Ya está abierto el plazo de inscripción para el Curso online sobre Comercio Justo y Compra Pública Ética dirigido a personal técnico y político de administraciones o instituciones públicas. El curso se desarrollará entre el 6 y el 26 de noviembre a través del aula virtual de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. La formación se completará con 3 sesiones a través de videoconferencia.

El objetivo de este curso es facilitar al personal de ayuntamientos, diputaciones y otras administraciones públicas la información esencial para favorecer el impulso de acciones de apoyo al Comercio Justo y la Compra Pública Ética, como herramientas aliadas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Inscripción gratuita.

Plazas limitadas

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Lisboa 13-14 de marzo de 2024.

¡Durante más de 25 años, la conferencia Procura+ ha sido el lugar donde la política de adquisiciones sostenible, circular e innovadora se encuentra con la práctica, y donde se han originado las innovaciones de adquisiciones! La ciudad de Lisboa (Portugal) e ICLEI Europe organizan la 11.ª conferencia Procura+ (anteriormente, la serie de conferencias EcoProcura) para unir a representantes de la Comisión Europea, alcaldes de ciudades líderes, líderes empresariales, investigadores y algunas de las mentes más brillantes en adquisiciones para:

• Perfeccione sus habilidades de adquisición en sesiones de trabajo especializadas
• Inspírate para pensar más estratégicamente con Disruptors y Game Changers
• Aprenda de la sabiduría de los compradores experimentados en la sesión de Confesiones de Adquisiciones
• Interactúe con sus pares de adquisiciones y conozca sus últimas herramientas, acciones e iniciativas en ConverStations
• Escuche cómo se ha dirigido el dinero público hacia tecnologías, infraestructura y empresas que apoyan una ciudad y una sociedad innovadoras, netas cero y justas y sostenibles
• Explore las últimas actualizaciones de políticas internacionales y el futuro de las adquisiciones

Más información en la web del evento.

Con 100 expositores y más de 1.500 visitantes esperadas, el Salon ESS Sud se centra este año en la Compra Pública Responsable y ecológica.

Le Salon ESS Sud facilite les relations « acheteur-fournisseur responsables » à travers 4 thématiques d’avenir:

• ACHATS SOCIALEMENT ET ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLES
• COMMANDE PUBLIQUE RESPONSABLE
• ÉCONOMIE CIRCULAIRE
• RSE/RSO

REAS Euskadi promueve las políticas de compra pública responsable a través de labores de formación, asesoría y elaboración de herramientas que la favorezcan. Desde esta perspectiva, desarrolla la colección de “Guías prácticas para la Compra Pública Responsable”, que persigue proponer y facilitar la inclusión de criterios sociales y ambientales en diferentes temáticas o sectores de servicios de contratación pública.

Guías compra publica responsable

Estas publicaciones presentan las posibilidades que la regulación en esta materia permite en las diferentes fases de los procedimientos de compra pública y las ejemplifica a través de ejemplo concretos.

La colección está dirigida a personal técnico y político con responsabilidades en las áreas de contratación pública, organizaciones que promueven esta práctica y empresas y entidades de la economía social y solidaria que participan en procedimientos públicos de contratación. Con ello, REAS Euskadi persigue extender esta práctica que, por su volumen, puede orientarse hacia multiplicar los efectos transformadores de su impacto económico y social.

La primera guía, editada por el consorcio Zentzuz Kontsumitu en 2019, trata de la inclusión de criterios sociales y ambientales a lo largo de la cadena de suministros de los productos comprados o servicios contratados por las administraciones públicas. En 2020, REAS Euskadi ha editado tres guías relacionadas con la contratación de servicios financieros, de suministro de energía eléctrica y de servicios sociales.

Para su elaboración ha contado con el trabajo de Santiago Lesmes, jurista especializado en contratación pública con larga trayectoria y reconocimiento en esta materia.

Guías prácticas para la compra pública responsable (descarga en pdf):

1. Cadena de suministros: producción, distribución y consumo.
2. Contratación de servicios bancarios y productos financieros.
3. Contratación de suministro de energía eléctrica.
4. Contratación de servicios sociales.

Aquí puedes ver el vídeo:

Para más información así como documentación en materia de contratación pública responsable visita la web: https://contratacionpublicaresponsable.org

El objetivo principal de este concurso realizado en el marco del proyecto “Ciudades por el Comercio Justo: sostenibilidad y equidad comercial para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible” financiado por la AECID, ha sido reconocer y visibilizar las mejores experiencias realizadas por municipios de toda España a favor de un consumo responsable en el ámbito social, institucional y empresarial.

Ahora más que nunca, con las crisis superpuestas que estamos viviendo y se avecinan, tenemos que mostrar que la economía social y solidaria está en la senda de la recuperación hacia un modelo mejor para una buena vida.

IDEAS ha sido la organización promotora y coordinadora de este concurso con un jurado compuesto por cinco entidades de ámbito nacional e internacional, expertas y representativas tanto del movimiento de Comercio Justo como de la Economía Social y Solidaria y la municipalidad: Federación Española de Municipios y Provincias; Fairtrade Ibérica Sello de Comercio Justo para la Sostenibilidad de las Personas y el Planeta; REAS Red de redes de economía alternativa y solidaria; WFTO Latinoamérica (Red internacional de Comercio Justo que representa a productores y productoras del Sur Global) y la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad.

En el certamen ha podido participar cualquier entidad que haya desarrollado buenas prácticas durante los últimos tres años dentro de estas cuatro categorías:

• Iniciativas innovadoras de sensibilización y educación en consumo responsable y Comercio Justo, ético y sostenible. Ganadora la propuesta presentada por León.
• Compra pública ética y sostenible. Ganadora la propuesta presentada por Sagunto.
• Iniciativas de apoyo a la producción y comercio local, ecológico y Justo. Ganadora la propuesta presentada por Alcorisa.
• Acciones de apoyo o colaboración directa con productores y productoras de Comercio Justo. Ganadora la propuesta presentada por Córdoba.

En total, recibieron 13 candidaturas enviadas desde los siguientes municipios: Alboraya (Valencia, Comunidad Valenciana), Alcorisa (Teruel, Aragón), Bilbao (Vizcaya, País Vasco), Castrillón (Asturias, Principado de Asturias), Córdoba (Córdoba, Andalucía), Hornachuelos (Córdoba, Andalucía), Jerez de la Frontera (Cádiz, Andalucía), La Pola de Gordón (León, Castilla León), León (León, Castilla León), Móstoles (Comunidad de Madrid), Sabadell (Barcelona, Cataluña), Sagunto (Valencia, Comunidad Valenciana) y Vitoria (Vitoria-Gasteiz, País Vasco).

Desde IDEAS destacan la participación y la variedad de territorios representados, desde grandes ciudades a pequeñas poblaciones de ámbito rural. También es destacable la variedad de entidades que han presentado las candidaturas y su coordinación a través de grupos de trabajo por el Comercio Justo. Además, quieren servir de amplificador para todas estas iniciativas por lo que van a editar una publicación que recopile todas las buenas prácticas presentadas por los 13 municipios participantes en el concurso. También se va a realizar un documento audiovisual profesional en el que participarán los cuatros municipios ganadores de esta primera edición y para el que tienen prevista una gran campaña de difusión.

Iniciativas innovadoras de sensibilización y educación en consumo responsable y Comercio Justo, ético y sostenible La experiencia de León

León cuenta con una población de 124.000 habitantes y tiene políticas e indicativas consolidadas con visión estratégica para el apoyo y la difusión del Comercio Justo, teniendo alta incidencia en consumidores y consumidoras y en centros educativos.

La candidatura fue presentada por el grupo de trabajo que dinamiza el programa Ciudades por el Comercio Justo desde el año 2008 y está compuesto por personas de tres Concejalías del Ayuntamiento (Bienestar Social, Comercio y Consumo y Medio Ambiente), la Coordinadora de ONGD con dos entidades (SED y Jóvenes y Desarrollo), dos tiendas especializadas (Equitánea y Oxfam), una asociación de consumidores ecológicos ‘La Semilla’, la asociación de inclusión ASPRONA, el sindicato STELE y la Universidad.

Se trata de un grupo de trabajo muy activo que realiza actividades de sensibilización en 4 ámbitos: la administración; las empresas, comercios y hostelería; centros educativos y universidades; y ciudadanía general. La iniciativa premiada se denomina “La Maleta del Comercio Justo” y es una campaña de sensibilización destinada a los centros escolares en la Ciudad de León cuyo objetivo es que el alumnado pueda participar en acciones de sensibilización y pueda conocer los impactos que tiene el consumo para las personas productoras y para el medio ambiente. A través del proyecto se hace entrega a los centros educativos de una maleta con diferentes recursos para trabajar el Comercio Justo entre los que figuran vídeos, cuentos, cómics y juegos para que el profesorado los utilice en las etapas de Educación Infantil y Primaria con la explicación de conceptos como Comercio Justo, consumo responsable o sostenibilidad.

El jurado ha valorado especialmente la originalidad de “La Maleta Viajera” sabiendo conjugar formación, sensibilización y diversión, así como su sencillez y carácter práctico y fácil de implementar.

Compra pública ética y sostenible: La experiencia de Sagunto

Sagunto es un municipio de la provincia de Valencia con una población de 66.140 habitantes. La candidatura ha sido presentada por la ONGD la tenda de Tot el Món, asociación que nació en 1998 y cuyos objetivos son contribuir desde su realidad comercial a reducir las desigualdades Sur-Norte mediante la comercialización de productos de Comercio Justo y la sensibilización de un Consumo Responsable desde la Educación para el desarrollo.

La vinculación del municipio de Sagunto, y también de la comarca, con el Comercio Justo, está intrínsecamente ligada a la historia de la tenda de Tot el Món. Esta asociación que nace en 1998, hace 22 años, y tiene como objetivo contribuir a reducir las desigualdades Sur-Norte mediante la comercialización de productos de Comercio Justo y la sensibilización de un Consumo Responsable desde la Educación para el Desarrollo. Además desde el principio ha apostado por la comercialización con la apertura de una tienda especializada de productos de Comercio Justo que lleva abierta desde el 24 de abril de 1998.

En estrecha colaboración con La Tenda el equipo de gobierno municipal actual está haciendo un esfuerzo importante por incorporar aspectos de la economía social, la sostenibilidad, y de igualdad tanto en su política de compras como en su fomento y apoyo institucional, dentro del marco de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 y la Ley de Fomento de la Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana de 2018, y con una visión de coherencia de políticas. El 27 noviembre 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Sagunto aprobó por unanimidad una Declaración Institucional en favor del Comercio Justo como herramienta de Desarrollo Sostenible y de lucha contra el Cambio Climático. De este modo la candidatura aporta ejemplos concretos de pliegos que incluyen cláusulas específicas sobre Comercio Justo. Además se han realizado varios talleres de formación específica por parte de algunos técnicos municipales denominados “Compra Pública Ética en los Ayuntamientos. Como convertir las compras de las administraciones en un acto de responsabilidad social y medioambiental”.

El jurado ha valorado especialmente “que tiene una estrategia global, muy desarrollada a lo largo del tiempo. No es un municipio de gran tamaño, pero dedica muchas actuaciones al comercio justo, incluso han desarrollado dos productos de comercio justo, que se siguen comercializando y que se identifican con la ciudad. Además, cuenta con un Grupo de Trabajo Local por el Comercio Justo y lo tienen en cuenta para la Contratación Pública”.

Iniciativas de apoyo a la producción y comercio local, ecológico y Justo. La experiencia de Alcorisa

Desde el Ayuntamiento con una estrategia global ha implicado con el Comercio Justo a empresas locales y tiendas activas en el apoyo y la difusión del Comercio Justo. Desde el colectivo empresarial representado por la Asociación Empresarial de Alcorisa se incentiva a los sectores de comercio y hostelería a consumir productos de Comercio Justo como medio para una mayor sostenibilidad. Chocolates Artesanos Isabel, ejemplo de Comercio Justo global y local ha sido una gran impulsora de esta actividad, como productora y comercializadora. Muchos de los establecimientos hosteleros locales han incluido en su carta infusiones o cafés de Comercio Justo.

A lo largo del año se desarrollan distintas actividades relacionadas con el consumo responsable y la sostenibilidad. Algunas de ellas son las siguientes:

• Participación de empresas locales en los Mercados Agroecológicos de Aragón y en Ferias de Alimentación ecológica en el territorio nacional.
• Creación de un Grupo de Consumo a nivel local.
• Realización de un Mercado de Trueque.
• Actos para fomentar el consumo local y responsable por parte de la Asociación Empresarial.
• Banco de semillas de la Biblioteca de Alcorisa.
• Cooperativa de colegio, donde el alumnado elabora sus propios productos con materias primas locales.

El jurado ha valorado especialmente que es un municipio pequeño pero con un fuerte compromiso de todo el tejido social, empresarial y educativo a favor del Comercio Justo.

Acciones de apoyo o colaboración directa con productores y productoras de Comercio Justo. Ganadora la propuesta presentada por Córdoba

Córdoba tiene un amplio compromiso con diversas políticas regionales e internacionales para un Desarrollo Sostenible que, durante más de 30 años, han sido materializadas en diferentes acciones. Este compromiso ha contado con el respaldo de las instituciones públicas más representativas de la ciudad: Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Córdoba y Universidad de Córdoba. Además, se trata de un municipio con un tejido social vivo, con una ciudadanía crítica y solidaria, que se articula en diferentes organizaciones sociales; la más representativa, la Coordinadora de Colectivos Sociales “Córdoba Solidaria”.

En concreto Córdoba ha sido considerado por el jurado el municipio más destacado en esta categoría por sus muy buenas iniciativas, de apoyo directo y visible a proyectos de cooperación con grupos productores de Comercio Justo. En la localidad, a través del Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación de la Provincia se han apoyado proyectos de cooperación con grupos productores de Comercio Justo, tales como la cooperativa Manduvirá (Paraguay), la Fundación Maquita (Ecuador), PARC (Palestina), Corr The Jute Works (Bangladesh), Mahaguthi (Nepal) y Agropia (Perú).

Entre los proyectos más destacados están la construcción de un laboratorio para el análisis de suelos, la construcción de una planta para la elaboración de compost orgánico en Paraguay; mejora productiva de la quinoa, el azúcar de caña o el cacao en Ecuador; la formación de artesanas rurales, la compra de infraestructuras y la puesta en marcha de fondos rotatorios para realizar microfinanzas en Nepal; o el apoyo a un grupo de mujeres en Palestina para la producción de Zaatar y en la mejora de la producción del dátil. Además se debe destacar que el compromiso de la ciudad con el Consumo Responsable y el Comercio Justo ha hecho que hoy en día sea conocido por una parte importante de la ciudadanía cordobesa, y exista una red de tiendas, supermercados y restaurantes con un compromiso expreso con el Comercio Justo.

El jurado ha valorado especialmente el trabajo continuado de estos últimos 10 años que ha sido acompañado con la puesta en marcha de varios programas de voluntariado participado por jóvenes cordobeses/as que han tenido la oportunidad de realizar estancias de 3 a 6 meses junto a estas organizaciones de Comercio Justo para apoyarlas y conocer más de cerca la realidad de los productores.

Los días 10 y 11 de diciembre de 9 h a 12.30 h tendrán lugar, en formato virtual, las III Jornadas sobre compra pública socialmente responsable, coorganizadas por La Coordi y el grupo de Compra Pública Socialmente Responsable en que administraciones públicas y organizaciones por la justicia global trabajan juntas en Catalunya.

Esta edición que lleva el lema «Administraciones públicas, Universidades y Sociedad Civil avanzando juntas para la coherencia de políticas de respeto a los derechos humanos», tiene el objetivo de impulsar la contratación pública como pieza clave para promover una producción y un consumo sostenibles, respetuosos con los derechos de las personas y del planeta. Este año además quieren reforzar su vínculo con la comunidad universitaria para tejer alianzas con este objetivo común, e interpelar así a las instituciones públicas pero también a las empresas que son parte de todo este engranaje.

Las jornadas contarán con un espacio formativo que abordará sectores como la electrónica, la alimentación y la salud, y darán a conocer avances en el ámbito internacional y nacional en los instrumentos para mejorar la transparencia y la sistematización de las vulneraciones de derechos humanos, así como otras buenas prácticas. Se puede consultar el programa completo aquí.

Por motivos organizativos, se ruega inscripción en el siguiente enlace.

La Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón (REAS Aragón) presenta esta guía donde pretende poner de relieve todas aquellas medidas existentes en la normativa estatal de contratación pública, la Ley 9/2017 de contratos del sector público, para impulsar medidas en pro del medio ambiente y hacer frente a la emergencia climática que sufre el planeta.

La contratación pública responsable se define como aquel proceso de compra y/o contratación llevado a cabo por las entidades del sector público en el que se consideran criterios de sostenibilidad, es decir, criterios ambientales, sociales, de género y de Comercio Justo. De este modo, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (En adelante «LCSP» o «la Ley») establece ya en su primer artículo la necesidad de incorporar de manera transversal y preceptiva criterios sociales, y criterios medioambientales, que son los que desarrollamos en esta guía, destacando que la inclusión de estos criterios o cláusulas sociales conllevan una mejor relación calidad-precio y una mayor eficiencia del uso de fondos públicos. Además, las Administraciones velarán por la incorporación de estas consideraciones en los procesos de licitación públicos (Artículo 29 LCSP).

Mediante este cambio de lógica, las entidades del sector público, además de elaborar una gestión más eficaz y eficiente de sus recursos, aumentan el impacto de sus políticas ambientales y sociales, convirtiéndose en ejemplo para la sociedad y en agente vehicular para la transformación del mercado a fin de enfrentarse a los desafíos del siglo XXI como el Cambio Climático, la mayor competitividad mundial o el aumento de la pobreza y la desigualdad.

En la presente guía se pone a disposición de los órganos de contratación de las Administraciones públicas, una serie de recursos existentes en la normativa para desarrollarlos y conseguir una compra pública sostenible medioambientalmente, poniendo en marcha políticas activas para paliar los efectos del cambio climático y hacer frente a esta situación de emergencia.

Esta guía también está disponible junto a otros recursos, como un buscador de cláusulas sociales o enlaces a guías y publicaciones de interés, en la página web impulsada por REAS Aragón sobre contratación pública responsable: contratacionpublicaresponsable.org.

Autonomía Sur ha publicado este artículo enumerando algunos componentes de interés de la Ley de Contratación de Servicios Públicos (LCSP) del 2017.

¿Qué pueden hacer las instituciones públicas para llevar a la práctica el reparto de la riqueza? ¿Existen mecanismos legislativos para que sean realidad? ¿Se justifica el beneficio social antes que el económico? La Ley de Contratos del Sector Público, publicada en noviembre de 2017, es una oportunidad para que las administraciones públicas apliquen una política de distribución basándose en principios de desarrollo sostenible, medioambientales y éticos. Por ANA ISABEL FERNÁNDEZ LÓPEZ, abogada.

De acuerdo con la Exposición de Motivos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) del 2017, texto que sirve como introducción para describir su contenido indicando su objeto y finalidad, las cláusulas sociales son mecanismos que permiten introducir en la contratación pública consideraciones de tipo social y de sostenibilidad. La importancia de la contratación pública se refleja tanto desde un punto de vista cuantitativo, alrededor del 16% del PIB del Estado, como cualitativo, realizándose a través de esta fórmula las principales obras, servicios y suministro de la Administración. Es importante recalcar que dicha orientación es competencia exclusiva de los gobiernos y que, por tanto, tales decisiones no corresponden al personal técnico de la institución correspondiente.
La contratación pública no es un fin en sí mismo, ni constituye exclusivamente un medio para la obtención de prestaciones, obras o servicios en las condiciones económicamente más ventajosas para la administración, sino que es, sobre todo, una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad y justicia.

Históricamente la contratación pública se ha basado en unos criterios objetivos y condiciones técnicas basados en la libre concurrencia que no tenía en cuenta otras características más importantes de carácter ético, social y solidario: el fomento del empleo de personas y colectivos desfavorecidos, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el empleo de calidad y con derechos, la protección medioambiental, la eficiencia energética o el comercio justo, entre otros factores.

Además, el Estado Español, en el artículo 40.1 de su Constitución, impone a los poderes públicos la obligación de “promover el progreso social y económico”, una distribución de la renta más equitativa y una política orientada al pleno empleo. El objetivo es garantizar derechos constitucionales como la igualdad efectiva y la plena participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica y social (art. 9.2) sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, género, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (art. 14), promover la formación y readaptación profesional y la seguridad e higiene en el trabajo (art. 40.2), o la integración de las personas con discapacidad (art. 49). Todo este articulado tiene unas implicaciones legales y constitucionales directas para los poderes públicos en relación con las políticas de contratación pública.

De acuerdo con el Informe de la Junta Consultiva de Contratación de Aragón 1/2006, de 14 de diciembre, este dice literalmente que “[…] la contratación (pública) puede y debería ser una técnica que permitiera conseguir objetivos sociales, ambientales o de investigación, en la convicción de que los mismos comportan una adecuada comprensión de cómo deben canalizarse los fondos públicos”. En este sentido, hay que destacar que la citada LCSP, como marco estatal adaptado de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, respectivamente, sustituye el criterio de “oferta económicamente más ventajosa” por el novedoso de “oferta con la mejor relación calidad/precio”. Este concepto jurídico, el de “mejor relación calidad/precio”, queda integrado por criterios económicos y cualitativos, pudiendo estos últimos incluir aspectos medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato.

La contratación pública […] es, sobre todo, una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de la cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad y justicia.

 

Esta LCSP, en su Art. 1.3 dice “En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social”.

La prestación de servicios públicos tiene que primar en los siguientes objetivos:

• Asegurar la calidad del servicio.
• Reducir las interrupciones del servicio .
• Mejorar las condiciones laborales de la plantilla de servicios públicos.

Existen tres maneras de conseguir los objetivos anteriormente citados:

• Imponiendo obligaciones a los órganos de contratación para que rechacen ofertas que no cumplen (art. 202 LCSP).
• Ampliando las posibilidades de los órganos de contratación de establecer obligaciones sociales, laborales a empresas contratistas durante la ejecución de la contrata (art. 145 LCSP).
• Estableciendo posibilidades de control –y de resolución contractual- para asegurar el cumplimiento por la parte adjudicataria.

¿Qué ocurre con las ofertas que pueden considerarse como “temerarias”, aquellas que son licitadas a la baja y que pueden provocar perjuicio a las personas que lleven a cabo la tarea? Según el art. 149.4 LCSP: “En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes”. También, conforme al art. 122 LCSP: “Los incumplimientos reiterados en el pago de salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa dará lugar a penalidades”, recogiendo incluso la resolución del contrato. En definitiva, la LCSP intenta garantizar una vía para que la contratación pública no sea un pozo de proyectos precarios.

Algunos ejemplos de cláusulas sociales que se pueden introducir son el fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato, Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción, planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, entre otros factores, la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

La nueva LCSP del 2017 anula la jurisprudencia tradicional en la que se primaba el precio de la contrata y que rechazaba cualquier vinculación entre la calidad de los servicios obtenidos con la calidad del empleo en la contratista. Por ello, actualmente, toda condición de carácter social y laboral puede instaurarse como requisito obligatorio y como criterio puntuable de adjudicación. Otra historia es la voluntad política e institucional de querer implantarlos para fomentar, mediante la práctica de la contratación, la distribución de la riqueza y la justicia social.

Toda condición de carácter social y laboral puede instaurarse como requisito obligatorio y como criterio puntuable de adjudicación.

 

La introducción de criterios de adjudicación o condiciones de ejecución sociales puede ser una forma de prevenir la precariedad laboral en las contratas del sector público andaluz, tal y como se recogen en la plataformacontratacionpublicaresponsable.org de REAS. Ante las dificultades y la lentitud que revisten los procesos de recuperación de servicios públicos que ya han sido privatizados, una buena alternativa para aumentar la calidad del servicio y la mejora de las condiciones laborales de quienes lo prestan puede pasar por cumplir efectivamente con la legislación actual en materia de contratación pública imponiendo una serie de requisitos sociales y medioambientales ineludibles a las empresas a las que se les vaya a encomendar servicios públicos. Sectores como el de la atención telefónica de emergencias “112”, “061” “085”, así como las monitoras de educación especial de los centros docentes públicos de Andalucía, obtendrían una mejora en sus condiciones laborales de gran relevancia si los poderes públicos tomaran realmente en serio la implementación de cláusulas sociales en la contratación de sus servicios.

Según recoge nuestra web especializada en temas de Contratación Pública Responsable, la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas ha argumentado sobre los retos que plantean al Tribunal de Cuentas las cláusulas sociales y medioambientales: «dichas novedades obligan, sin duda, a un replanteamiento de la función de control del Tribunal de Cuentas sobre la contratación pública, enriqueciendo las fiscalizaciones de cumplimiento con la incorporación de la verificación y el análisis en materia de gestión, extendiendo las mismas a las valoraciones sobre eficacia, eficiencia y economía de las decisiones adoptadas por los órganos de contratación, en las que se incluyan tales cláusulas».

Un artículo aparecido en La Vanguardia analiza las declaraciones del tribunal con mayor profundidad.

La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) presenta el informe de situación sobre el Comercio Justo en la contratación pública de las administraciones de Aragón. Este informe ha sido elaborado en colaboración con la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado.

La reforma de la Ley de contratos del sector público 9/2017 ha supuesto para las administraciones públicas y empresas licitadoras un más que importante cambio a la hora de acometer procesos de licitación públicos, situando el Comercio Justo en un punto primordial en la contratación pública estatal, permitiendo que las administraciones públicas estén amparadas por la norma para actuar en beneficio de este comercio, otorgándole el reconocimiento legal necesario para poder avanzar en la búsqueda de un consumo más igualitario, sostenible y responsable.

El Comercio Justo enlaza directamente y de manera transversal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), marcados por Naciones Unidas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas como parte de una agenda de desarrollo sostenible, destacando su gran valor como herramienta de cooperación para el desarrollo.

Los productos de Comercio Justo, en su gran mayoría, no entran en conflicto con los productos locales ya que son productos que en el Estado español no se producen. Actualmente ya son una nueva oportunidad de negocio para empresas aragonesas que se dedican a distribuirlos.

En el informe se facilitan datos de las distintas administraciones dependientes del territorio, que son las siguientes: Departamentos, Organismos Autónomos (Servicio Aragonés de Salud entre otros), Consorcios, Entidades de Derecho Público, Fundaciones y Empresas Públicas.

El ámbito temporal del estudio comprende todos aquellos contratos públicos efectuados entre los años 2012 y 2017.

Resultados de la investigación 

En total se han detectado nueve pliegos de licitaciones públicas de administraciones dependientes del territorio que incluyen cláusulas de Comercio Justo. Concretamente, entre los Departamentos del Gobierno de Aragón se han detectado cuatro licitaciones, correspondientes a los años 2012, 2013, 2016 y 2017.

En cuanto a los Organismos Autónomos (que comprenden el Servicio Aragonés de Salud, y los Institutos Aragoneses de Servicios Sociales, Empleo, Juventud, Mujer y Enseñanzas artísticas) se han registrado un total de cuatro pliegos, dos en el año 2012, uno en el año 2014 y otro en el año 2016. Por último, en cuanto a las Entidades de Derecho Público, se ha detectado un pliego correspondiente al año 2013.

Conclusiones

“Tenemos que ser conscientes del gran impacto, social y económico que la contratación pública de las Administraciones de la Comunidad Autónoma de Aragón ejerce en la economía”, afirman desde la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS).

En su opinión, “las problemáticas sociales y ambientales actuales necesitan respuestas coherentes y de impacto que permitan solucionarlas; dichas acciones deben ser emprendidas tanto a nivel individual como colectivo al objeto de transformar nuestro modelo de desarrollo, ajustándolo a las posibilidades ecológicas de la Tierra y permitiendo el bienestar tanto de las presentes como de las futuras generaciones”.

“Para alcanzar estas metas -añaden-, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Las administraciones públicas aragonesas deben dar respuesta a un cambio en el consumo para un desarrollo sostenible global como marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Por último, consideran desde la FAS que existe “una gran posibilidad de crecimiento para poder incluir productos de comercio justo en las licitaciones de las Administraciones dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón”.

En este enlace se encuentra el informe completo.

Les administracions públiques són grans compradores de béns i serveis (de mitjana, a la UE, el 17% del PIB prové de les compres que fan les administracions), i aconseguir que aquestes compres es regeixin pels criteris de l’Economia Social i Solidària és clau per transformar la matriu socioeconòmica. En els darrers anys, des de la Comissió de Balanç Social de la XES, hem estat treballant en aquesta línia; és per això que en aquest article us expliquem 4 experiències concretes de diferents administracions públiques.

El Balanç Social com a “clàusula” de compra

Un dels principals motors que ens va portar a la creació del Balanç Social des de la XES, va ser la constatació que el mercat convencional –a través del suposat mediador que és l’administració pública- no disposava dels mecanismes de control i diferenciació suficients per a poder discriminar entre aquelles empreses irresponsables i aquelles que, per les seves lògiques de funcionament, podíem considerar que eren agents actius del canvi socioeconòmic que proposem des de l’economia social i solidària. Davant de la lògica del lliure mercat, on tot s’hi val –i on el que acaba prevalent és la llei del més fort-, era imprescindible generar mecanismes d’identificació robustos, i tutelats col·lectivament, que ens permetessin anar aglutinant aquella oferta a qui val la pena comprar. Mecanismes que ens ajudessin a saber que aquella organització està treballant, no per la maximització de beneficis, sinó per satisfer les necessitats de les seves treballadores i de la comunitat on s’estableix.

Així doncs, com a XES, vam definir el Balanç Social com la nostra principal “clàusula” o “criteri” de compra. I vam obrir aquest camí esperant que les institucions públiques s’hi sumessin, per anar derivant la seva gran capacitat de compra –i, per tant, de generació d’activitat econòmica- cap a l’ESS, alimentant el Mercat Social i tallant els flux cap a les empreses de capital. Portem ja uns anys de camí, i en aquest article us expliquem com el Balanç Social de la XES ha contribuït a les polítiques de Compra Pública Responsable (CPR) de les administracions arreu del país.

La por al marc normatiu com a bloqueig

El món de la compra pública no és fàcil; és més aviat un terreny feixuc, travessat per un entramat administratiu i legal que ens ha obligat a ser molt creatius a l’hora d’incidir sobre les polítiques de compra pública perquè s’encamini cap als valors de l’ESS. Així, hi ha un marc legal europeu que condiciona de manera dràstica els marges de maniobra a nivell local, i que impedeix, per exemple, que el Balanç Social es pugui incloure a les licitacions com a requisit per a l’adjudicació de contractes, o que es pugui discriminar per qüestions de naturalesa de l’entitat tals com la forma jurídica1.

És veritat que l’aprovació de les directives europees de l’any 2014, i la seva transposició i entrada en vigor a Espanya durant els anys 2017 i 2018, amplien les possibilitats del marc jurídic, i fan que l’ambició en la seva aplicació depengui més d’una voluntat política i tècnica. De fet, el problema rau sobretot aquí: en la percepció del risc que es corre amb les polítiques de CPR, ja que, un pas en fals, pot suposar la denúncia d’un procediment i la paralització d’un contracte (i, potencialment, de la provisió d’un servei públic). Aquesta por –a rebre una denúncia, haver d’enfrontar-se a un exèrcit d’advocats i la potencial paralització de serveis– és una de les principals armes que les grans empreses de capital han utilitzat per frenar els canvis en les polítiques de compra pública. De tota manera, la valentia de cada vegada més administracions, ha anat establint precedents que ajuden a afrontar la incertesa i la por amb major seguretat.

Diferents estratègies d’incidència

Més enllà de la feina que s’ha estat fent en matèria de Compra Pública Responsable des de diferents àmbits (que és molta i molt valuosa), existeixen algunes experiències concretes que veuen de la feina feta per la XES i, molt especialment, de lacomissió de Balanç Social. Les estratègies que hem fet servir per incidir han estat diverses, a diferents escales i nivells de detall. Aquí expliquem les principals:

1. Les subvencions a l’ESS de l’ajuntament de Barcelona

El primer cas destacat és el de les subvencions a l’ESS promogudes des del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum. No es considera pròpiament una política de compra pública, ja que es tracta d’una línia de subvencions a concurrència, però sí que és, en definitiva, una estratègia per condicionar les organitzacions en la seva voluntat d’accedir a fons públics. La convocatòria de subvencions ha incorporat aspectes socials, ambientals i de bon govern respecte l’entitat sol·licitant, i el Balanç Social de la XES és una de les eines que inspira aquesta acció. En concret, el balanç social hi consta de dues maneres: atorgant punts en les valoracions de les sol·licituds, i com a requisit obligatori per cert tipus d’organitzacions en el moment de justificar-les. A la imatge2 veiem que, per les sol·licituds, s’atorguen 0,75 punts tenint en compte l’elaboració d’un balanç social, a més de l’acompliment de determinats tipus de criteris (que també consten dins del Balanç Social de la XES).

Per les justificacions, al punt 1.3 referit als criteris de les entitats sol·licitants, precisa que “Les entitats sol·licitants amb antiguitat superior a 3 anys i amb un mínim de 10 persones treballadores en el moment de presentar la sol·licitud, hauran d’acreditar com a màxim durant el període de justificació, haver fet un balanç social que incorpori criteris socials i ambientals de transparència i bon govern, com per exemple el balanç social de la Xarxa d’Economia Solidària o altres similars.”3 Així doncs, tant per les sol·licituds, com per les justificacions, haver fet el Balanç Social de la XES posiciona millor a les organitzacions que hi opten.

2. El Balanç Comunitari i el Programa Patrimoni Ciutadà

Un segon exemple, vinculat també a l’ajuntament de Barcelona, en aquest cas a la Regidoria de Participació i Territori, té a veure amb la firma de convenis per a la cessió d’espais i equipaments públics en el marc del programa Patrimoni Ciutadà, i amb el Balanç Comunitari com a peça clau per al seguiment d’aquests convenis. Tal com explica el propi ajuntament,

El Programa de patrimoni ciutadà d’ús i gestió comunitàries és el marc conceptual i normatiu del qual s’ha dotat l’Ajuntament de Barcelona per consolidar, donar suport i impulsar aquest tipus d’experiències. Parteix de la lògica que allò públic (patrimoni municipal) pot esdevenir allò comú (patrimoni ciutadà) a través de noves maneres d’interacció i gestió compartida.4

També expliquen quin és el paper del Balanç Comunitari

(…) és una eina amb què les entitats autoavaluen el funcionament intern i extern del seu projecte. Quan les entitats s’inscriuen al Programa de patrimoni ciutadà, es comprometen a participar en el Balanç comunitari a través d’un formulari de preguntes i indicadors enfocats a valorar la corresponsabilitat social del projecte, l’arrelament territorial, la gestió democràtica i l’orientació a les necessitats de la comunitat i l’entorn.

El Balanç Comunitari, tal i com us expliquem aquí, té com a requisit indispensable l’elaboració del Balanç Social (bàsic) de la XES, i a més d’unes preguntes específiques d’avaluació de projectes elaborades conjuntament amb la Xarxa d’Espais Comunitaris. D’aquesta manera, una eina creada pel propi moviment (des dels seus criteris i mètriques) esdevé un sistema d’avaluació de la contribució a allò públic-comú per part de les institucions.

3. El catàleg de proveïdores de l’ajuntament de Manlleu

El tercer cas el trobem terra endins; a la comarca d’Osona. En aquest cas, de la col·laboració entre la cooperativa Opcions, la XES i l’ajuntament de Manlleu, n’ha sortit un catàleg d’empreses i organitzacions d’ESS de la comarca d’Osona. Aquesta acció s’emmarca en una política d’impuls de l’ESS per part d’aquest ajuntament, com es pot veure a la pàgina web ess.manlleu.cat.

El catàleg en qüestió és una rèplica del catàleg de Mercat Social de la XES, però filtrat per les entitats i empreses amb seu a la comarca d’Osona. Així doncs, l’aparició al catàleg d’empreses d’ESS de l’ajuntament de Manlleu, està condicionat a l’elaboració i aprovació del Balanç Social de la XES (l’aprovació subjecte a criteri de la Comissió de Balanç Social de la xarxa, l’ajuntament no interfereix). Des del consistori es fa una campanya específica entre les organitzacions de l’ESS osonenques per ajudar-les a fer el balanç, i se’ls finança els informes de recomanacions de millora elaborats per la XES. I finalment –un dels elements clau de tot el projecte- s’està treballant perquè les empreses que constin al catàleg tinguin accés preferencial a la contractació directa de l’ajuntament, ja que si estan al catàleg implica que han dut a terme una avaluació d’acompliment en termes ambientals, socials i de bon govern i que assoleixen uns mínims. A més, es vol que el catàleg esdevingui també una referència per a la ciutadania en general.

4. La Llei de Contractes del Sector Públic del 2017

Finalment, i allunyant-nos força de l’àmbit local, volem esmentar també un dels moments decisius dels darrers anys quant a polítiques de compra pública responsable: la tramitació de la que ha acabat sent la llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. És especialment important la feina que va fer la Comissió de Compra Pública de REAS Red de Redes5 (on com a XES vam poder participar), que va possibilitar que gran part de les esmenes proposades per l’àmbit de l’Economia Solidària s’introduïssin6:

El treball fet en aquest nivell, ha permès –com dèiem a l’inici- obrir el marc jurídic, i donar més garanties i possibilitats en l’àmbit local, que és on, com a comissió de Balanç Social, hem fet més feina.

De la diversitat d’experiències que hem explicat, n’extraiem dues idees finals. Per un costat, que l’objectiu que hem perseguit sempre ha estat posar al servei de la CPR una eina oberta, clau i versàtil com el BS (i continuarem treballant en aquest sentit). I la segona, que l’esforç que hem hagut de fer per adaptar-nos a diferents contextos posa de manifest les dificultats que entranya no tenir un marc normatiu per l’ESS més clar. Probablement, la futura Llei d’Economia Social i Solidària facilitarà moltes coses, començant per la definició d’un segell –avalat pels actors de l’ESS catalana, el món local i la Generalitat- emmirallat en les eines i experiències que hem estat construït des de l’àmbit, i que han anat obrint camí en aquest procés d’experimentació que és el d’imaginar i viure economies post-capitalistes.

Comissió de Balanç Social

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1. Tècnicament el marc normatiu de contractació pública a Europa considera que és prioritari assegurar la lliure concurrència i per tant és molt curós a l’hora de permetre restriccions a aquesta concurrència (especialment degut a que es considera que la discrecionalitat alimenta el risc de corrupció).

2. Pàgina 7: https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&04/022019006781.pdf&1

3. Pàgina 2: https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&04/022019006781.pdf&1

4. Extret de: https://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/ca/patrimoni-ciutada

5. https://contratacionpublicaresponsable.org/

6. Extracte del comunicat emès per REAS Red de Redes en el marc del projecte ContrataResponsable. El podeu llegir sencer aquí: https://reasaragon.net/2018/03/21/causas-y-efectos-de-la-nueva-ley-de-contratos-del-sector-publico/

Tomamos de nuestra web centrada en la Contratación Pública Responsable esta noticia según la cual el Ayuntamiento de Pamplona incorporará en toda la contratación pública municipal criterios sociales y medioambientales. La Junta de Gobierno Local ha aprobado en su sesión de este martes una instrucción de contratación pública «estratégica y socialmente responsable», con la que el Consistorio se dota de una norma de obligado cumplimiento, así como una guía que incluye cláusulas sociales y sistemas de verificación de cumplimiento y medición de impacto.

La instrucción se publicará en la Sede Electrónica del Ayuntamiento para su difusión y conocimiento, así como en la web municipal www.pamplona.es. Esta instrucción se aplicará a todos los órganos que promuevan la contratación pública del Ayuntamiento de Pamplona y de su sector público institucional, que está constituido por la Gerencia de Urbanismo, Escuelas Infantiles, Comiruña SA, Mercairuña SA, Pamplona Centro Histórico, ANIMSA, el Operador Energético Municipal SL y Fundación Teatro Gayarre, así como las que en el futuro se puedan constituir.

Además, el Ayuntamiento ha diseñado una serie de talleres para reforzar e impulsar la aplicación de la instrucción y la guía entre las diferentes áreas municipales y empresas públicas, ha destacado el Consistorio en un comunicado.

El objetivo que persigue el Ayuntamiento de Pamplona es la implantación de una estrategia de contratación pública «socialmente responsable» que permita «una mayor visión de servicio a la ciudadanía y un impacto en términos de integración social, redistribución, igualdad y sostenibilidad».

Se busca así un modelo de contratación pública que «mantenga los principios de eficacia y eficiencia, pero que además integre y potencie los objetivos sociales en la contratación, de modo que cada servicio, obra o suministro, fomente la igualdad de género, el empleo de personas vulnerables, los derechos de las personas con discapacidad, un empleo digno y de calidad, la economía circular, la responsabilidad social de las empresas, la cohesión social y territorial, y facilite la contratación de Centros Especiales de Empleo, Empresas de Inserción, entidades de economía social, así como de pymes y micropymes».

Además, el Ayuntamiento de Pamplona se propone ser la primera administración pública del Estado que «verifique y evalúe de manera efectiva el impacto social de la contratación pública». Para ello, cada cláusula social irá acompañada de un verificador que «demuestre su efectivo cumplimiento y de un medidor de impacto que permita computar su eficacia y resultados».

De este modo, una vez finalizado el proceso, el Ayuntamiento podrá conocer «cuál es el beneficio y los resultados sociales de la contratación en un periodo determinado».

La nueva instrucción y guía para la contratación pública del Ayuntamiento se enmarca en el proyecto Trebatu, puesto en marcha a principios de esta legislatura, con el objetivo de conseguir «un sistema de contratación pública más equitativo, en línea con los planteamientos realizados por la Unión Europea, la Administración central o la propia Comunidad foral».

Trebatu pretende «incentivar la participación de las pymes, micropymes y profesionales autónomos en la contratación pública, así como seguir fomentando la reserva de mercado, a través de la que entidades y empresas sin ánimo de lucro acceder a determinados contratos públicos». En definitiva, pretende conseguir «un sistema de contratación pública responsable y cada vez más transparente».

Leído en https://www.noticiasdenavarra.com/2019/04/16/vecinos/pamplona/se-incorporara-en-toda-la-contratacion-publica-criterios-medioambientales-y-sociales

La “oferta económica más ventajosa” ya no tiene por qué ser la elegida. La contratación pública responsable, que llevaba años en los discursos políticos de algunos partidos de izquierda y en las proclamas de muchas organizaciones sociales, parece que ha arrancado en el Estado español. Los criterios y cláusulas sociales y ecológicas ya se pueden encontrar en las licitaciones de las administraciones públicas de todos los niveles. Más puntos si los vehículos de tu empresa son eléctricos, ofertas reservadas a empresas de reinserción o cláusulas que obligan a que el café que se vende en la cafetería dentro de un espacio público sea de comercio justo. Pero la contratación pública tiene todavía una asignatura pendiente: luchar contra la desigualdad de género.

Algunos “ayuntamientos del cambio” han dado un impulso al uso de la contratación pública como herramienta para subvertir las prácticas patriarcales que imperan en gran parte del tejido empresarial y económico. Pero queda mucho camino por recorrer, y es un camino lleno de trabas.

EUROPA EMPUJA

La Constitución Española allana el camino al uso de las instituciones en la búsqueda de la igualdad, consagrada en el artículo 1.1. El artículo 14 de la Carta Magna proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo y el artículo 9.2 obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Entonces, ¿por qué cuesta tanto que las administraciones públicas usen sus compras para cumplir tal fin?

Hace ya cinco años que el Parlamento Europeo aprobó las directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE sobre contratación pública. En dichos textos se reconoce el papel clave de la contratación pública en lo que la institución llama “crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, mediante el uso de los fondos públicos y los contratos de las administraciones para conseguir “objetivos sociales comunes”. Pero hicieron falta más de tres años para que el Gobierno español realizara la correcta transposición de estas directivas, llegando incluso a recibir un serio rapapolvo por ello: la Comisión Europea llevó al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya que, legalmente, deberían haber sido incorporadas en abril de 2016. Finalmente, en noviembre de 2017 se aprueba la Ley 9/2017, con la que se permite que se utilice la contratación pública en apoyo a objetivos sociales comunes. La contratación pública responsable ya tenía un apoyo jurídico ante la regla común de “lo más barato es lo mejor”.

El proyecto Contratación Pública Responsable aglutina en una web documentación necesaria para que los gobiernos locales puedan adaptar sus licitaciones con cláusulas sociales.

A una gran parte de la población le cuesta todavía entender que el enfoque de género sea algo transversal, por no hablar de nuevos partidos políticos que lo desprecian por completo. Pero la realidad es que los intentos por parte de los distintos gobiernos de España o “la buena fe” de las empresas sigue sin revertir situaciones de desigualdad crónica entre hombres y mujeres. “El fracaso de la Ley de Igualdad y de las políticas de responsabilidad social corporativa, así como el fracaso también de las políticas de cuotas como medida de incidencia positiva en la promoción de la igualdad, ha dado una nueva oportunidad a las cláusulas sociales en la promoción de la igualdad”, explica a El Salto Helena Ancos, directora de la consultora Ansari Innovación Social y del medio online especializado en responsabilidad social Ágora.

La Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) es una de esas organizaciones que llevan presionando a las administraciones públicas para que se incorporen estas cláusulas. El proyecto Contratación Pública Responsable aglutina en una web documentación necesaria para que los gobiernos locales puedan adaptar sus licitaciones con cláusulas sociales e incluso un curso para expertos y expertas en contratación pública responsable.

Dado que las compras públicas representan en torno al 20% del Producto Interior Bruto es fácil, argumentan desde REAS, deducir el gran potencial e incidencia en la economía y el modelo de desarrollo que tienen estas medidas. Además, añaden, “se trata en última instancia de dinero público, de todas y todos, y por eso nos parece tan fundamental que se oriente al bien común”.

¿EN MI AYUNTAMIENTO?

Las administraciones públicas locales no tienen solo la obligación jurídica de definir las políticas públicas para que incorporen la perspectiva de género y contribuyan así a la reducción de estas desigualdades, sino que tienen una posición privilegiada y de oportunidad para hacerlo de manera efectiva”, afirma la investigadora y consultora en políticas públicas Iolanda Fresnillo, que ha publicado recientemente el informe Contractació pública responsable i clàusules socials per revertir la desigualtat de gènere. Oportunitats i límits. “La elaboración de ordenanzas fiscales o el urbanismo, entre otros, se pueden llevar a cabo desde la perspectiva de género y con una visión feminista”, asegura.

Algo en lo que coincide David Comet, miembro del grupo de Compra Pública Responsable de REAS, que pone de manifiesto la importancia de las entidades locales como “las más cercanas a la ciudadanía, y donde las repercusiones de hacer coherentes las políticas de compra y contratación administrativa con las políticas sociales y ambientales adquieren una dimensión más palpable en las realidades que nos rodean en nuestro día a día”.

Echando un vistazo a algunos de los municipios del Estado español, vemos que se han conseguido algunos avances en los últimos años. En el Ayuntamiento de Barcelona tienen claro que la contratación pública de los municipios es una herramienta fundamental para luchar contra la desigualdad. Cada año se adjudican 590 millones de euros en contratos desde el mismo ayuntamiento, más de mil si se considera todo el grupo municipal. “De estos contratos, más del 80% se destina a servicios y especialmente a gestión de servicios públicos, más susceptibles de incorporar cláusulas sociales, por lo tanto el impacto de la inclusión de estas cláusulas es de gran alcance”, asegura a El Salto la concejala de Feminismos y LGTBI, Laura Pérez.

En Barcelona se han incluido seis tipos de cláusulas de género que pretenden modificar diferentes desigualdades que se producen en el mercado laboral.

En dicho ayuntamiento, explica la concejala de Barcelona en Comú, se han incluido seis tipos de cláusulas de género que pretenden modificar diferentes desigualdades que se producen en el mercado laboral: “Planes o medidas de igualdad, paridad entre hombres y mujeres, medidas contra el acoso sexual, comunicación inclusiva, igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas LGTBI, y cláusulas relacionadas con la conciliación responsable”, enumera Pérez.

Igual que en el Ayuntamiento de Barcelona, Arantza Gracia, concejala de Educación e Inclusión en Zaragoza, explica que en su ayuntamiento han desarrollado una instrucción para que se introduzcan cláusulas sociales de género en todos los contratos municipales. “Por una parte, la instrucción incorpora criterios de adjudicación cuando ese contrato también se hace para lograr la equidad de género”, explica la concejala, y pone como ejemplos los pliegos de la licitación de parques y jardines, así como la gestión de las Casas de Juventud y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE) en centros públicos de Educación Secundaria. En todos estos concursos se exigió, entre otras cláusulas, el equiparamiento por género en nuevas contrataciones.

En el resto de contratos del Ayuntamiento de Zaragoza, 230 en total, se han incluido otras medidas para exigir a las empresas, acorde a lo permitido por la ley, que “desarrollen planes de igualdad y medidas específicas de conciliación, incorporen lenguaje inclusivo e imágenes no sexistas, desarrollen medidas para prevenir acoso sexual e incorporen datos desagregados por sexos en la documentación que elaboren”, afirma la concejala de Zaragoza en Común.

En el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Madrid, además de incluir cláusulas que obligan a usar los convenios sectoriales en servicios sociales, especialmente vinculados a los cuidados —mayoritariamente cubiertos por mujeres—, también se dan subvenciones de cooperación y derechos humanos a proyectos que tengan un enfoque específico de género y solo a trabajo de campo, “de manera que tengan un efecto directo en la mejora de la calidad de vida de las mujeres en los lugares en los que se desarrollen”, explica Brianda Yañez, concejala de Transparencia e Innovación Social de Somos Alcalá. Además, añade Yañez, se incluyen cláusulas que premian la contratación de personas de colectivos más vulnerables, entre ellos mujeres, y especialmente víctimas de violencia de género.

En el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se incluyen cláusulas que premian la contratación de personas de colectivos más vulnerables, entre ellos mujeres, y especialmente víctimas de violencia de género.

Otros municipios han empezado a exigir el uso del lenguaje no sexista como cláusula contractual. El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) de la ciudad de Córdoba ha licitado un contrato con una cláusula de este tipo para sus servicios de comunicación que indica que “todos los textos elaborados por la empresa adjudicataria deberán ser redactados con un lenguaje no sexista, igualitario, tanto los que se publiquen (notas y dosieres de prensa, redes sociales, página web, etcétera) como los que se puedan usar a nivel interno de este organismo (informes, memorias, etc.)”. En caso de no cumplirse, la cláusula contractual permite resolver el contrato.

BACHES

Pero cambiar la manera en la que las administraciones públicas utilizan su poder de compra no es fácil ni gusta a todos los agentes económicos implicados. Las cláusulas medioambientales han tenido que enfrentarse a las denuncias de empresas que se resistían a la implementación de medidas ecológicas para poder acceder a los concursos públicos por considerarlas “contrarias a la libre competencia”. Las cláusulas de género también han tenido sus problemas.

Ancos, que actualmente está realizando cursos en muchos municipios y asociaciones empresariales para formar en este ámbito, explica que, en el caso de las cláusulas de género, “los intereses creados han sido menores y, por ejemplo, la promoción del empleo femenino es difícil de contestar jurídicamente”. Aunque Comet, por otro lado, apunta que “no debemos pasar por alto que las propuestas de género son, en muchos otros campos, generadoras de una importante resistencia social, por lo que parece comprensible que estas reticencias se den también en materia de contratación pública”.

Gracia cuenta que en Zaragoza solo han tenido un problema con una empresa “con el pliego de parques y jardines, que se recurrió, pero el TACPA nos dió la razón”. Pero apunta a un problema que viene desde dentro: “A veces la mayor dificultad es la resistencia interna por lo que la labor de sensibilización del personal municipal es un trabajo paralelo que se está desarrollando”.

En este sentido, Comet observa que la complejidad jurídica de algunas cláusulas que van más allá de los planes de igualdad, en ocasiones se convierte en incertidumbre para las personas responsables de gestionar los contratos en la administración, suponiendo un obstáculo para poder considerarlas, pero afirma que “es difícil encontrar a entidades que se opongan a que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres”. Ante ese problema, Pérez explica que en Barcelona “hemos puesto a disposición de las empresas de la ciudad un servicio de asesoramiento para la definición e implementación de las cláusulas de género”.

¿SUFICIENTE?

La compra pública responsable con enfoque de género es un buen camino, pero no es suficiente. Con esa frase se podría resumir el sentir de todas las fuentes consultadas, aunque con matices y diferencias en cuanto a la mejor vía o solución. “La aplicación de estas medidas corresponde de manera directa a los poderes públicos, pero toda la ciudadanía está interpelada a demandar su aplicación y desarrollo —dice Comet—, por lo que el movimiento feminista, que tanta fuerza está cobrando en los últimos tiempos, tiene también aquí un campo de batalla en el que quizás aún no está entrando lo suficiente”.

Todos coinciden en que los próximos años son de vital importancia para no dar marcha atrás en los logros conseguidos en esta materia. “Se puede avanzar mucho en la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral y en la no discriminación LGTBI en una ciudad como Barcelona”, dice Pérez. La concejala de Zaragoza añade que, si la ley avanza, “podremos ir incorporando nuevas cláusulas que puedan incidir de forma más eficaz, como, por ejemplo, se debería avanzar en el seguimiento de los Planes de Igualdad, ya que sabemos que muchas empresas los tienen pero no hacen trabajo efectivo”. Aunque también apunta que deben ir de la mano de otras actuaciones de sensibilización.

“No todo se resuelve con cláusulas. Las especificaciones técnicas de los pliegos, el presupuesto, o escoger gestión directa o indirecta, tiene implicaciones desde el punto de vista de género”.

Medir el impacto de esas medidas es, según Anco, otra de las tareas a tener en cuenta y donde los municipios tienen una gran responsabilidad a la hora de diseñar planes de contratación con impacto. “Para que tengan éxito, deben identificar los productos y servicios con mayor incidencia en las desigualdades entre mujeres y hombres, y fórmulas complementarias en el resto de intervenciones que constituyen la política dirigida al logro de la igualdad efectiva de mujeres y hombres”.

Pero también hay otro tema o debate importante, apunta Fresnillo, —y que puede que dé para otro reportaje—: “No todo se resuelve con cláusulas. Las especificaciones técnicas de los pliegos, el presupuesto que le das o el simple hecho de escoger gestión directa o indirecta para según qué servicios, tiene implicaciones desde el punto de vista de género”. Y lo ejemplifica diciendo que “la reflexión sería plantearse si hay una manera de hacer gestión del Servicio de Atención a Domicilio, por ejemplo, con perspectiva de género que no sea gestión directa o gestión público social, ya que, en cuanto metes un privado con ánimo de lucro en la ecuación de según qué ámbitos, la perspectiva de género se cae automáticamente”.

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) organizará un curso sobre “Contratación Pública Responsable”, que se celebrará en modalidad online en los meses de junio y julio con una duración de 40 horas, estando prevista una segunda edición en el último trimestre del año.

Los alumnos que finalicen el curso obtendrán capacitación para gestionar y asesorar a las empresas y entidades dentro los procesos de licitación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, sustancialmente modificada y que entró en vigor en 2018. Además, se adapta a las necesidades reales y prácticas de las PYMES en general y de las empresas de Economía Social en particular.

El Curso, bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación para el Empleo (FUNDAE), contará con la presencia de los mejores expertos en materia de contratación pública responsable, como, entre otros, Guillermo Yáñez, formador y conocedor de la misma desde el ámbito de la administración y la empresa privada, y Santiago Lesmes, responsable del Área de Contratación Pública Responsable en la Consultora de cláusulas sociales y transparencia de ‘De Par en Par’.

El curso va dirigido a:

♦  Profesionales de entidades representativas de Economía Social que asesoran sobre Contratación Pública.

♦  Gestores de empresas que utilicen la plataforma de contratación para licitar y participar en procesos de contratación pública.

♦  Profesionales de empresas en general que tengan interés en aprender sobre  Contratación Pública Responsable.

♦  Personal de las Administraciones Públicas con interés en materia de Contratación Pública Responsable.

El curso tendrá una duración de ocho semanas, con una dedicación semanal aproximada de 5 horas semanales con un equipo multidisciplinar que cubre los aspectos técnicos, pedagógicos y tecnológicos de la formación, siendo accesible para personas con discapacidad.  Al término del mismo, se emitirá un diploma a los alumnos que acrediten haber adquirido los objetivos marcados en la formación.

Toda la información sobre el curso está disponible en la web de CEPES, que incluye un video informativo sobre el curso y la posibilidad de tramitar una preinscripción. 

Y para estar al día en cuestiones de compra pública, políticas públicas y su relación con la ESS, visita contratacionpublicaresponsable.org.

La contratación pública representa aproximadamente el 18,5% del PIB. Esto convirtierte a las instituciones públicas en las mayores contratadoras de personas y servicios. Es un gran volumen económico y que con la reciente aprobación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, abre grandes oportunidades para las PYMES, cooperativas y pequeñas empresas que contribuyan a través de sus prácticas una sociedad mejor. Tal como indica la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobada por Naciones Unidas, es necesario ejercer una Contratación Pública Responsable e incorporar clausulas de tipo social y medioambiental en las compras y contrataciones públicas, para transformar nuestra sociedad y los modelos de producción y consumo, hacia formas más sostenibles y equitativas.

Desde Zentzuz Kontsumitu, os queremos invitar a participar en un taller formativo. Con este taller, nos pondremos al día de las importantes oportunidades que se abren para la Compra Pública Responsable. Contaremos con REAS-Euskadi que nos explicarán estas novedades.

Oportunidades para la Compra Pública Responsable

Objetivo general del curso: formación y capacitación de los agentes sociales y empresariales relacionados con los procesos de compra y contratación pública, para que conozcan las posibilidades que ofrece la nueva legislación de Contratos Públicos que incluye clausulas sociales y medioambientales.

A quién va dirigido: Empresas de la Economía Social y Solidaria, PYMES y pequeñas cooperativas y a agentes sociales.

Fechas y lugar:

· 15 de marzo de 2019 en el CENTRO CÍVICO EL CAMPILLO (Santa Maria Kalea, 4 A,Vitoria-Gasteiz) Sala Polivalente.

· Viernes de 9,30h a 12h

Número de plazas: 30

Preinscripciones: vitoria-gasteiz@setem.org

9,30 a 10,30: Oportunidades de la nueva Ley de contratos a través de las clausulas sociales, éticas y medioambientales para PYMES y pequeñas cooperativas y a agentes sociales. Carlos Askunce REAS Euskadi

10,30 a 10,45: Pausa café

10,45 a 11,45: Nueva instrucción de compra pública del Ayto de Vitoria-Gasteiz(pendiente de aprobación). Nerea Melgosa. Concejala en el Ayto. de Vitoria-Gasteiz.

11,45 a 12,00: Ruegos y preguntas.

¡Pídele a tu ayuntamiento que consuma tecnología responsable!

Por una Tecnología Libre de Conflicto.

¡Firma! Y ayúdanos a fomentar la compra pública ética de productos electrónicos.

Con tu firma pediremos a las y los responsables políticos que se comprometan a poner en marcha políticas de “compra pública ética”.

Se trata de que tu ayuntamiento, cuando necesite renovar sus equipos informáticos (ordenadores, pantallas, etc.) o adquirir nuevos productos electrónicos (móviles o tabletas), tenga en cuenta criterios éticos, sociales y medioambientales, y no sólo el precio o las características técnicas.

Las administraciones públicas gastan anualmente miles de euros en tecnología y, por lo tanto, pueden utilizar su poder de compra para elegir bienes y servicios que ofrezcan buenos resultados sociales. También pueden proponer incentivos reales a las empresas, para que desarrollen una gestión socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos en sus cadenas de suministros

Actualmente las empresas europeas que importan móviles u ordenadores, no tienen la obligación de rastrear el origen de los minerales que se emplean en su fabricación y estos pueden proceder de zonas en conflicto como el este de la República Democrática del Congo, Colombia o Myanmar.  

En estas regiones, la extracción y comercialización ilícita de minerales (como el tantalio, el wolframio, el estaño y el oro) contribuye al crimen organizado y la financiación de grupos armados, dificultando la resolución de los conflictos. Mientras tanto, los trabajos forzosos, la explotación infantil o la violencia contra las mujeres forman parte de la vida cotidiana en muchas comunidades que dependen de la extracción manual de estos minerales para vivir.

La Regulación Europea 2017/821 sobre minerales en conflicto se hará efectiva el 1 de enero de 2021 y obligará a las empresas que importan minerales directamente de estas regiones a gestionar adecuadamente los riesgos asociados a violaciones de derechos humanos. Sin embargo, las empresas que importan componentes electrónicos y productos terminados (aquellos que llegan a nuestras manos) no estarán obligadas por ley a cumplir esta normativa.

Ante esta situación, desde la ciudadanía tenemos la oportunidad de ejercer nuestra responsabilidad y… Pedir a los ayuntamientos que incorporen cláusulas específicasen sus nuevos contratos de compra de productos electrónicos (móviles u ordenadores) para que las empresas suministradoras lleven a cabo la “debida diligencia” en sus cadenas de suministro de minerales.

• La existencia de contratos en vigor no impide el compromiso del ayuntamiento, puesto que si se suman ahora tendrán de plazo hasta el 1 de enero de 2021 para hacer efectiva la inclusión de dichas cláusulas.

Esta recogida de firmas es una acción de incidencia online enmarcada en la Campaña Tecnología Libre de Conflicto y promovida por la ONGD ALBOAN, a la que se suman: el Servicio Jesuita a Migrantes Valencia.

Con tu firma, nos comprometemos a presentar esta propuesta a los ayuntamientos de aquellos municipios donde consigamos recabar apoyos suficientes.

¡Firma! Por una compra pública ética

¡Firma! Para que tu ayuntamiento compre tecnología responsable

Las compras y contrataciones de nuestros gobiernos locales, regionales y estatal representan en torno al 20% del Producto Interior Bruto de nuestro país, un volumen nada desdeñable en términos de incidencia e influencia en la economía y el modelo de desarrollo. Simplemente, con las obligaciones y exigencias que se imponen a las empresas para contratar con las entidades públicas se podría conseguir una mayor y mejor cultura fiscal, ética y sostenible en el tejido empresarial. Ese 20% de nuestra economía debe estar al servicio del bien común, y ser aprovechado para potenciar e implantar políticas para la equidad de género, el desarrollo sostenible, el bienestar laboral, el respeto a los derechos humanos, promoviendo así una transición económica basada en empresas mucho más democráticas y respetuosas con los derechos de las personas y con el medio ambiente.

En este ámbito es donde las empresas y entidades de la Economía Social juegan un papel crucial, como apuesta de futuro, por muchos motivos: por su gran arraigo en el territorio, ejerciendo como agentes de desarrollo local y rural, fijando población; creando oportunidades y empleo estable e inclusivo a través de la inserción de colectivos desfavorecidos, comprometidas con la equidad social y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; permitiendo mayor participación de la sociedad en la economía a través de estructuras más democráticas, tal como representan las empresas cooperativas o las asociaciones… etc. En definitiva, las entidades de la Economía Social representan un modelo económico y empresarial que puede ayudar a favorecer un futuro desarrollo mucho más inclusivo, con mayores cotas de bienestar social y sostenibilidad ambiental.

Entidades de la Economía Social con las entidades del sector público, ya no sólo para garantizar los impactos positivos anteriormente descritos, sino para tender hacia una economía más plural y una mejor calidad democrática. De este modo se busca reequilibrar el poder que actualmente tienen las grandes empresas y multinacionales (las cuales, además, son las adjudicatarias del 70% de la contratación pública1), capaces de incidir de forma determinante en las decisiones de los gobiernos, condicionando la voluntad democrática de los Pueblos y los derechos de las personas, algo que, a todas luces, debería estar por encima de cualquier interés económico, como ha puesto de manifiesto La campaña “Derechos para las personas. Obligaciones para multinacionales” así lo ha puesto de manifiesto, coincidiendo con el inicio del Foro Económico de Davos el pasado 22 de enero.

La actual Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado mes de marzo de 2018, ha sido un punto de inflexión en relación a la normativa anterior. Sin ir más lejos su artículo 1, en el que establece el Objeto de la propia Ley, habla de que se debe “facilitar el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social”. A la luz de este artículo, todas las entidades del sector público tienen el mandato de facilitar la participación de las empresas y entidades de la Economía Social en los procesos de contratación administrativa.

La Ley anterior, aunque permitía la consideración de criterios sociales y ambientales (entre los que se incluía, por ejemplo, la obligación de reservar parte de sus contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción social), tuvo poca repercusión, es más, algunas instituciones públicas incluso desconocían su existencia. Por ello, aunque son numerosas las buenas prácticas en relación a la contratación pública responsable no tuvieron un gran impacto social y económico. Y es que las entidades del sector público han estado mucho más preocupadas por garantizar un impoluto trámite administrativo de estos procesos (especialmente tras los numerosos escándalos de corrupción asociados a los procesos de contratación administrativa) que en exprimir todo su potencial para favorecer el bienestar social y el desarrollo sostenible.

APRENDIZAJES Y PROPUESTAS

Llegadas a este punto, hay que echar la vista atrás y aprender de los errores. Uno de ellos ha sido que los gobiernos locales, regionales y estatal no han identificado la contratación administrativa como una política estratégica que puede incrementar el impacto de algunas políticas públicas. Viéndolo desde esta perspectiva, volcar en la contratación administrativa las políticas de igualdad, de inserción socio laboral, cooperación internacional, transición económica y ecológica o de apoyo a la economía social es el primer paso que permitiría aprovechar todo su potencial.

La transformación de los modelos de contratación pública debe ser una prioridad gubernamental y, por consiguiente, se deben dedicar recursos a ello: formación de los/as trabajadores/as públicos, sensibilización y estímulos para el tejido empresarial, coordinación de procesos de contratación pública para favorecer sinergias y ‘círculos virtuosos’, como diría aquel, para catalizar algunos procesos de cambio económico y social que irían mucho más rápidos si tuvieran el apoyo público. Las Redes de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS) de Madrid y Aragón, con la colaboración de IDEAS y el Ayuntamiento de Madrid, han puesto en marcha la 2ª Edición del Curso de Experto sobre Contratación Pública Responsable con el ánimo de dar la capacitación suficiente a trabajadores y trabajadoras públicos, empresas y entidades del tercer sector para poder implementar políticas en esta materia. Oportunidades formativas de este tipo son las que se deben potenciar y aprovechar para hacer realidad una contratación pública social y ambientalmente más responsable.

Y es que las instituciones públicas españolas no están solas. Se cuentan por centenas las buenas prácticas dentro de la Unión Europea en relación a la consideración de cláusulas sociales, ambientales y éticas. Contratación de suministro eléctrico con energías renovables, gestión de comedores colectivos con alimentos ecológicos, instalación de máquinas expendedoras de bebidas calientes con productos de comercio justo o contratación de colectivos socialmente vulnerables en obras públicas son algunos de los contratos que ya cuentan con numerosas y exitosas experiencias. Son las cláusulas de apoyo a la Economía Social, especialmente la reserva de contratos a cooperativas, asociaciones y fundaciones, las que se encuentran en un estadio menos maduro, las que necesitan, por tanto, de un mayor impulso y valentía. Por su parte, el Gobierno de España ha aprobado recientemente su Plan Estatal de Compra Ecológica que, sin duda, será toda una referencia para las entidades del sector público del país.

La actual Ley de Contratos Públicos, transponiendo las Directivas europeas del ramo, ha establecido una importante herramienta para el apoyo a la Economía Social: la reserva de contratos. Este instrumento permite limitar la concurrencia de empresas en las licitaciones públicas, permitiendo sólo que presenten ofertas a las empresas de la Economía Social. La Ley desarrolla dos tipos de reserva: una referente a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción que puede aplicarse a cualquier tipo de contrato y otra a otras entidades de la Economía Social, limitada a algunos tipos de contrato; las cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones cumplen los requisitos establecidos en la Ley para concurrir a estas licitaciones.

Algunos de los contratos recogidos en esta segunda reserva son los servicios de ayuda a domicilio, de organización de eventos, suministro de comidas a domicilio, o los servicios postales, entre otros. Sería un importante revulsivo social y económico que estos contratos, actualmente en manos de grandes operadores económicos, pasaran a ser gestionados directamente por las propias personas trabajadoras que prestan estos servicios a través de cooperativas o por empresas sociales, sin ánimo de lucro, asociaciones o entidades ciudadanas.

Estos cambios no serían a coste cero, requerirían de un esfuerzo jurídico, social, económico…, aunque ofrecen la oportunidad de experimentar con nuevos modelos empresariales que pueden ser muy beneficiosos para la economía local. Tampoco hay que creer que las multinacionales y grandes empresas quedarán impasibles ante una pérdida de cuota de mercado sino, como ya hacen, lanzarán campañas mediáticas en contra de las empresas de la Economía Social, como ya ha ocurrido en Madrid, donde los periódicos EL MUNDO y EL PAÍS han difundido sospechas infundadas contra empresas y personas vinculadas a la Economía Social, y eso solo siendo (las empresas de la Economía Social) adjudicatarias de menos de un 1% de los contratos del Ayuntamiento de Madrid.

Pero no solo hay que recurrir a la reserva de contratos, sino que las entidades de la Economía Social, y más aún, las de la Economía Social y Solidaria, tienen, por lo general, en su ADN unos principios que se corresponden con criterios éticos, sociales y ambientales y que se pueden incluir en los pliegos de contratación pública. Criterios sociales como: la mejora de las condiciones salariales y laborales por encima del convenio sectorial y territorial de legal aplicación; establecimiento de medidas que garanticen la igualdad en el acceso al empleo, la retribución, promoción, formación y permanencia, así como la prevención del acoso sexual en el trabajo (incluso en en entidades de menos de 250 personas trabajadoras); la aplicación de criterios de equidad y transparencia fiscal o criterios ambientales, como la minimización del consumo de recursos naturales como materias primas, combustibles y agua, la mínima generación de residuos peligrosos y no peligrosos, así como su reutilización o reciclabilidad o la aplicación de medidas de eficiencia energética o utilización de fuentes de energía renovables. Para ello, sólo hace falta voluntad por parte de las Administraciones Públicas y, desde la sociedad civil reclamar que se incluyan estos criterios en los procesos de contratación.

En definitiva, “caminante, no hay camino, se hace camino al andar” por lo que es necesario echar a andar iniciativas, contando con la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales y empresas, para que los contratos públicos atiendan al bien común, y podamos construir entre todas otro modelo de economía, sociedad y desarrollo que nos permita vivir bien.

El próximo 24 de enero Opcions  y Setem organizan en el Auditori de Barcelona Activa (c/Llacuna 162-164) una jornada dedicada a la compra pública responsable, que se dirige a personal técnico municipal y que tiene como principal objetivo establecer relaciones e intercambios entre todas aquellas personas, entidades y organizaciones que promueven la compra pública responsable.

En esta jornada se presentará el informe ‘De la teoria a la pràctica: Casos reals de compra pública responsable‘, que analiza casos reales de diferentes administraciones del Estado que destacan por su inclusión de aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno.

Puedes ver aquí el programa completo de la jornada.

Inscríbete de forma gratuita en el enlace o a través del correo electrónico comunicacio@setem.org.

La contratación pública representa aproximadamente el 18,5% del PIB de nuestro país; este volumen económico tiene una influencia importantísima en nuestras formas de producción y modelo de desarrollo. Tal como indica la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobada por Naciones Unidas es necesario ejercer una Contratación Pública Responsable, incorporando consideraciones de tipo social y medioambiental en las compras y contrataciones públicas, con el objetivo de transformar nuestro modelo de producción y consumo hacia formas más sostenibles y equitativas de desarrollo.

La reciente aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece la obligatoriedad de incluir este tipo de criterios en los procesos de compra o contratación pública lo que supone un desafío para las entidades del sector público, sus empresas proveedoras y entidades licitadoras. Por ello, garantizar la formación y capacitación de los agentes públicos, sociales y empresariales relacionados con los procesos de compra y contratación pública para que tengan los conocimientos suficientes sobre cómo poner en práctica una Contratación Pública Responsable se convierte en un elemento vital para poder contribuir a los objetivos políticos marcados en acuerdos locales, regionales e internacionales para contribuir a un modelo de Desarrollo Sostenible.

 Para facilitar la formación de dichos agentes, desde REAS Madrid y REAS Aragón (Redes de la Economía Alternativa y Solidaria), la cooperativa de interés social IDEAS y con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, se pone en marcha esta segunda edición del curso de experto/a sobre “Contratación Pública Responsable” dirigida a personal técnico y político de entidades del sector público, Empresas de la Economía Social y Solidaria y los agentes sociales (sindicatos, ONGD, Asociaciones, etc.)

Objetivo general del curso: formación y capacitación de los y las agentes públicos, sociales y empresariales relacionados con los procesos de compra y contratación pública para que obtengan los conocimientos suficientes sobre cómo poner en práctica una Contratación Pública Responsable.

A quién va dirigido: Personal técnico y político de entidades del sector público, Empresas de la Economía Social y Solidaria y los agentes sociales (sindicatos, ONGD, Asociaciones, etc.)

Duración y fechas:

· Del 1 de febrero al 1 de marzo de 2019 
· Viernes de 16 a 21 horas y sábados de 10 a 15 horas
· 50 horas de las cuales 35 horas son presenciales y 15 horas online través de la plataforma de formación virtual

Número de plazas: 30

Preinscripciones:

·  Hasta el 14 de Enero de 2019 a través del formulario de inscripción.

Pago y matrícula del curso:

·  Una vez finalizado el plazo de preinscripción, se informará mediante correo electrónico de la confirmación de plaza y la forma de pago, requisito imprescindible para la realización del curso.

Requisitos para la certificación:

·  Asistencia a un 80% de las sesiones, participación activa en las mismas y presentación de Trabajo Fin de Curso.

Lugar:

·  Espacio La Traviesa. Calle Duque de Fernán Núñez, 2 – 1º (<M> Antón Martín)

Coste

·  El coste es de 80 euros, pago por transferencia bancaria.

Contenidos 

• Gestión coherente de las políticas públicas.
• Conceptualización de la Contratación Pública Responsable.
• Novedades de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
• La perspectiva de género en la contratación pública.
• La reserva de contratos administrativos y otras medidas de apoyo a las empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social y entidades de economía social.
• El análisis del impacto ambiental del ciclo de vida en los contratos públicos. Los criterios ambientales.
• Las cláusulas de Comercio Justo y de respeto hacia los derechos humanos en la contratación pública.
• Contratos públicos que promuevan y garanticen mejoras laborales y respeto de los convenios sectoriales.
• Fórmulas cooperativas de gestión pública.
• Participación ciudadana, planificación, seguimiento y evaluación en la contratación administrativa.
• Auditoría y medición del impacto social de los procesos de contratación pública.
• Experiencias prácticas de consideración de cláusulas sociales, ambientales y de Comercio Justo en los procesos de contratación pública.

Más información y consultas:

ACCEDE AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

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Email de contacto: cursocontratacionpublica@reasmadrid.org

[ESTA ACTIVIDAD SE HA SUSPENDIDO DEBIDO A LA HUELGA DE FUNCIONARIADO CONVOCADA EN BARCELONA PARA EL MISMO DÍA]

La web de Contratación Pública Responsable se presenta en Barcelona en una Jornada de formación sobre “Casos reales de compra pública responsable”

La compra y contratación pública puede utilizarse estratégicamente para promover una economía que incorpore criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG). Este nuevo paradigma, que ha incrementado su notoriedad en los últimos años, se está dando a nivel europeo y se ha concretado a nivel del estado español con la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, una ventana de oportunidad para la contratación pública responsable.

Con el objetivo de facilitar el intercambio de conocimiento y de establecer relaciones entre todas las personas y grupos de interés implicados en la promoción de la compra pública responsable, durante la jornada se presentará el estudio “La inclusión de aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno en la contratación pública. Análisis de casos ” elaborado por SETEM Catalunya y Opcions, con la colaboración de la Dirección de la Contratación Pública del Ayuntamiento de Barcelona y FETS, que analiza técnicamente contratos reales de diferentes administraciones del Estado que destacan positivamente, así como este portal “Contrata Responsable” como una herramienta de promoción de la Contratación Pública Responsable.

Esta jornada, dirigida a personal técnico municipal está organizada por SETEM Catalunya y Opcions y se celebra el próximo jueves 29 de noviembre en el Auditori Barcelona Activa (C/ Llacuna, 162-164).

Si deseas inscribirte en la jornada, puedes hacerlo a través de este enlace.

• 9:45 Inscripciones
• 10:00 Bienvenida
• 10:10 La CPR como herramienta pública. Álvaro Porro, Comisionado de Economía Social, Desarrollo Local y Consumo del Ajuntament de Barcelona.
• 10:30 El portal “Contrata Responsable” como una herramienta de promoción de la CPR. Julián López, REAS Aragón
• 11:15 Presentación de los casos analizados en el Estudio. Itziar Müller, Cooperativa Opcions, Laura Muixí, SETEM Catalunya.
• 12:15 De la contractación pública a la CPR. Paco Blanco, Especialista en contratación pública.
• 12:40 Conclusiones del Estudio y la jornada. Amanda Ortega, Cooperativa Opcions.
• 13:00 Refrigerio

• Priorizar la contratación de servicios a aquellas empresas con un comportamiento respetuoso con el medio ambiente y los derechos humanos es una herramienta poderosa para cambiar el mundo.
• En la Agenda 2030 de Naciones Unidas se incluyó en 2015 una meta para promover prácticas de compra pública sostenibles.
• En España, la Ley de contratos ha de ser considerada una política capaz de acelerar el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Ministerio de Hacienda adelantó recientemente que se priorizará en los contratos públicos a las empresas con planes sociales y de igualdad para sus empleados. La intención es aprovechar los casi 16.000 millones de euros anuales que destina el Gobierno a la compra de bienes o a la contratación de obras y servicios para incentivar mejoras sociales, planes de igualdad y medidas de fomento de la sostenibilidad en el sector privado.

El gasto de las administraciones públicas representa en el conjunto de la Unión Europea cerca del 16% del Producto Interior Bruto (PIB). Miles de millones de euros movilizados desde el ayuntamiento más pequeño hasta el Gobierno, pasando por diputaciones, comunidades autónomas y la estructura administrativa europea. Una poderosa herramienta que puede ejercer una enorme influencia en el mercado y contribuir a que un comportamiento más sostenible de las empresas se convierta en una ventaja competitiva.

Hay tres grandes pilares que conforman lo que se conoce como Compra Pública Responsable: la compra social que fomenta la inserción socio laboral de personas con capacidades diversas o en riesgo de exclusión, promueve la igualdad de género, etc.; la compra ética que apoya iniciativas de Comercio Justo que garantizan condiciones laborales dignas en toda la cadena de producción y suministro, sobre todo en países empobrecidos; y la compra verde que busca minimizar el impacto ambiental mediante la reducción del consumo de recursos y de generación de residuos, promoviendo alternativas que incorporan productos reciclados o que provienen de recursos renovables.

Numerosas administraciones llevan más de una década incorporando estos criterios en sus prácticas de contratación, buscando una mayor coherencia institucional y una mayor eficacia en la consecución de objetivos ambientales y sociales. Así, por ejemplo, se han habilitado máquinas expendedoras con café, cacao o té de comercio justo, se utiliza papel reciclado, se subcontrata personal centros especiales de empleo, etc.

Para ello, se hace uso de herramientas como las cláusulas sociales o la reserva de mercados. Desde 2011, nuestro país cuenta con una Ley de Economía Social que delimita lo que se entiende por tal y pone las bases para el impulso de medidas que fomenten a las entidades de economía social, con especial atención a las que apoyen el empleo en los sectores más desfavorecidos y con arraigo en su territorio. Se trata de garantizar así que nadie se quede atrás.

Además, el pasado 9 de marzo entró en vigor la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público, una legislación que permite y favorece que se consideren cláusulas sociales y ambientales para que las administraciones puedan comprar de forma más responsable y hacer avanzar la igualdad de oportunidades, la dignidad del empleo, la cohesión social y la sostenibilidad. Esta ley es el resultado de años de trabajo e incluye muchas de las enmiendas presentadas por Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y otras entidades al proyecto de ley presentado en diciembre del año anterior.

La compra pública responsable y la Agenda 2030

En la Agenda 2030, aprobada por los Estados miembros de Naciones Unidas hace ya casi tres años, se incluyó, entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), el garantizar modalidades de producción y consumo responsables. Y esto se concretó, entre otras, en una meta, en la que se habla de promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.

En España, la Ley de contratos, y las medidas que contiene para impulsar tanto la economía social como la Compra Pública Responsable, ha de ser considerada precisamente como una política con capacidad de acelerar el progreso con rapidez y crear sinergias con otras medidas para alcanzar los ODS. Es decir, entraría en lo que el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030, del Gobierno español, denomina “políticas palanca” y Naciones Unidas, “aceleradores”.

Así se reconocía en el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 aprobado en el Consejo de Ministros del 29 de junio al incluir la Economía Social como una política palanca y la compra pública como una medida transformadora. En este sentido, se anunciaba, además, que en 2019 se dispondrá de una metodología piloto para alinear los Presupuestos Generales del Estado y los ODS.

Con esta acertada decisión, se abre una puerta para que toda esa ingente corriente de personas y entidades que apostamos por la economía alternativa y solidaria en sus diversas versiones podamos sumarnos a la apuesta por los ODS. No solo las ONG de Desarrollo, sino también los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, las cooperativas energéticas, las entidades de comercio justo o de banca ética. Es decir, todos aquellos que operamos desde la convicción de que la actividad económica tiene que estar subordinada a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible e inclusivo, por encima de otros intereses.

Es, asimismo, un reto necesario pensar las compras de bienes y la contratación de obras y servicios públicos desde el enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Si hace años ya señalábamos que las concejalías de deportes debían comprar material deportivo a organizaciones de Comercio Justo y no a empresas denunciadas por utilizar mano de obra infantil, ahora hemos de añadir la exigencia de que los fondos municipales estén en banca ética y no en bancos o cajas de ahorro que desahucian.

REAS Madrid ha publicado algunas novedades con respecto al curso de Contratación Pública Responsable que tendrá lugar en el ya muy próximo mes de septiembre. Actualizamos la información y anunciamos que el proceso de inscripción sigue abierto hasta el día 6 del mes que viene.

La contratación pública representa aproximadamente el 18,5% del PIB de nuestro país; este volumen económico tiene una influencia importantísima en nuestras formas de producción y modelo de desarrollo. Tal como indica la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobada por Naciones Unidas es necesario ejercer una Contratación Pública Responsable, incorporando consideraciones de tipo social y medioambiental en las compras y contrataciones públicas, con el objetivo de transformar nuestro modelo de producción y consumo hacia formas más sostenibles y equitativas de desarrollo.

La reciente aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece la obligatoriedad de incluir este tipo de criterios en los procesos de compra o contratación pública lo que supone un desafío para las entidades del sector público, sus empresas proveedoras y entidades licitadoras. Por ello, garantizar la formación y capacitación de los agentes públicos, sociales y empresariales relacionados con los procesos de compra y contratación pública para que tengan los conocimientos suficientes sobre cómo poner en práctica una Contratación Pública Responsable se convierte en un elemento vital para poder contribuir a los objetivos políticos marcados en acuerdos locales, regionales e internacionales para contribuir a un modelo de Desarrollo Sostenible.

Para facilitar la formación de dichos agentes, desde REAS Madrid (Red de la Economía Alternativa y Solidaria) y la cooperativa de interés social IDEAS se pone en marcha esta segunda edición del curso de experto/a sobre “Contratación Pública Responsable” dirigida a personal técnico y político de entidades del sector público, Empresas de la Economía Social y Solidaria y los agentes sociales (sindicatos, ONGD, Asociaciones, etc.).

El programa del curso ya está disponible y puedes descargarlo aquí mismo (.pdf)

Contenidos 

• Gestión coherente de las políticas públicas.
• Conceptualización de la Contratación Pública Responsable.
• Novedades de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
• La perspectiva de género en la contratación pública.
• La reserva de contratos administrativos y otras medidas de apoyo a las empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social y entidades de economía social.
• El análisis del impacto ambiental del ciclo de vida en los contratos públicos. Los criterios ambientales.
• Las cláusulas de Comercio Justo y de respeto hacia los derechos humanos en la contratación pública.
• Contratos públicos que promuevan y garanticen mejoras laborales y respeto de los convenios sectoriales.
• Fórmulas cooperativas de gestión pública.
• Participación ciudadana, planificación, seguimiento y evaluación en la contratación administrativa.
• Auditoría y medición del impacto social de los procesos de contratación pública.
• Experiencias prácticas de consideración de cláusulas sociales, ambientales y de Comercio Justo en los procesos de contratación pública.

 Público objetivo

Personal técnico y político de entidades del sector público, empresas de la Economía Social y Solidaria y los agentes sociales (sindicatos, ONGD, Asociaciones, etc.).

Duración

40 horas presenciales (viernes de 15:30 a 21 horas y sábados de 9 a 15:00 horas) y 20 horas online para poder participar en el foro, consultar las ponencias, realizar algunos casos prácticos, resolver dudas y/o el intercambio de información para la realización de un trabajo (en grupo) final del curso. Del 7 al 29 de septiembre de 2018.

Asimismo, los trabajos final del curso, siempre y cuando contemos con el permiso de los grupos, se publicarán en la web de contratación pública responsable (https://contratacionpublicaresponsable.org/) desarrollada por REAS Red de Redes.

Número de plazas

40 personas.

Preinscripciones

ACCEDE AL FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN y contactaremos contigo para confirmarte la plaza y la forma de pago.

Inscripciones

Plazo abierto hasta el 6 de septiembre.

Requisitos para la certificación

Asistencia a un 80% de las sesiones, participación activa en la plataforma online y presentación de Trabajo Fin de Curso

Lugar de celebración

La Traviesa (c/ Duque de Fernán Núñez, nº2 -1º. Antón Martín).

Cuota de inscripción

100 €

Más información y consultas cursocontratacionpublica@reasmadrid.org

Desde el grupo de trabajo en Contratación Pública Responsable, el cual impulsa la iniciativa #contrataResponsable para REAS RdR con vistas a promover una Contratación Pública guiada por criterios éticos, sociales y medioambientales, se ha puesto en marcha un proceso de renovación de los pliegos recogidos en su página web. Las personas dedicadas a este proyecto están estudiando y recogiendo pliegos de contratos públicos (menores, abiertos, restringidos, negociados o reservados) de las diferentes administraciones (local, provincial, autonómica y estatal) y otras entidades del sector público (organismos públicos, consorcios, universidades públicas, fundaciones públicas…) que incorporen cláusulas o criterios de carácter ético, social o medioambiental, y que sean posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Para contribuir a esta labor, solicitan la colaboración de las personas y entidades interesadas en la contratación pública responsable para elaborar un listado de referencia lo más completo posible. Los pliegos de concursos públicos con cláusulas sociales, éticas y medioambientales, se recogen en el buzón clausulassociales@reasnet.com (indicad, por favor, qué tipo de cláusulas incluyen). 

Los criterios/cláusulas que se buscan en los pliegos son: 

• Criterios Sociales: Inserción sociolaboral, mejora de las condiciones laborales, políticas de género, responsabilidad social, Comercio Justo, reserva de contratos, subcontratación con CEE o EI, transparencia y lucha contra la corrupción, acceso de PYMEs y MicroPYMEs a la contratación pública (loteo de contratos, limitación del número de lotes a los que poder licitar y/o ser adjudicatario/a.), Derechos Humanos…
• Criterios Medioambientales: Integración análisis del ciclo de vida del producto, servicio u obra a contratar, agricultura ecológica, productos de proximidad, promoción del consumo responsable, ahorro de agua, energía y eficiencia energética, utilización de energía procedentes de fuentes renovables, economía circular, reducción de la emisión de gases que provocan Cambio Climático, eliminación de sustancias tóxicas en los productos, implementación de procesos productivos mas sostenibles, …
• Otros criterios: Así mismo, también estamos buscando pliegos en lo que se contemplen “Consultas preliminares del mercado” e “Innovación (social y/o tecnológica)”.

El resultado de este proceso de documentación alimentará la nueva web de  #contrataResponsable, que será presentada en la 2ª Edición del Curso de Experto/a en Contratación Pública Responsable, organizado por REAS Madrid el próximo septiembre.

Como recogemos en la web de contratacionpublicaresponsable.org,  REAS Madrid y la cooperativa IDEAS ponen en marcha la segunda edición del curso de experto/a sobre “Contratación Pública Responsable” dirigida a personal técnico y político de entidades del sector público, empresas de la Economía Social y Solidaria y agentes sociales como sindicatos, ONGD o asociaciones. El curso, de 50 horas presenciales, tendrá lugar del 1 al 29 de septiembre de 2018 en La Traviesa (Antón Martín, Madrid).

La reciente aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público establece la obligatoriedad de incluir criterios sociales y medioambientales en los procesos de compra o contratación pública, lo que supone un reto para las entidades del sector público, sus empresas proveedoras y entidades licitadoras. Por ello, desde la organización de este curso consideran importante garantizar la formación y capacitación de los agentes públicos, sociales y empresariales relacionados con los procesos de compra y contratación pública para que tengan los conocimientos suficientes sobre cómo poner en práctica una Contratación Pública Responsable.

Los contenidos del curso son:

• Gestión coherente de las políticas públicas.
• Conceptualización de la Contratación Pública Responsable.
• Novedades de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
• La perspectiva de género en la contratación pública.
• La reserva de contratos administrativos y otras medidas de apoyo a las empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social y entidades de economía social.
• El análisis del impacto ambiental del ciclo de vida en los contratos públicos. Los criterios ambientales.
• Las cláusulas de Comercio Justo y de respeto hacia los derechos humanos en la contratación pública.
• Contratos públicos que promuevan y garanticen mejoras laborales y respeto de los convenios sectoriales.
• Fórmulas cooperativas de gestión pública.
• Participación ciudadana, planificación, seguimiento y evaluación en la contratación administrativa.
• Auditoría y medición del impacto social de los procesos de contratación pública.
• Experiencias prácticas de consideración de cláusulas sociales, ambientales y de Comercio Justo en los procesos de contratación pública.

Si te interesa este curso, hay 40 plazas disponibles en las que puedes pre-inscribirte del 9 al 31 de julio de 2018 a través de este formulario.

Para más información sobre temas de Contratación y Compra Pública Responsable, puedes visitar contratacionpublicaresponsable.org o seguir sus perfiles en Facebook y Twitter.

Descargar guía

El sector público es uno de los principales contratantes  de  la  economía.  Los  productos  y  servicios  que  no  provee  directamente  los  tiene  que contratar del sector privado, pasando desde  proyectos  de  obras  públicas  y  construcción hasta  materiales  de  suministro  de  organismos públicos.

Por  ello,  Desde  Oxfam  Intermón  consideramos que  no  es  justo  que  empresas  que  desvían  beneficios  a  paraísos  fiscales  se  puedan  beneficiar de contratos públicos. Desde la ciudadanía podemos apoyar e impulsar cambios que hagan que las empresas que quieran contratar con Administraciones Públicas muestren si tienen o no vínculos  con  paraísos  fiscales.  Y  exigir  que  los  contratos públicos se los lleven aquellas empresas que pagan sus impuestos y cumplen con sus deberes para con toda la ciudadanía.

Esta guía forma parte de la campaña de Oxfam Intermón “Zona libre de paraísos fiscales”.

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) acaba de publicar una guía que analiza las posibilidades que brinda la nueva Ley de Contratación Pública y resuelve las dudas más habituales en las licitaciones. Como recogen en su web, “es un instrumento práctico y útil para las Administraciones que quieren implementar de forma efectiva políticas de contratación pública responsable, así como para aquellas empresas de Economía Social que pretendan incidir en esta materia.”

La guía, que puedes descargar en esta misma biblioteca, es accesible en https://www.cepes.es/files/publicaciones/106.pdf

De esta manera se responde a una demanda social para que la contratación pública ejerza un efecto tractor en las empresas con la inclusión de este tipo de criterios y se da continuidad al impulso político que la Diputación quiere dar a este asunto, después de que la instrucción puesta en marcha en 2013 fuera recurrida por la Administración del Estado y anulada definitivamente en 2016.

La Diputación Foral de Bizkaia ha dado luz verde a un reglamento ejecutivo que permitirá a los responsables de contratación de la Institución foral incorporar al procedimiento de contratación cláusulas sociales, medioambientales y relativas a otras políticas públicas. Dicho reglamento se desarrolla en una guía práctica que recoge el catálogo completo de cláusulas que pueden incluirse en los contratos públicos que deba licitar la Diputación Foral de Bizkaia a partir de ahora y que estará a disposición de todos las jefaturas de servicio de los departamentos, así como de los entes del sector público foral, a partir de mañana, 24 de enero.

“Con estas cláusulas buscamos ser una Diputación más eficiente, buscamos sacar todo el valor a cada euro público que invertimos en contratos públicos”, ha declarado el Diputado General, Unai Rementeria. “Buscamos que redunde en las personas, en los parados, en los autónomos y en las pymes de Bizkaia”.

La guía práctica es el resultado de la experiencia acumulada por la Diputación Foral de Bizkaia, así como del análisis de múltiples pliegos, instrucciones y circulares de diversa procedencia. En ella se recogen 14 tipologías de cláusulas que pueden incluirse en los contratos de la Diputación Foral y cuyos objetivos son: fomentar el empleo de personas con dificultades para el acceso al mercado de trabajo, combatir el paro, facilitar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, garantizar el respeto a los derechos laborales básicos, promover la calidad en el empleo, impulsar la seguridad y salud laboral, proteger el medio ambiente, fomentar sistemas de producción respetuosos con el entorno, garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, e impulsar la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Además, la guía contempla también un anexo dirigido específicamente a facilitar la participación de las pymes y autónomos en los contratos de la Diputación Foral de Bizkaia. Entre las medidas que se recogen destacan la posibilidad de subdividir los grandes contratos en lotes; impulsar que los operadores se agrupen para aumentar su capacidad económica, financiera y técnica; fomentar la adopción de acuerdos marco con varios operadores y no sólo con uno; regular la subcontratación en los pliegos para que se pueda contratar a pymes y autónomos; ofrecer orientación a las pymes y autónomos con vistas a la elaboración de ofertas; y velar por que se respeten los plazos de pago, en los casos de subcontratación de pymes y autónomos.

Cómo se incorporan

De acuerdo con lo que se refleja en la guía práctica, las cláusulas podrán incorporarse en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de la Diputación Foral de Bizkaia en la fase de selección de adjudicatario y en la fase de ejecución del contrato: en la fase de selección, valorando con mejor puntuación a aquellas empresas que incluyan determinadas cláusulas y en la fase de ejecución, fijando condiciones especiales de ejecución del contrato.

No todas las cláusulas se aplicarán en todos los contratos. Debe existir vinculación entre la cláusula y el objeto del contrato, y debe existir proporcionalidad, es decir, ha de tenerse en cuenta el importe y duración del contrato, así como el sector de la actividad en el que se desarrolla, entre otras cuestiones. Además, la incorporación de cláusulas debe realizarse salvaguardando los principios de concurrencia, libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, en la línea de lo que dicta la normativa de la Unión Europea sobre contratación pública y del resto el ordenamiento jurídico.

La persona o entidad de la Diputación Foral de Bizkaia responsable del contrato será quien realice el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la empresa o entidad adjudicataria y, en caso de incumplimiento, se prevén penalizaciones de hasta el 10% del presupuesto del contrato, en función de si son incumplimientos leves, graves o muy graves, e, incluso, la resolución del contrato cuando las obligaciones asumidas tengan el carácter de esencial, conforme al artículo 223. f) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Compromiso de legislatura

La aprobación de estas cláusulas sociales, medioambientales y relativas a otras políticas públicas para su incorporación en las licitaciones de la Diputación Foral de Bizkaia es un compromiso de legislatura en el que la Institución foral ha estado trabajando desde hace meses, después de que el pasado febrero quedara anulada definitivamente la instrucción aprobada en octubre de 2013, que fue recurrida por la Administración del Estado. En aquella instrucción se establecían criterios sobre el mantenimiento de condiciones de trabajo y medidas de carácter social para su aplicación en los procedimientos de contratación pública.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó el recurso de la Administración del Estado y anuló dicha instrucción en julio de 2014. La Diputación Foral de Bizkaia, manteniendo su interés en realizar una contratación más cercana, eficaz, eficiente, acudió al Tribunal Supremo en casación, pero éste confirmó en firme, en febrero de 2016, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Sin embargo, la Diputación Foral de Bizkaia siguió trabajando en esta línea con el fin de  implantar una estrategia de contratación responsable a través de la contratación pública. “Nuestro deseo es que estas cláusulas ayuden a mejorar el empleo y la calidad de ese empleo, que dificulten al máximo los abusos laborales y que ayuden a nuestros trabajadores y trabajadoras a tener mejores sueldos porque eso irá en beneficio de todo el sistema”, ha concluido el Diputado General.

Decreto%20reglamento%20politicas%20publicas.pdf que se abrirá en
una nueva ventana de su navegador.”>DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 3/2017, de 17 de enero, que aprueba el reglamento ejecutivo para la incorporación de cláusulas sociales, medio ambientales y relativas a otras políticas públicas en el procedimiento de contratación de la Diputación Foral de Bizkaia.

Bizkaiko Foru Aldundiak klausula sozialak, ingurumenekoak eta beste politika publiko batzuei dagozkien klausulen katalogoa jasotzen duen gida praktikoa eta erregelamendu betearazlea onetsi ditu; Bizkaiko Foru Aldundiak hemendik aurrera lizitatu behar dituen kontratu guztietan sartu ahal izango dira klausula horiek.

Aldundiaren kontratuetan sar daitezkeen klausulak 14 tipologiakoak dira. Horrela, era horretako irizpideak kontratuetan sartuz, kontratazio publikoak enpresetan trakzio-efektua izateko herritarren eskaerari erantzuten zaio. Horretaz gain, jarraipena ematen zaio Aldundiak gai horri eman nahi zaion bultzapen politikoari: 2013an abian jarri zen instrukzio batekin hasi zen, Estatuaren Administrazioak errekurritu eta 2016an behin betiko baliogabetu zena.

Bizkaiko Foru Aldundiak onetsi duen erregelamendu betearazlearen bidez, foru erakundearen kontratazioko arduradunek klausula sozialak, ingurumenekoak eta beste politika publiko batzuei dagozkienak sartu ahal izango dituzte kontratazio prozeduran. Erregelamendu betearazlea klausula horien gida praktiko batean garatzen da, hau da, Bizkaiko Foru Aldundiak hemendik aurrera lizitatu behar dituen kontratu guztietan sar daitezkeen klausulen katalogo osoa jasotzen duen gida praktikoan. Gida hori sail guztietako zerbitzu buruen eta foru sektore publikoko erakundeen eskura egongo da bihartik, urtarrilaren 24tik, aurrera.

Unai Rementeria Ahaldun Nagusiaren esanetan, “onartutako klausula horiek pertsonen onerako izatea nahi dugu, lagabezian daudenen, autonomoen eta Bizkaiko enpresa txiki zein ertainen onerako”.

Gida praktikoa Bizkaiko Foru Aldundiaren esperientziaren emaitza da, bai eta jatorri ezberdinetako plegu, instrukzio eta zirkular askoren emaitza ere. Aldundiaren kontratuetan sar daitezkeen eta gida horretan jasotzen diren klausulak 14 tipologiakoak dira. Kontratuen helburuak hauek dira: lan-merkatuan sartzeko zailtasunak dituzten pertsonen enplegua sustatzea; langabeziari aurre egitea; gizartean baztertuta dauden edo hala egoteko arriskuan dauden pertsonen gizarteratzea eta laneratzea ahalbidetzea; oinarrizko lan-eskubideak errespetatzen direla bermatzea; enpleguaren kalitatea sustatzea; lan osasuna eta segurtasuna sustatzea; ingurumena zaintzea; ingurunea zaintzen duten ekoizpen-sistemak sustatzea; herritarren hizkuntz eskubideak bermatzea eta emakume eta gizonen arteko benetako berdintasuna sustatzea.

Gainera, gidan eranskin bat dago, Bizkaiko Foru Aldundiaren kontratuetan enpresa txiki eta ertainen eta autonomoen partaidetza erraztera beren-beregi zuzendutakoa. Neurrien artean hauek nabarmentzen dira: kontratu handiak lotetan banatzeko aukera; eragile ekonomikoak elkartzea eta elkarrekin batera duten gaitasun ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa handitzea sustatzea; esparru-akordioak eragile bakarrarekin egin ordez, eragile ekonomiko batzuekin egiteko aukera sustatzea; pleguetan azpikontratazioa arautzea enpresa txiki eta ertainak eta autonomoak kontratatu ahal izateko; eskaintzak egiteko laguntza eskaintzea enpresa txiki eta ertainei eta autonomoei; ordaintzeko epeak betetzen direla bermatzea enpresa txiki eta ertainen eta autonomoen azpikontratazioetan.

Klausulak nola sartu

Gida praktikoan jasotakoaren arabera, klausulak Bizkaiko Foru Aldundiaren baldintza administratibo berezien agirian bi fasetan sar daitezke: adjudikazioduna hautatzeko fasean eta kontratua gauzatzeko fasean. Lehenengo fasean, klausula jakin batzuk sartzen dituzten enpresei puntuazioa hobea ematen zaie, eta, bigarrenean, kontratua gauzatzeko baldintza bereziak ezartzen dira.

Klausula guztiak ez dira kontratu guztietan aplikatuko. Lotura egon behar da klausularen eta kontratuaren xedearen artean; gainera, proportzionaltasuna egon behar da, hau da, kontratuaren zenbatekoa, iraupena eta jarduera sektorea, besteak beste, hartu behar dira kontuan. Horretaz gain, klausulak sartzeko, printzipio hauek errespetatu behar dira: lehia, lizitazioetan parte hartzeko askatasuna, prozeduren publizitatea eta gardentasuna eta lehiakideen arteko diskriminaziorik eza eta tratu-berdintasuna, Europar Batasuneko kontratazio publikoari buruzko araudian eta gainerako ordenamendu juridikoan ezarritakoarekin bat.

Bizkaiko Foru Aldundiak kontratuaz arduratzeko izendatutako erakundeak edo pertsonak jarraipena egingo du enpresa edo erakunde adjudikaziodunak bereganatutako kontratu-betebeharrak betetzen ari direla egiaztatzeko; betebeharrak bete ezean, kontratuaren aurrekontuaren % 10era arteko zehapenak jar daitezke, ez-betetzearen larritasunaren arabera, are gehiago, kontratua suntsiaraztea ekarriko du funtsezko betebeharrak badira, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 223 f) artikuluaren arabera.

Agintaldi honetako konpromisoa

Bizkaiko Foru Aldundiaren lizitazioetan sartuko diren klausula sozialak, ingurumenekoak eta beste politika publiko batzuei dagozkienak onestea agintaldi honetako konpromiso bat da. Aldundiak duela hilabete batzuetatik lan egin du gai horretan, 2013ko urrian onartu eta Estatuaren Administrazioak errekurritu zuen instrukzioa behin betiko baliogabetu ondoren. Instrukzio horren bidez, lan-baldintzak eta neurri sozialak mantentzeari buruzko irizpideak ezarri ziren, kontratazio publikoko prozeduretan aplikatzeko.

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak baietsi zuen Estatuaren Administrazioaren errekurtsoa, eta 2014ko uztailean baliogabetu zuen instrukzioa. Bizkaiko Foru Aldundiak, kontratazio hurbilagoa eta eraginkorragoa egiteko asmoari helduz, kasazio-errekurtsoa aurkeztu zuen Auzitegi Gorenean; hala ere, 2016ko otsailean, Auzitegi Gorenak Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaia berretsi eta irmo bihurtu zuen.

Hala ere, Bizkaiko Foru Aldundiak ildo horretan lan egiten jarraitu du, Aldundiak konpromisoa duelako kontratazio publikoa erabiliz kontratazio arduratsuaren estrategia ezartzeko. “Klausulok lana hobetzen laguntzea nahi dugu, lan horren kalitatea. Eta gerta daitezkeen lan tratu txarrak erabat ekiditea, baita langileek soldata hobeagoak izatea ere”, amaitu du Ahaldun Nagusiak.

formatudun dokumentura sarrera, nabigatzailearen leiho berri
batean zabalduko da.”>Bizkaiko Foru Aldundiaren 3/2017 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 17koa. Honen bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren kontratazio-prozeduran klausula sozialak, ingurumenekoak eta beste politika publiko batzuei dagozkienak sartzeko erregelamendu betearazlea onartzen da.

La Red de Economía Alternativa y Solidaria presenta www.contratacionpublicaresponsable.org para extender el uso de cláusulas sociales y medioambientales entre las instituciones locales, regionales y estatales.

Hoy comienza, a través de diferentes acciones de difusión y la implicación general de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), una campaña para facilitar la inclusión de cláusulas sociales en los procesos contratación pública, impulsar en las instituciones la compra con criterios éticos, ecológicos y de transparencia, y extender el conocimiento de estas herramientas de justicia social, equidad y reparto en el entorno de la Economía Social y Solidaria y la sociedad en general.

La campaña reivindica el uso de la contratación pública como medio útil para profundizar en valores sociales básicos como la cohesión e inclusión social, el desarrollo local y sostenible, y la eficacia, equidad y transparencia del gasto público. En este sentido, la “Guía de Contratación Pública Socialmente Responsable” editada por REAS Euskadi subraya lo que hay de ilógico en “transferir presupuestos públicos a empresas que contaminan, que no respetan los derechos de las personas trabajadoras, que practican la discriminación de género, o que incumplen la cuota del 2% de personas discapacitadas que exige la propia legislación”.

Adaptar la legislación del Estado español en compra y contratación pública supone definir un marco jurídico y unos criterios éticos que abarcan el 17% del PIB (183 millones de € en datos de 2015). Desde las redes de economía social y solidaria, las organizaciones medioambientales y los movimientos sociales se han multiplicado las críticas por la lentitud con la que se están trasladando a nuestras administraciones los mínimos exigidos. De hecho, las directivas europeas, publicadas en 2014 y que deberían haber sido traspuestas con límite abril de 2016, no han sido incorporadas al sistema jurídico del Estado español.

Como se recuerda desde REAS en estos vídeoclip, la propia Unión Europea define que “los contratos públicos deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando un uso más eficiente del dinero público”. Además, la promoción de una compra pública responsable, contribuiría a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, entre los que se encuentran la producción y consumo sostenibles.

El presidente de la red a nivel estatal, Carlos Askunze, ahonda más y señala en una entrevista que “es de vital importancia el desarrollo de políticas públicas que apoyen y protejan, como bien común, el desarrollo de las experiencias ciudadanas de construcción de una nueva economía, y que conviertan a las propias instituciones en agentes económicos con un impacto socialmente transformador”.

La cuestión parece clara: por responsabilidad política, por madurez institucional, por oportunidad social, por voluntad de justicia, es momento de que las administraciones públicas, desde lo local a lo estatal, redacten, incluyan y apliquen en sus contratos y compras las cláusulas sociales, los criterios éticos y los elementos de protección del medioambiente para hacer de lo público un espacio común, integrador y responsable.

La web www.contratacionpublicaresponsable.org

El inicio de estas acciones de comunicación, difusión y presión política coincide con la presentación de la web sobre compra y contratación pública responsable (www.contratacionpublicaresponsable.org) que REAS Red de redes, mediante el impulso definitivo de REAS Euskadi y REAS Aragón, pone a disposición de los organismos locales, regionales y estatales para facilitar la incorporación en los procesos de compra y contratación pública de condiciones que garanticen la calidad, la ética y el cuidado medioambiental que debe exigirse en la gestión de los recursos comunes.

La web está diseñada con el objetivo de simplificar el trabajo del personal político y técnico competente en la materia. En concreto, el núcleo central de www.contratacionpublicaresponsable.org lo forma un amplio repertorio de cláusulas listas para su incorporación directa a los pliegos, de manera que incluyan en éstos los objetivos sociales, éticos y ecologistas requeridos. En la práctica, las cláusulas se han dividido, por motivos de accesibilidad, en dos grupos:

• sociales, que incluyen temas de inserción laboral, discapacidad, igualdad y fomento de la Economía Social y Solidaria
  
• medioambientales, con apartados dedicados a los circuitos de proximidad y la compra de o contratación de diferentes servicios, de máquinas de vending a papel, de gestión de viajes a limpieza de edificios.

Además de estos textos de libre consulta y listos para su uso con el sencillo método de corta y pega, la página recoge un compendio de legislación vigente, ejemplos de instrucciones y acuerdos en municipios y autonomías, guías que abarcan información de ámbito europeo, provincial y local, y noticias relacionadas con la compra y la contratación pública responsable, así como enlaces a otros enfoques del mismo tema y a entidades de la Economía Social y Solidaria.

La página ha sido elaborada por De par en par, consultoría especializada en cláusulas sociales y transparencia, y desarrollada por codek studio, usando códigos y componentes propios en un entorno de diseño que incorpora nociones de artesanía al mundo de la programación web.

Una campaña en colaboración

Las más de quinientas entidades que componen REAS, la red a nivel estatal, así como las agrupaciones y colectivos afines que vienen demandando este tipo de prácticas desde hace años y que participan activamente en la presente campaña, instan con estas acciones a que los diversos agentes políticos y sociales se involucren en los debates públicos necesarios para promover la contratación pública responsable. Las motivaciones para ello son muchas (algunas apuntadas en el presente escrito así como en la propia web) y responden al cumplimiento de normativas europeas y de ámbito estatal, autonómico y municipal, así como a demandas ciudadanas que reclaman la implementación de criterios éticos, sociales y medioambientales en la gestión de los recursos públicos, en pro de una mayor eficiencia del gasto, de un mayor y mejor impacto social y de un ejercicio de coherencia por parte de las administraciones que sirva de modelo al resto de agentes sociales.

Representantes de Gizatea (Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco) y REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi), comparecieron el pasado 4 de abril en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Parlamento Vasco para presentar sus propuestas y planteamientos sobre contratación pública.

Desde Gizatea para reclamar políticas de compra pública que favorezcan el empleo inclusivo, a través, por ejemplo, del cumplimiento de la legislación en materia de contratos reservados para empresas de inserción. Desde REAS Euskadi para promocionar una política global de Compra Pública Socialmente Responsable.

Tras la entrada en vigor de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas para el impulso y la promoción del trabajo autónomo y la economía social, se abren nuevas perspectivas para el impulso de la contratación pública de empresas de inserción que Gizatea quiere aprovechar e impulsar al servicio del sector. Dicha ley reconoce a las empresas de inserción como entidades prestadoras de Servicios de Interés Económico General y las incluye como potenciales beneficiarias de contratos públicos reservados, dando así respuesta a una aspiración histórica del sector.

En estos tiempos de crisis, aumento del desempleo y mayores dificultades de acceso al empleo para determinados colectivos, el Gobierno Vasco debe aumentar las posibilidades de inserción laboral (más puestos, más empresas) a través del crecimiento del mercado de las Empresas de Inserción, siendo hasta ahora las administraciones públicas un cliente minoritario de éstas (24%, frente a un 76% del sector privado). Y se trata, única y exclusivamente, de una decisión política.

Pero además, es necesario que el Gobierno Vasco refuerce sus políticas sociales, de empleo e inclusión utilizando sus contratos como eficaces instrumentos de lucha contra la exclusión social, de generación de empleo de calidad, de impulso de la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de preservación del medio ambiente, alineándose así, con el espíritu de las nuevas directivas europeas de contratación pública, para las que la contratación, no es un fin en sí misma, sino que es una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad y justicia.

Desde esa perspectiva REAS Euskadi viene trabajando con diferentes instituciones públicas en el País Vasco para el impulso, en general, de nuevas políticas locales transformadoras desde los criterios de la economía solidaria y, particularmente, desde la promoción de una compra pública socialmente responsable.

Desde Gizatea pedimos por tanto al Parlamento Vasco que:

• Inste al Gobierno Vasco a cumplir ya, en el presente ejercicio, lo dispuesto en la Ley 31/2015, esto es, que establezca un mínimo de sus contratos que serán adjudicados a través de la figura del contrato reservado (Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público). Otras administraciones ya lo están haciendo y se han marcado objetivos mínimos de contratos reservados: Gobierno de Asturias 8% en determinadas áreas de actividad; Gobierno de Navarra 6%; Gobierno de Aragón, entre el 3 y el 8%; Gobierno de Baleares, 3%, etc.
• Promueva un estudio de la contratación pública vasca (empezando por el Gobierno y ampliándolo a todo el sector público) y las oportunidades de compra de servicios y productos de las Empresas de Inserción.
• Inste al Gobierno Vasco (Departamento de Empleo y Políticas Sociales) y a Lanbide, para que, en colaboración con Gizatea, difunda y ofrezca apoyo al sector público vasco (empresas públicas, diputaciones, ayuntamientos…) para el cumplimiento de lo dispuesto en materia de contratos reservados.
• Promueva otras cláusulas sociales como las recogidas en la Resolución 6/2008* relacionadas con la inserción socio-laboral.

Desde REAS Euskadi, además, solicitamos al Parlamento Vasco:

• Que recupere los contenidos de la Resolución 6/2008 y que se establezcan medidas efectivas para el impulso de la Contratación Pública Socialmente Responsable.
• Estudie la posibilidad de establecer una regulación vasca sobre contratación pública en general y/o sobre Contratación Pública Socialmente Responsable en particular.
• Inste al Gobierno Vasco a que, en colaboración con REAS y otros agentes sociales, se desarrollen prácticas de Contratación Pública Socialmente Responsable en el sector público vasco (gobierno autonómico, diputaciones, ayuntamientos, empresas del sector público…).
• Promueva en el presupuesto del propio Parlamento medidas de Contratación Pública Socialmente Responsable.
• Que los diferentes grupos parlamentarios y partidos políticos, impulsen la Contratación Pública Socialmente Responsable en las instituciones en las que están representados y/o ejercen labores de gobierno, y que ellos mismos, como organizaciones, incorporen criterios similares en sus políticas de compra.

* Resolución 6/2008, de 2 de junio, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno “sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector público”.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) da la razón a la Diputación de Gipuzkoa frente a la Autoridad Vasca de la Competencia, que reclama la supresión de cláusulas sociales por “implicar sobrecostes para las empresas”.

Incluir cláusulas sociales en los contratos que realizan las administraciones es perfectamente legal. Así lo ha resuelto el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que ha dictado una sentencia que permite la inclusión de este tipo de cláusula en la contratación pública. El Superior da así la razón a la Diputación de Gipuzkoa frente a la Autoridad Vasca de la Competencia, que recurrió la norma foral que regula la incorporación de estas cláusulas en los contratos de obras del sector público de Gipuzkoa. Según la Autoridad Vasca de la Competencia, este tipo de cláusulas van contra “la legislación laboral introducida por la reforma laboral, el derecho comunitario y la libre competencia por implicar sobrecostes a las empresas”.

La sentencia del Superior destaca que la Diputación de Gipuzkoa “está facultada para establecer unas obligaciones contractuales a sus licitadores, sin que ello suponga legislar contra ‘legem'”. Sobre el argumento de la libre competencia, el tribunal subraya que “exigir el cumplimiento de la legalidad laboral en ningún caso puede ser interpretado como una barrera discriminatoria”.

Lo cierto es que, en la actualidad, el reto se centra en que las instituciones tengan en cuenta cuestiones como el trabajo digno, cumplimiento de los derechos sociales y laborales, inclusión social y la igualdad de oportunidades a la hora de contratar a empresas. Se trata de incorporar criterios sociales, éticos o medioambientales en la contratación pública y aunque cada vez hay un mayor conocimiento del tema, todavía queda mucho por hacer. “Hay ciertas resistencias a cambiar la forma de trabajar y no siempre se ve el impacto que puede tener incluir este tipo de criterios en las contrataciones”, apunta Leire Álvarez de Eulate, integrante de REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria) y responsable del área de Compra Pública Socialmente Responsable. Desde REAS Euskadi se han organizado varias jornadas formativas sobre compra pública responsable.

“Neoliberalismo feroz”

El sindicato ELA ha aplaudido la sentencia del Superior y ha denunciado que la Autoridad Vasca de la Competencia “se erige en ariete del neoliberalismo más feroz” que pretende “hacer desaparecer toda protección” para los trabajadores. “Con sus actuaciones”, ha añadido, “tanto en esta materia como en la relativa a los horarios comerciales, el organismo siempre ha optado por proteger los intereses de los ‘lobbies’ empresariales en detrimento de la clase trabajadora”.

La sentencia supone un precedente positivo de cara a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el propio sindicato en el Parlamento para la inclusión de cláusulas sociales en toda la contratación pública de la comunidad autónoma. “Los grupos políticos”, ha insistido ELA, “deben tomar nota y adelantarse con una regulación que cierre la puerta a la explotación laboral en la administración pública”.

Según la representante de REAS Euskadi, “la contratación pública puede y debe contribuir al impulso de otro tipo de políticas sociales, ambientales, etc. Resulta ilógico transferir presupuestos públicos a empresas que contaminan, o que no respetan los derechos de las personas trabajadoras, o que practican la discriminación de género, o que incumplen la cuota del 2% de personas discapacitadas que exige la propia legislación”.

La norma de cláusulas relativas a la compra pública socialmente responsable está en vigor. La citada norma foral impulsada por el Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa recoge aportaciones de numerosos agentes sociales y ha recibido el apoyo de todas las fuerzas políticas que componen las Juntas Generales.

Para la promoción de una compra pública socialmente responsable, se incorporarán cláusulas sociales en todas las contrataciones que realicen tanto la Diputación Foral como la totalidad de sus sociedades dependientes. Tales criterios y la manera de incorporarlos a los contratos serán regulados en lo sucesivo por la recien aprobada norma foral de compra pública responsable.

Según ha señalado Garbiñe Errekondo, diputada de Administración Foral y Función Pública, “la confección final de la norma foral de compra pública responsable se ha realizado con la participación de los sindicatos, de los principales agentes de la economía social, y de los partidos”.

La citada norma foral ha supuesto un avance, porque unifica los criterios de los diferentes ámbitos: “Hasta ahora no existía una normativa general sobre este tema. Existían normas relacionadas con temas concretos, como por ejemplo, el uso lingüístico, la igualdad de género y la norma que se aprobó para obras. Con esta norma hemos reunido los criterios sociales de todos los ámbitos, y se podrá aplicar a todo tipo de contratos”, ha remarcado Maider Ziganda, directora de Modernización y Servicios, quien ha dirigido el proceso de elaboración de la presente norma.

Según la nueva norma, los contratos que realice la Diputación Foral, además de hacerse con el suministro de servicios en las mejores condiciones, tendrán en consideración las políticas para el fomento de una sociedad más justa. Los criterios a tomar en cuenta en la adjudicación de los contratos son los siguientes: 

• Ayudar a los colectivos que tengan especial dificultad para la inserción laboral (personas con discapacidad, entre otras) y a personas en situación o riesgo de exclusión social.
  
• Eliminar las diferencias existentes en el mercado laboral entre mujeres y hombres. Tomar en consideración a los sectores con menos índice de ocupación femenina; contratar a mujeres en puestos de responsabilidad; también se tendrá en cuenta la presentación de planes de igualdad en el momento de la adjudicación.
  
• Promover un empleo de calidad, es decir, garantizar la seguridad y las condiciones dignas de trabajo y el respeto de los derechos laborales básicos al personal de tales empresas y al de las empresas subcontratadas.
  
• Criterios relacionados con el medio ambiente. La eficiencia energética, la creación de la menor cantidad posible de residuos, la utilización de productos locales y ecológicos…
  
• Promoción del comercio justo.
  
• También se tomarán en consideración criterios relacionados con el idioma, tal y como establece la ley, con el fin de garantizar, de un modo eficaz, los derechos lingüísticos de los ciudadanos y las ciudadanas.

Una norma consensuada entre los diferentes agentes

El anteproyecto fue presentado el pasado julio por el Gobierno Foral. A continuación, fue sometido a información pública, y se recibieron las aportaciones de diferentes agentes.

Una vez incorporadas las aportaciones, la diputada Garbiñe Errekondo y la directora Maider Ziganda se reunieron con los sindicatos EHNE, ENBA, ELA, LAB y CCOO, a fin de dar a conocer el contenido de la norma y recabar sus opiniones.

La norma foral recibió una buena acogida por parte de los sindicatos, que también realizaron sus aportaciones. En opinión de ELA “la Diputación Foral de Gipuzkoa ha dado un paso adelante con respecto a la regulación anterior”, y, en consecuencia, el sindicato “ha realizado una valoración positiva”.

Además de las opiniones de los sindicatos, los representantes de la DFG también recibieron las aportaciones de los agentes que operan en la economía social –asociaciones Gureak y REAS–.

El texto resultante de este trabajo en común fue presentado en las Juntas Generales. Algunas de las aportaciones realizadas por los agentes, por Bildu, EAJ, PSE y PP también han tenido reflejo en la norma foral. 

En palabras de Maider Ziganda, “la valoración ha sido muy positiva. Así lo demuestra la aprobación por unanimidad en las Juntas Generales y la valoración positiva realizada públicamente por los sindicatos. Algo que no ocurre a menudo. Hemos recibido aportaciones tanto de los sindicatos como de los agentes de la economía social y también de los grupos políticos. Algunas de ellas se han incorporado y han contribuido a la mejora del texto”.

Esta norma foral es importante ya que sirve para poner las bases de una sociedad más justa, “teniendo en cuenta que la Diputación Foral aprobó en 2013 un conjunto de expedientes de contratación por valor de 107 millones de euros”, según ha recordado Garbiñe Errekondo.

También ha recordado la diputada Garbiñe Errekondo que “si queremos una sociedad más justa, si queremos una sociedad que integre a las personas más necesitadas, si queremos una sociedad que apoye el medio ambiente, el consumo responsable, los derechos lingüísticos y la igualdad entre mujeres y hombres, debemos contratar a empresas que tengan en cuenta esos criterios”. 

A fin de garantizar el cumplimiento de la norma foral, ella misma prevé unos mecanismos para penalizar a las empresas que incumplan sus compromisos, de manera que, cuando se trate de obligaciones a las que se atribuye un carácter esencial, se podrá rescindir el contrato a la empresa. Si no tienen carácter esencial, se le impondrá una penalidad cuya cuantía podrá alcanzar el 10 % del presupuesto del contrato, en función de la gravedad del incumplimiento.

Se adjunta el texto de la Norma Foral

Erosketa publiko sozialki arduratsuari buruzko klausulen foru araua indarrean dago. GFAko Gobernuak bultzatutako foru arau horrek eragile ugariren ekarpenak jaso ditu eta Gipuzkoako Batzar Nagusiek aho batez onartu dute.

Erosketa publiko sozialki arduratsua bultzatzeko asmoz, Foru Aldundiak eta bere menpeko sozietate guztiek egiten dituzten kontratazio guztietan klausula sozialak txertatuko dira. Irizpide horiek zeintzuk diren eta kontratuetan nola jasotzen diren arautuko du hemendik aurrera erosketa publiko arduratsuaren foru arauak.

Foru arau hori aurrerapausoa izan da, arlo desberdinetako irizpideak batzen dituelako. “Orain arte ez zegoen araudi orokorrik gai honen inguruan. Baziren gai zehatzen inguruko arauak, adibidez, hizkuntzaren erabilera, genero berdintasuna, edo obretarako onartu zen araua. Arau honekin arlo guztiak bildu ditugu eta kontratu mota guztiei aplikatu ahalko zaie”, ohartarazi du Maider Ziganda Zerbitzuetako eta Modernizazioko zuzendariak. Maider Zigandak foru arau honen lanketa gidatu du.

Arau berriaren arabera, Foru Aldundiak egiten dituen kontratuek, zerbitzuez hornitzeaz gain, gizarte justuago bat bultzatzeko politikak ere kontuan hartuko dituzte. Kontratuak esleitzerakoan aintzat hartzen diren irizpideak honakoak dira:

• Lan merkatura sartzeko zailtasun bereziak dituzten kolektiboak (desgaitasuna duten pertsonak, besteak beste) eta gizarte bazterkeria egoeran edo arriskuan daudenak laguntzea.
  
• Lan merkatuan gizonezkoen eta emakumezkoen artean dauden desberdintasunak ezabatzea. Emakumeen okupazio indize baxuko sektoreak kontuan hartzea, ardura postuetan emakumeak kontratatzea, berdintasun planak aurkeztea aintzat hartuko da esleitzeko garaian.
  
• Kalitatezko enplegua sustatzea, hau da, enpresa horien langileei eta azpikontratatutako enpresen langileei oinarrizko lan eskubideak errespetatuko zaizkiela eta lan baldintza duinetan eta segurtasunaz lan egingo dutela bermatzea.
  
• Ingurumenarekin lotutako irizpideak. Eraginkortasun energetikoa, ahalik eta hondakin gutxien sortzea, tokiko produktuak eta produktu ekologikoak erabiltzea…
  
• Bidezko merkataritza sustatzea.
  
• Hizkuntzarekin lotutako irizpideak ere aintzat hartuko ditu, legeak ezartzen duen moduan, herritarren hizkuntz eskubideak modu eraginkorrean bermatzeko helburuarekin.

Eragileen artean adostutako araua

Garbiñe Errekondo Foru Administrazioko eta Funtzio Publikoko diputatuaren hitzetan, “sindikatuen, gizarte ekonomiako eragile nagusien eta alderdien partehartzearekin osatu dugu erosketa publiko arduratsuaren foru araua”.

Aurreproiektua joan den uztailean aurkeztu zuen Foru Gobernuak. Ondoren, jendaurrean jarri zen eta hainbat eragileen ekarpenak jaso ziren.

Horiek txertatu ostean, Garbiñe Errekondo diputatua eta Maider Ziganda zuzendaria EHNE, ENBA, ELA, LAB eta CCOO sindikatuetako ordezkariekin bildu ziren arauaren edukia azaltzeko eta haien iritziak jasotzeko.

Sindikatuek begi onez ikusi zuten foru araua eta haien ekarpenak egin zituzten. ELAren iritziz, “orain arte araututa zegoenaren aldean aurrerapausoa eman du Gipuzkoako Foru Aldundiak”, eta, horren ondorioz, sindikatuak “balorazio positiboa egin du”.

Sindikatuen iritziez gain, gizarte ekonomian diharduten eragileen ekarpenak –Gureak eta REAS elkartearenak- ere jaso zituzten GFAko ordezkariek.

Batzar Nagusietan aurkeztu zen eta eragileek, Bilduk, EAJk, PSEk eta PPk egindako proposamen batzuek isla izan dute foru arauan.  

Maider Zigandaren esanetan, “balorazioa oso positiboa da. Ikusi besterik ez dago aho batez onartu dela Batzar Nagusietan eta sindikatuek balorazio positiboa egin dutela publikoki. Hori ez da askotan gertatzen. Ekarpenak jaso ditugu bai sindikatuetakik, bai gizarte ekonomiaren eragileengandik baita talde politikoengandik ere. Horietako batzuk txertatu dira eta testua hobetzen lagundu dute”.

Foru arau honek gizarte justuago baten oinarriak jartzen laguntzeko garrantzitsua da, “kontuan hartuta, Foru Aldundiak 107 milioi euroko kontratazio espedienteak onartu zituela 2013an”, gogorarazi du Garbiñe Errekondok. 

Garbiñe Errekondo diputatuak gogorarazi duenez, “gizarte sozialki justuago bat nahi badugu, behar handienak dituzten pertsonak integratzen dituen gizartea nahi badugu, ingurumena, kontsumo arduratsua, hizkuntza eskubideak eta emakume eta gizonen arteko berdintasuna bermatzen dituen gizartea nahi badugu, irizpide horiek kontuan hartzen dituzten enpresak kontratatu behar ditugu”.

Foru araua betetzen dela bermatzeko xedez, konpromisoak betetzen ez dituzten enpresak zigortzeko mekanismoak aurreikusten ditu arauak berak. Izan ere, betekizunek funtsezko izaera badute eta ez baditu betetzen, kontratua etengo zaio enpresari. Funtsezko izaera ez badute, kontratuaren aurrekontuaren %10 arteko zigorra ezarriko zaio, ez betetzearen larritasunaren arabera.

Foru Arauaren testua eransten da