El pasado 16 de diciembre, Francisco recibió en audiencia, en la Sala Clementina del Vaticano, a representantes de tres bancos cooperativos con sede en Italia, entre ellos a Banca Ética, con 25 años de historia financiando el cambio social y ambiental desde criterios de cooperación, democracia y transparencia. En su delegación participaron también representantes de Fiare, el área de Banca Ética en España que abrió su primera oficina hace diez años.

En el magisterio de Francisco, la economía está muy presente, tanto en su certera crítica a esa “economía que mata” y produce descartes y exclusión, como en su llamamiento a “a la solidaridad desinteresada y a una vuelta de la economía y las finanzas a una ética en favor del ser humano” (Evangelii gaudium). Del mismo modo, ha insistido en los efectos nocivos de la actual economía capitalista para la sostenibilidad ambiental y ha insistido en que “necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida” (Laudato si’).

En el sueño de una nueva humanidad donde descubrir y fortalecer la fraternidad y la amistad social (Fratelli tutti), Francisco actualiza la consideración que la Doctrina Social de la Iglesia hace de la función social de la propiedad y de su subordinación al destino universal de los bienes y al bien común y, expresamente, reivindica “una nueva economía más atenta a los principios éticos y una nueva regulación de la actividad financiera especulativa y la riqueza ficticia”. Y, todo ello, matizado desde el compromiso con la construcción de una economía solidaria e inclusiva que combata la pobreza y asegure “tierra, techo y trabajo” para todas las personas como criterio básico de justicia social.

La función de las finanzas y la realidad actual

Así que no era de extrañar que, en su audiencia, insistiera en aspectos como los señalados en sus escritos, reconociendo al inicio de su discurso que, históricamente, “la Iglesia ha prestado especial atención a las experiencias bancarias de base”, en las que se han comprometido muchos hombres y mujeres e instituciones eclesiales que han promovido experiencias financieras de diferente tipo con el objetivo de “dar oportunidades a quienes de otro modo no las tendrían”.

Ciertamente, en el origen histórico de muchas experiencias financieras, mayormente de tipo cooperativo o mutualista, han participado activamente entidades y personas de la comunidad eclesial que vieron la necesidad de promover respuestas comunitarias a las necesidades de crédito de las personas y familias más vulnerables o para el impulso de iniciativas de creación de empleo y de desarrollo local. Es el caso de los llamados montes de piedad o de los orígenes de algunas de las cajas de ahorros en territorio europeo, así como de tantas iniciativas de economía popular y comunitaria que se siguen impulsando hoy en América Latina, como las bancas comunales o los grupos autogestionados de ahorro y crédito.

Prosiguió Francisco indicando que “lamentablemente, en el mundo globalizado, las finanzas ya no tienen rostro y se han distanciado de la vida de las personas. Cuando el único criterio es el beneficio, tenemos consecuencias negativas para la economía real”. Y es que hoy, el grueso de las actividades financieras es de carácter especulativo, alejado de la realidad de las personas y de sus comunidades. Así, la desregulación y la libertad de movimiento de los capitales, sostenida por los avances tecnológicos, ha globalizado los mercados financieros en una suerte de casino mundial que, como ocurrió a partir de 2007, puede encadenar diferentes crisis con fatales consecuencias para la propia economía real.

Frente a una “economía incivil”, una economía para la inclusión y la paz

El mantenimiento de criterios de usura —señaló Francisco— “favorece a quienes ya están asegurados y excluye a quienes están en dificultades y necesitarían ser apoyados con un crédito”. Y fue más allá: “cuando las finanzas pisotean a la gente, fomenta la desigualdad y se distancia de la vida de los territorios, traiciona su propósito. Se convierte, diría yo, en una economía incivil: carece de civilización”. Y es que “unas finanzas sanas no degeneran en actitudes usureras, pura especulación e inversiones que dañan el medio ambiente y fomentan las guerras”.

Sin embargo, existe otra manera de hacer finanzas y de construir una economía con otros valores. En la audiencia se encontraban representantes de dos bancos locales de crédito cooperativo y Banca Ética, una de las instituciones de referencia en el ámbito de las finanzas alternativas. Y así lo entendió Francisco: “ustedes tienen historias y estructuras diferentes para responder a las distintas necesidades de la gente. Sin sistemas financieros adecuados, capaces de inclusión y sostenibilidad, no habría desarrollo humano integral”.

Las finanzas inclusivas y la sostenibilidad social y ambiental son ejes principales del movimiento de las finanzas éticas en todo el mundo. Así lo muestra el último Informe de las Finanzas Éticas en Europa presentado en Madrid el pasado mes de noviembre . Este trabajo analiza los datos de 25 bancos alternativos que cuentan con un total de 79,2 mil millones de euros en activos, 58,2 mil millones de créditos y 61,1 mil millones de depósitos. Dinero puesto en circulación al servicio de la economía real y, particularmente, del fortalecimiento del sector de la economía social y solidaria, que tiene un especial efecto en ámbitos como el de la lucha contra la pobreza, la transición ecosocial, el impulso de movimientos sociales o el desarrollo de una cultura transformadora.

La séptima edición de este Informe presta especial atención al crecimiento de los conflictos armados en el mundo ¬y al incremento de las inversiones en armamento. Así, se señala que el gasto militar de los países de la OTAN miembros de la UE ha pasado de 145 mil millones de euros en 2014 a superar los 2015 mil millones en 2023. Una situación que no ha pasado desapercibida para la mayoría de los bancos convencionales que han hecho de las inversiones en armamento una de sus principales fuentes de beneficio, como así lo denuncian los estudios de la iniciativa Banca Armada.

Frente a estos datos, las finanzas éticas excluyen con rotundidad y transparencia participar en la financiación de la guerra, la industria armamentística o el comercio de armas. Y en esa dirección recordó Francisco que “las instituciones bancarias tienen grandes responsabilidades para fomentar una mentalidad inclusiva y apoyar una economía de paz”.

Francisco finalizó su discurso con una última apreciación: “el Jubileo a la vuelta de la esquina nos recuerda la necesidad de remitir las deudas. Es la condición para generar esperanza y futuro en la vida de muchas personas, especialmente pobres”. Efectivamente, 2025 es año jubilar, una buena ocasión para condonar deudas injustas y para hacer de la economía una herramienta para la esperanza y la justicia. El movimiento de las finanzas éticas es buen un ejemplo para dicha tarea.

Quienes nos consideramos personas con valores, buscamos en la medida de nuestra pequeña existencia contribuir a dejar un mundo mejor tras nuestro paso. Pero, cuando miramos a nuestro alrededor, puede que esta empresa se nos presente demasiado ardua; ¿cómo podemos contribuir a reducir muchas de las brechas que nos separan? ¿por dónde empezar para contrarrestar y mermar el daño del ser humano en el planeta…?

Son muchos los frentes de acción para que nuestras acciones nos permitan dormir bien por las noches. La articulación social en organizaciones que buscan la incidencia política con estos objetivos es una de ellas. Las acciones directas de solidaridad y cooperación organizadas también contribuyen, sin duda, a dar oportunidades a quienes no las tienen. Del mismo modo, tenemos en el consumo un gran poder de acción, censurando aquellas empresas cuyas prácticas no validamos (por sus políticas laborales, sociales o medioambientales) o todo lo contrario, apoyando con nuestro dinero empresas que con su actividad económica no sólo nos proveen de bienes y servicios sino que además contribuyen al bien común.

Es el caso de las empresas de la Economía Solidaria, aquellas cuyos valores se alinean con los valores de la Carta de principios de la ESS, y que apuestan, por tanto, por generar condiciones de empleo digno, por promover la equidad y la igualdad de género, o reducir el impacto medioambiental de su actividad.

 Las buenas prácticas al detalle

Los cruces de la Economía Solidaria con la Economía Feministas vienen de lejos siendo, por tanto, amplio el trabajo  para transversalizar estos postulados en las prácticas de este modelo empresarial alternativo. Podemos encontrar numerosas buenas prácticas feministas, influidas en gran parte por el trabajo analítico y de mejora que realizan anualmente estas organizaciones al realizar su Auditoría/Balance social desde una mirada de género.

Pero, ¿qué hay de las prácticas medioambientales? ¿Son igualmente responsables para con nuestro medio sus actividades económicas? Podemos también remitirnos a los resultados del Informe General de Auditoría/Balance Social para conocer sobre su sistema de gestión ambiental, las medidas que aplican para reducir su impacto o su apuesta por la energía renovable.

Estas buenas prácticas respecto de los retos que tenemos como sociedad se encuentran también alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) marcados por la ONU para erradicar la pobreza y proteger el planeta. De ello daba buena cuenta un informe recientemente publicado por REAS Red de Redes que buscaba Identificar los aportes de la Economía Social y Solidaria del Estado español en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como establecía dicho documento, la ESS se encontraba a la vanguardia de dichos objetivos, estableciendo claras similitudes de los principios de la Carta con dichos objetivos, recogiendo, así mismo, aquellas medidas que en cada uno de los retos globales contribuía la ESS con su labor.

Este trabajo se complementa con una guía de buenas prácticas, que ilustra con acciones ejemplarizantes esos valores y postulados. Así, tenemos el caso de la Calculadora Social de AERESS, una herramienta online que ayuda a medir los beneficios sociales y laborales relacionados con la reutilización y las actividades de la preparación para la reutilización de residuos. Esta herramienta le permite a la ciudadanía, al entregar o adquirir productos de segunda mano conocer las emisiones de CO2 que evitan con la reutilización de estos productos. Gracias a la reutilización se ha conseguido evitar 42.039 toneladas de CO2 que equivale a 5.851.305 árboles absorbiendo C02 un día y 20.054 coches eliminados de la circulación un día. Por otro lado, desde un punto de vista cualitativo, esta acción tiene un fuerte impacto para la sensibilización y el conocimiento sobre las acciones para mitigar los efectos del cambio climático a través de la reutilización, labor muy extendida así mismo en el marco de la ESS.

Otra práctica ilustrativa del impacto y beneficios de las empresas de la Economía Solidaria lo encontramos en el impulso de las comunidades energéticas, que buscan garantizar el acceso a la energía como bien básico, de manera que sea la propia gente la que se organiza para generar, distribuir, consumir o almacenar energía renovable. Encontramos así el caso de las  «Comunidades Solares», promovidas por EnergÉtica, donde a través de aportaciones voluntarias al capital social, la cooperativa promueve y adquiere centrales fotovoltaicas de hasta 100 kW para el autoconsumo. Con ello más de 100 personas han podido acceder hasta el momento a energía renovable de cercanía, ahorrando en su factura.  O el caso de Ecooo, que a instalado más de 20 consumos colectivos con una potencia de más de 250kW de energía 100% renovable. Se trata tan sólo de algunas de las experiencias en este campo (muchas de ellas agrupadas en Unión Renovables) que están  haciendo partícipes la ciudadanía para lograr la soberanía y democratización energética.

La alimentación es otro de los ámbitos donde podemos encontrar múltiples y beneficiosas experiencias. El proyecto Villa Javier, por ejemplo, promovido por Fundación Tudela Comparte, cuenta con un comedor solidario, gestionado por una empresa de inserción social,  y una tienda de alimentación, cuyos alimentos son donados por el Banco de Alimentos y por numerosas empresas agroalimentarias, promoviendo el aprovechamiento de excedentes alimentarios así como la producción de hortalizas ecológicas  que cultiva la propia organización en pequeños huertos que les han sido cedidos. Experiencias como ésta de producción agroecológica encontramos múltiples en la ESS como bien muestran las experiencias de supermercados cooperativos, tiendas en formato supermercado creadas por las y los consumidores para impulsar nuestro A esta iniciativa se sumó la Cooperativa Almocafre que dió el salto de tener una tienda convencional a la apertura de dos de estos  grandes establecimientos, fortaleciendo así la economía local y sostenible, aumentando la resiliencia de la ciudad y llegando a mayor número de ciudadanas hacia un consumo sano sostenible y responsable.

Nuestro consumo, el mejor premio a estas buenas prácticas

 Como veíamos al comienzo, es justo este consumo una potente herramienta de transformación social. Al depositar nuestro dinero en una empresa, no sólo estamos adquiriendo un bien o servicio sin más, sino que estamos otorgándole poder; esto es, el ‘poder hacer’ que da el dinero en nuestra sociedad. Se trata de un acto que debería ser entendido como un aval donde validamos o reprobamos las prácticas de una determinada empresa.

Desde este prisma, quizás no sólo debamos ver las propiedades de un producto o servicio cuando lo adquirimos sino también conocer más sobre las organizaciones que lo promueven, tratando de discriminar y no escuchar los cantos de sirena de las grandes corporaciones que invierten grandes sumas de dinero en lavados de cara para parecer sostenibles y justas. Para ello, son útiles las garantías de procesos de certificación como la Auditoría o el Balance Social, que se promueve desde REAS Red de Redes (y que muy pronto publicará los datos agregados de este año) o de procesos de confianza derivados del conocimiento que podamos tener de un establecimiento o red. Leíamos en este medio hace un año sobre el mercado social:  esa red articulada de empresas y personas consumidoras alineadas con la Carta de principios de la Economía Solidaria, donde la intercooperación de las personas que trabajan en el sector y por otras personas que quieran ejercer su opción de consumo con compromiso social busca, además, compartir excedentes y recursos para promover nuevos proyectos socioeconómicos, desatando así “el círculo virtuoso de la economía”.

Podemos, pues, ser parte de este engranaje virtuoso que premie las buenas prácticas y ayude con ello a dibujar un mundo mejor.. ¿Te sumas?

El aumento de los márgenes de empresas dominantes del mercado ha impulsado la escalada de precios, perjudicando a los trabajadores, a las trabajadoras y a la sociedad en general.

La puesta en marcha del nuevo Observatorio de Márgenes Empresariales en España creado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MINECO), la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y el Banco de España, para el análisis de los márgenes empresariales, “mejorar el conocimiento sobre su evolución y sus implicaciones para el conjunto de la economía”, según indica el Ministerio, ha puesto de manifiesto datos reveladores sobre esta situación.

El primer informe del Observatorio, presentado este lunes, destaca la alta diversidad de los márgenes empresariales entre distintos sectores de la economía. Sin embargo, esta divergencia no puede pasarse por alto, ya que refleja la capacidad de algunas empresas para aumentar sus beneficios en detrimento de otros actores económicos. Esto plantea interrogantes sobre la equidad en el reparto de la riqueza generada y el bienestar de la sociedad en su conjunto.

El impacto de la pandemia y el incremento de los costes energéticos ha sido significativo en la evolución de los márgenes empresariales. Si bien muchas ramas de actividad sufrieron reducciones sensibles de sus márgenes durante 2020, se observa una recuperación en algunos sectores, ya en 2023, incluso superando los niveles prepandemia. Este fenómeno pone de relieve cómo algunas empresas han logrado adaptarse y beneficiarse de las circunstancias adversas, a costa de la sociedad y los trabajadores, en opinión de CCOO.

Preocupación legítima

Mientras que algunas empresas disfrutan de márgenes históricamente altos, surge la preocupación sobre el precio que pagan la sociedad y los trabajadores. Desde la perspectiva del sindicato CCOO, que propuso en marzo de 2023 la creación de un observatorio de estas características ante la escalada desbocada de la inflación, los elevados márgenes empresariales han llevado a un aumento de los precios y a una disminución de la participación de los salarios en la riqueza generada. Esta situación plantea serios interrogantes sobre la justicia en la distribución de los beneficios empresariales y su impacto en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

En el análisis de los datos ofrecidos por el observatorio, el sindicato liderado por Unai Sordo, subraya que los márgenes empresariales “están más altos que nunca tanto en términos absolutos, un 50% superiores a los de 2019, como relativos, donde alcanzan un máximo de 12,3%. En el reparto de la riqueza generada los márgenes empresariales cada vez se llevan una mayor parte y los salarios una menor; exactamente 6,6 puntos menos que en 2019”.

Un aumento de márgenes empresariales que “no es un proceso homogéneo” pero que se da principalmente en las empresas “con mayor poder de mercado” que han disparado sus márgenes “agravando con ello la subida de los precios”.

Los datos indican que el sector energético multiplica por cuatro los márgenes en términos absolutos respecto a 2019, pasando de 27.019 millones a 97.805 millones en los últimos 12 meses, y casi los duplica en términos relativos.

El sector de las grandes eléctricas, gasísticas y las grandes petroleras “explican la totalidad del incremento de los márgenes del sector energético de los últimos años”.

El sector del turismo y la hostelería los márgenes se encuentran “en máximos históricos, tanto en términos absolutos como relativos. Han crecido de 21.431 millones en 2019 a 28.561 millones en los últimos 12 meses”.

El subsector que más destaca es el del transporte aéreo, “que ha pasado de tener un margen de 2.478 millones en el primer trimestre de 2022 a obtener 4.534 millones en el primer trimestre de 2023”.

La cadena alimentaria sube sus márgenes en términos absolutos un 76% en el primer trimestre de 2023 respecto al primer trimestre de 2022, pasando de 7.125 a 12.533 millones. Dentro de este aumento destacan los mayoristas del sector alimentario, que incrementan un 75% su margen en términos absolutos al pasar de 3.328 millones a 5.829 millones en ese periodo.

Instrumento de transparencia y negociación

Todas las partes coinciden en la importancia de la creación del Observatorio de Márgenes Empresariales siendo un paso en la dirección correcta. La transparencia y la disponibilidad de datos fiables y objetivos que proporciona este organismo permiten a los negociadores de los convenios colectivos de trabajo contar con una herramienta fundamentada para abordar las cuestiones relacionadas con los márgenes empresariales y su impacto en los trabajadores y las trabajadoras.

En este contexto, es esencial que se realicen análisis en profundidad, amplíe datos y se promueva el diálogo con la participación de los diferentes actores económicos y sociales, a partir de los resultados que ofrezca este Observatorio. Así se podrán medidas, basadas en el diálogo social, que promuevan construir una economía más equitativa, donde la elevada factura de los márgenes empresariales no tenga que ser abonada por la sociedad, los trabajadores y las trabajadoras y sus familias.

La economía feminista volvió a congregarse el pasado mes de marzo en Barcelona en torno al VIII Congreso de Economía Feminista que tenía como leitmotiv la economía (digital) feminista, y que buscaba desarrollar el cuerpo teórico y práctico de las economías feministas desde la revolución digital y la transición, hacia la digitalización de la economía y la vida.

En este marco, se produjo un intenso y rico debate sobre el papel de las tecnologías en el escenario de crisis ecosocial y de colapso sistémico en que nos encontramos, donde voces de aquí y allá repetían, cual mantra, que «la tecnología no nos salvará», como recoge María Sanz en su artículo para Pikara Magazine.

Por ello, «necesitamos luchar por una justicia digital feminista, necesitamos construir más infraestructura digital pública para garantizar servicios esenciales y, entre ellos, seguridad social, cuidados, salud y derechos sexuales y reproductivos». Como dijo Flora Partenio, de la Red Feminista DAWN del comité académico del Congreso.

La activista feminista argentina, hizo referencia a la necesidad de recuperar el control de internet, que ostentan unas pocas empresas tecnológicas, y nos recuerda que «internet nació como un espacio abierto, pero hoy está totalmente cooptado, sin opción de disputarlo como un servicio público», como declaraba en una entrevista tras el encuentro.

Propuestas solidarias y feministas

Para participar de esta construcción colectiva nos desplazamos desde REAS RdR, buscando nutrir los debates con las propuestas de la economía solidaria, fortaleciendo así el proceso de confluencia entre ambas corrientes que se viene dando desde hace años. La economía feminista comparte con la economía solidaria la reformulación conceptual de la economía que sitúa a las personas y su calidad de vida en el centro. Esta articulación feminista y solidaria es uno de los desafíos a los que se enfrentan estas propuestas para, en última instancia, fortalecer las prácticas de las organizaciones y entidades de la ESS desde las aportaciones y miradas feministas para potenciar su capacidad transformadora.

Con este reto de fondo se realizó una presentación sobre “La necesaria incorporación de la perspectiva feminista en la Economía Solidaria ante la urgencia de los retos ecosociales” en la que se desarrolló el proceso de revisión de los principios y valores de la Economía Solidaria, reunidos en su  “Carta de Principios».

Así mismo, junto a la Red Feminista DAWN y FETS, se presentó la experiencia de la Edición 2021 de la Escuela de Economía Feminista y Solidaria en un taller para debatir sobre cómo generar herramientas desde un enfoque feminista y solidario y con una perspectiva internacionalista que puedan profundizar en los activismos y popularizarse adentro de las organizaciones, elementos que también se abordaron en la plenaria de cierre del congreso.

Alternativas a las economías de plataformas capitalista

 Como denunciaba Flora Partenio, “las empresas de plataformas desplazan la lógica de acumulación y concentración de ganancias fuera de los países en los que operan. Hablamos de plataformas de envío a domicilio, logística, transporte, cuidados remunerados del hogar… En los países donde operan no tienen regulaciones fiscales ni laborales, no tienen responsabilidad como empleadores. Y después drenan las ganancias fuera de estos países. Esto también erosiona la base imponible de los propios estados”.

Ante esto, la Economía Solidaria aporta un marco teórico-práctico para rescatar la filosofía de lo colaborativo de estas plataformas, pero hacerlo bajo los valores del cooperativismo, el apoyo mutuo y la autogestión y no bajo las lógicas capitalistas de expropiación, explotación y acumulación. Como afirmaba hace unos años Genoveva López en su artículo ¿Montamos una cooperativa de plataforma?, “han ido surgiendo iniciativas locales y globales basadas en la autogestión, de impacto positivo y bajo formas empresariales cooperativistas. Tenemos ejemplos en todos los ramos (…) Todos ellos son proyectos que han surgido como una alternativa a la plataformización de la economía basada en la explotación laboral, de datos y de capital”. En efecto, como recoge López en su artículo, en el marco del cooperativismo y la Economía Solidaria se están congregando experiencias pioneras y de referencia en algunos de los sectores clave donde la economía de plataformas capitalista está haciendo más estragos, especialmente en derechos laborales y sociales, como es el ámbito de la distribución y el transporte. En este sector, contamos ya con numerosas iniciativas de ciclomensajería y de movilidad sostenible, que buscan dignificar las condiciones de trabajo de las personas riders así como ofrecer alternativas más sostenibles a las necesidades de distribución y reparto de la población, como pudimos  conocer de primera mano en el podcast sobre distribución de la serie mecambio.

También de la mano de estos encuentros radiofónicos con entidades de los mercados sociales  podemos conocer alternativas en el sector tecnológico, debate donde nos recordaban que “la tecnología no es neutra, sino que se desarrolla en un contexto capitalista”. Nuevamente, se pone en jaque el dogma tecno optimista del actual sistema que trata de hacernos ver soluciones donde muchas veces está la raíz del problema: un modelo de desarrollo que ha dado la espalda a la naturaleza, expoliando recursos finitos en la búsqueda de un crecimiento ilimitado inviable con fines acumulativos y donde la tecnología y herramientas digitales han estado al servicio de esta visión.

Por fortuna, como vemos, son muchas las iniciativas  económicas que están ofreciendo alternativas ( y no sólo en estos ámbitos sino en alimentación, banca, energía, telefonía, textil…) bajo otros valores más sociales, sostenibles, solidarios y feministas, y la economía feminista y solidaria han venido marcando los marcos conceptuales y prácticos necesario para ello. Por eso, congresos como el de Barcelona y otros espacios de encuentro y agregación donde debatir y poner en común son clave para la salvación en estos tiempos de crisis global.

El creciente interés de las personas mayores por las nuevas viviendas cooperativas ha impulsado la creación de un grupo específico de trabajo estatal en el marco del Grupo de Vivienda Cooperativa en Cesión de Uso de REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria.

El primer fruto de la creación de este  grupo sénior ha sido la elaboración de una Declaración con los planteamientos para colocar el modelo como prioridad de las políticas públicas para un envejecimiento saludable y sostenible.

El Grupo de Trabajo se configuró en 2020 tras el primer encuentro estatal de Vivienda colaborativa en octubre de 2019 en Madrid.  Está formado por 40 personas de proyectos y entidades técnicas de los diferentes territorios del Estado, en pleno crecimiento con el apoyo a la creación de nuevos grupos territoriales.

En España, ya son decenas de proyectos sénior con diferentes grados de desarrollo. Los pioneros de este modelo residencia, desde hace más de una década, destacan los beneficios de esta nueva manera de crecer, aprender y envejecer en comunidad.

Otros grupos, en cambio, se encuentran trabajando para lograr acceso a suelo donde edificar, inmuebles para rehabilitar, o buscando financiación para hacer viable sus proyectos, que a día de hoy, han de enfrentarse a un sin fin de dificultades.

Más implicación de las Administraciones Públicas

El Grupo de Vivienda Cooperativa en Cesión de Uso de la Economía Alternativa y Solidaria denuncia la legislación existente que parte de la desconfianza y premiar el control, entorpeciendo así la puesta en práctica de iniciativas innovadoras de la mano de la sociedad civil.

Igualmente, reconocen los impulsores de este modelo que el esfuerzo económico que se requiere para su desarrollo en un mercado inmobiliario desbocado y con importantes incrementos de los costes de la construcción, no está al alcance de cualquier nivel de renta y esto choca con la voluntad transformadora, de inclusión y compromiso social de estas iniciativas.

Por ello, señalan que las políticas públicas en sus diversas formas y aplicaciones son un eje clave para el impulso de un modelo con impactos de valor incalculable y reclaman a las Administraciones Públicas el reconocimiento de su función social, la capacidad de transformación y garantía no especulativa de estos proyectos.

De hecho, plantean que el sistema habitacional cooperativo de cuidados debe incorporarse a la Cartera de Servicios Sociales, pudiendo acceder así a las prestaciones y recursos para la prevención y la atención a la dependencia; con  apoyos económicos y avales a la financiación para hacerlos más accesibles y facilidades para acceder a suelos con cesiones públicas en superficie en las zonas con mayor tensión especulativa.

Es cierto que en los últimos tiempos se han registrado iniciativas públicas al reconocimiento jurídico y del valor social de los proyectos, articulando medidas audaces para facilitar su desarrollo y consolidarlos haciéndolos más accesibles, inclusivos y sostenibles. La colaboración público-cooperativa es una fórmula con tanto potencial como beneficios para el conjunto de la sociedad.

Es más que evidente que el sistema residencial actual de atención a las personas mayores, altamente mercantilizado, presenta grandes carencias. Las cooperativas de vivienda en cesión de uso pensada y diseñada por y para las personas mayores emerge como una opción más que prometedora. Se trata de un modelo que favorece la creación de comunidades intencionales altamente comprometidas con el bienestar individual, colectivo, local y medioambiental, en el que la propiedad es colectiva, evitando la división horizontal la especulación y el lucro. Los posibles excedentes revierten en el propio proyecto.

Ya el diseño arquitectónico, con la aportación de las personas socias de las cooperativas, inclina la balanza hacia amplios espacios comunitarios pensados como lugares para el encuentro y la convivencia, así como para alojar equipamientos y servicios comunes, sin descuidar las zonas de uso privativo, más reducidas. Así, se reservan zonas para comedores, salas de actividades, lavandería, biblioteca o espacios de atención a la dependencia…

Menos soledad, más implicación, mejores cuidados

De este modo, reduce la soledad no deseada y todos los efectos sobre la salud y la ineficiencia de recursos habitacionales, retrasando los estados de dependencia y procesos de deterioro, gracias a que se trata de un acompañamiento cercano y auténtico, con respeto y amor en la etapa final de vida.

La gestión también se realiza con criterios de corresponsabilidad que promociona  la implicación individual y la participación democrática, evita la institucionalización asistencial, confluyendo con las políticas públicas de transformación de las residencias tradicionales y reduciendo la presión y la sobrecarga de los servicios públicos y su deriva en sistemas privados.

La vivienda en cesión de uso, también conocida como covivienda, vivienda colaborativa contiene una propuesta de cambio de paradigma en la vivienda y la forma de vida de las personas mayores.

La cooperativa Convivir en Cuenca y Trabensol en Torremocha del Jarama son dos proyectos de referencia con una ya larga trayectoria. La primera es una cooperativa integral que nació en 2015 en Horcajo de Santiago a día de de hoy cuenta con un gran edificio con jardín y huerto, 66 apartamentos, comedor, cafetería, gimnasio, biblioteca, talleres de actividades, salas comunes… La cooperativa mantiene su lema “añadir vida a los años”.

Trabensol (Madrid), junto con el proyecto de Los Milagros (Málaga), es una iniciativa de cohousing sénior pionera en España que nació para hacer realidad una forma nueva de vivienda colaborativa dirigida a mayores con 54 apartamentos.

Este documento nace como resultado de un largo proceso de discernimiento colectivo dentro del movimiento de la Economía Social y Solidaria para identificar y compartir su ADN original, “el corazón que hace que seamos lo que somos y que construyamos las alternativas que estamos construyendo”, en palabras del histórico integrante de la Red de Redes de la Economía Social y Solidaria, Carlos Azkunze.

Más que defender la identidad y la tarea de este movimiento, la carta quiere ser un nuevo impulso que haga “mejores” a las personas, empresas, organizaciones e instituciones que apuestan por la transformación de la economía y permita aumentar su “impacto social, político  y económico”, pero sobre todo, para que sirva para reforzar “la ilusión, la esperanza y el compromiso para conseguir construyendo junto a otras una economía más feminista, ecológica, democrática y, por supuesto, más solidaria”.

La nueva carta, en palabras de Azkunze, “no nos la queremos quedar”, sino que se ofrece “para que cualquier persona, empresa, organización e institución pública haga suyos estos principios y valores”, y así poder “colaborar desde la diferencia en la construcción de alternativas”.

El manifiesto recoge los principios rectores del movimiento de la Economía Social y Solidaria, como no podía ser de otra manera. “No entendemos la economía ni las propuestas transformadoras sin profundos valores y sin proyectos y relatos políticos para hacer frente a los urgentes retos ecosociales de nuestro tiempo y del planeta”.

La actualización de la carta quiere responder a esos retos, entre otras cosas, porque “ni el planeta, ni la economía, ni el movimiento son los mismos de 1995 cuando se hizo la primera carta y nació REAS, ni en 2000, ni en 2011 cuando se revisaron sus contenidos».

De hecho, sigue Azkunze, “nunca el movimiento de la Economía Social y Solidaria y el conjunto de las economías transformadoras había mostrado tanta vitalidad, tanta capacidad, tanta innovación y tantas propuestas, ni había mostrado tanto impacto social, político y económico”.

El planeta se enfrenta hoy como nunca antes al reto de “su propia supervivencia”, al tiempo que “el capitalismo financiarizado, ecocida, heteropatriarcal, violento, colonial se ha convertido en un sistema de dominación múltiple que alcanza todas las esferas de la vida”.

La actual carta recoge y profundiza en tres aportes: el feminismo, de donde surgió la revisión, el ecologismo y la profundización democrática, para establecer la equidad, el trabajo digno, el reparto justo de la riqueza, la sostenibilidad, la cooperación y el compromiso con el entorno, como sus orientaciones fundamentales.

El comercio justo, las finanzas éticas, las cooperativas de energía renovable, los supermercados cooperativos y tantas otras actividades ha alcanzado la madurez con un discurso propio, una respuesta social significativa y proyectos inspiradores consolidados.

Son ya 865 entidades y empresas, en las que participan más de 50.000 personas, agrupadas en 15 asociaciones territoriales y cuatro sectoriales socias, que alcanzaron en 2019, unos ingresos de 987 millones de euros. Además, se coordinan para promover la Economía Solidaria, lograr cambios en las políticas públicas (promoviendo entre otras la contratación pública responsable), pero sobre todo, demostrar que otra economía más humana es posible.

Lo que REAS persigue promover la economía solidaria como un instrumento al servicio de la sostenibilidad de la vida, donde las personas y el medio estén por encima de cualquier otro interés. De ahí, la importancia de rendir cuentas, o mostrar el corazón, de su particular manera de hacer economía.

Apuesta por el trabajo decente

En su memoria anual queda clara su apuesta por relaciones laborales decentes. El 87% de las entidades de REAS mejora los permisos legales de conciliación, el 79% genera espacios de atención emocional y cuidado a las personas trabajadoras y el 60% posee un reglamento interno de gestión de relaciones laborales; mientras que la relación entre el salario más alto y el más bajo es de 1,6 a 1, el 61% los puestos de responsabilidad lo ocupan mujeres y el 81% de entidades aplican el lenguaje inclusivo.

En cuanto a la sostenibilidad laboral, el 95% aplica criterios de consumo responsable en la adquisición de productos, el 48% son entidades con gestión ambiental y el 53% usan energía 100% renovable. Pero también es firme su apuesta por la cooperación y la responsabilidad con las comunidades en las que operan: el 69% recurre a las finanzas éticas, el 7,8% de sus compras se realizan en el marco del Mercado Social y el 8,7% en entidades no lucrativas.

Su orientación no lucrativa es clara: el 65% de los ingresos procede de facturación frente a un 25% que proviene de subvenciones, al tiempo que destinan el 71% a reservas, compensación de pérdidas o inversiones propias. Un nada despreciable 5% de sus recursos financieros se destina a iniciativas para la construcción de bienes comunes y un 0,1% a inversiones de entidades financieras de la economía social y solidaria.

A pesar de que la COVID-19 se ha dejado notar, especialmente en cuanto al ritmo de ingreso de nuevas entidades y la formación de alianzas, su respuesta al parón impuesto ha sido bastante diferente al de las empresas al uso. La destrucción del empleo ha sido 6 puntos menor que la del resto de fórmulas empresariales en la anterior crisis del 2008.

Aquellas organizaciones cuya actividad se adaptaba a la tecnología digital, optaron mayoritariamente por aplicar el teletrabajo. Las que no han podido, sobre todo dedicadas al ocio y la cultura, optaron por acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Eso sí, el 55% de las organizaciones ha complementado el salario hasta cubrir el 100% de la percepción salarial.

Fuente: Noticias Obreras