.

“La propuesta que está sobre la mesa es la creación de una cooperativa de ahorro y crédito nacional para tenderos y comerciantes, lo que les permitiría tener una red de colocación de crédito”. Así lo revela la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, en conversación con LA NACIÓN. Sobre este y otros temas, aquí está el diálogo de la funcionaria con el periódico.

¿Qué importancia tiene el Huila para la Superintendencia de la Economía Solidaria?

Después de Santander y Antioquia, el Huila tiene una gran fortaleza en materia de asociatividad y cooperativismo. Hay alrededor de 90 empresas solidarias y más de 400 mil personas son asociados de cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales. Para nosotros es muy estratégico el departamento, para todos nuestros planes y nuestras líneas de acción, en especial, la implementación de la supervisión preventiva dirigida a las cooperativas más pequeñas. Nosotros hemos entendido que el sector solidario necesita más visibilización, más articulación, más acompañamiento. El objetivo es que desde la supervisión fortalecer las capacidades de las cooperativas más débiles.

¿Qué es la economía solidaria?

La economía solidaria nace como una alternativa a los sectores económicos con ánimo de lucro. Es una economía sin ánimo de lucro, pero que plantea beneficios a sus asociados y asociadas. Son empresas sin ánimo de lucro que buscan el beneficio común de sus asociados. Esa es la economía solidaria, es una alternativa. Aquí no hay utilidades, hay es excedentes, los cuales se reinvierten en beneficios para asociados y asociadas. Aquí no hay un único dueño de la empresa sino que todos los asociados son dueños de la empresa solidaria. Lo asociativo es lo importante aquí porque hay consejo directivos y un gerente, que se eligen a través de mecanismos democráticos.

¿Cuál es la radiografía hoy del sector solidario?

Tenemos 7 millones de asociados y asociadas al sector. Eso no es poco. Es un sector poco invisible, pero tiene el 4% del PIB, que si lo ponemos en una radiografía general, tiene más porcentaje del PIB que lo que se invierte en ciencia y tecnología en el país, y tiene a una de cada 4 personas ocupadas. En el Huila, hay más de 400 mil personas asociadas a este sector, muchas de ellas vinculadas al renglón cafetero. Esto también nos plantea la diversidad de sectores que hacen parte de la economía solidaria. Si hablamos de créditos, la infraestructura del sector es muy amplia; el sector solidario está llegando a municipios en donde el Banco Agrario no llega; hay 41 municipios en todo el país en donde el único intermediario financiero es una cooperativa de ahorro y crédito. Desde la Superintendencia de Economía Solidaridad, buscamos siempre proteger el ahorro de la gente, pero al mismo tiempo buscamos visibilizar el sector.

El propósito del gobierno de Gustavo Petro es unir la economía solidaria con la economía popular, ¿cómo hacerlo realidad en los municipios del Huila?

En la práctica ya hay una articulación de la economía popular con la economía solidaria. Ya podríamos decir que dentro de todo ese horizonte de lo que es la economía solidaria, hay un gran porcentaje de economía popular. Hay que mencionar que la economía popular no es solamente el sector informal, ya que hay una parte del sector formal que es economía popular y los cuales son los pequeños productores, las pequeñas cooperativas, las cooperativas agrícolas, entre otros. Dentro de la Superintendencia, estamos buscando impulsar clústeres de sectores. Por ejemplo, en el Huila tenemos 6 cooperativas de ahorro y crédito y generar cómo estas están articuladas con las cooperativas del sector real, con las cooperativas agrícolas, con las cooperativas de servicios. Nos hace falta poner un poco más de solidaridad en el sector solidario y empezar a impulsar desde la institucionalidad esos espacios de encuentro en los que podamos articular más el sector. La propuesta que está sobre la mesa es la creación de una cooperativa de ahorro y crédito nacional para tenderos y comerciantes, lo que les permitiría tener una red de colocación de crédito. El gobierno ha hecho un esfuerzo enorme en materia de crédito popular, pero necesitamos impulsar mucho más el crédito colectivo y la asociatividad. La economía popular también es asociatividad.

El Huila es una región inmensamente cafetera, ¿qué planea el gobierno con las cooperativas cafeteras?

Son varios temas. Hay un tema muy importante de financiación, es decir, líneas de créditos especiales para el sector cafetero. Yo sé que hay una demanda de los cafeteros del país hacia el gobierno nacional en materia de subsidios, seguros de cosechas, créditos y demás, y a través del Banco Agrario, Finagro y el Ministerio de Agricultura se está haciendo un esfuerzo en materia de financiación y de crédito productivo; el 3 y 4 de abril vamos a estar en Bogotá con el Ministerio de Agricultura en la gran asamblea nacional cafetera para recuperar el sector cooperativo cafetero. Esperamos que de esta gran asamblea surjan acciones concretas para el sector no solamente en términos de financiación, sino en implementación del Conpes de reindustrialización, que habla de la diversificación de la matriz productiva del país. La estabilidad del cafetero parte un poco de poder diversificar su producción y no depender exclusivamente del momento de la cosecha cafetera. Seguimos vendiendo mayoritariamente grano de café verde y allí la política de reindustrialización habla de la generación de valor agregado. Y el Huila está haciendo un esfuerzo enorme en ese sentido.

Pero, ¿van a tener en cuenta a la Federación Nacional de Cafeteros y a los comités cafeteros municipales?

Tienen que estar porque además la Federación Nacional de Cafeteros es la administradora del Fondo Nacional del Café. Y el Fondo Nacional de Café representa recursos públicos. Aquí hay una gran responsabilidad de la Federación Nacional de Cafeteros que si bien es una entidad privada, maneja dineros públicos, los cuales deben verse reflejados en sus proyectos, en la asistencia técnica, en la renovación de cafetales, pero también en la generación de capacidades para que el pequeño caficultor pueda bajar los altos costos de producción y generar valor agregado. Yo creo que hay que meterle otros componentes a lo que ha venido sucediendo con el café históricamente: producimos café, pero resulta que ya hay una sobreoferta de café en el mundo. No podemos seguir dependiendo de los precios internacionales del café y allí el llamado es que todos podamos hacer un esfuerzo, incluida la Federación Nacional de Cafeteros, para que resolvamos las demandas del sector.

Volviendo al tema del propósito de una gran cooperativa nacional, ¿es posible?

Eso depende de la articulación de la mesa nacional de tenderos y comerciantes. Desde la Superintendencia de Economía Solidaria, no fomentamos, pero sí supervisamos. Nosotros daríamos la autorización para que eso suceda. Sin embargo, no es un proceso que se pueda plantear de un día para otro. Hay que hacer proyecciones financieras y estudios de capacidades porque estamos hablando del ahorro de la gente y de la colocación de créditos, algo que no es fácil. Estamos dispuestos a acompañar este propósito. A mi modo de ver, lo más importante es la base social y la infraestructura para poner en marcha esta cooperativa nacional de ahorro y crédito para comerciantes y tenderos.

Desde el plano de supervisión que cumple la SuperSolidaria, ¿cómo están las cooperativas? ¿Qué tan seguros están los ahorros de los asociados?

Alrededor del sector solidario, hay una red de seguridad, que no es solamente la Superintendencia de Economía Solidaria, sino un Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop. Trabajamos en articulación para proteger la plata de la gente. Hay una superintendencia que vigila a estas cooperativas, en total 172, 6 de estas en el departamento del Huila. Eso por un lado. Por otro lado, el sector cooperativo, a pesar de todas las crisis, se mantiene sólido, debido a la fortaleza de su base social. Sin embargo, por pospandemia y las tasas de interés están afectando el margen de intermediación y la cartera. Pero, no es un tema exclusivamente del sector cooperativo; el sector financiero tradicional también está con este tipo de problemas.

A finales de la década de los 90 hubo varias cooperativas de ahorro y crédito que cerraron por la crisis económica mundial del momento, ¿hay cooperativas que estén hoy en riesgo de cesar operaciones frente a la actual coyuntura económica que vive el país?

No. Nosotros estamos monitoreando permanentemente. Creamos de manera reciente el grupo de analítica de datos con el fin de articular las superintendencias delegadas al interior de la Superintendencia de Economía Solidaria para generar alertas que nos permitan prevenir y no llegar demasiado tarde. Estamos trabajando en planes de recuperación, medidas de vigilancia especial, en estar más cerca de las cooperativas. Precisamente, a partir de la crisis de los años 90, nace la Superintendencia de Economía Solidaria como un mecanismo para proteger los ahorros de los asociados y asociadas. Con todo esto, hay dos temas que sí hay que fortalecer con las cooperativas y con el gobierno: uno, el tema tecnológico. Hay que reconocer que de las 172 cooperativas, 122 son pequeñas y rurales y necesitan más fortaleza en términos de tecnología. Hay 8 cooperativas muy grandes, pero hay 122 a las que hay que impulsar. Eso nos preocupa. Y dos, la vinculación de jóvenes es necesaria para renovar la base social y garantizar que el sector sea sostenible en el tiempo. Muy pronto va a salir un estudio que habla cómo la participación de los jóvenes ha pasado en 2016 de un 26% a un 14% en 2023, debido de alguna manera al rezago tecnológico del sector. Estamos, así mismo, poniéndole la lupa a todas las cooperativas en temas de buen gobierno y gobierno corporativo.

Foto: Confecoop.

Una recorrida para mostrar y tener dimensión. De eso se trató ayer la apertura de puertas y la ofrecida visita guiada para los socios y medios de comunicación por la Residencia Para la Tercera Edad de la Economía Social y Solidaria Córdoba, que construye la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Tío Pujio Ltda.

El presidente del Consejo de Administración, Darío Ranco, y el arquitecto a cargo de la obra, Jorge Teobaldi, describieron paso a paso cada uno de los espacios a los concurrentes, para adquirir una buena idea de la imponente obra que construye la entidad local.

En la bienvenida a los vecinos y vecinas, Ranco marcó que la Residencia, presenta “un avance de obra del 92%” en sus 2.600 metros cuadrados, que dispondrá de 68 plazas (con proyección a otras 107 en una segunda planta prevista a futuro), contempla 28 habitaciones, 22 baños, vestuarios, salas de kinesiología y gimnasio, salón comedor, cafetería, sala de espera, administración, cocina, lavandería y un patio central, que le da una organización “tipo colonial”, explicó Teobaldi.

Sin embargo, pusieron el foco en el aspecto social, además de la creación de entre 28 y 32 fuentes de empleo, en una primera etapa.

Ranco destacó que no será administrado por la Cooperativa, sino por una Fundación que se creará para su propósito, y adelantó que el director médico será Juan Carlos Zazetti (extitular del PAMI en Villa María).

“Aquí estamos construyendo futuro, aquí pensamos en una gran calidad de vida para nuestros adultos mayores. La realidad indica que muchos llegarán aquí para transitar los últimos años de su existencia y queremos que tengan todas las comodidades necesarias para mejorar esa etapa. Habrá un cupo establecido para personas que residan en Tío Pujio, pero la Residencia también albergará a personas de otras partes de la región y la provincia”, puntualizó el titular del Consejo de Administración, quien estuvo acompañado de varios integrantes de ese órgano. También personal de la Cooperativa participó de la concurrencia, al igual que representantes de distintas instituciones y actores de la sociedad civil de la localidad.

El arquitecto se encargó, durante la recorrida, de mostrar los distintos espacios y brindar detalles sobre los mismos.

Puntualizó que la construcción en planta baja alcanza los 2.407,06 m2, con 645,22 m de espacios verdes.

“Esto se soñó y se está logrando”, dijo Ranco, y repasó que el terreno fue adquirido en 2019, que la obra lleva tres años y medio, y estimó “para noviembre su finalización”, y remarcó que “ningún privado ni el estado provincial podría llevar adelante esta inversión, que supera los 2.500 millones de pesos, porque no es rentable”. “Esto se hace con la plata de los socios”, insistió, y deslizó que “no habrá gobernantes invitados a la inauguración”.

Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) tomaron la iniciativa de abrazar el cooperativismo al crear la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo del Alumnado de la UAM, con el lema: “Un ahorro en manos del alumnado”, siendo un proyecto que busca fomentar el hábito de ahorro y mejorar el acceso a préstamos a través de la financiación mutua.

En lo que constituye un proyecto inédito, no solamente en México sino en Latinoamérica, concebido y gestionado por los propios estudiantes, la iniciativa tiene la misión de promover la inclusión y generar una cultura financiera entre la comunidad estudiantil de la UAM.

Al darse a conocer en días pasados el lanzamiento del citado proyecto cooperativista, se destacó que “ningún integrante del profesorado, ni autoridad universitaria, ni de los órganos colegiados o personales de la UAM tienen o tendrán injerencia alguna en este ejercicio. Es el alumnado quien asume su responsabilidad en la gestión de su propio futuro, organizándose para generar sus propias oportunidades financieras”.

“Hoy nos embarcamos en una aventura fascinante que explorará la pertinencia y beneficios de instaurar cajas de ahorro en la universidad, las cuales son elementos esenciales de las finanzas solidarias y humanas y un paso tangible hacia un modelo financiero en sintonía con los principios de una economía que busca el bienestar colectivo”, señalaron los presentadores de la iniciativa.

De esta manera, ante una necesidad financiera del alumnado, surge una cooperativa de ahorro y préstamo que tiene el objetivo de propiciar la asociación de pequeños ahorradores, quienes reunirán sus recursos y los pondrán a disposición de los propios jóvenes.

Asimismo, se busca  promover una forma diferente de ofrecer servicios financieros que respondan a las necesidades y condiciones del alumnado; ofrecer la administración del ahorro local mediante instrumentos formados a través de las propias decisiones del estudiantado y canalizar el ahorro hacia la satisfacción de sus requerimientos y emergencias escolares; devolver la función ética del dinero como un medio y no un fin en sí mismo, para convertirse en una herramienta eficaz al servicio del desenvolvimiento humano y social.

“También se busca incentivar los préstamos desde la ayuda mutua y el interés común de las y los alumnos para democratizar las finanzas, aunado a impulsar la capacitación permanente en finanzas personales, educación de la economía social solidaria y el cooperativismo”, refiere el proyecto.

Sin duda, se trata de una iniciativa de suma importancia para que los jóvenes de dicho centro universitario vivan una experiencia cooperativa, y se den cuenta de las bondades y retos que reviste abordar problemáticas comunes, a partir de los principios y valores del modelo cooperativo. También, seguramente, este proyecto será un ejemplo para que otros centros universitarios se decidan a emprender programas similares, con el enfoque de un modelo económico alternativo que pone en el centro a las personas, dando prioridad al bienestar colectivo, la solidaridad, la democracia, la ayuda mutua, entre otros valores.

Agroalimentos, trabajo, servicios públicos, telecomunicaciones, salud, tecnología, comunicación, finanzas y consumo son algunos de los temas que aborda la película Valor Argentino. El contenido, disponible también en 10 capítulos temáticos, fue producido por el Inaes junto a Cooperar y la CAM.

Entre los relatos que dan cuenta de la importancia de las mutuales y las cooperativas en el territorio nacional, se puede conocer la centralidad de los servicios que prestan la Cooperativas Eléctrica de Bariloche, la radio comunitaria La Ranchada (Mutual Mujica, Córdoba), la cooperativa TelViso (Del Viso, Buenos Aires), Cauqueva ( Maimará,Jujuy), AFA (Rosario, Santa Fe), entre otras.

Valor Argentino está disponible a través de Youtube:

Deambular se define como una forma de caminar sin dirección determinada y es precisamente ese derrotero incierto el que auguramos para la Economía Social y Solidaria (ESS) mexicana para este 2024; por supuesto, con elecciones y reiteradas promesas de campaña los horizontes pueden cambiar, aunque por ahora, quedan en la mera retórica. Es por lo anterior que en estas dos entregas nos cuestionamos ¿hacia dónde vaga la ESS mexicana este 2024?

En primer lugar, desde la perspectiva presupuestal y a pesar de las constantes peticiones de los líderes y representantes del sector, la ESS se sigue contemplando en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) dentro del Ramo 20 “de Bienestar”, cuando lo correcto sería reasignarlo al Ramo 10 “de Economía” lo cual permitiría fortalecer al propio sector y reconocerla auténticamente como otra forma de hacer economía.

Sumado a lo anterior, el presupuesto asignado al Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), encargado de impulsar la política de fomento en materia de ESS, continúa a la baja en comparación con el presupuesto asignado desde 2012 – fecha de creación del INAES – en ese sentido, para el ejercicio fiscal 2024 se aprobaron 243. 8 millones de pesos, apenas un 1.4% de incremento en comparación con el año 2023 en el cual se le asignó 229. 5 millones de pesos; sin embargo, si revisamos la asignación presupuestal de 2012 podemos notar que le correspondían 2 mil 446. 9 millones de pesos y con incrementos en los subsecuentes años hasta que en 2018 se registró un importante decremento (629. 4 millones de pesos). De hecho, en la actualidad el total de los recursos del INAES se integra exclusivamente de gastos de operación y para servicios profesionales, aunado a una reducción importante de su personal.

Lo anterior es cuestionable para un gobierno que, al menos en el discurso, parece rechazar la política neoliberal pues efectivamente – y coincidimos con esa parte del discurso – ha provocado una serie de flagelos sociales que hemos analizado en demasía en estos espacios que compartimos con ustedes. Por ende, desde la academia tratamos de encontrar razones objetivas para que prácticamente se anule el apoyo a un instituto, al que si bien se le pueden hacer diversos señalamientos que incluso pueden derivar de administraciones pasadas, procura el desarrollo e impulso de un sector que ha demostrado experiencias exitosas basadas en prácticas, valores y principios que promueven un desarrollo más justo y sostenible para las comunidades. Aún más, se trata de un sector que tiene un reconocimiento a nivel constitucional desde 1983 y por ende constituye una obligación de tal rango para el Estado.

Ciertamente, la llamada Cuarta Transformación se ha abanderado tras la “austeridad republicana” y para quienes nos preguntábamos razones más contundentes de este decremento al presupuesto de casi del 90% para INAES durante este sexenio, recientemente se nos han esbozado debatibles argumentos con base en los cuales no solo se ha dejado sin recursos y personal a INAES sino que se pretende su conversión en una unidad administrativa, transfiriendo sus funciones a un Centro Nacional de Economía Social. Y es que INAES se encuentra en esa lista de 16 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, o unidades administrativas cuya transferencia de sus funciones hacia secretarías de Estado se hace necesaria – a decir del ejecutivo – pues así se expone en la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos, en materia de simplificación orgánica enviada al Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero de 2024.

Ciertamente los debatibles argumentos que parecen darnos una eclipsada respuesta a ese, cada vez más, reducido apoyo a INAES y que ahora pretenden su transformación en Unidad Administrativa se enfocan en la supuesta duplicación y segmentación innecesaria de las funciones de estas entidades como el caso INAES; asimismo, se afirma que a partir de las evaluaciones desarrolladas por el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) desde 2016 a 2020 se “observa” – nótese que esa es la palabra que utiliza el texto de la iniciativa, no refiere un análisis o contraste contundente sino a una observación – que “INAES en la operación del Programa de Fomento a la Economía Social ha presentado diversas debilidades y amenazas que resultan constantes en su administración, de la cual destaca la baja cobertura que tiene de la población a la que está dirigida y la falta de experiencias exitosas”.

Nos cuestionamos, entonces – y lo refiero en plural porque son muchas voces de la academia y del sector que se comienzan a alzar en contra de tales argumentos – si estos tropiezos que ha tenido INAES no han sido el resultado de abruptos cambios; verbigracia, en 2015 mediante la Reforma a la Ley de la Administración Pública Federal y Ley de Economía Social y Solidaria a través de la cual INAES deja de pertenecer a la Secretaría de Economía y pasa a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría de Bienestar) y con una tradición de programas asistencialistas que la han asumido como una alternativa de atención a los grupos débiles y olvidados con un manejo político de control clientelar; o consideremos las embestidas por el decremento significativo de su presupuesto y personal capacitado que en nada han coadyuvado a la implementación del Programa de Fomento a la Economía Social (PFES) 2021-2024 cuya publicación, de hecho, se retrasó hasta diciembre de 2021 (por la crisis del COVID 19, según justificó el gobierno) y por ende a inicios del sexenio se continuó trabajando con el PFES 2015-2018.

Por otro lado, referir la completa falta de experiencias exitosas parece contradecirse con una de las políticas públicas que ha impulsado INAES y que, tal cual hemos referido en otras notas, se considera una buena práctica; me refiero a los NODOS de impulso a la ESS ¿se imaginan lo que estos NODESS podrían lograr si contaran con algo de presupuesto? Es decir, hay aportes cualitativos y cuantitativos que los NODESS han logrado, desde 2019, en pro de estos ecosistemas de ESS con sus propios recursos, medios y con un impacto local que a la fecha no ha podido ser medido ni documentado precisamente por las propias limitaciones de INAES. Segura estoy, pues pertenezco al NODESS Morelos Solidario y Cooperativo, que son diversas las experiencias exitosas que se pueden encontrar en estos trabajos focalizados que han realizado muchos NODESS y que demuestran el compromiso del sector y de la sociedad al sumarse a estas alianzas estratégicas que no cuentan con financiamiento alguno por parte de INAES, todo lo contrario, se ha venido desfondado al Instituto.

Yo me limito a mencionar a los NODESS pero creo que en la historia de INAES e incluso de la anterior Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (CGPNAES) se podrán rescatar aciertos y aprendizajes siguiendo modelos o caminos más acertados registrados en América Latina, basados en discusiones y propuestas razonadas.

De hecho, según el Directorio Nacional de NODESS publicado por el propio INAES, hasta la fecha, se registran 116 NODESS distribuidos en toda la República Mexicana. La gran pregunta es ¿qué pasará con estos NODESS? Seguramente, si esta reforma se concreta, ese Centro Nacional de Economía Social se seguirá enfocando en promover un mayor número de estos en lugar de fortalecer los ya existentes para un impacto real en los territorios; y desde la óptica de las Alianzas, no me cabe la menor duda, seguirán trabajando – con o sin INAES – en favor de una economía alternativa que nos permita seguir contrarrestando los flagelos que ha dejado el insostenible capitalismo, pues inevitablemente seguiremos buscando “otra forma de hacer las cosas” y declarando nuestra rebeldía al sistema predominante.

Tatiana Vanessa González Rivera es Investigadora Asociada C de Tiempo Completo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (CRIM-UNAM). tatianag@crim.unam.mx

Nuestras comunidades están sufriendo nuevamente las consecuencias de los procesos de profundización del ajuste y recorte de beneficios sociales por parte del Estado, tal como se lo conoció en los años cuarenta y cincuenta en el nacimiento de los estados benefactores que consideraban al ser humano como centro de la escena y en nuestro caso, de quienes abrazamos al peronismo desde muy jóvenes y consideramos que es nuestra comunidad la que se encuentra en el centro de la escena.

La última dictadura militar nos sometió, no sólo a una reducción de los presupuestos sociales junto a un mega endeudamiento externo, sino además a la apertura de importaciones que destruyó a la industria nacional. Todo esto acompañado de una feroz represión frente a la disidencia política que arrojó la escalofriante cifra de más de treinta mil de detenidos desaparecidos. En definitiva, se concentró la economía en pocas firmas, además de permitir el ingreso de capitales financieros extranjeros y generar una mutación cultural fundamental que valorizó al dólar por sobre la moneda nacional. La cuestión financiera se transformó en prioridad frente a lo que se produce y a lo que se cultiva.

La segunda etapa de este proceso neoliberal fue la de la década del noventa y principios de siglo, que profundizó la cruenta enajenación de la economía nacional y que, con las privatizaciones y la extranjerización, concentró aún más a las cadenas de consumo y de comercialización. Es por esto que cerraron masivamente la mayoría de las cajas de crédito cooperativo, las proveedurías mutuales y cooperativas, y miles de almacenes de barrio y comercios de cercanía.

Desde el mutualismo y el cooperativismo pensamos que hay que discutir el hecho cultural del consumo. No únicamente con cuánto dinero compramos y qué producto es mejor comparativamente, sino que además darle lugar a motivo por el cuál vale hace la diferencia comprarle a un productor local. Porque cuando le compramos a una pyme o a una cooperativa local su producto, se le está brindando condiciones determinadas de salubridad, respetando el medio ambiente, considerando a la condición humana y ponderando a la condición laboral, en relación solidaria entre la experiencia de producción y la comunidad en la que se manifiesta. Es una invitación a pensar al consumo como un hecho político en si mismo. Más allá de los términos de valores de mercado, el precio y la calidad; el consumo también tiene que ver con la solidaridad, con la inclusión, con la posibilidad de que nuestro prójimo tenga trabajo y pueda generar un ingreso a través del esfuerzo llevando adelante una actividad económica.

La organización cooperativa mutual y cualquier otra forma de asociativismo, hace del esfuerzo un proceso colectivo, recuperando el rol de la comunidad a la hora de afrontar una problemática y encontrar la mejor solución posible. Además, recrea vínculos que tienen que ver con la amistad, con la ayuda mutua, con el esfuerzo propio, con el valorizar el conocimiento que reside en el inconsciente de cada comunidad; y que pone en primer lugar el valor del trabajo y del producto, y del conocimiento de nuestro país, de nuestro pueblo.

Es nuestra obligación rescatar los cientos de experiencias que existen en nuestro país y en otros países de Latinoamérica que tienen que ver, no con el comercio vinculado a la acumulación de capital; sino con el sostenimiento y desarrollo de lo comunitario, con el comercio justo, con los precios justos, y fundamentalmente con la necesidad de eliminar cadenas de intermediación que fortalezcan al lucro únicamente. Desde las principales organizaciones tendremos que generar espacios de discusión, relacionados con experiencias concretas que las rescate y las vuelva a poner en valor. Existen muchas redes asociativas, respaldadas por experiencias comunitarias; para mirarnos como si fuesen espejos y aprender a recrearlas y multiplicarlas. Ahí radica nuestra tarea.

La Red Universitaria de Economía Social y Solidaria surge en la docencia y en la investigación que hacen las universidades chilenas, desde el inicio nos propusimos abrir espacios para conversar, encontramos, saludarnos y ejercer la comensalidad en favor de los estudios sociales de las economías basadas en la reciprocidad, autogestión, solidaridad, cooperación, respeto a la naturaleza y el buen vivir. En ese sentido se comprende el uso de la sigla RUESS, que es parte de la comunidad académica de Argentina.

La RUESS Chile es una asamblea permanente, todo el año está el correo electrónico permitiendo saber qué está haciendo la otra, el otro, al menos una vez al año nos juntamos y regularmente trabajamos en comisiones. Aquí hay distintas disciplinas: antropología, sociología, economía, psicología, trabajo social, periodismo, también coexisten perspectivas teóricas, participan trece universidades, seis organizaciones cooperativas, una fundación y la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria. Hemos acordado varios principios, hoy queremos subrayar dos: el pluralismo y la ayuda mutua, porque se han manifestado acogiendo a los estudiantes de licenciatura y posgrado. Esto sucede porque hay estudiantes que admiran sus labores y les interesa aprender a gobernar una empresa basada en la ayuda mutua, y las universidades dan curso a esos intereses intelectuales en su programas de magíster y doctorado. Hemos brindado asistencia técnica al equipo del Proyecto de Modelos Internacionales Comparados de Empresas Sociales que coordinaba la Universidad de Lieja y la Universidad Católica de Lovaina, lo mismo hemos hecho con la Universidad del Valle de Sino de Brasil, con dos grupos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; a nivel nacional nuestras colegas cooperan activamente en el diseño e implementación de estudios financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), y en cada una de nuestras organizaciones hay al menos un proyecto científico o de vinculación con el medio dedicado a estas materias. Consideramos todas las invitaciones que nos permitan poner en práctica el pensamiento crítico, el pluralismo epistemológico, la transdisciplinariedad, el diálogo de saberes y la comunalización del conocimiento científico. Del mismo modo, disponemos nuestras actividades para invitar a las organizaciones productivas de la Economía Social y Solidaria para articular acciones colectivas que fomenten la pluralidad económica en los diversos territorios. Por esto ustedes recibirán, en un par de meses más, una invitación del comité coordinador del Encuentro Nacional de Economía Social y Solidaria que haremos en el segundo semestre de 2024, en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano; y esperamos que tomen la palabra para exponer ideas en un plan de trabajo hecho entre todos, y describan experiencias que nos ayuden a comprender mejor los fenómenos de las economías.

Lo que he señalado también explica nuestra participación en el grupo de trabajo en Sociología Económica del Congreso Chileno de Sociología que se hará en el primer semestre de 2024 en Santiago. Ahí tenemos tres ejes temáticos que son de interés para los que aquí nos juntamos: La producción de los comunes; Economías feministas, prácticas emancipatorias y autonomías económicas, y Otras economías más allá del neoliberalismo. A continuación vamos a proponer cuatro rutas de trabajo donde hemos visto que convergen nuestros intereses. Con esto no queremos eludir la tarea de hacer un balance sobre la realidad de la Economía Cooperativa, Social y Solidaria en Chile, pero hemos observado que siempre se nos invita a eso, a reiterar un diagnóstico que la gran mayoría lo ha recibido desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con sistematicidad durante los años 2021 y 2022, mediante las exposiciones de la División de Asociatividad y Economía Social. Además tenemos el catastro: “Aquí no manda nadie! Trabajo sin patrón”, que cubre el Gran Concepción y Santiago, hecho por Escobar, Lagos y Ramírez en 2022, editado y publicado por la Cooperativa de Editores Fío-Fío; y el libro: “Creando juntos, distribuyendo para todos. Límites y aportes de la Economía Social y del Cooperativismo”, coordinado por Verónica Fuentes de la Universidad Austral, publicado el año pasado y difundido por RIL; y los catastros de Trawun titulado: “Guía de Campo”, y la recopilación de Carpa de las Mujeres titulado: “Catastro plurinacional de experiencias de economía feminista y solidaria. La vida en el centro”. Ambos publicados el año 2021.

Y, como ya sabemos, están los libros de Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria, el de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el de la Organización Internacional del Trabajo y los que ha publicado el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, todos ellos entre los años 2022 y 2023. Y aún quedan cinco o seis más por nombrar. Sin embargo, no queremos iniciar la presentación de nuestras propuestas sin una alusión al escenario desde donde hoy participamos, para lo cual retomo una parte de lo planteado por el grupo de trabajo en Sociología Económica. A grandes rasgo el diagnóstico toma la siguiente ruta. Las diferentes comunidades que habitan los territorios de Chile han producido interpretaciones sobre las economías que les permiten lograr el sustento, muchas de esas reflexiones están subvaloradas en el Estado y en las universidades, por el contrario, los gobiernos locales las han incorporado rápidamente como respuestas a la cesantía, para producir cuidados comunitarios frente al COVID, para incluir a las personas con discapacidades y en la gestión del arte y el deporte. Las interpretaciones de las, les y los chilenos salieron con claridad a fines de 2019 y se fijaron en consignas que prefiguraron marcos conceptuales, éticos y espirituales, para desplegar los contenidos de una nueva constitución. Eso está en proceso. Con el COVID, volvimos a observar la más clásica de las organizaciones económicas populares: la olla común, también tomaron protagonismo las costureras y, por ende, los talleres productivos; nos dimos cuenta que habíamos abandonado la agricultura familiar campesina y la economía comunitaria indígena, que estaban cortada la cadenas de abastecimiento para proveer lo esencial y ese vacío fue el espacio para la especulación de quienes, en cada población, villa y barrio, ven en la emergencia de la vecina una oportunidad para hacer negocio. En la actualidad se llaman planes de reconstrucción, ahí la recomendación es revisar las investigaciones publicadas por la editorial Ceibo. Nos parece sui generis que las cooperativas de ahorro y las cooperativas de vivienda, no sean las que tengan prioridad para realizar la reconstrucción después de un terremoto, sunami o incendio; o que las productoras y comercializadoras de alimentos no tengan una participación en los planes de reconstrucción. También en tiempos de pandemia fue evidente la retirada de la empresa de capitalización individual y con fines de lucro; entonces, las y los trabajadores salieron a pagar las deudas y a comprar alimentos con la plata de su vejez. Al mismo tiempo, volvimos a ver cómo los tomadores de decisiones políticas no consideraron el hacinamiento de las viviendas, la imposibilidad de comprar una casa, el arriendo permanente y, ante la falta de este último, la búsqueda de un techo en una toma de terrenos; tampoco sabían que había escasez hídrica y emergencia agrícola en la gran parte de las comunas del centro y del norte de la república. Las colectivas feministas, las organizaciones basadas en la ayuda mutua y las cooperativas, volvieron a denunciar la violencia doméstica que cunde y crece producto de las políticas de confinamiento. Es evidente, como lo han estudiado y enseñado nuestras colegas de la RUESS, que hay una complicidad entre patriarcado y economía neoliberal, entre modelo económico y bancarización, entre xenofobia y extractivismo, por señalar algunas variables que sostienen la reproducción de los viejos problemas que aún nos acompañan. Después de la pandemia, como si esa catástrofe no hubiese existido, las sociedades latinoamericanas, incluida la chilena, han ido ajustando las políticas económicas y, al parecer, estamos en una restauración de la sociedad de mercado, gracias a lo cual se estarían desdibujando los consensos básicos que hacían posible diseñar políticas económicas orientadas al logro de trabajos dignos, paridad de género, restablecimiento de equilibrios con la naturaleza, acceso democrático a la ciencia y la tecnología, y respeto y promoción de leyes que diversifican la matriz productiva. Al cierre una mención sobre la vigencia de los Derechos Humanos. Ha sido estremecedor escuchar que la pérdida de vidas humanas bajo el terrorismo de Estado debe ser concebido como un daño colateral cuando se impone un modelo económico.

1. Propuestas

Institucionalizar la Economía Social y Solidaria Como hemos informado en otras oportunidades, especialmente en el Consejo Público y Privado de la División de Asociatividad y Economía Social (DAES) del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, desde octubre de 2018 se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (Boletín N° 12165-07) del Congreso de la República, un proyecto de reforma constitucional que busca: “incorporar la economía social y solidaria como parte del orden público económico chileno. En este sentido, el objeto del proyecto es introducir una modificación al artículo 1° de la Constitución Política.” Es decir: “Se agrega un inciso 5° al artículo 1° de la Constitución Política de la República, estableciendo como un deber del Estado el proteger, promover y fortalecer las cooperativas, mutualidades, asociaciones y otras formas asociativas basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad. Se establece, además, que la ley establecerá las condiciones que permitan el desarrollo de este sector económico social y solidario”.

El inciso propuesto está redactado de la siguiente manera: Es deber del estado promover y fortalecer la economía social y solidaria, de la que forman parte las mutualidades, cooperativas y otras formas de emprendimiento asociativo de trabajadores urbanos y rurales basadas en relaciones democráticas y autogestionarias de solidaridad, cooperación y reciprocidad en beneficio de las necesidades de sus asociados y que privilegian como objetivo de su actividad al ser humano por sobre el lucro y la acumulación de capital. La ley establecerá las condiciones en que se desenvolverá este sector de la economía al servicio del desarrollo económico y social del país. El 25 de octubre de 2018, el Diario Constittucional.cl, mencionó lo siguiente: “Los diputados agregaron que la institucionalización de la ESS en América Latina se ha dado de distintas maneras. En algunos países existe un reconocimiento explícito en la Constitución, mientras que otros poseen legislaciones específicas o la mencionan en otros cuerpos legales, en tanto que, en otros países, sin haber legislado al respecto, han incorporado la ESS en las políticas públicas. Así, la ESS se ha incorporado en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Uruguay y Venezuela. Por su parte, en Chile no existe un reconocimiento constitucional de la ESS. Sin embargo, a nivel legislativo, la Ley General de Cooperativas, recientemente modificada, ha sido el único instrumento relevante en materia de promoción del cooperativismo, como una alternativa al modelo económico de libre mercado vigente.” El proyecto de reforma constitucional tiene el patrocinio del Partido Por la Democracia, Democracia Cristiana, Partido Comunista, Partido Humanista, Federación Regionalista Verde Social y Partido Socialista. Intelectuales públicos: crear espacios para estudiar la Economía Social y Solidaria Es pertinente continuar con actividades académicas y científicas públicas, gratuitas y de calidad, porque constituyen oportunidades para las personas y organizaciones que no han podido ingresar a las universidades, aún cuando sí tiene capacidades para tener un buen desempeño académico. En 2015 realizamos el Seminario Internacional: “Más allá del neoliberalismo”, gracias al cual trabajamos con colegas europeos y latinoamericanos, pero no nos vinculamos con las federaciones y las organizaciones no universitarias. Sin embargo, en el año 2019, esos problemas fueron resueltos en la XV Seminario Internacional PROCOAS, titulado: “La diversidad económica como alternativa política para los territorios de América Latina”, que se realizó en Universidad de Playa Ancha; y en 2021, pandemia mediante, volvimos sobre ese ejercicio en el Congreso de Economía Social y Solidaria. Por otro lado, vamos a mantener la participación de los integrantes de la RUESS en las actividades en las cuales nos involucren las organizaciones de la Economía Social y Solidaria, habitualmente vemos a las colegas diseñando y aplicando herramientas que producen datos, en otras oportunidades hay un ejercicio mancomunado e intersectorial, por ejemplo, el estudio del lupino en Temuco. Dicho así, suena fácil, pero al leer los informes de la cooperativa Trabajo Vivo, nos damos cuenta que ahí hay un circuito de ciencia y tecnología social y solidaria. Lo que hacemos, la metodología usada, nada es una novedad, no hemos inventado nada. Es más, en este ámbito la RUESS es un eslabón de una historia que nos ilumina cada vez que repasamos los libros y folletos publicados en 1985 a 1992 por: Programa de Economía del Trabajo (PET), Centro de Alternativas de Desarrollo (CEPAUR), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica Chile (FLACSO Chile), Fundación Solidaridad Trabajo para un Hermano, Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET), TAC, Centro de Estudios Socioculturales (CESOC), Vicaria de la Solidaridad, Caritas Chile, Cooperativa Liberación, Centro Ecuménico Diego de Medellín y Canelo de Nos. Ciencia abierta

La RUESS se ha propuesto, y va lentamente avanzando, en integrar las bases de datos y la gestión científica de la información. Creemos que esta labor debe estar administrada por la reunión de las distintas organizaciones que quieran conocer, por ejemplo, la extensión de la Economía Social y Solidaria en los diferentes territorios de Chile. Existen organizaciones que gozan de autonomía política y económica que han sido registradas e indagadas por los equipos de los organismos no gubernamentales y por las universidades, y que no se encuentran en las basases de datos del Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, pero que sí entablan relaciones intersectoriales con los servicios ministeriales, con el Instituto de Desarrollo Agropecuario y con los gobiernos locales. Y creemos que este año hemos dado los primeros pasos en ese sentido, es decir, podemos integrar bases de datos y construir datos, debido a que tenemos una definición que ha sido puesta en común entre: CONFECOOP, TRASOL, RUESS y UNAF, y que nos ayuda a lograr un lente de observación para reconocer y diferenciar a las organizaciones que deben estar en este proceso de censo de la Economía Social y Solidaria.

La definición que adoptamos es la siguiente: Trabajamos en favor de las organizaciones que desarrollan procesos productivos, distributivos, comerciales y de consumo de bienes y servicios materiales e inmateriales y/o que realizan actividades para la recuperación y cuidado del medioambiente, basados en la cooperación voluntaria, la democracia directa y representativa, la autogestión, la ayuda mutua y la reciprocidad, en beneficio de las necesidades de sus asociados y cuya misión privilegie el trabajo decente y la misión social por sobre el capital en la distribución y el uso de los excedentes o los beneficios, así como de los activos; y por sobre la acumulación de capital mediante la usura y la especulación. Es indudable que nos quedan algunas reflexiones pendiente, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a reconocer por lucro?, categoría relevante para todas las cooperativas que buscan participar en licitaciones o en otras formas de ofrecer sus bienes y servicios. Y también nos hicimos conscientes que hay formas asociativas que no les interesa usar la figura jurídica cooperativa, pero que, al no usarla, la política pública las deja en un “limbo jurídico” -como señala el estudio que coordinó Carlos Rubio en el PET- y las hace susceptible de criminalización, silenciamiento y/o marginación. La realización de esta propuesta no sólo evitaría que el Estado salga a ofrecer una licitación para realizar un diagnóstico sobre la Economía Social y Solidaria. Entonces, esos recursos humanos y económicos no solamente contribuirían a potenciar el circuito de ciencia y tecnología para el sector, sino que, además, ayudarían a que los servicios ministeriales reúnan la información que tienen, o integren sus bases de datos.

Plataforma de comercialización basada en la reciprocidad y la ayuda mutua

Con el COVID nos volvimos expertos en el uso de tecnologías, por lo mismo, es posible elaborar una plataforma de comercialización basada en la reciprocidad y la ayuda mutua. Planteamos esto porque el COVID volvió a demostrar que existe una especulación sobre el precio de los alimentos, y que no hay canales cortos de comercialización entre las economías familiares campesinas y las familias urbanas. Luego, cuando esas cadenas cortas han vuelto a ponerse en funcionamiento, observamos la participación de las organizaciones de la Economía Social y Solidaria. En 1918 la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional reclamó por el precio de la papa. Estamos en 2023 y la economía familiar campesina no ha sido considerada como actor económico clave, incluso, la RUESS ha solicitado dejar de tratar el asunto de la alimentación como un problema de seguridad nacional, y hemos planteado que se trata de Soberanía Alimentaria. La forma que adopta la soberanía también puede extenderse al sector de energías renovables, a la construcción de viviendas, actividades de salud mental, deportes y arte, mediante las cooperativas u otras maneras que ya existen y que usan los principios de la ayuda mutua. Al cerrar estas propuesta es necesario no perder de vista la participación de la Economía Social y Solidaria en las plataformas digitales, por lo mismo, al pensar en un territorio digital también estamos invitando a conocer a las organizaciones que producen software libre, videojuegos y que utilizan las nuevas tecnologías para crear dispositivos que ayudan a las personas con discapacidad.

Cierre

Esta parte de la exposición finaliza repasando el calendario de actividades que nos habíamos fijado en enero de este año, y el registro dice que planificaríamos un encuentro desde el sector económico de interés para la coordinación de CONFECOOP, UNAF, RUESS y TRASOL, el cual podría ser realizado en los meses de marzo, abril (o mayo), donde se invite y/o convoque a las organizaciones que se reconocen como parte del sector económico por el cual esta reuniones sucede. Más allá del nombre del mes, y al igual que otros acuerdos, este también hoy se está cumpliendo.

Diagnósticos

Las organizaciones de trabajo y solidaridad, las que hoy llamamos Economía Solidaria, son estrategias productivas que están en la intimidad y domesticidad latinoamericana, y salen de esos espacios para construir sociedad cada vez que hay crisis en las rutinas que mantiene la vida. Así lo hicieron cuando las consecuencias del COVID19 habían desconectados a los vecinos de sus medios de subsistencia, vimos su participación en la construcción de mascarillas, escudos fáciles y producción y distribución de alimentos. Pero ya lo venían haciendo para crear puestos laborales a través de los cuales se enfrenta la precariedad y la ausencia de una carrera profesional, cualidades que caracterizan el surgimiento de las cooperativas de trabajo y a los colectivos autogestionados del siglo XXI, frente al agotamiento de la oferta de trabajo del mercado laboral chileno. Estos hechos, según Labarca (2016) y Letelier (2017), habrían permitido bajar la cantidad de socios para conformar una cooperativa de trabajo y que se reflejó en la Ley General de Cooperativas de 2016. En una nota de Pamela Fierro en el Diario Financiero del viernes 5 de junio de 2020, describía que en la Junta de Vecinos N° 22 de San Ramón habían iniciado una olla común, una entrevistada de Pamela, Karina Paredes señaló: “Pensábamos que en este sector no había tanta vulnerabilidad, pero nos dimos cuenta de que en realidad la gente lo necesitaba”.

En 2008, la crisis estuvo promovida por el problema de las hipotecas subprime de Estados Unidos. CEPAL, en su Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe de 2009, resumía de esta manera la situación: A raíz de las turbulencias que afectaron la economía mundial desde el último trimestre de 2008 hasta los primeros meses de 2009, las exportaciones experimentaron un fuerte deterioro, tanto en los volúmenes exportados como en los precios. Como resultado, disminuyeron las expectativas de crecimiento, empleo e ingreso y se redujo significativamente el gasto privado, tanto en inversión como en bienes de consumo duraderos. En consecuencia, a partir del segundo semestre de 2008 se contrajo significativamente la tasa de crecimiento del PIB, lo que se tradujo en 2009 en el descenso de la producción, la reducción de los inventarios y el aumento del desempleo (…).

En 1997, Crisis Asiática, se volvió a descubrir que la vida cotidiana de las y los chilenos es frágil y precaria. Según Letelier (2007) esta puede ser una variable que explica tanto la quiebra de la cooperativa de vivienda Habitacoop, año 2001, y la reforma a la Ley General de Cooperativas de 2004. No es necesario recordar lo que experimentamos como crisis económica y política entre 1982 y 1985, basta con señalar que ese fue el contexto donde se acuño el término de Economía Solidaria; y que un economistas como Albert Hirschman llegase a las mismas conclusiones que arribaron las y los colegas del PET, CEPAUR, FLACSO, Fundación Solidaridad Trabajo para un Hermano, ILET, TAC, CESOC, Vicaria de la Solidaridad, Caritas Chile, Cooperativa Liberación, Centro Ecuménico Diego de Medellín y Canelo de Nos. Como ha sucedido desde la década del noventa del siglo pasado, y parafraseando a Letelier, Vanhulst, Cid y González, en Chile el fomento de este tipo de empresas desde las políticas públicas tuvo y ha tenido breves desarrollos y siempre desde el prisma de ser consideradas como herramientas de superación de la pobreza y/o dispositivos jurídicos que buscan formalizar una parte de las actividades informales. Sin embargo, rápidamente, esos impulsos fueron y son anulados por la recurrencia a las categorías del desgastado modelo económico chileno que impide la diversidad productiva y comercial, y juega sus cartas en contra del sector solidario de la economía.

Otro asunto de este diagnóstico es el reconocimiento de los tipos de organizaciones que pasan a ser referentes de la política económica de la Economía Social y Solidaria, resulta interesante, por lo sui generis del fenómeno, que las Empresas B hayan ocupado un lugar destacado en las actividades hechas por la División de Asociatividad y Economía Social, desde el gobierno de la presidenta Bachelet hasta el gobierno del presidente Boric, a sabiendas que sus integrantes son: “sociedades mercantiles hasta fundaciones privadas sin fines de lucro, pero cuyas identidades y regulaciones están dadas por sistemas de certificación privados” (Letelier, Vanhulst, Cid y González, 2019); mientras tanto, no son relevantes para esta política pública las comunidades y asociaciones indígenas, organizaciones comunitarias, corporaciones, fundaciones y sindicatos, entre otras expresiones. Las indagaciones sobre las economías no solamente expresan los intereses intelectuales que orientan las prácticas dedicadas a documentar y comprender cómo las mujeres y los hombres se las arreglan para hacer frente al mercado de trabajo, gestionar medios de producción o idear proyectos de vida. Además, las indagaciones sobre las economías indican el interés por comprender cómo emergen organizaciones que son capaces de responder los problemas sociales. Así, por ejemplo, la comunidad científica chilena ha fraguado la tradición de elaborar las agendas de investigación según las preguntas que emergen cuando la interpretación de datos se realiza desde las vivencias del investigador en el trabajo de campo, por esa razón encontramos estudios sistemáticos en Economía Popular, y sabemos que hay un Factor C y otros recursos no tradicionales de la economía que funcionan de manera inversa a como lo hace el capital, la tierra y el trabajo, es decir, estos factores que abundan en las economías basadas en la cooperación, la ayuda mutua y la reciprocidad, crecen y se complejizan a medida que más se utilizan.

Entonces, la Economía Solidaria es una categoría que nombra una parte del sector de la Economía Popular creada por las personas marginadas, excluidas y subordinadas, sobre la base de organizaciones y redes productivas, comerciales y de consumo que usan intensivamente esos factores económicos no tradicionales. Pero si bien apuntamos hacia fines de la década del setenta del siglo pasado el inicio del uso de la noción de Economía Solidaria, también sostenemos que el sector económico solidario ha existido desde que se hicieron presentes las consecuencias del imperialismo europeo en Latinoamérica. Esta posibilidad asumida por Letelier (2017) desde un trabajo de Coque de 2002, también se encuentra documentada en la indagación realizada por Illanes sobre las sociedades de socorros mutuos de artesanos y obreros en el periodo comprendido entre 1840 a 1887; de ahí que podamos sostener que ya existía en la joven república de Chile un conjunto de organizaciones que favorecían un “diálogo societario” que ayudaba a las mujeres a tener una “sociabilidad para autoproteger su único capital (…) la salud de su cuerpo y fomentar el desarrollo de su inteligencia”; en esa sociabilidad enriquecida se promovió la autoconstrucción de un “espacio público civil libre” (Illanes, 2003). Labarca (2015) refiriéndose a una opinión hecha en 1887 por Fermín Vivaceta por la aparición en 1907 de La Alborada, publicación feminista, señala lo siguiente: “(…) muestran la maduración incipiente de la organización obrera, de la que el surgimiento de las cooperativas es un elemento importante; y por la otra, la direccionalidad anticapitalista de esa organización”.

Por lo tanto, cabe suponer que las relaciones entre las Economías Sociales y las Economías Solidarias sean inherentes a las trayectorias de las sociedades latinoamericanas, y que en Chile con la ley de cooperativas de 1924, el Estado daba cuenta de una apertura a la fuerza de la acción colectiva, a su energía social, y fue el resultado de una estrategia de los sectores campesinos, obreros y populares, que avanzaron promoviendo el Departamento de Cooperativas en el Ministerio de Fomento, y luego logran protagonismo en las políticas de Promoción Popular del Presidente Eduardo Frei y en la Reforma Agraria del presidente Salvador Allende. Desde esa perspectiva, es reciente el interés académico y de las universidades por conocer estos fenómenos y más reciente aun el indagar sobre el despliegue de estas economías hechas por los subalternos o marginados, desde adentro y desde abajo, o sea, revisando sus documentos, experiencias y prácticas para confirmar o refutar las representaciones que habitualmente los reemplazan en los análisis económicos y, especialmente en los ejercicio de diseño de las políticas públicas. Por su parte, la categoría de Economía Social ha dado origen a un área de estudio académico en Europa, la cual ha tenido dos momentos (Huybrechts,2016), el primero se inicia desde la mitad del siglo XIX, donde la libertad de asociación y las cooperativas ocuparon un papel protagónico, el segundo momento arranca a mediados de la década del ochenta del siglo pasado, donde se incorporan las empresas sin fines de lucro, empresas sociales de integración laboral, servicios de proximidad, productores de alimentos orgánicos y organizaciones que participan en cadenas cortas de suministro, finanzas sociales, comercio justo y energías renovables.

Entre las indagaciones relevantes hechas en los últimos años se encuentra el Proyecto Internacional de Comparación de Modelos de Empresas Sociales (ICSEM en sus siglas en inglés), el cual reunió a 230 investigadores asociados de 55 países de todas las regiones del mundo. Ese estudio fue guiado por cuatro tipos ideales de empresas: las empresas sin fines de lucro, las cooperativas sociales, las empresas sociales y las empresas sociales públicas, en cada uno de estos tipos ideales existen subcategorías que acogen a la mayor cantidad de expresiones de las organizaciones que habitualmente se las ubica en el Tercer Sector de la economía (Defourny, Nyssens y Brolis, 2021). Considerando el capítulo dedicado a Latinoamérica, conocemos que las formas organizacionales que han ido adoptando las economías basadas en la ayuda mutua y la democracia, entre ellas las Organizaciones Tradicionales de Economía Social, donde están las cooperativas y mancomunales por ejemplo; y las Organizaciones Basadas en la Economía Popular, que mezclan prácticas cuya lógica está en el ámbito de la domesticidad y de la reciprocidad; han ido forjando un ecosistema que ha permitido la institucionalización de formas económicas que integran la reciprocidad, la domesticidad y la distribución, sin eliminar los principios comerciales capitalistas (Gaiger y Wanderley, 2022).

En Chile, sin embargo, no se ha visto en las políticas públicas dedicadas al sector social y solidario, el avance que han hecho las comunidades científicas y académicas. Por lo mismo, una excepción que demuestra la distancia que hay entre el discurso sobre la asociatividad y las políticas económicas de fomento, está indicado por los estudios realizados entre 2014 y 2015 en la División de Asociatividad y Economía Social (Giovannini y Nachar, 2021). Una explicación tentativa es la legitimidad que ha logrado la “corriente empresarial-modernizante” (Coraggio, 1994) dentro del diseño de la política pública, desde 1994 hasta nuestros días, la cual ha favorecido la promoción de una idea de microempresa que homogeneiza la diversidad productiva que existe en los territorios y le proporciona al decisor público una categoría simple, o sea, la organización productiva de nivel micro estaría basada en el autoempleo gestionado por una persona con la capacidad para descubrir y evaluar oportunidades de negocios e intervenir en esas condiciones y lograr el éxito. Desde esa mirada, el Estado chileno ha buscado formalizar al Sector Informal a través de la promoción de capacitaciones que fomenten la cultura empresarial innovadora, la cual debe expresarse como un entrenamiento de los emprendedores para que sean capaces de diseñar estrategias competitivas dentro de una economía de mercado. Así, la corriente empresarial modernizante ha conquistado la política pública, imponiendo la idea de que es posible favorecer el razonamiento microempresarial basado en el utilitarismo y la competencia.

Último aspecto del diagnóstico.

Cómo sabemos y como lo vuelven a confirmar las y los colegas que indagan sistemáticamente en las organizaciones económicas que usan la figura jurídica de cooperativa, existe un sesgo. En ese sentido, Letelier haciendo uso de informes de 2021 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, señala lo siguiente: (…) la información públicamente disponible sobre este sector y que ha sido regularmente empleada en distintos diagnósticos, se basa en el Registro de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y comprende solamente antecedentes sobre la creación, vigencia legal y actividad administrativa de las cooperativas, permitiendo obtener indicadores relativos a la ubicación geográfica, actividad económica y número de socios, según sexo, (…) Esto se debe a que solamente las cooperativas declaradas de importancia económica están obligadas a remitir sus estados financieros anuales al regulador, cuestión que a mayo del 2021 comprendía solamente a unas 98 cooperativas de un universo de 1.428 cooperativas activas y vigentes”. La definición de Economía Social y Economía Solidaria, sí son relevantes, por ejemplo, en un trabajo de 2019, Letelier, Vanhulst, Cid y González, utilizan la expresión: “definiciones formales y la realidad sustantiva de la economía social”, para informar que el proceso de dimensionar el sector deja en claro varios errores no estadísticos que afectan la comprensión del fenómeno y la elaboración y evaluación de la política pública, porque, entre otros problemas, se encuentra que en las asociaciones gremiales coexisten las que reúnen a la agricultura familiar campesina, artesanado y pesca, con la Sociedad de Fomento Fabril o la Cámara Chilena de la Construcción. Pero el asunto no termina ahí, parece ser habitual que las unidades económicas estén atentas a utilizar diferentes estrategias para participar en los recursos de las políticas públicas, por lo mismo, conforman “sociedades mercantiles con el fin de operar (…) a modo de ejemplo, en el caso de las subvenciones de capacitación laboral financiadas por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las entidades beneficiarias deben tener como objeto social único la capacitación” (Letelier, Vanhulst, Cid y González, 2019)

Bibliografía

• Cooperativa Trabajo Vivo, “Modulo I: Introducción al cooperativismo”.
• Coraggio, J., 1994, Desarrollo Humano, Economía Popular y Educación, Buenos Aires, Instituto de Estudios y Acción Social.
• Escobar, A. Lagos, C. & Ramírez, S. (2022). Aquí no manda nadie! Trabajo sin patrón. Catastro de experiencias de trabajo autogestionado en el Gran Concepción y Santiago, Concepción: Cooperativa de Editores Fío-Fío.
• Defourny, J., Nyssens, M. y Brolis, O. (2021). “Cap 20 Testing the Relevance of Major Social Enterprise Models in Western Europe”, en J. Defourny y M. Nyssens (ed) Social Enterprise in Western Europe. Theory, Models and Practice, (pp.1-17), New York: Routledge.
• Gaiger, L. y Wanderley, F. (2022). “Padrões das organizações alternativas à lógica do mercado na América Latina”. Polis Revista Latinoamericana, 21 (61), 141-161.
• Giovannini, M. y Nachar, P. (2021). “Cap. 4. Social- and Solidarity-Economy Organisations in Chile Concepts, Historical Trajectories, Trends and Characteristics”, en J. Defourny y M. Nyssens (ed) Latin American Social Enterprise Models in a Worldwide Perspective (pp.114- 38) New York: Routledge.
• Illanes, M. (2003). “La revolución solidaria”, Polis [En línea], 5, 1-20.
• Labarca, J, (2015) “Las cooperativas y el estado en el Chile de 1900-1973: ¿una relación evidente?”, IX Congreso Internacional Rulescoop. Respuesta de la Universidad a las necesidades de la economía social ante los desafíos del mercado.

• (2016) “Cooperativas y estado subsidiario en el Chile postdictadura. 1990-2015,” Revista Idelcoop, N° 218.
• Letelier, E., (2017) “Desarrollo reciente del sector cooperativo en Chile 2009-2019”, en Raúl González (editor) Ensayos sobre Economía Cooperativa, Solidaria y Autogestionaria, por una economía plural”, Santiago: Forja.
• Letelier Araya, E., Vanhulst, J., Cid Aguayo, B., & González Meyer, R. (2019). Panorama de la economía social en Chile: la brecha entre definiciones formales y sustantivas. REVESCO. Revista De Estudios Cooperativos, 132, 144-168. https://doi.org/10.5209/reve.65484

• (2022) “Desarrollo reciente del sector cooperativo en Chile 2009 -2019” (pp.165-201), en Verónica fuentes (coor) Creando Juntos, distribuyendo para todos. Límites y aportes de la economía social y del cooperativismo, Santiago: Universidad Austral de Chile y RIL.

El documento usa más referencias bibliográficas de las que se señalan, para avanzar en la obtención de esas informaciones recomendamos tomar contacto con la RUESS Chile, debido a que dispone de una biblioteca digital que puede ser lograda gratuitamente.

En ese mismo sentido, recomendamos revisar las revistas y repositorios digitales en los cuales las y los investigadores de RUESS Chile publican y/o consultan frecuentemente, estos son:

Repositorios digitales

• Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
• FLACSO ANDES
• UN Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy (TFSSE).
• Revista de interés en Economía Social y Solidaria
• Polis, revista de ciencias sociales
• Revista de la Academia
• Revista CUHSO
• Revista Psicoperspectivas,
• Revista Oikos (discontinuada y en papel)
• Revista Cinta de Moebio
• Revista Miríada, Investigación en Ciencias Sociales
• Revista Iconos (FLACSO Ecuador)
• Revista Otra Economía (RUESS Argentina)
• Revista Sociedad Hoy
• Revista Central de Sociología

Del 5 al 7 de setiembre de 2024 se llevará a cabo el XIII Encuentro de Investigadores Latinoamericanos en Cooperativismo (XIII EILAC). El Comité Organizador del evento abrió una convocatoria a resúmenes de ponencias y actividades especiales, a desarrollarse en el marco del encuentro.

Los ejes para la presentación de las ponencias son:

1. Enfoques y debates sobre Cooperativismo y Economía Social – Solidaria.
2. Formación, educación y capacitación en Cooperativismo y Economía Social – Solidaria.
3. Mercados, comercialización, consumo y finanzas.
4. Problemáticas socio-ambientales.
5. Tecnologías digitales, TICs y cooperativismo de plataformas.
6. Economía Feminista y desafíos de género en el sector asociativo.
7. Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
8. Trabajo y autogestión. Cooperativas de trabajo y empresas recuperadas.
9. Políticas públicas y legislación.
10. Desarrollo territorial, regional y local.
11. Innovación, gestión y gobernanza en cooperativas.

La Red Temática en Economía Social y Solidaria convoca a la presentación de resúmenes para el XIII Encuentro de Investigadores Latinoamericanos en Cooperativismo. Hasta el 15 de marzo.

Los días 29 y 31 de enero, los gobiernos de España, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y México constituyeron, en la Ciudad de México, la Red Iberoamericana de Fomento de la Economía Social y Solidaria, a la que está previsto que se sumen en breve otros países como Portugal o Cuba. La red se busca promover los organismos de la Economía Social y Solidaria para crear condiciones que permitan el desarrollo de un sector conformado por cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo o mutualidades, entre otros, y la plena integración de todo ese ecosistema productivo en el comercio regional.

El acto de firma y presentación contó con la intervención del profesor Juan Fernando Álvarez, de CIRIEC-Colombia y el Observatorio Iberoamericano OIBESCOOP, y el Comisionado Especial para la Economía Social del Gobierno de España, Víctor Meseguer. El profesor Juan Fernando Álvarez coordinó la firma de este documento con el Comisionado Víctor Meseguer; el director de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS) de Colombia, Mauricio Rodríguez; el director General del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) de México, Juan Manuel Martínez Louvier, y el secretario nacional de Economía Solidaria del Gobierno de Brasil, Gilberto Carvalho. Acompañaron la firma la presidenta de Cooperativas de las Américas, Graciela Fernández; el director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Daniel Titelman, y el presidente de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño. “Un momento único en la historia de las políticas públicas de la economía social y solidaria en Iberoamérica”, según el profesor Juan Fernando Álvarez.

«La Economía Social es una alternativa de presente y futuro al desorden global. La Red Iberoamericana de Fomento a la Economía Social y Solidaria es un hito más en la construcción de unas relaciones más horizontales entre Europa y América Latina», ha asegurado la ministra Yolanda Díaz en la presentación de esta red. La Economía Solidaria, que promueve el desarrollo sostenible y democrático y tiene como pilar la distribución equitativa de la riqueza que genera, es un modelo productivo que mejora las condiciones de vida de la población y sobre todo de personas en situación de vulnerabilidad.

«La Red Iberoamericana de la Fomento de la Economía Social y Solidaria es un instrumento de cooperación que va a potenciar la democracia y la justicia social en el conjunto de los países iberoamericanos», ha insistido Díaz, que en su intervención ha destacado cómo esta forma de entender la economía procura trabajo decente, ensancha derechos y refuerza el sistema de bienestar, además de contribuir a sociedades más inclusivas.

La creación de esta red tiene lugar tras la aprobación el año pasado, a iniciativa de este ministerio, de la primera resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) sobre la Economía Social con el objetivo de impulsar políticas que fomenten este modelo económico. «La economía social es clave para recuperar la autonomía estratégica de nuestros Estados, por ser una economía que nunca se deslocaliza y estar al servicio de las comunidades locales. Es una economía resiliente que siempre prioriza el bienestar de las personas», ha explicado la vicepresidenta.

El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, quien participó en el acto de constitución, ha valorado de manera muy positiva la Red RIFESS como una iniciativa que va a complementar y reforzar los esfuerzos que CEPES viene desplegando desde hace décadas con sus homólogos de toda América Latina para situar a la Economía Social en la agenda iberoamericana.

Pedreño participó, junto con las representantes de la OIT y Naciones Unidas en México así como del Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos del Gobierno de México, en una sesión moderada por el Comisionado Especial de Economía Social de España, Víctor Meseguer. Durante su intervención reclamó a los Gobiernos una mayor capacidad de influencia y de participación en las políticas públicas por parte de las organizaciones representativas de la Economía Social. Además recordó  cómo la Economía Social da respuesta a retos compartidos en toda la región iberoamericana para crear empleo de calidad, generar un crecimiento económico inclusivo, incrementar los niveles de protección social o fomentar el desarrollo sostenible de los territorios, también a través de un tejido industrial que está incentivando unas transiciones verde y digital justas mediante modelos empresariales centrados en la persona.

Tiene la voz quebrada y el tono bajo porque lleva días sin parar de hablar. La tos la interrumpe varias veces. Pide disculpas y prosigue. No evita las preguntas ni teme calificar las cosas por su nombre. Mariana Mangini es “una manuela” que, de la mano de InteRed, ha viajado desde Perú a Bizkaia para hablar del acoso político y, por supuesto, de violencias machistas. Ser “una manuela” implica tener el sostén de 40 años de activismo feminista y, entre otras cosas, no tener miedo de hablar. Ni con afonía.

“No es la primera presidenta mujer, es la primera dictadora”. Así se titula un comunicado fijado en el perfil de X (exTwitter) del Movimiento Manuela Ramos desde el 23 de febrero. Dina Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución por parte del Congreso del entonces presidente Pedro Castillo [el Movimiento Manuela Ramos habló de que Castillo dio un golpe de Estado] por “permanente incapacidad moral” y su posterior encarcelamiento. Boluarte, que era la vicepresidenta del Gobierno de Castillo, fue elegida como nueva jefa de Estado, cargo en el que sigue a pesar de las peticiones sociales de convocatoria de elecciones. “La señora Dina Boluarte no ha estado ni está a la altura de las circunstancias. Ha traicionado al pueblo que votó por un gobierno que, desde el primer día, fue arrinconado por la ultraderecha, nos ha traicionado a nosotras, las mujeres y disidencias, al entregarse a los sectores políticos más conservadores y antiderechos, sosteniéndose en las fuerzas policiales y militares, convirtiéndose en un régimen cívico militar”, arranca el comunicado de “las manuelas”, como se conoce popularmente a las integrantes del Movimiento Manuela Ramos, nacido en 1978.

“Pedimos un adelanto de las elecciones desde diciembre que ingresó; el Congreso ha dado muchas prórrogas y Dina Boluarte no tiene voluntad política para salir, porque es su salvavidas”, comparte en Bilbao la activista feminista Mariana Mangini, quien vaticina que no habrá comicios hasta 2026. Ahora con unas calles más calmadas, la activista peruana recuerda que la llegada al poder de Boluarte coincidió con meses de mucha violencia y de cuerpos de seguridad en las calles: “Fue un escenario del terror nuevamente”. El año del Ejecutivo de Boluarte lleva a sus espaldas más de 60 personas muertas, 1.300 heridas y 600 detenidas.

“El uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por presentarlas como terroristas o delincuentes, las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transeúntes. Casi todas ellas pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, organización que ha realizado un informe sobre la represión en Perú. Citando a esta fuente, Mangini afirma que hubo “todo un plan para acallar y matar directamente”.

En los momentos más duros del estallido social fueron muy duras las imágenes de mujeres indígenas con sus criaturas colgando siendo perseguidas. Estas mujeres fueron señaladas e incluso la presidenta las quitó fuerza política, no las veía como sujetos políticos, ¿cómo se vivió este señalamiento?

Hay un contexto de represión y de negación de sus agendas y de sus pedidos; el racismo que ya existía se ha hecho más impune y lo vemos en las diferentes autoridades que se expresan mal de las mujeres indígenas. Y les han quitado todo lo ganado, que era la participación, la visibilidad, el justo acceso a sus derechos; vemos que no hay una reparación, no hay justicia para ellas. Es una situación difícil porque además ellas no tienen acceso a un centro de salud cercano o tienen problemas de acceso a la educación; todavía hay pensamiento del matrimonio infantil, que está prohibido, pero recientemente hubo unos comentarios de congresistas que decían que eso fomentaba el desarrollo de las mujeres. A raíz de las manifestaciones sociales ocurridas en el país, hay una fuerte represión y matanzas; esa es una situación que ahorita nos tiene en vilo, a la espera también de reacciones del Estado, porque el Estado lo que está haciendo es una captación de poderes, captación de prensa también, y es importante denunciarlo porque esto afecta a la vida de las mujeres. Las mujeres que protestaban en Puno también fueron vulneradas en su en su rol, ellas tenían a sus guaguas, a sus hijas a sus espaldas, y fueron atacadas por los policías.

¿Siguen vivan las protestas y, por tanto, la represión?

Ahorita la población está más pasiva porque estamos enfrentando una crisis económica también fuerte, toca sobrevivir. Pero los grupos se siguen juntando cuando pasan cosas como que el Congreso quiere quedarse con la Junta Nacional de Justicia o quiere quitar a los del Jurado Nacional Elecciones. Hay una exigencia por la poca institucionalidad que nos queda.

Mariana Mangini, encargada del voluntariado del Movimiento Manuela Ramos, comenzó su intervención de hace unas semanas en Bilbao abordando algunas de las tareas de su organización, centrada en la defensa de los derechos de las mujeres y de las diversidades. “Trabajamos desde diferentes ejes: desde la protección de los cuerpos, desde la sexualidad y autonomía física, desde el desarrollo de la autonomía económica y los derechos políticos, que es lo que trabajamos con InteRed; se han logrado diferentes leyes que tienen que ver con el estar presentes en la vida política”, arranca. Logros que están en retroceso: “A partir de esta pertenencia en el espacio político las mujeres hemos vivido situaciones de acoso y que eso lo estamos tipificando como acoso político”. Desde 2021, Perú cuenta con una ley para prevenir y sancionar el acoso a las mujeres en política.

“Estamos trabajando en cómo implementamos la ley desde todas las miradas. Nos conviene también seguir fortaleciendo el trabajo con las mujeres electas, para que tengan sus propias agendas, que desarrollan sus propias iniciativas. Estamos siempre atentas a cualquier vulneración, y hacemos acompañamiento a las víctimas de acoso político, psicoemocional y legal; hay algunos casos que son emblemáticos y tienen que tener más visibilidad para que no se repitan, por eso lo hacemos público. Es importante dar nombre a las violencias, porque hay un imaginario social que dice que no existen; hay bastante negacionismo de las violencias con el avance de las derechas”, añade.

Es importante dar nombre a las violencias, porque hay un imaginario social que dice que no existen

Ante este contexto complejo, de represión y regresión, la “manuela” subraya la importancia de “mantener las articulaciones entre los movimientos feministas y los movimientos sociales”, que, explica, “nos permiten tener una respuesta directa al Estado”.

Hace casi una década, el Movimiento Manuela Ramos lanzó junto con otras organizaciones la campaña por el derecho a decidir; se juntaron firmas pero faltaron unos pocos votos para conseguir el aborto en caso de violación. En 2016, comparte la activista feminista, sí se logró la ley contra el acoso sexual, porque movimiento “ni una menos” fue bastante fuerte e “hizo temblar esas bases más conservadoras”, mayoritarias en el Congreso.

¿Cómo está la situación de los derechos sexuales y reproductivos?

Se nos ha quitado de repente derechos ya ganados bajo unos discursos conservadores. Tenemos un Congreso mayoritariamente de derecha conservadora y con una sección de izquierda conservadora. El aborto terapéutico lo tenemos como ley desde 1924, pero en estos últimos meses se han aprobado leyes para darle derecho al concebido y esto podría tener relevancia en la toma de decisiones respecto el acceso del aborto terapéutico; aunque lo niegan y dicen que no tiene ninguna conexión, se generan más objeciones de conciencia. Quieren tener un control de la natalidad y de los embarazos.

¿Y hay retrocesos en otras cuestiones?

Ahora hay intento de cambio de nombre del Ministerio de la Mujer por el Ministerio de Familia. Ya veremos si pasa o no, eso está en el Congreso, todavía no se ha logrado el cambio, pero hay intentos. También la Municipalidad de Lima, que tiene un alcalde de ultraderecha conservadora, ha quitado algunos temas referentes a la mujer, a la igualdad de género. Se ha ordenado y aprobado el retiro del lenguaje inclusivo como uso del Gobierno del Estado. Y el año pasado también nos quitaron la educación sexual integral y eso es el atentado mayor a la educación con enfoque de género, ahora lo que van a hacer es que los mismos padres van a interceder en la elaboración de los textos escolares.

*Aclaración de la autora: se ha añadido posteriormente a la publicación del texto la frase “el Movimiento Manuela Ramos habló de que Castillo dio un golpe de Estado”.

Por primera vez, en 145 años de historia, la Cámara de Comercio de Bogotá hizo un acuerdo con el sector solidario para trabajar de la mano por la economía social. A través de un convenio sin antecedentes, firmado entre el presidente de la entidad y los representantes legales de Cooptraiss, Coopcentral, Confecoop, Analfe, Fecolfin y Ascoop, se trabajará de la mano por la economía social, la economía del bien común.

Con este trabajo conjunto se busca llevar a los actores de la economía popular de la informalidad a la formalidad, además de reconocer y visibilizar al sector solidario. Para materializar el convenio, la CCB y los representantes de este sector establecerán un plan de acción para los próximos tres años encaminado al posicionamiento, fortalecimiento y desarrollo empresarial.

En ese sentido, se mejorará el acceso del sector solidario a los procesos de registro público; se desarrollarán procesos de formación y capacitación empresarial, orientados hacia el emprendimiento cooperativo y colectivo; se promoverá la inclusión social y financiera; y se impulsarán programas de impacto social, que incluyan un compromiso medio ambiental y de equidad de género en todos sus componentes.

La CCB será un facilitador para tejer alianzas estratégicas, no sólo para la comercialización, sino para obtener créditos a bajos intereses que permitan irrigar recursos a través de cooperativas y fondos de empleados y asesoría para el fortalecimiento empresarial especializado en la economía solidaria.

Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio Bogotá, señaló que “Desde mi llegada a la entidad estamos viendo cómo podemos hacer las cosas diferentes, con una mirada acorde a las realidades de Bogotá, la Región y nuestro país. Por esto, le estamos apostando a apoyar la economía popular y solidaria, a impulsar su competitividad, ya que con esto logramos impactar a un gran porcentaje de nuestro tejido productivo. Esto no había sucedido en los 145 años de la CCB y es un ejemplo de cómo estamos transformando nuestro impacto”

Carlos Acero, presidente  de la Confederación de Cooperativas de Colombia,  expresó su satisfacción por la firma de este convenio y señaló que “sirve de referencia para las restantes cámaras de comercio del país y abre un camino muy importante para el reconocimiento y fortalecimiento de las empresas de la economía solidaria, como parte esencial en  el desarrollo local y regional para la consolidación de procesos de formalización en el trabajo y empresarial y para generar cadenas y circuitos basados en la economía solidaria”.

Cabe recordar que en el Plan Nacional de Desarrollo quedó establecido impulsar la economía solidaria, con el propósito de fomentar la inclusión y la formalización empresarial de amplios sectores de la economía, por esta razón, es tan importante el acuerdo que se realizó hoy en la CCB.

Adicionalmente, para el sector solidario la educación es un elemento fundamental, por esto Uniempresarial, la universidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, se posiciona como una organización líder que tendrá la tarea de unir puentes entre el sector educativo, el privado y el solidario para impulsar la educación como eje de cambio y transformación para nuestra sociedad.

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Con la participación de más de 1300 representantes de organizaciones del sector solidario, popular y comunitario, líderes gremiales y funcionarios de Gobierno, el jueves 21 de diciembre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (Unidad Solidaria), realizó en Ibagué el Cierre de Año del Sector Solidario.

El evento, que contó con la presencia del presidente de la República Gustavo Petro Urrego, fue precedido por un encuentro con líderes cooperativos, en el que el primer mandatario indicó que “Este sector debe ser estratégico en la economía nacional. Si nos quedamos en la institucionalidad que hay no pasa nada. La única forma de que esto cambie es que se pueda irrumpir con poder. El poder político lo tenemos para desarrollar un poder económico”.

Más adelante, durante su discurso con las organizaciones, Petro invitó a la ciudadanía a fortalecer la solidaridad del pueblo colombiano, presentó la propuesta de agenda social cooperativa y reiteró su llamado para fortalecer el cooperativismo y el sector solidario como motor de la economía popular.

También, y en concordancia con el trabajo que viene adelantando la Unidad Solidaria en el territorio nacional, se refirió a las iniciativas de comunicación solidaria presentes en los todos los municipios del país invitándolos a asociarse y dijo que “Queremos a los periodistas asociándose para fundar medios de comunicación cooperativos que no tengan que depender del rico y decir lo que diga el rico, sino que tengan que decir aquello que haya que decir, todo lo que haya que decir en un país como Colombia”.

Por su parte, el director de la Unidad Solidaria presentó un balance de la gestión adelantada por la entidad en la vigencia 2023 e indicó que  “Empezamos a tejer los circuitos asociativos solidarios, tuvimos la oportunidad de lanzar en La Guajira el primer Circuito Turístico y Gastronómico con más de 100 organizaciones; en Catatumbo hemos construido la Red Solidaria para la Producción Alimentaria; desarrollamos en el Huila la Red Solidaria del Café (Cafesol); también instauramos el primer Circuito Turístico y de Energías Renovables de la Ecorregión Tatacoa con más de 80 organizaciones de ese territorio; empezamos el primer Circuito de Productores y de Transformación Alimentaria en la Amazonía; lanzamos el primer Circuito del Chocó, precisamente para poder hacer que las asociaciones campesinas empiecen los procesos de industrialización”. Y concluyó diciendo que estos son apenas un ejemplo del total de 11 Proyectos de Impacto Territorial que se empezaron a implementar este año, pero que en 2024 la cobertura se extenderá a 20, y que la meta es llegar a 33 proyectos de industrialización solidaria en Colombia a partir de los recursos que tiene la entidad que dirige.

El evento concluyó con presentaciones artísticas que se adelantaron en el marco de la Feria Regala Popular que se desarrolló de manera simultánea a esta jornada y permitió la visibilización  de las unidades de negocio de los habitantes de la región.

Tiempo atrás escuché a la dirigente de un movimiento de la economía popular afirmar lo siguiente: “trabajo tenemos, lo que no tenemos son derechos”. Y creo que esa es una de las claves. El artículo 14 bis de la Constitución argentina establece una serie de derechos para “el(la) trabajador(a)”, pero en la práctica esos derechos sólo están respaldados por una arquitectura jurídico-institucional para el empleo asalariado en relación de dependencia, que -además- hace tiempo ha comenzado a ser deteriorada por múltiples mecanismos de precarización.

Para asumir estas nuevas realidades económicas es indispensable superar la pereza intelectual que implica su lectura como perturbación de un equilibrio perdido que debería volver a restaurarse y pasar a enfocarlas en clave de una transición aunque con destino todavía incierto. Es importante atravesar esta transición evitando los riesgos del denominado “emprendedorismo”, muchas veces entendido como una especie de “sálvese quien pueda”, y procedimiento de selección natural para la supervivencia del más apto, que entre otras consecuencias expulsa a lxs trabajadorxs cooperativistas fuera del radar de los derechos constitucionales.

Las formas solidarias y cooperativas de la economía, en sus diversas formas históricas atravesaron diferentes etapas, casi siempre como expresión secundaria, marginal y/o subordinada a un capitalismo triunfante y hegemónico. Esto las configuró con una cultura defensiva, buscando sobrevivir en las orillas de una economía regida por el lucro -asumido este como objetivo “natural”- que hasta se inventó una antropología -el “homo economicus”- justificadora del egoísmo como inherente a la condición humana y como factor de dinamización social. Esta configuración defensiva provocó la desatención de los principios 6° y 7° del cooperativismo: la cooperación entre cooperativas y el interés por la comunidad. Así llegamos a encontrarnos con cooperativas que pudieron mantener la solidaridad hacia adentro, pero debieron aceptar las reglas de la competencia y el “sálvese quien pueda” que se les impuso desde afuera.

El escenario actual requiere promover desde el sector de la Economía Social y Solidaria (ESS) la superación de su percepción social como una expresión marginal, un suburbio de la economía o una respuesta complementaria y provisoria “hasta que regrese el empleo asalariado”.

Pero también es necesario dejar de contar la cantidad de cooperativas y mutuales como el principal indicador de relevancia del sector, porque el capitalismo siempre utilizó formas no capitalistas subordinadas para funcionar. No es suficiente con “ser muchas”…: es necesario convertir la cantidad en capacidad de incidencia, que amplíe la consideración del sector en las políticas públicas, con el horizonte puesto en una sociedad más justa, solidaria, democrática e igualitaria.

La potencia del lenguaje, al servicio de una nueva economía

Una parte importante -y a la vez condición fundamental de este proceso- es la construcción de una nueva narrativa que acompañe con perspectiva de futuro las nuevas realidades. Describir las nuevas realidades con palabras viejas es un mecanismo eficaz para clausurar la novedad.

Por supuesto que se trata de procesos de largo plazo, que implican cambios culturales y en la subjetividad social. La memoria del salario es todavía muy fuerte, y todavía se sigue adjetivando al término “salario” para nombrar algunos de los nuevos mecanismos de distribución de la riqueza social que nada tienen que ver con la retribución salarial, como la utilización de categorías como “salario indirecto” a la progresiva generalización del acceso no mercantilizado a bienes y servicios públicos, o “salario complementario” a un mecanismo de asignación de ingresos en clave de derechos y justicia social.

Tampoco podemos seguir denominando “microempresa” a una señora que hace empanadas en su casa para vender el fin de semana.

El lenguaje debe ser objeto de atención tanto en las miradas sobre la realidad como en la intervención social y económica, ya que no se trata sólo de un medio de comunicación y expresión, sino de un factor de transformación. La producción discursiva produce realidad, avanzando desde la simple descripción narrativa de individuos o grupos a la memoria colectiva, facilitando el tránsito de ser “muchos” a ser “nosotros”, y confiriendo identidad a los sujetos.

Desde hace casi 10 años la Red Universitaria de Economía Social Solidaria (RUESS) expresa uno de esos intentos mediante el diálogo entre esas experiencias, con el horizonte puesto en su “articulación, convergencia, visibilización y escala”, según se expresa en su sitio web.

Habiendo realizado ya 3 Congresos en los que se convocan a diferentes actores del campo de la ESS, la RUESS integra referentes de unas 50 universidades, ha recibido adhesiones de varios espacios universitarios y no universitarios y organizado cursos y conversatorios.

Entre las principales acciones de la RUESS, se encuentran:

• Formación en ESS, no sólo mediante cursos específicos de pregrado, grado y posgrado, sino en los contenidos impartidos en diversas carreras. Una experiencia en marcha es el Curso de Capacitación en Gestión Cooperativa dirigido a graduados de la carrera de Contador Público Nacional comenzado a mediados del mes de octubre de 2023, organizado desde la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) con financiamiento del INAES.
• Campaña “Ponéle un 10 a la ESS”: campaña de difusión y sensibilización del mundo universitario hacia los postulados de la ESS
• Relevamiento de acciones hacia la ESS en las actividades de Extensión, como herramienta de planificación de políticas específicas para el sector
• Promoción de espacios de encuentro entre actores de la ESS: Congresos (2017, 2019 y 2023)
• Toma de posición y manifestaciones de solidaridad con organizaciones de la ESS mediante comunicados
• Incidencia en normativas universitarias en favor de la ESS: promoción del “compre cooperativo”, etc.
• Difusión de actividades de los equipos universitarios de ESS.
• Visibilización de la ESS hacia adentro y afuera de las Universidades: desde hace 6 años la RUESS organiza anualmente la Semana de la ESS en las universidades argentinas, como espacio de visibilización de las acciones de enseñanza, investigación y acciones con la comunidad realizadas en este campo.

Como ejemplo de lo que puede ser un aporte a la construcción de otra(s) economía(s) desde las universidades, este año tendrá lugar del 20 al 25 de noviembre la 6ta. Semana de la ESS, con la novedad de ser convocada en esta oportunidad en conjunto con la Red de Municipios Cooperativos, evento que expresa la voluntad de incidencia en la agenda pública mediante la convergencia entre actores del mundo cooperativo y mutual, gestores estatales de los gobiernos locales y equipos universitarios promotores de la Economía Social y Solidaria.

XI Congreso Latinoamericano de PRÁCTICAS ESTRATÉGICAS: “Geopolítca en Casa Común”
1, 2 y 3 de diciembre 2023 en Echagüe 7151 (Ciudad de Santa Fe-Argentina).

Allí nos encontraremos diferentes prácticas sociales de Argentina, América Latina y España, que buscamos entramarnos productivamente y desarrollar día a día otras formas alternativas y alterativas de hacer.

A su vez, les invitamos al espacio de exposición y venta en la Fiesta de la Patria Grande que se realizará el sábado por la noche. Donde sus productos serán expuestos en un stand pudiendo intercambiar con los participantes del evento, oportunidad de ida y vuelta productor-consumidor. Así mismo les pedimos puedan difundir el Congreso a las Organizaciones de la Economía Social

Para inscribirse, completar el siguiente formulario:
https://forms.gle/8SyiHWsbVFKSXFhw7

Costo de la inscripción
Pesos argentinos: $ 2000
Extranjeros US$ 25

Me interesa hacer una reflexión sobre los proyectos políticos que albergan las cooperativas de las que formamos parte. Las cooperativas no son, para nosotrxs, una rueda de auxilio del sistema capitalista. Especialmente, desde nuestra concepción del cooperativismo transformador, entendemos que el cooperativismo no es solo una forma de organizar una actividad económica, sino que es además una forma de vida, una concepción del mundo y, sobre todo, una herramienta para la transformación social. Nuestras entidades, desde la concepción y la práctica de la autogestión, tienen vocación contrahegemónica y promueven prácticas alternativas al status quo.

La concepción de la Economía Social y Solidaria que sostenemos, pone en el centro las necesidades de las personas, consideradas en su integralidad. Como decíamos en un artículo colectivo publicado en la revista de Idelcoop (2017) “vivimos tiempos de avance voraz de un sistema global que tiene en su centro la acumulación de capital, la mercantilización de la vida y la explotación de la naturaleza a ultranza, que activamente produce desigualdad y concentración brutal de la riqueza, a la vez que desvaloriza a las personas y las deshumaniza al reducirlas a segmentos de consumo por clase, género, grupo etario y otras categorías útiles a los requerimientos del mercado” (p. 106).

No cualquier proyecto político nos contiene. Tal vez sea claro que el cooperativismo transformador se opone necesariamente al modelo individualista, conservador y violento que representa Javier Milei. Como cooperativistas, evitar el avance de esta derecha es también una tarea de nuestro sector. Porque ser cooperativistas y asumir esta identidad es una decisión política que tiene como eje la integralidad de la vida de las personas y la convicción de ser con otros, de vivir con otros, de creer en la vida colectiva como forma de realización y de emancipación. Es imperioso explicar por qué nuestro modelo se opone sin reservas al modelo de Milei.

La filósofa argentina Diana Sperling, en artículo publicado recientemente en el diario Clarín, argumentó sobre la ausencia de pasado político de Milei y sobre cómo él construyó su capital político a partir de esta ausencia. Con agudeza, Sperling alertó que “Milei aspira a instaurar el grado cero de la política”.

Las y los cooperativistas somos lo contrario al grado cero de la política. No nos reconocemos sin filiación alguna, muy por el contrario, nos inscribimos en una tradición cooperativista, alternativa, popular que nos antecede. Nuestro movimiento fue reprimido durante la dictadura de Onganía, intentado desaparecer en la dictadura de Videla y Martinez de Hoz. Nuestros compañeros y compañeras más grandes integraron las organizaciones sociales y políticas combativas de los 40, los 50. Nosotras, como feministas cooperativistas, nos hacemos cargo del camino que iniciaron las anarquistas, comunistas y socialistas de principios del siglo XX, luego las peronistas con la conquista del voto femenino. Nos la jugamos en cada momento histórico, en la dictadura, en el menemismo y en la crisis del 2001 intervinimos en el debate público y político. También sufrimos derrotas, nos desaparecieron compañeros/as, nos quiere copar la parada el discurso del emprendedorismo y el sálvese quien pueda, las políticas públicas para el sector ayudan poco y muchas nos invisibilizan. No fuimos ni somos ajenas a cierto repliegue de los movimientos sociales. Pero debemos ser capaces de, creativa y responsablemente, salir al cruce de estas iniciativas. No sólo porque claro está que son proyectos que nos van a excluir, sino porque son inhumanos para el conjunto del pueblo y lo sabemos.

Es momento de volver a esas filiaciones de las que nos agarramos para ser lo que somos, de recuperar esos registros históricos de otros y otras que vivieron situaciones peligrosas como las que tenemos por delante y, sin duda, de tramar redes más colectivas que nunca para no sólo enfrentar al monstruo claro, sino para rearmarnos, reorganizarnos y luchar espalda con espalda para lo que sea que se venga.

Foto destacada: Depositphotos.

Escuchar a los bosques es percibir lo que pasa dentro de ellos. Lo que ocurre allí es que su flora y fauna están conectadas desde hace muchos siglos con poblaciones originarias que los cuidan y resguardan. Todo esto ocurre en muchos lugares del planeta. Gracias a esa labor todavía se conservan grandes extensiones de zonas boscosas que son imprescindibles en la carrera para contener el cambio climático.

En un momento de alerta mundial por la apremiante crisis climática, emprendemos con La Cooperacha un viaje por tres zonas de bosque en México (San Juan Atzingo, Amanalco, San Pedro Atlapulco). Esto es solo una muestra de lo que ocurre en muchos lugares, en donde bajo la tenencia de la tierra comunal y ejidal, los pueblos luchan día a día por mantener vivo el bosque que nos da agua, oxígeno , pero sobre todo sentido de vida.

Entre árboles y voces

Este material es financiado con recursos de la Rosa Luxemburg Stiftung con fondos del BMZ (Ministerio Federal para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la República Federal de Alemania).

Debates en torno al trabajo y los desafíos de la política pública.

Editorial

«Con la Federación Nacional de Paneleros comienza esta Edición 23 de la Revista ES donde el cultivo de la caña panelera y su procesamiento está distribuidos por toda la geografía andina de Colombia y donde la mayoría de las actividades de producción se realizan dentro de esquemas de economía campesina en unidades de pequeña escala, con alto uso de mano de obra y bajos niveles de inversión en mejoras tecnológicas

En Neiva departamento del Huila en Colombia, soplan vientos de esperanza con la fuerza del Cooperativismo y la potencia del trabajo autogestivo y asociado escriben Claudia Yadira Caballero y Claudia Alvarez sobre la potencia del XVI Encuentro Internacional de Economía Solidaria, Asociatividad para la Construcción de Paz Territorial.

Mazda Ednir del Centro de Criação de Imagem Popular (CECIP) tradujo al inglés y al portugues el Pacto latinoamericano por la asociatividad solidaria para la paz que fue leído en la Asamblea Nacional de Economía Solidaria, Popular y Comunitaria ante la presencia del presidente colombiano, en Neiva con la rúbrica de 16 países de América Latina y Europa.

Presenta Virgelina Chará las Aulas Vivas como las experiencias de los territorios, somos en su mayoría mujeres que producimos y hacemos economía todos los días para nuestras familias y transformamos nuestras comunidades, nuestros barrios.Somos mujeres negras, afrocaribeñas, afrodescendientes, campesinas, educadoras populares, cooperativistas, mujeres de la academia, activistas. Estamos en tres continentes y queremos compartirla con ustedes.

Israel García Bayón desde la Red de Educadoras y Educadores para una Ciudadanía Global comparte la iniciativa de Bibliotecas Humanas: Un espacio de encuentro y un arcoíris de aprendizajes y vivencias, en cinco centros educativos de Europa (Sevilla y Coria de España; Eaubonne de Francia, Reggio Calabria de Italia y Beaumont de Bélgica), inspirados.as en el movimiento mundial “Bibliotecas Humanas”, nacido en Copenhague en el año 2000, con el objetivo de favorecer el encuentro de personas migrantes y refugiadas con la población residente de la ciudad, liberarse de prejuicios y mejorar el conocimiento y la convivencia entre ellas.

Para terminar esta edición con los festejos de 7 años de la Campaña por un Currículum Global de la Economía Social Solidaria, un proyecto educativo sin patrones ni patrocinadores externos, pero contando con el activismo de las organizaciones que la componen, la Campaña promueve visibilizar todas las formas de aprender y enseñar que existen en el mundo y nos invita adherirnos a su Carta redactada colectivamente con 17 Principios.»

Consulta aquí la revista completa.

Nro 1.Serie de Documentos Contribuciones de Consejeres

Economía social y economía popular: Conceptos básicos

José Luis Coraggio. Director de la Maestría en Economía Social, Instituto del Conurbano.
Universidad Nacional de General Sarmiento. Enero 2020.

Esta serie se conforma de aportes de consejeres sobre temas centrales que nutren el pensamiento y las acciones del Consejo Consultivo y que contribuyen con el objetivo estratégico del INAES: alcanzar la centralidad de la Economía Social y Solidaria en Argentina para transformar el país, a través de la economía, hacia una mayor justicia social.

Consulta o descarga el documento.

Guía para construir un protocolo de prevención e intervención ante situaciones de violencia de género en las entidades de la ESS

Publica: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

Los proyectos de economía solidaria en la entidad son de gran importancia, pues ayudan a la mujer a lograr independencia económica y a combatir la violencia de género.

Diana Arias Sántiz, integrante del Consejo Ciudadano de “La Mercadita”, dio a conocer que este proyecto contempla la integración de mujeres que elaboran diferentes productos artesanales, alimentos o diferentes artículos de gran calidad.

El proyecto está integrado por 70 productoras de diferentes municipios de la entidad, con el cual se han tenido importantes avances como es el lanzamiento del “Catálogo de Productoras y Productores de ‘La Mercadita’”.

Puntualizó lo siguiente: “Este proyecto tiene gran importancia debido a que muchas de las mujeres son originarias de comunidades marginadas, no saben leer ni escribir. Por ello es de gran importancia para ellas lograr con su talento independencia económica, pero también conocer otras maneras de poder relacionarse, fuera de su contexto, así como en esta dualidad del contexto entre el hombre y la mujer, en la que se ven desde otro punto de vista”.

Agregó que este tipo de espacios permite a la población femenina abrir la mente, la perspectiva, en donde pueden ver y sentirse merecedoras de una vida mejor.

Para ello —dijo— es importante impulsarlas dentro de su economía familiar, en donde ellas puedan saber que pueden ser libres, fortalecer su economía personal y así no depender de un varón que las mantenga.

Destacó que de manera directa “La Mercadita” apoya a 100 familias que están de manera constante en este proyecto y las que se están integrando dentro de ella, por lo que “es un ir a venir dentro de este trabajo”.

Para ello dijo que se tiene esa flexibilidad, es decir, el hecho de que puedan faltar por diferentes motivos familiares o personales, pues todo se trata de apoyar a este sector que sin duda es de los más vulnerables en el estado de Chiapas.

La violencia contra la mujer ha ido en incremento en la entidad, y es por ello que este tipo de proyectos cobra relevancia para la mujer, que se ve condicionada por diferentes factores, entre los que resaltan la falta de oportunidades laborales y dependencia económica.

“La Economía Social Solidaria como alternativa de apropiación territorial ante un mundo en crisis”

3er Congreso Internacional de CIRIEC-MÉXICO.
11, 12 y 13 de octubre 2023.
Facultad de Economía.

La Asociación Española de Uruguay el próximo 25 de setiembre celebra  su 170 aniversario y el mutualismo de Uruguay y Latinoamérica se suman a esta celebración por ser un hecho trascendente ya que estamos ante la entidad mutual de mayor antigüedad en su características de “Socorros Mutuos”, sino que también que estamos ante la más importante organización de salud de ese país con casi 200.000 asociados, de excelencia en servicios integrales de salud, medicamentos, cuidados, emergencias etc. que da trabajo a 10.000 personas.

El presidente Fernando García; el gerente general, Julio Martínez, y miembros del Consejo Directivo han adelantado una serie de actos conmemorativos que se inician desde el mes de Agosto y donde el Mutualismo Argentino y Latinoamericano estarán presentes a través de dirigentes de CAM y AMA (Alianza del Mutualismo de América).

Una serie de eventos se llevarán a cabo en el marco de esta celebración así por ejemplo la Conferencia Magistral “LA SALUD, EL DERECHO Y LA BIOETICA” a realizarse el 8 de agosto a cargo de importantes académicos entre ellos el filósofo y jurista español Prof. Dr. Manuel Atienza. También se suma el próximo 14 de setiembre tendrá lugar una Sesión Académica presencial durante la realización de la Exposición Filatélica Internacional “URUGUAY 2023 – 170 Aniversario de la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos de Uruguay” a realizarse del 12 al 16 de setiembre del presente año. La Sesión comenzará a las 18.00 hs. y terminará a las 20.00 hs., para luego pasar a una cena de camaradería. Se ha previsto que las charlas filatélicas tengan un contenido relacionado con la medicina y sanidad, como homenaje al aniversario de la fundación en 1853, por parte del español José María Buyo, de la primera mutualista de América. Participarán nueve académicos y filatelistas invitados, todos de países distintos. El día 25 de setiembre serán los actos centrales y se ha previsto la realización de una “Romería Española”. Destacamos también que se han realizado una serie de videos cortos que son de excelente factura y que destaca este acontecimiento con un mensaje de futuro, tomado como base 170 años de trayectoria.

El Gerente General Dr. Julio Martínez destaco en una reciente entrevista que el acto fundacional de La Asociación Española fue el 25 de setiembre de 1853, que “39 españoles”, liderados por José María Buyo, José María Cordero y Miguel Roldós, comenzaron a andar el camino que generó la Asociación Española tal como se conoce hoy. Y “no se amilanaron”, porque al desafío propio del comienzo se sumó que “ese día hubo un golpe de Estado contra el presidente Juan Francisco Giró”.

Un dato interesante aportado por Martínez, fue que los tres fundadores “llegaron durante la Guerra Grande, y habían estado en los dos bandos, porque identificamos a Cordero que fundó la primera escuela del Cerrito, y a Buyo que cuando fue a vivir a Argentina fue el administrador del diario La Nación cuando el director era Bartolomé Mitre”. Pero esas diferencias no los apartó de la solidaridad mutual. Ese mutualismo que habían conocido en España luego de que en la década de 1840 vieran esa idea de la ayuda mutua y la trajeran “para atender la salud, los costos funerarios y también el desempleo”. Fue así que “fundan la primera mutualista de Uruguay y de Sudamérica, siguiendo el legado del mutualismo español”, subrayó.

Hablando de José María Buyo debemos destacar que fue el creador de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Rosario que en este mes de Julio cumple su 166 Aniversario.

De mi libro “Mutualismo, Filosofía y Practica de la Ayuda Mutua”  tomo la siguiente referencia sobre el rol de José María Buyo en Argentina :” También tomaremos un material que resulta interesante a la hora de hablar de la historia y nacimiento del mutualismo en Argentina en una nota firmada por Atilio Masferrer denominada “Reseña Histórica del Mutualismo Argentino” de la revista CAM No 28 en marzo-abril de 1973, dice entre otras cosas “Todas las mutuales importantes, algunas centenarias que aún subsisten, fueron fundadas no por inmigrantes pobres que necesitaban ayudarse recíprocamente como se supone con alguna ligereza, sino que lo fueron por hombres o por grupos selecto de hombres que en su época y en su medio tuvieron destacada actuación económica, social o intelectual. Tal es el caso de Ovidio Lagos fundador de la honorable y centenaria Sociedad Argentina de Socorros Mutuos o José María Buyo fundador de las Asociaciones Españolas de Montevideo, Rosario y Buenos Aires que aún continúan vigentes y en ascendente trayectoria. En ambos casos se trata de periodistas: Lagos en ‘La Capital’ de Rosario, y Buyo como secretario del General Bartolomé Mitre en ‘El Nacional’ (hoy La Nación)”. De todas formas esta afirmación de Masferrer encaminada a destacar a estas personalidades, no nos hace olvidar que las entidades por ellos fundadas tenían como objetivos atender las necesidades de tener trabajo y asistencia médica para inmigrantes que buscaban integrarse al país y como dice más arriba Julio Martínez “para atender la salud, los costos funerarios y también el desempleo”.

De generación a generación

Finalmente en la nota periodística de la Mañana, Uy, el gerente general se preguntó por qué hay instituciones que duran 170 años y otras 20. Buscando una respuesta razonó: “Eso tiene que ver con la tradición en el buen sentido, tiene que ver con el legado que una generación deja a otra dentro de la institución, con que las generaciones que llegan vayan recogiendo los principios que vienen de los fundadores. Cada generación va dando su impronta, adaptándose a los adelantos, pero siempre manteniendo la esencia, tratando de no desviarse del camino”.

Parte de eso tiene que ver con “el esfuerzo de tratar de competir contra sí mismo tratando de ser mejores y llevando adelante una causa que es la misma que la de los fundadores. Esa causa es como la estrella polar que guiaba a los navegantes, a la cual nunca llegaban, pero sabían hacia donde iban, es construir una organización donde una convergencia de recursos persigue brindar servicios solidarios y de mayor nivel posible a los socios, para atender su salud integral durante toda su vida”, concluyó.