Tras escasos días de haberse celebrado la semana de la pobreza energética y la presentación de la nueva ENPE (Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030) nos volvemos a encontrar con la noticia de que las medidas propuestas en el Real decreto – ley que recogían el escudo social, que prorrogaba la prohibición de cortes de suministro de energía y agua a los hogares en situación de vulnerabilidad ha sido rechazado de nuevo en el congreso. Por tanto, y hasta nuevo aviso, estas medidas no van a entrar en vigor, dejando a multitud de hogares en situación de vulnerabilidad desamparados.

La Red estatal por el Derecho a la Energía (ReDE), que agrupa a una quincena de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la pobreza energética, denuncia la descoordinación y la falta de diálogo entre los partidos políticos implicados y sus fatales consecuencias. La protección frente al corte de suministro, parte del escudo social que el Gobierno desarrolló para amortiguar el impacto de la pandemia Covid-19, se ha ido renovando año a año, manteniendo en vilo a miles de familias que, para acogerse por renta, deben situarse por debajo de un IPREM congelado por la prórroga presupuestaria
estatal desde 2023. El rechazo de la validación del Real-Decreto no puede llegar en un momento peor. Estas decisiones se toman en una situación de fragilidad, que viene impuesta por la temporalidad a la que se somete a estas medidas, que obligan a una revisión anual para su renovación mediante decretos que parchean una situación que requiere medidas estructurales que garanticen el derecho a la energía.

Los mensajes aporofóbicos que se generan ante el decreto presentado, por incluir medidas sociales en materia de vivienda destinadas a proteger a personas con acreditada situación de vulnerabilidad con impagos de alquiler o en situación de ocupación forzada, generan el caldo de cultivo suficiente que justifica la negativa de un voto favorable. En opinión de esta red, el voto contrario que no ha permitido la aprobación del decreto ha sido un movimiento para proteger los intereses de personas rentistas, que además criminaliza la pobreza.

Desde ReDE volvemos a calificar de irresponsabilidad mayúscula que se utilice la protección de derechos básicos como moneda de cambio parlamentaria, y alertamos de que el rechazo del decreto tiene efectos inmediatos e impactos graves sobre miles de hogares que vuelven a quedar expuestos a cortes de suministros. El agua es un derecho humano reconocido por la NNUU desde 2010, y la energía es
un derecho reconocido por la Declaración de derechos emergentes. Así pues, el acceso garantizado al agua y a la energía es una condición indispensable para una vida digna y forma parte del contenido esencial del derecho a una vivienda adecuada.

En febrero, el Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó que el Estado español había vulnerado la Carta Social Europea al no garantizar un acceso «estable, constante y seguro a una energía adecuada». Asimismo, la Directiva (UE) 2024/1711 del mercado eléctrico obliga a los Estados miembros a proteger a los consumidores vulnerables frente a las desconexiones. Con la caída de este Real decreto-ley, el Estado español vuelve a situarse en una posición de incumplimiento de estos marcos normativos internacionales y europeos, además de ignorar el impacto social de una medida cuya necesidad ha sido reiteradamente exigida.

ReDE exige la adopción inmediata de medidas legislativas estructurales, como son la automatización del bono social y la simplificación de sus trámites, la aplicación del principio de precaución frente a los cortes del suministro en caso de impago a todos los hogares vulnerables, no sólo a los receptores del bono social, y la implementación de una tarifa social.

Miembros de la Red por el derecho a la energía (ReDE):
Unión Renovables, Aeioluz, Alianza contra la Pobreza Energética, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Coalición por la Energía Comunitaria, ECODES, Ecologistas en Acción, Ecoserveis, Energía Bonita, Enginyeria Sense Fronteres, Intiam Ruai, La Palma Renovable, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Socaire, Torreblanca Ilumina, Xarxa per la sobirania energètica.