Una investigación realizada por Grupo Cooperativo Tangente con la colaboración de la FRAVM (Federación Reagional de Asociaciones Vecinales de Madrid) y con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso.

¿Cómo y bajo qué condiciones construimos resiliencia ciudadana para generar respuestas ágiles y solidarias ante una crisis de gran magnitud? ¿Qué aprendizajes podemos extraer para futuras situaciones de excepcionalidad en el marco de la crisis socio-ecológica y la emergencia climática actual?

Estas han sido las preguntas de partida de la investigación, a las que hemos ido dando respuesta con la colaboración de cien iniciativas de nueve comunidades autónomas (Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Aragón, País Vasco, La Rioja, Galicia, Valencia y Comunidad de Madrid), con un peso más grande de representación de iniciativas madrileñas gracias a la colaboración de la FRAVM.

En las más de cien experiencias analizadas, las mujeres tuvieron una participación protagónica y el papel de la juventud resultó esencial. Casi el 90% de las redes funcionaron únicamente con fondos propios, gracias a donaciones de particulares y sin apoyo público, lo que no impidió que desplegaran una actividad de gigante. En mayo de 2020, cuando vivían su momento álgido, 76 iniciativas vecinales de la Comunidad de Madrid ayudaban con alimentos a unas 15.000 familias y 52.000 personas (46.000 de ellas en la capital), según datos de la FRAVM.

El objetivo del estudio es poner en valor y aprovechar los aprendizajes de la experiencia protagonizada por las redes de ayuda mutua surgidas durante la pandemia. Un ejercicio de memoria y balance de lo acontecido, donde se extraen pautas y patrones organizativos de éxito, se identifican prototipos replicables, se reconocen obstáculos, y se analizan las claves que permiten aumentar la resiliencia social ante las catástrofes. Una forma de anticiparnos e inspirar alternativas ante un futuro donde las situaciones excepcionales derivadas de la crisis ecosocial van a volverse recurrentes.

Las conclusiones de la investigación revelan cómo, ante la catástrofe, aparecen el altruismo y la empatía, se dan inesperados liderazgos anónimos y se reinventan sofisticados mecanismos de ayuda mutua. Como sabemos, la acción solidaria ante la Covid19 se materializó en múltiples formas: despensas de alimentos, ayuda a personas mayores, coordinación y derivación a servicios sociales, apoyo en trámites administrativos, canalización de donaciones de empresas, donación y préstamos de dispositivos tecnológicos, fabricación de mascarillas y EPIs, grupos de apoyo emocional o acompañamiento escolar, entre otros.

Fuente: Grupo Tangente

La RIPESS lanza su nueva publicación “El trabajo y la resiliencia de las iniciativas locales de Economía Social Solidaria de la RIPESS en el contexto de Covid-19” , resultado de un trabajo colectivo que presenta algunas de las iniciativas locales y regionales implementadas en los distintos continentes que han participado en el proyecto ACCD como la sistematización de experiencias locales, mapeos cursos de capacitación, etc. Nuestras raíces son locales y nuestro impacto es global.

En esta publicación se presentan entre otras buenas prácticas, la Guía elaborada desde REAS Red de Redes de Iniciativas de Economía Solidaria frente al COVID-19, una “nueva herramienta colaborativa fruto de esta forma de entender las relaciones económicas, sociales y personales que muestran una gran diversidad de iniciativas en muchos sectores como el ambiental, el consumo, los cuidados, el cultural, la educación, las finanzas, la defensa jurídica, el ámbito laboral o la producción”

Se puede leer AQUÍ y descargarlo AQUÍ.

Este documento ha sido elaborado en el marco del proyecto “Incidencia para la promoción de la ESS como estrategia para alcanzar el desarrollo sostenible (ODS) en el contexto post-Covid-19”, financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

El próximo 23 de marzo presentamos en Ateneo La Maliciosa el estudio “Solidaridades de proximidad. Ayuda mutua y cuidados ante la Covid19”, una investigación que hemos realizado desde Grupo Cooperativo Tangente con la colaboración de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso.

El objetivo del estudio es poner en valor y aprovechar los aprendizajes de la experiencia protagonizada por las redes de ayuda mutua surgidas durante la pandemia. Un ejercicio de memoria y balance de lo acontecido, donde se extraen pautas y patrones organizativos de éxito, se identifican prototipos replicables, se reconocen obstáculos y fragilidades, y se analizan las claves que permiten aumentar la resiliencia social ante las catástrofes. Una forma de anticiparnos a nuevas situaciones de excepcionalidad e inspirar alternativas ante un futuro donde las situaciones excepcionales derivadas de la crisis ecosocial van a volverse recurrentes.

Las conclusiones de la investigación revelan cómo, ante la catástrofe, aparecen el altruismo y la empatía, se dan inesperados liderazgos anónimos y se reinventan sofisticados mecanismos de ayuda mutua. Uno de los aspectos a destacar es que la acción solidaria se materializó en múltiples formas: despensas de alimentos, ayuda a personas mayores, coordinación y derivación a servicios sociales, apoyo en trámites administrativos, donación y préstamos de dispositivos tecnológicos, fabricación de mascarillas y EPIs, grupos de apoyo emocional, entre muchos otros.

El estudio se ha elaborado con la participación cien iniciativas de nueve comunidades autónomas (Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Aragón, País Vasco, La Rioja, Galicia, Valencia y Comunidad de Madrid), con un peso más grande de representación de iniciativas en la Comunidad de Madrid gracias a la colaboración de la FRAVM.

El acto de presentación de “Solidaridades de proximidad. Ayuda mutua y cuidados ante la Covid19” será el próximo miércoles 23 de marzo, a las 18:00, en el Ateneo La Maliciosa (calle de las Peñuelas, 12, Madrid), con entrada libre hasta completar aforo. En la presentación participará el equipo de investigación de Tangente, el Presidente de la FRAVM, Quique Villalobos; y Nana Ziani, de la Fundación Daniel y Nina Carasso. Asimismo, se contará con la participación en fila cero de la Mesa contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán, la Red de Cuidados de Moratalaz y la Red de Cuidados de Villaverde Bajo.

LA COVID-19: EFECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS Y POLÍTICAS DE RESPUESTA
Por Jordi Roca Jusmet (Universidad de Barcelona), coordinador del número.

La COVID-19 ha tenido efectos globales tan disruptivos desde el punto de vista social y económico que se justifica la publicación de este nuevo dossier de Economistas sin Fronteras. La pandemia ha incidido sobre tendencias, debates y propuestas políticas que en muchos casos ya estaban presentes, pero que se aceleran  o adquieren nuevas dimensiones.

Uno de los temas que ha originado más debates en las últimas décadas es el de los efectos de la globalización, con preocupaciones tales como sus efectos sobre las capacidades de decidir políticas nacionalmente, las desigualdades sociales, las inestabilidades financieras o el «intercambio ecológico desigual» que muchas veces comporta que países consumidores desplazan a otros lugares los impactos ecológicos de sus estilos de vida. La pandemia ha evidenciado la fragilidad de una excesiva dependencia hacia complejas cadenas de valor internacionales, en las que la paralización de una actividad en un determinado lugar tiene efectos globales o el exceso de demanda de un producto respecto a la capacidad de producción puede producir reacciones de limitar las exportaciones. Son ejemplos que países tecnológicamente avanzados y de historia industrial textil se vean incapaces de atender la demanda de productos como las mascarillas o que las plantas automovilísticas tengan que parar su producción ante la falta de determinados componentes.

El artículo «Globalización después de la pandemia», de Juan Tugores, recuerda cómo, ya antes de la COVID-19, había síntomas de una cierta «desglobalización», después de la crisis financiera del 2008, y aires de «guerra comercial» entre las dos mayores economías del mundo, adoptando medidas proteccionistas. Este moderado cambio de tendencia se veía con preocupación por algunas organizaciones internacionales, pero también algunos celebraban el final de una «hiperglobalización» que habría ido demasiado lejos. Tugores señala cómo, sin embargo, han adquirido mayor relevancia problemas que requieren una gestión global para preservar determinados «bienes públicos globales», como son la salud frente a la actual y futuras pandemias o la estabilidad climática. Para el autor, el futuro –como siempre– está abierto, y depende de las respuestas políticas que se desencadenen enfrentamientos insensatos o que domine una razonable gobernanza global de los importantes retos a los que se enfrenta la humanidad.

La respuesta a la crisis económica actual en Europa ha sido muy diferente a la de la anterior crisis financiera, en la que, tras un corto período de desconcierto, dominaron claramente las políticas de austeridad. Una consecuencia de estas políticas ha sido que en muchos países las necesidades sanitarias acrecentadas por la COVID-19 se han dado en el marco de sistemas sanitarios ya fuertemente tensionados, tras años de recortes presupuestarios.

La COVID-19 aparece en un contexto en el que tanto en EEUU como en la Unión Europea había adquirido ascendencia la necesidad de un Green New Deal (GND). El término ya estaba en circulación pública como mínimo en 2007 (en un artículo publicado  por Thomas Friedman en el New York Times)¹ y fue asumido por el ala más a la izquierda del Partido Demócrata de EEUU (Alexandria Ocasio-Cortez y también Bernie Sanders) y por activistas como la canadiense Naomi Klein². En esta versión, el término planteaba una política de inversión masiva en la transición ecológica y de reducción de las desigualdades sociales. Con la victoria de Joe Biden frente a Donald Trump se abrió la posibilidad de avanzar decididamente en esta dirección, aunque hasta el momento el avance parece haber sido muy modesto, en gran parte por las dificultades de aceptación de los sectores más derechistas del propio Partido Demócrata.

Por lo que se refiere a Europa, el GND o Pacto Verde Europeo forma parte central de la política actual desde el nombramiento de Ursula von der Leyden como presidenta de la Comisión a finales del 2019, y se entiende básicamente como «una nueva estrategia de crecimiento».³ Esta política se ha reforzado ante la crisis de la COVID-19, de forma que las inversiones necesarias con apoyo público de la UE para salir de la crisis económica se plantean en el marco de la búsqueda de transiciones hacia la sostenibilidad. Ello se ha concretado en que gran parte de los fondos europeos destinados a paliar la crisis (por primera vez se ha acudido a emitir deuda a nivel comunitario para financiar estos fondos, una medida hasta ahora bloqueada totalmente)⁴ vayan destinados a las transiciones energética y digital. Se suele suponer que ambas transiciones son complementarias y que forman parte de un paquete de medidas hacia la sostenibilidad. Esto es problemático, puesto que la digitalización ciertamente tiene aspectos que son aplicables a optimizar el consumo energético, pero genera por sí misma importantes demandas energéticas para  procesar la información y de materiales para producir dispositivos.

Son los enormes requerimientos de materiales ligados a las energías renovables y a las tecnologías digitales los que se analizan en el artículo de Alicia Valero, Antonio Valero y Guiomar Calvo; requerimientos que se ejemplifican figuradamente con la frase de que el coche eléctrico es «una mina con ruedas». Los materiales de estas nuevas tecnologías son materiales críticos, escasos, muchas veces extraídos de pocos lugares y de muy difícil reciclaje⁵, entre los que se encuentran el cobre, el litio, el cobalto y muchas «tierras raras», de las que la mayoría de gente ni conoce sus nombres. La enorme extracción de estos materiales que podemos prever en el futuro ha generado preocupación incluso para organismos tan generalmente optimistas como la Agencia Internacional de la Energía o el Banco Mundial.⁶ Con la electrificación –y con la obtención de hidrógeno llamado «verde»–, nos encontraremos con necesidades extractivas crecientes de materiales, lo que sin duda generará muchos conflictos ambientales en lugares situados muchas veces a miles de kilómetros de los centros principales de consumo (sean conflictos en el Congo, en Chile o en Bolivia). Esta es una de las  razones para plantear que el camino hacia la sostenibilidad exige no solo cambios técnicos, sino también profundos cambios en los estilos de vida.

La necesidad de cambios en todas las formas de producción y de consumo es la que Emilio Santiago Muiño defiende en su artículo sobre el GND como «nuevo paradigma». A la luz de la intervención masiva del Estado, prácticamente no cuestionada por las élites dominantes, puede verse el contraste entre el nuevo paradigma y el «zombie neoliberal», pero prudentemente el autor nos recuerda que el resultado de los conflictos entre paradigmas depende de «la política». Incluso en el estallido de la pandemia, la opción de «parar la economía» –que ahora vemos como inevitable– no estaba determinada, y políticos como Bolsonaro, Trump o Boris Johnson apuntaban a una especie de «darwinismo social», y aún hoy hay fuertes reacciones en muchos países contra la idea de limitar las «libertades» en aras del bien común. Como argumenta el autor, y como ya se ha planteado en esta presentación, el GND es un término de moda del que hay diferentes versiones. Y hay fuertes obstáculos para que prospere la versión más transformadora del GND, entre ellos la persistencia, también entre muchas de las izquierdas, de la idea del crecimiento económico perpetuo.

En su contribución, Ernest Urtasun describe con precisión la evolución de la política de Green Deal durante la primera mitad de la actual legislatura europea, tras las elecciones de 2019. Destaca cómo –en relación a la anterior legislatura– la ley de cambio climático y el paquete de medidas Fitfor55 supusieron un giro importante en la buena dirección, pero los calendarios de los objetivos y las medidas se consideran demasiado lentos ante el enorme reto del objetivo de no superar el grado y medio de cambio de temperatura respecto a la época preindustrial. Dada la necesidad de dejar la mayor parte de los combustibles fósiles bajo tierra, la prohibición de no dedicar ningún dinero público a apoyar estos combustibles debería ser mucho más clara. Señala también cómo hay un terreno –el de la política agraria común, al cual se dedica gran parte del presupuesto comunitario– que sigue siendo un «agujero» del Green Deal, al casi no contemplar condicionantes ambientales a los pagos por superficie. Por lo que se refiere al uso de los fondos Next Generation, hay dos principios muy interesantes: dedicar un gasto directo del 37% a acciones climáticas y que el conjunto de las inversiones respete el criterio Do not significantly harm respecto a los objetivos climáticos. Está por ver en qué medida se respetarán estos principios.

En el artículo se plantea que también están por ver diversas cuestiones extremadamente importantes en términos sociales y para poder mantener inversiones hacia la descarbonización. La primera es cuándo y hasta qué punto se volverán a activar las reglas fiscales de estabilidad europea ahora suspendidas. Y aquí se apuntan dos posibles reformas. Una es la de establecer condiciones específicas para cada país, teniendo en cuenta sus circunstancias, y otra es que determinadas inversiones esenciales para la transición ecológica no computen al contabilizar los límites de déficit. Además, para avanzar en una política monetaria «verde», el Banco Central Europeo debería dejar de lado el principio de «neutralidad de mercado», para privilegiar determinadas líneas de financiación y dejar de comprar activos ligados al carbono.

Por último, el bloque de artículos sobre el GND se completa con la contribución de Iker Etxano sobre el caso vasco. En él se analiza la hoja de ruta presentada por el Gobierno Vasco en mayo del 2021 y se concluye, de forma crítica, que el objetivo principal de dicha hoja de ruta no es tanto la transición ecológica, sino convertir de nuevo el sector industrial en el motor de la economía vasca. A modo de ejemplo, se cuestiona la gran apuesta por el coche eléctrico y el olvido de la «excesiva movilidad».

La COVID-19 ha tenido efectos globales, pero sus impactos en diferentes sociedades han dependido no solo de la intensidad con que ha golpeado la pandemia, sino también de las estructuras productivas y laborales y de las políticas aplicadas. Albert Recio analiza el impacto laboral en España que genera la crisis de la COVID-19, una crisis muy diferente de las crisis capitalistas anteriores, ya que se trata de una crisis generada por una decisión política de paralizar gran parte de las actividades económicas, las «no esenciales».⁷ Desde el punto de vista del empleo, la gran diferencia entre esta y anteriores crisis es que las variaciones en la población ocupada resultan ser mucho menores que las variaciones del PIB: entre el último trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, la disminución de la ocupación (del 6,8 %) fue muy inferior a la del PIB (una caída de más del 13%).⁸ Este comportamiento inusual se explica sobre todo por la principal medida que adoptó el gobierno español en el terreno laboral: los expedientes de regulación temporal de empleo, ya utilizados en Alemania en la anterior crisis y que permiten conservar el empleo y los derechos laborales mientras dura la suspensión temporal del trabajo (aunque sí suponen perder parte del salario durante este período). El artículo analiza también el impacto en el desempleo según género y por sectores, siendo los trabajadores y trabajadoras de los sectores más caracterizados por el empleo temporal –como la hostelería– los más afectados.

Una región especialmente castigada por la COVID-19 ha sido América Latina, siendo Perú el país del mundo con el mayor número de muertes acumuladas registradas en relación a la población, y Brasil, el de mayor peso demográfico de AL, se sitúa como décimo país en esta estadística.⁹ El artículo de Ángeles Sánchez Díez se centra en el impacto económico de la COVID-19 en esta región, que en conjunto vio disminuir el PIB en términos reales en un 7 %, agudizando una situación de partida ya problemática. Factores como el elevado peso del trabajo informal han hecho que la precariedad y la pobreza aumentasen de forma alarmante. Los efectos no sólo serán coyunturales, se señala, sino que en muchos casos se arrastrarán de por vida; así, en el caso de la educación, y teniendo en cuenta la gran brecha digital, el cierre de las escuelas durante más de un año en la mayoría de países tendrá profundas consecuencias en la ampliación de las desigualdades sociales de los que ahora son niños y niñas.

Una de las tendencias que la pandemia aceleró, produciéndose en unas semanas un salto que en condiciones normales hubiese requerido años, es la del aumento del teletrabajo. Este es el tema que aborda en su artículo Paula Rodríguez Modroño, analizando la cuestión desde la perspectiva de las desigualdades de género que esta forma de trabajo comporta. Comparando la situación a mitad de 2020 respecto a la del año 2019, en España el teletrabajo desde casa (al menos parcialmente) habría pasado de en torno al 8-9% y de forma bastante equilibrada según género, al 35% de mujeres y el 24% de hombres. No se espera que la situación vuelva a los niveles prepandémicos, sino que la fórmula híbrida de trabajo a distancia combinada con días de trabajo en las oficinas habrá ganado frecuencia de forma irreversible. En el artículo se abordan las ventajas potenciales del teletrabajo, pero también sus riesgos, especialmente para las mujeres, sobre las que recae el peso fundamental del trabajo de cuidados y de reproducción social.

Desde el punto vista global, la principal desigualdad que ha comportado la pandemia es el muy desigual acceso a las vacunas, un tema que despertó debate público sobre la posible liberación de las patentes, especialmente a raíz de unas declaraciones de Joe Biden en abril-mayo de 2021, idea que fue rechazada por otros países ricos, como Alemania (donde se desarrolló la vacuna más exitosa, BioNTech/Pfizer).¹⁰ El tema es polémico y la vacunación en determinados países se ve también muy complicada por problemas de distribución. En cualquier caso, el hecho es que, tal como ilustra el artículo de Félix Lobo, hay una gran diferencia entre los niveles de vacunación en diferentes países. Existe un agudo contraste entre los países de renta alta (aunque también Cuba), en los que la mayoría de la población está vacunada (y quienes no lo están es básicamente por un rechazo a vacunarse) y los países de menor renta, en los que (según datos de principios de diciembre de 2021) poco más del 8 % de la población estaría vacunada con al menos una dosis, con casos extremos como el de Nigeria, el gigante demográfico de África, en el que la vacunación llegaba a poco más del 3% de la población. Como señala el artículo, esta baja vacunación no solo plantea un problema moral. La pandemia es un «mal público» global, y en un mundo muy interconectado, la desigual vacunación se vuelve fácilmente en contra de los países ricos, como ha pasado con la extensión rápida de la variante ómicron desde Sudáfrica a Europa.

En el artículo se presenta una amplia información sobre lo que, como apunta el propio título, es un mercado oligopolístico dominado por un «club de productores de vacunas», un pequeño número de empresas multinacionales ubicadas principalmente en la UE y en EEUU y que concentran la producción y exportación de vacunas y sustancias y componentes necesarios para producirlas. Esta situación ha persistido durante muchos años, aunque recientemente destaca la entrada de fabricantes de países emergentes (especialmente Serum Institute, de India). Con la pandemia, es de señalar que tres de las cuatro mayores empresas en términos de cuota de mercado de vacunas no han tenido éxito en producir vacunas contra la COVID-19 y en cambio pequeñas empresas innovadoras, como Moderna o BioNTech, han tenido éxito.

En el dossier se encuentra también la recensión, de Jordi Roca Jusmet, coordinador de este dossier, sobre el libro de Andreas Malm titulado en su versión en castellano El murciélago y el capital. El libro aborda una cuestión casi totalmente dejada de lado en el resto del dossier: la de las causas socioeconómicas que favorecen la aparición de zoonosis (es decir, de transmisiones de patógenos directamente o a través de otra especie intermediaria desde otros animales a los humanos). Como se argumenta en dicho libro, la multitud de zoonosis que han afectado a los humanos en las últimas décadas no es ajena a la crisis ecológica, y muy en particular a la deforestación de las zonas tropicales. Lo que hacen las políticas actuales es mitigar sus efectos (sea con confinamientos, como se hacía hace siglos en Europa¹¹, o sea con vacunas). Como en otros dossieres, el volumen se cierra con la  sección de recuperación bibliográfica titulada «Para  saber más».

NOTAS

1. Friedman, T. L., «The power of green», The New York Times,15 de abril de 2007.
2. Klein, N., On fire. The Burning Case for a Gren New Deal, Penguin, 2020.
3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0640&from=ES
4. La ortodoxia sigue impidiendo, sin embargo, que incluso en el contexto de la crisis de la COVID-19, sea inviable la anulación de la deuda (o parte de ella) de los países de la UE en manos del Banco Central Europeo.
5. En términos prácticos, en nuestras economías extractivas la economía de materiales, lejos de poder llegar a la «circularidad», puede aspirar a ser una «economía en espiral», en la que a cada vuelta se hace irrecuperable un porcentaje de materiales que debe intentar minimizarse. El término «economía en espiral» es el que se propone en Valero, Antonio y Valero, Alicia, Thanatia. Los límites minerales del planeta, ed. Icaria, 2021. Fue Georgescu Roegen quien a principios de los 1970s advirtió que a largo plazo el problema de la dispersión entrópica de materiales podría ser mayor que el de disponibilidad de energía: «matter matters too», escribió.
6. World Bank Group, Minerals-for-Climate-Action-The-Mineral-Intensity-of-the-Clean-Energy-Transition.pdf (world-bank.org), 2020. IEA, The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions – Analysis – IEA, 2021
7. Término que, podemos pensar, entra en contradicción con la propia lógica del capitalismo, que se preocupa no de lo que es esencial o no, sino de cuáles son las demandas solventes: cuestiones esenciales que no van acompañadas por poder de compra no son atendidas y las cuestiones atendidas son aquellas por las que alguien está dispuesto a pagar, sean «necesarias» o sean lujos o caprichos.
8. Una caída nunca vista desde la Guerra Civil.
9. Ver Our World in data (Coronavirus (COVID-19) Deaths -Statistics and Research – Our World in Data, consultado el 15 de diciembre de 2021)
10. El País, 6 de mayo 2021 (España secunda la propuesta de Biden a favor de liberar las patentes de las vacunas | Sociedad |EL PAÍS elpais.com)

El COVID-19 ha tenido efectos devastadores para los actores de la ESS en África. Este es el caso de los miembros de la RAESS, que en su gran mayoría se han visto afectados. Algunos se han visto obligados a cambiar de sector de actividad para sobrevivir, mientras que otros no han tenido más remedio que cerrar sus puertas. Los más resistentes han visto caer su facturación, a veces en más del 80%. En este contexto intervino el proyecto ACCD, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2022. Diseñado con la RAESS, que cuenta con 25 redes de ESS en otros tantos países de África, el proyecto «Incidencia en la promoción de la ESS como estrategia para lograr el desarrollo sostenible (ODS) en el contexto posterior a COVID-19», benefició a la RIPESS y a la RIPESS-LAC, además de a la RAESS.

En África, el proyecto ha sido capaz de dar esperanza a los miembros de la RAESS, llegando a miles de empresas de ESS, a través de múltiples actividades de desarrollo de capacidades y de incidencia política para la inclusión de la ESS en los programas de recuperación posteriores al COVID-19, tanto a nivel nacional como internacional. Algunos de los resultados clave:

• La elaboración y difusión de un directorio de socios que apoyan la ESS en África ha ahorrado a nuestros miembros mucho tiempo en la búsqueda de oportunidades para reactivar sus actividades que se vieron afectadas o casi aniquiladas por los impactos de la enfermedad del coronavirus. Con él, los países miembros de la RAESS disponen de un repertorio de socios técnicos y financieros para financiar sus planes de recuperación.
• La capitalización y la difusión del diálogo de co-construcción, en el caso de la elaboración de la Política Nacional de Economía Social Solidaria de Malí, ha permitido ofrecer un ejemplo de enfoque de diálogo entre el gobierno y los gobernados para la implementación de un marco apropiado para el desarrollo de las empresas de ESS.
• La herramienta de formación sobre los ODS, desarrollada en formato Excel, permitió una rápida apropiación del contenido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de las empresas de ESS en África. La formación internacional que se impartió permitió intercambios fructíferos entre los actores del continente sobre cómo cada uno puede y debe contribuir a la consecución de los ODS en su empresa.
• La formación sobre resiliencia empresarial permitió al centenar de participantes a través de la RAESS identificar su vulnerabilidad como empresa y empezar a pensar en las estrategias a desarrollar para reforzar la resiliencia y elaborar un plan de desarrollo sostenible que tenga en cuenta los riesgos existentes en el entorno, incluido el COVID-19.
• El desarrollo y la provisión de una guía de resiliencia ha sido un acompañamiento continuo para los miembros de la RAESS en su búsqueda de resiliencia como empresa.
• La formación de mujeres y hombres jóvenes en el desarrollo de proyectos ha proporcionado a cada país personas de recursos capaces de apoyar a las empresas locales de ESS en el diseño de proyectos innovadores que satisfagan las necesidades de los actores de la ESS en los países.
• El plan de participación en los espacios de diálogo en África ha proporcionado a la RAESS una herramienta de incidencia estratégica que le ha permitido estar óptimamente preparada para participar en los distintos espacios de diálogo con los gobiernos centrales y locales y las instituciones subregionales y continentales.

La fuerte implicación de los representantes de la RAESS en las instancias de la RIPESS sobre las reflexiones estratégicas en materia de ESS en el mundo,  su participación en el diálogo con las instituciones de las Naciones Unidas, así como con otras instituciones internacionales, han permitido a la organización organizar varios espacios de diálogo y de co-construcción política en el espacio africano.

No menos importante, el proyecto ACCD/RIPESS ha contribuido, en este periodo extremadamente complicado, a reforzar no sólo la resistencia de las OESS, sino también la cohesión y la solidaridad entre los miembros de la RAESS, que han asumido una mayor apropiación de los objetivos estratégicos de la RIPESS, incluida la importancia de implicar a la cooperación internacional en la agenda de promoción de la ESS, a través de la defensa de las múltiples partes interesadas, incluida la actuación.

La RAESS, satisfecha con los resultados obtenidos por este proyecto piloto, felicita sinceramente a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo por esta asociación ejemplar y vital con la RIPESS. Sigue comprometida a colaborar con la RIPESS para consolidar sus logros mediante la puesta en marcha de un proyecto más estructurado.

Coordinación de este número: Jordi Roca Jusmet (Universidad de Barcelona)

ÍNDICE:

• Presentación: La COVID-19: Efectos sociales y económicos y políticas de respuesta, Jordi Roca Jusmet (Universidad de Barcelona)
• Globalización después de la pandemia, Juan Tugores Ques (Universidad de Barcelona)
• La encrucijada de los materiales críticos y la postpandemia, Alicia Valero, Antonio Valero y Guiomar Calvo (Instituto Universitario de Investigación Mixto CIRCE, Universidad de Zaragoza)
• Green New Deal y reconstrucción postpandemia: el bautismo de fuego de un nuevo paradigma socioeconómico, Emilio Santiago Muiño (Departamento de Antropología, CSIC)
• El Green Deal Europeo en el ecuador de la legislatura, Ernest Urtasun Domenech (Vicepresidente del Grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo)
• Green Deal a la vasca: ¿transición ecológica o vacuna anti-crisis?, Iker Etxano Gandariasbeitia (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea –UPV/EHU–)
• Crisis laboral en España: algunas evidencias, Albert Recio Andreu (Universidad Autónoma de Barcelona)
• El impacto de la COVID-19 en América Latina y los retos de futuro, Ángeles Sánchez Díez (Universidad Autónoma de Madrid)
• Transformaciones en las desigualdades de género en el trabajo en la era digital y pandémica, Paula Rodríguez Modroño (Universidad Pablo de Olavide)
• El club de productores de vacunas, Félix Lobo (Catedrático emérito de la Universidad Carlos III de Madrid y Funcas)
• El libro recomendado: El murciélago y el capital. Coronavirus, cambio climático y guerra social (Andreas Malm), Jordi Roca Jusmet (Universidad de Barcelona)
• Para saber más

Con respecto al tema de la pandemia COVID-19 algo que se valoró mucho fueron los hábitos alimenticios debido a la respuesta de nuestro organismo ante la pandemia en particular. Con ello la organización colectiva abrió el camino para estrategias de alternativas locales que surgieron para acercar productos de alta calidad alimenticia en contraposición de los que se manejan y ofrecen en las cadenas multinacionales.

Fortaleciendo así la forma de vida y trabajo que realizan los campesinos quienes con o sin pandemia mantuvieron sus producciones y también las aumentaron para abastecer a diferentes localidades.

La fuerza que tomó la economía solidaria, es una solución para dinamizar la economía local siendo una forma sustentable que permite mejorar nuestras relaciones sociales. Y se refiere a lo sustentable porque se le otorga a la naturaleza la importancia de su cuidado para seguir obteniendo las riquezas que nos proporciona. Con ello también se hace referencia a poner en práctica valores como reciprocidad, solidaridad, justicia, participación, diversidad entre otros que nos hacen reconocer a la humanidad en un ser social y no sólo como formas de producción.

Sin embargo, para que las estrategias de economía solidaria local se sigan manteniendo se deben realizar alianzas constantes, entre productores, consumidores, distribuidores, comercializadores, pero también los diferentes niveles de gobierno deben involucrarse y con ello asegurar la permanencia de estas estrategias locales.

Leer el artículo completo “De economía local en pandemia, post pandemia y lo que siga”en: El Topil 44.- Imaginar el mundo postpandemia

En septiembre de 2015 los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, constituida por 17 Objetivos que son un llamamiento urgente a la movilización de todos los países en una alianza mundial.

En este sentido la Economía Social Solidaria ofrece un marco central de referencia a la hora de implementar un desarrollo sostenible, y desempeña un papel fundamental en el diseño de políticas públicas para el desarrollo económico para el bienestar de todos.

La Economía Social Solidaria es sin duda una forma privilegiada para lograr el desarrollo sostenible, sabiendo que sus actores ya están activos en la mayoría de los sectores cubiertos por los ODS.

En esta línea, el nuevo Plan Estratégico 2021-2023 de RIPESS está orientado construir un modelo alternativo de desarrollo post-Covid centrado en la ESS. La RIPESS, gracias al impacto del trabajo desde lo local de sus miembros contribuye a la consecución de los ODS, en confluencia con otras redes y organizaciones mundiales, y con las instituciones de las Naciones Unidas.

En este documento mostramos algunas de las iniciativas locales basadas en prácticas comunitarias inclusivas, arraigadas en una comunidad y que fomentan la participación ciudadana, que los miembros de las redes de RIPESS están realizando para alcanzar los ODS a través de la ESS.

Nuestras raíces son locales y nuestro impacto es global.

El próximo viernes 26 de noviembre a las 18.30 se presentará el último Dossier de Economistas sin Fronteras “Europa, pandemia y crisis económica” en el que se reflexionará sobre la naturaleza de la crisis -económica, pero también social, ecológica e institucional- abierta por la pandemia y sobre las políticas que las instituciones comunitarias han arbitrado; políticas destinadas tanto a promover la reactivación de las economías como, sobre todo, a sentar las bases de una profunda transformación estructural de las mismas. Para ello se contará con cinco de las personas que han colaborado en el dossier.

• David Trillo del Pozo, Universidad Rey Juan Carlos e investigadora en el ICEI-UCM
• Erika González Briz, Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad)
• Judith Carreras García, Presidenta de la Fundación Viento Sur
• Fernando Luengo Escalonilla, Economista

Moderarán la sesión Lucía Vicent Valverde. Universidad Complutense de Madrid e investigadora en el ICEI-UCM y Freest J Saralegui Harries. Economistas sin Fronteras

Este coloquio podrá seguirse de forma online con la colaboración de la UNED de Tudela, o de forma presencial en la sala de juntas del ICEI-UCM (Ctra. de Húmera, 96E, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid).

Si quieres participar presencialmente inscríbete aquí ya que el aforo es limitado.

Si quieres verlo online inscríbete aquí

Este coloquio se realiza en colaboración con la UNED de Tudela, el Área de Investigación de Estructuras y Dinámicas Europeas del ICEI-UCM y el apoyo de la AECID.

La conferencia anual del Microfinance Centre tendrá lugar online a mediados de septiembre.

Este centro de microfinanzas es una red de finanzas sociales que promueve la justicia, la inclusión, la igualdad y el servicio responsable. Reúne a 113 organizaciones (incluidas 77 IMF) en 36 países de Europa, Asia Central y más allá, que juntas brindan servicios de microfinanzas responsables a casi 2,000,000 de clientes de bajos ingresos.

A mediados de este mes de julio, el Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo acordó la DECLARACIÓN DE CASCAIS. En ella, se vuelve a constatar una rotunda apuesta de los gobiernos europeos por el modelo empresarial de Economía Social, mediante el compromiso que se deriva de este documento para impulsar el modelo y al reconocimiento que hace de su contribución al Pilar Europeo de Derechos Sociales. A través de esta declaración, los gobiernos se comprometen a reforzar el compromiso con las orientaciones formuladas en las Declaraciones de Luxemburgo, Bratislava, Liubliana, Madrid, el Manifiesto “Pacto por el Impacto” de París, y en la Declaración de Toledo que fue suscrita por 18 Gobiernos de la UE el pasado año.

La Declaración de Cascais incluye una serie de principios y recomendaciones adoptadas por dichos Estados, los cuales reconocen, entre otros aspectos, la contribución de la Economía Social, en colaboración con el sector empresarial público y privado tradicional, a ofrecer respuestas más ágiles y de proximidad; a los efectos de la COVID- 19 en ámbitos “cruciales” de la actividad económica y en la acción social comunitaria; así como a la “aportación de soluciones innovadoras para una transición ecológica y digital justa, desempeñando un papel clave en el fortalecimiento de la industria y la resiliencia de Europa a través del emprendimiento colectivo”. Los gobiernos firmantes recomendarán a la UE y a los Estados miembros el refuerzo de la apuesta por las entidades de la Economía Social como instrumentos de resiliencia en el contexto de crisis económica y social provocada por la COVID-19, incluyéndolas en los Instrumentos de Financiación Europeos y en los Planes de Recuperación y Resiliencia nacionales.

Asimismo, se comprometen a mejorar el acceso a la financiación pública y privada de las entidades de Economía Social, teniendo en cuenta las especificidades de este modelo empresarial. En el plano público, la Declaración advierte de que “debería prestarse especial atención a la utilización de criterios sociales en la contratación pública”, así como al potencial de este modelo para “alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, entre otras cosas, mediante la inclusión de criterios pertinentes en la contratación pública”. En la esfera privada, el documento hace referencia a la importancia de desarrollar “intermediarios e inversores con capacidad para entender las necesidades particulares de estas entidades”.

Por otro lado, los países apoyarán el Plan de Acción Europeo para la Economía Social, el cual aprobará la Comisión Europea en el segundo semestre de 2021, con el objetivo de apoyar a las entidades de Economía Social y empresas sociales existentes, así como la creación de nuevas entidades, la innovación y la inversión social, y reforzar el papel de la Economía Social en el Pilar Europeo de Derechos Sociales y en el impulso de la Transición Verde y Digital.

En este sentido, los estados señalan que acogerán el ecosistema industrial “Proximidad, Economía Social y Seguridad Civil”, y reafirmarán el papel de las partes interesadas públicas y privadas, incluidos los interlocutores sociales, para crear conjuntamente la senda para la transición ecológica y digital.

El ‘Pacto de las Capacidades’ es otro de los puntos que incluye la Declaración, y es que los gobiernos firmantes reforzarán el compromiso con la creación de instrumentos destinados a la formación y potenciación de las entidades de la Economía Social, “mediante la participación de sus actores en el diseño y aplicación de la Agenda de Capacidades para Europa, en particular, a través del Pacto por las Capacidades”. De esta manera, reconocen el papel de la Economía Social en la integración de las personas en riesgo de exclusión social, así como la importancia de la innovación, el emprendimiento social y el voluntariado para dar respuestas adecuadas a los nuevos retos sociales.

También establecerán un Plan de Trabajo bianual del Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo en cooperación con la Sociedad Civil cuando sea necesario, con la finalidad de reforzar la cooperación entre los Estados miembros comprometidos con la promoción de la Economía Social. Asimismo, impulsarán el refuerzo de las redes regionales y locales de Economía Social invitando a los actores públicos de los diferentes niveles de gobernanza a hacerlo.

La Declaración de Cascais también hace mención a la educación, recomendando la estructuración, en el ámbito de la UE y mediante la movilización del programa Erasmus Plus, de una política coherente de educación para la Economía Social en los planes de estudio de todos los niveles educativos.

Los países también reconocen la importancia de la medición del impacto social de este modelo empresarial, para lo que reforzarán la promoción de la cooperación entre el mundo académico, los centros de investigación, los institutos de estadística y las entidades y empresas de la Economía Social para la creación, establecimiento y difusión de metodologías, redes de buenas prácticas y herramientas estadísticas, incluidas las cuentas satélites de la Economía Social, así como estudios e instrumentos.

La Declaración de CASCAIS completa está disponible en: https://www.cepes.es/documentacion/424

RIPESS coorganizó el evento «Superar las desigualdades a través de la recuperación de COVID-19: propuestas de la Economía Social y Solidaria y el Derecho a la Ciudad«, junto con la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y Urgenci, como evento oficial paralelo al Foro Político de Alto Nivel de la ONU.

El objetivo era demostrar algunas de las diversas posibilidades de la Economía Social y Solidaria para superar el aumento de las desigualdades que ha provocado Covid-19, y las vías resilientes hacia la recuperación en las ciudades y en términos de vínculos urbano-rurales.

Reunió a unos 70 participantes que representaban una amplia e importante diversidad de actores (gobiernos locales, regionales y nacionales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales, el mundo académico) que representaban un claro compromiso con el ODS17 y las asociaciones transversales. Los ponentes y las intervenciones de los asistentes también representaron a todos los continentes, excepto Oceanía.  Se centró en la presentación de ejemplos concretos de las posibilidades que presenta la Economía Social y Solidaria (ESS) para contribuir a la reducción de las desigualdades en diversos ámbitos, y de cómo han preservado y reconstruido comunidades a lo largo de la pandemia del COVID-19.

Esto es una clara ilustración del ODS1. En el debate se destacaron ejemplos concretos de múltiples ámbitos (trabajo informal, vivienda, producción y consumo de alimentos, servicios básicos y otros) desde una perspectiva solidaria y en el marco del avance de la implementación de la Agenda 2030.  Estos ejemplos ilustraron el ODS2, el ODS8 y el ODS11 de muchas maneras diferentes. El aspecto esencial era el hecho de que un círculo vicioso de pérdida de empleo informal y formal lleva a la pérdida de otros derechos humanos esenciales (derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la vivienda…) mientras que las cooperativas y colectivos de mujeres y otros colectivos comunitarios de diversa índole formalizan servicios esenciales que defienden estos derechos. Estos derechos también ponen de relieve la necesidad de protección de la Seguridad Social y de una red de seguridad alimentaria para todos, basada en mercados locales y territoriales sanos y nutritivos.  El papel de los gobiernos locales y de otros niveles es también clave para apoyar a los vulnerables.

El panel fue moderado por la coordinadora conjunta de RIPESS y presidenta de URGENCI, Judith Hitchman, y la lógica general de las intervenciones destacó la necesidad de un cambio de paradigma de los actuales modelos de desarrollo y crecimiento económico para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y avanzar hacia comunidades más justas, equitativas y sostenibles que respeten los derechos humanos.

Actualmente, la ESS está desempeñando un papel fundamental a la hora de abordar y mitigar los impactos a corto y largo plazo de la COVID-19 que pueden contribuir significativamente a dicho cambio de paradigma. A corto plazo, los actores de la ESS aportan soluciones colectivas que refuerzan los servicios públicos y complementan la acción gubernamental. A largo plazo, la ESS ofrece alternativas económicas, promueve modelos inclusivos y sostenibles y fortalece el acceso a muchos derechos humanos. Estos aspectos fueron reconocidos por el Secretario General de la ONU en su discurso ante la Comisión de Desarrollo Social de la ONU en febrero de 2021. Afirmó que «la Economía Social y Solidaria encarna otro modelo que busca un nuevo equilibrio entre la eficiencia económica y la resiliencia medioambiental».

Todos estos aspectos fueron claramente expuestos por Nelson Saule, coordinador conjunto de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, en su introducción al acto paralelo.

La primera ponente fue Sonia Díaz, de Women in Informal Employment: Globalizando y Organizando (WIEGO), que centró su intervención en las cooperativas como camino hacia la dignidad, revelando las acciones de WIEGO con los recicladores informales en Brasil. La COVID19 ha tenido un impacto devastador en la vida de los trabajadores informales, que pueden encontrar un camino hacia el trabajo decente y digno a través de las cooperativas. Los gobiernos deben garantizar que se aborden los problemas de los trabajadores informales, compartiendo información y herramientas de promoción, y abogando por políticas y planes que incluyan a los trabajadores informales.

A continuación, Simel Esim, economista feminista que dirige la División de Cooperativas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destacó un ejemplo relevante de estas soluciones: las cooperativas formadas únicamente por mujeres en la economía informal en sectores como el de los trabajadores a domicilio y el de los trabajadores domésticos. Compartió algunos modelos emergentes para alcanzar escala y sostenibilidad (consorcios entre cooperativas sociales, franquicias entre cooperativas de trabajadoras domésticas) y la importancia de los niveles macro (entornos propicios) y meso (creación de ecosistemas de apoyo) para garantizar la supervivencia y el crecimiento de las empresas colectivas de mujeres en la economía informal.

Estas dos intervenciones fueron seguidas por la de André Luzzi, de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC) y representante de los pobres urbanos en el Comité de Coordinación del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas del Comité de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la ONU, quien dio diferentes ejemplos de cómo los vínculos urbano-rurales entre los pequeños productores de alimentos habían ayudado a alimentar a las comunidades vulnerables de las ciudades durante la pandemia a través de varios tipos de iniciativas solidarias y de la agricultura de apoyo comunitario. El vínculo entre la salud y los productos agroecológicos frescos es un factor importante. Hizo hincapié en la necesidad de proteger a los pequeños productores de alimentos periurbanos y a los agricultores agroecológicos de la agricultura industrial en lo que respecta al derecho a una alimentación y nutrición adecuadas.

A este primer panel le siguieron varias intervenciones desde la sala que destacaron aspectos adicionales desde diferentes perspectivas.

Norliza Hasim, de Urbanise Malaysia, abrió el segundo panel. Describió su trabajo de apoyo al Ministerio de Vivienda y Gobierno Local de Malasia en sus esfuerzos por generar soluciones urbanas sostenibles integradas que abarcan la provisión de vivienda y muchos otros servicios que compartió con los participantes en el evento, demostrando claramente a través de estos ejemplos cómo los vínculos entre el derecho a la vivienda y otros derechos forman parte de una recuperación a largo plazo de la pandemia.

Vic Van Vuuren, que dirige el Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria UNTFSSE fue el último orador. Centró su intervención en la importancia de reforzar el reconocimiento internacional de la ESS para contribuir a la Agenda 2030 y a los ODS. Hizo especial hincapié en que las asociaciones de múltiples partes interesadas como estas son fundamentales para crear políticas innovadoras para una transformación muy necesaria de nuestra economía a diferentes niveles, incluidas las comunidades locales. Pidió una recuperación centrada en las personas y el planeta, y destacó el papel clave que puede desempeñar la ESS. El hecho de que la ESS sea un tema central que se abordará en la próxima Conferencia de la OIT en 2022 es un avance significativo que impulsará el reconocimiento de que otro paradigma económico es posible y que las soluciones ya existen.

La sesión finalizó con una segunda serie de intervenciones de los participantes y las observaciones finales de Nelson Saule y Judith Hitchman, que destacaron la riqueza de las buenas prácticas y las soluciones existentes para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y resistente basada en los derechos para todos.

Para ver la grabación completa del acto paralelo, haga clic aquí.

El comercio justo, las finanzas éticas, las cooperativas de energía renovable, los supermercados cooperativos y tantas otras actividades ha alcanzado la madurez con un discurso propio, una respuesta social significativa y proyectos inspiradores consolidados.

Son ya 865 entidades y empresas, en las que participan más de 50.000 personas, agrupadas en 15 asociaciones territoriales y cuatro sectoriales socias, que alcanzaron en 2019, unos ingresos de 987 millones de euros. Además, se coordinan para promover la Economía Solidaria, lograr cambios en las políticas públicas (promoviendo entre otras la contratación pública responsable), pero sobre todo, demostrar que otra economía más humana es posible.

Lo que REAS persigue promover la economía solidaria como un instrumento al servicio de la sostenibilidad de la vida, donde las personas y el medio estén por encima de cualquier otro interés. De ahí, la importancia de rendir cuentas, o mostrar el corazón, de su particular manera de hacer economía.

Apuesta por el trabajo decente

En su memoria anual queda clara su apuesta por relaciones laborales decentes. El 87% de las entidades de REAS mejora los permisos legales de conciliación, el 79% genera espacios de atención emocional y cuidado a las personas trabajadoras y el 60% posee un reglamento interno de gestión de relaciones laborales; mientras que la relación entre el salario más alto y el más bajo es de 1,6 a 1, el 61% los puestos de responsabilidad lo ocupan mujeres y el 81% de entidades aplican el lenguaje inclusivo.

En cuanto a la sostenibilidad laboral, el 95% aplica criterios de consumo responsable en la adquisición de productos, el 48% son entidades con gestión ambiental y el 53% usan energía 100% renovable. Pero también es firme su apuesta por la cooperación y la responsabilidad con las comunidades en las que operan: el 69% recurre a las finanzas éticas, el 7,8% de sus compras se realizan en el marco del Mercado Social y el 8,7% en entidades no lucrativas.

Su orientación no lucrativa es clara: el 65% de los ingresos procede de facturación frente a un 25% que proviene de subvenciones, al tiempo que destinan el 71% a reservas, compensación de pérdidas o inversiones propias. Un nada despreciable 5% de sus recursos financieros se destina a iniciativas para la construcción de bienes comunes y un 0,1% a inversiones de entidades financieras de la economía social y solidaria.

A pesar de que la COVID-19 se ha dejado notar, especialmente en cuanto al ritmo de ingreso de nuevas entidades y la formación de alianzas, su respuesta al parón impuesto ha sido bastante diferente al de las empresas al uso. La destrucción del empleo ha sido 6 puntos menor que la del resto de fórmulas empresariales en la anterior crisis del 2008.

Aquellas organizaciones cuya actividad se adaptaba a la tecnología digital, optaron mayoritariamente por aplicar el teletrabajo. Las que no han podido, sobre todo dedicadas al ocio y la cultura, optaron por acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Eso sí, el 55% de las organizaciones ha complementado el salario hasta cubrir el 100% de la percepción salarial.

Fuente: Noticias Obreras

Enlace web

Coordinadores de la publicación: Oscar Bazoberry Chali,  María Ángela Huanca López

Resumen: El número 37 de la revista Umbrales continúa el análisis de la edición precedente, titulada “Impactos del covid-19: reflexiones desde Bolivia”, que incluía un conjunto de consideraciones sobre economía, modelos de desarrollo y políticas públicas en general, desde una aproximación multidisciplinar. En esta nueva entrega el foco de los estudios está puesto en los sistemas agroalimentarios, manteniendo como eje común la pandemia por el covid-19 y lo que ella implicó en términos de restricciones para la circulación de personas, de productos alimentarios y de bienes más básicos de consumo.

Año de publicación: febrero de 2021

Idioma: Castellano

issn: 1994-4543

14 de marzo de 2020, el presidente del Estado, Pedro Sánchez, declara el estado de alarma. Días antes, risas nerviosas por las calles, bromas sobre el fracaso del Mobile World Congress y la sensación de estar ante la pantalla inmersos en otro capítulo de series distópicas. Pero aquel 14 de marzo, sin darnos cuenta de ello, marcó un antes y un después en cientos de miles de personas en todo el país y del Estado.

Algunos en pisos pequeños, otros con una terracita, un balcón o una ventana. En pareja, con amigos, difícilmente pudiendo vivir solas y canalla y familias y tribus, muchas desmontadas. Somos seres sociales, criaturas destinadas a vivir en sociedad, que poco esperábamos, pequeñas y grandes, ver y vivir como todo se helaba a nuestro alrededor. Pero pasó, y el bloqueo fue colectivo y las dudas eran montañas que muy pocas personas supieron resolver.

Como siempre, sin embargo, el movimiento popular se activó y se crearon mecanismos y engranajes de apoyo popular para las que más lo necesitaban. La activación responde no sólo a un aprendizaje constante sino a una memoria colectiva que arrastramos, entre otros, desde la crisis de 2008, que se convirtió en un polvorín de iniciativas y redes de apoyo en Cataluña y el Estado español.

Vínculos y confianza contra la burocracia

Vuelve a ser lunes. La puerta de hierro y malla abre con rabia y esperanza cuando antes lo hacía con alegría. Más de cincuenta personas otra vez. Vivienda, papeles, trabajo, comida. Necesidades diversas y situaciones infinitas, ruedas de pobreza, vulnerabilidad y exclusión. Ahora, más que nunca, «que nadie quede atrás» es el lema colectivo por la supervivencia. Sillas de plástico, gel hidroalcohólico y mascarillas. De tela y de colores, por poco que pueda, colores. «Para nosotros no tenía sentido montar espacios asistencialistas como setas, aquí queríamos construir comunidad. Necesitábamos vínculos y a partir de ahí ha nacido el compromiso», dice Emma Puig entre reunión y asamblea.

La militante Emma Puig: «Para nosotros no tenía sentido montar espacios asistencialistas como setas, aquí queríamos construir comunidad. Necesitábamos vínculos y a partir de ahí ha nacido el compromiso».

Las paredes de Can Sanpere, la antigua fábrica de Premià de Mar ocupada desde 2013, acoge cada lunes la Red de Vivienda del Baix Maresme nacida en 2018. Este 2020, sin embargo, las estructuras populares necesitan nuevas herramientas para la comunidad . El confinamiento domiciliario del pasado mes de marzo provocó, como tantos otros lugares, la creación de grupos de Apoyo Mutuo para dar espacio a la colaboración vecinal y ciudadana ante la situación general de bloqueo. «El confinamiento generó que las iniciativas con más burocracia se abrieran a otros grupos no registrados como nosotros», explica Emma, ​​militante de la Red de Vivienda. Así se creó el Banco Popular de Alimentos en el Baix Maresme, concretamente en Premià de Mar, El Masnou y Vilassar de Mar, donde se mantienen activos hoy en día.

En coordinación con los sindicatos de barrio y a través del contacto con Espigadores y el Banco de los Alimentos, el Banco Popular de Alimentos comenzó a recoger comida todos los lunes. «Aparte de los alimentos, una de las carencias más importantes que encontrábamos era la de productos de higiene, por ello, y gracias a los seis mil euros que recogimos de donaciones de personas a título individual, pudimos abastecer de diversos productos las familias que se han ido acompañando «, añade. Por otra parte, desde el colectivo de Apoyo Mutuo que ha acabado formando parte de la estructura de la Red de Vivienda, se ha asumido, desde el mes de septiembre, la gestión del armario solidario, un proyecto nacido en 2014 ubicado en la antigua fábrica y que consiste en un pequeño almacén de ropa en buen estado para dar ropa o coger.

El Banco Popular de Alimentos comenzó a recoger comida todos los lunes, y también han solventado carencias de higiene en muchas familias.

Emma valora positivamente esta activación popular y reconoce que el modelo vigente de los bancos de alimentos se basa en el asistencialismo que la Red trata de evitar, «la gente se ha organizado a partir de sus necesidades, esto va mucho más allá de una entidad registrada. Aquí no revisamos los papeles de la gente, ni ponemos condiciones, para que la relación y el vínculo están basados ​​en la confianza y la comunidad».

#TodasALaMesa

En este sentido, Emma valora positivamente las experiencias de coordinación con el comercio local y la Economía Social y Solidaria (ESS) de toda la comarca a pesar de remarcar que hay que profundizar más. El pasado mes de agosto, ya raíz de la campaña #TotesATaula, el Banco Popular de Alimentos del Baix Maresme recibió cientos de kilos de fruta y verdura fresca por parte de EcoMaresme que repartirse entre la comunidad.

La campaña, liderada por Opcions y acompañada por varias entidades de la economía solidaria, consistía en destinar el 80% del importe recaudado por altas de socias de consumo, aumentos de cuotas y donativos, tanto de personas como de empresas, a un fondo para comprar alimentos de iniciativas agroecológicas locales y darles a los colectivos que se encuentran en situación vulnerable. Además, pretendía combinar el apoyo a personas en situaciones de vulnerabilidad y al tejido agroecológico y de la economía social y solidaria.

Desde el lanzamiento de la campaña y durante el estado de alarma, #TotesATaula ha recaudado más de 20.000 € de todo el estado -Palma, Valencia, Canarias, Madrid, Barcelona, ​​Zaragoza-y ha puesto en contacto pequeñas productoras locales y grupos de distribución de alimentos con diversos colectivos.

Mapa del pequeño campesinado

El destino de los fondos de la campaña #TotesATaula se agilizó gracias a la labor de recopilación de datos con el que ha estado trabajando Arran de Terra con la campaña «Abastecimiento agroecológico«. Entendiendo el estado de alarma como una oportunidad de cambios, entre Arran de Terra, una cooperativa que promueve la agroecología y la soberanía alimentaria, y Pam a Pam, mapa colaborativo de la economía social y solidaria en Cataluña, lanzaron este proyecto con el objetivo de dar apoyo a las redes agroecológicas en un momento en que gran parte del pequeño campesinado estaba teniendo dificultades para dar salida a su producción, debido al cierre de comedores escolares, restauración y otros co lectivitats.

Entendiendo el estado de alarma como una oportunidad de cambios, Arran de Terra y Pam a Pam lanzaron el proyecto «Abastecimiento agroecológico» con el objetivo de dar apoyo a las redes agroecológicas.

El proyecto, que sigue activo a arrandeterra.org/ abastecimiento, tiene varios públicos y motivos. Por un lado, se erige como una apuesta para hacer presión política que refuerce la pequeña producción y de otra, apoya en la búsqueda de soluciones urgentes a medio plazo para garantizar la distribución. En este sentido, pretende facilitar enlaces con otras productoras, distribuidoras, grupos de consumo, pequeño comercio y supermercados cooperativos.

Además del mapa web, recoge contactos y localiza los proyectos agroecológicos para personas consumidoras interesadas. Asimismo, la campaña ofrece lazos con la administración y los grupos de apoyo mutuo con guías adaptadas para la difusión y la práctica del consumo consciente.

Confinamiento sin casa ni papeles

La fuerza expansiva del capitalismo en esta segunda crisis de los últimos veinte años ha afectado de forma grave a las personas migradas de Cataluña y España. Con la implantación del estado de alarma y el confinamiento domiciliario, se hizo evidente la mala gestión de las administraciones y de muchas entidades del tercer sector con respecto a uno de los colectivos más vulnerables y estigmatizados de ese momento, la juventud migrante. Durante meses, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y algunas entidades habían ido expulsando jóvenes de centros que, sin más alternativa, habían quedado en la calle. Concretamente en Girona, las restricciones de la movilidad llegaron en plena campaña de la Tancada per drets (Cerrada por derechos), una iniciativa de varios movimientos sociales, como el Espacio Antirracista de Salt, que exigía pan, papeles, techo y trabajo para decenas de jóvenes ex tutelados en una ocupación de la Universidad de Girona hasta que se alcanzaran los objetivos. La situación de la Covidien-19 hizo trasladar la protesta a un albergue municipal, ligado a la dificultad de gestión sin poder salir a las calles y al mismo tiempo a la persecución policial que sufrían y sufren los jóvenes.

Durante meses, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y algunas entidades habían ido expulsando jóvenes de centros que, sin más alternativa, habían quedado en la calle.

La presión pública y política, sin embargo, logró encontrar salidas de alojamiento, mentoría y acompañamiento en la regularización por los jóvenes, gracias a la presión pública y la capacidad de sostener la campaña a pesar de la situación excepcional que se estaba viviendo. Además, desde la misma ciudad de Girona, otras iniciativas sociales han conseguido llegar donde nadie ponía el foco. Desde #ComprasAntiracistas, que comenzó a funcionar a principios de abril, se han recogido donativos de particulares y entidades a través de Bizum, Paypal y transferencias para poder, según dicen, para llegar allí donde el sistema falla.

Karim Sabni, uno de los impulsores y miembro de la cooperativa de inserción Idar, explicaba que «ante la avalancha de llamadas recibidas de personas en situación de riesgo por el estado de alarma, hemos decidido crear una campaña solidaria a través de las redes sociales «. Por eso crearon el grupo motor Social Project 4.0. La campaña asegura ser «una caja de resistencia que, a partir de las donaciones, permite hacer ingresos de entre 50 y 200 € en función de la situación de cada núcleo familiar».

Impulsor de #ComprasAntiracistas, Karim Sabni: «Ante la avalancha de llamadas recibidas de personas en situación de riesgo por el estado de alarma, hemos decidido crear una campaña solidaria a través de las redes sociales».

Por otra parte, huyendo del asistencialismo, como dice Karim, «consideramos que dar la ayuda económica en metálico es una forma de dignificar el apoyo y que las personas sean libres en decidir y escoger en que quieren invertir estos dinero. Muchas personas que reciben ya alguna ayuda de alimentos, reclaman la opción de poder acceder a productos frescos como frutas y verduras «. La campaña, que ha recogido ya más de 11.000 € y ha atendido a más de 300 personas, ha contado con el apoyo de Girona Acoge, Coop57, La Plaga y La Pirata que, además, ha creado una cerveza por la causa.

Máquinas de coser y Banco de Alimentos Manter

Pero Girona no ha sido el único lugar donde personas migradas han hecho visible la extrema vulnerabilidad del colectivo en tiempos de pandemia. También el Sindicato Manter ha denunciado las condiciones de compañeros y compañeras. Uno de los portavoces, Aziz Fayé, asegura que con esta crisis sanitaria todo ha empeorado, ya no es sólo un tema de no poder salir a vender y quedarse en casa, sino de quien tiene casa donde quedarse. Algunos de sus compañeros de la venta ambulante han tenido que quedarse en centros habilitados, afirma. «La situación ha llegado al límite», continúa, «hay personas que no tienen trabajo, ni documentación, ni un lugar donde vivir. No podemos esperar a que llegue una pandemia para pensarlo «.

Es por ello que el Sindicato ha estado trabajando en la protección y el cuidado de la comunidad con diversas iniciativas. Por un lado, el impulso del Banco de Alimentos Manter que, en la línea de #ComprasAntiracistas, recogía donativos y apoyo para el acceso a productos básicos del colectivo. Por otra parte, el colectivo ha estado produciendo mascarillas en el taller de la calle de En Rojo para servir el Hospital de Granollers, el Ayuntamiento de Sentmenat y el Ayuntamiento de Barcelona.

Cajas de resistencia para sostener los cuidados

Otra de las caras más oscuras de esta crisis sociosanitaria ha sido la gestión de los cuidados. En este sentido, el año 2016, y siendo un polo fuerte para afrontar la situación actual, nació la Asociación Mujeres Migrantes Diversas. La Daybelyn Juares, fundadora y portavoz del colectivo, comenzó a movilizarse con cuatro compañeras más en la organización de una marcha en protesta por las políticas en Honduras, su país de origen. Eran varias, pero aquella lucha compartida era sólo una de las cosas que las unía. Todas cinco se dedicaban a los cuidados del hogar y las personas, compartían inquietudes políticas, orígenes y energías. Así nació en Barcelona la Asociación Mujeres Migrantes Diversas, que atiende demandas de todo el territorio y actualmente, a partir de dos grupos de whatsapp, son más de 400 mujeres organizadas.

Esta crisis, como asegura Juares, las golpea de una manera brutal en muchos sentidos. En la esfera laboral, muchas de las mujeres han sido despedidas y, a pesar de tener un contrato verbal, los trabajos eran irregulares y muchas de ellas, en situación administrativa irregular, se encuentran completamente desamparadas a nivel legal y con unos efectos económicos que derivan en dificultades para pagar los alquileres. La situación global llevó el colectivo crear una caja de resistencia para las trabajadoras del hogar y los cuidados que, desde abril hasta ahora, ha recogido más de 21.000 €.

Visibilizar en la red

Desde la sororidad y el apoyo mutuo, aparece la Red de Mujeres Costureras que, en el mes de mayo, presentó de forma pública en un intento de darse a conocer para aglutinar más mujeres y poder gestionar encargos de grandes dimensiones. Tal como dice el nombre, se trata de una iniciativa comunitaria que apuesta por el autoempleo de mujeres de grupos de diversa tipología de la ciudad de Barcelona en el ámbito de la costura y que, durante el confinamiento, llegaron a producir más de 13.000 mascarillas profesionales para más de 40 centros esenciales. El grupo, sin embargo, pretende ampliar horizontes y crear colecciones con material reciclado, dado o recuperado de la calle.

La Red de Mujeres Costureras está formada por trece grupos de costura, entre los que encontramos movimientos sociales, cooperativas y fundaciones y aseguran, como lema, que «en red nos hacemos visibles, en red nos abrazamos, en red intercambiamos telas, máquinas , hilos, conocimiento y experiencias. En red damos valor y ponemos precio y en red queremos asumir pedidos, distribuir y facturar «.

Mujeres, ganaderas y organizadas

Son muchos los sectores en los que la crisis ha impactado, y muchos los que han encontrado en la colectividad una manera de organizarse y hacer frente. Es el caso de este otro grupo de mujeres, las Mujeres del mundo rural, un colectivo nacido a principios de 2019 que trabaja «para fomentar el consumo de productos de proximidad favoreciendo la economía social y local además de ser un acto de respeto, valorización y contribución al territorio ya sus profesionales «. Además, el colectivo pretende dar visibilidad al trabajo de labradores, ganaderas, pescadoras, forestales, productoras y otros profesionales del mundo rural y el sector primario.

Más allá de todo el trabajo de sensibilización y recuperación de un espacio aparentemente masculinizado, estos últimos meses han lanzado una nueva iniciativa de intercooperación entre productoras de todo el territorio. Se trata de los lotes de productos alimenticios elaborados por las socias de Mujeres del mundo rural, unos productos de calidad, del territorio y con una apuesta social que remarca el trabajo de la diversidad de productos y profesiones de esta asociación de mujeres que se dedican al sector primario.

Mujeres del mundo rural han lanzado una nueva iniciativa de intercooperación entre productoras de todo el territorio.

Entre todas, todo

En estas páginas, hemos recogido algunas de las iniciativas que hemos podido conocer, palpar y vivir. Pero el territorio está vivo y hay decenas y cientos de iniciativas por descubrir. Lejos de intentar ver cosas positivas en una situación que ha empobrecido las personas y evaporado derechos fundamentales, es interesante observar el poder popular, la organización, la comunidad, el movimiento y la colectividad, atado de las posibilidades de la economía social y solidaria en todo el país. A menudo hablamos de que otra economía es posible sin asumir con firmeza que otra economía ya existe y que esta alternativa es un bastión de resistencia, de la mano de los movimientos sociales, de la protección y el cuidado del «nosotros» y debemos mantener entre todas. Ahora más que nunca, entre todas, todo.

Este mes de julio regresa la escuela de verano de Economistas Sin Fronteras, en la que reflexionaremos con personas de la academia y de movimientos sociales sobre la relación e influencia de la pandemia sobre la economía.

En esta ocasión, debido precisamente a la pandemia, el formato será online.

Lunes, 12 de julio

9.30-11.15. Pandemia, ecología y economía. Luis González Reyes, Ecologistas en acción

11.30-13.00. El poder corporativo en tiempos de pandemia. Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)

Martes, 13 de julio

9.30-11.15. Implicaciones de la pandemia sobre la crisis de cuidados. Matxalen Legarreta, Universidad del País Vasco

11.30-13.30. El papel del Estado y la orientación de las políticas públicas en el contexto actual. Jorge Malfeito Gaviro, Universidad Rey Juan Carlos I

Miércoles, 14 de julio

9.30-11.15. Deuda en tiempos de pandemia. Iolanda Fresnillo, Eurodad

11.30-13.00. Fondos Next Generation. Nicola Scherer, ODG

Inscripción gratuita a través de este formulario de inscripción

Fecha límite de inscripción: 17 de junio

Información en euskera aquí

Desde el Grupo Cooperativo Tangente, con apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso, y en colaboración con la FRAVM han puesto en marcha una investigación con el fin de sistematizar y recoger aprendizajes en torno a las iniciativas ciudadanas que han dado una respuesta comunitaria durante la crisis sociosanitaria de la COVID-19 en el conjunto de nuestra geografía.

Esta investigación pretende:

• Poner en valor y sistematizar la emergencia de las redes e iniciativas de ayuda mutua surgidas durante la crisis ligada a la COVID19.
• Generar un conocimiento útil para tejidos sociocomunitarios, movimientos sociales, espacios de innovación social, Administraciones Públicas y entidades promotoras de proyectos ecosociales.
• Mejorar la capacidad de anticipación y de respuesta ciudadana para futuras situaciones de emergencia a partir del análisis y sistematización de los aprendizajes derivados de las iniciativas puestas en marcha ante la crisis de la COVID-19.
• En el marco de este proceso estamos invitando a todas las redes de ayuda mutua, en activo o que hayan ido desactivándose con el paso del tiempo, a rellenar este cuestionario.

Anticiparos que el informe y los productos que se publiquen recogiendo las conclusiones de esta investigación serán de acceso publico y se encontrarán Creative Commons. Además se reenviarán dichos materiales a todas las redes y experiencias que colaboréis con la misma.

REAS Euskadi -Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi- y Alboan presentan el resumen de seminario realizado en otoño de 2020 para conocer y pensar estrategias innovadoras de la Economía Solidaria frente a la crisis socio-ambiental, agudizada con la pandemia del COVID.

Este material nace del intercambio de aprendizajes y experiencias de entidades de América Latina y del País Vasco. Y se suman a las iniciativas de sensibilización y educación para el cambio social que llevamos a cabo conjuntamente, tanto en nuestra sociedad como internacionalmente.

El objetivo es concienciar sobre la necesidad de construir otra economía; una economía solidaria que contribuya a la justicia social y ambiental, y que responda a las necesidades sociales de su entorno.

* Accede aquí al contenido integro del Seminario

Con motivo del Día Mundial del Comercio Justo (sábado 8 de mayo), la Coordinadora Estatal de Comercio Justo nos unimos a la declaración “Reconstruyamos con justicia” emitida por una alianza de entidades de todo el mundo: Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO), Fair Trade Advocacy Office, Fairtrade, Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria (RIPESS), CIDSE (Together for the global justice), Act Alliance EU, The International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM- Organics International), Social Economy Europe, Wellbeing Economy Alliance, International Cooperatives Alliance.

En esta declaración hacemos un llamamiento a instituciones y representantes políticos para pedir cambios hacia un modelo económico y comercial global más justo y sostenible, en la era post-COVID.

INTRODUCCIÓN

La pandemia de la Covid-19 y sus medidas de distancia social y aislamiento están teniendo un gran impacto en las personas más vulnerables de nuestras sociedades, incluidos los pequeños productores y productoras, trabajadores y trabajadoras. Esto ha tenido efectos devastadores en los derechos humanos, entre otros, poniendo en peligro el derecho a la alimentación de las personas. La pobreza y el hambre, a su vez, han aumentado el riesgo del trabajo forzoso e infantil y la deforestación.

La crisis actual nos ha demostrado no sólo lo interdependientes que somos todos, sino también cómo la destrucción de la naturaleza, la deforestación y las crisis climática y sanitaria están interrelacionadas y comparten la explotación de las personas y del planeta como una causa común.

A pesar de ello, algunas empresas han adoptado medidas a corto plazo para proteger sus propios intereses, poniendo en peligro, al mismo tiempo, los derechos humanos de quienes forman parte de sus cadenas de suministro: por ejemplo, cancelando pedidos, pagando al mismo tiempo grandes dividendos a sus accionistas y reclamando el apoyo financiero de los gobiernos.

Cada vez hay más conciencia de la necesidad de contar con sólidas cadenas de suministro, pero lamentablemente este término suele interpretarse desde el punto de vista de los compradores empresariales que desean garantizar la seguridad del suministro. Es esencial que los gobiernos establezcan medidas de apoyo para garantizar que los pequeños productores y productoras, trabajadores y trabajadoras sean capaces de resistir a futuras crisis, pero eso no es suficiente. En los próximos años, el cambio climático no hará sino agravar la vulnerabilidad y la desigualdad de millones de pequeños productores y productoras, trabajadores y trabajadoras.

Volver a la actividad comercial habitual después de la pandemia reforzaría las desigualdades y la insostenibilidad de nuestro sistema actual. En cambio, se necesita una transformación de la economía y la gobernanza de las cadenas de suministro mundiales, no sólo en favor de los intereses de pequeños productores y productoras, sino también en los intereses de las generaciones presentes y futuras.

LAS TRANSFORMACIONES QUE NECESITAMOS

● De una economía basada en la competencia… a una economía basada en la cooperación.

● De políticas comerciales que debilitan los objetivos de sostenibilidad… a políticas que incentivan el Comercio Justo y sostenible y desalientan el comercio basado en productos baratos.

● Del libre comercio y el neoliberalismo… a las agendas de políticas públicas basadas en el Comercio Justo, donde una parte cada vez mayor del comercio se realiza en condiciones justas, a nivel local e internacional.

● De un mercado libre a un programa de sostenibilidad con una combinación adecuada de iniciativas legales y ascendentes (de abajo para arriba), para transformar las cadenas de suministro, que permitan al público consumidor hacer elecciones de consumo sostenibles y accesibles.

● De las crecientes desigualdades a la reducción de las mismas entre el Sur y el Norte, entre ricos y pobres, entre mujeres y hombres, entre pequeños productores/productoras y grandes empresas.

● De la sobreexplotación de los recursos naturales del planeta… a un modelo económico y agrícola que respete el medio ambiente, reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y promueva la justicia climática, dentro de los límites del planeta.

● De mercados saturados de comida barata y moda rápida… a mercados con una participación creciente de las cadenas de suministro de Comercio Justo y productos orgánicos, con la mayor capacidad de distribución posible.

● De soluciones a corto plazo que cierran las fronteras basándose en el miedo… a una interdependencia justa entre países basada en términos de Comercio Justo.

● De la persuasión de las empresas y los intereses individuales que influyen en las políticas… a las políticas públicas reconstruidas que dan sentido al mercado para asegurar que funcione para las personas y el planeta.

● De los desequilibrios de poder en las cadenas de suministro… a la democracia económica en las cadenas de suministro, sin abusos corporativos ni violaciones de los derechos humanos, donde los pequeños productores y productoras, trabajadores y trabajadoras tengan una voz fuerte.

● De los enfoques de “lista de verificación” de la sostenibilidad y los derechos humanos… a una transformación de las prácticas comerciales y de compra que hagan posible un ingreso digno para los pequeños productores/productoras y un salario digno para los trabajadores y trabajadoras.

● De empresas con prioridad de las ganancias… a empresas que priorizan su misión social.

● De una cultura de “secreto empresarial”… a una cultura de transparencia, que incluya la transparencia de la cadena de suministro y la información sobre cómo se distribuye el valor generado.

● De una cultura dominante del consumismo… a una forma de vida sostenible, y un nuevo compromiso por la naturaleza y el planeta.

NUESTRAS RECOMENDACIONES A LOS GOBIERNOS

En vista de lo expuesto anteriormente, nuestras recomendaciones a los gobiernos se organizan en torno a cuatro ejes, desde los que son a corto plazo y de reacción hasta los de largo plazo y con propuestas proactivas.

PROTEGER
● Asegurar que trabajadores, trabajadoras, productores y productoras dispongan de equipos de protección personal.

● Mientras existan medidas de distanciamiento social y de aislamiento, congelar los impuestos a las empresas que producen necesidades básicas y garantizar precios accesibles para las necesidades básicas y para los insumos necesarios para la producción agrícola.

REINICIAR
● Hacer que los programas públicos de estímulo estén disponibles sólo para las empresas que cumplan “los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, las directrices de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) sobre la conducta empresarial responsable, las políticas de compra responsable, la igualdad de género, el clima y los compromisos de conducta fiscal responsable, con límites a los dividendos de los accionistas y dirigidas a través de una toma de decisiones participativa y una gobernanza inclusiva.

● Asegurar que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso a una financiación accesible y flexible, con condiciones preferenciales para el Comercio Justo y las empresas sociales, las cooperativas y otros agentes de la Economía Social y Solidaria.

● Poner en marcha políticas públicas de apoyo al Comercio Justo, a las empresas sociales, cooperativas y otros actores de la Economía Social y Solidaria, la agricultura ecológica y las prácticas agroecológicas, que ayuden a que estas alternativas se conviertan gradualmente en la norma. Estas políticas deberían incluir el apoyo empresarial a las organizaciones productoras para que accedan a nuevos mercados, el acceso preferente a una financiación accesible y flexible, así como la sensibilización de la ciudadanía, en particular de los y las jóvenes.

REESTRUCTURAR
● Adoptar una legislación que garantice que todas las empresas y sus proveedores respeten los derechos humanos, laborales y ambientales, entre otros aspectos, mediante la mejora de las prácticas de compra y comercialización.

● Promover la transformación gradual de las empresas convencionales con prioridad en las ganancias a modelos empresariales con prioridad en su misión, que prioricen a las personas y el planeta frene a las ganancias.

● Adoptar objetivos nacionales y, cuando proceda, regionales ambiciosos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, reducir rápidamente las emisiones de CO2 y garantizar el límite del aumento de la temperatura mundial a 1,5ºC, como se exige en el Acuerdo de París.

DISTRIBUCIÓN JUSTA DE LOS RECURSOS
● Reformar los sistemas impositivos para incentivar el Comercio Justo, los productos orgánicos, las empresas sociales, las cooperativas y otros agentes de la Economía Social y Solidaria y desalentar las cadenas de suministro basadas en la explotación de las personas y el planeta.

● Hacer de la adquisición pública responsable la norma y dar prioridad al Comercio Justo, las empresas orgánicas y sociales, las cooperativas y otros agentes de la Economía Social y Solidaria en la concesión de contratos públicos.

Para apoyar el manifiesto, puedes hacerlo aquí.

Los diputados Inés Sabanés (Más País Verdes Equo), Juantxo López de Uralde (Unidas Podemos), Íñigo Errejón (Más País)  y los europarlamentarios Miguel Urbán (Anticapitalistas) y Ernest Urtasun (Grupo de los Verdes) han suscrito la declaración “Reconstruyamos con Justicia” en la que se recogen las reivindicaciones del movimiento del Comercio Justo para que la reconstrucción de la economía y el comercio en el post-COVID se base en los principios de justicia, equidad y sostenibilidad.

Con motivo del Día Mundial del Comercio Justo , que se celebrará el sábado 8 de mayo, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo ha enviado la declaración “Reconstruyamos con Justicia” a representantes del Gobierno, diputados y diputadas, europarlamentarios/as y representantes políticos autonómicos y locales.

Suscriben la declaración:

(Actualizado a 28 de abril 2021)

Representantes políticos:

Por orden cronológico de firma:

• Inés Sabanés Nadal (Diputada Más País Verdes Equo)
• Juantxo López de Uralde (Diputado Unidas Podemos)
• Miguel Urbán Crespo (Eurodiputado de Anticapitalistas. Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo)
• Íñigo Errejón (Diputado Más País)
• Ernest Urtasun (Eurodiputado. Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea)

Partidos políticos

• Verdes Equo Cantabria
• Zaragoza en Común

Instituciones:

• Ajuntament de Cambrils
• Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Además, en nuestro país más de 200 organizaciones (de Comercio Justo, Economía Solidariae ONGD, ecologistas, asociaciones de consumidores/as, vecinales, educativas, sanitarias, sociedades científicas…) han apoyado dicha declaración, que a nivel internacional promueve una alianza de entidades: Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO), Fair Trade Advocacy Office, Fairtrade, Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria (RIPESS), CIDSE (Together for the global justice), Act Alliance EU, The International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM- Organics International), Social Economy Europe, Wellbeing Economy Alliance, International Cooperatives Alliance.

Entrevista publicada en Oikocredit

¿Cómo ha afectado la pandemia a los resultados financieros de Oikocredit en 2020?

La pandemia hizo que fuera un año difícil para todos, y Oikocredit no fue una excepción. Debido a la pandemia tuvimos que tomar decisiones relativamente rápidas sobre cómo dirigir nuestro negocio a principios de año, sin saber cómo sería el futuro. Por ejemplo, decidimos no financiar a nuevos socios y nos centramos en apoyar a los socios existentes en la primera mitad del año. Como resultado de esta decisión, los socios de Oikocredit mostraron resistencia, pero el valor de la cartera disminuyó en más de un 20%. Sin embargo, vemos que se necesita mucho apoyo para reconstruir las economías de los países en los que estamos activos, por lo que nos estamos preparando para ello.

Mantuvimos una alta liquidez para apoyar nuestro negocio y nos centramos en proteger nuestro capital mientras apoyamos a nuestros socios. Con una mayor supervisión y unas directrices más estrictas, trabajamos duro para proteger la calidad de nuestra cartera.

¿Qué significa esto para los resultados de Oikocredit?

La combinación de todas esas decisiones afectó negativamente a nuestros resultados. También hubo una pérdida por tipo de cambio de 11 millones de euros. Esto se debió en parte a la continua apreciación del euro, y en menor medida del dólar estadounidense, frente a las monedas locales en las que realizamos muchos de nuestros préstamos e inversiones. Otorgamos alrededor del 50% de nuestros préstamos en moneda local.

Como resultado, hemos tenido una pérdida de 22,2 millones de euros. Por eso el Consejo de Administración, con el apoyo del Consejo de Supervisión, ha propuesto un dividendo del 0% para 2020. Ha sido un año extraño y difícil para todos nosotros y agradecemos el apoyo y la comprensión de nuestros inversores.

Además, Oikocredit cuenta con reservas que nos han permitido absorber las pérdidas del año. Nuestro valor liquidativo por acción sigue mostrando un valor superior al precio de emisión. La base de capital estable, combinada con la liquidez actual, permite a Oikocredit seguir apoyando la emisión y el reembolso de acciones y, al mismo tiempo, tener la capacidad de reconstruir su cartera de manera sostenible.

¿Qué medidas que tomó Oikocredit en 2020 le parecieron destacadas?

Me impresionaron las medidas que Oikocredit había tomado cuando comencé en noviembre. Desde una perspectiva financiera, creo que Oikocredit tomó las decisiones correctas desde el principio. No sólo miramos cómo podíamos salvaguardar financieramente a Oikocredit, sino que dimos prioridad a nuestros socios, poniendo el impacto social en primer lugar.

Al comienzo de la pandemia ya estábamos investigando diferentes maneras de apoyar a nuestros socios y tomamos medidas rápidas para ayudarlos. Proporcionamos vacaciones de pago, organizamos seminarios web, constituimos el fondo de solidaridad y tomamos más iniciativas para apoyar a nuestros socios durante la crisis [lee más sobre estas iniciativas en la página web]. Todo ello ha sido muy agradecido por nuestros socios.

También me impresionaron las medidas que adoptamos para informar regularmente a nuestros inversores y socios sobre nuestros resultados e iniciativas. Con nuestro enfoque para preservar la liquidez, todos (inversores, socios y Oikocredit) pudimos salir adelante juntos. La estabilidad de nuestro capital de socios en 2020 demuestra la lealtad de nuestra base de inversores. Decidieron capear el temporal con nosotros para que pudiéramos seguir llevando a cabo nuestra misión de apoyar a nuestros socios que se esfuerzan por ayudar a mejorar la vida de las personas de bajos ingresos, lo cual es aún más crucial en tiempos como estos.

¿Se esperaba esto y necesitará Oikocredit tomar alguna medida adicional?

Sabíamos que la pandemia afectaría a nuestro trabajo. Esto se esperaba y se comunicó a nuestros miembros e inversores a lo largo de 2020. En este momento, no creo que tengamos que tomar medidas adicionales, pero no debemos bajar las vallas de lo que estamos haciendo actualmente en términos de seguimiento de los socios, así como de información a nuestros miembros e inversores. Lo más importante es que sigamos comprometiéndonos con nuestros socios actuales, tomando las medidas adecuadas para apoyarlos de la mejor manera posible y, al mismo tiempo, buscar nuevos socios y oportunidades para poner el capital confiado a trabajar de manera social y financieramente sostenible.

¿Cómo está afectando la pandemia a nuestros socios e inversores?

Los distintos tipos de socios se están viendo afectados de manera diferente. Nuestros socios de agricultura y energías renovables se han visto menos afectados que nuestros socios de inclusión financiera. Son las pequeñas y medianas empresas (PYME) las que más están luchando. En general, hemos experimentado un descenso en la demanda de crédito, ya que los socios han aplicado la misma cautela que nosotros. Por eso es importante que sigamos evaluando las necesidades de nuestros socios y las circunstancias en las que operan, y que prestemos apoyo siempre que podamos.

Sabemos que la pandemia afecta a todos, incluidos nuestros inversores. La mayoría de nuestros inversores han permanecido fieles, como demuestra la estabilidad del capital de los socios a lo largo de 2020 Nuestros inversores nos apoyaron durante este año increíblemente difícil, lo que es una muestra de su compasión por nuestros socios y sus clientes. Entienden que el trabajo que hacemos es extremadamente importante, especialmente durante estos tiempos sin precedentes.

¿Cómo avanzará Oikocredit mientras la pandemia continúa?

El impacto total de la pandemia es aún indeterminado, por lo que debemos ser conscientes de ello, pero en medio de estas incertidumbres estamos desarrollando planes y comprometiéndonos con nuestros socios para apoyarlos a ellos y a sus comunidades. Queremos ayudarles a superar los efectos de la pandemia y a ser más resistentes. Esto es también lo que estamos estudiando con nuestra nueva estrategia de 2022 a 2026. Vamos a estudiar de forma más amplia cómo permitir a nuestros socios mejorar la vida de las personas con bajos ingresos a las que atienden, a largo plazo.

¿Cuánto tiempo tardará Oikocredit en recuperarse de los problemas financieros que le supuso Covid-19?

En 2021 seguiremos afectados por Covid-19, pero no tan gravemente como en 2020. También conocemos mejor el impacto de la pandemia en la economía. Con un nivel adecuado de provisiones y signos de recuperación en la cartera de financiación del desarrollo, prevemos mostrar un resultado positivo en 2021, aunque modesto. Digo modesto porque el fuerte descenso de la cartera de financiación del desarrollo ha afectado a nuestros ingresos de primera línea. Con el crecimiento de la cartera en 2021 a niveles anteriores, prevemos que en 2022 volveremos a estar en la senda.

¿Qué le ha animado durante este tiempo sin precedentes?

La pasión y la compasión de las personas de toda la red de Oikocredit en la entrada, la salida, el personal y otros, junto con el trabajo que Oikocredit hace para apoyar a sus socios, me ha animado y motivado mucho. No importa con quién hables en Oikocredit, ya sea un miembro, alguien de una Asociación de Apoyo, un empleado o un socio, todos están unidos en el hecho de que el trabajo de Oikocredit es significativo.

“El mayor esfuerzo de modernización que va a hacer España en los próximos años” o la “gran reconversión de los vectores de la economía durante los próximos años”. Con estas palabras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado este martes la hoja de ruta, las reformas y parte de las inversiones del Plan de Recuperación que España debe enviar a Bruselas antes del próximo día 30 de abril.

Pedro Sánchez ha señalado que el Plan diseñará “el mapa económico” que marcará el camino del desarrollo del país hasta 2026, pero que tendrá repercusión más allá. El plan está diseñado con una arquitectura en tres niveles: Cuatro ejes de transformación (transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género), diez políticas palanca, determinadas por su gran capacidad de influencia sobre la actividad y el empleo a corto y medio plazo, y , treinta componentes repartidos entre las distintas políticas palanca, que articularán los proyectos específicos acogidos al Plan.

El presidente ha anunciado las 20 principales inversiones para los próximos tres años que ha aprobado la comisión interministerial que se creó para abordar el Plan de Recuperación y que se ha reunido este martes por segunda vez. La inversión conjunta para esas 20 grandes áreas superará los 50.000 millones de euros.

De esa cifra, 20.000 millones serán para las dos áreas más importantes: la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada, a la que se destinarán más de 13.200 millones y que permitirá electrificar las vías públicas e instalar vehículos de recarga e impulsar el coche eléctrico, y un Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, “para instalar paneles solares o hacer más eficientes las viviendas”, que estará dotado con 6.820 millones, según ha explicado Sánchez en una rueda de prensa en Moncloa. El presidente ha apuntado que los sectores intensivos en creación de empleo, como este, serán de “máxima prioridad”.

Dentro de las 20 principales inversiones enumeradas por Sánchez, figura un plan de Modernización de las Administraciones públicas con una inversión de 4.315 millones para hacer una “auténtica revolución” y reducir también la temporalidad laboral de los empleados públicos; a continuación, un Plan de Digitalización de Pymes dotado con más de 4.060 millones; la Hoja de Ruta del 5G, casi 4.000 millones, y la Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular, con más de 3.780 millones, que el presidente ha destacado por su capacidad para crear “mucho empleo de calidad en los próximos años”.

El Plan Nacional de Competencias Digitales recibirá más de 3.590 millones; el de Modernización y Competitividad del Sector Turístico, 3.400 millones; el Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación, 3.380 millones de euros. Y el despliegue e integración de energías renovables, una inversión de 3.165 millones.

El plan prevé movilizar 70.000 millones de euros de inversiones públicas. El 39% de las inversiones estarán ligadas a la Transición Ecológica; el 28%, a la digitalización; el 10,5% de los recursos estarán vinculados a la educación y a la formación, y el 7%, a la I+D+i. En este enlace se puede ver los 20 Programas Tractores de Inversión (Fuente: Gobierno de España)

El presidente Sánchez también ha destacado la apuesta por una “nueva economía de los cuidados”, con las lecciones aprendidas durante la pandemia sobre la atención de las residencias de mayores, entre otros ámbitos.

Tras dar el visto bueno esa comisión al plan, Sánchez lo presentará el miércoles en el Congreso para que el Consejo de Ministros lo apruebe definitivamente “en breve” para enviarlo a Bruselas antes del 30 de abril. La vicepresidenta Nadia Calviño lo presentará el miércoles a los agentes sociales. El plan contendrá un total de 212 medidas, de las que 110 serán inversiones y 102, reformas. El objetivo es que 72.000 millones de euros de los 140.000 millones que le corresponden a España se inviertan en el primer periodo -hasta 2023-. De ellos, 27.000 ya están consignados en los Presupuestos Generales del Estado.

Reformas

El presidente del Gobierno ha explicado que es el momento adecuado para realizar “las reformas económicas tantas veces aplazadas” en ámbitos como el sistema energético, la enseñanza y formación profesional, la demografía empresarial o, muy especialmente, el mercado laboral.

La agenda de reformas estructurales planteada en el Plan se basa en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y en las recomendaciones específicas para España dentro del semestre europeo en 2019 y 2020.

Sánchez ha apuntado al efecto directo de la pandemia como factor que ha acelerado cambios que ya estaban en marcha en nuestra sociedad. “La pandemia hace más urgente una transformación que era necesaria. Ahora además de necesaria es urgente”, ha apuntado.

Son 20 las principales reformas que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y entre las 10 primeras están:

1. Ley de Cambio climático, que se acaba de aprobar.
2. Nuevo sistema energético y despliegue de renovables.
3. Hoja de ruta del hidrogeno renovable.
4. Resiliencia, adaptación de ecosistemas e infraestructuras verdes.
5. Ley de Aguas y plan de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización.
6. Modernización de la política agrícola y pesquera. Suelo y uso eficiente de agua.
7. Política de residuos e impulso de economía circular.
8. Estrategia de movilidad sostenible y conectada.
9. Reforma del sistema nacional de ciencia y apoyo a la innovación
10. Y una nueva política de vivienda.

Sánchez ha insistido en que tanto las inversiones como las reformas se van a traducir en “un crecimiento adicional del PIB de en torno a 2 puntos porcentuales al año a partir de 2021, la creación de más de 800.000 puestos de trabajo en su periodo de ejecución, y la mejora de la vertebración del país mediante la fijación de población en todo el territorio. Además, su impacto sobre el crecimiento potencial de la economía española se sitúa por encima del 2% del PIB a partir de 2030”.

“El Plan de Recuperación es la mayor oportunidad para España desde su entrada en la UE”, ha recalcado Sánchez.

“Reconstruyamos con justicia” es el mensaje que resume las reivindicaciones del movimiento de Comercio Justo a nivel internacional y a la que también se han unido la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, REAS y numerosas organizaciones en nuestro país (de Comercio Justo, de la Economía Solidaria, ONG, ecologistas, empresas sociales, asociaciones de consumidores, educativas, sanitarias, etc.)

Con la declaración “Reconstruyamos con justicia” las organizaciones hacemos un llamamiento a representantes políticos e instituciones internacionales para que la recuperación de la economía y el comercio en la era post-COVID priorice los Derechos Humanos, la protección del planeta y se base en los valores del Comercio Justo y la Economía Solidaria. Pedimos una transformación del modelo económico que disminuya las desigualdades sociales y frene la emergencia climática.

Las reivindicaciones recogidas en la declaración, junto con el listado de organizaciones firmantes serán remitidas a representantes del Gobierno de nuestro país, a europarlamentarios/as y a representantes políticos autonómicos y locales, previamente a la celebración del Día Mundial del Comercio Justo (sábado 8 de mayo).

Estamos recogiendo apoyos de organizaciones. ¿Te unes?
Si tu organización quiere apoyar la declaración “Reconstruyamos con justicia” aquí tienes los enlaces para hacerlo:

Declaración y formulario en castellano

Declaración y formulario en catalán

Declaración y formulario en gallego

Declaración y formulario en euskera

El listado de entidades firmantes puedes consultarlo aquí

¿Cuáles son nuestras reivindicaciones?
En este vídeo puedes ver un resumen de las reivindicaciones expresadas en la declaración “Reconstruyamos con justicia”

Entre las reivindicaciones a los gobiernos e instituciones expuestas en la declaración destacan las relativas al sector empresarial, como la necesidad de aprobar una legislación que garantice que todas las empresas respetan los Derechos Humanos, laborales y medioambientales a lo largo de todas sus cadenas de producción en cualquier parte del mundo. También solicitan que los programas públicos de apoyo a empresas estén disponibles solo para aquellas que cumplan con los principios rectores establecidos por Naciones Unidas y la OCDE sobre derechos esenciales, conducta fiscal responsable y compromisos con la igualdad de género y el clima.

En relación con la emergencia climática, las entidades exigen que los gobiernos adopten objetivos nacionales para reducir drásticamente las emisiones de CO2 y se cumplan los Acuerdos de París. Además, piden que se promueva un modelo agroeconómico que evite la sobreexplotación de los recursos naturales y respete los límites del planeta.

Por otro lado, solicitan reformar los sistemas impositivos para incentivar los productos de Comercio Justo, orgánicos y los procedentes de cooperativas y empresas sociales. Con estas demandas, las organizaciones demandan que la pandemia constituya un punto de inflexión hacia otro modelo económico y comercial más equitativo y ecológico.

La campaña de incidencia política “Reconstruyamos con justicia” a nivel internacional es una iniciativa de la Organización Mundial del Comercio Justo, Fair Trade Advocacy Oficce Fairtrade, Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria (RIPESS), CIDSE (Together for the global justice), Act Alliance EU, The International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM- Organics International), Social Economy Europe, Wellbeing Economy Alliance, International Cooperatives Alliance. En nuestro país, está promovida por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

Artículo Noticias Obreras

El relato de la gestión de la casa común ha alcanzado un punto de no retorno en tiempo pandémico. Las transformaciones a las que ha de hacer frente ejercen un efecto sandwich para el mundo del trabajo en todas sus dimensiones. No en vano, la relevancia de la centralidad del trabajo durante la pandemia ha permitido que el tremendo golpe sufrido al ser humano posibilite replantear diferentes escenarios futuros.

Una primera dimensión vinculada a la transformación digital ejerce una presión al trabajo entre maximizar beneficios del capital y el abaratamiento de la tecnología. Los mecanismos de huida del derecho del trabajo hacia otras formas mercantilistas que devalúan el factor trabajo, cuando no los invisibilizan directamente.

Una segunda dimensión vinculada a los procesos productivos y de consumo con el impacto medioambiental. La situación de emergencia climática ocupa una preocupación social prioritaria que requiere pasar aceleradamente a la acción. Con todas las aristas y matices existentes, o la mayoría social adapta y gobierna esa transformación, o las perspectivas de impacto auguran una crisis de civilización sin precedentes en la escala humana.

Una tercera dimensión confronta a la economía con las necesidades de las personas. Aquí ponemos de manifiesto el valor del trabajo de los cuidados a la persona con los actuales indicadores de medición de la economía. El desigual valor del trabajo para mujeres y hombres fomentado por una economía financiera globalizada que ha provocado las mayores tasas de desigualdad social y brecha de género, a pesar de sus ritmos de crecimiento del último lustro.

La cuarta dimensión, en estrecha relación con la anterior, aborda el trabajo como factor esencial del sostenimiento de los sistemas de protección social. A lo comentado anteriormente, adicionar elementos como los crecimientos de la esperanza de vida y la población mundial. Establecer unos sistemas armonizados de protección social requiere de todos los ingenios de las instituciones del mundo del trabajo para solidificar una esperanza para una vida digna.

El COVID 19 ha puesto de manifiesto la relevancia de todas ellas y ha arrinconado algunos de los mantras sobre los sistemas de gestión empresarial y el modelo productivo que merecen nuestra consideración.

Las cooperativas, fundamentales durante la pandemia

Centraremos la atención en los modelos de gestión cooperativista en relación con otras formas jurídicas societarias. Resulta indudable que, tal y como señalaba Guy Rider, director general de la OIT, “las cooperativas de productores y consumidores han sido fundamentales para mantener las cadenas de suministro de bienes y servicios esenciales al hacer hincapié en sus comunidades y relocalizar las economías” mientras que “las cooperativas industriales, sociales, y de trabajadores han transformado sus productos y servicios para satisfacer la acuciante demanda local de equipos de protección, alimentos, suministros y atención social tanto al mantener una actividad esencial para las personas y su cuidado”, cumpliendo así una función esencial en beneficio de la triple dimensión social, medioambiental y económica.

Según datos de Eurostat, España ocupaba el 4º lugar en volumen de personas trabajadoras a través de empresas de economía social, siendo la 3º en número de ellas. La larga tradición de esta forma societaria en países de la Europa Mediterránea y en Alemania ocupan un porcentaje muy importante en PIB (En España entorno al 10% y el 12,5% en empleo según un informe de Fundación Alternativas en 2019).

Por ello, ante la crisis económica derivada de la pandemia y las consecuencias duraderas que plantean, vuelven a surgir debates de enorme interés en lo social y sindical de cara a la asunción por parte de las personas trabajadoras de la organización y gestión de la empresa ante una reestructuración o situación de crisis.

El ejemplo italiano

Recientemente, en Italia se ha suscrito acuerdo entre Confcooperative, Legacoop y AGCI con las organizaciones sindicales CGIL, CSIL y UIL para la promoción y desarrollo de trabajadores buyout (adquisición de empresas llevadas a cabo por los propios empleados). Con él, se pretende anticipar a los efectos negativos que derivan de los procedimientos preconcursales y concursales. Desde los agentes sociales, se ha valorado como un elemento central para el interés general de la sociedad, ya que estimula un sistema orientado a las políticas activas de empleo, generando mecanismos de autoempleo, reducen el elevadísimo coste de las políticas pasivas de empleo. Además, no cabe duda, de reducir la dispersión de actividades productivas y de mano de obra arraigada al desarrollo y vertebración de territorios.

Resulta importante destacar la participación tripartita (Gobiernos, empresas y organizaciones sindicales) que analicen y supervisen el progreso de situaciones empresariales potencialmente objeto de compra por las personas trabajadoras a partir de indicadores específicos, con campañas de sensibilización, formación e implicación de todas las herramientas de apoyo financiero adicional, entre ellas, la participación de la Administración.

Un cambio cultural posible

Es inevitable preguntarnos si la traslación mimética de este acuerdo cabría en el ordenamiento jurídico español y, lo que, a nuestro juicio, resulta más importante, ¿tenemos el conjunto de conocimientos, costumbres, modo de vida para llevar a cabo medidas de este calado?

Respecto a la primera cuestión, derivaremos a opiniones más cualificadas como la del profesor Eduardo Rojo o la del profesor Antonio Baylos que en sus largas trayectorias profesionales han analizado estos supuestos de reestructuración empresarial.

Respecto a la segunda pregunta, merece la pena destacar algunos elementos para el debate que explican la relación entre el sindicalismo y las empresas cooperativas y de economía social. Partiendo de objetivos similares: democratización de la toma de decisiones en las empresas y una puesta en marcha de bienes y servicios que beneficien al conjunto de la sociedad y al territorio, o la estabilidad en las relaciones laborales que garanticen un sustento para una vida digna, encontramos suficientes elementos de recelo a las herramientas de solución acordadas en Italia.

En primer lugar, son numerosos los ejemplos de utilización de esta forma societaria como mecanismo de huida del derecho del trabajo. La posibilidad legal de la elección de la cooperativa que posibilita la elección entre personas trabajadoras en el régimen especial de autónomos o régimen general ha dado lugar a numerosos ejemplos de falsos autónomos, por ejemplo en el sector de las cárnicas, que han devaluado el factor trabajo y han sido objeto de lucha sindical de primer orden.

En segundo lugar, los mecanismos de democratización de las empresas no han tenido el desarrollo ni la implantación suficiente para que las personas trabajadoras de estas formas societarias ostenten mayoritariamente esta condición.

En tercer lugar, es necesario hacer mención a los procesos de reestructuración empresarial en España. Son numerosos los intentos pasados de adquisición por parte de las personas trabajadoras de la gestión empresarial en crisis anteriores. En muchos casos, la experiencia no ha resultado positivo por muy diversos factores: la gestión tardía de la crisis por la dirección saliente, que sitúa a las personas en una posición de extrema debilidad y vulnerabilidad en la gestión del concurso. Queremos resaltar que la falta de transparencia empresarial aquí se pone de manifiesto, unido al fomento de determinadas sociedades que han primado la especulación financiera de los activos en detrimento de una economía productiva que redunde en el conjunto de la sociedad. Pero también es merecedor de comentario la falta de formación e información de las personas trabajadoras que, en el cambio de rol, han carecido de los conocimientos suficientes para la gestión promovida por la falsa cultura impulsada políticamente del emprendedurismo en la última década especialmente.

Todos estos elementos han de ser combatidos a partir de tejer puentes sobre la base de qué nos une. Considerar únicamente los elementos que nos separan nos empobrece en la capacidad de construir un relato basado en prácticas transformadoras que tenga como objetivo prioritario anticipar futuros. Los retos futuros del mundo del trabajo tienen una profundidad jamás vista anteriormente, que requiere construir movimientos económicos y sociales con objetivos comunes. La declaración del Centenario de la OIT establece una hoja de ruta lo suficientemente inclusiva para todas las partes que posibilite el futuro del trabajo que queremos.

Autorías: María Fernanda Marcelino, Ivonne Farah H, Patricia Bráñez, Graciela R. López,  Alejandra Pérez, Johanna Molina. Alejandra Laprea, Alba Carosio, Marilys Zayas Shuman

Descripción: Como muestran los resultados del estudio que les presentamos en este libro de la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), las políticas públicas y sobre todo la pandemia del covid, han obligado a las familias populares y pobres a cubrir su subsistencia mediante trabajos precarios y autogestionados; las mujeres, que son quienes participan en mayor medida, realizan sus actividades generadoras de ingresos en las calles, sobre todo las comerciales y de servicios, exponiéndose a riesgos para su salud. El texto muestra diferentes experiencias latinoamericanas, desde procesos con mayor o menor consolidación de movimientos de economía solidaria y sus articulaciones con el feminismo, sobre todo, la economía feminista, con formas alternativas de producción, no solo en términos de relaciones sociales sino también con la naturaleza.

Editorial: REMTE. Marcha Mundial de Mujeres, Bolivia

Idioma: Castellano

Año de publicación: 2020

Páginas:  104 p.

Temática: Economía Feminista, Economía Popular, Economía Solidaria, COVID19

Segunda semana de estado de alarma y confinamiento. Finales de marzo de 2020. La operadora de telefonía e internet Eticom-Som Connexió recomienda a su comunidad de socios que desconecte de tanta videoconferencia, de tanta vorágine de series y de tanto enganche a las pantallas. Por economía. Por bienestar emocional. Y, además, le recuerda, “los datos contaminan”. En paralelo, las grandes operadoras del sector ofrecen primero gigas extra gratuitos, para terminar pidiendo “un uso racional de Internet durante el horario laboral” para no colapsar la red y que se desplace el uso recreativo de Internet a los ratos de menor tráfico.

Es un botón de muestra de la filosofía de la economía social, un detalle en medio de una pandemia que, con su crudeza, pone a prueba el trazo diferencial y la capacidad de aguante de los que las empresas de este corte suelen hacer gala, y más durante las crisis. En la anterior, la de 2008, la economía social sacó pecho porque resistió mejor que las empresas de capital; en concreto, en ella, el empleo destruido se situó casi ocho puntos porcentuales por detrás del perdido en las empresas convencionales entre finales de 2007 y finales de 2012, como proclamó la exministra Fátima Báñez.

Colectivo heterogéneo

Y ahora, ¿qué está pasando? No es fácil sacar conclusiones. Bajo el paraguas de la economía social, cuya filosofía es poner a las personas primero, coexiste una amalgama de cooperativas, asociaciones, fundaciones, centros especiales de empleo, mutualidades, sociedades laborales, empresas de inserción y cofradías. Es un universo de 2,18 millones de personas, según los datos de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), de 2019.

De esta cifra, 314.119 personas son o bien socias en cooperativas de trabajo asociado o bien asalariadas en esas mismas sociedades. La población ocupada con alguna discapacidad supera los 85.100, más de un millón de agricultores… Ante esta realidad variopinta, las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social se refieren solo a trabajadores cooperativistas, tanto si se incluyen como si se excluyen quienes realizan una actividad en régimen de autónomos, y también a las sociedades laborales.

Retroceso “moderado”

Las últimas cifras disponibles del Ministerio al cierre de esta edición llegan hasta junio de 2020, de modo que reflejan solo tres meses y dos semanas de pandemia. Arrojan un retroceso del 3% en el número total de sociedades cooperativas con relación al primer semestre de 2019. Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES, lo califica de “moderado”.

En las sociedades de menor tamaño —las más pequeñas y las que tienen hasta medio centenar de ocupados— la estabilidad del empleo se ha mantenido casi intacta. Es en las sociedades de mayor dimensión, sobre todo en las de más de 250 personas, en las que se registra una caída más acusada.

“Lo estamos pasando muy mal, es cierto, pero no estamos cerrando”, señala Pedreño, tras recordar que la evolución de la actividad depende mucho del sector. Hostelería y comercio se llevan la peor parte. En general, añade el presidente de CEPES: “las empresas de la economía social tienen un carácter anticíclico, un comportamiento más resiliente que las empresas de capital, debido al compromiso de las personas con su propio proyecto”.

Si se compara, de acuerdo con los datos del Ministerio, cómo ha evolucionado el empleo en cooperativas y cómo lo ha hecho la afiliación a la Seguridad Social, el retroceso interanual en el primer caso (-4,7%) ha sido ligeramente inferior al del segundo caso (-5,25%), excluidos los trabajadores por cuenta propia. Si se incluye el colectivo de autónomos, la destrucción del empleo ha sido igual en ambos casos, del 4,6%.

La caída interanual sí ha sido muy superior (-8,9%) en el caso del empleo en las sociedades laborales. En estas, la mayoría del capital siempre debe ser propiedad de los trabajadores, que le prestan sus servicios con un contrato indefinido. Aunque en minoría, se aceptan socios que solo pongan dinero.

La Encuesta de Población Activa (EPA) arroja datos mucho más duros. Según la última EPA, que corresponde al cuarto trimestre de 2020 y que, por tanto, recoge ya 10 meses y medio de impacto de la pandemia, en España hay 20.100 “miembros de cooperativas”. En este caso hablaríamos de un desplome interanual del 12,47%, frente a la caída media de la población ocupada del 3,2%. Es una caída superior incluso a la del colectivo de empleadores por cuenta propia (-10,14%).

Pero la EPA no suele manejarse en el mundo de la economía social, pese a tratarse del termómetro que en España suele tomarle mejor la temperatura al empleo y al paro. Tiene su explicación: la disparidad entre estas estadísticas y algunas realidades del sector. Frente a los 20.100 “miembros de cooperativas” que reconoce la encuesta, solo una cooperativa como Consum ya ha superado, en 2020, los 17.000 trabajadores (más del 90%, socios). Sin contar con el gran referente del cooperativismo que es la Corporación Mondragón, en la que trabajan 81.507 personas (cerca de la mitad son socias).

Preguntado al respecto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) precisa que la EPA no pregunta por el tipo de régimen, de modo que el epígrafe “miembros de cooperativas” incluye tanto a autónomos como a cotizantes en el régimen general. Ahora bien, si los miembros de la cooperativa son asalariados de esta, se clasifican como “asalariados del sector privado”.

Lo cierto es que, según la EPA, en el cuarto trimestre de 2007 había en España 69.500 “miembros de cooperativas”. Y al cierre de 2020, había 20.100, así que seguir la evolución de la economía social es complicado. Y además, para ver la foto con nitidez, hay que esperar.

Menos ajustes de empleo

“Es muy pronto”, comenta en este sentido el profesor Eloi Serrano, director de la Cátedra de Economia Social del Tecnocampus-Universitat Pompeu Fabra (UPF). “Sí sabemos que las cooperativas sufren los mismos problemas que el resto de empresas, que la patología del enfermo puede ser la misma: problemas de liquidez, desplome de las ventas… Y que donde radica la diferencia es en el modo de afrontar la enfermedad: la propensión de las cooperativas a reestructurar la empresa es menor. Claro que recurren a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES), pero no los usan para realizar regulaciones de empleo”.

mpacto de la pandemia difundido a finales de 2020* apunta que, al margen de las medidas propias, el ERTE ha sido la figura más utilizada, “aunque también se han realizado ajustes en la jornada laboral del personal”. La digitalización y el teletrabajo, así como la redistribución de espacios, han sido las medidas más implantadas.

Redes de apoyo mutuo

La red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) también preguntó a sus organizaciones. De las 255 que en su balance social respondieron sobre las medidas laborales adoptadas durante el confinamiento, el teletrabajo fue mencionado en el 84% de las veces. Le siguen, con el 35% de respuestas, los ERTE, así como las reducciones de jornadas (24%), las bolsas de horas (12%), las vacaciones pactadas (6%) y los permisos remunerados y la movilidad interna. Solo el 3% de mencionó la palabra “despidos”.

“En la economía social, despedir es siempre la última opción”, remacha Blanca Crespo, miembro de REAS y quien pone en valor cómo se han tejido redes de apoyo mutuo. Entre otras iniciativas, se refiere al Fondo Cooperativo para la Emergencia Social y Sanitaria, canalizados a través de la Fundación Goteo, y al que un amplio grupo de entidades de la economía social y solidaria aportó recursos tanto para paliar situaciones de emergencia como para reforzar empresas a medio y largo plazo.

“Es destacable el papel que han tenido los ERTE y la financiación garantizada con avales públicos para contener los despidos y los cierres de empresas”, puntualiza José Vidal García, director de la madrileña FECOMA. “Pero, además, las empresas de economía social han contribuido a la sociedad en sus territorios de forma extraordinaria, con medidas de conciliación laboral, ayuda mutua entre socios y trabajadores, apoyo económico a los más necesitados y distribución de mascarillas”, apostilla.

Balance dispar

El frenesí de los inicios fue notable. Pero ahora ha transcurrido un año y la actividad en múltiples sectores languidece, cuando no sigue al ralentí. El Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC) constata que el resultado depende del sector. “El primario incluso gana empleos, con sus consecuencias”, apunta.

La citada cooperativa Consum informó el pasado enero de que, desde que se inició la crisis sanitaria, ha contratado a 6.149 personas y ha realizado 2.873 ampliaciones de jornada.

n otras áreas de actividad relacionadas con la atención a las personas, el empleo tampoco se ha resentido. Un portavoz de Suara apunta que no ha tenido que aprobar en asamblea ninguna medida extraordinaria. “Ni ajustes ni rebajas de sueldos”, señala. Sí ha puesto en marcha un plan de acompañamiento en situaciones de duelo para dar herramientas al personal como los grupos de escucha, la atención psicológica y la psicoterapia.

La pandemia se ha vivido de forma distinta en Abacus. “Ser una cooperativa no te garantiza los ingresos. Ha sido muy duro. Tenemos 48 establecimientos y la mayoría, de más de 400 metros cuadrados. Nos han cerrado y está siendo difícil planificar. Y, aunque se ha acelerado nuestro negocio online, que ya existía, algo así no puede compensarse”, explica su presidenta, Maravillas Rojo.

Esta cooperativa, que vende productos y servicios culturales y educativos, además de juguetes, y del que forman parte 560 personas socias trabajadoras y 960.000 socias consumidoras, vive —como tantas otras— dos contradicciones. La primera, necesitar reubicar internamente a la gente que no puede trabajar y, a la vez, requerir perfiles de los que no se dispone y que no se forman en pocos días. La segunda, enfrentarse al dilema de dónde aplicar la tijera de los gastos cuando bajan los ingresos.Se puede destinar los recursos escasos a pagar a la gente lo que le corresponde o invertir en construir futuro, por ejemplo, en tecnología. “Dejar de cobrar anticipos extraordinarios [paga extra] puede asumirse de forma colectiva y transparente. Eso no significa que se entienda fácilmente”, añade Rojo.

ES Marcos de Castro  subraya en positivo el cambio de chip que supone el cooperativismo: “Esto rompe con la inercia cultural de pasividad de la empresa tradicional, que consiste en que a cada trabajador le den el sueldo a fin de mes y punto. Eso nos da una fuerza y una imaginación colectiva mayor”.

El gran riesgo, alerta De Castro, es que cuando las cosas van viento en popa nadie se preocupe por comprender las cuentas y el balance. El reto de sensibilizar  a las personas socias para que se impliquen y participen en la toma de decisiones, y de que comprendan que eso genera un estilo de autoridad y un proceso de decisiones distinto, está ahí. Lo mismo que el sentido de pertenencia o la búsqueda de la sostenibilidad a largo plazo, en lugar del cortoplacismo  del beneficio inmediato.

“Más que una mayor capacidad de resistencia, en las cooperativas veo una mayor voluntad de resistencia”, matiza el profesor Serrano, quien no da por descontado que el efecto refugio del factor cooperativa típico de otras crisis vaya necesariamente a darse en esta, visto su origen exógeno (un virus). Mucho dependerá de lo que dure la pandemia.

La cuestión no es solo resistir. Y menos cuando hay fondos europeos en el horizonte. El mencionado estudio de COCETA apunta que las cooperativas ven también oportunidades de negocio en el horizonte ligadas a la pandemia: a corto, en la producción de material sanitario, la atención a las personas o algunos perfiles tecnológicos; a medio, relacionados con la sostenibilidad y la digitalización.

Por ahora, 18 gobiernos de la UE han suscrito la Declaración de Toledo, lo que supone apoyar el modelo de desarrollo económico, social y medioambiental encarnado por la economía social y solidaria. En el encuentro en el que se aprobó, la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo: “Queremos que el potencial de cohesión y solidaridad tenga un papel determinante en las reconstrucción de Europa”.

Pronto se verá si es así.

Fuente: Alternativas Económicas

A pocos días de las movilizaciones y acciones del 8 de marzo de 2020, se declararon medidas de confinamiento y aislamiento en distintos países y regiones frente a la pandemia global de la Covid-19. Muchas de nosotras nos llegamos a abrazar en las calles con otres, y nos lanzamos a la huelga internacional desde la convocatoria por “un #8M que aglutina, moviliza y propone”. En ese entonces, dábamos los primeros pasos como Confluencia Feminista de Economías Transformadoras  haciendo ejercicios de reflexión colectiva y fortaleciendo el internacionalismo que nos permitía converger desde el norte y el sur global. Nuestra convocatoria se asentó en la apuesta por las experiencias y alternativas basadas en economías feministas, como contribución fundamental para navegar entre las incertidumbres. En ese entonces dijimos “no tenemos respuestas únicas ni exactas, solo el deseo de transformarlo todo y hacerlo juntes”.

Los puntos que dieron forma a nuestra convocatoria ponían en evidencia el avance del ajuste y la precarización; del poder corporativo y la restauración conservadora; de las violencias, femicidios y transfemicidios; del racismo, la xenofobia; del ecocidio y del extractivismo. Sin embargo, insistimos como voz colectiva, en la necesidad de “poner la vida, la solidaridad y el cuidado en el centro del debate” porque eso también es “construir alternativas para un mundo en crisis”.

A los pocos días de esta huelga y movilización, nuestras formas de activismo y militancias se transformaron y creamos nuevos espacios donde encontrarnos a través de redes sociales, aplicaciones y plataformas virtuales. En este largo año, que separa un 8M del otro, quisiéramos hacer una parada para recoger algunas puntadas de los senderos que pudimos construir juntes. La primera de ellas se relaciona con el diagnóstico colectivo que desde los feminismos y desde la confluencia hicimos de la pandemia. La segunda puntada recupera la trama de estrategias que pusimos en común en todos estos meses, entre ellas la posibilidad de darnos espacios de formación, reflexión y practica solidaria y feminista, poniendo en disputa la “nueva normalidad”. La tercera enlaza el tejido de alianzas que nos ha permitido construir una agenda, no solo para el 8M sino para abrir un nuevo proceso y hoja de ruta.

Si nuestro anterior lema fue por un “Un 8M que aglutina, moviliza y propone”, frente a la crisis (sanitaria, ecológica y de cuidados) que puso en escena la Covid-19, ensayamos más respuestas colectivas desde la economía social, solidaria y feminista ya que las salidas requieren que pensemos otras formas de ser, de hacer, de relacionarnos.

Esta pandemia puso en evidencia una crisis que ya estaba, como dijeron nuestras compañeras defensoras mesoamericanas; en la ‘vida de antes’ ya denunciamos la matriz de sobrecarga de trabajo -remunerado y no remunerado- sobre las mujeres y de la violencia machista que caracterizan este sistema y que se vio acentuada en la pandemia.

Los feminismos en las experiencias locales frente a las economías pandémicas

Durante el último año hemos podido recrear un entramado de estrategias feministas en espacios locales frente a la crisis multidimensional que se vio profundizada por la pandemia. La Confluencia Feminista fue un espacio donde pusimos en común estas experiencias. No solo nos sostuvimos desde las redes de afecto y solidaridad -a través de llamadas virtuales y reuniones en donde se armaban rondas para compartir cómo estaba cada una-, también aprendimos de esas mismas experiencias que cada compañera compartía desde su territorio.

Desde las herramientas de conectividad que cada una tenía, con diferencias horarias y distintas lenguas, pudimos tejer ese entramado de reflexiones y construcción de saberes. En ese ciclo de diálogos, “nos pensamos” desde los feminismos como indivisibles de la praxis porque son, ante todo, la posibilidad de que juntes pensemos en común cuál es el mundo que queremos co-construir.

Entre esos innumerables intercambios, queremos recuperar la potencia de los feminismos en las experiencias locales, como parte de las “alternativas para un mundo en crisis”. En medio de las restricciones de movilidad y circulación entre barrios y ciudades, nuevas iniciativas tomaron forma “en vínculo directo con la atención a las necesidades más apremiantes de alimentación y salud”. Parte de estas experiencias fueron recuperadas en la declaración ‘Una economía feminista para un mundo en transformación’, donde advertíamos que han sido esas redes sostenidas por compañeras las que “han activado formas alternativas de expresión, contacto y acción solidaria”, que apoyan tanto la elaboración comunitaria de alimentos, la compra y distribución de producción agroecológica de campesinas, la provisión de medicinas naturales, la compra de jabón y mascarillas, y su distribución hacia sectores muy expuestos a la pandemia. Las redes de comercio justo, y las experiencias de Mercados Sociales en el Estado Español dialogaban con Mercados Territoriales en Argentina. Las problemática del acceso al hábitat y el sostenimiento de mujeres y personas LGBT+ en situación de calle, entraba en diálogo con las cooperativas de vivienda. Los ecofeminismos del norte dialogaron con las prácticas de cuidado de la tierra y reciclado en Colombia y en Bolivia. Las “nuevas re-conexiones” que se abrían paso en lo local mostraron el diálogo entre la economía feminista y la economía familiar campesina. Tal como lo dijo nuestra compañera Alejandra Santillana Ortiz desde Ecuador, estas estrategias feministas se han sostenido “frente al desmonte de lo público” y en un escenario de “economías pandémicas”.

Durante estos meses también construimos espacios de formación, reflexión y practica solidaria y feminista, poniendo en disputa los sentidos en torno a la “nueva normalidad”. Algunos tomaron el formato de diálogos en línea, otros se enmarcaron en jornadas y talleres de escuelas feministas. La Confluencia sostuvo la edición de materiales, kit de lecturas, podcast, etc. que permitiera la circulación de producciones feministas en distintas latitudes e idiomas. También se animó a la escritura colectiva, sin reafirmar personalismos, compaginando sentires e interpelando posiciones políticas, evitando traducciones reduccionistas de los umbrales de esperanza y desesperanza de lo que cada una vivía en plena pandemia.

Una agenda feminista, solidaria y global: por una economía para la vida y no a expensas de la vida

Queremos recuperar algunos de los elementos centrales que nos van a permitir trazar las líneas de un nuevo mapa feminista y solidario desde el sur y norte globales, para pensar en la reconstrucción que queremos desde nuevas alternativas que ponen en disputa esta nueva normalidad:

• Seguir articulando las fuerzas del feminismo desde una perspectiva de transformación, construyendo espacios, foros y encuentros internacionales con otros movimientos, que promuevan el desarrollo de un programa de economía solidaria, social, feminista y ecológica.
• Pensar en otra educación para nuestras relaciones, que se alimente de los saberes populares como una estrategia metodológica para cuestionar las relaciones de poder a partir de nuestras historias, deseos y vivencias.
• La construcción y fortalecimiento de la salud pública y de los sistemas de protección universal frente a la mercantilización de sistemas sanitarios.
• Promover una reorganización social de las tareas de cuidados, de manera que se asegure el derecho de todas las personas a recibirlos y articular las luchas por los derechos de las trabajadoras remuneradas de los hogares y las trabajadoras del cuidado. En ellas, la articulación con la lucha de compañeras migrantes y refugiadas es clave.
• Construir otras formas de ordenación de los territorios urbanos y no urbanos y promover fórmulas de vivienda basadas en la colaboración y la sostenibilidad ambiental.
• La desmercantilización alimentaria como clave en la lucha cotidiana ecofeminista que apueste por la defensa de la vida desde la soberanía, la interdependencia solidaria y la sostenibilidad.
• La despatriarcalización de las relaciones de poder, tanto en el espacio/ámbito público como dentro de nuestras redes, organizaciones y cooperativas.
• Romper con el binomio productivo/reproductivo e incorporar y visibilizar la esfera reproductiva en los discursos y las prácticas económicas.
• La necesidad de fortalecer la formación de mujeres y colectivos de las disidencias sexuales en los escenarios públicos, ante las diversas violencias políticas que se están visualizando en cada uno de nuestros entornos locales.
• La promoción de una soberanía digital y la lucha contra la brecha digital de género.

Esta agenda por tanto, debe incluir la defensa de los derechos de las mujeres y personas LGBTI+, pero en articulación con las luchas para proteger los territorios, el medio ambiente, la soberanía alimentaria, en contra del extractivismo (de recursos, de tierra y de datos), y en diálogo con otros movimientos y economías transformadoras del mundo como la economía solidaria y la feminista.

Construyamos un marzo feminista y solidario, para transformar lo que queda del año.

Fuente: Pikara Magazine

Artículo de Carlos Askunze Elizaga (REAS Euskadi-Red de Economía Alternativa y Solidaria para la Revista Noticias Obreras nº 1.635, enero de 2021

La emergencia de la COVID 19 ha llenado de temor y ansiedad nuestras frágiles vidas y, especialmente, ha mostrado la insuficiencia del sistema social, económico y político y de sus principales instituciones –tanto locales como internacionales–, para hacer frente a su expansión y a sus consecuencias, capaces de comprometer el futuro de nuestras sociedades.

Pero más allá de la coyuntura inmediata, hemos de reconocer que la pandemia y la impotencia en su tratamiento y control son síntomas de una crisis ecosocial mucho más profunda que amenaza, como nunca había sucedido en la historia, con poner en peligro la propia supervivencia del planeta y de las vidas que alberga.

Es necesario impulsar estrategias para una transición, que nos coloquen en la posibilidad de soñar, identificar y diseñar futuros alternativos a los que en este momento nos aboca el capitalismo, desde criterios de justicia ecosocial y desde marcos de profundización democrática.

Desde la Economía Social y Solidaria (ESS), en sintonía con otras economías transformadoras como la feminista, la ecológica o la de los comunes, se propone una agenda de estrategias y de prácticas concretas que, llevadas al terreno de los cambios estructurales, las políticas públicas y el comportamiento social, pueden abrir algunas pistas valiosas para el impulso de dicha transición, tan necesaria como urgente.

Y llegó la pandemia

La pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia la necesidad de replantear los pilares sobre los que se asienta el funcionamiento de nuestra sociedad y del planeta. La crisis sanitaria asoma a la superficie sobre una triple crisis de mayor calado: ecológica, económica y de cuidados. Una crisis ecosocial y de modelo civilizatorio que ya estaba presente y que, en todo caso, se ha hecho más evidente y se ha visto reforzada en algunas de sus expresiones más dolorosas y aparentemente incontrolables.

Un sistema global que ha mostrado su propia fragilidad e incapacidad de resolver las emergencias ecosociales que, como vienen llamando la atención desde los movimientos sociales y desde la comunidad académica y científica, se agravarán y serán cada vez más habituales. Un modelo que, una vez más, pone en evidencia el conflicto entre el capital y la vida o, dicho de otro modo, revela la incompatibilidad del mantenimiento de un sistema basado en el ánimo de lucro, la maximización de beneficios, la financiarización de la economía y el crecimiento ilimitado de la producción y el consumo, con los procesos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales que aseguren el mantenimiento de la vida (digna), en cualquier lugar del planeta, tanto en el presente como, particularmente, en el futuro.

La aparente excepcionalidad de la situación que hoy vivimos y, especialmente, el modo en que está siendo gestionada por parte de diferentes Gobiernos, además de acarrear peligros en la deriva autoritaria de los poderes públicos (como denuncian organismos de derechos humanos en determinados países europeos y americanos) o el reforzamiento de discursos y prácticas discriminatorias por razón de clase, etnia o procedencia, oculta que el impacto de la pandemia se asienta en estructuras de desigualdad preexistentes y en los mecanismos sistémicos que han quebrado el necesario equilibrio ecosocial1.

Muestra de todo ello es que, a pesar de la insistencia mediática, no es posible hablar de un «virus de comportamiento democrático» que ataca por igual a personas, barrios y pueblos ricos y pobres. La realidad es que en un mundo y en unas sociedades desiguales, las emergencias impactan desigualmente y las respuestas institucionales son, así mismo, profundamente diferentes en su orientación y capacidad de resolución de los problemas emergentes. Sirva como ejemplo, la publicación de las previsiones sobre el calendario de vacunación en todo el planeta. Si en Europa o EEUU se ha iniciado la campaña que puede alargarse durante todo el 2021, habrá países de África que no la recibirán previsiblemente hasta finales de 2023.

Además, sin restar importancia al profundo sufrimiento y a la muerte que esta pandemia está generando, no podemos ocultar que las desigualdades prexistentes se muestran en los datos de que señalan que mueren 80 veces más personas de hambre que las que morirán por la COVID-19, 70 veces más niños y niñas al nacer por causas evitables, 33 veces más por falta de atención médica, 20 veces más por accidentes laborales o 2,5 veces más
mujeres por falta de atención médica en el embarazo…

E, igualmente, y en lo relativo a las dificultades para hacer frente a esta crisis sanitaria, no podemos obviar que con lo que cobra una figura del fútbol se podrían comprar 2.000 respiradores, con lo que cuestan 346 carros de combate (adquiridos hace poco por España) podrían comprarse 140.000 respiradores o que los milmillonarios estadounidenses han incrementado su riqueza en un billón de dólares en solo siete meses de pandemia2.

Urge cambiar de rumbo

Si tuviéramos que hacer un resumen telegráfico de los aprendizajes que la situación actual nos está ofreciendo, señalaríamos, entre otros, que es prioritario cuidar a las personas –especialmente a aquellas que tienen más dificultades o presentan mayor fragilidad–, reforzar los sistemas públicos de protección social, priorizar los servicios y productos de cercanía esenciales para nuestra vida cotidiana, modificar nuestro comportamiento socia y económico, así como impulsar una transición ecológica que enfrente los desafíos medioambientales a los que con urgencia asistimos.

Es decir, necesitamos cambiar de rumbo y «colocar la vida en el centro». Esta frase, lejos de ser un slogan fácil, resume el principal reto que debemos afrontar colectivamente: garantizar la sostenibilidad de la vida y asegurar los procesos sociales y ambientales que lo permitan. Y, en ese reto, debemos afrontar con urgencia –particularmente– la transformación de los modelos e instrumentos económicos que, mayoritariamente, han permeado nuestras vidas y nuestras instituciones sociales. Un funcionamiento económico, el capitalista, que es responsable en gran medida de las crisis cíclicas que nos azotan, que es incapaz de resolver las necesidades sociales y que se muestra, como en esta pandemia, incapaz de garantizar la salud y la vida de las personas. Un sistema que acrecienta la pobreza, las desigualdades de todo tipo y la emergencia ecológica.

Necesitamos, por tanto, reconsiderar la economía. Reconsiderar las bases que sustentan su funcionamiento, los límites sociales y ambientales que enfrenta, las políticas públicas que la impulsan, el comportamiento económico de la ciudadanía… Necesitamos enfrentar estrategias de transición hacia modelos socioeconómicos más equitativos, solidarios y sostenibles. Estrategias que incorporen los valores y las propuestas del feminismo y la ecología, y coloquen la economía al servicio del bien común, del bienestar de todas las personas y territorios, de la equidad y la cohesión social, así como de la sostenibilidad futura de nuestro planeta. La ESS, junto con otras miradas críticas, alternativas y transformadoras, aporta propuestas concretas para impulsar esas transiciones hacia un nuevo modelo que podemos resumir en las siguientes estrategias3, que deben ser consideradas tanto local, como globalmente:

• Garantizar los derechos humanos, sociales y económicos de todas las personas y, por tanto, priorizar las políticas, recursos económicos e instrumentos necesarios para sostener los sistemas básicos de protección social que garanticen una vida digna –salud, educación, servicios sociales e inclusión– desde criterios de igualdad y universalidad.
• Impulsar una nueva organización social de los cuidados que asegure el derecho al cuidado de todas las personas, su desarrollo en condiciones dignas y a través de la responsabilidad compartida por el conjunto de la sociedad: instituciones públicas, agentes sociales, comunidad y hogares.
• Desarrollar una estrategia de transición ecosocial en materias como la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la gestión ecológica de los residuos, la limitación del consumo de recursos, la gestión pública y eficiente del agua, la defensa de la biodiversidad o la gestión sostenible del territorio.
• Impulsar un cambio en el sistema productivo que coloque la vida en el centro de toda su actividad, priorizando la producción de bienes y servicios de utilidad social y al servicio del bien común, la promoción de las economías directa y circular, la corresponsabilidad en las tareas productivas y reproductivas, etc.
• Promover una estrategia basada en el soporte y valorización de las cadenas económicas locales, a través de la protección de la producción local, la financiación ética y responsable, el desarrollo de circuitos cortos de comercialización y comercio local sostenibles, así como la promoción del consumo crítico, consciente y transformador. De esta manera, promovemos las soberanías energética, alimentaria, tecnológica, cultural, etc., lo que no es óbice para impulsar la necesaria (inter) cooperación y solidaridad internacional con el resto de las comunidades del planeta.
• Apostar estratégicamente por el desarrollo del sector de la ESS, apoyando el desarrollo de actividades económicas impulsadas por la iniciativa social al servicio del bien común y, particularmente, las desarrolladas en sectores estratégicos como la banca ética, las cooperativas de generación, comercialización y consumo de energías renovables, las iniciativas asociativas de promoción de la agroecología y la soberanía alimentaria, el comercio justo, la gestión sostenible de residuos, las intervención social, los cuidados y el desarrollo comunitario, las tecnologías abiertas y la comunicación libre o las viviendas cooperativas de cesión en uso.
• Avanzar hacia un nuevo modelo de gobernanza más abierto, distribuido, deliberativo y corresponsable, que permita profundizar en la democracia para abordar de manera conjunta los complejos desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad, desde una mayor colaboración público-social y con una perspectiva integral que combine el enfoque territorial, la innovación ciudadana, la participación de la comunidad, la investigación social aplicada y el fortalecimiento de los diferentes agentes

Finalmente, cabe referirse, de modo específico y por lo que estamos observando en esta pandemia, a una estrategia general necesaria de construcción, gestión colectiva y defensa de los denominados bienes comunes. Los procesos de mercantilización de cada vez más aspectos y necesidades de la vida y, por tanto, de la privatización en su provisión y acceso, hace que sea más necesario que nunca identificar y defender todos aquellos bienes y servicios que debieran estar fuera de la lógica del mercado capitalista.

En esta pandemia, se ha puesto en evidencia, particularmente, la necesidad de rescatar la sanidad pública, el sistema de dependencia o las llamadas actividades esenciales que tienen que ver con los cuidados y con los bienes y servicios necesarios e imprescindibles para mantener una vida digna, generalizable, garantizada y en condiciones. Sin embargo, la pandemia también ha visibilizado la precarización de dichas actividades esenciales, así como las consecuencias de la privatización de áreas como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

No solo eso, sino que debemos denunciar que, una vez más, determinados sectores sociales y corporaciones empresariales, también con esta crisis, están aumentando sus ganancias. La carrera comercial de las vacunas, las negociaciones secretas entre Gobiernos con las farmacéuticas, el negocio de la sanidad y de la provisión de cuidados de carácter privado-mercantil o el aumento millonario de las ganancias de las plataformas de comercio online a costa de la precarización de quienes trabajan en los ámbitos del transporte y la mensajería, ponen de manifiesto que, incluso de las peores consecuencias de las emergencias sociales y sanitarias, es posible hacer negocio.

Propuestas para una normalidad alternativa

A pesar de la celeridad en el desarrollo de la pandemia y, especialmente, de sus consecuencias sociales y económicas más lacerantes, han proliferado una multitud de pronunciamientos y propuestas para hacer frente a esta emergencia, tanto desde un punto de vista coyuntural (sistemas de protección y escudo social) como de articulación de medidas a medio y largo plazo que nos permitan construir las transformaciones necesarias (transición ecosocial, desmercantilización de los bienes comunes, refuerzo de los servicios públicos, restructuración del sistema productivo, reorganización de los trabajos de
cuidados, desfinanciarización de la economía, etc.). Desde movimientos sociales a sectores culturales, pasando por ámbitos universitarios y de investigación o agentes económicos, hemos podido asistir a una rica producción de agendas al servicio de la transformación social y se ha demostrado un importante dinamismo a la hora de ofrecer respuestas a los graves problemas que
enfrentamos.

Se trata de propuestas diversas que demandan transformaciones estructurales, pero también señalan políticas públicas concretas que promuevan las transiciones que dichos cambios requieren. Así se ha mostrado, por ejemplo, en la celebración del Foro Mundial de las Economías Transformadoras, en el que, a través de decenas de actividades, centenares de representantes de movimientos sociales han identificado las bases para la confluencia entre sectores diversos y agendas compartidas para la transformación de la economía.

Es urgente desarrollar una verdadera estrategia de transición ecológica que contemple cambios estructurales en las políticas energéticas

Desde esa perspectiva, REAS, Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria, impulsó un proceso de elaboración colectiva de un documento de propuestas políticas titulado «14 Ejes de actuación y 85 medidas para una nueva normalidad Solidaria, Feminista y Ecológica» El documento concreta dichos ejes y medidas en propuestas de fomento de la ESS en cuatro objetivos prioritarios para las políticas públicas que resumimos a continuación.
Presenta, además, algunos acentos que, más allá de esas propuestas, se consideran relevantes para garantizar avances en la reactivación económica y social. Acentos que han quedado especialmente de relieve en esta coyuntura de pandemia (Anexo final)

Políticas que prioricen la inclusión y la cohesión social

1. La vivienda sigue siendo un eje central en el desarrollo de sociedades inclusivas, por lo que su garantía debe priorizarse, especialmente para quienes más dificultades de acceso tienen, a través del refuerzo de la vivienda pública y social. Pero, además, el sector de la ESS quiere impulsar nuevos modelos alternativos de vivienda, basados en la colaboración y la sostenibilidad ambiental. Para ello, reivindica políticas concretas que favorezcan el desarrollo de cooperativas de vivienda de cesión en uso.
2. Por lo que se refiere al empleo, debe apostarse por el desarrollo de una estrategia de empleo inclusivo que priorice la formación y la contratación de personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables, además de que, en general, se promueva el empleo digno y se combatan todas las formas de precarización laboral, especialmente en los ámbitos de los cuidados y de otras tareas que se han reconocido como esenciales durante
   la pandemia como el transporte, la limpieza o la comunicación, combatiendo particularmente los llamados «falsos autónomos».
3. En el ámbito educativo, además de reforzar un sistema público que garantice la universalidad y la igualdad, debe prestarse especial atención al apoyo educativo y la atención a menores en situación de especial vulnerabilidad. Y en la implantación de la reforma educativa, la ESS reclama una mayor presencia de los contenidos relacionados con las alternativas económicas, la promoción de modelos cooperativos y la introducción de la competencia ecosocial.

Políticas para la sostenibilidad de la vida

1. Es necesario promover, desde una perspectiva feminista, una reorganización social de las tareas de cuidados, de manera que se asegure el derecho de todas las personas a recibirlos, así como su provisión desde criterios de corresponsabilidad público-social. Igualmente, hay que desarrollar medidas específicas que reduzcan los efectos negativos de la brecha de género en las políticas de conciliación que, especialmente en tiempos como los de esta pandemia, hacen que recaigan en las mujeres mayores cargas de trabajo. Estos son solo algunos de los aspectos que debieran contemplarse en el impulso de la una Ley de cuidados y sostenibilidad de la vida.
2. Es urgente desarrollar una verdadera estrategia de transición ecológica que contemple cambios estructurales en las políticas energéticas, además de promover un nuevo paradigma basado en la economía circular. Desde esa perspectiva, es especialmente importante desarrollar un marco jurídico de protección e impulso de las energías renovables y las medidas de eficiencia energética, así como de regulación de las comunidades ciudadanas y locales de energía. Particularmente, debe preservarse la participación de las entidades de la ESS en este sector a través de las cooperativas de generación, comercialización y consumo de energías renovables, así como en el sector de la prestación de servicios de gestión de residuos.
3.  Impulsar la soberanía alimentaria es otra de las estrategias necesarias para asegurar la sostenibilidad d la vida. Para ello son necesarias medidas que promuevan la reactivación del ámbito rural y la «ruralización» del medio urbano, a través de la promoción de la producción agroecológica, la comercialización directa y el consumo saludable y de proximidad, la cesión de tierras para cultivos, huertos urbanos o parques ecológicos periurbanos. Cabe destacar, así mismo, el fomento de iniciativas de la ESS como los grupos de consumo o los llamados supermercados cooperativas, la promoción del comercio local y de cercanía, así como la limitación de las grandes superficies comerciales.

Políticas para una economía al servicio de las personas

1. Es necesario impulsar nuevas formas de hacer y construir iniciativas empresariales basadas en la utilidad social de los bienes y servicios a producir, las estructuras cooperativas de propiedad y participación, así como su compromiso con el entorno local y la justicia ecosocial global. Para ello, es importante fomentar públicamente nuevos modelos de emprendimiento basados en los valores de la ESS, a través de programas y soportes de acompañamiento de nuevas iniciativas económicas que incluyan ayudas e inversiones, cesión de espacios, recursos formativos, etc. Así mismo, especialmente en tiempos de crisis, se requieren de medidas que faciliten la recuperación y/o transformación de empresas en figuras de la ESS.
2. En el ámbito financiero, desde la ESS se propone fortalecer las herramientas de las finanzas éticas y cooperativas que persiguen promover iniciativas y proyectos orientados a la transformación social y que, especialmente en coyunturas como las actuales, pueden mostrar una mayor fragilidad y tener especiales dificultades para encontrar financiación. Para ello se propone que las instituciones públicas promocionen estas entidades financieras, utilicen sus servicios e impulsen en colaboración con ellas líneas de financiación para las iniciativas de la ESS con garantía pública. Es urgente, en la situación actual de pandemia, que existan programas de financiación pública (subvenciones, avales, garantías,
   incentivos a la capitalización y a las inversiones en áreas como la digitalización, etc.) que permitan sostener las iniciativas de la ESS.
3. El consumismo ilimitado, al igual que la sobreproducción, son ejes centrales del mantenimiento de un sistema económico nocivo para las personas y para el planeta. Por ello la ESS propone políticas públicas que promuevan un consumo crítico, consciente y transformador, la limitación de la publicidad en medios y espacios públicos o la promoción de circuitos comerciales alternativos. Para ello, es importante fomentar por parte de las instituciones programas de apoyo al comercio de proximidad, a los circuitos cortos de comercialización y al mercado social que promueve la ESS, un nuevo mercado basado en criterios éticos, ecológicos, feministas, solidarios y democráticos.
4. Desde la perspectiva anterior, la ESS promueve a nivel internacional el comercio justo como forma alternativa de mercado y de consumo, de sensibilización ciudadana y de denuncia de los mecanismos comerciales injustos y el papel que desempeñan las grandes corporaciones. Es necesario impulsar políticas públicas que velen por el respeto de los derechos humanos, sociales, laborales y ambientales en todas las cadenas de suministros, especialmente de las empresas transnacionales. Por otro lado, es importante la promoción y el consumo de comercio justo a través de diferentes políticas como la de compra pública.
5. Hay muchas maneras de resolver necesidades sociales y desarrollar fórmulas alternativas a las del mercado privado. Con el objeto de fortalecer los sujetos sociales, así como promover la autogestión en la resolución de necesidades, es oportuno impulsar políticas que regularicen y den soporte a las llamadas economías comunitarias que incluyen bancos del tiempo, monedas sociales, ferias y mercados del trueque, grupos de apoyo mutuo, etc.

Políticas para una gestión institucional al servicio del bien común

1. La gestión de las propias instituciones y de su actividad cotidiana debe convertirse en regulaciones y herramienta al servicio del bien común. La confección participativa de los presupuestos, la auditoría ciudadana del gasto público o la utilización eficiente, transparente y ética de sus finanzas son ejemplos evidentes. Pero, además, las instituciones pueden promover modelos de desarrollo local y de innovación social basados en la ESS, fomentando la colaboración público-social, la discriminación positiva de iniciativas socioeconómicas beneficiosas para la comunidad o desplegando la resiliencia de los territorios frente a las crisis ecosociales.
2. Especialmente, necesitamos de instituciones que salvaguarden los bienes comunes, desarrollando regulaciones que protejan de la mercantilización a aquellos bienes naturales, urbanos, culturales o digitales, que deben ser gestionados de manera pública, social y/o comunitaria.
3. Finalmente, es de destacar el papel que la compra pública juega en la economía. Se trata de una potente herramienta que puede colocarse al servicio del bienestar social, la solidaridad y la transición ecológica. Es fundamental impulsar políticas de compra pública responsable, en las que se introduzcan cláusulas sociales y ambientales en los criterios de adjudicación y en las condiciones de ejecución de los contratos. Así mismo, es necesario orientar la compra pública para el fomento de la pequeña y mediana empresa local y, especialmente – incluyendo la posibilidad los contratos reservados–, de las empresas de la ESS.

Se trata de un conjunto de propuestas concretas de promoción de la ESS que pueden contribuir, junto con otras medidas, a ir construyendo escenarios alternativos que posibiliten el desarrollo de las transiciones ecosociales que necesitamos y que la coyuntura actual ha evidenciado con mayor fuerza. Están al alcance de administraciones locales y estatales y, en algunos casos, vienen siendo promovidas por instituciones públicas y por organizaciones sociales, políticas y económicas a lo largo de todo el planeta.

El escritor Juan José Millás señalaba en una entrevista que «el capitalismo es un delirio que en cualquier momento se puede venir abajo»4. No cabe duda de que la actual pandemia, así como otras crisis emergentes no siempre tan visibilizadas, ponen de manifiesto la fragilidad de un sistema socioeconómico insostenible para la vida, por lo que realmente podemos caricaturizarlo como un auténtico delirio. Que el capitalismo se «venga abajo» y se alumbre un futuro alternativo, dependerá de la capacidad de promover pequeñas y grandes transformaciones en el terreno cultural, social, político y económico.

El aporte que el movimiento de la ESS realiza es el de impulsar, en esos ámbitos, iniciativas concretas y cotidianas que anticipan la posibilidad de dichos cambios, así como la formulación de una batería de propuestas de posibles políticas públicas que los promuevan.

1. Pérez de Armiño, Karlos (2020): «La COVID-19 como ensayo global de excepcionalidad», en Revista Iglesia Viva, nº 283, julio-septiembre 2020, pp. 27-44: www.bit.ly/LaCOVIDcomoensayo
2. Datos presentados por el economista Juan Torres en su conferencia «Economía de paz y la necesaria transformación en un contexto caracterizado por la complejidad», en el marco del IV Laboratorio de economía de paz, derechos humanos y empresa vasca, celebrado el pasado 28 de octubre de 2020.
3. Basado en el documento «La vida en el centro» presentado por REAS Euskadi con motivo de las elecciones al Parlamento Vasco del 12 de julio de 2020.
4. Juan José Millás, entrevistado por Henrique Mariño en Público el 10 de julio de 2020: www.bit.ly/ElCapitalismoesunDelirio.

Anexo-Claves para garantizar el avance hacia una verdadera reactivación económica y social

• Equilibrar los intereses comerciales con la defensa de los derechos humanos, laborales y medioambientales.
• Cumplir la Estrategia Europea 2020 y la Agenda 2030, especialmente en los objetivos de producción sostenible, consumo responsable, lucha contra la pobreza y la desigualdad, igualdad de género y lucha contra el cambio climático.
• Asegurar los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales, dependencia…) que garanticen cuidados de calidad a lo largo de toda la vida.
• Desarrollar una renta básica que garantice las condiciones para una vida digna a todas las personas.
• Dedicar los superávits de las administraciones al impulso de políticas activas de empleo que fomenten la cohesión social y el desarrollo local.
• Apostar por sectores estratégicos como las energías renovables, rehabilitación ecológica, reutilización, reciclaje y gestión de residuos, así como por la relocalización de la producción de bienes esenciales (sanitario, textil, alimentario, tecnológico…).
• Elaborar un plan estratégico de transición ecológica, reducción de emisiones y racionalización del consumo energético, promoción de modelos de economía circular y local, política de residuos 0 y apuesta por la movilidad sostenible.
• Implantar un sistema integral, eficaz y ágil de erradicación de la pobreza energética.
• Apostar por el reparto de los trabajos, del empleo y por el salario digno, para garantizar los ingresos necesarios, así como para democratizar los tiempos para el sostenimiento de la vida y los cuidados.
• Desarrollar líneas de apoyo a empresas en crisis a través de procesos de recuperación y transformación empresarial hacia figuras de ESS, además de apoyarse en cooperativas y el tejido social de los territorios para resolver necesidades urgentes.
• Ratificar el convenio 189 de la OIT sobre el trabajo doméstico: equiparación de derechos, condiciones dignas, desempleo… y promover un plan para eliminar la informalidad del sector.
• Aplicar los objetivos de compra pública responsable establecidos por la Ley 9/2017 de contratos del sector público.

Ante la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social (20 febrero), las organizaciones de Comercio Justo alertamos de la gravedad del aumento de la pobreza y las desigualdades globales ante la crisis provocada por la COVID-19. Esto, a su vez, está aumentando el riesgo de explotación laboral, trabajo forzoso, explotación laboral infantil y deforestación.

En un reciente informe publicado en diciembre de 2020, el PNUD advierte de que la COVID-19 llevará a 207 millones de personas más a la pobreza extrema en 2030 y aumentará el número de mujeres pobres en otros 102 millones. Según este organismo, la crisis económica provocada por la COVID-19 persistirá durante 10 años debido a la pérdida de la productividad y evitando una recuperación completa de la línea de desarrollo vista antes de la pandemia.

Asimismo, la OIT en su informe anual publicado a finales de 2020 advertía de que la crisis de la COVID ha provocado que los trabajadores/as hayan perdido 3,7 billones de dólares en salarios desde el inicio de la pandemia. Y que en el futuro próximo “afectará de manera desproporcionada a mujeres y personas con empleos peor pagados”.

Sin embargo, el mismo informe del PNUD también concluye que una serie de inversiones en los Objetivos de Desarrollo Sostenible durante la próxima década, no solo evitaría el aumento de la pobreza extrema sino que, incluso superaría los avances en materia de desarrollo anteriores a la pandemia. En particular, el PNUD señala la necesidad de invertir en programas de protección social y bienestar, mejora de la gobernanza y apostar por la economía verde.

Y también destaca la importancia de estimular cambios en los patrones de producción y consumo de alimentos, energía y agua.

En esta línea, organizaciones de Comercio Justo de todo el mundo venimos demandando que la reconstrucción post-COVID se base en una transformación de la economía y el sistema comercial global a través de políticas justas y sostenibles.

Las organizaciones de Comercio Justo alertamos de la necesidad de modificar determinadas prácticas comerciales como la mejora de la gobernanza de las cadenas de fabricación y suministro mundiales en favor de los intereses y necesidades esenciales de las pequeñas entidades de producción, y que también permitan al público consumidor hacer elecciones sostenibles.

También demandamos una democracia económica y un trato justo y respetuoso en las cadenas de suministro que evite los desequilibrios de poder y los abusos corporativos que, a menudo, violan los derechos humanos esenciales.

Demandamos también otro modelo de agricultura y comercio más respetuoso con el medio ambiente y que reduzca la emisión de gases de efecto invernadero y promueva la justicia climática. En definitiva, insistimos en la necesidad de aplicar políticas comerciales basadas en los valores y principios del Comercio Justo y la economía Solidaria.

Las organizaciones de Comercio Justo creemos que, ante el punto de inflexión que ha supuesto la COVID-19, es necesario cambiar de rumbo para no volver a caer en los mismos errores.

Enlace web 

Autores/as: Ermel Viacheslav Tapia Sosa, Nayade Caridad Reyes Palau

Descripción:  El libro que tienes en tus manos te sorprenderá muchísimo, media la resolución de tareas, problemas y proyectos que se formulan en una guía de aprendizaje autónomo de ahí que se está obligado a su relectura. El tema que nos ocupa es precisamente, el vínculo de las plataformas digitales hoy en día hacia una construcción autónoma del conocimiento disciplinar, y su respectiva investigación acción cooperativa; la primera de ellas afronta un
uso intensivo en un corto periodo de tiempo, situación que no todas ellas pueden soportar con garantía. Ante tal premisa no debemos olvidar que, en medio de todo, y como sujeto y objeto el propio proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra el individuo como ser bio-psico-social. Que este individuo lo estamos formando, y debido a las actuales circunstancias mundiales dicha formación es on line; esto amerita mayor sensibilidad por parte de los docentes, pues se impone la necesidad de fomentar una dinámica de la trasformación del sujeto que requiere de ser consiente, critico, innovador y creador en el contexto de la apropiación de herramientas de investigación cualitativa y su adecuado uso para la construcción del conocimiento científico. Somos del criterio que, el uso generalizado de la formación on line, actualmente constituye una excelente oportunidad para hacer un uso más permanente y mejorar aquellos aspectos que hacen que no sea aún de la misma calidad que la presencial, y que poco a poco se perfeccionen las plataformas educativas digitales. En estas páginas, verás que nada es lo que parece y que todo puede cambiar de la noche a la mañana sin casi darte cuenta, como por ejemplo la crisis sanitaria que estamos viviendo ahora, no hay otra alternativa que la formación on line, un formato que ha demostrado en circunstancias como la actual que es mucho más flexible.

Editorial:  Biblioteca virtual de Derecho, Economía, Ciencias Sociales y Tesis Doctorales

Idioma: Castellano

Año de publicación: 2020

Páginas: PP 119

Temática: investigación, plataformas digitales, pedagogía

ISBN: : 978-9942-38-287-0

Para poner algo de luz e información sobre los fondos europeos Next Generation EU, desde REAS Red de Redes hemos iniciado un proceso de consulta externa e interna para recabar información sobre este complejo y opaco proceso para el máximo aprovechamiento del movimiento de la Economía Social y Solidaria. Recogemos algunas de las principales claves extraídas en el marco de este proceso.

Contexto de los Fondos Next Generation

El total de fondos que se van a dotar son de 750.000 millones de Euros. Para el territorio español serán 140.000 millones de euros más 10.000 adicionales, de los cuales 80.000 millones serán a fondo perdido y 70.000 millones reembolsables.

Estos fondos se van a financiar con deuda mutualizada es decir, la UE va a emitir deuda y de esta forma los 750.000 millones de euros se obtengan en los mercados financieros y se repaguen en 5-30 años. Esta deuda al ser mutualizada es más barata y se pagará entre todos los estados miembro, aunque el reparto no sea el mismo (Italia y España son los países en obtener más fondos). El repago de la deuda saldrá de los presupuestos comunitarios de las próximas décadas, por lo que es crucial velar por un destino justo para los fondos.

Fases del proyecto

Los principales objetivos del plan Next Generation EU, sus importes y la distribución por Estados se definieron y aprobaron a mediados del año pasado. El plan tiene dos grandes objetivos: verde y digital, y las ayudas a cada Estado están condicionadas a programas de reformas.

• En octubre el Gobierno español presentó su borrador del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Plan España Puede), documento de referencia en el Estado español.  En el Plan definitivo se deberán integrar los planes de cada Ministerio y los de las Comunidades Autónomas, en este proceso cada territorio lo ha hecho de una forma distinta y en general el proceso de participación ciudadana ha sido nula. Algunos territorios lo han publicado como es el caso de Euskadi y de Catalunya.
• En diciembre se aprobó definitivamente en Europa el plan Next Generation, junto con los presupuestos comunitarios para los próximos seis años.
• Entre el 1 y el 30 de enero: Las CCAA podían presentar sus planes (el plazo era hasta el 31 de diciembre pero se ha ampliado)
• Entre el 1 de enero y el 30 de abril: cada Estado presentará un plan nacional detallando a qué van a ir destinados los fondos y las reformas asociadas a estos fondos. (Se espera que finalmente se amplíe hasta mayo)
• La Comisión Europea tiene dos meses para aprobarlo.
• El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) tiene un mes para ratificarlo y posteriormente habrá un mes más de trámites burocráticos.
• Finales de junio-principios de julio se espera que lleguen los fondos a España, primero llega un 13% de las ayudas que corresponden a cada estado.

Caso estado español

En los presupuestos generales del estado español de 2021 se ha adelantado una partida de 26.500 millones de euros con cargo a los fondos. Están esbozados en grandes líneas y faltan definir los programas concretos que tiene que aprobar Europa.

Hasta ahora, las CCAA han recopilado proyectos en un proceso desigual y opaco. Hasta ahora no habido una convocatoria formal (se espera en Abril que empiecen a salir convocatorias formales de subvenciones) pero varios Ministerios, en concreto el Ministerio de Transición Ecológica –MITECO- el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, han publicado 9 manifestaciones de interés. Las manifestaciones de interés son pre-convocatorias no vinculantes, que están lanzando los Ministerios para sondear al mercado en torno a qué volumen y tipologías de proyectos habrá. Se espera que durante el mes de febrero y marzo salga el resto de manifestaciones de interés y las primeras convocatorias formales a finales de marzo o principios de abril.

Cada Plan nacional se ajusta a 7 flagships marcados por la UE: 3 sobre digitalización (5G, Supercomputación, ciberseguridad…), 3 sobre transformación ecológica (hidrógeno y otras renovables, electrificación del transporte y rehabilitación energética de edificios) y 1 de formación, y a las recomendaciones del semestre europeo que la comisión nacional ha venido haciendo en los dos últimos años a cada país en materia de reformas (mejorar formación profesional, “sostenibilidad” de las pensiones, etc.)

En el caso del Plan España Puede, tiene a su vez 4 grandes ejes que tienen que cumplir todos los Planes -que sea inclusivo social y territorialmente, que sea verde, digital y con perspectiva de género- 10 políticas palancas y 30 componentes. Los 30 componentes son el desglose de líneas estratégicas y de actividades prioritarias y a las que se va a poder acudir en las correspondientes convocatorias, es muy importante ir al detalle de todos los componentes para identificar posibilidades de presentación de proyectos.

Los fondos se adjudicarán de tres formas:

• Directamente inversión de la Administración Pública (sanidad, etc.)
• Convocatorias de subvenciones: las de siempre como los fondos FEDER u otras nacionales como las del IDAE y otras nuevas.
• PERTE: El Gobierno quiere priorizar la colaboración pública-privada y ésta se canalizará a través de los PERTE, programas estratégicos – Hubs centrados en el desarrollo de los sectores que consideren estratégicos a partir de la adhesión a las manifestaciones de interés de los ministerios. Elegirán una serie de grandes proyectos tractores a nivel estatal (6-7 no se sabe cuántos), y puede que otros a nivel de comunidades autónomas. Generalmente habrá una empresa que los lidere, a las que se sumarán otros actores como empresas, ayuntamientos, universidades y otros agentes. Cada Ministerio elegirá qué PERTE va a sacar y se aprobará en el Consejo de Ministros. Habrá un registro oficial público de empresas que deseen participar en los PERTE.

Conclusiones y recomendaciones para la ESS

• Es muy importante revisar en detalle el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto el detalle de los 30 componentes mencionados, que son la clave para ver dónde y cómo encajar los proyectos para los que solicitar ayudas.
• Resulta fundamental tratar de realizar agrupaciones de proyectos para presentarse a las convocatorias, tanto en un mismo sector o en sectores complementarios, importante tener la cadena de valor completa.
• Cuanto más escalable sea el proyecto mejor, plantear la replicabilidad en otros territorios.
• Importante participar en las manifestaciones de interés para poder anticiparnos e ir familiarizándonos con los lenguajes y enfoques de las posibles convocatorias.
• Para acceder a las subvenciones conviene dimensionar los proyectos a lo grande y definir escenarios de escalamiento a partir de dinámicas de colaboración público-comunitaria, trabajo en red, intercooperación, implicación de municipios, etc.

¿Cómo podemos acceder desde la ESS?

Extraemos del documento resumen de Next Generation EU información para la ESS.

IN:

• Transversalidad de nuestras propuestas en muchas de las políticas y en particular en lo referente a igualdad de género
• Capacidad de articularse en red
• Capacidad transformadora de las propuestas de baja rentabilidad financiera

OUT:

• Poca capacidad de lobbying y de influencia respecto a las grandes corporaciones.
• Desigualdad de oportunidades para presentarnos a subvenciones.
• Poca capacidad técnica para asesorar, acompañar las redes en la gestión de Propuestas: necesitamos medios para acompañar la presentación de proyectos

Desde REAS Red de Redes seguiremos trabajando para hacer llegar a las entidades de la Economía Solidaria la información más actualizada sobre el proceso existente. Así mismo, estamos desarrollando un plan estratégico para poder acompañar y apoyar a las empresas de la red de cara a la presentación de proyectos conjuntos que permitan fortalecer el modelo del ESS, cuyos fines y prácticas se alinean completamente en los objetivos manifiestos de los fondos. Seguiremos informando.

Coordinación de este número: Carlos Berzosa Alonso-Martínez (Universidad Complutense de Madrid)

ÍNDICE

• Presentación: Hacia la reorientación del modelo productivo de la economía española, Carlos Berzosa Alonso-Martínez (Universidad Complutense de Madrid)
• Estado, mercado y diálogo social ante la recesión y el cambio estructural, Gabriel Flores Sánchez (Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales)
• El Green New Deal, la Covid-19 y el poscrecimiento, Jordi Roca Jusmet (Universidad de Barcelona)
• Transición energética y cambio de modelo productivo, Enrique Palazuelos Manso (Universidad Complutense de Madrid)
• El cambio del modelo productivo en el marco de las cadenas globales de producción, Mario Rísquez Ramos (Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado al ICEI-UCM)
• Perspectivas y alternativas al agotamiento del «modelo inmobiliario español» y la actual crisis habitacional, José Manuel Naredo (Economista y estadístico)
• Propuestas desde la economía feminista en tiempos de pandemia, María José Martínez Herrero (Hegoa-Universidad de País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea)
• Gobernanza multinivel y multiactor para la resiliencia territorial: el caso de Gipuzkoa y las comarcas de Debabarrena, Goierri y Urola Erdia, Itziar Abarisketa Goenaga (Iraurgi Berritze -Agencia de Desarrollo e Innovación de Urola Erdia, Gipuzkoa), Miren Estensoro García (Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad), Xabier Pérez Dorronsoro (Goieki-Agencia de Desarrollo Comarcal del Goierri, Gipuzkoa) y Cristina Zumeta Azpitarte (Debegesa-Sociedad para el Desarrollo Económico de Debabarrena, Gipuzkoa)
• El libro recomendado: El valor de las cosas (Mariana Mazzucato), Carlos Berzosa Alonso-Martínez (Universidad Complutense de Madrid)
• Para saber más

El próximo miércoles, 27 de enero a las 19h (hora local) mediante videoconferencia, Noticias Obreras convoca un nuevo diálogo titulado “#TransiciónEcosocial. Propuestas desde la economía alternativa y solidaria” que contará con la participación de Carlos Askunze, miembro de la red economía alternativa y solidaria (REAS). Abierta la inscripción aquí, aforo limitado.

En esta tercera convocatoria del ciclo de Diálogos #VenyloVerás está prevista la intervención de Carlos Askunze para conversar sobre La transición ecosocial que necesita un mundo poscovid, desde la perspectiva de la economía alternativa y solidaria, un texto publicado en el Tema del mes de Noticias Obreras.

En su aportación, Askunze señala que “la situación de la COVID-19 ha llenado de temor y ansiedad nuestras frágiles vidas y, especialmente, ha mostrado la insuficiencia del sistema social, económico y político y de sus principales instituciones –tanto locales como internacionales–, para hacer frente a su expansión y a sus consecuencias, capaces de comprometer el futuro de nuestras sociedades. Pero más allá de la coyuntura inmediata, hemos de reconocer que la pandemia y la impotencia en su tratamiento y control son síntomas de una crisis ecosocial mucho más profunda que amenaza, como nunca había sucedido en la historia, con poner en peligro la propia supervivencia del planeta y de las vidas que alberga.

Es necesario impulsar estrategias para una transición, que nos coloquen en la posibilidad de soñar, identificar y diseñar futuros alternativos a los que en este momento nos aboca el capitalismo, desde criterios de justicia ecosocial y desde marcos de profundización democrática. Desde la economía social y solidaria (ESS), en sintonía con otras economías transformadoras como la feminista, la ecológica o la de los comunes, se propone una agenda de estrategias y de prácticas concretas que, llevadas al terreno de los cambios estructurales, las políticas públicas y el comportamiento social, pueden abrir algunas pistas valiosas para el impulso de dicha transición, tan necesaria como urgente”.

Cultura del encuentro

El ciclo de Diálogos #VenyloVerás es una novedad de Noticias Obreras, con la puesta en marcha de su nuevo espacio de comunicación. La iniciativa busca favorecer un mayor encuentro, proximidad y participación con la comunidad de personas e instituciones suscritas y, además, acercar su propuesta editorial y sus contenidos a lectores y lectoras interesadas en el anhelo de promover la dignidad de las personas, la justicia social y el bien común desde las periferias del mundo obrero y del trabajo.

Los diálogos se convocan conforme la periodicidad de la edición impresa. La dinámica de los actos, cuyo formato es de videoconferencia y con una duración máxima de 45 minutos, tiene dos partes: una primera, con la intervención de la persona invitada; y una segunda parte, donde el protagonismo lo tendrán las personas que participen en la convocatoria. Con anterioridad han habido dos experiencias: Fratelli tutti, con la teóloga Lucía Ramón; y el homenaje literario «A quienes en precariedad brindan lo poco que tiene», con la escritora Elena Medel.

Hace meses que oímos hablar de los fondos europeos Next Generation EU; el plan de reconstrucción económica post-Covid pactado por los países miembros de la Unión Europea que movilizará un volumen de recursos sin precedentes. Estos fondos se presentan como una gran oportunidad para avanzar en la transición ecológica y digital de la matriz productiva de los diferentes Estados miembros y, por el volumen económico de los fondos, podría llegar a serlo. De todos modos, las noticias sobre su aterrizaje en España auguran un reparto de estos fondos a las grandes empresas de capital en connivencia con el gobierno, en el que ya empieza a dibujarse como una gran operación de capitalismo de estado.

Más allá de estos movimientos y de la capacidad que tenga la ESS de incidir sobre cómo se hará este reparto, hemos creído necesario recopilar informaciones que pueden ser de interés.

1. ACCIÓN: agencia de referencia de la Generalitat

El órgano de referencia de la Generalitat es la agencia para la competitividad de la empresa ACCIÓN, que pone a disposición diferentes recursos informativos y de asesoramiento a la hora de presentar proyectos. Recomendamos especialmente la presentación general donde se explica los objetivos de los fondos, la vinculación con los ejes definidos por el Gobierno del Estado y las últimas informaciones en relación a su otorgamiento.

También se puede encontrar una ficha de proyecto, así como la guía que ayuda a cumplimentarla y un correo electrónico de asesoramiento.

También la Cámara de Comercio de Barcelona ha habilitado un portal informativo y de asesoramiento para el tejido empresarial: https://www.cambrabcn.org/next-generation-eu/sobre-el-fons

2. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del gobierno central

El documento que guía el aterrizaje de los fondos al Estado es el plan elaborado por el gobierno central, donde se definen las 10 políticas tractoras hacia donde se dirigirán los fondos, así como los porcentajes de reparto de los mismos en cada eje. Ahora mismo, estos ejes tienen un alcance muy amplio y, por tanto, poca definición. Es por ello que el gobierno central ha abierto la puerta a la recepción de propuestas, ya sea a través de las manifestaciones de interés que explicamos más abajo, como de manera más directa. La patronal CEOE parece que estaba muy bien informada, ya que ya ha presentado un plan de 21 iniciativas estratégicas…

Valoraciones más allá de la información oficial

– Rapidez en el reparto de los fondos: si bien los fondos tienen aplicación en los próximos 3-4 años, hay mucha prisa para definir el tipo de proyecto y, por tanto, las convocatorias en que se repartirán estos fondos. Las compañeras del Observatorio de la Deuda en la Globalización decían, hace unos días, que parece que las propuestas de cada estado miembro se tendrían que entregar a 30 de abril, con previsión de resolución de la financiación otorgada en los dos meses siguientes. Las fuentes oficiales aseguran que las convocatorias serán públicas y se otorgarán con criterios claros y transparentes, pero hay que estar alerta.

– Las manifestaciones de interés como mecanismo de tanteo de mercado: ahora mismo el gobierno central está en fase de identificación de proyectos. Esta identificación se está haciendo a través de las manifestaciones de interés por un lado (ahora mismo dos abiertas, una referente al eje de reto demográfico y despoblación, y una en reconversión industrial ), pero también a través de propuestas que se hacen llegar directamente a Generalitat y gobierno central desde las diferentes vías abiertas (en el caso de Cataluña, como mencionamos anteriormente, a través de ACCIÓN).

– Proyectos de gran tamaño y dedicados, principalmente, a la inversión: las informaciones que tenemos hablan de proyectos de 3-4 millones de euros para arriba (en el caso del eje de reconversión industrial se habla de proyectos de un mínimo de 40 millones de euros). Por tanto, las propuestas que se presenten deben tener una dimensión considerable, especialmente teniendo en cuenta el tamaño del tejido de la ESS. Además, también se da especial importancia a la cobertura de gastos de inversión (en vez de gastos recurrentes) como elementos centrales de las propuestas.

¿Y qué podemos hacer desde la Economía Social y Solidaria?

Con la información que tenemos ahora, parece que el enfoque que está cogiendo el aterrizaje de estos fondos en el Estado no es demasiado favorable a la ESS, ya que se están priorizando proyectos de gran escala en consorcio con las grandes corporaciones de capital. No obstante, hay que intentar incidir en la medida de lo posible. Aquí van cuatro sugerencias:

1. Incidir sobre gobierno central y Generalitat: para evitar que los mecanismos de asignación de los fondos se gestionen directamente desde el gobierno central y a través de los consorcios empresariales mixtos entre grandes empresas de capital y estado. El objetivo debería ser la gestión descentralizada y en paquetes más pequeños, para favorecer una distribución equitativa de los fondos y con arraigo en el territorio. Como decíamos, la organización de referencia en el seguimiento de la evolución de estos fondos es el ODG, en coordinación con otras organizaciones como la Red por la Justicia Climática, donde la XES está presente.

2. Pensar proyectos estratégicos de desarrollo local: ante la incertidumbre sobre cómo se acabarán repartiendo los fondos, y asumiendo que probablemente haya una parte que se gestione desde comunidades autónomas y mundo local, creemos que vale la pena que desde el tejido de la ESS pensar y proponer proyectos de desarrollo local estratégicos y que se generen los espacios de diálogo y trabajo con las administraciones locales, ya que en consorcio con los entes municipales y supra-municipales se podrán plantear proyectos del alcance necesario.

3. Apuntar a los ejes y políticas tractoras definidas el gobierno central: es importante ubicar los proyectos en los 4 ejes o pilares del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:

• Digitalización
• Transición Ecológica
• Cohesión Territorial y Social
• Igualdad de Género

Y hacerlo a partir de las 10 políticas tractoras identificadas en el mismo plano.

4. Buscar asesoramiento de los organismos que lo están ofreciendo: si bien el gobierno le ha puesto una alfombra roja a la gran empresa privada, la Generalitat ha habilitado un canal para asesorar y recibir propuestas (ACCIÓN), y hay que aprovecharlo. Además, por lo que sabemos, los diferentes departamentos están recibiendo propuestas y recomiendan tener canales abiertos de comunicación con entidades y empresas para ir actualizando sobre las novedades. Así pues, como todavía hay mucha incertidumbre, es muy importante estar atentos a las novedades que vayan surgiendo, para tener capacidad de adaptación (de hecho, el 22 de diciembre, el gobierno central ha aprobado un Decreto Ley donde se definen las medidas que guiarán la ejecución de los fondos, pero en el momento de escribir esta noticia aún no era público en el BOE). Como XES, nos ponemos a disposición de nuestra base social para ayudar en lo que se pueda, especialmente para favorecer la interlocución con las diferentes administraciones a la hora de hacer llegar proyectos y ayudar, en la medida de lo posible, en la orientación de los proyectos.

[Traducción automática del artículo publicado por la Xarxa d’Economia de Catalunya en su web el 24/12/2020]

En la actualidad no atravesamos únicamente una crisis en el reparto de las riqueza. También estamos inmersas en una crisis ecológica, de cuidados, de empobrecimiento de la organización colectiva y de ausencia de autonomía material y económica. En cada una de las actuales crisis existen datos e informes que corroboran que las empresas y sus prácticas cuentan con una influencia directa en las mismas. Pero este informe no va de ello, sino justo de lo contrario.

El objetivo de este cuarto informe de Balance Social es entender las principales prácticas económicas, ambientales y sociales que llevan a cabo las empresas que conforman el Mercado Social de Madrid. Además de generar una gran cantidad de datos, intenta también entender el comportamiento de las entidades madrileñas en el proceso de construcción de la Economía Social y Solidaria madrileña.

Desde la Comisión del Balance Social de Madrid, agradecemos a todas las entidades que están detrás de estos datos, así como a las personas que en su día a día nos aportan enseñanzas para avanzar en el camino hacia la construcción de un circuito económico que nos permita desarrollar vidas con dignidad. Entre todas, colectivamente, estamos escribiendo ese “guion”. Esperamos que informes como este aporten luz en esa dirección y puedan inspirar a otras empresas.

Además se ha editado un vídeo, vinculado a la publicación del cuarto Informe de Balance Social de Madrid (2019-2020), con el que podréis adquirir una imagen panorámica de los principales datos de este último informe, así como conocer algunas de las buenas prácticas que organizaciones de esta red han llevado a cabo durante este último año tan complicado.

En este enlace podéis acceder al Informe y al vídeo.

La primera acepción de la palabra consumir, según el Diccionario de la RAE, es “destruir, extinguir”. No siempre se consideró que una persona, al comer, consume. No siempre nuestra alimentación supuso la destrucción del entorno hasta colocarnos al borde de la extinción de los ecosistemas de cuya sostenibilidad depende la vida humana. Pero, en el marco del sistema económico y político actual, cada uno de los gestos cotidianos, a través de los que resolvemos nuestras necesidades y satisfacemos nuestros deseos, suponen actos de consumo que extinguen recursos y bienes comunes.

Parte fundamental del problema radica en esa confusión entre necesidades y deseos que se produce en nuestras sociedades contemporáneas. Y, también, en la caracterización como “recursos naturales” a disposición del ser humano de aquellas fuentes de vida que garantizan los flujos de los que depende la vida. La satisfacción de las necesidades humanas deviene en consumo cuando el sistema económico necesita de la mercantilización de la vida y, en esa rueda infernal a la que el pensador austríaco Karl Polanyi llamó “molino satánico”, comenzamos a tratar a los seres vivos, incluyendo a los propios seres humanos, como si fueran cosas.

Cuando eso ocurre, y se coloca en el centro la reproducción del capital y no la sostenibilidad de la vida, la lógica de flujo de la naturaleza, por la que los recursos tienen la capacidad de regenerarse, se convierte en una lógica de stock, de recursos finitos que se acaban porque extraemos por encima de la capacidad de regeneración. Si antes una comunidad podía abastecerse a partir de lo que crecía en su territorio, ahora necesitamos avanzar sobre territorios cada vez más lejanos para sostener nuestros opulentos estilos de vida. El sistema se llama a sí mismo eficiente, y critica otras propuestas de mundos posibles, como la agroecología o la agricultura campesina tradicional, calificándolas de poco eficientes; pero un análisis más detallado revela que, en realidad, el sistema hegemónico es profundamente despilfarrador en todos los sentidos, incluido el económico. Si su negocio resulta tan lucrativo es porque “externalizan” los costes reales de su actividad: no pagan salarios dignos, no pagan lo que contaminan, no pagan los daños a nuestra salud que implica el uso de sustancias tóxicas, y por no pagar, casi ni pagan impuestos.

Es lo que Carro de Combate ha tratado de desvelar en sus investigaciones a lo largo de sus casi nueve años de vida. Hemos analizado los impactos socio ambientales asociados a más de una veintena de productos, y hemos compilado esas fichas monográficas en un libro, Carro de Combate. Consumir es un acto político, que la editorial Clave Intelectual publicó en 2014. Llevaba años agotado, así que hemos decidido reeditarlo. No ha sido una simple reimpresión: seis años después, necesitábamos no solo actualizar los datos, sino reflejar algo de lo que hemos aprendido en nuestras más recientes investigaciones, que nos han permitido estudiar en mucha mayor profundidad algunos de esos productos.

Ha cambiado mucho, también, el contexto; y el gran acontecimiento llegó cuando estábamos ya sumergidas en la revisión del texto. La emergencia del virus SARS-CoV-2 y la pandemia de la covid-19 es, en nuestra lectura, una primera evidencia de alcance mundial del colapso ecosocial al que nos enfrentamos. No alcanza con decir que esta es una crisis sanitaria, o económica, o cultural; es una crisis civilizatoria que nos enfrenta a los límites planetarios que el sistema capitalista prefirió ignorar.

Son muchas las evidencias científicas que muestran que la covid-19, como el resto de las enfermedades zoonóticas —aquellas que saltan de unas especies animales a otras, incluyendo el ser humano— están íntimamente vinculadas al sistema agroalimentario que se ha generalizado en las últimas décadas: por un lado, criamos el ganado en macrogranjas donde los animales se hacinan en terribles condiciones no solo para su bienestar, sino para nuestra propia salud; por otro lado, el modelo de los monocultivos, de los que se extraen los ingredientes que componen los productos ultra procesados que nos venden los supermercados, es la principal causa de la deforestación, y la pérdida de ecosistemas es precisamente una de las principales causas de la emergencia de nuevas enfermedades con potencial pandémico.

Podría suceder que no aprendamos nada de este año traumático. O pudiera ocurrir, también, que este sea el punto de partida para un cuestionamiento radical de nuestros modos de producción, distribución y consumo. Nuestro aporte con este libro es dar cuenta de cómo se produce y cuál es el costo real de mercancías tan diferentes como el azúcar, la ropa, el pan, los huevos, la electrónica, la carne o el chocolate para entender que se trata de un problema sistémico, estructural, que no cabe asignar a cierto tipo de productos ni a ciertas firmas o marcas.

Frente a un discurso oficial que nos insta a olvidar lo que hay detrás de las mercancías que compramos, proponemos un ejercicio de reflexión que nos lleve no solo a buscar alternativas más justas y sostenibles —que pasan por ir más al mercado y menos al supermercado, por optar siempre que podamos por comercios de barrio, por acortar los circuitos de comercialización, buscar productos frescos locales y evitar el exceso de embalajes—, sino también a buscar formas de acción colectiva encaminadas a cambiar las reglas del juego, para que las empresas no puedan seguir “externalizando” los daños a las trabajadoras, a los ecosistemas y a nuestra propia salud.

Fuente: Alterconsumismo en El País.es

Enlace web

Compiladoras: Cristina Carrasco Bengoa y Natalia Quiroga

Autoras: Nalu Faria, Miriam Nobre, Renata Moreno, Andrea Sato Jabre, Ana Felicia Torres Redondo, Ana María Morales Troya, Corina Rodríguez Enríquez, Ana Patricia Castillo Huertas, Kelly Johana Peña Riveros, Flora Partenio, Kruskaya Hidalgo Cordero, Belén Valencia Castro, Lisseth Mariana Pérez Manríquez, Amaranta Cornejo Hernández, Viviana Norman.

Descripción: Con la lupa de la economía feminista en mano, en los meses de COVID recorrimos y recogimos una diversidad de voces desde los territorios de Abya Yala que dialogan sobre ¿Qué futuro nos espera? ¿de qué normalidad nos hablan? ¿Qué trabajos estuvieron sosteniendo la vida durante la pandemia? ¿puede la pandemia ser un punto de inflexión para pensar otra economía? ¿nos interesa recuperar aquella sociedad? Frente a la incertidumbre proponemos reproducir la vida en condiciones dignas, alegres y rebeldes.

Editorial: Madreselva

Idioma: Castellano

Año de publicación: 2020

Páginas: 279

Temática: Resistencias, Economía, Feminismos

ISBN: 978-987-3861-49-9

CEPES organiza una Jornada online para presentar dos estudios de plena actualidad, donde conoceremos cuál ha sido el comportamiento de las empresas ante el COVID 19 y qué retos y oportunidades traerá la etapa POST COVID. El segundo estudio se centra en como la Economía social puede convertir se en facilitar un crecimiento inclusivo que sirva para una recuperación tanto social como económica acorde con la Agenda 2030.

La jornada se desarrollará el 21 de diciembre de 2020 de 11 a 12.45h y para participar deberás registrarte en el formulario que aparece en el siguiente enlace

PROGRAMA

• 11:00 Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES
• 11:15 Maribel Martinez, socia de Abay Analistas “Retos y Oportunidades para la Economía Social en la reconstrucción POST COVID”
• 11:50 Emili Villaescusa, consejero de la Junta Directiva de CEPES y responsable del área de RSE y Agenda 2031
• 12:05 Carlos Lozano, responsable de relaciones internacionales de CEPES
• 12:20 Clausura: Representante del Ministerio de Trabajo y Economía Social y Representante Secretaria de Estado para la Agenda 2030.

En la declaración, organizaciones de Comercio Justo de todo el mundo reclaman a los gobiernos y representantes políticos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a que actúen de acuerdo con los compromisos adoptados en dicho Acuerdo y den prioridad a las prácticas comerciales justas en las cadenas de suministro globales que resultan indispensables para la justicia climática.

El Movimiento por el Comercio Justo hace un llamado a las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático CMNUCC para que actúen de acuerdo con sus compromisos bajo el Acuerdo de París y den prioridad a las prácticas comerciales justas en las cadenas de suministro globales que resultan indispensables para la justicia climática.

La crisis climática es injusta: su impacto lo sienten con mayor severidad quienes menos responsabilidad tienen en ella. Las pequeñas organizaciones agrícolas del Sur global y agricultores/as a pequeña escala (‘Global South’) están sufriendo los efectos del cambio climático: sequías e inundaciones, patrones cambiantes de maduración y cosecha, nuevas plagas, malezas y enfermedades relacionadas con el clima y cosechas reducidas.

Con la pandemia del COVID-19 ocurre lo mismo: los sectores más marginados son los más afectados porque la propagación de la infección y/o las medidas de bloqueo tienen un impacto negativo en su trabajo y en el comercio.

Tanto la crisis climática como la del COVID-19 son síntomas de la enfermedad de fondo: son claros recordatorios de las poderosas correlaciones entre el modelo económico global y las crisis ambientales y de salud más amplias que enfrentamos, que se reflejan también en forma de pérdida de biodiversidad, deforestación, etc.

Un modelo económico en el que un desequilibrio significativo de poder en las cadenas de suministro significa que los productores/as y trabajadores/as pobres y marginados de las cadenas de suministro globales se mantienen perpetuamente en situación de pobreza con medios de vida insostenibles; mientras que las entidades compradoras y mayoristas obtienen beneficios para sus accionistas gracias a los cultivos y productos de agricultores/as a pequeña escala y las pymes.

Un ejemplo clave es la deforestación, impulsada principalmente por el modelo actual para las cadenas de suministro de cacao y café. Un pequeño grupo de grandes actores en el Norte (‘Global North’) obtiene altas ganancias, mientras que los agricultores y agricultoras en el Sur(‘Global South’) se ven presionados para entregar cada vez más productos a precios inferiores al costo de producción, lo que a menudo resulta en prácticas indeseables como la deforestación, el uso de trabajo infantil y la pobreza perpetua.

Claramente, es necesario abordar la pobreza y la desigualdad implícitas en estas cadenas de suministro para poder abordar las prácticas de sostenibilidad, especialmente las que afectan el clima.

La prioridad debe pasar de la agricultura industrial a gran escala para, ante todo, brindar justicia en el comercio a las pequeñas organizaciones agrícolas, permitiéndoles capear tanto la crisis climática como la pandemia del COVID-19. Esto se ha desarrollado particularmente en investigaciones independientes, más recientemente en este reciente informe del FIDA. Aunque los detalles son diferentes para los agricultores/as, artesanos/as y trabajadores/as de otras cadenas de suministro globales, como quienes están involucrados en la industria textil y de la moda, la necesidad de abordar la pobreza para asegurar la sostenibilidad ambiental y la adaptación al clima sigue siendo la misma.

La transformación de los modos de producción y consumo sostenibles está en el centro de la teoría de cambio del movimiento por el Comercio Justo. Esta llama a todos los actores a defender un precio justo, equitativo y remunerativo para los productores y productoras, que les permita vivir con dignidad como resultado de su trabajo e invertir en modos de producción agroecológicos.

El movimiento por el Comercio Justo proporciona modelos de negocios alternativos y de trabajo que funcionan a través de asociaciones comerciales transparentes a largo plazo, con el objetivo de proporcionar medios de vida dignos y al mismo tiempo que buscan proteger las condiciones de trabajo, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, los derechos de los trabajadores y trabajadoras y la sostenibilidad ambiental. Demuestra que una economía que funciona para las personas y el planeta es viable y activa a través de varios actores, como las empresas de Comercio Justo, que son empresas dirigidas por una misión y que practican plenamente el Comercio Justo, como también las empresas que fabrican productos certificados bajo la etiqueta ‘Fair trade’.

El movimiento por el Comercio Justo también está aumentando cada vez más su compromiso político con los Derechos Humanos y la Debida Diligencia Ambiental (‘Environmental Due Diligence’). Con ello, existe la necesidad de habilitar políticas públicas y regulaciones corporativas obligatorias, y en este campo, los responsables de la formulación de políticas y las Partes de la CMNUCC son actores clave para avanzar en sus compromisos bajo el Acuerdo de París.

Los gobiernos nacionales, las empresas y la ciudadanía (consumidores/as) deben colaborar para avanzar de manera efectiva en las metas de los ODS para la producción y el consumo sostenibles, que son vitales para lograr los objetivos del Acuerdo de París. Para que se logre realmente la mitigación y la adaptación climática, la coherencia de las políticas debe garantizar que el comercio sea justo y se produzca en términos decentes para los y las agricultores/as a pequeña escala y en situación de marginación (como quienes viven de las cadenas de valor del cacao, el café o las bananas) y los productores/as, artesanos/as y trabajadores/as en riesgo alrededor de todo el mundo.

La crisis climática no será resuelta si quienes están al comienzo de las cadenas de valor globales siguen siendo dejados de lado ante la presencia de desequilibrios desproporcionados de poder en el comercio.

El reciente llamado del movimiento por Comercio Justo para reconstruir de manera más justa (‘Build Back Fairer’) destaca que no podemos volver a «hacer negocios como de costumbre» en un mundo después de la pandemia generada por el COVID-19. Es vital que los esfuerzos de recuperación aseguren la creación de una nueva economía que incluya y apoye a las Empresas de Comercio Justo, las organizaciones productoras certificadas como de Comercio Justo y otras empresas sociales. Una economía en la que las políticas climáticas y comerciales incentiven productos justos y respetuosos con el clima a través de estándares obligatorios de debida diligencia ambiental y de derechos humanos, impuestos reformados y la prohibición de prácticas comerciales desleales en todos los sectores. Para lograr esta nueva economía, los paquetes de estímulo público como parte de los planes de recuperación de Covid-19 deben estar condicionados a que las empresas se adhieran a los estándares sociales y ambientales a la par con los establecidos por las Empresas de Comercio Justo y la certificación Fairtrade.

De acuerdo con nuestro llamado bajo el documento de posición conjunta del movimiento por el Comercio Justo sobre la COP25, las organizaciones agrícolas a pequeña escala deben ser priorizadas en las negociaciones de la COP. Concretamente, se debe incluir a los pequeños/as agricultores/as al desarrollar las NDC; al estipular disposiciones para la experiencia técnica y el apoyo en la implementación de modos de producción sostenibles; al facilitar un mejor acceso a la financiación y los seguros contra riesgos climáticos; y al promover medidas digitales y de infraestructura como parte de la adaptación climática. Además, la carga de la transición a cadenas de suministro agrícolas bajas o nulas en carbono no debe recaer sólo en los agricultores/as, trabajadores/as o artesanos/as; sino que éstos deben recibir el apoyo adecuado por parte de todos los actores de la cadena de suministro.

Aquí puedes ver las entidades firmantes

Declaración original en inglés

La confluencia feminista de las Economías Transformadoras surge como espacio de encuentro y construcción, con la idea de movilizar y pensar acciones conjuntas durante todo el proceso del Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras y establecer nodos comunes entre las diferentes redes y organizaciones feministas y confluir con otros movimientos y economías transformadoras como las de economía social y solidaria, ecologista, etc. REAS Red de Redes viene participando activamente durante todo el proceso del Foro y en la dinamización de esta confluencia.

Para este 25 de noviembre, “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres” se lanza este manifiesto frente a las formas de violencia económica que se vienen articulando con las violencias patriarcales, racistas y xenófobas. Este documento colectivo, es fruto de los espacios asamblearios en donde se han articulado voces de redes, organizaciones y colectivas feministas desde diferentes partes del mundo y realizados de manera virtual en junio y noviembre de 2020 en el marco del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras.

En estos largos meses de pandemia se han acentuado las desigualdades y se han profundizado las violencias, al tiempo que se torna pretexto para una escalada de formas de fascismo gubernamental y vigilancia social. Frente a estas formas, desde la confluencia se apuesta por construir alternativas y estrategias para un mundo en crisis (sanitaria, financiera, humanitaria y de cuidados) y transitar hacia una economía para la vida, donde la solidaridad y el cuidado estén en el centro.

Ver aquí la declaración completa

Organizaciones, redes y personas firmantes de la Confluencia Feminista

Área ecofeminismo de Taller Ecologista Rosario, Argentina.
Articulación Feminista Marcosur.
Asociación Vientos del Sur, Argentina
Attac Francia
Centro de Promocion de la Mujer Gregoria APaza, Bolivia.
CISCSA, Córdoba, Argentina
Colectiva Colibrí, Argentina
Cooperativa d’habitatge “Cirerers”, Catalunya.
“Eje feminismos y economías solidarias” del Centro de formación y documentación en procesos autogestionarios, Uruguay
Enda Colombia.
Espacio de Géneros de la Ruess (Red Universitaria de Economía Social y Solidaria), Argentina
Fundación La Base Fondo de Microcréditos Solidarios (Argentina)
LaCoordi – Comerç Just i Finances Ètiques – Catalunya
No Tan Distintas, Argentina
Movimiento Manuela Ramos, Perú
Pura Praxis Colectiva de teatro de las oprimidas – Red Magdalena Internacional
REAS Red de Redes, estado español
Rede Ciranda, Brasil
Red de feministas del sur-global DAWN
Red Ecofeminista, España
Red Mujeres del Mundo, Quartiers du Monde, International
Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía (REMTE)
REPEM Colombia
SET (Scuola Economia Trasformativa) dell’Università per la Pace delle Marche – Italia
Sos Corpo – Instituto Feminista pra Democracia – Recife / Brasil
Union Syndicale Solidaires de Francia
Valeria Mutuberría Lazarini – Cooperativista – Argentina
WoMin African Alliance
Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya

Adhesiones y apoyos

Ms Emem Okon, Executive Director, Kebetkache Women Development & Resource Centre, Nigeria.
Isabel María Casimiro, Eduardo Mondlane University, Maputo, Mozambique
Laura Gomez, Oxfam Colombia
Rukia Cornelius (individual feminist in South Africa)
Shayisfuba feminist collective (South Africa)
South Feminist Futures
Som del Barri, Associació de desenvolupament local, Serveis al territori i a les persones.

La Jornada Estatal de las Empresas de Inserción viene consolidándose, desde hace ya algunos años, como uno de los principales eventos del sector. Este evento permite la generación de un espacio en el que coinciden Empresas de Inserción de distintos sectores y territorios, personal técnico de las administraciones públicas, representantes políticos, personas del ámbito académico y del Tercer Sector, etc. En definitiva, se configura como un espacio de confluencia de todos aquellos agentes necesarios para la expansión y consolidación del sector de las Empresas de Inserción.

Como no podía ser de otra manera, el contenido de la edición del Día de las Empresas de Inserción de 2020 está enfocado a la crisis del COVID19, Impacto y acciones para paliar sus efectos en las Empresas de Inserción. Los objetivos de la jornada de este año son claros. En primer lugar, se analizarán las consecuencias de la crisis sanitaria en las Empresas de Inserción, para pasar a presentar los principales ejes a partir de los cuales desarrollar políticas de recuperación económica y social e impulso de las Empresas de Inserción, como son la Estrategia Española de Economía Social 2021-2027 y la Contratación Pública. Por último, algunas de las empresas protagonistas de la jornada relatarán, de primera mano, sus experiencias de acciones y Buenas Prácticas implementadas durante estos meses de pandemia.

Para alcanzar los objetivos de la jornada, contaremos con la presencia de relevantes e imprescindibles ponentes como Joaquín Pérez Rey, Secretario de Estado de Empleo y Economía Social; Ione Belarra Urteaga, Secretaria de Estado para la Agenda 2030; Maravillas Espín Sáez, Directora General del Trabajo Autónomo, la Economía Social y la Responsabilidad Social; Gerardo Gutiérrez Ardoy, Director General del Servicio Público de Empleo Estatal; Juan Manuel Sánchez-Terán Lledó, Subdirector General de la Economía Social y de la Responsabilidad Social.

Dada la excepcionalidad de la situación, la presente Jornada Estatal de las Empresas de Inserción se convierte en un mecanismo fundamental para favorecer el mantenimiento y recuperación de las Empresas de Inserción, creando un espacio de puesta en común y trabajo colaborativo entre todos los agentes que favorezca la existencia de un sector fuerte y articulado de Empresas de Inserción.

Destacamos que este año el Día de las Empresas de Inserción se celebra en Toledo, ya que esta ha sido nombrada Capital Europea de la Economía Social 2020. Durante la presentación de la capitalidad europea de esta ciudad que tuvo lugar el 24 de julio de 2020 se presentó su logotipo oficial diseñado por una Empresa de Inserción perteneciente a la red de la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI). El logotipo recoge valores de la Economía Social, como la solidaridad, la defensa de lo colectivo, la democracia, la participación y la innovación.

Página web y programa oficial de la jornada en este enlace

Este informe “Son nuestras vidas las que están en juego La lucha contra las emergencias sanitarias y climáticas globales en la era de la financiarización” ha sido recopilado por los socios de Citizens for Financial Justice como Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y otros colaboradores.

¿Por qué este informe?

Las emergencias sanitarias y climáticas globales actuales exponen los resultados de décadas de hiperglobalización y políticas neoliberales que erosionaron los derechos sociales y económicos de las personas (el derecho a alimentarse, a tener un hogar, un trabajo, salud, educación y disfrutar de un entorno saludable y seguro). Estas políticas también han ido debilitando progresivamente las redes de protección social de carácter público que han demostrado ser tan esenciales para enfrentarse a las crisis. Actualmente, los enfoques de las políticas impulsadas por el mercado, cada vez más utilizadas para enfrentarse tanto a emergencias climáticas como sanitarias, están fallando a la hora de proteger a los más vulnerables, poniendo nuestras vidas en juego e intensificando las desigualdades que existían previamente.

Este informe trata de ofrecer a las personas lectoras una perspectiva de la política económica sobre la convergencia de la emergencia climática y sanitaria (desde sus causas raíz hasta el grado de preparación de los sistemas), introduciendo algunos factores y tendencias clave que ambas tienen en común. Analiza cómo surgen las desigualdades, la inestabilidad económica y las vulnerabilidades cada vez mayores ante el impacto que el clima y la salud han generado y cómo se han reproducido mediante opciones políticas sesgadas y reglas injustas del juego, a menudo dictadas por intereses financieros privados en lugar de estar orientadas hacia el bienestar de la población en general. Esta perspectiva sistémica demuestra que la emergencia climática y la sanitaria no pueden tratarse por separado, ya que son inherentes a un modelo de desarrollo global fallido, que nos ha dejado en la precaria situación en que nos encontramos actualmente. Teniendo en cuenta todo esto, tratamos de reforzar la necesidad de afrontar unos esfuerzos de recuperación a nivel internacional para alejarnos de la vía de desarrollo insostenible a nivel medioambiental previa a la pandemia, avanzar hacia una economía social y medioambientalmente saludable y justa. Por último, a través de este informe, esperamos contribuir a la construcción de un análisis coherente e interseccional que realce las sinergias entre los movimientos que trabajan por el clima y la justicia económica y, luchando por recuperar nuestras economías, avanzar en materia de servicios públicos y proteger los espacios globales en común.

¿A quién va dirigido?

Este informe va dirigido a las personas activistas por el clima, la salud global y la justicia económica de todos los países del mundo que desafían las narrativas de desarrollo dominantes y luchan por una transformación socio-ecológica orientada a la justicia. En particular, se ha diseñado para apoyar a las personas activistas y defensoras que reconocen las vías desiguales que utiliza nuestro sistema económico actual y que están deseando profundizar en su conocimiento sobre la interacción de las distintas vías de lucha por el clima, la salud global y la justicia económica. Ha llegado la hora de construir estrategias convergentes para considerar la financiarización como uno de los principales propulsores de la desigualdad, incluyendo su innegable impacto en la emergencia climática y la emergencia sanitaria a nivel global.

Resúmen ejecutivo

La tormenta perfecta creada por la pandemia de COVID-19 y la emergencia climática revela la incompatibilidad de nuestros sistemas económicos actuales con la salvaguarda de la vida misma. A medida que la población de todo el mundo, especialmente en el Sur global, se enfrenta a un acceso limitado a la sanidad, la pérdida de empleo, trabajos mal remunerados, cortes de agua y de electricidad, riesgo de desahucio y se prepara para una crisis alimentaria inminente, está muy claro que ocuparse de las causas raíz de las crisis convergentes es más urgente que nunca.

El proceso de privatización de los servicios públicos esenciales y el descenso de los niveles mínimos de protección social, en combinación con la dependencia de políticas amparadas en los mercados para tratar las emergencias sanitarias y climáticas, han contribuido notablemente a la escasa capacidad de los estados para enfrentarse al impacto actual y a las múltiples crisis. No obstante, la capacidad limitada de muchos países para responder a la pandemia de COVID-19, que también es válida para gestionar los desastres relacionados con el clima, no es algo nuevo. Es el resultado de decisiones políticas tomadas durante mucho tiempo, que han reducido sistemáticamente el espacio fiscal de los estados, implantado medidas de austeridad y limitado la inversión pública en bienes y servicios públicos esenciales.

Aunque la necesidad de «Reconstruir mejor» se ha vuelto popular en el diálogo político a todos los niveles, existe un riesgo importante de que la recuperación económica tras la pandemia siga dependiendo de aportaciones privadas y soluciones impulsadas por los mercados que refuercen la desigualdad, mantengan altos niveles de explotación de los recursos y no sean capaces de hacer frente a los errores del capitalismo financiero. A su vez, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de todo el mundo están llamando a la transformación sistémica de la arquitectura financiera mundial y de la división mundial del trabajo, para lograr una recuperación justa, ecológica y feminista tras la COVID-19.

Este informe conforma una visión de las principales conexiones entre la emergencia sanitaria y la emergencia climática, partiendo de un análisis de la nefasta alianza entre el sector financiero, los gobiernos y las corporaciones, que ha debilitado progresivamente la capacidad pública y las redes de seguridad social que han demostrado ser tan esenciales en el contexto de las crisis convergentes. El primer capítulo repasa las elecciones políticas que nos han llevado a donde estamos y que permiten la concentración de la riqueza y la creciente desigualdad, reduciendo el espacio fiscal de los gobiernos para paliar los efectos inmediatos y a largo plazo de las crisis. Observamos cómo un transcurso de décadas con un desarrollo orientado al crecimiento e impulsado por el mercado ha dejado a los países desamparados y enfrentados a la incapacidad crónica de gestionar emergencias globales y de satisfacer los más básicos derechos humanos, y cómo todo esto nos lleva más allá de los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Estas elecciones se han analizado bajo la lente de la desigualdad, centrándonos en sus implicaciones en materia de derechos humanos y en cómo perpetúan e intensifican las múltiples desigualdades dentro de cada país y entre distintos países. Dos capítulos seguidos, salud y clima, profundizan en la trayectoria política en ambas áreas, debatiendo las contradicciones entre los intereses financieros privados y la dotación pública, así como sus bienes y servicios. Por último, el informe concluye con una reflexión sobre la necesidad de reclamar espacios de gobernanza locales y globales para la justicia social, ecológica y financiera. También incluye algunos grupos de la sociedad civil y espacios de convergencia política en que activistas y defensores pueden llevar a cabo acciones a favor de la construcción de un futuro posterior a la COVID-19 más equitativo, feminista y sostenible desde el punto de vista medioambiental.

La pandemia está obligando este año a la mayoría de eventos a celebrarse a través del espacio virtual. Es, también, el caso de la Fira de l’Economia Solidària de Catalunya (FESC), que en 2020 celebra su novena edición. Entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre, la Xarxa d’Economia Solidària combinará actividades presenciales y virtuales, a través de su página web, una plataforma inmersiva en la que podrán pasear por los diferentes sectores económicos y encontrar los habituales expositores de la feria.

También serán virtuales las charlas que cada año recoge este encuentro de economía social y que durante esta nueva edición tratarán diversos temas: el cambio climático y los medios de comunicación, el ecofeminismo, el consumo digital responsable y el cooperativismo, entre otros. Bajo el paraguas de esta feria, se celebra también el Fòrum Social de las Economías Transformadoras, a cuyas actividades se puede acceder a través de forum.transformadora.org.

“Mantener los mismos objetivos pero a través de pantallas” es la idea con la que encaran este año el evento desde la FESC. Entre esos objetivos está dar a conocer que existen “alternativas a una economía basada en la acumulación de capital y la desigualdad”. Sobre todo, en un contexto socioeconómico lleno de incertidumbre como el que estamos viviendo a causa de la crisis sanitaria y social producida por la pandemia de COVID-19.
Las circunstancias imposibilitan recrear el espacio de encuentro que se producía en ediciones anteriores. Algo que lamentan desde la organización, ya que, precisamente “la economía solidaria propone una economía más humana y esta requiere contacto y relación”.

Para el domingo 22 de noviembre sí está prevista una clausura presencial del evento. Y también “reivindicativa”, mediante la que se dará a conocer la agenda de la economía social y solidaria y de los movimientos sociales frente a la actual crisis. A este acto le seguirá el recital Conspiraciones, con Ana Aupi y Gustavo Duch en acústico. Será en la Fabra i Coats con aforo limitado pero también se retransmitirá en directo a través de la página web de la feria. Será un año distinto, pero igualmente reflexivo en torno a la idea de que otra economía es necesaria.

Este miércoles 18 de noviembre llega el momento de la clausura del Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras, un acto que marca el fin de un ciclo pero también el inicio de una nueva etapa que dará continuidad a todos los frutos del FSMET.

Contaremos con las intervenciones de:

• Celina Valadez, facilitadora en movimientos de ESS (México)
• Zo Randriamaro de WOMIN (Madagascar)
• Nancy Kachingwe, experta en derechos de la tierra y desarrollo local (Zimbawe)
• Silvia Federici, escritora, profesora y activista feminista (Italia / EEUU).

Además, presentaremos la Agenda de Economías Transformadoras y recordaremos las iniciativas presentadas en Aceptamos el Reto y contaremos con representantes de otros Foros:

• Foro Panamazónico.  Germán Niño (Perú)
• Foro Social Migraciones Europa.  Paulo Illes (Portugal)
• Foro Social Mundial (FSM) Gina Vargas (Perú)

INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA FSMET Y ENLACE A LA LLAMADA

Aquí puedes acceder a más información y aquí al enlace para acceder a la sesión online que tendrá lugar en inglés, español y francés con traducción simultánea. Como todas las demás, está sesión se podrá seguir en directo por la web de la FESC (si os perdisteis alguna sesión, podéis visionarlas aquí) 

Además, os recordamos que en paralelo se están celebrando actividades muy variadas autogestionadas que podéis consultar aquí, así como añadir vuestras propuestas.

¡Ponemos punto y seguido a un proceso con mucho camino para recorrer todavía! 

Este lunes 16 de noviembre tendrá lugar la segunda sesión de los llamados «diálogos interconfluencias» en el marco del programa de la segunda parte del FSMET virtual 2020. Después de las aportaciones por grupos y la ilusión desprendida en la primera sesión celebrada el pasado 11 de noviembre, este espacio fijará el nuevo horizonte para todas las que trabajamos a diario por un mundo mejor: ¿Cómo lograr estas transformaciones, qué medidas, acciones, qué políticas públicas deben adoptarse? ¿Cuáles serán nuestros próximos pasos?

INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA FSMET Y ENLACE A LA LLAMADA

Aquí puedes acceder a más información y aquí al enlace para acceder a la sesión online que tendrá lugar en inglés, español y francés con traducción simultánea.

Como todas las demás, está sesión se podrá seguir en directo por la web de la FESC (si os perdisteis alguna sesión, podéis visionarlas aquí) 

Este miércoles 11 de noviembre tendrá lugar la primera sesión de los llamados “diálogos interconfluencias” en el marco del programa de la segunda parte del FSMET virtual 2020.

Los objetivos de estas sesiones son reunir aportes concretos para la agenda de las Economías Transformadoras que podrían ser adoptados por los diferentes actores y actoras del FSMET. En concreto, se abordarán las siguientes cuestiones que guiarán esta primera sesión: ¿Con quién(es) queremos lograr esta transformación de la economía? (Alianzas) ¿Cuáles son los retos y desafíos que nos encontramos y cómo vamos a superarlos juntes? (Retos)

Además, habrá un momento artístico colaborativo durante la sesión, ya que aportan algo muy significativo y profundamente humano a estos encuentros, por ello, se van a proponer herramientas para para fomentar la visibilidad de las voces creativas y sensibles que estarán presentes.

INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA FSMET Y ENLACE A LA LLAMADA

Aquí puedes acceder al Programa completo y aquí al enlace para acceder a la sesión online que tendrá lugar en inglés, español y francés con traducción simultánea.

Como todas las demás, está sesión se podrá seguir en directo por la web de la FESC (si os perdisteis alguna sesión, podéis visionarlas aquí) 

Además, os compartimos  el vídeo resumen con las conclusiones de la sesión de cierre del FSMET virtual de junio desde los enfoques y visiones de las diferentes economías transformadoras y que se seguirán trabajando durante las sesiones de esta segunda parte.

Dentro del ciclo de webinars que está realizando la Red Portuguesa de Economía Solidaría RedPES en cuyo primer webinario participó REAS Red de Redes, el próximo 17 de noviembre tendrá lugar un webinar sobre “Economía Solidaria en tiempos de COVID” y tendrá como ponentes a Pedro Hespanha (Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra/Ecosol-CES) y Sara Moreira (Universidad Abierta de Cataluña/Instituto de Sociología de la Universidad de Oporto)

Este sesión estará centrada en las soluciones de solidaridad portuguesas para hacer frente a las limitaciones materiales y sanitarias de las comunidades. El seminario web se realizará en portugués y se podrá asistir a él en el siguiente enlace.

Próximas convocatorias

• El 9 de diciembre tendrá lugar el Seminario:  “Soluções solidárias para uma nova concepção de habitação e de regeneração dos espaços urbano-rurais”  impartida por Manuel Moura (Aldeamentos Sustentáveis e Cooperativos da Coop. ECG, Braga) y Beatriz Caitana (URBiNAT/CES)
• El 19 de enero se celebrará un seminario web “Solidarity Economy initiatives in Portugal in times of Covid” en inglés en el contexto de la primera Serie de Talleres de Economía Solidaria de RedPES-RIPESS.

Aquí puedes acceder al ciclo de webinarios RedPES

Un recurso facilitado por ColaBoraBora y REAS Euskadi.

Durante el confinamiento en primavera estuvimos involucradas en Frena La Curva. Toda una aventura que sirve como caso demostrativo de que juntas somos más fuertes. Que eso con lo que trabajamos en ColaBoraBora de la innovación ciudadana, las redes de confianza, las lógicas de código abierto y la generación de procomunes glocales, la colaboración entre agentes, ámbitos y territorios diversos, no solo funciona, sino que además cada vez tiene más sentido y es más necesario.

De entre las muchas iniciativas que se dieron en Frena La Curva, una de ellas  y donde nosotras hemos estado más involucradas como parte del grupo motor, fue el Colaboratorio ¿Y SI NOS ENREDAMOS?, donde más de 150 agentes diversos (laboratorios, mediadoras, activistas, investigadoras… principalmente del ámbito estatal y latinoamericano), nos juntamos para pensar sobre cómo se podría articular el ecosistema de innovación ciudadana de una manera sostenida y sostenible.

Entre los días 27 y 30 de abril buscamos colectivamente respuestas a cuestiones como:  ¿cómo impulsar la innovación ciudadana, extenderla, hacerla viable más allá de los momentos de emergencia? ¿cómo crear las condiciones propicias para que se convierta en un elemento clave en nuestra sociedad? Y lo hicimos a través de la recopilación de textos, encuentros online y la edición de pads colaborativos, alrededor de cinco ejes: 0) Marco común; 1) Relaciones entre agentes; 2) Recursos. Infraestructuras y herramientas; 3) Líneas de trabajo y proyectos; y 4) Interlocución e incidencia.

La verdad es que fue emocionante e increíblemente productivo. Muchas ideas, muchas inquietudes, muchas personas y organizaciones ya activas, mucho trabajo que viene de mucho tiempo atrás, se puso sobre la mesa, se entremezclaba y sumaba significado. Se detectaron potencias, necesidades, oportunidades. Se plantó una semilla que después, ya a un ritmo menos intensivo, se ha seguido cuidando, nutriendo, regando… El proceso de articulación se mantiene vivo, buscando una forma de organización corresponsable y distribuida desde la que reconocerse, visibilizarse, compartir recursos o poner la innovación ciudadana en la agenda política, con el fin de abordar colectivamente los complejos desafíos a los que nos enfrentamos en todos los ámbitos de la vida.

Ahora, como parte de ese proceso, se publica el Colaboratorio ¿Y SI NOS ENREDAMOS? que además de todo el material ordenado sobre los diferentes ejes, incluye el marco conceptual y metodológico o los textos que sirvieron como caldo de cultivo. Un documento que es un relato colectivo y sirve como código fuente y hoja de ruta para seguir trabajando en la articulación colectiva del ecosistema de innovación ciudadana.

Si queréis saber más sobre el colaboratorio, también podéis ver el vídeo de la mesa redonda sobre la presentación del proceso y los resultados en el Festival Frena La Curva, o revisar el artículo-manifiesto Ha llegado el momento de apoyar la innovación ciudadana que publicamos en junio.

Y si queréis ayudarnos a extender en virus de la #InnovaciónCiudadana entre vuestros círculos de confianza, podéis ayudarnos a romper la distancia social con usando este link https://www.colaborabora.org/2020/10/06/informe-y-si-nos-enredamos/ o esta etiqueta en twitter #InnovaciónCiudadana.

La primera y la segunda ola neoliberales implicaron el desmantelamiento de la salud pública y de la seguridad social, así como la precarización de la clase trabajadora y, en consecuencia, una mayor carga de trabajo invisibilizado y no remunerado para las mujeres y un empeoramiento generalizado para millones de personas. Es en ese escenario de capitalismo patriarcal y colonial que los distintos gobiernos tuvieron que enfrentar la pandemia. Unos, abiertamente neoliberales, como los regímenes de Lenin Moreno en Ecuador, Iván Duque en Colombia y la autoproclamada Jeanine Añez de Bolivia, que aprovecharon la emergencia sanitaria para despedir a trabajadorxs, recortar presupuestos sociales, seguir pagando la deuda externa, feminizar la pobreza y reforzar la agenda imperialista y protofascista de seguridad y militarización. Los gobiernos encontraron que esta fue la forma más efectiva de frenar los procesos de movilización, protesta y paros desatados en el continente latinoamericano. Como forma de evitar los contagios, muchos de estos gobiernos de corte autoritario ordenaron a las fuerzas armadas y a la policía controlar las calles. De esta manera, la arremetida conservadora no se hizo esperar y puso en evidencia la crisis multidimensional a la que asistimos.

Y es que, como sabemos, el neoliberalismo no es solo una estrategia de las élites globales para aumentar su tasa de ganancias y su dominación sobre los “demás”, sino también una forma de pensar, sentir y de habitar el mundo.

El COVID-19 puso en evidencia la existencia de sociedades como la argentina que, a pesar de cierta política de recuperación de lo público, han internalizado la programación neoliberal. Esta razón neoliberal (Gago, 2014) se visibiliza en el resurgimiento de esencialismos y binarismos, de privatización de los vínculos, de formas sistemáticas de aislamiento de nuestros cuerpos, de activación de la sospecha y la vigilancia sobre lxs otrxs y de la dogmatización de que solo el crecimiento económico basado en los principios del capitalismo nos sacará de la situación actual y nos permitirá reconstruir el mundo del “después”. Mientras tanto, las condiciones de la humanidad se precarizan: aumento del hambre, la pobreza, la desigualdad, aumento de las violencias de géneros, la situación de calle y la destrucción masiva del medio ambiente.

LA FUERZA DE TRABAJO QUE SOSTIENE EL MUNDO

Este segundo diálogo recuperó lo que la larga memoria de los feminismos y la economía feminista ha alumbrado durante décadas: que las mujeres somos la fuerza de trabajo que sostiene el mundo. Esa enorme contribución que hacemos ha aumentado en estos meses de cuarentena: somos las que siempre trabajamos más, quienes nos hacemos cargo de la tele-educación de lxs niñxs, de la salud y de las cargas emocionales de nuestras familias, las que estamos en los campos haciéndole frente al extractivismo, las que producimos y proveemos de alimentos sanos, las que paramos las ollas comunitarias y, al mismo tiempo, las que tenemos menos acceso a la salud y ocupamos gran parte de los trabajos esenciales pero, a la vez, más precarizados, feminizados y con peores condiciones laborales.

Las compañeras de No Tan Distintas relataron cómo las políticas de confinamiento mostraron que, en la neoliberal Ciudad de Buenos Aires, el gobierno ha incorporado la retórica de “preservar la vida”, pero sin cuestionar que la vida no es verdadera si hay miles de personas que están en situación de calle, como resultado del mismo ajuste estructural: “de esta manera, las políticas públicas gubernamentales empujan a nuestrxs compañerxs a los galpones, al hacinamiento, a los márgenes”. Ante esta respuesta institucional obscena y cínica, las estrategias feministas -desde la marginalidad- crean vida comunitaria. La comunidad feminista tiene el impulso interseccional que le permite conformarse como colectivo, como enredadera descentrada y en continuo avance. Como plantearon en el diálogo, Daniela Camozzi y Florencia Montes Paez, “es con este diagrama que nuestros proyectos comunitarios y feministas de acompañamientos, talleres y de casa colectiva han demostrado fortaleza y se sostienen durante la pandemia”. Pero la cuarentena nos trajo otra temporalidad y, por lo tanto, otro camino en la organización, “la política del aislamiento social hizo que nuestra red, que venía luchando contra los modos capitalistas heteropatriarcales de vida, se replegara. Ante el riesgo de ensimismamiento que el confinamiento trae, el desafío es pensarse más allá de la resistencia y entramar la lucha en red con más compañerxs”.

En el caso del Ecuador, Belén Valencia y Alejandra Santillana mostraron que la reafirmación del proyecto empresarial en estos meses ha implicado que no solo la vida en el capitalismo misógino y racista sea poco digna, si no que bajo gobiernos neoliberales la gestión de la muerte esté bajo una lógica mercantil. “Las organizaciones sociales tienen una histórica experiencia para levantar iniciativas que coloquen lo público-común como un camino distinto a lo privado y a los límites del propio Estado”, afirmaron. La salud, en este contexto, así como la alimentación, han sido dos espacios fundamentales para la resistencia ante la ofensiva neoliberal.

Como relataron las investigadoras del Observatorio del Cambio Rural, las mujeres rurales, campesinas, de pueblos y nacionalidades de sectores populares en Ecuador han sido quienes han sostenido la resistencia en estos tiempos. En el caso de las mujeres del campo, la eco-dependencia en momentos de crisis marca un ajuste en la relación con la tierra. La apuesta por la agroecología y la diversificación de la producción agrícola y de plantas medicinales está vinculada con la revalorización del trabajo de ellas, como una manera de provisión familiar y social de alimentos. En definitiva, el cuidado es el trabajo no pagado que permite satisfacer la vida colectiva.

Desde la red “Mujeres del Mundo”, Graciela Quintero, María Victoria Bojacá, Carla Gutierrez y Natalia Resimont compartieron las acciones desarrolladas por los colectivos de mujeres de la ciudad Hunza en Bogotá y del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza en Bolivia. Ante este contexto generado por el sistema capitalista-patriarcal y ampliado por la situación de pandemia mundial, estos colectivos desarrollan proyectos integrales e integrados, situados en sus comunidades, que aportan microcambios para el “buen vivir” de las mujeres y de sus familias desde propuestas ecofeministas. El proyecto “Del techo al plato” permite garantizar la seguridad alimentaria de una parte de la comunidad, cuestionar los métodos de producción agroalimentaria y rehabilitar semillas y técnicas agrícolas ancestrales. Además, también desarrollan partenariados con las escuelas de los barrios y con centros de salud que les permiten establecer circuitos de distribución cortos, organizar jornadas de sensibilización sobre la importancia de la alimentación saludable, la rehabilitación de semillas y técnicas ancestrales, el impacto del “sobre consumo”, etc. De esta forma, la propuesta es practicar el “buen vivir” desde flujos económicos y ecológicos sostenibles, así como educativos y culturales, que permitan desarrollar el pensamiento crítico y prácticas que respeten a todxs y cada unx de lxs seres humanos y no humanos.

A pesar de todo este trabajo intensificado y en aumento que realizamos las mujeres y las disidencias, la precariedad se configura como condición social del sistema capitalista.

DE LA RESISTENCIA A LA SUBVERSIÓN

Como mencionaron las compañeras a lo largo de este segundo diálogo, estamos ante el desafío de pasar de la resistencia a la subversión contra la razón y práctica neoliberal, reflexionando sobre el lugar desde el que nos relacionamos con lo institucional y con el Estado. En este sentido, sería clave pensar en justicias feministas, tejer esa diversidad y abandonar los esencialismos. Además, tenemos el desafío de caminar del paradigma de la protección de derechos a la autogestión y la autoorganización, mediante una constante pedagogía para la autonomía que mantenga una dinámica permanente de creación comunitaria, construyendo experiencias que interpelen y propongan alternativas articuladas para la vida imaginando un mundo donde el cuidado sea el elemento central para el sostén de la vida.

Por su parte, desde la Red Ecofeminista del Estado español, Charo Marcos señaló los efectos del desmantelamiento de lo público desde la crisis del 2008. Es así como la emergencia sanitaria del Covid-19 se ha afrontado en estos meses con una sanidad pública infradotada de personal, que prioriza inversiones para construir hospitales, aunque luego se queden los sitios cerrados porque no se ha contratado al personal necesario para atenderlos. Esto se evidencia en el caso de la Comunidad de Madrid, donde se construye un nuevo gran hospital para la pandemia en el que el Estado invierte 50 millones de euros. Mientras tanto, la sanidad privada esquiva su responsabilidad social y responde con criterios de negocio: no atiende casos de Covid o envía a su personal a acogerse a las medidas sociales disponibles para las empresas que se quedan sin actividad, los ERTE. Ese mismo comportamiento se observa en los fondos destinados a la lucha contra las violencias de géneros, donde hay recursos disponibles, pero que no llegan a quienes los necesitan. Así, las mujeres tanto nacionales como migrantes tuvieron que mantener su jornada laboral como venían haciendo antes de la declaración de la pandemia, y además realizar las tareas de cuidado para sostener la vida, en un contexto de abandono del gobierno español. De la misma manera, vemos que los recursos, en vez de destinarse a la atención de la salud o al pago a lxs profesionales, se utilizan mayoritariamente en campañas publicitarias para justificar el empleo de los fondos. Y es que la falta de gestión de lo público que se vive en la Comunidad de Madrid no es casualidad: sigue los dictados del pensamiento neoliberal.

La pandemia ha mostrado otra forma de sostener los cuidados en su dimensión afectiva desde la distancia, recurriendo a medios que, antes del Covid-19, no hubiéramos pensado en utilizar. Así, quienes tienen acceso a las tecnologías y a la infraestructura tecnológica, han hecho uso de videoconferencias para poder ver, sentir más cerca y acompañar a lxs adultxs mayores, o han vuelto a largas conversaciones de teléfono con las amigas, las celebraciones de cumpleaños a distancia… descubriendo otras formas creativas de relacionarse. “A nivel micro, sostenernos desde lo comunitario, desde las despensas de los barrios, haciendo las compras para la gente en aislamiento, conocer o relacionarnos con nuestras vecinas a las ocho de la tarde cuando salimos a aplaudir a la gente que se enfrenta a la pandemia”, recalca la Red Ecofeminista. Aunque la pandemia nos abrió nuevas formas de relacionarnos, no podemos olvidar la brecha digital entre las distintas regiones y entre las que tienen acceso a esta tecnología y las que no.

En este segundo diálogo, las compañeras sintetizaron cómo los feminismos y, especialmente, quienes proponen miradas desde la economía feminista, llevan tiempo hablando de los cuidados y han construido un discurso político en torno a ellos: es en estos momentos que somos capaces de aterrizarlos tanto en nuestro cotidiano como a través de las políticas públicas y así participar con propuestas tan lúcidas como la aportación feminista al debate de la reconstrucción postcovid19.

Finalmente, las compañeras del Norte y el Sur pudieron intercambiar experiencias que dejaron en claro que los feminismos, y sobre todo aquellos que están desbordando y transformando la vida cotidiana, constituyen un pensamiento crítico en donde los distintos movimientos, colectivos, plataformas, redes, confluencias y parlamentos han creado diferentes espacios de diálogo y reflexión. Expresión de estos tiempos es el que acoge el diálogo de la Confluencia Feminista de Economías Transformadoras, o la creación de un Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas del Ecuador que surge tras el levantamiento y paro de octubre de 2019 o el proceso argentino de la Asamblea de Trabajadoras en Tiempos de Pandemia donde se reúnen semanalmente mujeres y personas LGBTI+ de varias organizaciones. Un ejemplo de más de una década es, sin duda, la Red Ecofeminista, que empezó como un encuentro virtual y se transformó en un Seminario Permanente de Ecofeminismo. Este espacio de reflexión colectiva y productora de pensamiento feminista reforzó sus lazos y posibilidades de crecimiento colectivo, haciendo de la necesidad virtud.

Los feminismos son indivisibles de la praxis y son, ante todo, la posibilidad de que juntxs pensemos en común cuál es el mundo que queremos co-construir. Quizás en este feminismo internacionalista que parte de lo común para luego gestionar sus diferencias, el cuidado sea una pedagogía de nuestras relaciones y una luz para revolucionar la vida. Estas y otras reflexiones continúan su camino de encuentro en la segunda parte del Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras (23 octubre – 22 noviembre).

La Confluencia Feminista se articula en el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, que tuvo una primera parte organizada de forma virtual entre finales de junio y primeros de julio de este año. El objetivo del encuentro en el FSMET es la convergencia y articulación de colectivos diversos, redes, entidades y organizaciones desde las diferentes economías- social y solidaria, las economías feministas, los comunes, la agroecología-, para la construcción de un pacto y una agenda transformadoras, ahora más necesaria que nunca.

Este diálogo, contó con las voces de No tan distintas, Mujeres y Personas LGBTI+ en situación de calle en Argentina, el Observatorio del Cambio rural de Ecuador, las experiencias de la Red ecofeminista del Estado Español, y la participación de las compañeras de la Red Mujeres del Mundo de Bélgica, Colombia y Bolivia.