Ya hay luz. Los trenes se mueven. Los hospitales han dejado de usar generadores. Las tiendas han reabierto. Los congeladores y frigoríficos refrigeran de nuevo. Internet vuela, sacia, agota. Hasta las llamadas, en clara decadencia, se han multiplicado. Y quienes viven gracias a máquinas respiran más tranquilos.

Perdón, aún no hay luz. En la Cañada Real siguen sin electricidad. Y la luz no se les fue a las 12.30 horas de un martes de finales de abril, el apagón ocurrió hace más de cuatro años aunque el sistema aún no se ha repuesto.

“La electricidad volvió rápido a toda España. ¿Y en la Cañada Real por qué no?”, “Cómo os sentisteis durante el apagón? ¿Os imagináis vivir así cada día?”. Son algunos de los mensajes compartidos en redes sociales por la Asociación Tabadol, compuesta por mujeres que viven en esta barriada de Madrid sin suministro de la red eléctrica. “Durante buena parte del día hemos estao sin luz, igual que las personas jornaleras que malviven en chabolas en los asentamientos de Huelva y Almería. Con la diferencia [de] que tampoco tienen agua y les rodean las ratas por la basura que se acumula alrededor. 20 años llevan así”. Fue el mensaje de Jornaleras de Huelva en Lucha en sus redes.

La experiencia del pasado 28 de abril deja una evidencia: vivir sin electricidad implica en muchos casos no poder trabajar, tampoco cocinar ni tener agua caliente ni internet; y podría haber sido peor porque supone no poder usar radiadores cuando azota el frío, ni aire acondicionado si el calor aprieta. Imposible leer por la noche, salvo que tengas una linterna del siglo pasado, las que funcionan a pilas. Y fundidos a negro los televisores e internet, lo mismo sucede con la información, que va con baterías y a través de ondas radiofónicas.

Vivir sin electricidad es un sinvivir. Más si cabe en un mundo capitalista y digitalizado, en el que pagar un kilo de patatas resulta imposible sin dinero en efectivo. Incluso la línea de telefonía fija está supeditada al suministro eléctrico. Por cierto, también resulta complicado orientarse sin Google Maps, que se lo pregunten a las tantas personas atrapadas en la superficie desconectada de las capitales. ¿Y ahora cómo llego a casa?

Vivir sin electricidad no es vida o, dicho de otro modo, es una vida imposible. Queda el martes 28 de abril como caso de estudio ibérico. ¿Y ahora qué?

Lecciones de un apagón

Toca blindar el acceso a la energía como derecho fundamental. Y eso aplica a todas y a todo lugar, incluidos los no-lugares, léase la Cañada Real o los asentamientos de Huelva y Almería, y los nadies, entre ellas las personas coaccionadas hasta el desahucio por impagos de la factura de la luz (vigente durante la pandemia como parte del llamado ‘escudo social‘, la moratoria de desahucios y de cortes de suministros para familias vulnerables fue derogada por el Congreso a finales de enero de 2025).

“No se trata de acceder a toda la energía que desees, sino de acceder a cotas de energía que permitan satisfacer las necesidades humanas”

El martes 28 de abril como punto de inflexión. Pendientes aún las explicaciones, que por supuesto son obligadas, lo que verdaderamente urge es aprender las lecciones que deja este caso de estudio. La energía como derecho fundamental, como esa condición sin la cual no es posible satisfacer otros derechos clave como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda… el derecho a la vida, a una vida digna de ser vivida.

‘De la vulnerabilidad energética al derecho a la energía’ es el título de un informe de Ecologistas en Acción de 2018. “La idea de consagrar el derecho a la energía como un derecho fundamental es una manera de reforzar un derecho humano, básico e instrumental para el ejercicio de otros derechos fundamentales (como el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación…), ya que se trata de unos derechos irrenunciables para el desarrollo de una vida digna”, sentencia el documento de la oenegé ecologista.

Pero garantizar la energía como derecho fundamental no es posible ni deseable sobre un papel en blanco. Los derechos no pueden sostenerse sobre privilegios. El derecho a la energía debe consumarse sin extractivismo, sin esquemas de dominación sea dentro o fuera del territorio; con justicia. Nada justifica saquear unas zonas (siempre las mismas) para beneficiar otros intereses (siempre los mismos). “No se trata de acceder a toda la energía que desees, sino de acceder a cotas de energía que permitan satisfacer las necesidades humanas”, sostiene la antropóloga y activista ecofeminista Yayo Herrero, en el monográfico de Energías de Pikara Magazine. Su argumento continúa así: “La gran trampa es que aquello que son bienes comunes tenga una gestión privada y sea gestionado con criterios de beneficio o de acumulación del capital”.

Los derechos no caben en los monopolios ni en los oligopolios, tampoco en los mercados

Garantizar la energía como derecho fundamental tampoco se antoja posible si esa energía queda en unas pocas manos privadas, sean las distribuidoras o las encargadas del transporte. Los derechos no caben en los monopolios ni en los oligopolios, tampoco en los mercados.

Energía de todas y para todas

En días de titulares apocalípticos (fundido a negro, el gran apagón, caos total, colapso) hay quien cultiva utopías. “Podríamos haber tenido un sistema más modular, capaz de apoyarse en redes locales capaces de operar de forma independiente a la red principal”, escribe Marta Peirano en El País. Su artículo subraya que la red de alta tensión (es decir, el negocio de la distribución) tiene más de 34.500 kilómetros de líneas, pero un solo corazón que, el martes 28 de abril, sufrió un infarto. Resulta que la tan jaleada transición energética (que si verde, que si renovable) está siendo un más de lo mismo: “Estamos viendo un cambio de cromos de fósiles por renovables, pero el modelo, especulativo y de lucro, es el mismo. O más peligroso, porque tiene toda la buena prensa de la transición a renovables, que son necesarias, pero están colando una forma de entender la energía como una mercancía al estilo clásico”, explicaba Álvaro Campos, profesor e investigador de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), en un artículo publicado por la Fundación Rosa Luxemburg.

Las heterotopías están narradas y han aterrizado en diferentes puntos de la península. Hay cooperativas, claro que las hay. Y hay comunidades energéticas, claro que las hay, aunque buena parte de ellas –muchas de ellas- vengan sustentadas no por la ciudadanía, sino por empresas de toda índole y pelaje, reunidas al calor de las subvenciones públicas. Lo desvelaba hace poco Pikara Magazine: pensadas para descentralizar de forma colectiva el sector eléctrico, las comunidades de energía llegan respaldadas por la Unión Europea, en un bum maniatado por pequeñas compañías cazasubvenciones y también por las grandes eléctricas. Más de lo mismo.

“Cómo recuperar esta gestión de la distribución. Ahí es donde el oligopolio tiene mucho poder, casi un monopolio”

Cooperativas y comunidades dependen finalmente de un sistema que ha variado poco, a pesar de la producción renovable. “Que haya comercializadoras públicas o cooperativas es un primer paso muy interesante en esta lucha para cambiar el modelo, pero no es suficiente porque la comercialización es una parte muy pequeña del sector. El problema está en la distribución y ese es el camino que falta por recorrer: cómo recuperar esta gestión de la distribución. Ahí es donde el oligopolio tiene mucho poder, casi un monopolio”, subrayaba María Campuzano, de la Alianza contra la Pobreza Energética, en el análisis de la Fundación Rosa Luxemburg.

Cambiar el sistema debería pasar por “formar a la gente para que sea activa de la transformación energética”, insistía la ingeniera Esther Muñoz Alonso. Y también por decrecer, por consumir menos energía. “Las energías renovables y limpias no pueden sustituir todo lo que proporcionó el petróleo” fue el titular de la entrevista a Yayo Herrero en Pikara Magazine, hace ya unos años. Pero en esas seguimos, pretendiendo que las energías renovables –manejadas por las mismas empresas de antes- mantengan idénticas demandas sin variar el sistema existente.

Ya hay luz, pero no para todas. Esto no ha sido un simulacro, sino una llamada de atención. No podemos vivir así, la Cañada Real y los asentamientos de temporeras tienen que estar conectadas porque la energía debe ser un derecho. El 28 de abril ha sido el sopapo que nos recuerda lo dependientes que somos de ese único corazón que bombea para que sigamos consumiendo, trabajando y produciendo, sí, pero también viviendo. Así que, puestas a entender los entresijos y las fallas del sistema eléctrico, habría que considerar la tecla del menos. Energía para todas, pero ni a cualquier precio ni como expolio ni en unas pocas manos privilegiadas.