La apuesta sindical por Europa

Una siente cierta sensación de disonancia temporal cuando reflexiona sobre los principales desafíos que enfrenta actualmente la Unión Europea y en cómo ser capaces de abordarlos. Pasado y presente parecen converger cuando hablamos de Europa. Llevamos años analizando los males que afectan a un proyecto supranacional único como el europeo.

Un proyecto en el que creemos firmemente pero que nunca acaba de superar los inconvenientes que encuentra en el camino a su consolidación. Siempre –ayer y hoy– parece que la situación es tan grave que no será superable y, de forma recurrente, utilizamos conceptos como Europa en la encrucijada, el incierto futuro de Europa o el fallido proyecto de integración europea.

Las Comisiones Obreras hemos sido siempre convencidas europeístas y el movimiento sindical europeo, representado por la Confederación Europea de Sindicatos, ha luchado desde sus inicios por el fortalecimiento de la Unión Europea y por un proyecto europeo con reforzado acervo social.

Pero también fuimos los sindicatos quienes apoyamos y celebramos lo que acabó siendo –tristemente– solo un espejismo, y no un auténtico giro social, de la Comisión Europea con la inyección de fondos comunitarios a los estados para la recuperación postpandémica que permitió un crecimiento económico y una recuperación del empleo efectiva.

Pero no podemos obviar que la UE, desde su creación, ha debido hacer frente a importantes obstáculos para su consolidación. Algunos, de carácter interno, como la delicada cesión de soberanía por parte de los Estados miembros o el alejamiento de la ciudadanía. Otros, de carácter externo, especialmente relacionados con crisis sanitarias o económicas, como la más reciente que tiene que ver con el aumento del nivel de precios derivado del aumento del coste de la energía para gran parte de los estados de la UE, consecuencia del fin del acceso al gas ruso barato que la guerra en Ucrania ha ocasionado.

Pero también es cierto, y sin ánimo de ser agorera, que la situación actual que vivimos es la más crítica que ha atravesado la UE desde su fundación. Un mundo en convulso cambio donde la centralidad de la Unión Europea en el orden mundial se tambalea y donde surgen múltiples desafíos que pueden marcar definitivamente el rumbo de la Unión en los próximos años, si no se establecen estrategias claras para atajarlos. Las tensiones geopolíticas se ven acrecentadas por conflictos armados convencionales, incluso en la propia Europa con la guerra en Ucrania, pero también por guerras no convencionales y por la amenaza de nuevos conflictos.

La crisis climática, las incertezas en torno a las transformaciones tecnológicas y las transiciones demográfica, digital y ecológica aumentan la sensación de vulnerabilidad que la pandemia nos dejó. Y, sin perder de vista el avance de la extrema derecha global y en los Estados miembros de la UE y sus instituciones. Parecería que los augurios del pasado sobre un fatídico futuro de Europa pueden cumplirse ante los desafíos del nuevo escenario mundial.

La singularidad que supone Europa, como el mayor mercado común del mundo, con la capacidad de influencia política y económica global que suponen sus 27 Estados miembros, sus casi 450 millones de habitantes, un PIB conjunto de 17 billones de euros… pero especialmente por los valores que representa: democracia, igualdad, estado de derecho, libertad, dignidad humana, derechos humanos, pluralismo, tolerancia, solidaridad… está siendo torpedeada de forma clara por la Administración estadounidense. La irrupción de Donald Trump de nuevo en el escenario global, su voluntad de reescribir el orden mundial saltándose para ello cualquier norma internacional o institución multilateral que ponga trabas a sus objetivos, su agresiva política comercial para vencer a China o su complicidad con la deriva belicista de Putin, ponen en jaque a la UE.

Pero la Unión Europea también se ve amenazada por el avance de fuerzas de la extrema derecha, hostiles al proyecto europeo y que pretenden sabotearlo desde el exterior, pero también desde dentro. Tanto desde los Estados miembros donde gobiernan como desde el Parlamento Europeo, donde ya ocupan el 25% de los escaños, y mediante la presión que ejercen en el resto de las instituciones europeas, especialmente en la Comisión Europea, que claramente se ha derechizado en su composición y en posiciones cada vez más cercanas a los postulados de la extrema derecha.

El reciente paquete de medidas Ómnibus de la Comisión Europea va a suponer el desmantelamiento de avances medioambientales y sociales bajo el pretexto de la competitividad, al tiempo que favorece la desregularización y el dumping social. Todo ello puede socavar, aún más, la confianza en las instituciones europeas de la ciudadanía y frenar la tan necesaria transición ecológica.

La política exterior de la UE es desastrosa a nuestro entender, y hay numerosas muestras, como su indecente forma de ponerse de lado ante el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo palestino o la decisión de no suspender de forma inmediata el acuerdo de asociación UE-Israel ante la violación sistemática de derechos humanos por parte de Israel. Por no hablar de la infausta política migratoria europea que representa el Pacto Europeo de Migración y Asilo que, lejos de avanzar en una política común europea en materia migratoria basada en los derechos y la dignidad de las personas migrantes, se centra en la protección de fronteras, la externalización del control de los flujos migratorios, las medidas de expulsión y una política cada vez más restrictiva de protección internacional.

Por último, no pueden desdeñarse algunas otras cuestiones que afectan a la UE como son el estancamiento económico, la inflación, la crisis de la industria europea y la guerra comercial impuesta por los EE. UU. O las brechas salariales entre mujeres y hombres que persisten en la Unión a pesar de la Directiva de transparencia salarial y la ingente lucha del movimiento sindical y los movimientos feministas por lograr la plena igualdad, también en el trabajo. Pero también el dumping salarial que sigue existiendo entre estados. Y, por supuesto, los desequilibrios que podría suponer la incorporación de nuevos estados a la UE. La intención de formar parte de la UE se ve potenciada por la situación geopolítica actual, pero la forma en que se aborda esta ampliación y las condiciones impuestas a los candidatos pueden suponer nuevos retos para la Unión.

Y ante estos retos, ¿qué planteamos sindicalmente para enfrentarlos?

Empezando por el final, Europa continúa siendo una región donde prevalecen importantes desigualdades sociales, algunas de ellas se pueden atribuir a diferencias salariales. Actualmente la relación salarial entre las personas trabajadoras de países del Este y del Oeste de Europa es de 1:4. La ampliación de la UE hacia países del Este debería suponer la ampliación de la Europa social con una convergencia ascendente o, lo que es lo mismo, que todos los estados mejoren sus resultados al tiempo que reducen la brecha entre ellos. La ampliación debería llevar a la reducción de desigualdades entre estados y a dotar de mayor estabilidad y cohesión a la UE.

No se trata únicamente de expandir fronteras, sino de extender la justicia, la dignidad y la democracia a todas las personas trabajadoras y mejorar sus derechos: trabajo digno, salarios justos, condiciones laborales adecuadas, libertad sindical, negociación colectiva, diálogo social y protección social. Es decir, garantizar mejoras reales en sus vidas. Desde el sindicalismo europeo exigimos un cambio de paradigma en la ampliación de la UE, que exista convergencia real y no solo política; que ningún trabajador o trabajadora –especialmente del Este– se quede atrás y que la UE deje de ser una promesa para ser una garantía de derechos.

En cuanto a las líneas de actuación para garantizar la competitividad económica y comercial, sin duda Europa tiene que reforzar sus capacidades, tanto a nivel industrial como energético. Para ello es necesario un plan común de inversión, un fondo europeo capaz de posibilitar la autonomía estratégica de la EU ante los cambios geopolíticos que enfrenta. Pero la autonomía estratégica es mucho más que política de seguridad y ésta, mucho más que rearme.

Autonomía estratégica significa diseñar una estrategia industrial global a largo plazo. Hace necesarios acuerdos para la provisión de materias primas estratégicas. Conlleva una transición energética que reduzca la dependencia exterior de la Unión y que haga realidad el Pacto Verde industrial europeo. Supone realizar un mayor esfuerzo en investigación e innovación digital. En el plano social significa reducir desigualdades –que las hay e importantes entre Estados miembros– y también protección social, especialmente al desempleo. Pero también supone reforzar el Pilar Europeo de Derechos Sociales, solo así será posible recuperar la confianza de la ciudadanía. Pretender que el miedo y la inseguridad generen cohesión es un error.

La Comunidad Económica Europea nació en 1957 con el objetivo de “preservar la paz y la libertad”, ese principio debe prevalecer y la UE debe poner los medios para alejar la guerra y lograr la paz. La UE no puede seguir eludiendo su responsabilidad como defensora de la paz global y duradera, con respeto al multilateralismo y el derecho internacional. Por lo tanto, debe utilizar su capacidad de influencia política y económica global para proponer estrategias para el restablecimiento de la paz y la convivencia en todos aquellos conflictos que asolan el mundo.

A nivel de política exterior, de seguridad y de defensa comunes la Unión también debe ser capaz de tener autonomía en sus posiciones geoestratégicas. La autodeterminación de la UE no puede consistir en la política errática de rearme decidida por la Comisión Europea que condiciona ingentes presupuestos comunitarios –que serán detraídos de otras partidas, especialmente sociales– y que, parafraseando al secretario general de CCOO Unai Sordo, “suena más a un impulso económico con ecos de keynesianismo bélico, que a una respuesta adecuada al problema de seguridad y defensa que tiene la UE”.

No se escapa, por un lado, que Alemania, que está sufriendo un importante declive de su industria, especialmente de la automoción y la maquinaria, consecuencia del incremento del coste energético que supone no acceder al gas ruso barato, pero también por una transición digital deficiente, por la falta de personal cualificado y la competencia internacional que suponen China y EE. UU., tenga un evidente interés en la inversión mancomunada para la adquisición de armas que, en gran parte, producirá la industria germana.

Además, el plan de rearme ante una amenaza de guerra convencional con Rusia no responde al desafío real, renuncia a poner las bases para una política de seguridad y defensa comunes en la UE y a una definición amplia de seguridad que debería tener también implicaciones civiles como la ciberseguridad, el suministro y las infraestructuras energéticas y la seguridad de las cadenas de suministro.

La gobernanza europea también tiene que modificarse. Deben superarse determinadas constricciones de sus reglas. Así, la norma de la unanimidad que rige para decisiones que se toman en el Consejo de la UE en materia de política exterior, fiscalidad, nuevos estados o el marco de financiación plurianual, entre otros, así como el derecho a veto de los estados, deben modificarse para racionalizar y democratizar el funcionamiento de las instituciones europeas y evitar que decisiones fundamentales para la ciudadanía europea no vean la luz por el rechazo de un estado, a pesar de que una inmensa mayoría pueda estar de acuerdo. A pesar de la dificultad para reformar los tratados de la UE, deben impulsarse escenarios de cooperación reforzada, es decir, las acciones conjuntas promovidas por un grupo de, al menos, nueve estados sobre determinados asuntos cuando no ha sido posible un acuerdo de toda la UE en un tiempo razonable.

La fiscalidad en la UE continúa siendo un problema que limita la capacidad de respuesta ante retos globales. Defendemos la idea de que el Pacto de Estabilidad debería suspenderse para permitir inversiones sociales y ecológicas. Así mismo, y a pesar de que la política fiscal es competencia nacional de los Estados miembros, la UE no puede permitir que siga habiendo competencia entre sistemas fiscales dentro de la Unión y menos aún que existan refugios fiscales en la UE.

Otro elemento necesario para legitimar el proyecto europeo y para, al mismo tiempo, reducir desigualdades e injusticias sociales y laborales es consolidar la condicionalidad social, es decir, la garantía de que todos los fondos públicos se otorguen a condición de que se respeten los derechos sindicales, existan condiciones laborales dignas, se asegure la negociación colectiva y la equidad salarial y la no discriminación por cualquier causa. Esta exigencia debe ser de aplicación también en todo lo referido a inversión en defensa.

Desde el sindicalismo europeo denunciamos y exigimos que no se apliquen las medidas el paquete Ómnibus de la Comisión Europea en lo que respecta a la simplificación de la Directiva (UE) 2022/2464 sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), que excluye al 80% de las empresas de la obligación de presentar informes de sostenibilidad, así como la reforma de la Directiva (UE) 2024/1760 de diligencia debida, que limita obligaciones a socios comerciales directos y reduce la frecuencia de supervisión.

Ambas medidas supondrían, de facto, un retroceso sobre lo que disponen las Directivas aprobadas en el Parlamento Europeo y un evidente efecto negativo sobre la debida diligencia empresarial respecto de sus actuaciones a lo largo de todas sus cadenas de producción, distribución y/o valor en materia de derechos humanos y medioambientales. Así mismo, la desregularización que conllevará la aplicación de algunas de las medidas del paquete Ómnibus supondrá la pérdida de derechos laborales y sociales, un elemento añadido para el desafecto ciudadano con la UE.

Por último, y en relación a la Directiva (UE) 2022/2041 sobre salarios mínimos adecuados, consideramos que la demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que presentaron conjuntamente Dinamarca y Suecia para anularla con el argumento que la UE no tiene competencias legales para regular la remuneración de los trabajadores y que interfiere con los sistemas nacionales de negociación colectiva, especialmente en países nórdicos donde no existe salario mínimo legal, así como que debería haberse aprobado bajo la norma de unanimidad por la temática que aborda, es totalmente injustificable. Por una parte, se trata de una norma comunitaria vital para evitar la competencia desleal basada en salarios bajos (dumping social) dentro de la UE, además de estar perfectamente alineada con lo que determina la Carta Social Europea y el papel de la UE para garantizar condiciones laborales dignas.

Anular la Directiva supondría condenar a millones de trabajadores europeos a seguir trabajando en situación precaria en países donde la negociación colectiva está legalmente limitada o donde su ejercicio está condicionado a la voluntad de la parte empresarial –con la connivencia del propio Estado–, que se seguirá viendo favorecida en su afán de lograr la competitividad de sus empresas a través de bajos costos de producción que recaen en salarios indignos para sus empleados. La UE debe preservar su valor como garante de condiciones de trabajo y de vida digna de sus ciudadanos.

El sindicalismo apuesta por más Europa. Por una UE que siga siendo un actor global y un firme impulsor de la justicia social, la paz, la solidaridad y los derechos humanos en el mundo. Denunciamos el enfoque de la Comisión Europea y numerosos Estados miembros sobre la “fortaleza europea”, donde las libertades personales y los derechos colectivos peligran, donde las fronteras se cierran herméticamente y las políticas migratorias ignoran los derechos humanos.

El momento para avanzar es ahora, nos jugamos demasiado, el sindicalismo europeo seguirá defendiendo los valores fundacionales de la Unión porque no existe futuro para Europa sin justicia social.

Fuente: Dossier Economistas sin fronteras