La transición energética se ha instalado en el debate público no como una opción entre varias, sino como una obligación que ya no admite demora: la dependencia de los combustibles fósiles, agravada por los límites de acceso a esos recursos que ha dejado en evidencia la guerra de Irán, convive con un consenso cada vez más amplio sobre la necesidad de cambiar de modelo energético. Pero ese cambio no es un simple relevo de una fuente por otra. Sustituir un combustible versátil, acumulable y de alto rendimiento por recursos intermitentes, dependientes del territorio y necesitados de aceptación social, obliga a repensar no solo la tecnología, sino quién decide, quién produce y quién se beneficia de la energía. Las comunidades energéticas —ese conjunto de fórmulas jurídicas que permiten a la ciudadanía y a las administraciones producir, gestionar y compartir energía de forma colectiva— son, en ese sentido, tanto una respuesta técnica como una apuesta política.

A raíz de una sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC, dedicada a la coproducción de políticas públicas para una transición energética justa, conviene detenerse en algunas de las ideas que se pusieron sobre la mesa, porque retratan bien un modelo que avanza, pero que sigue necesitando de un marco legal más definido y de una implicación institucional que todavía no es la norma. Alfonso García Márquez, socio trabajador de la cooperativa Goiener y expresidente de la Unión de Energías Renovables, condujo la formación con una tesis de fondo: el reto energético es demasiado grande para abordarlo en solitario, y las comunidades son, precisamente, la herramienta pensada para compartirlo.

Un marco legal que aún no termina de cerrarse

El paquete normativo que sostiene a las comunidades energéticas procede de dos directivas europeas —la de renovables y la del mercado de la electricidad—, trasladadas ambas a la ley española del sector eléctrico. Ambas definen a las comunidades como entidades jurídicas de participación abierta y voluntaria, controladas por personas físicas, pymes o administraciones locales, y orientadas a generar beneficios ambientales, económicos o sociales en su entorno antes que rentabilidad financiera. Sin embargo, como señaló García Márquez, «todavía no se ha terminado de trasponer el ordenamiento jurídico español» en cuanto a qué figura concreta debe adoptar una comunidad. En la práctica, admitió, «la definición de comunidad energética te corresponde como un guante con las características de una cooperativa», pero conviven en el Estado comunidades constituidas bajo formatos muy distintos, desde cooperativas hasta comunidades de montes con naturaleza de simple sociedad civil. Esa ambigüedad no es un obstáculo menor: mientras el decreto pendiente no llegue, cada territorio negocia sobre la marcha qué entidad jurídica encaja con sus objetivos.

El autoconsumo como puerta de entrada, no como sustituto

Antes de constituir una comunidad propiamente dicha, existe una herramienta más ágil y menos exigente: el autoconsumo compartido, que permite repartir la energía producida entre varios puntos de consumo mediante un simple acuerdo privado, sin necesidad de crear ninguna entidad jurídica. Un reciente Real Decreto, aprobado a raíz de la guerra de Irán, ha ampliado el radio permitido para acogerse a esta figura de los 2 km anteriores hasta los 5 km, para instalaciones fotovoltaicas y eólicas de menos de 5 MW. Esa ampliación, explicó García Márquez, permite a los ayuntamientos «aprovechar espacios infrautilizados» y sumar como beneficiarias a «viviendas sociales, comercios, centros educativos o deportivos» alejados de la instalación, optimizando así la inversión pública. El mismo decreto ha modificado la ley reguladora de las bases del régimen local para incorporar de forma explícita, entre las competencias propias de los municipios, la promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía, lo que despeja buena parte de la inseguridad jurídica que hasta ahora rodeaba la cesión de cubiertas municipales. Con todo, García Márquez fue claro sobre los límites de esta vía: el autoconsumo reparte energía, pero no transforma gobernanza; su finalidad «es el reparto energético», mientras que la de una comunidad energética «es la transformación social y energética local».

El ayuntamiento como facilitador, no como propietario del proceso

Uno de los ejes que más recorrió la sesión fue el papel de la entidad local: ni ausente ni al mando, sino facilitadora. García Márquez insistió en que la voluntad política para impulsar una comunidad debe ser transversal —incluyendo también a la oposición—, porque el proyecto «no es cuestión de un periodo legislativo, sino que es algo que se va a quedar ahí». El ayuntamiento, señaló, puede aportar recursos para reuniones, habilitar una oficina de información energética, ceder cubiertas o destinar parte del presupuesto anual al desarrollo de la comunidad; pero puede hacerlo con distintos grados de compromiso, desde una cesión puntual hasta una aportación económica simbólica como socio más, o una implicación plena como socio promotor.

Ese equilibrio entre autonomía ciudadana y participación institucional generó parte del debate más productivo de la sesión. Un asistente que está impulsando una comunidad energética ciudadana sin participación municipal planteó una duda que probablemente comparten muchos proyectos en marcha: hasta qué punto conviene sumar al ayuntamiento cuando eso implica compartir también la gestión del dinero. García Márquez respondió sin rodeos: «vosotros como ciudadanos estáis convencidos de que queréis sacar adelante esta comunidad […] pues nosotros seguimos adelante», y recordó que la adhesión a una comunidad es siempre voluntaria, también para la administración, que «si ve que las cosas se hacen de una forma correcta […] permanecerá ahí, y si no, siempre puede decir: yo me voy». Salvador, de una asociación murciana, preguntó si una cooperativa de vivienda colaborativa podría adherirse a una comunidad energética ya existente o constituir la suya propia; la respuesta fue que ambas vías son posibles, y que lo decisivo no es la forma jurídica sino dotar al proyecto de «viabilidad técnica y económica» sostenida en el tiempo.

Lo que aún falta

De la sesión se desprenden también los límites del momento actual. Falta, en primer lugar, un decreto estatal que cierre definitivamente qué entidades jurídicas pueden constituirse como comunidad energética, lo que hoy obliga a cada territorio a moverse en una zona gris. Falta también una mayor disposición de los ayuntamientos a implicarse en fórmulas cooperativas: acostumbrados a relaciones institucionales que exigen compromisos económicos elevados, muchos siguen siendo reacios a participar en estructuras donde su voto vale lo mismo que el de cualquier otra persona socia. Y falta, sobre todo, resolver una tensión de fondo que el propio ponente señaló como advertencia: reducir la factura energética «muchas veces sirve de motivo para empujar a las personas» a construir una comunidad, «pero no debería ser el motivo principal que nos mueva». El motivo de fondo, insistió, debería ser otro: acercar las energías renovables al territorio, apropiarse de su producción y avanzar hacia una soberanía energética que, aun limitada por la existencia del mercado, sitúe las decisiones dentro de la comunidad y no en las grandes empresas.

El debate, en cualquier caso, apuntó en una dirección clara: cuantas más herramientas —autoconsumo compartido, cesión de cubiertas, participación societaria, apoyo técnico— sea capaz de combinar una entidad local con el tejido ciudadano organizado, más sólida y duradera resultará la transición energética justa que ambas partes dicen perseguir.

Ha sido un año largo, de esos que se cuentan en encuentros, boletines, campañas y muchas horas compartidas. Así que, como manda la tradición, durante estas semanas de agosto levantamos el pie del acelerador. No cerramos del todo, pero sí bajamos el ritmo para recuperar fuelle.

Seguiremos por aquí, atentas a lo importante, aunque puede que tardemos un poquito más de lo habitual en responder correos y mensajes. Si algo no es urgente, seguramente pueda esperar a la vuelta: nos lo agradeceréis vosotras y nos lo agradeceremos nosotras.

Aprovechamos también para hacer eso que casi nunca da tiempo durante el curso: pararnos a pensar. Ordenar ideas, mirar el año con perspectiva y preparar con calma lo que viene en economía solidaria, que promete. Porque a veces el mejor trabajo se hace justo cuando parece que no se está haciendo nada, a la sombra de un árbol y sin prisa.

Mientras tanto, os deseamos un buen verano, sea cual sea vuestra receta: un buen libro, un chapuzón, caminos nuevos por explorar, buena compañía o el placer sencillo de no hacer absolutamente nada. Que cada quien recargue como más le apetezca.

Nos reencontramos a finales de agosto, con las ganas renovadas y algún proyecto bajo el brazo. Cuidaos mucho y disfrutad. ¡Nos vemos a la vuelta!

Un informe de CC OO reveló que tan solo se habían solicitado 2.444 bajas durante los primeros 15 meses de aplicación de la ley que incluye las bajas por reglas dolorosas. Álvaro Minguito.

Tres años después de la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva, apenas hay trabajadoras que soliciten el permiso por reglas incapacitantes. El miedo al despido y a la discriminación, el estigma que sigue envolviendo a las patologías menstruales o el retraso en los diagnósticos explican en buena parte este escenario regresivo.

Lidia tenía 17 años cuando pudo por primera vez poner nombre al cúmulo de dolores intensos e incapacitantes que sentía cada mes a la llegada de la menstruación. Los calambres interminables, cefaleas, contracciones en el abdomen, dolor en la zona lumbar o los desmayos eran consecuencia de una patología crónica que actualmente sufre entre el 10 y el 15 % de la población femenina en edad fértil: la endometriosis.

Días antes de acudir a su centro médico para hacerse las pruebas ginecológicas había tenido que quedarse en cama mientras sus compañeros de instituto salían de excursión. Aquel día se dio cuenta de que “algo no iba bien” en su cuerpo, que lo que a ella le ocurría no tenía nada que ver con las leves molestias que sus amigas narraban los días en que menstruaban. “Noté un dolor tan fuerte que incluso los ibuprofenos no me hacían efecto y de repente me puse a vomitar por la calle porque no aguantaba, ahí ya dije, hay que hacer algo”, recuerda en conversación con El Salto.

El diagnóstico que le dieron a esta mallorquina que hoy tiene 28 años en la Clínica Juaneda, de Palma, fue determinante porque le permitió descifrar qué era aquello que le impedía llevar una vida normal mes a mes, pero el ritmo acelerado de un sistema que rara vez permite detenerse ha condicionado cada paso de su vida desde entonces.

Hoy hace un año que trabaja en una empresa de turismo y, pese a que su enfermedad la incapacita parcialmente de forma regular, nunca se ha atrevido a solicitar la baja laboral por dolor menstrual, un derecho que figura en la legislación española desde hace tres años. Se refiere a la Ley Orgánica 1/2023 por la que se modifica la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, una reforma impulsada desde el Ministerio de Igualdad de entonces Irene Montero (Unidas Podemos).

Este avance legislativo histórico permitía por primera vez reconocer como situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes “aquellas bajas laborales en caso de menstruación incapacitante secundaria, así como la situación posterior a la interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, y el embarazo desde el día primero de la semana trigésima novena”. El requisito principal para obtener el permiso no era otro que contar con un diagnóstico médico que asocie la regla dolorosa a alguna enfermedad menstrual. Por primera vez la dismenorrea —menstruaciones dolorosas— en cualquiera de sus manifestaciones era considerada legalmente causa de baja laboral por incapacidad temporal (IT).

Para garantizar que la norma sería aplicada con efectividad y sin discriminación alguna, la ley no exigía períodos mínimos de cotización previa para ser beneficiaria. Se cubría con una prestación económica abonada por la Seguridad Social desde el primer día. Asimismo, cada proceso de baja se consideraría “nuevo sin computar a los efectos del período máximo de duración de la situación de su incapacidad temporal, y de su prórroga”.

“Sabía que iba a pasarlo fatal por el dolor, pero aún así preferí empastillarme y aguantar como sea antes que pedir la baja por miedo a la reacción de los jefes, que son todos hombres”, cuenta Lidia

A pesar de ser conocedora de que podía disfrutar de este tipo de permiso, Lidia recuerda que, cuando entró a trabajar en la empresa, prefirió aguantar: “Sabía que iba a pasarlo fatal por el dolor, pero aún así preferí empastillarme y aguantar como sea antes que pedir la baja por miedo a la reacción de los jefes, que son todos hombres y están muy poco concienciados con estas cuestiones”.

Su caso no es anecdótico sino que representa una tendencia al alza entre las mujeres, las cuales sienten una gran reticencia a emplear estos permisos que les corresponden por derecho. Es lo que recoge un informe de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, que pone de relieve que muchas mujeres rehúsan, por distintos motivos, acogerse a la baja cuando su cuerpo les implora parar una y otra vez. En total se pidieron tan solo 2.444 bajas durante los primeros 15 meses de aplicación de la ley, unas cifras “insignificantes” a ojos de este sindicato en comparación con los 8,8 millones de procesos de bajas por contingencia común que tuvieron lugar en todo el 2023.

Detrás de estos números tan modestos se esconden una multiplicidad de factores, desde el retraso en los diagnósticos —que puede demorarse entre seis y ocho años de media— hasta el profundo estigma que sigue rodeando a la menstruación en un sistema estructuralmente androcéntrico. Además, las reglas dolorosas no tienen siempre asociada una patología orgánica subyacente previamente diagnosticada, como ocurre con la adenomiosis o presencia de tejido endometriósico en el espesor del útero, difícil de identificar a través de pruebas.

Escasa sensibilización social

A todos los efectos, la ley daba respuesta a un reguero de demandas sociales que venía haciendo hace tiempo el movimiento feminista ya que, según el Ministerio de Igualdad, seis millones de trabajadoras están en edad de menstruar. De entre todas ellas, una investigación perteneciente la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social revela que entre el 50 y el 90 % padece reglas dolorosas. Estas se deben no solo a patologías como la endometriosis —quizás la más conocida de entre este tipo de enfermedades— sino a otras como la adenomiosis (tejido endometrial en el espesor del útero), pólipos u ovarios poliquísticos o a distintas afecciones del sistema reproductivo.

La citada investigación pone de manifiesto, en este sentido, que todavía pervive entre las mujeres una concepción vergonzosa en relación a estados biológicos como la menstruación o la menopausia. Condiciones que a menudo “producen trastornos en la salud y que impiden trabajar con regularidad” mermando la calidad de vida de forma sustancial. Las mujeres se resisten a coger las bajas en muchos casos por temor a sufrir discriminación en el entorno laboral ya que presienten que la baja será interpretada como un indicio de “falta de ambición” en el desempeño profesional.

Sobreconsumo de analgésicos y normalización del dolor menstrual

Esta tabuización de las patologías de esta naturaleza en ciertos entornos ha traído consigo que, con el paso de los años, muchas mujeres opten por abusar de analgésicos para luchar contra el dolor y así poder trabajar con normalidad sin bajar el ritmo productivo. “Me chutaba Enantyum en exceso sin esperar el tiempo prescrito hasta la segunda dosis y todo por resistir trabajando, porque me daba mucho miedo lo que pudieran pensar los demás, que creyeran que estoy exagerando el dolor, incluso fingiendo”, relata Lidia.

Para la abogada laboralista Teresa Ramos, al estigma se suma que la regla “es considerada como algo que tenemos que aguantar, y ello se suma a la falta de información, de investigación médica y de diagnósticos”

Además, en los centros de salud acostumbran a prescribir a las pacientes con dismenorrea fármacos como la píldora anticonceptiva o distintos tipos de calmantes. Todo ello, indican las expertas, en detrimento de tratamientos más sostenidos como dietas antiinflamatorias, fisioterapia, meditación o determinados ejercicios pélvicos. Lo importante es seguir produciendo sin que nada altere la rutina.

Para Teresa Ramos, abogada laboralista y letrada de la cooperativa jurídica feminista Justicia Transformadora, aunque la medida ha incorporado nuevas prestaciones a la Seguridad Social perspectiva de género, “pronto se vio que iba a tener un alcance limitado”. “Al final, aparte del estigma, generalmente la regla es considerada como algo de mujeres que tenemos que aguantar, y ello se suma a la falta de información, de investigación médica y de diagnósticos”, refiere la letrada.

Muchas pacientes tienden a subestimar e incluso normalizar su dolor y, en última instancia, lo ocultan para evitar posibles despidos: “El acceder a las prestaciones de la Seguridad Social de incapacidad temporal puede implicar que si coges muchas bajas no le siente bien a la empresa, a tu jefe, y es probable en muchos de los casos que prescindan de ti, no por esa razón sino aprovechando otras causas”, infiere. Esta casuística se agudiza en el caso de los trabajos más precarizados y menos sindicalizados, también en aquellos con menos complementos o ayudas a la incapacidad, que ocupan principalmente las mujeres. Ahí, explica, los convenios colectivos tienen más grietas, algunos no tienen completado el 100% de la base reguladora, es decir, se cobra menos cuando se está en incapacidad temporal.

“No queremos que se nos discrimine o que piensen que por ser mujer queremos aprovecharnos del sistema, esa es la realidad que venimos observando en estos últimos tres años, no la del absentismo”, destaca Isabel Márquez, de CC OO

En estos términos se expresa igualmente Isabel Márquez, responsable de la Secretaría de Mujeres y Políticas de Igualdad de FSS-CCOO, quien apunta que “a veces tu nómina es el único dinero que entra en casa, por lo que por ese miedo al despido al final tomamos más antiinflamatorios en aras de mantener la productividad”. Todo ello explica las escasísimas cifras de estas bajas, algo que rompe de lleno con el mito de la ultraderecha sobre el absentismo laboral “preocupante” en España.

“No queremos que se nos discrimine o que piensen que por ser mujer queremos aprovecharnos del sistema, esa es la realidad que venimos observando en estos últimos tres años, no la del absentismo”, destaca Márquez. Todo ello sumado a entornos laborales, muchas veces hipermasculinizados, donde no existe una cultura empresarial sensibilizada con este tipo de patologías.

Esta falta de conocimiento sobre la enfermedad salpica tanto a los directivos de las empresas como a los propios sindicatos. Así lo sostiene Andrés Fariña, abogado laboralista en CGT y miembro de la Asociación Libre de la Abogacía (ALA): “El sindicalismo sigue estando muy masculinizado y con una visión del trabajador del mono azul de la fábrica muy insertada todavía. En sindicatos como CGT nunca ha llegado una consulta con problemas sobre esa situación y este tipo de bajas generalmente no se piden, al contrario de las solicitadas por casos de fibromialgias o covid”, estima.

De hecho, una demanda bastante extendida entre las trabajadoras con reglas complicadas es que los espacios de trabajo dispongan de productos de higiene menstrual (compresas o tampones) en caso de reglas sobrevenidas en horario laboral. Pero también para las que padecen reglas hiperabundantes, cuya condición no está contemplada en ninguna legislación laboral. Iniciativas sociales como Menstrual Point llevan tiempo pugnando para que las empresas incorporen puntos con este tipo de materiales sanitarios en las oficinas de trabajo.

Investigación sobre salud menstrual: una asignatura pendiente

Para Lucía Arnaiz, esta lucha contra el dolor menstrual ha sido durante buena parte de su vida adulta el pan de cada día. En 2016 fue diagnosticada con endometriosis durante un chequeo médico rutinario cuando trabajaba en Madrid, a sus 20 años. Llevaba sufriendo de dismenorrea desde los 14. Las veces anteriores en que había acudido a urgencias con dolores insoportables y reglas de hasta diez días de sangrado, los médicos siempre habían banalizado su estado: “Me decían, estás muy delgada, necesitas un buen puchero, a todas las mujeres les duele la regla, no aguantas el dolor o me decían que era una forma de llamar la atención”, dice esta mujer que hoy tiene 30 años.

Nunca la habían derivado a consulta ginecológica pese a que llegaba a desmayarse por la intensidad del dolor, padeciendo además “hemorragias brutales”. Actualmente, tras varias intervenciones quirúrgicas y un par de terapias hormonales que no han logrado frenar su sufrimiento, esta trabajadora del sector musical cuenta con apoyo en su empresa para descansar los días de regla y por suerte puede teletrabajar, pero también es muy consciente de que esto no es lo habitual en otros centros de trabajo. Incluso tiene amigas a las que despidieron por ausentarse de la oficina antes de que entrara en vigor la reforma de la ley.

Lucía Arnaiz, fundadora de Endomequé: “Es muy fácil sentir que como no vas a poder estar todos los días al 100% te van a disminuir las posibilidades de escalar profesionalmente”

“Es muy fácil sentir que como no vas a poder estar todos los días al 100% te van a disminuir las posibilidades de escalar profesionalmente”. Por eso fundó Endomequé, una asociación que persigue dar visibilidad a esta enfermedad que aqueja a más de 2 millones en España según la Asociación De Afectadas De Endometriosis Crónica (Adaec), así como recaudar fondos para su investigación. “Hay que recordar que todas estas enfermedades que afectan sólo o de manera muy mayoritaria a las mujeres han tenido mucho menor interés para unas ciencias de la salud ejercidas durante siglos por hombres, el mismo estudio del ciclo menstrual sigue siendo insuficiente”, concluyen desde Comisiones Obreras sobre el origen de esta brecha de género estructural.

Fuente: El Salto. Alejandra Mateo Fano.

MESCoop Servicios para el Mercado Social, y la cooperativa de telecomunicaciones Somos Conexión han firmado un convenio de colaboración para facilitar el acceso mutuo a sus servicios y reforzar las alianzas dentro de la Economía Social y Solidaria.

A partir de este acuerdo, las personas y entidades vinculadas a Mercado Social Aragón podrán contratar los servicios de telefonía e internet de Somos Conexión sin necesidad de realizar aportación al capital social de la cooperativa. Además, las nuevas contrataciones contarán con una tarifa de bienvenida que incluye el primer mes gratuito en cualquiera de los servicios (Solo móvil, Móvil + internet o Solo Internet). Escríbenos a info@mercadosocialaragon.net para indicarte el procedimiento. 

Por su parte, las personas socias de Somos Conexión podrán darse de alta sin ningún coste como socias de intercooperación del Mercado Social Aragón y acceder al carné digital que permite disfrutar de los descuentos y ventajas que ofrecen las entidades proveedoras de nuestra red. Este carné se obtendrá a través de la APP o la página web de MESCoop Aragón, cumplimentando el formulario de alta como socia, activando la opción «Quiero ser socia de intercooperación», seleccionando a Somos Conexión como entidad de intercooperación y enviando la solicitud

Este convenio es un nuevo ejemplo de cómo la intercooperación fortalece el ecosistema de la Economía Social y Solidaria: compartiendo recursos, ampliando servicios y generando beneficios para las personas que apuestan por alternativas de consumo responsables, democráticas y comprometidas con el bien común.

Si eres parte de Mercado Social Aragón y estás pensando en cambiar de compañía de telefonía o internet, o si ya formas parte de Somos Conexión y quieres descubrir las ventajas del Mercado Social, este acuerdo te lo pone mucho más fácil.

Fuente: Mercado Social Aragón

La última revisión del primer criterio del modelo de Ciudad por el Comercio Justo, correspondiente al trienio 2022-2024, permitió conocer cómo ha progresado el compromiso de las localidades con una contratación pública coherente con las políticas de cooperación internacional para el desarrollo y el Comercio Justo, es decir, con la compra pública ética.

La campaña, iniciada en 2006, ha movilizado a los agentes locales, como ONGD, asociaciones y tiendas de Comercio Justo, para reclamar, especialmente a ayuntamientos y universidades, que incorporen criterios éticos de Comercio Justo en sus compras y contratos. Básicamente, el objetivo ha sido siempre que el Comercio Justo estuviera presente en el día a día de la actividad y los servicios públicos, facilitando que la ciudadanía pudiera acceder a sus productos y que las propias instituciones fueran un ejemplo de consumo responsable. Cafeterías y cantinas municipales y universitarias, servicios de catering en eventos o máquinas expendedoras han sido algunos de los escenarios en los que se han materializado estas experiencias.

En función de su población, las Ciudades por el Comercio Justo deben acreditar un número mínimo de contratos o concesiones que hayan requerido la publicación de un pliego de licitación que contemple, al menos, un criterio de Comercio Justo durante el periodo de referencia. Cuanta más población tenga una localidad, mayor será el número de contrataciones públicas que deberá acreditar.

Desde la aprobación de la actual Ley de Contratos del Sector Público, en 2017, la compra pública ética no ha sido solo una posibilidad, sino también un mandato. Esta normativa tiene por objeto aplicar criterios sociales y ambientales en toda la contratación pública. En este contexto, las Ciudades por el Comercio Justo han contribuido a demostrar que era posible aplicar criterios éticos de Comercio Justo en los contratos de sus ayuntamientos, universidades y diputaciones provinciales. Pero ¿qué nos dice esta última revisión del programa? ¿Ha progresado la compra pública ética gracias a la ley y a la incidencia política realizada ante las entidades públicas locales?

A la luz de esta revisión, la respuesta es agridulce. Aunque la práctica totalidad de las ciudades adheridas a la campaña ha mantenido su compromiso con la compra pública ética, la mayoría ha aplicado criterios de Comercio Justo con poco impacto y, en ocasiones, con poca o nula eficacia. El aspecto positivo es que el Comercio Justo sigue estando presente en la contratación pública de los municipios. Esto no es baladí. El Comercio Justo ha permeado unas formas de entender la contratación pública que, en ocasiones, se han mostrado escépticas e inflexibles. No ha sido fácil que los criterios sociales y ambientales tengan cabida en estos procesos, tradicionalmente más centrados en las garantías jurídicas y legales que en aprovechar su impacto positivo sobre la sociedad. Ha sido una reivindicación de años que, finalmente, fue respaldada por la jurisprudencia y, posteriormente, incluida en la legislación.

En todo caso, la aplicación de los criterios ha sido irregular durante todo el recorrido de la campaña. Esta evaluación refleja una falta de impulso y liderazgo por parte de los ayuntamientos. Una gran parte de ellos ha acreditado únicamente haber valorado de forma positiva que las entidades licitadoras incluyeran productos de Comercio Justo en sus ofertas, con puntuaciones que no han superado los 6 puntos sobre 100. Esto resta eficacia a los criterios de Comercio Justo, ya que la entidad adjudicataria no tiene por qué ser necesariamente la que haya ofrecido o se haya comprometido a utilizar este tipo de productos.

Otra cláusula ética poco eficaz consiste en aplicar como criterio de desempate que la entidad adjudicataria esté acreditada como Organización de Comercio Justo. Es poco probable que se produzca un empate y aún menos que una de las organizaciones que haya presentado una oferta y se encuentre en esa situación sea una entidad de Comercio Justo. Como se ha mencionado, el impacto que pretende conseguir la campaña es promover el consumo responsable entre la ciudadanía y garantizar unas condiciones de vida y trabajo dignas para las comunidades productoras del Sur Global. Este objetivo solo puede alcanzarse mediante criterios que exijan el uso de productos de Comercio Justo en los contratos públicos, como café, azúcar, té o cacao, entre otros.

Algunas ciudades han justificado la adjudicación de contratos en los que el uso de productos de Comercio Justo era obligatorio, al aplicarlo como condición especial de ejecución. Con ello, los ayuntamientos, las universidades y otras entidades públicas no solo garantizan el impacto del criterio, sino también su eficacia. Entre las experiencias destacadas se encuentran:

• El uso obligatorio de café 100 % de Comercio Justo en las máquinas de vending de la Universidad de Córdoba.
• El uso de café de Comercio Justo en el servicio de comedores colectivos y cafeterías del Ayuntamiento de Zaragoza.
• La coordinación impulsada en Castellón de la Plana para aplicar criterios de Comercio Justo entre diferentes entidades públicas con actividad en el municipio, como el ayuntamiento, la diputación, la Universitat Jaume I y la Generalitat Valenciana.

En conclusión, es necesario seguir impulsando la compra pública ética, especialmente en un contexto internacional marcado por la degradación ambiental y el aumento de la desigualdad social.

El principal reto de la campaña debe ser conseguir que el Comercio Justo esté presente en todos los contratos públicos en los que sea posible incorporarlo.

Las cantinas, comedores y cafeterías ubicadas en centros públicos, municipales o universitarios deberían ofrecer productos de Comercio Justo como café, cacao instantáneo, chocolate, azúcar o té. Se debería garantizar que, al menos, uno de estos productos fuera de Comercio Justo. Siempre que sea posible, la oferta debería priorizar estos productos, en lugar de presentarlos únicamente como una alternativa o un complemento. Este reto también es aplicable a las máquinas expendedoras y a los servicios de suministro de alimentos, donde debería existir siempre una gama de productos de Comercio Justo.

Asimismo, como línea de innovación, se echa en falta una mayor apuesta por el textil de Comercio Justo. Parte de las prendas que componen los uniformes de trabajo del personal de distintos servicios municipales, como jardinería, transporte urbano o extinción de incendios, podrían incorporar productos de Comercio Justo. Por ejemplo, podrían adquirirse camisetas de algodón de Comercio Justo como parte de estos uniformes. No es difícil: solo hace falta voluntad política para apostar de forma decidida por el Comercio Justo.

Por último, también deberían mejorarse los sistemas de seguimiento de la ejecución de los criterios de Comercio Justo. Es necesario aplicar medidas y herramientas que permitan a los órganos responsables de la ejecución de los contratos controlar que estos criterios se cumplen realmente. Esto implica comprobar, por ejemplo, que el café que se dispensa es de Comercio Justo o que una camiseta de algodón suministrada como parte de un uniforme de trabajo cuenta con la correspondiente certificación de Comercio Justo.

Sin lugar a dudas, es el momento de apostar por una compra pública ética que contribuya a construir unas relaciones comerciales internacionales basadas en el respeto de los derechos humanos y laborales de las comunidades productoras y trabajadoras del Sur Global. La solidaridad global es el camino.

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hizo el anuncio este miércoles en Madrid, durante el Consejo de Fomento para la Economía Social.

La ministra situó la decisión en un largo recorrido. Las cooperativas, las sociedades agrarias y las cofradías de pescadores fueron durante décadas pilares de la economía canaria y con el tiempo ese modelo se extendió a la educación, la industria, el transporte y los servicios. Ese recorrido se ha traducido, en los últimos años, en instrumentos propios como la Ley de Economía Social de Canarias y la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias, el Libro Blanco de la Economía Social y el Catálogo Canario de Entidades de Economía Social. Además, la Consejería de Turismo y Empleo acaba de aprobar la Estrategia Canaria de Economía Social 2026-2029.

La Capitalidad Española de la Economía Social se creó en 2021 para dar visibilidad a este ecosistema. Antes de Mataró ostentaron el título Murcia, Valencia, Donostia, Santiago de Compostela y Teruel; Toledo la inauguró en 2020, aunque entonces como capital europea. En 2027 será la primera vez que este reconocimiento recaerá en el sur geográfico del estado.

En Canarias, el ecosistema de la economía solidaria suma 3.516 entidades, entre cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, sociedades agrarias, mutualidades, cofradías de pescadores y entidades del tercer sector social. En conjunto dan empleo a cerca de 17.000 personas en el Archipiélago, según datos del Gobierno autonómico.

Díaz vinculó la elección con los retos propios del territorio, y aseguró que la insularidad, la crisis climática y el acceso a la vivienda demandan «respuestas coordinadas, sostenibles y pegadas al territorio». La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, fue más allá y consideró que la capitalidad es una oportunidad para que «la economía social gane el protagonismo que merece».

Durante 2027, la capitalidad incluirá congresos, debates, formación y actividades ciudadanas a lo largo de todo el año, según ha detallado el Gobierno de Canarias. Desde Red Anagos agradecemos este reconocimiento, que también es el de las entidades que día a día sostienen la economía social y solidaria en Canarias.

Fuente: Red Anagos, red de REAS redes de Economía Alternativa y Solidaria.

El grupo de acción local Bajo Aragón-Matarraña (Omezyma) reunió el pasado lunes en Fórnoles a 43 socios de las dos comarcas en su asamblea general ordinaria. En ella, la directiva dio cuenta de las actividades realizadas, se aprobaron los presupuestos y se ratificó una agenda de proyectos que consolida la diversificación de la entidad hacia nuevas fuentes de financiación y redes de cooperación supracomarcal más allá de los fondos Leader que gestiona.

En el pabellón se citaron representantes políticos del Bajo Aragón y el Matarraña, asociaciones empresariales, sindicatos y una amplia representación de asociaciones culturales, sociales y juveniles del territorio.

Más allá de aprobación de actas, explicación de actuaciones de años anteriores, aprobación de las cuentas anuales y una revisión detallada de la situación del programa Leader 2023-2027, la asamblea destacó por la ratificación de nuevos acuerdos adoptados por el órgano de gobierno de la entidad durante el último año que abren una nueva etapa.

Cooperación en red

El cambio de rumbo es la decidida apertura de Omezyma hacia nuevas fuentes de financiación y redes de cooperación más allá de los fondos Leader. La asamblea ratificó una batería de acuerdos en diferentes áreas que dibujan esta nueva dimensión del grupo.

Omezyma lidera, junto a otros cinco grupos de Teruel, Tarragona y Castellón, el proyecto Reviscolar Cultura Leader, una alianza de cooperación cultural entre comarcas limítrofes orientada a reforzar el tejido cultural rural y financiada por el Ministerio de Cultura. Este proyecto se amplía con una candidatura a una convocatoria de subvenciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A estas fuentes públicas se suma la presentación del proyecto Reviscolar a la convocatoria Alianzas para una democracia cultural de la Fundación Daniel&Nina Carasso, ampliando así el alcance con financiación de fundaciones privadas de ámbito europeo.

Sobre nuevas fuentes de financiación privada, cabe destacar el convenio ya en marcha con Fundación La Caixa –el proyecto Acción Social en el Ámbito Rural, dotado con 129.990 euros– que pone a Omezyma en el papel de coordinadora de actuaciones de cuidados, cohesión social y emprendimiento en colaboración con las dos comarcas y el Ayuntamiento de Alcañiz.

En el ámbito del empleo y la economía social, la asamblea ratificó la solicitud de ayudas a la convocatoria 2026 del Programa Emple-ar y Jovem del Inaem, el apoyo a ESLabRural –Ecosistema de resiliencia rural para emprender, cooperar e innovar con la economía social en Aragón–, impulsado por la Asociación de Economía Social de Aragón CEPES Aragón, la Cooperativa Tararaina y la Red de Economía Alternativa y Solidaria REAS Aragón—. También ha respaldado la iniciativa de la Fundación Pastores Pastor compartido para el empleo rural, la igualdad y la continuidad de la ganadería ovina.

En cuanto al sector agroalimentario y la cohesión territorial, Omezyma presentó su candidatura al proyecto Terralimenta 2025, en el marco de la transición de los Grupos de Acción Local hacia Sistemas Agroalimentarios Territorializados (SAT). Cabe destacar también la adhesión a la red IAF Conecta Territorio en el marco del Plan de Conexión Territorial, con 37 entidades.

Donde querer es poder

La celebración de la asamblea en Fórnoles brindó la oportunidad de dar voz a emprendedores del municipio cuyas historias ejemplifican el potencial de los pueblos para acoger proyectos de vida y de negocio. Ana Omella compartió su trabajo centrado en el cuidado emocional a través de talleres de movimiento y corporalidad. Por su parte, la bodega Bayod Borrás contó cómo elabora espumosos de autor que ya han cruzado fronteras. Su vino espumoso con aromas de Trufa de la provincia ha sido reconocido con dos medallas de oro en la 33ª edición del Concurso Mundial de Bruselas. La asamblea concluyó con una degustación de los espumosos de Bayod Borrás y del vino tinto de la bodega Mussols, también ubicada en Fórnoles, poniendo el broche de sabor y territorio a una jornada marcada por la ilusión y el compromiso con el futuro del territorio.

Fuente: Diario de Teruel

Portada Informe de Impacto 2026 de Banca Etica ©Banca Etica

¿Qué hace un banco con el dinero que depositamos en él? La respuesta suele resumirse en balances, beneficios o indicadores de sostenibilidad. Sin embargo, el nuevo Informe de Impacto 2026 de Banca Etica plantea otra pregunta: ¿qué cambios sociales y ambientales generan los proyectos que se financian con ese dinero?

Más allá de medir su propia sostenibilidad (emisiones de oficinas, políticas internas, riesgos ESG), el informe pone el foco en el destino del crédito y en cómo este puede traducirse en empleo, inclusión social, transición ecológica o participación ciudadana. No se trata de una obligación legal, sino de un ejercicio voluntario de transparencia que, como señala el propio documento, pretende dar testimonio de «la atención constante que Banca Etica presta a las consecuencias no económicas de las acciones económicas».

Estas son cinco de las claves que ayudan a entender qué diferencia el modelo de banca ética que refleja este informe.

Los valores no están solo en el prólogo: forman parte de los Estatutos

Los valores que aparecen en sus primeras páginas no son una declaración institucional redactada para esta publicación. Forman parte del artículo 5 de los Estatutos de Banca Etica, donde se establece que «las finanzas con orientación ética son sensibles a las consecuencias no económicas de las acciones económicas», que «el crédito, en todas sus formas, es un derecho humano» y que el beneficio obtenido debe ser «consecuencia de actividades orientadas al bien común» y distribuirse equitativamente entre quienes participan en su generación.

No es un matiz menor. Cuando esos principios forman parte del marco estatutario de una entidad dejan de ser una declaración de intenciones para convertirse en el criterio que orienta su actividad. Igualmente, que el informe dedique un capítulo entero a explicar qué entiende la entidad por impacto y cómo espera generarlo, con su propia teoría del cambio, es la prueba de que el documento no está justificando una actividad financiera ordinaria a posteriori, sino describiendo el mecanismo que la hace posible.

El crédito como derecho, no como producto

El principio del «crédito como derecho humano» se traduce en decisiones concretas. Banca Etica financia a personas en riesgo de exclusión financiera entre ellas personas desempleadas,  personas inmigrantes procedentes de países del sur global, jóvenes o personas con menor nivel de estudios. En 2025, estas categorías representaron el 69,8 % de la clientela del banco y el 78,6 % de los nuevos préstamos a particulares tuvo un impacto positivo identificable. Asimismo, el 25,5% de las personas financiadas procedían de fuera de Italia o España, en línea con una de las afirmaciones que recoge el propio informe: «En Banca Etica nadie es extranjero».

Esta forma de entender el crédito también se refleja en los resultados. Durante 2025, la financiación concedida permitió crear 1.786 nuevos puestos de trabajo y preservar 2.103 empleos mediante procesos de Workers BuyOut, que facilitan que empresas en crisis pasen a ser gestionadas por sus propias personas trabajadoras en forma de cooperativa.

Lo que no se financia también define un modelo de banca

Otro valor que el informe hace visible es la coherencia entre lo que se dice y lo que se financia. El informe muestra cómo esa concepción del crédito se traduce en la política de financiación. Determinados sectores quedan excluidos de la actividad del banco (como la producción y comercialización de armas, la explotación del trabajo infantil, la ganadería intensiva o los juegos de azar), mientras que otros reciben un trato preferente, entre ellos la agricultura ecológica, las energías renovables, la cooperación internacional, el comercio justo o los sistemas de bienestar.

A veces se habla de «criterios de exclusión» en términos de gestión de riesgo reputacional; aquí son una consecuencia directa de sostener que «el beneficio obtenido por la posesión e intercambio de dinero debe ser consecuencia de actividades orientadas al bien común«, tal y como reza el artículo 5 de sus Estatutos.

La transparencia y la participación como valores operativos

Dos valores más atraviesan el documento: la transparencia máxima de todas las operaciones y el fomento de la participación en las decisiones. Ambos se materializan en la figura de las personas evaluadoras sociales: personas socias voluntarias del banco, con al menos un año de antigüedad, que se forman específicamente para verificar sobre el terreno la actividad de quien solicita un crédito. En 2025 hicieron posible que el 99,7 % de las financiaciones aprobadas a personas jurídicas se sometieran a una evaluación socioambiental. Un mecanismo que convierte la participación de la base social en un elemento integrado en la evaluación del impacto de los proyectos.

El dinero también puede medirse por el impacto que genera

Uno de los conceptos más sugerentes del informe es el denominado «dividendo socioambiental». Si las entidades financieras acostumbran a informar de la rentabilidad económica del capital invertido, Banca Etica propone medir también qué beneficios sociales y ambientales hace posible esa inversión. Así, calcula qué impacto pueden generar 1.000 euros invertidos en capital social: desde la recuperación de 669 toneladas de residuos, el cultivo de 25,6 hectáreas de agricultura ecológica, la atención a 19 personas en proyectos socioeducativos o la participación de 1.700 personas en actividades culturales.

A esa fotografía se suman otros resultados del ejercicio: los proyectos financiados permitieron atender a 179.000 personas mediante servicios sanitarios, sociales y socioeducativos, facilitaron la acogida de 8.011 personas migrantes y evitarán la emisión anual de alrededor de 22.000 toneladas de CO₂ gracias a iniciativas vinculadas a la transición ecológica. Estas cifras avalan las palabras iniciales de Aldo Soldi, presidente de Banca Etica: «el valor del dinero se mide por la calidad del mundo que ayuda a construir».

Una forma diferente de entender la actividad financiera

La mayoría de los informes de sostenibilidad convencionales explican cómo una entidad gestiona o reduce los impactos derivados de su actividad. El informe de impacto de Banca Etica documenta lo contrario: una actividad financiera diseñada, desde su definición estatutaria, para producir los efectos deseados. Esa inversión del punto de partida constituye la definición misma de las finanzas éticas que este informe demuestra con datos.

Más que responder únicamente a cuánto financia o cuánto crece una entidad, el documento invita a preguntarse qué hace posible ese dinero. Habla de empleo, de inclusión, de vivienda, de cultura, de transición ecológica y de comunidades fortalecidas. En ese recorrido del ahorro hacia la economía real reside una de las características que mejor ayudan a comprender el sentido de las finanzas éticas.

Un artículo de Sara García Martín para Valor Social

Enlace al Informe

Bienvenidos a la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el Derecho a la Alimentación.

Las olas de calor extremo hacen que nos acordemos de la crisis climática, esa que sigue avanzando mientras miramos hacia otro lado. En Climática, el medio de comunicación cooperativo centrado, saben que hablar de ello es importante para mitigar sus impactos y adaptarnos a ellos. Por eso, desde REAS os animamos a apoyar a este medio independiente y libre de ecopostureo con una suscripción.

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La crisis climática es cosa de todas y todos.

Y el periodismo climático es vital para luchar contra el negacionismo.

La crisis de acceso a la vivienda —con precios de compra que han crecido cerca de un 13% solo en el último año y un parque de alquiler social prácticamente inexistente en el Estado español— ha puesto sobre la mesa un modelo que, sin ser nuevo, empieza a consolidarse como respuesta estructural: la vivienda cooperativa en cesión de uso. A diferencia de la cooperativa de vivienda convencional, aquí la propiedad del inmueble permanece siempre en manos de la cooperativa; quienes habitan la vivienda tienen un derecho de uso indefinido, pero nunca la propiedad individual. El resultado es un parque que no puede volver al mercado especulativo, porque nunca sale de la esfera colectiva.

A raíz de una reciente sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC, dedicada precisamente a este modelo y a su relación con las administraciones públicas, conviene detenerse en algunas de las propuestas y de los debates que atravesaron el encuentro, porque dibujan bien el estado actual de un sector que crece, pero que sigue dependiendo, caso a caso, de la voluntad política de cada territorio. Hoy existen ya más de 60 proyectos en fase de convivencia en el conjunto del Estado y decenas más en distintas fases de desarrollo, un crecimiento que ha sido posible, sobre todo, allí donde se ha dado una condición concreta: la colaboración sostenida entre el tejido cooperativo y las administraciones públicas. No como excepción puntual, sino como política deliberada.

Un modelo, cuatro palancas de política pública

Desde la Red de Vivienda Cooperativa —la sectorial de vivienda de REAS Red de Redes— se ha sistematizado esta relación en un manual de acción para la colaboración público-cooperativa, disponible en abierto, que ordena la actuación pública en cuatro grandes ámbitos: la activación de la demanda y el impulso del mercado social; el acceso al suelo, tanto público como privado; el apoyo económico directo; y un conjunto de medidas complementarias —fiscales, urbanísticas, normativas— que a menudo resultan determinantes para que un proyecto sea o no viable.

Ninguna de estas palancas funciona de forma aislada, y así lo planteó durante la sesión Gloria Rubio Casas, de la Fundación La Dinamo y coordinadora del manual: para que el modelo arraigue de verdad en un territorio, decía, la administración tiene que entender que impulsarlo es tarea de la promoción económica, de la política de juventud o de la de igualdad, y no solo de la concejalía de vivienda. A esa transversalidad se suma una segunda condición, de carácter normativo: un marco legal que reconozca y blinde tres elementos que el sector considera irrenunciables —la propiedad colectiva indefinida, el derecho de uso intransmisible y un límite a la aportación de capital inicial, que se sitúa como máximo deseable en el 30%—, de modo que la asequibilidad no dependa de la buena voluntad de cada promotora, sino que quede garantizada por norma.

Del suelo a la financiación: lo que enseñan los proyectos ya construidos

Los ejemplos que se pusieron en común durante la formación —y que el sector viene señalando como referencia— comparten un mismo patrón: la alianza con lo público resuelve, casi siempre, alguno de los dos grandes cuellos de botella del modelo: el acceso al suelo y la financiación.

En Palamós (Girona), 34 viviendas de protección oficial se han levantado sobre suelo público cedido mediante adjudicación directa, una vía que la normativa urbanística y de vivienda catalana permite cuando el destino es social y la entidad receptora carece de ánimo de lucro. El proceso, iniciado en 2019 con un protocolo de intenciones entre ayuntamiento y cooperativa, se ha completado con subvenciones de la Generalitat —incluida una línea específica para cesión de uso— y un préstamo del ICO a 40 años, hasta dejar la aportación inicial media por unidad de convivencia en unos 14.700 euros, muy por debajo del precio de mercado de la zona. En Manresa, la fórmula ha sido distinta: la compra de un edificio privado —antes propiedad de una entidad financiera— mediante el derecho de tanteo y retracto que recoge la legislación catalana, con financiación al 100% del Institut Català de Finances a interés bonificado, ha permitido reducir la aportación inicial media a apenas 1.300 euros por vivienda. Yabel Pérez Moreno, responsable de crecimiento de Sostre Cívic y quien presentó ambos casos, insistió en que esa es precisamente la clave: por encima de cada proyecto concreto, lo que determina que la vivienda social sea realmente asequible son el acceso al suelo y la financiación, y solo cuando la administración se implica en los dos a la vez —con subvención directa y crédito público a largo plazo e interés bonificado— es posible trasladar ese esfuerzo a cuotas verdaderamente accesibles.

En Zaragoza, la cooperativa Acobijo ha resuelto el acceso al suelo mediante una permuta con la sociedad municipal Zaragoza Vivienda —cediendo un solar propio a cambio del derecho de superficie sobre uno colindante— y ha sido, junto a otra cooperativa aragonesa, la única beneficiaria de una línea autonómica de subvenciones diseñada específicamente para este tipo de proyectos. Anabel García Recio, socia de Acobijo, matizaba durante la sesión que la cooperativa no considera que el ayuntamiento les haya regalado nada —el solar que aportaron era más valioso que el que recibieron a cambio—, pero sí destacaba como un logro en sí mismo que una corporación municipal haya tenido la voluntad política de sumarse a un proyecto cooperativo, algo que a su juicio abre camino para las iniciativas que vengan detrás.

No todos los balances que se compartieron fueron tan favorables. En Rivas Vaciamadrid, el proyecto Cosmos —dirigido a personas mayores de 50 años— cuenta con cesión gratuita de suelo durante 75 años, pero no ha recibido ningún tipo de apoyo económico público, y el encarecimiento de materiales, unido a las exigencias medioambientales para acceder a crédito del ICO, está empujando la aportación inicial de los socios hasta el 50%. Coral Hernández, presidenta de la cooperativa, lo planteó sin rodeos: siendo un colectivo con una edad media superior a los 65 años, explicaba, no confían en poder reunir el 30% de aportación inicial que se maneja como referencia en el sector, y calculan que tendrán que acercarse al 50%; por eso, conseguir financiación en condiciones asequibles se ha convertido en su principal reto, más incluso que la propia construcción de las viviendas.

En Canarias, el impulso ha llegado por una vía singular: una línea de financiación de 3,5 millones de euros del Plan Canarias Te Cuida, gestionada desde Bienestar Social con fondos europeos, que ha permitido financiar desde estudios de viabilidad hasta la compra de suelo, condicionando parte de la ayuda a que los proyectos reserven unidades para personas en situación de vulnerabilidad económica.

Cooperativistas de Entre Alisios

Ventejui Hernández Costa, socio de la cooperativa Entre Alisios, recordaba que hasta 2022 el archipiélago ni siquiera contaba con una ley que reconociera la cesión de uso como figura cooperativa específica, y que fue la incidencia sostenida del propio sector la que logró incorporarla a la primera ley de economía social canaria; solo a partir de ese reconocimiento legal, señalaba, resultó posible negociar con la administración una línea de financiación pensada expresamente para las distintas fases de estos proyectos.

Y en Valencia, donde todavía no existe ningún proyecto en fase de convivencia, la experiencia de La Posta apunta a un tipo de colaboración más incipiente. Julia Pineda Soler, socia de la cooperativa impulsora, explicaba que en un contexto donde aún no están desplegadas las políticas específicas que sí existen en otros territorios, la vía que han encontrado para dialogar con el ayuntamiento ha sido presentar el proyecto como demostrador dentro de un laboratorio municipal de innovación urbana; a cambio negocian apoyo en los honorarios técnicos de las fases iniciales, una reducción de las exigencias de aparcamiento —dado el reducido tamaño de la parcela— y posibles bonificaciones fiscales, además de un informe sobre el potencial del modelo para regenerar el tejido urbano consolidado sin necesidad de crecer sobre suelo protegido.

Lo que aún falta

Del conjunto de experiencias compartidas se desprenden también los límites del momento actual: la ausencia de parque público suficiente obliga a mirar cada vez más hacia el suelo privado; la banca ética empieza a incorporarse como opción de cofinanciación, pero su bonificación por parte de las administraciones sigue siendo excepcional; y la exigencia de aparcamiento o los estándares energéticos, pensados para la promoción convencional, pueden encarecer hasta la inviabilidad proyectos que ya nacen con vocación de sostenibilidad y de reducir la dependencia del vehículo privado.

El debate que atravesó la sesión, en todo caso, apuntaba en una misma dirección: cuando la administración pública entiende la cesión de uso no como una anomalía a tolerar sino como una herramienta legítima de política de vivienda —con marco legal propio, líneas de subvención específicas y voluntad política sostenida en el tiempo—, los proyectos dejan de depender del voluntarismo de cada promotora y empiezan a convertirse en una alternativa real, replicable y arraigada en el territorio.

Nuestra marca colectiva de textil de segunda mano ha sido reconocida entre las diez iniciativas finalistas por su capacidad para generar impacto ambiental y social, consolidándose como una iniciativa de referencia en el impulso de una transición ecológica justa que pone a las personas en el centro.

La Recuperadora ha sido seleccionada como uno de los diez proyectos finalistas de la III Edición de los Premios Fundación Moeve de Transición Ecológica Justa ,un reconocimiento que pone en valor el trabajo desarrollado por nuestras entidades de la economía social para demostrar que la reutilización no solo reduce residuos, sino que también genera empleo inclusivo y fortalece los territorios.

Los Premios Fundación Moeve distinguen iniciativas innovadoras que impulsan una transición ecológica justa, combinando impacto ambiental, impacto social y capacidad transformadora. En esta tercera edición, la convocatoria recibió 340 candidaturas procedentes de España y Portugal, de las que solo diez proyectos fueron seleccionados para defender sus propuestas ante el jurado.

Una iniciativa que demuestra que la reutilización transforma

El pasado 15 de junio, La Recuperadora presentó su proyecto en la gala de selección celebrada en la Torre Moeve, donde las iniciativas finalistas expusieron su trabajo en un formato pitch ante un jurado formado por personas expertas en sostenibilidad, innovación e impacto social.

Ser finalistas supone un importante reconocimiento al modelo que impulsa La Recuperadora: una red que apuesta por alargar la vida útil de los productos, reducir la generación de residuos y crear oportunidades de empleo para personas en situación o riesgo de exclusión social a través de la preparación para la reutilización y la economía social. Este reconocimiento confirma el valor de un proyecto que entiende la economía circular como una herramienta de transformación social. Frente a un modelo de consumo lineal, La Recuperadora demuestra que es posible construir alternativas que cuidan los recursos, generan empleo de calidad y fortalecen las comunidades.

Un reconocimiento al trabajo colectivo

La presencia de La Recuperadora entre los proyectos finalistas es también un reconocimiento al esfuerzo conjunto de las entidades que forman parte de esta iniciativa y que, día a día, trabajan para hacer de la reutilización una actividad con impacto ambiental, económico y social. Desde AERESS celebramos este reconocimiento, que refuerza el papel de las entidades de la economía social y solidaria como agentes imprescindibles para avanzar hacia un modelo más sostenible, inclusivo y resiliente.

Seguimos impulsando una economía social y solidaria

Este reconocimiento nos anima a seguir fortaleciendo un modelo en el que la preparación para la reutilización, el consumo responsable y la inclusión sociolaboral avanzan de la mano. Porque una transición ecológica solo será verdaderamente transformadora si también es justa, genera oportunidades y pone a las personas y al planeta en el centro.

¿Quieres conocer más sobre La Recuperadora y su trabajo por una economía circular con impacto social? Descubre el proyecto y súmate al movimiento por la reutilización.

Fuente: AERESS

Los días 24 y 25 de junio celebramos el seminario «Política Laboral Feminista. No evitar el conflicto, hacerlo habitable» un encuentro que despertó expectación y concluyó con una gran respuesta por parte de las personas participantes: la primera sesión en formato online reunió a más de 100 personas, mientras que la jornada presencial del segundo día completó el aforo total de la sala de 40 personas, dejando incluso a varias personas en lista de espera.

Este espacio se enmarcó dentro del proyecto de Política Laboral Feminista que estamos desarrollando de manera conjunta entre SETEM Hego Haizea, Mugarik Gabe y REAS Euskadi. El objetivo principal de esta alianza es construir e impulsar herramientas teóricas y prácticas que permitan transformar las estructuras del entorno del trabajo, poniendo la sostenibilidad de la vida, los cuidados y la equidad de género en el centro de la gestión de las organizaciones, aprendiendo a habitar las tensiones colectivas en lugar de invisibilizarlas.

Las sesiones estuvieron dinamizadas por el Colectivo Cala, una organización extremeña con un largo recorrido en la educación popular, la formación crítica y la facilitación de procesos comunitarios. Su experiencia metodológica facilitó un clima de confianza para abrir un debate tan complejo como el de la gestión de conflictos, un reto para los colectivos y empresas de la Economía Social y Solidaria que buscamos transitar los problemas desde el cuidado mutuo.

El seminario se estructuró en tres bloques progresivos que permitieron pasar de la teoría a la práctica de forma fluida. El miércoles 24 de junio por la tarde, en formato online, nos dedicamos a construir un marco común y abordar los conflictos desde un enfoque feminista interseccional. El jueves 25 por la mañana, ya en Ekonopolo, nos sumergimos en la acción presentando experiencias, herramientas prácticas y metodologías concretas para hacer frente a estas realidades. Por la tarde, las tres entidades organizadoras mantuvimos un espacio de trabajo interno donde aterrizamos estas reflexiones directamente en el contexto de nuestras propias organizaciones.

Este encuentro representa un paso más dentro de un proceso de fondo que acumula ya más de dos años de recorrido colectivo. Durante este tiempo, hemos explorado a fondo qué significa aplicar una política laboral feminista, un esfuerzo que ya se materializó en una guía con 10 principios y 20 acuerdos, así como en la celebración de unas jornadas el año pasado. Con la vista puesta en el futuro, la intención del proyecto es continuar generando espacios de encuentro y materiales comunicativos y pedagógicos, que puedan acompañar a nuestras organizaciones en la construcción de organizaciones habitables.

Fuente: REAS Euskadi

La Unión Europea ha sido durante mucho tiempo una defensora del comercio sostenible. El Reglamento de la UE sobre la deforestación (EUDR) y el Reglamento de Agricultura Ecológica actualizado se encuentran entre los intentos más ambiciosos hasta la fecha para ecologizar las cadenas de suministro globales. Como movimiento de Comercio Justo, apoyamos sus objetivos. Los bosques deben protegerse y la agricultura ecológica debe cumplir con los más altos estándares para ser creíble. Estos son objetivos por los que los productores de Comercio Justo de toda América Latina han estado trabajando mucho antes de que Bruselas los convirtiera en ley.

Pero las buenas intenciones no se traducen automáticamente en buenos resultados. Un nuevo estudio publicado por la Red Latinoamericana y Caribeña de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC) , que abarca a productores de café y cacao de Comercio Justo en Guatemala, Perú, Ecuador y Brasil, presenta un panorama desalentador de lo que sucede cuando un cambio regulatorio significativo recae sobre los hombros de quienes están menos preparados para afrontarlo y menos consultados en su diseño. 

Los costes de cumplimiento se están trasladando a los sectores más exigentes.

El Reglamento UE sobre Productos Básicos (EUDR, por sus siglas en inglés) es una normativa de la UE y sus obligaciones legales recaen directamente sobre los operadores de la UE , incluidos los importadores, comerciantes y empresas que comercializan productos en el mercado europeo. Los agricultores y sus cooperativas en América Latina no están sujetos a la normativa. Sin embargo, en la práctica, gran parte del coste, la recopilación de datos, la documentación y el esfuerzo administrativo necesarios para el cumplimiento, incluidas las medidas de mitigación de riesgos que formalmente debían adoptar los operadores de la UE, se han trasladado a los propios productores a lo largo de la cadena de suministro .

Las cooperativas han movilizado equipos de campo para mapear con GPS cientos de parcelas de pequeños agricultores en zonas remotas. Han invertido en plataformas geoespaciales, contratado especialistas legales y técnicos que antes no necesitaban y redirigido fondos de la Prima de Comercio Justo , dinero destinado al desarrollo comunitario, hacia infraestructura de cumplimiento . Una cooperativa de cacao peruana estimó un gasto de entre 60.000 y 100.000 USD solo en la adaptación al Reglamento Europeo de Productos Básicos (EUDR). Las organizaciones cafetaleras peruanas informan que los nuevos sistemas de cumplimiento han duplicado sus costos administrativos. La Unión de Organizaciones de Productores de Cacao del Ecuador (UNOCACE) en Ecuador calculó costos iniciales de cumplimiento de alrededor de 5.000 USD por organización miembro, lo que representa decenas de miles de dólares en toda su red.

¿Y qué han aportado los compradores? Los resultados del estudio muestran que la mayoría de los compradores no han ofrecido una cofinanciación significativa. Algunos han proporcionado asesoramiento técnico o han apoyado componentes aislados, pero la participación sistemática en los costes es la excepción, no la regla .

Así no es como debería funcionar una relación comercial justa . Si el cumplimiento de la legislación de la UE es necesario para acceder al mercado comunitario, y si los costes de dicho cumplimiento son reales y sustanciales, entonces los actores con mayor poder financiero en la cadena, incluidos los importadores y las marcas europeas, deben compartir la carga. Esperar que los pequeños agricultores del Sur Global subvencionen la agenda regulatoria de la UE no es ni justo ni coherente. 

La normativa ecológica está desmantelando las cooperativas.

Si bien los desafíos de implementación del Reglamento Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural (EUDR) son significativos, el impacto del Reglamento Ecológico actualizado merece una atención aún mayor. Criterios como el límite de 2000 miembros por grupo de operadores ecológicos, junto con el requisito de que todos los miembros produzcan exclusivamente de forma ecológica, y los límites en el tamaño de la explotación (5 hectáreas de tierra ecológica) y las ventas anuales de productos ecológicos (25 000 €) por miembro, pueden reflejar la realidad de las pequeñas explotaciones ecológicas en Europa, pero no logran captar la realidad de las cooperativas en América Latina (y África y Asia).  

Las consecuencias son graves, ya que las cooperativas que han dedicado décadas a construir organizaciones inclusivas y con miembros de diferentes orígenes se ven ahora obligadas a dividirse, separando a los productores orgánicos de los convencionales, creando entidades jurídicas paralelas y, en muchos casos, excluyendo formalmente a los miembros que no pueden o no quieren pasarse a la producción orgánica. Esto atenta contra el modelo cooperativo en sí mismo.  

Lo que está en juego aquí va más allá de la certificación. El movimiento cooperativo se construyó sobre los principios de inclusión, solidaridad y empoderamiento colectivo. Cuando una normativa diseñada y aprobada en Bruselas obliga a una cooperativa guatemalteca o peruana a comunicar a algunos de sus miembros que «ya no forman parte de nuestro grupo certificado», no se trata solo de un inconveniente burocrático, sino de un golpe al tejido social que los movimientos de Comercio Justo y cooperativo han construido durante décadas. 

Más requisitos, sin recompensa del mercado. 

A pesar de los crecientes requisitos para acceder al mercado de la UE, los productores que los cumplen no han visto un aumento proporcional en sus ingresos. El simple hecho de poder seguir exportando al mercado de la UE no contribuye a mejorar las condiciones de vida de los agricultores fuera de la UE, ya que sus costes siguen aumentando, mientras que los precios que reciben no suben en la misma proporción.

CLAC documenta que la diferencia de precio entre el café y el cacao orgánicos certificados y los convencionales se ha reducido drásticamente, e incluso ha desaparecido por completo en algunos casos . Los productores de Guatemala informan que los precios del café orgánico son ahora casi idénticos a los del convencional. En Brasil, una organización descubrió que la certificación orgánica se había vuelto tan costosa, sin ningún comprador dispuesto a pagar un precio superior para justificarla, que simplemente comenzaron a vender su café como convencional.

Con los nuevos requisitos de la UE, la sostenibilidad económica de la producción ecológica se está volviendo insostenible para muchos pequeños productores. Mientras tanto, la demanda mundial de productos ecológicos sigue en aumento. Los consumidores quieren productos ecológicos. La política europea afirma que quiere más productos ecológicos. Sin embargo, el efecto combinado del aumento de los costes de cumplimiento y el estancamiento de las primas para los productos ecológicos está expulsando a los productores del sistema ecológico. Si esta tendencia continúa, paradójicamente, los consumidores europeos tendrán menos acceso a café y cacao ecológicos certificados (en el caso del estudio), porque los productores que los cultivaron ya no pueden permitirse la certificación. 

Debe existir coherencia entre las políticas de demanda y las de oferta para evitar que se socaven los altos estándares en los países productores.  

Un estudio de caso sobre la incoherencia política. 

La UE mantiene un compromiso de larga data con la coherencia de las políticas para el desarrollo (CPD), principio que establece que las políticas de la UE, más allá de la cooperación para el desarrollo, no deben menoscabar los objetivos de desarrollo en el Sur Global. El estudio de CLAC argumenta de manera convincente que tanto el Reglamento sobre el Desarrollo de la UE como el Reglamento Orgánico, en su aplicación actual, no cumplen con este compromiso. 

La situación es aún más crítica en el caso de la agricultura ecológica: la estrategia «De la granja a la mesa» de la UE (que tenía una dimensión externa) establecía objetivos ambiciosos para la expansión de la agricultura ecológica. Sin embargo, la actualización del Reglamento sobre agricultura ecológica dificulta que los pequeños productores ecológicos mantengan su certificación y viabilidad comercial, y está teniendo un impacto negativo en las cooperativas de la región.  

En el caso del Reglamento de la UE sobre productos agrícolas, la situación es más compleja, ya que su implementación se ha caracterizado por la confusión y una distribución injusta de los costes. Las cooperativas se enfrentan a una doble carga: los compradores solicitan datos en formatos incompatibles, lo que multiplica el trabajo administrativo; mientras que los criterios de cumplimiento legal chocan con la realidad de que la agricultura a pequeña escala en América Latina es mayoritariamente informal, donde las prácticas tradicionales no se han documentado formalmente.  
Estos son errores de implementación que pueden corregirse, pero solo si la UE está dispuesta a escuchar a los productores y a crear mecanismos de retroalimentación que permitan que el reglamento aprenda y se adapte. 

Las regulaciones con alcance extraterritorial requieren un diseño extraterritorial.

Tanto el Reglamento sobre Agricultura Ecológica de la UE como el Reglamento sobre Agricultura Ecológica tienen importantes repercusiones extraterritoriales, que afectan profundamente la vida de los agricultores que no tuvieron voz ni voto en la elaboración de las normas que ahora los rigen. Esto obliga a las instituciones de la UE a diseñar reglamentos mediante un diálogo genuino con las comunidades afectadas, y no simplemente a consultar a las organizaciones de productores a posteriori, una vez que el texto legislativo ya está aprobado .

El estudio CLAC formula una serie de recomendaciones concretas , varias de las cuales queremos desarrollar aquí con más detalle.

• En primer lugar, compradores e importadores deben compartir los costes de cumplimiento, no mediante gestos de buena voluntad, sino a través de compromisos comerciales vinculantes. Si el acceso al mercado de la UE requiere inversión, esta debe distribuirse equitativamente a lo largo de toda la cadena de valor. 
• En segundo lugar, es urgente revisar el límite de 2000 miembros establecido en el Reglamento de Agricultura Ecológica, junto con los umbrales de tierras y ventas, con la participación activa de las organizaciones de productores del Sur Global. El movimiento de Comercio Justo ha acogido con satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea para modificar dicho límite y exhorta al Parlamento y al Consejo a mantener la propuesta de la Comisión y a adoptarla con prontitud.
• En tercer lugar, la UE debe invertir en apoyar a los países productores para que desarrollen sistemas nacionales de trazabilidad y verificación creíbles, reconocidos como prueba válida en virtud del Reglamento UE sobre Productos Básicos. Países como Costa Rica y Ecuador ya están construyendo este tipo de infraestructura. Reconocer y financiar estos sistemas reduciría drásticamente la carga para las cooperativas.
• En cuarto lugar, la UE debería establecer un mecanismo formal para supervisar el impacto en el desarrollo de las regulaciones con alcance extraterritorial, evaluando no solo si se alcanzan los objetivos en Europa, sino también si están generando daños no deseados en los países productores. 
• En quinto lugar, la UE debe abordar directamente el problema de la sobrevaloración de los productos ecológicos. Ya sea mediante políticas de contratación pública, campañas de concienciación para el consumidor, etiquetado obligatorio u otros instrumentos, existe la responsabilidad política de garantizar que el mercado recompense los mayores costes de la producción ecológica. Exigir a los agricultores que asuman esos costes sin obtener ninguna compensación de mercado no es una política sostenible. 

El estudio de CLAC constituye una valiosa y oportuna contribución a este debate. Las instituciones de la UE, los Estados miembros y la comunidad empresarial europea ya no pueden permanecer indiferentes. 

Este artículo se basa en las conclusiones del informe « Análisis del impacto comercial potencial del Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR) y del Reglamento sobre producción ecológica y etiquetado de productos ecológicos (UE 2018/848) en los pequeños productores de café y cacao de comercio justo en América Latina », publicado por CLAC en abril de 2026. 

Por Virginia Enssle , Gerente de Relaciones Internacionales e Institucionales de la FTAO. Fuente: fairtrade-advocacy.org

En octubre del año 1932, más de 70 mujeres que cosechaban la aceituna en el municipio mallorquín de Calvià se amotinaron para hacer estallar una huelga campesina que marcaría un antes y un después en la biografía insular. Las jornaleras protagonizaron varios parones con el fin de exigir la igualdad salarial entre hombres y mujeres del campo, en un contexto de enorme precariedad en este sector. Tras una semana de huelga, consiguieron que los propietarios de las explotaciones donde trabajaban accediesen a aumentar su retribución. Algunas de estas trabajadoras fueron años más tarde represaliadas durante la Guerra Civil, cuando retomaron sus actos de protesta, esta vez para reivindicar jornadas de 8 horas.

“A menudo eran niñas que, de muy pequeñas, se desplazaban desde varios pueblos de Mallorca a pie hasta la Serra de Tramuntana, quedaban unas semanas para acabar la cosecha de la oliva y volvían a su casa también andando. Han sido responsables de preservar tanto las plantaciones de olivos como los bancales, manteniendo vivo el paisaje de la Serra”, explica el Consorcio de esta cordillera.

Hoy, su historia ha quedado recogida en la obra La vaga de les collidores d’oliva de Calvià el 1932 (Leonard Muntaner, 2018), de Manel Suárez, hijo, nieto y sobrino de ‘collidores’, que rescata y dignifica la memoria de estas mujeres naturales de Bunyola, Campanet, Fornalutx, Puigpunyent, Sóller y Valldemossa través de la compilación de relatos biográficos. Gracias a la ardua labor documental de Suárez hoy conocemos dos cosas vitales sobre el pasado: Por un lado, la profunda invisibilización histórica del rol de las mujeres en el campo balear, fruto del carácter profundamente patriarcal de este sector en las islas. Por otro, su rol indispensable a la hora de preservar determinadas especies vegetales en peligro, una tarea que continúa a día de hoy en el caso de los olivos y otras especies autóctonas amenazadas por la crisis climática.

No se dispone de datos sobre cuántas mujeres ocupaban el trabajo rural antiguamente en el archipiélago, antes del boom del turismo y la globalización, que girarían radicalmente el timón de la economía agraria. Lo que sí sabemos es que el campo era una de las actividades con mayores tasas de ocupación femenina, donde las condiciones laborales eran infinitamente más arduas para ellas que para sus compañeros, desde el cobro de jornales ínfimos hasta tener que compaginar jornadas maratonianas con el cuidado del hogar y de las criaturas. Quizás la mayor brecha de género —de antes y de ahora— se encuentra en la tenencia de la tierra: aunque ellas trabajaban desde niñas en los cultivos familiares o en fincas de terceros a cambio de una porción de lo cultivado, tan solo los varones adquirían la titularidad de las tierras.

“Aquí en las islas el turismo lo acapara todo. Pero además tenemos un problema de especulación de tierras, las están comprando suizos, alemanes, gente de mucho dinero y las agricultoras cada vez tenemos menos acceso”, traslada Joana Mascaró, de Fademur

Una tendencia que se ha mantenido a lo largo de los años: según estadísticas del Govern de les Illes Balears (los datos más recientes disponibles son de 2021), que a su vez derivan del del FOGAIBA -el ente titular del registro de explotaciones agrarias en las Baleares- sólo un 33% de las personas titulares de explotaciones agrarias son mujeres. Del total de explotaciones agrarias de las Baleares, sólo 211 son de titularidad compartida entre un hombre y una mujer.

“A pesar de que siempre ha habido mujeres sembrando y recogiendo la cosecha, organizando cooperativas o manejando tractores, el peso de su tarea y de su presencia contrasta con las bajas pensiones, los escasos títulos de propiedad de las fincas o las listas de afiliación a la Seguridad Social”, refleja un informe de la Conselleria de Agricultura y Pesca sobre la masculinización del sector.

Otro antecedente histórico que atestigua esta realidad se halla en las llamadas ‘marjaleres’, procedentes del nordeste insular. Se ocupaban tanto de sembrar como de arar, recolectar o cuidar a los animales, lo que compaginaban con el trabajo de ama de casa. A ellas se les atribuye el cultivo ancestral de especies como el almendro, la higuera o el olivo, trabajos casi exclusivos de las mujeres en toda la isla antes de la mecanización de los trabajos del campo.

“No te dirán que son ellas son las que mandan porque el que firma los papeles es el hijo pero las que saben realmente hacer las cosas son ellas”, cuenta Lluís Alcover, payés y educador medioambiental

La transmisión generacional de todos los saberes y conocimientos del campo todavía bebe de principalmente de las mujeres: “No te dirán que son ellas son las que mandan porque el que firma los papeles es el hijo pero las que saben realmente hacer las cosas son ellas. Son las que nos lo han enseñado todo a los que ahora nos dedicamos al campo”, cuenta Lluís Alcover, payés y educador medioambiental.

La especulación agraria y la brecha de acceso de las mujeres a la tierra

La actual especulación sobre el suelo rústico, afirman varias trabajadoras entrevistadas para este reportaje, continúa impidiendo este acceso a la tierra por parte de quienes más la trabajan. Joana Mascaró, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) en las Islas Baleares y trabajadora veterana del campo, habla con El Salto sobre las múltiples barreras de acceso a la tierra que tienen actualmente las mujeres payesas.

“Aquí en las islas el turismo lo acapara todo. Pero además tenemos un problema de especulación de tierras, las están comprando suizos, alemanes, gente de mucho dinero y las agricultoras cada vez tenemos menos acceso”, traslada Mascaró, que añade que cada año las payesas se van quedando con menos parcelas para cultivar. Se refiere, entre otros actores, a los grandes lobbies de la alimentación y fondos de inversión, que van acumulando la mayor parte de la tierra comunal destinada a la producción agrícola para hacer negocios millonarios con ella.

Unas tierras que, además, cada vez son más víctimas de la desertificación y de la crisis hídrica. Mientras que cada vez llueve menos, Mallorca tiene sus reservas hídricas por debajo del 47% a fecha de junio de 2026, según el Pla Hidrològic de les Illes Balears. Muchos árboles han muerto en estos últimos años por esta falta de precipitaciones, otros han crecido sin fuerza por falta de nutrientes, lo que les hace vulnerables a muchas enfermedades que antes no había.

Un relevo generacional masculinizado a causa de la precaridad

Desde hace ya décadas se viene temiendo que, precisamente por la falta de apoyo frente a otros sectores como el turístico, el trabajo agrario se quede sin relevo generacional. Solo un 3,2% de los agricultores tiene menos de 35 años, una cifra inferior a la media estatal. Dentro de que, en efecto, este relevo se está dando de forma muy comedida, la ocupación está mucho más masculinizada que antes. Se está produciendo un retroceso agudo en este sentido. Mascaró alerta de que, al ser un sector que cada vez genera menos ingresos y más pérdidas por el impacto de la producción intensiva y la competencia con las grandes industrias internacionales, “en las parejas jóvenes las que abandonan las explotaciones y van a trabajar a otro sitio normalmente son las mujeres”.

Antiguamente en las explotaciones trabajaban parejas de hombres y mujeres desde bien jóvenes: “El nombre de la mujer no aparecía en ningún papel pero tenía un rol central en esas labores. Ahora las explotaciones y cooperativas se han convertido en unipersonales y suelen ser de hombres, de manera que incorporación de mujeres jóvenes hay muy poca porque se van a otros sectores para que al menos uno de los sueldos sea menos precario”, desliza con tristeza.

Además, la conciliación real para poder compaginar los cuidados con las labores propias del sector primario sigue siendo una utopía. La sobrecarga de la crianza continúa recayendo mayoritariamente en las manos de las mujeres, lo que las aleja paulatinamente del campo, “donde no hay ni vacaciones, ni horarios fijos ni bajas por maternidad”. La payesa mallorquina Aina Canyelles transmite su parecer sobre esta cuestión, ya que lleva dedicándose a la práctica de la agricultura y el pastoreo de oveja roja desde bien joven. Además, es técnica en recursos naturales y paisajísticos e ingeniera técnica agrícola. Hoy, su intensa labor de divulgación sobre el papel de las payesas mallorquinas la ha convertido en todo un referente de lucha en las islas.

El amor de Canyelles por el mundo rural y los ecosistemas agrarios la acompaña prácticamente desde su nacimiento. Sus padres abandonaron sus antiguos oficios -ella limpiaba casas y él trabajaba en la obra- para dedicarse a la agricultura en los años 70. Lo hicieron para poder pasar más tiempo juntos al lado de su familia, así que replantearon su modelo de vida. “Aunque al principio les costó mucho esfuerzo aprender porque partían de cero, les encantó la autosuficiencia que les proporcionaba ese mundo, el poder comer cosas buenas que ellos mismos producían y eso es lo que les hizo dar el salto”, cuenta a este medio. Primero trabajaron en una finca situada en la Sierra de Tramuntana, pero pronto hubieron de trasladarse a una explotación de Valldemossa para poder llevar a sus dos pequeños al colegio.

“Ellos cultivaban un huerto y tenían que entregar una parte de la producción al dueño de la finca. Normalmente se recogían almendras y algarrobas, aceitunas para hacer aceite, también hacían aceite. En otra finca había viña y también se hacía vino”, relata. Hoy ella ha recogido el testigo y gracias a su trabajo mantiene vivo el cultivo del olivo centenario, cuya recuperación favorece la biodiversidad de la Serra y la prevención de incendios.

“Llega un momento en que nos encontramos que no podemos permitirnos ni el lujo de ir a un congreso porque no tenemos nadie que pueda sustituirnos…”: Aina Canyelles, payesa mallorquina

No obstante, no son pocos los baches que ella y su marido, también trabajador rural, siguen encontrando por el camino debido a la falta de facilidades para la compaginar crianza y trabajo rural: “Llega un momento en que nos encontramos que no podemos permitirnos ni el lujo de ir a un congreso porque no tenemos nadie que pueda sustituirnos. Yo soy una privilegiada y me puedo organizar, pero tengo compañeras que no pueden ir casi ni a una cita médica porque no saben cómo gestionarlo. Para comenzar, a lo mejor tienen que ir a no sé cuántos kilómetros para ir al médico”, destaca.

En este sentido, asociaciones rurales como la Escuela de Pastores de Aragón han dado pasos positivos creando una bolsa de pastores de emergencia, pero no deja de ser un ejemplo anecdótico. En esta región se ha experimentado en los últimos años un crecimiento del 20% en la titularidad femenina y una reducción histórica de la brecha salarial en el campo, según el informe Ser mujer rural en Aragón 2010-2024. Pero en la mayoría de zonas rurales, las mujeres trabajadoras sufren a menudo de soledad no deseada: “En la Mallorca rural se están perdiendo médicos, carteros, se están quedando solas cuando necesitan ayuda puntual, cuando buscan un apoyo determinado administrativo las ignoran”, lamenta Canyelles.

Defender la tierra y combatir las lógicas de la acumulación del capital

La sensación general respecto al futuro de un sector sumamente estratégico para combatir los embates de la crisis climática es pesimista. En Baleares el 78% de la población vive en municipios mayores de 10.000 habitantes, el porcentaje de población rural es muy bajo respecto a otras comunidades (el 19% vive en municipios rurales entre los 2.000 y los 10.000 habitantes), según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca. La solución, aclaran las expertas, pasa por contar con una legislación que dignifique las condiciones laborales de estas trabajadoras. Por eso, las redes y colectivos de mujeres trabajadoras del campo demandan con urgencia que se primen los servicios ambientales ligados a la adaptación y mitigación al cambio climático, que se investigue sobre los grupos sociales más vulnerables al cambio climático a fin de establecer las ayudas públicas necesarias.

También cuestiones como potenciar el consumo local de distancias cortas y las producciones de bajas emisiones a la atmósfera. Pero sobre todo, con una mirada al futuro, que se facilite el acceso a la tierra primando el acceso a las personas más jóvenes y a las mujeres rurales a los aprovechamientos de los terrenos públicos de montes, pastos y tierras.

“Producir aquí es mucho más caro que producir en la península y encima tenemos los salarios agrarios más bajos de España”, por tanto “dependemos de subvenciones ya que los costes de producción son más altos que el precio que nos pagan por los productos”: Joana Mascaró (Fademur)

Defender la ruralidad en las islas va más allá, reivindican, de las cuestiones laborales: implica pugnar por un consumo local y de cercanía, respetuoso con los ecosistemas y que vaya en línea con los modelos decrecentistas no acumulativos. Un esquema de producción basado en la conexión con el propio territorio y con la vida silvestre que huya de las dinámicas de extracción feroz propias del sistema capitalista. Hoy, el cultivo tradicional que legaron las payesas ha sido sustituido paulatinamente por la agricultura intensiva de grandes dimensiones y escasamente regulada.

“El uso excesivo de productos agroquímicos, como fertilizantes, pesticidas, o fitosanitarios, tienen nefastas consecuencias sobre el equilibrio y el mantenimiento del suelo, del agua, del clima, de los pastos, de la biodiversidad y la salud humana”, protestan desde la campaña “Pastoreando Cordura”. Para garantizar la soberanía alimentaria que la masificación turística y la globalización amenazan, resulta imprescindible el reconocimiento de la insularidad.

En este sentido, Mascaró alega que “producir aquí es mucho más caro que producir en la península y encima tenemos los salarios agrarios más bajos de España”, por tanto “dependemos de subvenciones ya que los costes de producción son más altos que el precio que nos pagan por los productos”. Ese reconocimiento, acompañado de ayudas para favorecer la producción local facilitaría el trabajo del campo y reduciría la desventaja respecto a las grandes industrias agroalimentarias extranjeras.

Un artículo de Alejandra Mateo Fano para El Salto

La aprobación del Compromiso Iberoamericano por la Economía Social y Solidaria 2026-2030, en el marco de la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo celebrada en Avilés, constituye un paso político de enorme relevancia para el reconocimiento internacional de la Economía Social y Solidaria (ESS). Por primera vez, los 22 países iberoamericanos acuerdan una hoja de ruta común que reconoce la ESS como un actor estratégico para afrontar algunos de los principales desafíos de nuestro tiempo: la desigualdad, la precarización del trabajo, la transición ecológica, la cohesión territorial o el fortalecimiento de las democracias.

Desde REAS Red de Redes damos la bienvenida a este acuerdo. Valoramos especialmente que sitúe el trabajo decente, la participación democrática, la igualdad, la juventud, la inclusión y la sostenibilidad en el centro de las políticas públicas y que apueste por fortalecer la cooperación entre los países iberoamericanos y el papel de la Red Iberoamericana de Fomento de la Economía Social y Solidaria (RIFESS).

Al mismo tiempo, entendemos que este compromiso solo adquirirá verdadero sentido si se traduce en transformaciones reales. La ESS no necesita únicamente más reconocimiento institucional; necesita marcos normativos coherentes, financiación estable, contratación pública responsable, políticas fiscales que favorezcan las iniciativas de interés colectivo y espacios permanentes de participación donde las propias redes de economía solidaria puedan contribuir al diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

En un contexto marcado por el aumento de las desigualdades, el debilitamiento democrático y la crisis ecológica, la Economía Social y Solidaria no puede concebirse únicamente como un sector económico más. Representa una manera distinta de organizar la economía desde la cooperación, la redistribución, la democracia y el cuidado de la vida. Ese horizonte transformador debe seguir siendo el eje de cualquier estrategia pública.

Los cuidados como infraestructura para la sostenibilidad de la vida

Celebramos igualmente que la Declaración de Avilés sitúe los cuidados entre las prioridades compartidas de la región. Durante demasiado tiempo, los cuidados han permanecido invisibilizados y sostenidos de manera desigual por las mujeres y las comunidades. Reconocerlos como un derecho y como una responsabilidad colectiva supone un cambio de paradigma imprescindible.

Desde REAS llevamos años impulsando este debate a través de nuestras prácticas cotidianas, de las auditorías y balances sociales, de la construcción de organizaciones más habitables y de proyectos europeos como YouthCare, que promueve la incorporación de la ética de los cuidados en la participación juvenil y en la construcción de economías más justas y democráticas.

Porque hablar de cuidados no significa únicamente mejorar un sector económico. Significa reorganizar nuestras prioridades económicas para colocar la sostenibilidad de la vida en el centro.

Trabajo digno también en la economía digital

Otro de los elementos más relevantes de la Declaración de Avilés es la incorporación de compromisos sobre la regulación de la inteligencia artificial, la gestión algorítmica y las nuevas formas de empleo digital.

La transformación tecnológica no es neutra. Puede contribuir a democratizar la economía o, por el contrario, profundizar las desigualdades, concentrar poder y precarizar el trabajo. Por eso resulta especialmente significativo que los gobiernos iberoamericanos reconozcan la necesidad de desarrollar marcos regulatorios que garanticen los derechos laborales frente al uso de algoritmos y de la inteligencia artificial.

Desde REAS defendemos que las tecnologías emergentes deben desarrollarse desde criterios de transparencia, gobernanza democrática, soberanía tecnológica, protección de derechos y utilidad social. La innovación solo será verdaderamente transformadora si fortalece el bien común y amplía las capacidades de las personas y las comunidades, en lugar de subordinarlas a intereses exclusivamente mercantiles.

Un camino que REAS lleva años construyendo

Este reconocimiento internacional conecta con un trabajo que las redes de Economía Solidaria vienen impulsando desde hace décadas, tanto en el Estado español como en Europa y América Latina.

REAS participa activamente en espacios internacionales como RIPESS Europe y RIPESS Intercontinental, fortaleciendo alianzas con redes, movimientos sociales e instituciones para impulsar políticas públicas favorables a la ESS y los cuidados, compartir aprendizajes y contribuir a la construcción de una agenda internacional basada en la justicia social, la transición ecosocial y la democracia económica.

La creciente presencia de la Economía Social y Solidaria en Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Unión Europea y ahora en el ámbito iberoamericano demuestra que existe una oportunidad histórica para consolidar otro modelo económico.

Pero esa oportunidad solo será real si los compromisos internacionales se traducen en recursos, legislación, participación efectiva y apoyo decidido a las miles de iniciativas que ya están demostrando, cada día, que otra economía no solo es posible, sino que ya existe.

Desde REAS Red de Redes seguiremos trabajando para que este Compromiso sea un punto de partida y no un punto de llegada. Porque transformar la economía significa, sobre todo, fortalecer las comunidades, garantizar vidas dignas y construir democracias más sólidas desde la cooperación y la solidaridad.

Georgia Karavangeli, Consejera de Relaciones Internacionales de REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria.

La reciente defensa de la Economía Social y Solidaria (ESS) en el Parlamento Europeo constituye una buena noticia para quienes llevamos décadas demostrando que otra forma de hacer economía no solo es posible, sino necesaria. En un momento de profundas transformaciones sociales, ecológicas y geopolíticas, que la ESS siga ganando reconocimiento en las instituciones europeas supone un paso importante.

Sin embargo, el verdadero reto no es únicamente que la ESS esté presente en la agenda política europea, sino que ese reconocimiento se traduzca en decisiones concretas. En un momento en el que la Unión Europea debate las prioridades del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, resulta fundamental que la ESS no quede limitada a las políticas de competitividad o emprendimiento, sino que contribuya de forma transversal a construir una Europa más democrática, cohesionada y sostenible.

Desde REAS Red de Redes defendemos una Economía Social y Solidaria que vaya más allá de su reconocimiento como sector económico o modelo empresarial. Entendemos la ESS como una propuesta de democracia económica, capaz de fortalecer los territorios, ampliar la participación ciudadana y ofrecer respuestas concretas a desafíos tan complejos como el acceso a la vivienda, la organización social de los cuidados, la transición ecológica, la soberanía alimentaria, el trabajo digno o el uso ético de las tecnologías emergentes.

Creemos que avanzar en esa dirección requiere políticas públicas ambiciosas que refuercen el cooperativismo, las finanzas éticas, la contratación pública responsable, las comunidades energéticas, el comercio justo o la economía feminista, pero también una mirada que sitúe la cooperación, la solidaridad y la justicia social como elementos centrales del proyecto europeo. Eso implica garantizar recursos suficientes para ámbitos como los cuidados, el derecho a la vivienda, la justicia ecosocial, la cooperación internacional y la construcción de una verdadera economía de paz y de derechos humanos.

Ese horizonte conecta plenamente con la Declaración del Foro Global de la Economía Social (GSEF) de Burdeos, aprobada por gobiernos locales, redes internacionales y organizaciones de todo el mundo. El texto reconoce a la Economía Social y Solidaria como una economía de paz, una herramienta para fortalecer la cohesión social, prevenir conflictos, impulsar una transición ecológica justa y reconstruir la democracia desde los territorios.

En esa misma dirección avanza la nueva Estrategia 2026-2030 de RIPESS Europe, que propone reforzar la Economía Social y Solidaria como un movimiento capaz de impulsar la ciudadanía económica, fortalecer la democracia participativa y tejer alianzas con el feminismo, la justicia climática, el derecho a la vivienda, la defensa de los bienes comunes, la paz y los movimientos por la justicia social. Una estrategia que apuesta por una ESS con mayor capacidad de incidencia política y más conectada con los grandes debates que marcarán el futuro de Europa.

Desde REAS estamos contribuyendo activamente a este proceso a través del Policy Advocacy Circle de RIPESS Europe, un espacio desde el que impulsamos propuestas de incidencia política para fortalecer el reconocimiento de la Economía Social y Solidaria en las instituciones europeas y avanzar hacia políticas públicas coherentes con sus valores y principios.

La defensa de la ESS en el Parlamento Europeo representa, sin duda, una oportunidad. Pero esa oportunidad solo será real si el próximo presupuesto europeo convierte este reconocimiento político en una apuesta estratégica, dotando de recursos suficientes a aquellas políticas que fortalecen la democracia económica, la cohesión social y territorial, la cooperación internacional, los cuidados, la vivienda, la transición ecosocial y la paz.

Porque la Economía Social y Solidaria no necesita únicamente más visibilidad. Necesita ocupar el lugar que le corresponde en la construcción de una Europa que sitúe la dignidad de las personas, los derechos humanos y el bien común en el centro de su proyecto político.

Georgia Karavangeli, Consejera de Relaciones Internacionales de REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria.

Hay propuestas que poseen una enorme fuerza antes incluso de haber sido desarrolladas, no porque hayan demostrado todavía su capacidad real para transformar la realidad sino porque logran conectar con aspiraciones profundamente arraigadas en el imaginario colectivo y porque, en un momento histórico de descomposición de los sistemas públicos y de mercantilización creciente de todas las esferas de la vida, ofrecen una promesa de retorno a algo que suena familiar, protector y casi evidente.

La Seguridad Social Alimentaria pertenece a esa categoría de ideas que no necesitan demasiada presentación para ser comprendidas emocionalmente, porque su sola formulación parece reunir dos de las preocupaciones más importantes de nuestro tiempo, la crisis estructural del sistema alimentario y la necesidad de reconstruir mecanismos de protección colectiva capaces de garantizar derechos básicos frente a las lógicas del mercado.

Una propuesta que plantea que toda la población disponga de una cantidad mensual, 150 euros, destinada a la compra de alimentos, saludables, producidos bajo criterios sociales y ambientales previamente definidos

Resulta difícil no sentirse interpelado por una propuesta que plantea que toda la población disponga de una cantidad mensual, 150 euros, destinada a la compra de alimentos, saludables, producidos bajo criterios sociales y ambientales previamente definidos, en un contexto marcado por el aumento de la inseguridad alimentaria, el encarecimiento de la vida, la precarización del acceso a alimentos frescos y la evidencia cada vez más difícil de ignorar de que el actual modelo agroalimentario no solo no resuelve estas tensiones, sino que en gran medida las produce y las reproduce. Hay aquí una intuición política de fondo que es difícil de cuestionar, la alimentación no puede seguir siendo un bien cualquiera sometido a la lógica pura del mercado, porque hablamos de una necesidad vital, cotidiana, estructural, que condiciona la salud, la dignidad y la propia posibilidad de vida de las personas.

Sin embargo, precisamente porque la propuesta posee esa capacidad de seducción, merece ser analizada con un grado de atención proporcional a su ambición, porque no todas las respuestas que se presentan como transformadoras lo son en la práctica, y no todas las herramientas que apelan al imaginario de lo público reproducen necesariamente la lógica de lo público. Y es aquí donde empiezan a surgir las primeras fisuras, no tanto en los objetivos declarados, que en buena medida son compartibles por amplios sectores del campo social y político, sino en el tipo de arquitectura institucional, económica y política que se está proponiendo para alcanzarlos, que acaban siendo ineficaces y regresivos.

La fuerza de la propuesta comienza por su propio nombre, porque cuando escuchamos “Seguridad Social Alimentaria” se activa de inmediato una memoria colectiva asociada a uno de los grandes logros históricos de las sociedades europeas contemporáneas, un sistema de protección social basado en la idea de que existen riesgos vitales que no deben ser gestionados individualmente sino de forma colectiva, mediante instituciones públicas, universales y redistributivas. Pensamos en la sanidad pública, en las pensiones, en las prestaciones por desempleo, en las bajas laborales, en la idea de que el Estado social no es un simple gestor de ayudas, sino una arquitectura política que sustrae determinadas esferas de la vida de la lógica mercantil y las convierte en derechos garantizados.

La potencia política del concepto empieza a funcionar también como un mecanismo de confusión, porque el nombre no es neutro, y evoca una forma institucional

La alimentación parece encajar perfectamente en esa categoría, al fin y al cabo, pocas necesidades son más básicas que la de alimentarse de forma suficiente y adecuada, y si aceptamos que la salud es un derecho y que la educación es un derecho, la pregunta por qué no habría de serlo también la alimentación parece razonable, incluso inevitable. Pero es precisamente en ese punto donde la potencia política del concepto empieza a funcionar también como un mecanismo de confusión, porque el nombre no es neutro, y evoca una forma institucional que no se corresponde necesariamente con el contenido real de la propuesta.

Cuando se analiza con detenimiento el funcionamiento concreto de la llamada Seguridad Social Alimentaria, lo que aparece no es una extensión del Estado social en el ámbito alimentario ni la creación de un servicio público de provisión o garantía directa del derecho a la alimentación, sino un dispositivo de transferencia monetaria individualizada en forma de tarjeta, una vale de comida en resumen, recargada periódicamente con una cantidad fija destinada a la compra de determinados productos en determinados establecimientos previamente acreditados por estructuras de gobernanza de carácter ciudadano. La diferencia puede parecer técnica, pero en realidad es profundamente política, porque no estamos ante un sistema que sustituye la mediación del mercado en la garantía de derechos, sino ante un sistema que opera a través del mercado, intentando reorganizar la capacidad de consumo sin alterar de forma sustancial las relaciones de producción, distribución y control que estructuran ese mismo mercado.

La Seguridad Social, tal y como se ha construido históricamente en los países europeos, no consiste en transferir dinero para que los individuos resuelvan en el mercado necesidades que se consideran derechos, sino precisamente en lo contrario, en construir instituciones colectivas capaces de garantizar esos derechos mediante la desmercantilización parcial de determinadas esferas de la vida. Cuando una persona acude a un hospital público no recibe un cheque para comprar una intervención médica, cuando una persona se jubila no recibe un bono para adquirir una pensión en el mercado asegurador, cuando una trabajadora enferma no recibe una tarjeta para gestionar su protección sanitaria, sino que accede a un sistema público que reconoce la salud, la vejez o la incapacidad como derechos gestionados colectivamente.

La lógica que subyace a este modelo es la socialización del riesgo y la construcción de infraestructuras públicas capaces de garantizar derechos sin intermediación del mercado, mientras que la lógica de la Seguridad Social Alimentaria, en sus formulaciones actuales, se aproxima más a un esquema de subsidio del consumo, un banco de alimentos mejorado, en el que se mantiene intacta la estructura del mercado alimentario y se interviene únicamente en la capacidad individual de compra. Esta distinción no es un matiz conceptual, sino el núcleo del debate, porque obliga a preguntarse si estamos ante una propuesta de transformación estructural del sistema alimentario o más bien ante el apuntalamiento que consolida el modelo que pretende combatir.

Esta cuestión se vuelve todavía más relevante cuando se sitúa la propuesta en el contexto del diagnóstico que la acompaña, un diagnóstico que, en gran medida, es compartido por amplios sectores de los movimientos sociales vinculados a la soberanía alimentaria, la agroecología y la justicia alimentaria. Existe un consenso cada vez más amplio en que el sistema agroalimentario industrial está dominado por dinámicas de concentración corporativa, expulsión del campesinado, degradación ecológica, precarización del trabajo agrícola y dificultades estructurales de acceso a alimentos saludables por parte de amplias capas de la población. Sin embargo, una vez identificado el problema, las divergencias aparecen en el plano de las estrategias.

¿Hasta qué punto una política centrada en un bono alimentario puede alterar las estructuras de poder?

Porque si el núcleo del problema reside en el control de la tierra, en la concentración de la distribución, en la estructura de los márgenes de beneficio a lo largo de la cadena alimentaria, en la capacidad de las grandes corporaciones para fijar precios, condicionar la producción y definir qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, entonces la pregunta es inevitable, ¿hasta qué punto una política centrada en un bono alimentario puede alterar esas estructuras de poder? La experiencia acumulada durante décadas de iniciativas de consumo responsable, comercio justo, circuitos cortos o cooperativas de consumo muestra algo que resulta incómodo de asumir, y es que, aun siendo espacios valiosos de experimentación social, no han conseguido alterar de forma significativa la arquitectura global del sistema agroalimentario.

La cuestión no es si esa transferencia de recursos puede tener efectos en determinados nichos de mercado o en determinadas experiencias locales, que probablemente sí, sino si puede constituir una estrategia de transformación sistémica, hegemónica y popular. Porque no estamos hablando de una intervención marginal, sino de un volumen de recursos que, según sus propias estimaciones, alcanzaría cifras inmensas de gasto público. Y ante ese escenario, la pregunta ya no es solo económica, sino política en sentido estricto, qué tipo de institucionalidad se está creando, quién la gobierna, con qué legitimidad, con qué mecanismos de control democrático, y, sobre todo, qué tipo de relación establece con el conjunto del sistema público existente. Vamos a verlo.

Desde su formulación, la SSA se plantea como una extensión de la lógica de la Seguridad Social al ámbito alimentario. Sin embargo, su diseño introduce una serie de elementos híbridos que la alejan del modelo clásico de política pública. Su financiación se basa principalmente en cotizaciones obligatorias vinculadas al salario, aunque se abren otras posibilidades como reformas profundísimas del sistema fiscal actual, la lucha contra el fraude fiscal, reformas del IVA o transferencias desde otras partidas de los presupuestos públicos. Todas ellas con una probabilidad de materializarse, en el contexto actual, extremadamente baja.

En este sentido, la SSA no se concibe como un sistema de titularidad, gestión y fiscalización pública, sino como un mecanismo de contribución social obligatoria. Pero ni tan siquiera eso es lo más problemático, el mecanismo empieza a derrapar considerablemente cuando se constata que esa inmensa bolsa de dinero público se entregará a una red ciudadana paralela para que decida y administre qué alimentos se compran y donde.

La propuesta de SSA plantea que el funcionamiento del sistema descanse en una red de entidades locales —las llamadas cajas de alimentos— que agruparían a decenas de miles de personas en cada territorio. Estas estructuras asumirían funciones de gobernanza relevantes: selección de productos, definición de criterios de compra, acreditación de establecimientos y control del cumplimiento de estándares sociales y ambientales. Se plantea, además, que estos órganos garanticen la atención a necesidades alimentarias diversas, incluyendo restricciones culturales, sanitarias o éticas. No obstante, el diseño institucional de estas cajas permanece abierto, con escasa concreción sobre su composición, representatividad, mecanismos de toma de decisiones o resolución de conflictos.

Este diseño implica la construcción de un sistema altamente complejo de certificación, control y trazabilidad alimentaria, necesario para asegurar que los productos cumplen los criterios establecidos

En cuanto a los criterios de funcionamiento del sistema alimentario, la SSA propone la fijación participativa de precios tanto para productos nacionales como importados, con el objetivo de garantizar ingresos dignos a lo largo de la cadena productiva y evitar prácticas de competencia desleal. Asimismo, se prevé la aplicación de mecanismos de regulación del comercio exterior mediante precios mínimos de entrada y la incorporación de estándares de comercio justo en productos importados. Los criterios ambientales y de producción sostenible —frecuentemente asociados al enfoque agroecológico— serían definidos a diferentes escalas territoriales, en negociación entre entidades ciudadanas, cooperativas y administraciones públicas.

Este diseño implica la construcción de un sistema altamente complejo de certificación, control y trazabilidad alimentaria, necesario para asegurar que los productos cumplen los criterios establecidos. La amplitud y heterogeneidad de dichos criterios introduce, sin embargo, una dificultad estructural: la ausencia de una definición unificada y operativa de agroecología aplicable a gran escala, así como la potencial diversidad de interpretaciones en función del territorio o de la composición de los comités locales.

Las experiencias existentes que se invocan como antecedente de la SSA, principalmente en Francia y en algunos proyectos piloto en el Estado español, muestran una realidad más limitada. En la práctica, estas iniciativas se asemejan a cooperativas de consumo agroecológico o redes de distribución alternativa, con grupos reducidos de participantes y una escala de funcionamiento relativamente pequeña. El caso de Getafe, por ejemplo, se basa en un experimento financiado por una fundación privada, con un número reducido de personas que reciben una asignación mensual para consumir en un supermercado cooperativo ecológico, complementado con actividades de participación y trabajo voluntario. Estas experiencias se presentan como ensayos de un modelo más amplio, aunque su representatividad real respecto al sistema es muy cuestionable.

En el plano conceptual, la SSA se define como una política pública comparable a la sanidad universal, en tanto garantizaría un derecho básico mediante un mecanismo de acceso universal financiado colectivamente. Sin embargo, mientras la Seguridad Social clásica se basa en un sistema público de aseguramiento, gestión pública institucionalizada y prestación de derechos en función de contingencias, la SSA se configura como un sistema en el que la financiación pública es obligatoria, pero la gestión y la definición de criterios recaen en estructuras descentralizadas de carácter comunitario o mixto. Esta combinación genera una tensión entre su pretendida naturaleza de política pública universal y su diseño organizativo basado en la autogestión local.

Uno de los principales elementos que hacen que la SSA dance en el vacío se refiere, justamente, a esta gobernanza del sistema. La ausencia de un marco claro sobre la composición de los comités ciudadanos, los mecanismos de representación, la articulación entre niveles locales, regionales y estatales, o la resolución de conflictos normativos, plantea dudas relevantes sobre su viabilidad institucional. La descentralización radical del sistema podría dar lugar a una gran heterogeneidad de criterios y prácticas, con posibles desigualdades territoriales en el acceso y la definición de los derechos alimentarios.

Otro elemento crítico es la cuestión de la universalidad de la prestación. La SSA propone una asignación idéntica para toda la población, independientemente de su nivel de renta o patrimonio. Este enfoque se justifica como una forma de evitar la estigmatización asociada a las ayudas sociales tradicionales y de reforzar la idea de un derecho universal a la alimentación. Sin embargo, desde una perspectiva redistributiva, esta universalidad puede interpretarse como regresiva, en la medida en que asigna el mismo recurso público o salarial a personas con capacidades económicas muy distintas, incluyendo a los sectores de mayor renta. Quizás esa universalidad proclamada por la SSA tenga más bien que ver con la necesidad de querer llamar a esta propuesta Seguridad social, que un convencimiento real de que la ayuda tenga que ser la misma.

El aspecto económico constituye otro eje central de la crítica. Con una población cercana a los 50 millones de personas, la dotación mensual propuesta supondría un coste anual cercano a los 90.000 millones de euros, una cifra de enorme magnitud en términos de gasto público. Una cantidad monumental de dinero público que representa más que el presupuesto total de Educación (66.200 millones), poco menos que el de Sanidad (103.600€), 12 veces más que las ayudas a la vivienda (7.000 millones), o 18 veces más que toda la ayuda agrícola vinculada a la PAC en el estado (4.889 millones). Este volumen equivaldría, de hecho, a una parte sustancial del presupuesto del Estado del bienestar y tendría un impacto significativo sobre el sistema de cotizaciones. En función de las estimaciones realizadas, la financiación mediante salarios podría implicar incrementos muy relevantes en las cargas contributivas (entre un 10 y un 15% más de retención de salarios), que sumados a los % ya existentes en la actualidad se traduciría en una presión prácticamente inasumible sobre los ya muy depauperados salarios que reciben las clases populares.

Pensar que se pueden sacar 90.000 millones de euros a través de modificar la política impositiva es, cuando menos, poco realista

Una de las últimas propuestas de financiación presentadas por parte de sus impulsores se basa en ir sumando millones de euros a partir de la lucha contra el fraude fiscal e importantes reformas del sistema de IRPF, del IVA, del impuesto sobre sociedades y del de sucesiones y donaciones. En un contexto como el actual, con una gravísima y profundísima crisis de financiación de lo público (solamente hace falta mirar al sector de la educación, la sanidad o el transporte público), pensar que se pueden sacar 90.000 millones de euros a través de modificar la política impositiva es, cuando menos, poco realista.

Por último, otro elemento preocupante de esta propuesta no reside únicamente en su arquitectura institucional o en la quimérica financiación, sino en su capacidad para desplazar el eje del debate político desde el terreno de la transformación estructural hacia el terreno de la gestión del consumo. Porque mientras la discusión se centra en cómo se distribuye una tarjeta, qué criterios se aplican para su uso o qué productos pueden adquirirse con ella, otras cuestiones centrales del sistema alimentario quedan en segundo plano, el control de las infraestructuras públicas alimentarias, la regulación de los márgenes de beneficio de las grandes empresas de distribución, la fijación de precios en origen y en destino, la planificación de la producción agrícola, la reforma de los sistemas de tenencia de la tierra o la construcción de redes públicas de abastecimiento alimentario, supermercados públicos, devolver los mercados municipales al ámbito público, cocinas municipales, comarcales, etc.. Esta es la palanca efectiva de transformación.

No estamos solo ante una propuesta incompleta, sino ante una propuesta que corre el riesgo de reorganizar la agenda política en torno a un marco que no cuestiona de forma directa los núcleos de poder del sistema agroalimentario. En este sentido, la Seguridad Social Alimentaria puede funcionar, incluso sin quererlo, como un dispositivo de desplazamiento del conflicto, situando la transformación en el terreno del consumo individual subvencionado mientras se deja intacto el terreno donde realmente se concentra el poder estructural del sistema alimentario. Se trata, en sentido literal, de una propuesta estrictamente reaccionaria, que estanca los procesos más profundos.

El riesgo, por tanto, no es solo técnico ni organizativo, sino político en un sentido más amplio, porque una propuesta que nace con voluntad transformadora puede acabar insertándose en una lógica de gestión del malestar social sin alterar las estructuras que lo producen

Recuerden que allí donde se han producido avances significativos en derechos sociales, no ha sido a través de la expansión de mecanismos de voucherización del acceso a servicios, sino a través de la construcción de sistemas públicos, universales y desmercantilizados. El riesgo, por tanto, no es solo técnico ni organizativo, sino político en un sentido más amplio, porque una propuesta que nace con voluntad transformadora puede acabar insertándose en una lógica de gestión del malestar social sin alterar las estructuras que lo producen. Y cuando eso ocurre, la capacidad de transformación se diluye, aunque el discurso siga manteniendo intacta su ambición inicial.

Ni el colectivo campesino ni las reivindicaciones sociales vinculadas al consumo demandan cheques regalo, y mucho menos si se ponen en manos de comités ciudadanos locales sin mandato ni supervisión pública, lo que se demanda es un cambio en la propiedad de los sistemas de producción de alimentos y poner el derecho a una alimentación adecuada en el centro desplegando el programa que los movimientos sociales llevan reivindicando desde hace más de 30 años. Para ello no hacen falta cheques regalo, de la misma manera que para solucionar la crisis habitacional no se demandan ayudas parciales regresivas sino meter mano al sector inmobiliario desde lo público y priorizar los derechos humanos, no la ganancia corporativa.

Un banco de alimentos generalizado, financiado con dinero público erosiona todas estas luchas, las debilita y, en definitiva, fortalece al modelo que pretende combatir.

Un artículo de Javier Guzmán, Director de Justicia Alimentaria, y Ferrán García para El Salto.

La Dinamo, Perviure, Sostre Cívic y Crearqcio – Les Domèstiques, junto con una treintena más de cooperativas de vivienda y entidades de la ESS, impulsan un modelo inspirado en las ‘Community Land Trust’ europeas

Ya ha tenido lugar la primera asamblea constituyente de Custòdia – Banco de Suelos Comunitarios , una iniciativa pionera que quiere impulsar el primer Banco de Suelos Comunitarios de los territorios de habla catalana. La asociación nace con el apoyo inicial de más de 30 entidades adheridas – entre ellas, La Dinamo, Perviure, Sostre Cívic, Crearqcio – Les Domèstiques, Coop57, La Titaraña, La Borda, Fundació Roca Galès, IDRA, Sindicato Llogateres, Les Juntes u Odesca – procedentes de la vivienda cooperativa, la economía social y solidaria, el tercer sector y otras organizaciones comprometidas con el derecho a la vivienda y la gestión comunitaria del territorio.

La constitución de la asociación representa el primer paso de un proceso que culminará, previsiblemente durante el 2027 , con la creación de una cooperativa que se convertirá en el primer Banco de Suelos Comunitarios del país: una infraestructura colectiva destinada a adquirir, custodiar y preservar suelo para que se mantenga permanentemente fuera del mercado especulativo y al servicio de proyectos de vivienda asequible y otras iniciativas de interés social y comunitario.

En paralelo, Custòdia estrena también su nueva página web custodia.cat y su perfil de LinkedIn , con el objetivo de dar a conocer el proyecto, ampliar su base social y generar alianzas con instituciones, entidades y personas interesadas.

Una respuesta estructural a la crisis de acceso al suelo

Custòdia surge en un contexto marcado por la carencia de vivienda asequible, el encarecimiento del suelo y la concentración de la propiedad en manos privadas. Ante esta realidad, el proyecto propone desarrollar una herramienta estable que permita recuperar suelo del mercado privado separando la propiedad del suelo de la de los edificios , garantizando que los terrenos queden preservados de forma permanente para usos sociales.

El modelo se inspira en las experiencias internacionales de los Community Land Trusts (CLT) , presentes en varios países europeos y norteamericanos, que han demostrado su capacidad para mantener la asequibilidad de los proyectos a largo plazo mediante una gobernanza compartida entre entidades, personas usuarias y administraciones públicas.

Un espacio de cooperación entre entidades

La asociación está abierta a cooperativas, fundaciones, entidades sociales, organizaciones de la economía social y solidaria y administraciones que deseen contribuir a impulsar esta infraestructura colectiva.

Entre sus objetivos se encuentra construir un modelo de gobernanza compartido, facilitar el acceso al suelo para iniciativas comunitarias, desarrollar los instrumentos jurídicos y financieros necesarios, promover alianzas con las administraciones públicas y consolidar un marco estable de concertación público-cooperativo-comunitaria.

Durante esta primera etapa, Custòdia trabajará en la definición del modelo jurídico y organizativo, la captación de recursos, la colaboración con las administraciones y el diseño de los criterios de incorporación de suelos, con el objetivo de que la cooperativa pueda iniciar sus primeras operaciones a partir de 2027.

Sobre Custodia

Custòdia es una asociación creada para impulsar el primer Banco de Suelos Comunitarios catalán. Su misión es preservar suelo de forma permanente para vivienda asequible, proyectos comunitarios, culturales, sociales y de economía social, garantizando que estos espacios queden protegidos de la especulación y mantengan su función social a lo largo del tiempo mediante un modelo de gobernanza colectiva. Forma parte de la European Community Land Trust Network .

Las 32 entidades y cooperativas que integran la asociación Custòdia

Coop57; La Dinamo; Fundació Roca Galès; La Diversa; Associació Cultural Aleta; La Titaranya; La IDRA; Les Juntes; La Fundició; La Borda; Crearqcio – Les Domèstiques; Obradora Saió – Llosats; Odesca; El Rogle; Sindicat Llogateres; La Raval; La Ciutat Invisible; Llar Jove; Cal Blanxart; Holon; La Torreta; La Corba; FGC; Cal Bloke; Sostre Cívic; Lacol; Bloc Cooperatiu; Perviure; L’Espigall; La Teulada; Llars Familiars; y La Regadora.

Enlaces de interés:

LinkedIn

Web https://custodia.cat/

Fuente: Red Vivienda Cooperativa

Las cooperativas Ingoin y Ariwake han presentado ELKARBIZI, una nueva metodología diseñada para acompañar a personas y colectivos que quieran poner en marcha proyectos de vivienda cooperativa en cesión de uso en Euskadi desde los principios de la Economía Social y Solidaria. El proyecto, desarrollado con el apoyo del programa ERAIKAL del Gobierno Vasco, busca facilitar el recorrido de los grupos desde las primeras conversaciones hasta la consolidación de la comunidad.

La metodología estructura el proceso en cinco fases —formación del grupo, constitución de la cooperativa, acceso al suelo o inmueble, construcción o rehabilitación y convivencia— e incorpora una mirada integral que contempla tanto los aspectos jurídicos, económicos y técnicos como otros elementos fundamentales para el éxito de estos proyectos, como la participación, la gobernanza compartida, los cuidados, la cultura o la construcción de comunidad.

Uno de los elementos más innovadores de ELKARBIZI es su sistema de cuatro herramientas complementarias, que pueden utilizarse conjuntamente o de forma independiente. La guía ofrece una visión global del proceso y orienta sobre los aspectos que conviene trabajar en cada etapa; las cartas proponen preguntas, dinámicas y ejercicios para facilitar el trabajo colectivo; los tableros ayudan a visualizar el estado del proyecto, detectar cuestiones pendientes y planificar los siguientes pasos; y el portal web reúne toda la documentación y recursos, que irán ampliándose progresivamente.

Lejos de plantear un modelo cerrado, ELKARBIZI propone una metodología flexible y adaptable, para que cada comunidad pueda construir su propio itinerario según sus necesidades, su ritmo y su contexto. Todos los materiales están disponibles de forma gratuita en castellano y euskera, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de proyectos de vivienda cooperativa más participativos, sólidos y sostenibles en Euskadi.

Puedes descargarlos en la web elkarbizi.eus

Pensaba que todas las entidades funcionaban más o menos igual. Que el dinero estaba ahí, guardado, y ya. Es una pregunta que la mayoría de la gente no se hace. Se domicilia la nómina, se paga con la tarjeta, se pide una hipoteca si hace falta. Lo que el banco hace después con ese dinero rara vez entra en la conversación.

Nacimos de quienes no encontraban lo que buscaban

Fiare Banca Etica no surgió de un plan de negocio. Surgió de una necesidad concreta: a principios de los 2000, un grupo de particulares, cooperativas y entidades sociales buscábamos una alternativa a la banca convencional. Y la solución que encontramos fue construir una propia.

Hoy, más de dos décadas después, operamos con licencia bancaria en España e Italia, somos más de 50.000 personas socias en Europa y gestionamos cerca de 1.300 millones de euros en créditos.

Lo que cambia cuando sabes adónde va tu dinero

Funcionamos como cualquier entidad financiera: captamos ahorro, concedemos préstamos, ofrecemos cuentas corrientes. La diferencia está en qué analizamos antes de decir que sí a una operación.

Además de la viabilidad económica de un proyecto, evaluamos su impacto en las personas, las comunidades y el entorno. Eso significa que el dinero depositado no puede acabar financiando industria armamentística, combustibles fósiles ni actividades que vulneren derechos humanos. Y significa también que sí puede financiar una cooperativa de vivienda que lleva años esperando un préstamo que la banca convencional nunca le concedió.

Somos uno de los pocos bancos del mundo que publica online cada préstamo concedido a personas jurídicas. Cualquier persona puede consultarlo. Lo que más me sorprendió fue descubrir que podía saber exactamente dónde iba el dinero.

Detrás de esa lista hay proyectos muy concretos: comunidades energéticas que han instalado placas solares en su barrio, cooperativas de vivienda que han conseguido construir su propio edificio, proyectos de inserción laboral que han dado empleo a personas en situación de vulnerabilidad, iniciativas culturales y de agricultura ecológica que no habrían encontrado financiación en otro lugar. Como el caso de Pablo Renovable, la comunidad energética vecinal de la urbanización Pablo Iglesias en Rivas-Vaciamadrid, que agrupa ya a unas 500 viviendas y aspira a convertirse en el mayor barrio solar de España; el cohousing Walden XXI, en Sant Feliu de Llobregat, donde un grupo de personas mayores ha levantado en cesión de uso su propio edificio cooperativo; o Bioalverde, en Sevilla, que ha recuperado terrenos abandonados a las afueras de la ciudad para cultivarlos de forma ecológica mientras da trabajo a personas en riesgo de exclusión social. Proyectos distintos, en países y sectores diferentes, pero unidos por una misma lógica: financiación que no busca solo rentabilidad, sino que pone el dinero al servicio de las personas y del territorio.

Sostener un modelo distinto en un mercado que no lo pone fácil

No es un camino sencillo. Operar bajo criterios éticos significa renunciar a operaciones rentables que no superan nuestro filtro de impacto, y competir con entidades que no cargan con esos límites. En un contexto de tipos de interés al alza y de presión constante hacia la concentración bancaria, sostener una banca de tamaño mediano, cooperativa y transparente exige defender activamente un modelo que la lógica del sector no premia por sí sola.

Trabajar en finanzas sin perder de vista a las personas

Trabajo en el área de atención al cliente del banco, resolviendo dudas, problemas técnicos y necesidades de información. Detrás de cada operación hay personas intentando dar respuesta a necesidades reales. Eso cambia cómo te lo tomas.

Nuestra gobernanza refuerza esa lógica: como cooperativa, las personas socias no solo depositamos nuestro dinero, sino que participamos en las decisiones sobre el rumbo de la entidad. Una socia, un voto, independientemente del capital aportado. Yo participo cada año en las asambleas, votando los balances y las decisiones que marcarán el rumbo del banco.

Una alternativa que crece

En estos cinco años, nuestro capital social ha superado los 100 millones de euros y el ahorro gestionado alcanza ya los 2.800 millones.

Antes tenía la sensación de que elegir un banco ético era un gesto simbólico, algo marginal. Pero ahora veo claro que el impacto de nuestro dinero es importante.

Elegir dónde se deposita el ahorro no cambia por sí solo el sistema financiero. Pero es, también, una forma de participar en la economía que queremos construir. Más que un banco alternativo, Fiare se ha consolidado como parte de un movimiento más amplio de personas que han decidido que las finanzas también pueden mirar a quién sirven. Y esa posibilidad es lo que hace que merezca la pena levantarme cada mañana para ir a trabajar a un banco.

Esta historia forma parte de la campaña Historias de ESSperanza de REAS Red de Redes, que recorre iniciativas pioneras de la economía social y solidaria que demuestran que otra forma de hacer economía es posible y está en marcha.

Un  artículo de Maite Soriano, Trabajadora de Fiare Banca Ética, para El Salto.

REAS Red de Redes pone en marcha un Ciclo de Foros: cuatro encuentros territoriales —en Catalunya, Navarra-Euskadi, País Valencià y Balears—, un foro online y un Foro Estatal presencial en Madrid, para impulsar la cooperación público-comunitaria entre administraciones públicas y la Economía Social y Solidaria.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto COOPUBLIC_ESS: Impulso de la cooperación público-comunitaria para el Desarrollo Sostenible desde la Economía Social y Solidaria, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y busca generar espacios de diálogo estructurado que permitan identificar, sistematizar y compartir buenas prácticas, propuestas de políticas públicas y estrategias de coproducción, contribuyendo al cumplimiento de la Agenda 2030.

Cuatro foros territoriales

El ciclo arranca con cuatro citas territoriales que reunirán a personal técnico y político de las administraciones públicas, entidades y empresas de la ESS, y organizaciones de la sociedad civil de cada territorio:

• Foro Catalunya — [16 de Septiembre de 12 a 14h] · [Online]
• Foro País Valencià — [17 de Septiembre de 12 a 14h] · [Online]
• Foro Euskadi-Nafarroa — [23 de Septiembre de 12 a 14h] · [Online]
• Foro Balears — [24 de Septiembre de 12 a 14h] · [Online]

Los cuatro encuentros compartirán una misma estructura:

Nos ponemos en contexto. Presentamos el proyecto COOPUBLIC, sus claves sobre cooproducción de políticas públicas, y nos conocemos entre las personas participantes.

Compartimos experiencias. Una mesa de buenas prácticas con voces de la administración pública y de la ESS, con ejemplos reales de cooperación público-comunitaria en sectores como los cuidados, la energía, la vivienda cooperativa, el consumo responsable, la alimentación sostenible o la economía circular.

Trabajamos juntas. El núcleo de la jornada: un trabajo en grupo para indagar, por temas y sectores, qué cooperación público-comunitaria existe ya en el territorio, qué la favorece, qué la dificulta y cómo potenciarla.

Cerramos y miramos a octubre. Ponemos en común lo trabajado y nos emplazamos al foro online que reunirá a los cuatro territorios.

Un foro online para conectar territorios

Las aportaciones recogidas en los cuatro foros territoriales se pondrán en común en un foro online, previsto para el viernes 9 de octubre, que permitirá a las personas participantes de los distintos territorios intercambiar conclusiones y consolidar propuestas conjuntas de cara al cierre del ciclo. Se trata de un evento abierto también para personas de otros territorios interesadas en este espacio estatal que no puedan asistir al encuentro presencial de Madrid.

Foro Estatal en Madrid: cierre del ciclo

El ciclo culminará con un Foro Estatal presencial en Madrid el  viernes 16 de octubre, que reunirá a administraciones públicas, entidades de la ESS y agentes sociales de todo el Estado para presentar los principales resultados y estrategias de cooperación público-comunitaria surgidas del proceso, así como una hoja de ruta con las medidas prioritarias validadas durante el evento.

Sobre COOPUBLIC_ESS

El proyecto COOPUBLIC_ESS da continuidad al trabajo de incidencia social y política que REAS Red de Redes desarrolla desde hace más de 30 años, promoviendo la cooperación entre administraciones públicas y la Economía Social y Solidaria como motor de un desarrollo sostenible, inclusivo y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Esta actividad forma parte del proyecto COOPUBLIC_ESS, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad subvencionada y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El cambio climático afecta especialmente a las mujeres, aunque desempeñan un papel clave en las economías locales y en las soluciones. Sin embargo, las mujeres tienen mucho menos acceso a la financiación climática y a los recursos financieros. Las microfinanzas pueden contribuir a cambiar esta situación fortaleciendo su posición económica y su resiliencia climática. 

La comunidad internacional coincide cada vez más en que el cambio climático no es un reto que pueda dejarse para más adelante. Tal y como se acordó en el Acuerdo de París, los países tienen la responsabilidad de proteger a su ciudadanía y contribuir activamente a las soluciones frente al cambio climático. Los recientes avances jurídicos y políticos, como la resolución de la Corte Internacional de Justicia y la posterior resolución de las Naciones Unidas, también subrayan esta obligación legal. 

A pesar de este consenso creciente sobre la necesidad de hacer frente al cambio climático, todavía hay una distancia considerable entre la ambición y la práctica.  Aunque cada vez hay más financiación climática disponible, el acceso a ella sigue estando lejos de ser equitativo. 

Financiación climática y desigualdad 

La crisis climática no afecta a todas las personas por igual. El cambio climático afecta con mayor dureza a las mujeres porque las desigualdades existentes en roles, poder y acceso a recursos aumentan su vulnerabilidad. De aquí a 2050, los efectos del cambio climático podrían empujar a la pobreza a 158 millones de mujeres y niñas, 16 millones más que el número total de hombres y niños. Esta diferencia ya es visible hoy. Por ejemplo, el 80 % de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres. 

Una razón importante son los roles sociales que las mujeres suelen asumir. En todo el mundo, las mujeres realizan más del 75 % del trabajo no remunerado. Cuando se producen desastres climáticos, esta carga aumenta aún más, ya que las mujeres asumen responsabilidades adicionales para ayudar a sus hogares y comunidades a recuperarse y reconstruirse. Las mujeres también suelen tener menos acceso a la educación, los ingresos y la toma de decisiones, lo que reduce su capacidad para adaptarse al cambio climático. 

Las desigualdades económicas y legales aumentan aún más esta vulnerabilidad. Aunque un tercio del empleo femenino en todo el mundo se encuentra en la agricultura, las mujeres representan solo el 12,6 % de las personas propietarias de tierras. Además, el 90 % de los países tiene leyes que limitan las oportunidades económicas de las mujeres. Entre ellas hay leyes que impiden a las mujeres trabajar en fábricas o aceptar un empleo sin el permiso de su marido. Estas desigualdades económicas hacen que a las mujeres les resulte más difícil protegerse frente a los efectos del cambio climático, ya que los impactos climáticos se ven agravados por las desigualdades existentes. 

Al mismo tiempo, las mujeres desempeñan un papel fundamental en las economías locales y en las soluciones climáticas. En muchas comunidades, son responsables de la producción de alimentos, la gestión del agua y pequeños negocios. Sus conocimientos y su posición las convierten en piezas esenciales para la transición hacia una economía más sostenible y resiliente. 

Las mujeres, motor de un cambio duradero 

La investigación muestra que, cuando las mujeres tienen el mismo acceso a ingresos y recursos, las economías crecen más rápido y de forma más inclusiva. A largo plazo, la economía podría llegar a ser hasta un 20 % mayor. Las mujeres también pueden tener un efecto multiplicador en la reducción de la pobreza, ya que reinvierten hasta el 90 % de sus ingresos en sus familias, comunidades y educación.

Si las mujeres tuvieran el mismo acceso a recursos que los hombres, la producción agrícola aumentaría y el número de personas que padecen hambre en el mundo se reduciría entre un 12 % y un 17 %. Las mujeres también marcan una diferencia demostrada en la toma de decisiones. Los estudios muestran que una mayor representación de mujeres en cargos políticos está relacionada con menores emisiones nacionales de CO₂. 

Sin embargo, el acceso de las mujeres a la financiación climática sigue muy por detrás. Las agricultoras reciben solo el 10 % del total de la ayuda al desarrollo destinada a la agricultura, la silvicultura y la pesca. También tienen menos acceso a información que podría fortalecer su resiliencia climática, como conocimientos sobre tecnologías de adaptación. 

En todo el mundo, mil millones de mujeres, más del 40 %, están excluidas de los sistemas financieros formales. Esto limita directamente su acceso a los recursos que necesitan para invertir en soluciones climáticas o recuperarse de perturbaciones climáticas. Las mujeres también siguen teniendo menos probabilidades de acceder a una cuenta bancaria y al crédito. Para muchas de ellas, la falta de garantías es el principal obstáculo. 

Un sistema que no funciona para todo el mundo 

Una parte importante del problema está en la forma en que se estructura la financiación climática. Muchos mecanismos de financiación están diseñados para proyectos a gran escala y organizaciones con capacidad suficiente para gestionar procedimientos complejos. Para las iniciativas locales y las organizaciones lideradas por mujeres, esto crea una barrera importante. 

Solicitar financiación suele requerir conocimientos técnicos, una amplia documentación y una base financiera sólida. Para las personas que no tienen acceso a servicios bancarios formales o no disponen de garantías, esto resulta muy difícil. Los factores sociales y culturales refuerzan este problema, ya que las mujeres suelen tener menos control sobre los recursos financieros y menos acceso a redes e información. 

Como resultado, la financiación climática llega principalmente a grandes actores internacionales, mientras que las soluciones locales, en las que las mujeres suelen desempeñar un papel clave, siguen recibiendo pocos recursos. Esto crea una paradoja: los grupos que son esenciales para una acción climática eficaz son los que menos acceso tienen a los recursos que necesitan para cumplir ese papel. 

El papel clave de las finanzas inclusivas 

Precisamente ahí se abre una oportunidad importante, y las microfinanzas pueden ayudar a aprovecharla. Cuando la financiación se adapta mejor a la realidad de las mujeres y de las personas con pequeños negocios, el impacto puede ser considerable. Las herramientas financieras accesibles, como las microfinanzas, permiten invertir a pequeña escala en soluciones que contribuyen directamente a la resiliencia climática. 

Esto puede incluir inversiones en agricultura sostenible, gestión del agua o energía limpia local. Estas iniciativas suelen requerir importes relativamente pequeños, pero tienen un impacto directo y visible en la vida diaria. Estos pequeños préstamos accesibles permitEn a las mujeres, muchas veces por primera vez, invertir en su negocio, explotación agrícola u hogar.

Esto aumenta sus ingresos y su independencia económica, y las ayuda a estar mejor preparadas frente a futuras perturbaciones climáticas. Al hacer que la financiación sea más accesible y se adapte mejor a las realidades locales de las mujeres, puede lograrse un doble beneficio: mayor impacto climático y más igualdad social. 

El papel de Oikocredit 

Oikocredit contribuye a este enfoque utilizando la financiación como palanca para la justicia climática. A través de organizaciones socias locales, Oikocredit invierte en finanzas inclusivas para que las mujeres y las personas con pequeños negocios puedan acceder a los recursos que necesitan para hacer que su negocio, explotación agrícola u hogar sean más resilientes frente a las perturbaciones climáticas. En 2024, el 88 % de los clientes finales alcanzados por nuestras organizaciones socias fueron mujeres. 

Este trabajo se vuelve especialmente tangible cuando la financiación llega a las personas a través de soluciones prácticas y arraigadas en el territorio. Un ejemplo es Ebo Sacco, una cooperativa de ahorro y crédito del suroeste de Uganda que es organización socia de Oikocredit desde 2016. Ebo Sacco ofrece a sus más de 92.000 miembros préstamos, productos de ahorro y formación. A través de un programa especial de préstamos centrado en agua, saneamiento e higiene, la cooperativa ha apoyado ya a más de 300 agricultores y agricultoras del llamado «Cattle Corridor» de Uganda para que inviertan en soluciones de agua y saneamiento.

Entidades de finanzas éticas de distintos países europeos han remitido una carta abierta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, y a los comisarios Maria Luís Albuquerque y Valdis Dombrovskis, coincidiendo con la evaluación que Bruselas está realizando sobre la competitividad del sector bancario europeo y la situación general del mercado bancario único de la Unión Europea. Entre los firmantes figuran Banca Popolare Etica, Triodos Bank, GLS Bank, La Nef, Hefboom, Ekobanken, APS Bank o Cooperative Bank of Karditsa, junto a organizaciones como Finance Watch, el grupo de incidencia de FEBEA o ASUFIN, además de diversas personas expertas del ámbito académico y financiero.

En la carta, las organizaciones defienden que cualquier proceso de simplificación de la regulación bancaria debe preservar la resiliencia del sistema financiero europeo y mantener la fortaleza de su base de capital. Asimismo, reclaman que la futura regulación tenga en cuenta la diversidad de modelos bancarios existentes en Europa y establezca un marco proporcionado para las entidades pequeñas y no complejas.

Una contribución al debate sobre el futuro de la banca europea

La iniciativa responde al proceso de evaluación que la Comisión Europea está llevando a cabo sobre la competitividad del sector bancario y las posibles medidas para simplificar el marco regulatorio. Las entidades  firmantes comparten el objetivo de impulsar una economía europea próspera y competitiva, pero sostienen que ello requiere un sector financiero estable, resiliente y diverso, capaz de resistir crisis futuras y de seguir financiando la economía productiva a largo plazo.

Según recoge la carta, la resiliencia financiera se sustenta en tres elementos fundamentales: una buena gobernanza, una adecuada gestión de riesgos y una sólida base de capital. Por ello, las organizaciones consideran que la simplificación normativa debe centrarse en mejorar la eficiencia del marco regulatorio, eliminar duplicidades y reducir discrepancias nacionales, sin debilitar los mecanismos de resiliencia existentes.

Fuente: Valor social

Comprar ropa, gadgets tecnológicos o decoración por menos de lo que cuesta un café parece un chollo. Plataformas como Shein, Temu o AliExpress han revolucionado el comercio electrónico con precios extraordinariamente bajos y una oferta casi infinita. Pero, ¿cómo es posible vender tan barato? ¿Y qué coste ambiental, social y económico se esconde detrás de estos precios?
Del low cost al ultra low cost

Hace unas décadas, el concepto low cost revolucionó varios sectores de consumo. Sobre todo llegó de la mano de las compañías aéreas, que ofrecían vuelos a precios muy bajos, con una promesa clara: pagar menos a cambio de renunciar a algunas prestaciones.

Pero en los últimos años hemos dado un paso más. La llegada de plataformas como Shein (moda ultra rápida) y Temu o AliExpress (mercados digitales que venden todo tipo de productos a precios muy baratos) ha consolidado lo que ya se conoce como ultra low cost: productos vendidos a precios todavía más bajos, tan bajos, que a menudo cuesta entender cómo han sido fabricados, transportados y comercializados sin perder dinero por el camino.

Una camiseta por 3 euros, unos pendientes por menos de 1 euro o un aparato electrónico por pocos euros ya no son excepciones, sino una parte central de un modelo de negocio basado en una oferta casi infinita, descuentos constantes y compras impulsivas.

Qué costes quedan fuera de la etiqueta. Porque, cuando los precios llegan a estos extremos, es inevitable preguntarse quién está asumiendo la diferencia.

El modelo de negocio de las plataformas ultra low cost

AliExpress, fundada el 2010 por el grupo Alibaba, fue una de las primeras grandes plataformas a conectar directamente fabricantes chinos con consumidores de todo el mundo. Años más tarde llegaron Shein, especializada en moda ultra rápida, y Temu, lanzada el 2022, y que en muy poco tiempo se ha convertido en una de las aplicaciones de compras más descargadas del mundo.

A pesar de sus diferencias, comparten un mismo modelo de negocio: vender directamente por internet, eliminar intermediarios, producir a gran escala y ofrecer una cantidad casi infinita de productos a precios extraordinariamente bajos. A través de algoritmos, promociones constantes y una experiencia de compra muy gamificada, consiguen que comprar sea fácil, rápido y a menudo impulsivo.

Su crecimiento ha sido espectacular. Millones de personas compran regularmente en estas plataformas, atraídas por precios difíciles de encontrar en el comercio convencional.

Ultra low cost: ¿cómo pueden vender tan barato?

Este modelo no se basa en un único secreto ni en una innovación revolucionaria. Los precios extremadamente bajos que ofrecen son el resultado de la combinación de varios factores que permiten reducir costes en casi todas las etapas del proceso: desde la fabricación hasta la distribución, pasando por la logística y la fiscalidad.

• Producción muy barata. Una parte importante de los productos que se venden en estas plataformas se fabrican en China y en otros países asiáticos con costes laborales muy bajos. Además, varias investigaciones periodísticas como «Dejarse la piel por Shein» han denunciado casos de jornadas laborales muy largas, horas extras excesivas y sistemas de producción sometidos a una fuerte presión para cumplir plazos muy ajustados. Esta presión, además, no afecta solo los salarios, sino también otros aspectos como la seguridad laboral, la protección social o la capacidad de las personas trabajadoras para negociar mejoras en sus condiciones.
• Economías de escala. Estas plataformas operan a escala global y venden centenares de millones de productos cada año, hecho que les permite negociar mejores precios con fabricantes, empresas logísticas y proveedores de servicios. Cuanto mayor es el volumen de producción o de ventas, menor es el coste unitario de cada producto.
• Venta directa. Estas empresas eliminan buena parte de los intermediarios tradicionales. Plataformas como Temu o AliExpress conectan directamente fabricantes y consumidores a través de internet. Además, no necesitan mantener una extensa red de tiendas físicas (con los costes de alquiler, personal y mantenimiento que esto implica). Esta estructura más simple permite reducir gastos y ofrecer precios más bajos.
• Ventajass fiscales y aduaneras. Durante años, el crecimiento de estas plataformas también se ha visto favorecido por determinadas normas comerciales internacionales. Tradicionalmente, muchos paquetes de bajo valor enviados directamente desde países extracomunitarios han sido sometidos a menos controles aduaneros y, en algunos casos, han disfrutado de exenciones fiscales o procedimientos simplificados. Esto ha permitido reducir costes administrativos y agilizar las importaciones. A pesar de que la situación está cambiando, el enorme volumen de paquetes que llegan diariamente continúa representando un reto para las autoridades aduaneras y de vigilancia de mercado.

La reflexión que hay que hacer es si estos ahorros son, en realidad, costes que se están trasladando a otros lugares: a las personas trabajadoras, al medio ambiente o a los sistemas públicos de control y regulación.

El impacto ambiental: millones de paquetes en movimiento

Cuando pensamos en el impacto ambiental de una compra, a menudo nos fijamos en el producto: de que está hecho, si es reciclable o cuánto ha contaminado fabricarlo. Pero en el caso de las plataformas de ultra low cost, una parte muy importante del impacto se genera mucho antes que el paquete llegue a casa nuestra. El transporte, la rapidez de las entregas, la producción constante de novedades y la corta vida útil de los productos hacen que la huella ambiental de este modelo sea especialmente elevada.

• Transporte. Una de las características de estas plataformas es que envían los pedidos directamente desde los centros logísticos asiáticos hasta la persona consumidora. En lugar de enviar grandes cantidades de productos a tiendas o distribuidores locales, hacen llegar millones de paquetes individuales a domicilios de todo el mundo. Este modelo multiplica los trayectos y hace que, cada día, una enorme cantidad de pequeños paquetes recorra miles de kilómetros antes de llegar a su destino. Además, una parte importante de los envíos se hace por vía aérea. A pesar de ser el medio de transporte más rápido, también es uno de los más contaminantes: transportar mercancías en avión puede generar muchas más emisiones de gases invernadero que hacerlo por barco o ferrocarril.
• • isiones. La extracción de materias primas, la fabricación, el transporte internacional, la distribución y el embalaje forman parte de su huella ambiental de un producto. Cada producto puede tener una huella muy superior a la que imaginamos.
  • Sobreproducción. En el caso de la moda, marcas como Shein han convertido la renovación constante del catálogo en el centro de su modelo de negocio y llega a incorporar miles de nuevos productos cada día. Esta oferta casi inagotable incentiva un consumo continuo y acelera el ritmo con que se fabrican, se vienen y se descartan las prendas de ropa. El resultado es un aumento de las emisiones asociadas a toda la cadena de producción y distribución, muy superior a lo que generaría un modelo basado en fabricar menos prendas, más duraderas y durante más tiempo.
  • Residuos. Los precios extremadamente bajos hacen que muchos productos sean percibidos como fácilmente sustituibles. Cuando una camiseta cuesta 3 euros o unos auriculares 5, es más probable que se reparen menos, se utilicen durante menos tiempo y se reemplacen antes. Esta dinámica contribuye a aumentar los residuos, especialmente en dos sectores muy presentes en estas plataformas: el textil y la pequeña electrónica. A todo esto hay que añadir los embalajes. Cada pedido acostumbra a llegar envuelto individualmente con bolsas de plástico, sobres, cajas, etiquetas y materiales de protección. Cuando se multiplica este embalaje por millones de paquetes diarios, el volumen de residuos generado es enorme.

  En definitiva, el problema no es solo el producto que compramos, sino un modelo de consumo basado en comprar mucho, comprar a menudo y sustituir rápidamente aquello que todavía podría continuar haciendo servicio.

  ¿Qué sabemos de las condiciones laborales?

  Una de las preguntas que más a menudo genera el fenómeno del ultra low cost es quién fabrica estos productos y en qué condiciones. A pesar de que las grandes plataformas aseguran que exigen a sus proveedores el cumplimiento de estándares laborales, numerosas investigaciones periodísticas e informes de organizaciones independientes han puesto en entredicho hasta qué punto estos controles son efectivos.

  • Jornadas laborales muy largas. En los últimos años, varios reportajes han documentado las condiciones de trabajo en fábricas proveedoras de plataformas como Shein. Entre las situaciones descritas hay jornadas laborales de 12 horas o más, muy pocos días de descanso al mes y sistemas de remuneración vinculados a la cantidad de prendas producidas. Estas prácticas no son exclusivas de una única empresa ni se pueden atribuir a todas las fábricas que trabajan para estas plataformas. Ahora bien, sí que reflejan la presión que genera un modelo basado en fabricar grandes volúmenes, renovar constantemente el catálogo y ofrecer precios cada vez más bajos.
  • Una cadena de suministro difícil de seguir. Conocer el origen real de un producto es mucho más complicado de lo que puede parecer. Las grandes plataformas trabajan con miles de fabricantes y subcontratistas, que pueden cambiar con frecuencia según la demanda. Esta complejidad dificulta la trazabilidad: es decir, saber exactamente dónde se ha fabricado un producto, quién lo ha confeccionado y en qué condiciones. También hace más difícil detectar irregularidades y exigir responsabilidades cuando se producen vulneraciones de los derechos laborales.

  • • Transparencia insuficiente. Otra de las críticas recurrentes es la carencia de transparencia. A pesar de que muchas empresas publican códigos éticos o informas de sostenibilidad, a menudo no facilitan información detallada sobre todos sus proveedores, los resultados de las auditorías o las medidas adoptadas ante posibles incumplimientos. Sin esta información es difícil que las personas consumidoras, las administraciones o las organizaciones independientes puedan verificar si los compromisos sociales se cumplen realmente.
    • Un modelo que incrementa los riesgos. Cuando una empresa exige producir más rápido, más barato y con plazos muy cortos, aumenta la presión sobre toda la cadena de suministro. En este contexto, es más probable que aparezcan jornadas excesivas, sueldos insuficientes, subcontrataciones opacas u otras prácticas que vulneren los derechos laborales.

    Por eso, detrás de un precio extraordinariamente bajo a menudo hay una pregunta incómoda pero necesaria: si fabricar, transportar y vender un producto tiene un coste, ¿quién está asumiendo la diferencia? Demasiado a menudo, esta diferencia recae sobre las personas trabajadoras, sobre el medio ambiente o sobre ambos a la vez.

    Comprar ultra barato también tiene efectos aquí: ¿qué pasa cada vez que compramos en estas plataformas?

    Más allá de los impactos ambientales y laborales en los países productores, que se pueden percibir como lejanos, a nivel local los impactos sobre la economía son muy tangibles: afectan las calles donde compramos, los puestos de trabajo de nuestro entorno e incluso los ingresos públicos.

  • • Menos negocio para el comercio local. Una tienda de barrio, una librería o una tienda de ropa tienen que asumir gastos que las grandes plataformas digitales no tienen: alquileres, personal, impuestos locales, suministros… Cuando muchas de las compras se desplazan hacia otras plataformas, el comercio local pierde facturación y tiene más dificultades para mantenerse. El resultado es una mayor homogeneización de las calles comerciales y la desaparición progresiva de comercios independientes. Pero las consecuencias no son solo económicas, también afecta la vida comunitaria: menos comercio a menudo implica menos actividad en los barrios, menos relaciones de confianza y menos espacios de encuentro.
    • Ocupación: ¿qué puestos de trabajo se crean y cuáles se pierden? Las plataformas digitales generan ocupación, especialmente en logística, reparto y almacenamiento. Pero a menudo se trata de puestos de trabajo con menos valor añadido y más presión laboral que los que desaparecen en sectores como el comercio, la reparación o la producción local. Además, buena parte del valor económico generado por las compras no se queda en el territorio. Cuando compramos en una tienda local, una parte importante del dinero se redistribuye en forma de salarios, proveedores locales o impuestos. Cuando compramos a una gran plataforma internacional, una parte mucho más grande de los beneficios marcha fuera.
    • Menos capacidad para reparar y reutilizar. El modelo ultra low cost favorece la sustitución antes de que la reparación. Si un objeto cuesta muy poco, a menudo sale más barato comprar uno nuevo que arreglarlo. Esto perjudica oficios locales vinculados a la reparación (costura, electrónica, zapatería, carpintería) y contribuye a la pérdida de conocimientos y actividades económicas que alargan la vida útil de los productos, aparte del impacto evidente en la generación y necesaria gestión de los residuos.
    • Competencia difícil para las empresas responsables. Las empresas que intentan producir con criterios sociales y ambientales o de comercio justo tienen muchas dificultades para competir con productos vendidos a precios extremadamente bajos. Cuando el factor determinante es solo el precio, las iniciativas locales, cooperativas o sostenibles juegan con desventaja. Esto puede desincentivar modelos empresariales como la economía social y solidaria, que generan ocupación de calidad y reducen impactos ambientales.

    La decisión de compra no solo afecta quién fabrica el producto, sino también el modelo económico que reforzamos.

    ¿Qué podemos hacer como sociedad?

    Ante el impacto de las plataformas de ultra low cost, a menudo el debate se centra en qué podemos hacer como consumidoras. Pero las decisiones individuales tienen un recorrido limitado si el mercado continúa premiando los productos más baratos, aunque su coste social o ambiental sea muy elevado.

    Desde el Derecho al Consumo Responsable defendemos que todas las personas tendrían que poder tomar decisiones de consumo alineadas con sus valores sin tener que asumir una carga excesiva de tiempo, dinero o información. Para que esto sea posible, hace falta que las administraciones y las empresas también asuman su responsabilidad y establezcan unas reglas del juego más justas.

    En los últimos años, varios gobiernos e instituciones han empezado a impulsar medidas para limitar los impactos del ultra low cost y favorecer modelos de producción y consumo más sostenibles.

    Medidas que ya se discuten o se están implementando:

    • Regular la moda ultra rápida. de la ultra fast fashion. Entre las medidas propuestas hay restricciones a la publicidad, obligaciones de información ambiental y mecanismos para que los productos más contaminantes asuman una parte más grande de los costes que generen.

    • Exigir más transparencia. Otra línea de actuación es obligar las empresas a informar con más detalle sobre su cadena de suministro: dónde fabrican, qué proveedores utilizan y qué medidas adoptan para garantizar el respecto a los derechos laborales y ambientales. Una información más accesible permitiría tanto a las administraciones como las personas consumidoras tomar decisiones más informadas.

    • Aplicar la responsabilidad ampliada de los productores. O lo que es lo mismo: hacer que quien pone un producto al mercado asuma los impactos. La responsabilidad ampliada del productor es un principio cada vez más presente en la legislación europea. Consiste en hacer que las empresas asuman una parte de los costes ambientales que generan sus productos, especialmente cuando se convierten en residuos. Este modelo incentiva que los productos sean más duraderos, reparables y fáciles de reciclar, en lugar de fomentar la sustitución constante.

    • Incorporar los costes ambientales en el precio. Cuando un producto es extraordinariamente barato, a menudo es porque algunos de sus costes no se reflejan en el precio final. La fiscalidad ambiental busca corregir este desequilibrio haciendo que actividades especialmente contaminantes contribuyan a financiar los impactos que generan. El objetivo no es encarecer el consumo por sí mismo, sino evitar que los productos con más impacto ambiental sean, paradójicamente, los más económicos.

    • Garantizar el derecho a reparar. Alargar la vida útil de los productos es una de las maneras más efectivas de reducir el consumo de recursos y la generación de residuos. Por eso, la Unión Europea está impulsando el derecho a la reparación, que obliga los fabricantes a facilitar piezas de repuesto, información técnica y servicios de reparación durante más tiempo. Estas medidas también pueden reforzar los oficios locales vinculados a la reparación y reducir la dependencia de un modelo basado en el comprar y tirar.

    • Reforzar los controles sobre los productos importados. El enorme volumen de paquetes que llegan diariamente a Europa hace muy difícil comprobar que todos cumplen la normativa sobre seguridad, calidad, derechos laborales o impacto ambiental. Por eso, cada vez hay más iniciativas para reforzar los controles aduaneros, exigir las mismas garantías a los productos importados que a los fabricados dentro de la Unión Europea y evitar que las plataformas compitan aprovechando diferencias regulatorias.

    La responsabilidad no puede recaer solo en las personas consumidoras. Consumir es una decisión personal, pero el mercado en el que compramos es una construcción colectiva. Si queremos que las opciones más sostenibles dejen de ser la excepción, no basta con pedir más esfuerzo a las personas consumidoras: también hacen falta normas que garanticen unas condiciones de competencia más justas y protejan tanto los derechos de las personas como los límites del planeta.

    Fuente: Opcions

La Red de MujerES por la Economía Social se presentó el pasado 22 de junio, en Mataró, Capital Española de la Economía Social 2026, en un acto impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y enmarcado en la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027. La iniciativa nace como un espacio estable de encuentro, aprendizaje, análisis y cooperación entre mujeres de la economía social, con el objetivo de reforzar la perspectiva de género, la igualdad y el feminismo dentro de este ecosistema. En el encuentro participaron mujeres representantes de distintos sectores de la economía social, entre ellos las finanzas éticas, la vivienda, la pesca, la energía, los cuidados y el sector agroalimentario.

La creación de la Red responde a una realidad que el Ministerio identifica con claridad: aunque la presencia de mujeres en las entidades de la economía social es amplia y diversa, persisten desequilibrios estructurales en el acceso a los espacios de representación, en la visibilidad de las iniciativas impulsadas por mujeres y en el reconocimiento institucional.

La Red de MujerES por la Economía Social se presentó el pasado 22 de junio, en Mataró, Capital Española de la Economía Social 2026, en un acto impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y enmarcado en la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027. La iniciativa nace como un espacio estable de encuentro, aprendizaje, análisis y cooperación entre mujeres de la economía social, con el objetivo de reforzar la perspectiva de género, la igualdad y el feminismo dentro de este ecosistema. En el encuentro participaron mujeres representantes de distintos sectores de la economía social, entre ellos las finanzas éticas, la vivienda, la pesca, la energía, los cuidados y el sector agroalimentario.

La creación de la Red responde a una realidad que el Ministerio identifica con claridad: aunque la presencia de mujeres en las entidades de la economía social es amplia y diversa, persisten desequilibrios estructurales en el acceso a los espacios de representación, en la visibilidad de las iniciativas impulsadas por mujeres y en el reconocimiento institucional.
acto de presentación de la Red de MujerES por la Economía Social, el 22 de junio 2026, en Mataró

Manifiesto de la Red

La Red se presentó junto a un Manifiesto que reconoce el papel de las mujeres en un modelo económico basado en la cooperación y la dignidad. Según datos aportados por el Ministerio de Trabajo y economía Social, las mujeres representan el 68% de la fuerza de trabajo en la economía social. Sin embargo, su presencia en los órganos de gobernanza y en los puestos de dirección sigue estando por debajo de su peso real en el ecosistema.

En este sentido, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, defendió la necesidad de seguir avanzando en igualdad dentro de la economía social. Díaz recordó que “las mujeres, dentro de la ES, todavía no tienen la debida paridad en los consejos rectores ni en los órganos en los que se toman las decisiones”. En sectores como el agroalimentario, indicó Díaz, “apenas una de cada diez personas que se sientan en un consejo rector es mujer”.

El Manifiesto insiste en que la igualdad no puede ocupar un lugar secundario en la economía social. “Allí donde las mujeres aún encuentran puertas entreabiertas, techos invisibles o silencios impuestos, la democracia económica permanece incompleta”, recoge el texto. Por ello, plantea que la igualdad debe atravesar las políticas, las instituciones, las formas de representación y los modos de organización.

Abordar la distancia entre presencia y poder de decisión

La Red de MujerES nace precisamente para abordar esa distancia entre presencia y poder de decisión. Sus objetivos son identificar y visibilizar iniciativas de economía social impulsadas o lideradas por mujeres en distintos territorios; analizar, promover y difundir instrumentos y medidas con enfoque de género aplicables a las entidades; y consolidar una comunidad de aprendizaje y colaboración que favorezca el intercambio de experiencias, el desarrollo de capacidades y la generación de alianzas.

La iniciativa se sitúa dentro de la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027, que incorpora la igualdad de género como eje transversal. El plan de trabajo anunciado por el Ministerio prevé la celebración de un encuentro anual y distintas actuaciones durante el primer año de vigencia de la Red. Entre ellas se incluyen la difusión de conclusiones tras el encuentro anual, la consolidación de las mujeres que forman parte de la Red, un mapeo de iniciativas lideradas por mujeres de la economía social, una selección de buenas prácticas y la revisión de políticas, herramientas y medidas para realizar seguimiento y consolidar la evaluación de la iniciativa.

El Parlamento Europeo comenzó 2026 con la enésima resolución a favor de la soberanía tecnológica. Para este mismo Parlamento, a petición de su entonces presidente, ya en 2019, antes de la COVID, elaboramos un informe de 200 páginas sobre cómo activarla. Muchas proclamas, pero la acción institucional real es escasa, aunque las instituciones tienen los instrumentos para virar de una vez: la contratación pública.

El software libre se caracteriza por el hecho de que quien lo crea decide dejarlo visible para que cualquier persona con conocimientos de código pueda ver qué ejecuta, cómo lo hace y pueda modificarlo, mejorarlo y corregirlo. Los otros tipos de software son una caja negra para quien lo compra y para quien lo utiliza. Todo ese software basura que nos frustra y nos atormenta son cajas negras: los proveedores prometen el sol y la luna, y si el resultado no nos gusta, hay que tirar la inversión y volver a hacerlo desde cero con otro proveedor.

Digitalizar con software libre no es una cuestión “técnica”, es una decisión política: servir a las personas y sus derechos o servir intereses corporativos. Cuando una administración usa herramientas que cualquiera puede auditar, adaptar y mejorar, gana transparencia, control público, seguridad verificable, soberanía tecnológica y capacidad de reutilización (lo pagado con dinero público puede volver a la sociedad como infraestructura común). Además, reduce el lock-in (dependencia de un proveedor), facilita la interoperabilidad entre organismos y mejora la continuidad del servicio a largo plazo, porque el conocimiento y el código no quedan cautivos en contratos sin acceso a las decisiones técnicas.

A esto se suma un argumento económico contundente: como explicamos en Digitalización democrática, soberanía digital para las personas, y como detalla, entre otros muchos, “The value of Open Source Software”, de la Harvard Business School, la inversión en software libre genera retornos enormes en valor para las empresas que lo utilizan. Sin Free Open Source Software (software libre) las compañías tendrían que multiplicar su gasto en software.

Cuando la digitalización se hace desde la lógica de “comprar una caja negra”, aparecen dos resultados típicos: pérdida de control democrático (siempre) y (a menudo) servicios que fallan sin que nadie más que el proveedor pueda corregirlos, si es que sabe hacerlo.

Todo el mundo lo sufre

Hay miles de casos; el del SEPE es solo el último, de repercusión estatal: un sistema injustificadamente costoso (¡30 millones!) que, lejos de resolver cuellos de botella, habría multiplicado el tiempo perdido (parece que por ¡50!), los bloqueos y la frustración operativa, con impacto directo en trámites sensibles (subsidios y atención a personas en situaciones vulnerables). No es solo “un mal software”: es el patrón de proyectos sin gobernanza pública real, sin trazabilidad, sin capacidad de corrección ágil y con dependencia de contratos y proveedores. Suma y sigue en el despilfarro institucional en digitalización.

Una digitalización impuesta de manera incorregible desespera. En sanidad, por ejemplo, esto se vuelve especialmente crítico: si el software está mal diseñado o mal implementado, no solo roba tiempo, sino que degrada la atención, eleva el estrés profesional y convierte la administración del dato en un fin en sí mismo. Es el patrón de “trabajar para la máquina” en lugar de que la herramienta sirva al servicio público.

El otro extremo es igual de grave: herramientas de datos/IA orientadas a la vigilancia y el control, compradas como soluciones “mágicas”, que acaban consolidando prácticas de seguimiento masivo, decisiones opacas y asimetrías de poder. En la administración pública, esto no debería comprarse como si fuera una simple aplicación de gestión en manos privadas. Las consecuencias las vimos claramente en el uso de la tecnología que hizo el ICE en Estados Unidos.

Buenas prácticas en compra pública y cómo resolver problemas actuales

La clave no es solo usar software libre, sino garantizar estructuras que permitan sostenerlo, auditarlo y mejorarlo. En suma: puestos de trabajo especializados.

En Europa, una parte importante del gasto público se destina a digitalización, pero el software libre queda fuera por inercias, por costumbre, por redes clientelares consolidadas y resistentes al cambio, cuando el uso de estándares abiertos debería ser un requisito.

Hay buenas noticias. El informe sobre tendencias de políticas de interoperabilidad de la Comisión Europea muestra algo importante: los países están pasando de tratar el open source como un superfluo e incluso peligroso (?) detalle legal de contratación a entenderlo como estrategia de soberanía. De momento, al menos en la teoría. No basta con financiar “innovación” por hype. Hay que orientar la inversión a infraestructura pública digital (PDI): herramientas y servicios que queden bajo control público y, sobre todo, civil: no privatizables. Si la administración quiere genuinamente soberanía como comienza a decir, tiene que construir capacidad institucional y mercado público alrededor del procomún digital (incluyendo proveedores locales, consorcios, modelos de mantenimiento, etc.).

Mientras tanto, hace apenas un par de días nos escribieron para explicarnos que las últimas licitaciones de la Generalitat contienen condiciones que, de facto, prohíben el software libre. Esto tiene que cambiar. No es solo cortoplacista, es suicida.

Digitalización democrática significa que la administración no puede limitarse a “poner tecnología”: tiene que garantizar un entorno de gobernanza democrática para esa digitalización. La compra pública es el volante: si se orienta a estándares abiertos, software libre, auditabilidad y sostenibilidad, la digitalización fortalece derechos y servicios. Si no, se convierte en una fábrica de dependencia, fallos y opacidad.

Fuente: Contexto

Hay debates que incomodan precisamente porque tocan donde duele. Las VI Jornadas de Autodefensa Laboral de Jaleo fueron uno de esos espacios. Esta edición, dedicada a la Economía Social y Solidaria, no vino a celebrar logros sino a hacerse preguntas incómodas. Y eso, en un movimiento que a veces tiende más al autoelogio que a la autocrítica, es una buena noticia.

Invitado por su papel como cooperativa integral, el Mercado Social de Madrid (MESM) participó en este coloquio para analizar los límites y contradicciones al articular una red de producción, distribución, consumo y aprendizaje común basada en principios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios. Allí se encontró con las compañeras de Fogón Verde y Traficantes de Sueños, que plantearon claves que después se recogieron en el coloquio: las contradicciones de ser socia y trabajadora a la vez, las relaciones de poder y asimetrías de información, y el contexto de mercado capitalista en el que se opera día a día.

También se puso de manifiesto que la ESS es un laboratorio de ideas en el que recorrer y tejer en grupo y en clave política, con militancia; contradicciones y aprendizajes en un camino que no es fácil y en el que hay muchos protocolos pero pocas resoluciones prácticas de los conflictos.

Sin embargo, más allá de la forma jurídica, el verdadero desafío de la ESS consiste en construir relaciones económicas capaces de transformar las estructuras que generan desigualdad, concentración de poder y deterioro ecológico.

¿Qué transforma realmente una organización de Economía Social y Solidaria?

La principal diferencia entre una organización de ESS y una empresa convencional no reside en su forma legal, sino en cómo distribuye el poder, la riqueza y el conocimiento. La Carta de Principios de REAS plantea que la sostenibilidad de la vida debe situarse por encima de la acumulación de capital, convirtiendo la rentabilidad en condición necesaria para la continuidad del proyecto colectivo, no en un fin en sí mismo.

Esto implica limitar la apropiación privada del excedente y sustituir la competencia por la intercooperación. Pero una de las claves más señaladas en el coloquio fue la democratización del conocimiento: la participación real requiere que todas las personas puedan comprender la información económica, participar en la gestión y acceder a procesos de formación continua. Cuando el conocimiento estratégico queda concentrado en una minoría, la democracia se convierte en una mera formalidad.

Esta baja participación invita a repensar algunos modelos cooperativos — siendo muy pertinentes los ejemplos históricos que propuso José Luis Carretero, destacando el voto delegado en las asambleas de la Barcelona de 1936. La Auditoría Social de 2025 da algunas pistas sobre dónde está la ESS: diferencia salarial de 1,7, un 73% de entidades con mejoras en conciliación, un 74% que compensan o reducen su huella ecológica. Pero también sobre sus propias contradicciones: ¿quién puede permitirse participar en espacios militantes por la mañana? ¿Hasta dónde llegan los cuidados que una entidad puede sostener sin quebrarse?

Condiciones para una ESS viable — y sus riesgos

La ESS no puede sostenerse solo de principios éticos. Necesita una base material sólida. La primera condición es el acceso democrático a los medios de producción: tierra, vivienda, tecnología, financiación e infraestructuras. En este terreno la ESS presenta cada vez más prácticas que permiten dibujar otros horizontes, como las iniciativas de La Borda, Sostre Cívic o Entrepatios en vivienda, o Fiare y Coop57 en finanzas éticas. También resulta fundamental participar en sectores estratégicos de la economía —energía, logística, plataformas digitales— y construir ecosistemas cooperativos amplios en lugar de iniciativas aisladas. La experiencia de Mondragón o los propios mercados sociales muestra la importancia de combinar producción, financiación, consumo y formación dentro de una misma red. La contradicción que Rosa Luxemburgo ya identificó en Reforma o Revolución sigue vigente: las cooperativas deben actuar simultáneamente como trabajadoras y como capitalistas.

El riesgo más señalado en las jornadas: convertirse en un nicho de consumo ético accesible solo para sectores urbanos con renta y tiempo suficientes. O derivar en el “mal de estructura”, donde la entidad dedica más energía a sostenerse a sí misma que a cumplir el objetivo que le dio origen, atada al ciclo político de las subvenciones. Por ello, la ESS necesita ampliar su alcance social, territorial y económico para convertirse en una infraestructura accesible para amplias mayorías.

Las alianzas que amplían el alcance — y la pregunta de fondo

La experiencia del Mercado Social de Madrid, la Xarxa d’Economia Solidària y REAS demuestra que la ESS es más eficaz cuando se articula con otros movimientos: asociaciones vecinales, sindicatos, comunidades energéticas, redes de cuidados, plataformas de vivienda y organizaciones feministas. En lugar de funcionar como un conjunto de empresas éticas aisladas, la ESS se convierte así en una infraestructura económica y social capaz de generar cambios estructurales. Uno de los debates más vivos del coloquio fue precisamente si las cooperativas necesitan sindicato — una de las asignaturas clave para estrechar lazos con el sindicalismo. No hubo consenso. Tampoco hacía falta: la pregunta en sí ya dice algo de hacia dónde mira la ESS cuando se atreve a mirar más allá de sí misma.

La ESS no es la única propuesta alternativa al modelo dominante. Existen el socialismo de mercado, la economía de los comunes, el decrecimiento. Lo que la distingue es que combina piezas de todas esas tradiciones: democracia económica, propiedad colectiva, finanzas éticas, arraigo territorial, sostenibilidad ecológica. Pero que las combine no la libra de sus contradicciones. Las dificultades para competir en mercados capitalistas, la precariedad de algunas iniciativas, la dependencia institucional y la duda de si puede llegar a ser alternativa sistémica —y no solo un margen tolerado— siguen sin respuesta. Jaleo no vino a cerrar el debate. Vino a recordar que tenerlo es, también, una forma de coherencia.

Fuente: MeCambio en El salto

La Red de Economía Alternativa y Solidaria de las Baleares (REAS Baleares) generó una actividad económica de 27,4 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 17% respecto del año anterior. Según ha explicado este lunes la presidenta de REAS Baleares, Maria Jaume, durante la presentación de la memoria anual de la entidad, las 13 organizaciones que integran la red mantuvieron 558 puestos de trabajo a lo largo del ejercicio pasado.

Asimismo, la asociación ha alertado del aumento de la moda ultrarrápida en el mercado balear y ha advertido que la baja calidad de muchas de estas prendas dificulta su reutilización y reciclaje, lo que incrementa los costes de gestión de residuos e impacto ambiental. En este sentido, Jaume ha señalado que las entidades de la red implicaron durante el 2025 a cerca de 1.800 personas entre trabajadoras y voluntarias. La presidenta ha añadido que la memoria recoge actuaciones orientadas a la promoción de la economía social y solidaria, además de iniciativas vinculadas a la gestión del residuo textil.

En este ámbito ha destacado las acciones para reclamar apoyo institucional ante el incremento de los costes de recogida y tratamiento de residuos textiles, una situación que atribuye a la saturación del mercado europeo de ropa usada. Asimismo, ha apuntado que cada vez más ayuntamientos colaboran con las entidades de la red para afrontar el aumento de los costes asociados a la gestión de este tipo de residuos.

«Colapso» del textil usado

La entidad también ha alertado de un «colapso» del sector del textil usado en Europa, que atribuye a la expansión de la moda ultrarrápida, la saturación de ropa de segunda mano y el aumento de los costes de recogida, transporte y tratamiento. La entidad advierte que esta situación pone en riesgo la viabilidad de las entidades sociales dedicadas a la gestión del textil y de los puestos de trabajo vinculados a la inserción laboral, ya que no está garantizado la financiación de un servicio que hasta ahora han asumido sin cobertura suficiente.

En este contexto, REAS Baleares reclama avanzar hacia un sistema de financiación que cubra los costes reales del servicio, en línea con el desarrollo del sistema de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP), como también la implantación de licitaciones públicas reservadas para entidades de la economía social.

Fuente: arabalears.cat

Foto: Rueda de prensa de REAS Baleares. Europa Press

¿Cómo se construye una política pública entre un ayuntamiento y las entidades de su territorio? Esa es la pregunta que ha guiado el ciclo de cuatro formaciones online organizado por REAS Red de Redes dentro del proyecto COOPUBLIC_ESS, pensado para personal de las administraciones públicas y también para entidades de la Economía Social y Solidaria (ESS). Cuatro sesiones, cuatro sectores estratégicos, un mismo objetivo: mostrar cómo lo público y lo comunitario pueden coproducir políticas juntos.

1. Vivienda cooperativa: casas que no se especulan

La primera sesión, de la mano de La Dinamo Fundació presentó un modelo poco conocido pero en auge: la vivienda cooperativa en cesión de uso. Ni se compra ni se alquila: la cooperativa es dueña del edificio para siempre y cada socia tiene derecho a vivir en su casa, sin especulación posible.

El modelo nació en 2007 en Cal Cases (Barcelona) y hoy suma proyectos en casi todas las comunidades autónomas, con Catalunya a la cabeza (más de 50 proyectos). La sesión repasó qué pueden hacer los ayuntamientos para impulsarlo: ceder suelo público, dar prioridad en el tanteo y retracto, o crear la figura del «Promotor Social de Vivienda» para reconocer a estas entidades como aliadas en la política de vivienda.

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2. Comunidades energéticas: la energía como asunto colectivo

La segunda formación impartida por Piztu Kooperativa explicó por qué la energía está dejando de ser cosa de unos pocos: de consumidores pasamos a «prosumidores», capaces de producir, compartir y gestionar energía en comunidad.

Se explicaron las dos figuras clave —comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía— y una herramienta más sencilla, el autoconsumo compartido, cuyo radio de acción acaba de ampliarse hasta 5 km gracias al Real Decreto-ley 7/2026. Los ayuntamientos, señaló la sesión, pueden ser el motor de estas comunidades: cediendo cubiertas municipales, bonificando el IBI o simplemente dando el primer paso.

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3. Finanzas éticas: otra forma de gestionar el dinero público

FETS – Finançament Ètic i Solidari mostró cómo nacieron las finanzas éticas en los años 60, ligadas a movimientos que querían decidir en qué se invierte su dinero, y cómo hoy existen sellos como EthSI para certificar seguros y productos financieros éticos.

La parte más práctica se centró en la contratación pública: la ley permite incluir criterios sociales y ambientales en los pliegos, como hizo el Ayuntamiento de Mataró, que valoró con un 20% de la puntuación tener el sello EthSI al contratar sus seguros. Pequeños gestos con gran impacto en cómo se mueve el dinero público.

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4. Alimentación sostenible: comer bien, comer justo

La última sesión impartida por la Cooperativa Garúa, partió de datos que impactan: el sistema alimentario genera casi la mitad de la huella de carbono de España, y más de 6 millones de personas no tienen acceso estable a una dieta saludable.

Frente a ese panorama, se presentó un amplio catálogo de experiencias ya en marcha en distintos municipios: parques agrarios, bancos de tierras, comedores escolares sostenibles, mercados de venta directa, supermercados cooperativos o compostaje comunitario. Ideas concretas, replicables, para que cada ayuntamiento encuentre la que mejor encaja en su territorio.

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Cuatro sectores, una misma idea

Vivienda, energía, finanzas y alimentación son ámbitos distintos, pero las cuatro sesiones compartieron el mismo mensaje: la Economía Social y Solidaria ya tiene las herramientas, y lo público puede sumarse como socio, no solo como regulador. Más de 200 personas de administraciones y entidades de la ESS han pasado por estas formaciones, con manuales y materiales que seguirán disponibles para quien quiera dar el siguiente paso.

Formaciones desarrolladas en el marco del proyecto COOPUBLIC_ESS, impulsado por REAS Red de Redes con financiación de la Dirección General de Agenda 2030 (Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030). Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad subvencionada y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Más de cuarenta personas de diferentes gobernaciones palestinas — técnicas del Ministerio de Trabajo, representantes de cámaras de comercio, sindicatos y cooperativas — se conectaron el pasado 17 de junio para hablar de cuidados. El 60% eran mujeres. Al otro lado, el Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, REAS Red de Redes y la cooperativa La Comala. El encuentro formaba parte del programa de fortalecimiento de capacidades en ESS que la OIT y el ITCILO están desarrollando en Palestina con apoyo del Ministerio español.

Lo que ocurrió en esa sesión fue algo más que un intercambio de buenas prácticas. Fue el reconocimiento de que, a pesar de contextos radicalmente distintos, los desafíos son los mismos: la feminización y precarización del trabajo de cuidados, la falta de acceso para las familias con menos recursos, y la urgencia de modelos que pongan la vida en el centro.

Los cuidados no son un asunto subalterno

La Subdirectora General de la Oficina Técnica del Comisionado Especial para la Economía Social abrió la sesión con una idea clara: los cuidados son la infraestructura que sostiene la vida, el trabajo y la propia actividad económica. Y sin embargo, históricamente han sido invisibilizados e infravalorados.

En España, alrededor del 90% de los empleos de cuidados están ocupados por mujeres, con una presencia creciente de personas migrantes (en torno al 43%). Quienes trabajan en cuidados perciben de media unos 10.000 euros menos al año que el resto. Y esto solo refleja el empleo formal. Detrás hay una enorme economía informal donde la desprotección es aún mayor.

La respuesta española se ha articulado en torno a tres ejes — visibilización, transversalización e innovación — materializados en la Estrategia de Economía Social 2023-2027 y el PERTE de la Economía Social y de los Cuidados: 2.500 millones de euros, diez ministerios y más de 4.500 entidades. España es el único país de la UE con un proyecto específicamente dedicado a los cuidados.

Lo que la ESS aporta: datos y modelo

REAS Red de Redes presentó la apuesta de la Economía Social y Solidaria por la cooperación público-comunitaria frente a la cooperación público-privada tradicional. No se trata de que una empresa gane un contrato y preste un servicio: se trata de que administración, entidades sociales y comunidad co-diseñen y co-gestionen los servicios. Donde las trabajadoras son socias y deciden. Donde las personas usuarias tienen voz.

Los datos de la Auditoría Social de REAS — más de 700 entidades, datos de 2024 — muestran que la ESS va claramente por delante de la economía convencional en presencia de mujeres: el 68% de las personas trabajadoras en nuestras organizaciones son mujeres, frente al 47% en el conjunto de la economía española. En el sector específico de salud y cuidados esa proporción sube al 73%. La ESS genera un clima positivo de acceso, con menos barreras de entrada y medidas que promueven la participación paritaria.

Y sin embargo, la Auditoría también sirve para nombrar las contradicciones propias: cuando se mira quién ocupa los cargos de responsabilidad en el sector de cuidados, solo el 58% son mujeres. Catorce puntos de diferencia entre quienes cuidan y quienes deciden. Nombrarlo no es una autocrítica paralizante — es exactamente para lo que sirve medir: para saber dónde estamos y hacia dónde tenemos que seguir avanzando.

En 2023, REAS elaboró junto al Instituto de las Mujeres del Gobierno español la Guía de Buenas Prácticas de gestión público-comunitaria de los cuidados. La guía nació con una vocación concreta: sistematizar lo que las entidades de la ESS estaban ya haciendo en el sector — no como modelo único exportable, sino como mapa de experiencias reales de las que aprender. Recoge once iniciativas de todo el territorio estatal: cooperativas de atención domiciliaria en entornos rurales, entidades que trabajan con personas mayores en barrios urbanos, proyectos de gestión compartida con ayuntamientos. Todas comparten algo: han demostrado que es posible ofrecer cuidados de calidad con contratos dignos, gobernanza participativa y arraigo comunitario. Una de esas once experiencias es La Comala — y no por casualidad.

La Comala: desde la lástima nada, desde la dignidad todo

La Comala S.C.M. es una cooperativa madrileña formada por mujeres migrantes que llevan ocho años sosteniendo la vida cotidiana a través de los cuidados y la limpieza del hogar. Nació desde la necesidad — ante la falta de oportunidades dignas y la discriminación por edadismo — y se organizó colectivamente para transformar la precariedad en autogestión y dignidad.

Su modelo va más allá del empleo: incluye espacios de acompañamiento emocional y autocuidado para las propias cuidadoras, toma de decisiones colectiva en asamblea, e incidencia política en los sistemas de cuidados. Con más de 400.000 euros de facturación prevista para 2025 y más de veinte personas vinculadas al proyecto, demuestran que la sostenibilidad económica y la dignidad laboral no son incompatibles.

Su mensaje fue directo: las mujeres migrantes no son un problema dentro del sistema de cuidados, sino una solución colectiva, organizada y transformadora. Más que una cooperativa, son una forma de abrir camino.

Desde Palestina: una cooperativa de cuidados infantiles que nace

La sesión se cerró con una intervención que dio un giro inesperado y muy valioso: participantes palestinas compartieron que están construyendo su propia cooperativa de cuidados infantiles como respuesta a la falta de servicios accesibles en sus territorios. La mayoría de las guarderías existentes son privadas y caras — inaccesibles para las familias con ingresos limitados. Y la carga de cuidados recae, como en todas partes, sobre las mujeres.

El modelo que están construyendo apuesta por contratos formales para las trabajadoras, salario mínimo garantizado, formación profesional y flexibilidad horaria real. Las propias beneficiarias participan en la gestión. El objetivo es pasar de la beneficencia al derecho, de la informalidad al trabajo decente, de la carga individual a la responsabilidad colectiva.

La experiencia está en construcción, con sus retos — financiación, concienciación social, alianzas — y con la convicción de que el modelo cooperativo puede ser una alternativa real en el contexto palestino.

Lo que nos llevamos

Lo que comparten La Comala en Madrid y la cooperativa que nace en Palestina es, en el fondo, lo mismo: la certeza de que cuando las mujeres se organizan colectivamente, el cuidado deja de ser una carga invisible para convertirse en trabajo reconocido, digno y transformador.

La ESS no llega a estos debates con las manos vacías. Llega con experiencias, datos, herramientas y, sobre todo, con la prueba de que otra forma de organizar los cuidados es posible. Ese es el corazón que enseñamos.

Nuestra hoja de ruta ha sido elaborada por expertos de todo el mundo, desde agencias de la ONU hasta movimientos de base. Hacemos un llamamiento a los líderes políticos de todos los niveles para que la utilicen.

Vivimos en una era de escasez artificial. En un mundo más rico que nunca, aproximadamente una décima parte de la población mundial aún vive en la miseria extrema . Millones de personas no pueden permitirse suficiente comida, una vivienda digna ni atención médica básica, mientras que una pequeña minoría acumula una riqueza y un poder sin precedentes. Al mismo tiempo, las sequías, los megaincendios, las inundaciones y las olas de calor nos recuerdan que nuestras economías están llevando al planeta más allá de sus límites.

Estas no son crisis aisladas. Son síntomas de un modelo económico que ha llegado a su fin. La pobreza y la desigualdad no son casualidad; son consecuencias previsibles de las decisiones políticas: cómo diseñamos los sistemas tributarios, regulamos los mercados laborales, valoramos los cuidados, estructuramos los servicios públicos y decidimos qué necesidades y qué voces importan. Fundamentalmente, si los gobiernos pueden generar pobreza, también pueden erradicarla.

Durante décadas, la fórmula fue sencilla: impulsar la economía y la pobreza desaparecería gradualmente. Pero la promesa de que el crecimiento económico beneficiaría a todos no se ha cumplido. Mientras los ingresos nacionales aumentaban, los salarios se estancaban, el trabajo se volvía más precario y se recortaban los servicios públicos. En la cima, las fortunas se disparaban; en la base, las familias recurrían a los bancos de alimentos. El crecimiento se ha desvinculado de la prosperidad compartida.

También se ha vuelto ecológicamente insostenible. Nos acercamos a un « invernadero », donde el aumento de las emisiones y la pérdida de biodiversidad desestabilizan las condiciones que sustentan la vida humana. Alrededor del 92 % del exceso de emisiones globales de carbono se atribuye al hemisferio norte , y el 10 % más rico de la población es responsable de casi la mitad de las emisiones globales , mientras que las personas en situación de pobreza son las primeras en sufrir malas cosechas y el aumento de los precios de los alimentos. Un modelo económico que depende de la expansión ilimitada en un planeta finito no solo es injusto, sino también peligroso.

Muchos países de bajos ingresos aún necesitan crecimiento para construir carreteras, hospitales, escuelas, energías renovables y empleos dignos. Sin embargo, la vía dominante hacia el crecimiento —basada en la extracción de recursos, mano de obra barata y dócil, dependencia de las exportaciones y creciente endeudamiento— ha aumentado la desigualdad y degradado el medio ambiente. La verdadera pregunta hoy no es si el crecimiento continúa, sino qué tipo de economías estamos construyendo, a quiénes benefician y si permiten que todos vivan con dignidad dentro de los límites planetarios.

Por eso nos hemos unido para desarrollar y respaldar la “hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento”. Esta hoja de ruta ofrece diversas alternativas para superar el enfoque restrictivo de “crecimiento, impuestos y transferencias” que ha marcado las políticas durante décadas. No se trata de un plan elaborado por un puñado de expertos. Es todo lo contrario: durante más de 18 meses, más de 400 personas —organismos de la ONU, gobiernos nacionales, expertos académicos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, actores de la economía social y solidaria y movimientos de base, tanto del norte como del sur global— trabajaron para responder a una pregunta sencilla: ¿cómo podemos acabar con la pobreza y reducir las desigualdades sin considerar el crecimiento del PIB como la condición principal para el progreso? Más de 350 firmantes han respaldado el plan , entre ellos Jean Drèze, Pavlina Tcherneva, Tim Jackson, Bhumika Muchhala, Julia Steinberger, Ndongo Samba Sylla y Timothée Parrique.

No coincidimos en todos los detalles de las políticas. Sin embargo, nos une la convicción de que nuestras economías deben rediseñarse en torno al cumplimiento de los derechos y el bienestar colectivo dentro de los límites planetarios, en lugar de maximizar la producción a cualquier precio. Los derechos humanos no son aquí una cuestión secundaria; son el principio rector que guía nuestra forma de medir el progreso, establecer prioridades y resolver disyuntivas. La protección social y los servicios públicos son esenciales, pero no pueden compensar indefinidamente unas economías que, por su propia naturaleza, generan salarios de miseria, empleos precarios y viviendas inaccesibles.

Necesitamos cambiar las reglas desde la raíz. Esto implica, por ejemplo, trabajo decente y garantías de empleo, salarios dignos y remuneración justa, sindicatos más fuertes y democracia en el lugar de trabajo, combatir la discriminación y valorar el trabajo de cuidados, remunerado y no remunerado, del que dependen nuestras sociedades. Significa invertir en la infancia, la vivienda, la salud, la educación y el transporte mediante la provisión pública universal. Significa control público de los activos estratégicos, orientación crediticia para dirigir la inversión hacia prioridades sociales y ecológicas, y apoyo al desarrollo de la economía social y solidaria.

Implementar esta visión implica cambiar las reglas de la economía global. Hoy, los gobiernos del Sur global son criticados por no hacer lo suficiente para combatir la pobreza, mientras se ven presionados por sanciones unilaterales, acuerdos comerciales restrictivos, desigualdades en el intercambio y cargas de deuda con raíces en siglos de despojo colonial. Alrededor de 3.400 millones de personas viven en países que gastan más en el servicio de la deuda que en salud o educación. Mientras tanto, las cadenas de suministro globales permiten una vasta transferencia neta de mano de obra y recursos del Sur al Norte . La solidaridad internacional es, por lo tanto, una obligación legal y moral arraigada en la realidad histórica de que muchos países ricos construyeron su riqueza empobreciendo al Sur, mediante patrones de extracción que continúan hoy bajo nuevas formas. Una transición justa más allá del crecimiento debe incluir justicia de la deuda, mayor cooperación Sur-Sur, financiamiento climático reparador y apoyo a pisos de protección social universales, basados ​​en los principios de no dominación y autodeterminación para que los países puedan trazar su propio futuro económico soberano.

Igualmente crucial es quién decide cómo se produce esta transición. Con demasiada frecuencia, las políticas que afectan a las personas en situación de pobreza se diseñan sin tenerlas en cuenta, e incluso a veces en su contra. Cuando los sistemas de bienestar se basan en la sospecha, las sanciones y las condiciones humillantes, profundizan el estigma y disuaden a las personas de reclamar sus derechos. Quienes viven en la pobreza saben mejor que nadie cómo pueden fallar estos sistemas en la práctica. Su experiencia debe guiar el diseño, la implementación y el seguimiento de las estrategias contra la pobreza, desde los ayuntamientos hasta los parlamentos y los foros internacionales.

No partimos de cero. En todo el mundo, las luchas indígenas, la organización feminista, los sindicatos y los movimientos por la justicia climática defienden y construyen futuros alternativos basados ​​en el cuidado colectivo y los derechos territoriales. Nuevas coaliciones de Estados impulsan nuevas visiones de la gobernanza económica mundial, y los gobiernos experimentan con estrategias de lucha contra la pobreza basadas en los derechos, asambleas ciudadanas y la creación de riqueza comunitaria. La ONU y muchos socios exploran indicadores que van más allá del PIB y nuevas instituciones, como un panel internacional sobre desigualdad, para ayudar a trazar este camino.

Nuestra hoja de ruta se basa en estos esfuerzos, los conecta y los impulsa aún más. La presentamos ahora como un punto de referencia común para quienes se niegan a aceptar que la pobreza y el colapso ecológico sean el precio a pagar por la forma en que actualmente definimos el “éxito” económico. Los gobiernos y las instituciones multilaterales tienen dos opciones: persistir en un modelo fallido que prioriza el crecimiento o comprometerse a erradicar la pobreza transformando las reglas económicas que la generan.

La pobreza es un fenómeno artificial. Esa es la mala noticia, y a la vez la buena. Lo artificial puede desmantelarse y reemplazarse. Presentamos opciones concretas, respaldadas por perfiles de políticas detallados que exponen evidencia, pasos para su implementación y ejemplos reales. Hacemos un llamado a los líderes políticos de todos los niveles para que las utilicen, escuchen a los más afectados y consideren la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y la efectiva realización de los derechos humanos como el criterio para evaluar la política económica.

• Olivier De Schutter preside el proyecto Nuevas Economías para la Erradicación de la Pobreza; Joseph Stiglitz es premio Nobel de Economía; Jayati Ghosh es profesora de Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst; Thomas Piketty es profesor de Economía en la Escuela de Economía de París; Kate Raworth es economista en el Instituto de Cambio Ambiental de la Universidad de Oxford; Jason Hickel es economista político y profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Artículo original en inglés: The Guardian

Comunicado de RIPESS Intercontinental

Nos alegra anunciar que el artículo de opinión que acompaña la Hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento ya ha sido publicado en The Guardian y Le Monde. Se trata de un artículo colectivo firmado por Olivier De Schutter, presidente de NEEP, junto con destacadas voces internacionales como Joseph Stiglitz, Jayati Ghosh, Thomas Piketty, Kate Raworth y Jason Hickel, además de más de 400 expertas y expertos de todo el mundo.

RIPESS Intercontinental ya ha firmado, reafirmando su compromiso con esta hoja de ruta colectiva para transformar las reglas económicas que hoy producen pobreza, desigualdad y devastación ecológica.

Un llamado que responde a los desafíos actuales

En un contexto de desigualdades crecientes y crisis ecológica global, las y los expertos coinciden: el crecimiento económico no ha logrado erradicar la pobreza ni garantizar el bienestar.

El mensaje es claro: la pobreza no es inevitable; es fabricada.

La Hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento, co-desarrollado por más de 400 personas de la academia, el sistema de Naciones Unidas, sindicatos, movimientos de base y organizaciones de la sociedad civil, propone 80 medidas de política pública para rediseñar la economía hacia el bienestar humano y ecológico.

Leer el artículo

The Guardian: https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/jun/10/economists-maths-growth-doomed-strategy-un-agencies-political-leaders

Le Monde: https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/06/10/si -les-gouvernements-peuvent-fabriquer-la-pauvrete-ils-peuvent-aussi-l-eradiquer-pres-de-400-personnalites-internationales-proposent-une-feuille-de-route-concrete_6700388_3232.html

Suma tu firma y difunde

La invitación a respaldar el Roadmap continúa abierta.

Sigamos ampliando el alcance de este llamado global para transformar las reglas económicas y construir un futuro basado en la justicia social y ecológica.

Crédito de la imagen: Eleanor Shakespear/The Guardian

Detrás de este proyecto hay un equipo joven que, con un lenguaje cercano y mucho sentido del humor, divulga sobre economía social y nuevas formas de entender el trabajo. Hablamos con Marina sobre comunicación, cooperativismo y los retos de conectar este modelo con las nuevas generaciones.

Para empezar, cuéntanos quién es la persona detrás de “Guapa, Lista y Cooperativista”. Para quien no te conozca todavía, ¿cómo te presentarías? ¿Cómo nace ese slogan y qué significa para ti?

Detrás de “Guapa, Lista y Cooperativista” hay una persona muy curiosa, entusiasta y un poco idealista, que al final es el motor de todo cambio. Pero también hay un proyecto que se hace en equipo, somos cinco personas en total, donde de manera colaborativa creamos el proyecto.

Me presentaría como alguien a quien le interesa mucho lo que se sale de la norma y transgrede el status quo, porque hay algo de todo eso que ya hemos visto que no funciona, o por lo menos, no funciona para todas las personas, siempre hay unos pocos que se benefician a costa del resto. Y ese no es el mundo en el que quiero vivir.

El slogan nace un poco desde el humor y desde la provocación. A mí al principio no me convencía mucho porque me parecía un poco pretencioso, pero tiene gancho y es algo con lo que la gente se queda. Y lo que nos importa es que el mensaje cale. Para mí significa reivindicar una identidad: se puede ser crítica, se puede ser idealista, se puede tener sentido del humor y, además, creer en otras formas de vivir el trabajo.

Para mí significa reivindicar una identidad: se puede ser crítica, se puede ser idealista, se puede tener sentido del humor y, además, creer en otras formas de vivir el trabajo.

¿De dónde surge tu interés por el cooperativismo? En tu vídeo hablas con mucha naturalidad del cooperativismo. ¿Recuerdas cuándo o cómo empezaste a interesarte por este tema?

Me topé con Ecooo de casualidad, fruto del hastío y la desesperación. El cooperativismo apareció como un oasis en medio del desierto. Venía de lugares tremendamente jerárquicos, donde no tenía ni voz ni voto, todo venía sobrevenido desde arriba y me costaba mucho compartir mis valores con los de la empresa. Sabía que no quería eso, pero no sabía qué buscar.

Y en medio de ese embrollo, me topé con un lugar en el que podía ser yo, mi opinión no solo era escuchada sino solicitada e integrada y donde las cosas se intentaban hacer con coherencia, en lugar de por ganar más pasta. Así que no me lo pensé y me quedé.

Luego gracias a la Escuela de Activismo Económico, pude conocer más entidades cooperativas en todo tipo de ámbitos y profundizar en qué es la economía social y solidaria, los valores cooperativos y ver que era una realidad más extendida de lo que pensaba, con mucha historia pero también de vanguardia.

El cooperativismo apareció como un oasis en medio del desierto. Venía de lugares tremendamente jerárquicos, donde no tenía ni voz ni voto, todo venía sobrevenido desde arriba y me costaba mucho compartir mis valores con los de la empresa.

En tu contenido se percibe una forma muy clara de contar las cosas, con personalidad propia ¿Siempre te ha interesado la comunicación o ha sido algo que ha ido surgiendo de manera más orgánica?

Creo que siempre me ha interesado comunicar, aunque quizá no siempre lo he llamado así. Desde pequeña me encantan las historias, tanto contarlas como escucharlas. También me fascinan las palabras, creo que podemos transformar nuestro mundo y cómo nos relacionamos con él según qué palabras utilicemos para ello.

Pero la forma concreta de comunicar en redes sí que ha surgido bastante orgánicamente y he de decir que estoy bastante sorprendida, porque no es algo que me hubiese planteado nunca. Creo que en esa parte sí que hay algo natural, soy una persona muy sociable y a la que le encanta la farándula, así que no tengo problema en ponerme delante de una cámara y hablar de lo que sea. Luego cuando digo que soy ingeniera, sorprende, claro.

En el vídeo mencionas a Arizmendiarrieta y su legado. ¿Qué te llamó la atención de su pensamiento o de su forma de entender la economía y la sociedad?

Arizmendiarrieta fue un visionario, un listo. Lo que me gusta de su visión es que no veía el cooperativismo como una teoría bonita, sino como una herramienta real para mejorar la vida de la gente. “Que la economía esté al servicio de las personas y no al revés”. Parece una frase sencilla, casi obvia, pero si miramos alrededor, vemos que no es tan común esa manera de hacer empresa.

También me gusta mucho su visión de la educación. Es imprescindible empezar en las raíces, formar a personas capaces de participar, de tomar decisiones en colectivo, de construir en sociedad. Es más fácil crear eslabones de un sistema, que no piensen y sean utilitarias, pero esta sociedad necesita personas con criterio y responsabilidad social.

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¿Cómo conociste MONDRAGON? ¿Fue a través de contenido, estudios, redes sociales…? ¿Qué imagen tenías antes y cuál tienes ahora?

MONDRAGON lo conocía primero un poco “de oídas”, estudié la carrera en Eibar y primero conocí la Universidad, después descubrí que era ese gran ejemplo de cooperativismo que siempre aparece cuando empiezas a investigar modelos alternativos de empresa. Al principio mi imagen era bastante general: una corporación cooperativa grande, vasca, muy importante, casi como un caso de estudio.

Luego, gracias al proyecto y a las personas a las que me ha acercado, lo he ido comprendiendo más a fondo. MONDRAGON no es solo “una cooperativa gigante”. Es un ecosistema que abarca industria, educación, finanzas, innovación, comunidad, territorio… Y eso cambia bastante la mirada.

Antes quizás lo veía como algo admirable pero alejado. Ahora lo veo como una experiencia compleja, con grandes retos, como garantizar la participación activa de tantas socias o seguir siendo competitivas sin perder el alma de cooperativa. O el gran reto que tenemos en la Economía Social: el relevo generacional.

Ahí desde GLC intentamos precisamente que la gente joven conozca no solo que este modelo existe sino que además es solvente, competitivo y mucho más amable con la vida que la empresa tradicional.

Cuando hablamos de cooperativismo hoy, muchas veces se percibe como algo “lejano” o poco conocido. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que le falta al cooperativismo para conectar más con la gente joven?

Al cooperativismo le falta relato. No por falta de historias, sino por puro desconocimiento o porque los códigos no encajan con los actuales. Es algo que se ha evidenciado en el reto del relevo generacional.

A la gente joven sí le importan muchos temas que tienen que ver con la esencia del cooperativismo: la precariedad, el sentido del trabajo en nuestras vidas, la vivienda, la salud mental, la sostenibilidad o la participación, por nombrar algunas. Lo que pasa es que a veces no identificamos que el cooperativismo puede ser la solución a muchos de esos problemas.

También le faltaba estar presente en el discurso público. A veces cuando las cosas se hacen tan de nicho, acaban siendo un nicho funerario. Aunque no estemos completamente de acuerdo con quienes están detrás del algoritmo o las dinámicas o efectos que producen las RRSS, hace falta ocupar esos espacios, e impregnar el discurso con las cosas que nos importan porque si no nos comen los cryptobros y el fascismo. Eso es así.

Al cooperativismo le falta relato. No por falta de historias, sino por puro desconocimiento o porque los códigos no encajan con los actuales.

¿Cómo ves el papel de los jóvenes en el futuro del trabajo y de modelos como el cooperativo? ¿Crees que hay interés real en alternativas al modelo empresarial más tradicional?

Creo que lo hay y también lo estamos viendo por la interacción que hay en los vídeos o las preguntas que nos llegan. Es que los jóvenes estamos viviendo un mundo en el que reina la incertidumbre, en el que parece que estamos todo el tiempo sobreviviendo.

Si hiciésemos una encuesta, muchos jóvenes quieren trabajar en algo que tenga sentido y esté alineado con sus valores, en donde tengan voz, no les traten como un recurso reemplazable ni tengan a un jefe soplándoles en la nuca pidiendo informes “para ayer”. Quizá no lo llamen cooperativismo, pero es exactamente esto.

También creo que la propia etiqueta de cooperativa no vale de nada si luego no se respetan los valores sobre los que se yergue. Además de decir “somos cooperativa” hay que demostrar que esa alternativa es habitable para una generación que viene con otras preguntas, otras formas de comunicarse y otra percepción de lo que significa el trabajo, el tiempo y la vida en sí. Pero yo creo que si logramos integrar todas esas diferencias como ventajas competitivas y parte de la riqueza propia de los grupos humanos diversos, hemos ganado.

Tú, tan acostumbrada a contar historias, ¿nos podrías explicar qué es el cooperativismo?

Básicamente, currar en una cooperativa es dejar de ir en asiento de atrás en el coche y ponerte al mando, bien sea como conductor o como copiloto: poder decidir la música, la ruta e incluso los snacks para el viaje. Y que, además, todas las personas que van subidas en ese coche, participen de estas decisiones y puedan rotar por todos los asientos. Implica responsabilidad claro, pero también saber que el camino será bonito y compartido.

Currar en una cooperativa es dejar de ir en asiento de atrás en el coche y ponerte al mando, bien sea como conductor o como copiloto: poder decidir la música, la ruta e incluso los snacks para el viaje.

Fuente: TuLankide

La XVII edición de Idearia, el encuentro bienal de Economía Social y Solidaria organizado por REAS Nafarroa y REAS Red de Redes, dejó tres jornadas intensas de reflexión colectiva en Pamplona. Bajo el lema «Cambiando las reglas: reparto justo de la riqueza», cerca de 200 personas de distintos puntos del Estado debatieron los días 8, 9 y 10 de mayo sobre redistribución, fiscalidad, cooperativismo y la sostenibilidad de la vida. Ahora, todos los materiales del encuentro están disponibles en la web de Idearia.

Un encuentro para repensar las reglas económicas

El programa combinó ponencias, mesas redondas, talleres, y actividades culturales en distintos espacios de Pamplona. La inauguración, celebrada en Civivox Iturrama, reunió a representantes institucionales junto a voces de la economía solidaria como Luigi Carinci, presidente de REAS Red de Redes, y María Arretxe, de REAS Nafarroa.

A lo largo del encuentro se articularon seis grandes ejes temáticos:

1. Economía Solidaria Decrecentista ¿totum revolutum o lo más lógico del mundo?
2. Fiscalidad, redistribución y justicia social
3. Brechas de acceso a la riqueza: género, origen y territorio
4. Consumo consciente: de lo individual a lo colectivo, del privilegio al derecho
5. Expandiendo lo público: coproducción de políticas públicas desde la ESS
6. Otra política laboral para otras economías

Qué materiales están ya disponibles

Toda la documentación del evento puede consultarse en economiasolidaria.org/idearia-2026/conclusiones. Los contenidos disponibles incluyen:

• Crónicas del evento en castellano y en euskera, con el relato detallado de las tres jornadas.
• Vídeos de la mesa inaugural, de la ponencia central «¿De qué hablamos cuando hablamos de Reparto Justo de la Riqueza?» y de las seis mesas redondas temáticas, alojados en el canal de REAS Navarra en YouTube.
• Entrevistas breves con las personas expertas que dinamizaron cada uno de los seis ejes: Isabel Álvarez, Carmen Castro, Luz Helena Ramírez, Mireia Bosh, Claudia Delso y Zaloa Pérez.
• Podcasts descargables de cada una de las seis mesas redondas.
• Galería fotográfica.

Próximamente se publicarán las conclusiones de los ejes. ¡Permaneced atentos!

Idearia es el encuentro bienal de la Economía Alternativa y Solidaria del Estado, organizado conjuntamente por REAS Red de Redes y la red territorial anfitriona. La próxima edición se celebrará en 2028.

El proyecto “Comercio Justo Local 2030: Impulsando redes para un modelo económico y de consumo justo, verde y sostenible” desarrollado por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, ha sido destacado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda como una iniciativa clave para promover modelos de consumo y economía alineados con los principios de sostenibilidad, justicia social y Agenda 2030.

La iniciativa se desarrolló durante 2025 gracias a la financiación de la convocatoria de Entidades Sociales correspondiente al año 2024 y surge con el propósito de adaptar los principios del Comercio Justo al contexto estatal, fortaleciendo redes y fomentando una transición hacia modelos de producción y consumo más responsables.

Un proyecto para fortalecer el Comercio Justo Local

A lo largo del proyecto se impulsaron distintas líneas de trabajo orientadas a generar conocimiento, fortalecer alianzas y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de un consumo responsable.

Entre las principales acciones desarrolladas destacan:

• La identificación y el mapeo de actores clave vinculados al Comercio Justo y la economía sostenible.

• La creación de la Comisión de Comercio Justo Local dentro de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ).

• El intercambio de experiencias y buenas prácticas con iniciativas de otros países europeos.

• La organización de espacios de diálogo multiactor en diferentes ciudades, fomentando  la colaboración entre administraciones,  entidades sociales, empresas y ciudadanía.

• La elaboración de un estudio sobre la huella de carbono de productos de Comercio Justo.

• El lanzamiento de una campaña de sensibilización centrada en el consumo responsable y sostenible.

Redes para transformar el modelo de consumo

El proyecto pone de relieve la necesidad de impulsar redes de colaboración que permitan avanzar hacia modelos económicos más justos,  resilientes y respetuosos con el medio ambiente.

A través de estas acciones, Comercio Justo Local 2030 contribuye a reforzar el papel del Comercio Justo como herramienta para promover el desarrollo sostenible, la justicia social y la corresponsabilidad en los hábitos de consumo.

Hace unos días, un grupo de socios y socias de Fiare Banca Etica tuvimos la oportunidad de visitar Foodcoop, el supermercado cooperativo y participativo de Barcelona, para conocer de cerca cómo se gestiona la alternativa al modelo de consumo masivo.

Esta visita no ha sido una casualidad. Tanto Fiare como Foodcoop compartimos una misma raíz: la convicción de que la economía debe estar al servicio de las personas y del planeta. Si con nuestros ahorros decidimos qué mundo financiamos, con nuestra cesta de la compra decidimos qué modelo de producción apoyamos.

Mucho más que llenar la despensa: Valores en el carro de la compra

Pasear por los pasillos de Foodcoop es entender que otra forma de consumir no solo es posible, sino que ya es una realidad a través de criterios rigorosos que ponen la vida en el centro. El proyecto prioriza los alimentos ecológicos, de proximidad y de temporada, cultivados de forma respetuosa con la tierra para reducir drásticamente las emisiones del transporte y apoyar al campesinado local, asumiendo con naturalidad que si no es la época de un producto, simplemente se espera a su ciclo natural.

Asimismo, la lucha contra la crisis del plástico es uno de sus pilares fundamentales gracias a una gran sección de compra a granel que permite adquirir solo lo necesario, evitando el desperdicio alimentario y de envases.

Esta sensibilidad se extiende a la inclusividad alimentaria, reflejando la diversidad de las personas en unas estanterías con una oferta cuidada de productos sin gluten y opciones veganas para que todo el mundo se abastezca de forma segura y ética.

Todo ello se sostiene bajo un modelo que rompe el mito de que «lo eco es un lujo», logrando una accesibilidad económica con precios justos para las consumidoras sin exprimir a los productores, al mismo tiempo que garantiza condiciones laborales dignas y un funcionamiento basado en la implicación de las propias socias, quienes dedican unas horas al mes a las tareas del súper.

Una red de empresas que comparten ADN

Lo que hace fuerte a Foodcoop no es solo lo que vende, sino con quién se alía, tejiendo una red con empresas y colectivos de la economía social y solidaria que comparten su mismo ADN y que a menudo también están vinculados al ecosistema de Fiare.

En el ámbito de la logística y el reparto cooperativo, trabajan con Mensakas y Mercedes para asegurar una movilidad sostenible que respete los derechos laborales. Para que el propio funcionamiento del local sea coherente, confían los suministros de energía limpia y telecomunicaciones a Som Energia y Som Conexió, mientras que sus alianzas con colectivos como Iridia y Zumzeig refuerzan su compromiso cultural y de defensa de los derechos sociales en el territorio.

Sumando fuerzas en la Red de Supermercados Cooperativos

Foodcoop forma parte de una red de supermercados cooperativos en pleno crecimiento que está intentando competir con las grandes cadenas de distribución.

Para las personas que formamos parte de Fiare Banca Etica, ver cómo los recursos económicos se materializan en proyectos como este es el mejor recordatorio de por qué hacemos lo que hacemos. Cooperar es la mejor herramienta que tenemos para diseñar el futuro.

Fuente: Fiare Banca Etica

Desde REAS Red de Redes seguimos acompañando el camino del proyecto YOU(th) CARE for Change, esa iniciativa euromediterránea cofinanciada por la UE en el marco del programa DEAR que busca empoderar a la juventud para que sean agentes reales de cambio en sus comunidades. Y tenemos algunas novedades que celebrar.

La segunda convocatoria ya tiene sus proyectos financiados

Tras la resolución de la segunda convocatoria de subvenciones podemos anunciar que tres iniciativas del Estado español han sido seleccionadas. Son proyectos muy distintos entre sí en territorios, temáticas y metodologías, pero todos comparten una misma ética: el cuidado como práctica política, la interseccionalidad como herramienta de análisis, y la juventud como protagonista real, no simbólica.

Os presentamos cada uno de ellos:

SOUTH-to-SOUTH

(Lot 1 – Networking Internacional | España-Italia | 15.000 €)

Liderado por la Asociación SEARA de Madrid, junto con el colectivo editorial Liminal y el colectivo Eolie Pride de las Islas Eolias (Sicilia), este proyecto construye una plataforma cultural transnacional para profesionalizar y amplificar narrativas disidentes LGBTIAQ+ y migrantes. Su eje vertebrador es un eje Sur-Sur que conecta Madrid con las periferias insulares italianas y con la diáspora latinoamericana, desafiando los discursos de odio a través del arte, la filosofía y las ciencias sociales.

Entre sus actividades destacan una convocatoria abierta para creadoras y creadores, talleres sobre insularidad y espiritualidades ancestrales, un cinefórum sobre producción queer siciliana, el apoyo a la segunda edición del Aeolian Pride (que ya se ha realizado este primer fin de semana de junio), y una residencia artística presencial en la isla de Salina en octubre. Todo ello quedará recogido en dos números de la revista cultural Liminal, un archivo vivo de memoria queer con enfoque académico y comunitario.

Haciendo Barrio: Beyond Borders of Care

(Lot 1 – Networking Internacional | España-Serbia | 15.000 €)

Viaje a la Sostenibilidad S.Coop (Zaragoza) y el Crisis Response and Policy Centre – CRPC (Belgrado) proponen fortalecer espacios juveniles inclusivos y participativos para jóvenes migrantes, refugiades y personas con menos oportunidades en Zaragoza y Belgrado. Su metodología es clara: aprender, intercambiar y transformar la práctica.

El proyecto incluye dos movilidades transnacionales (una delegación de Zaragoza ha viajado a Belgrado y otra de Belgrado vendrá a Zaragoza) para observar, co-crear y adaptar prácticas de acogida, facilitación intercultural, prevención de conflictos y rutas de derivación. Con ese aprendizaje compartido, se pilotarán cuatro acciones locales (dos en cada ciudad) co-diseñadas con jóvenes. El resultado principal será un Manual de Buenas Prácticas (en inglés, español y serbio) con métodos paso a paso, estándares de espacios seguros y checklists de inclusión. Una herramienta replicable, concreta y nacida desde la experiencia territorial del Haciendo Barrio zaragozano.

Espacio Afro: un espacio comunitario liderado por jóvenes para la justicia racial y el cuidado colectivo

(Lot 2 – Making Space Nacional | España | 7.800 €)

La Asociación Espacio Afroconciencia (Espacio Afro) de Madrid, junto con Osikan Vivero de Creación e Imaginación Social, propone fortalecer Espacio Afro como infraestructura comunitaria sostenida, segura y liderada por jóvenes africanas y afrodescendientes. En el centro de todo, un Consejo de Juventud de 4 personas con poder real de decisión sobre el diseño, la implementación y la evaluación de todo el ciclo.

Las actividades se articulan en torno a dos dispositivos complementarios: cuatro sesiones «¿Qué pasa con…?», espacios de diálogo crítico y producción colectiva de conocimiento sobre justicia racial y cuidados; y cuatro comidas comunitarias intergeneracionales, donde la gastronomía se convierte en herramienta de encuentro, afecto y pertenencia. El proyecto culminará con una muestra creativa final y dejará como legado un kit de herramientas replicable con protocolos de cuidado, metodologías de facilitación y aprendizajes sistematizados. Un proyecto pequeño en presupuesto, grande en profundidad.

Próxima parada: Marruecos

Además de estos proyectos, a partir del 15 de junio nos espera una cita importante a nivel de todo el consorcio internacional. El equipo de YOU(th) CARE for Change se reúne en Marruecos (país que forma parte del consorcio donde se ejecuta el proyecto) para celebrar el Comité directivo anual del proyecto, el espacio de gobernanza donde los países participantes evaluamos el avance conjunto, tomamos decisiones estratégicas y afinamos la hoja de ruta hasta el cierre del proyecto en abril de 2027.

Pero el encuentro va mucho más allá de la gestión. En paralelo al comité, se celebrará un Evento público sobre Libertad de Movimiento el día 18, un espacio de diálogo político protagonizado por jóvenes. Participarán jóvenes representantes de entidades juveniles de cada uno de los 12 países del consorcio —Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, República Checa, Hungría, Grecia, Albania, Serbia, Túnez, Marruecos y el Estado español— junto con jóvenes de diversas organizaciones juveniles marroquíes del territorio. La libertad de movimiento, las migraciones, las fronteras y el derecho a circular con dignidad serán los ejes de un debate que toca de lleno las realidades que viven muchas de las personas jóvenes que participan en los proyectos financiados por esta convocatoria.

Además de este evento, todas estas entidades estarán definiendo actividades para llevar a cabo una campaña internacional que lleva por título: «RECLAIMING SPACES: YOUTH NEEDS SPACE. SOCIETY NEEDS YOUTH.» (Reclamando espacios: La juventud necesita espacios. La sociedad necesita a la juventud), con el objetivo de reclamar esos espacios, tanto físicos, digitales, educacionales y políticos.

Desde REAS Red de Redes acudiremos con la convicción de siempre: que la juventud no son el futuro, son el presente. Y que construir una economía del cuidado también significa abrir las puertas, escuchar las voces que vienen de los márgenes, y tejer redes que crucen fronteras.

Seguiremos contándoos.

Para más información sobre el proyecto, podéis contactar con Raquel Magaña: raquel.magana@reas.red

Imagen: Festival Eolie Pride, uno de los proyectos financiados por el programa SOUTH-to-SOUTH de YouthCare. @eoliepride

Bienvenidas a las XXXI Jornadas de Economía Solidaria de REAS Aragón.

Gracias a quienes estáis aquí, en el salón de actos del Centro Joaquín Roncal. Y gracias también a quienes nos seguís en directo por streaming, desde otros lugares, otros territorios.

Hoy volvemos a encontrarnos. Y eso, en estos tiempos, no es poca cosa.Nos encontramos en unas jornadas que este año llevan por título:“Cuando la realidad supera la ficción. Economía Solidaria ante el sálvese quien pueda”.

Porque hay momentos en los que parece que el cine ya nos había avisado. Distopías climáticas. Sociedades fragmentadas. Tecnologías que deciden por nosotras. Comunidades obligadas a competir por recursos escasos. Futuros cada vez más estrechos.

Durante años pensamos que eso pertenecía a la ficción. Y, sin embargo, muchas veces basta con mirar alrededor para preguntarnos: ¿en qué momento cruzamos al otro lado de la pantalla?

Pero toda película tiene más de un plano. Y todo relato puede cambiarse. Frente al miedo, la competencia y el “sálvese quien pueda”, la Economía Solidaria propone otra forma de mirar y de actuar.

Propone poner a las personas y la vida en el centro. Propone cooperación frente a competencia. Propone sostenibilidad frente a expolio. Propone trabajo digno, equidad, compromiso con el entorno, reparto justo de la riqueza y construcción comunitaria.

No venimos a negar el malestar. Venimos a mirarlo de frente. Y, desde ahí, a preguntarnos juntas: ¿qué otros guiones podemos escribir?

Estas jornadas son posibles gracias al trabajo colectivo de muchas personas. Queremos agradecer especialmente a REAS Aragón, a todas las entidades que forman parte de la red y que sostienen día a día la Economía Solidaria en nuestro territorio.

Gracias al grupo motor que ha pensado la temática, la ha afinado y ha hecho posible que las ideas aterricen.

Gracias a la Secretaría Técnica de REAS Aragón, Pilar Monzón, por hacer que la comunicación salga, que los detalles se resuelvan y cuidar de que las jornadas lleguen hasta aquí con todo a punto.

Y gracias también, como siempre, al equipo del Centro Joaquín Roncal, que un año más nos facilita este espacio y nos acompaña para que podamos encontrarnos aquí, con cuidado y con calidad.

Durante tres días vamos a recorrer tres escenas de una misma situación.

Hoy, lunes 1 de junio, empezamos con: “La esperanza contraataca. Del desánimo ecosocial a la acción colectiva”.

Como en toda buena saga, también aquí hay un imperio: el de la precariedad, el cansancio, la crisis ecosocial, la pérdida de horizonte.

Pero también hay resistencias. Hay redes cotidianas. Hay vínculos. Hay apoyo mutuo. Hay gente ordinaria haciendo transformaciones extraordinarias.

Para abrir esta primera jornada contamos con Yayo Herrero, de la Cooperativa Garúa, y con José Luis Fernández Casadevante, Kois, también de Garúa. Dos personas que nos ayudarán a nombrar el presente sin anestesia, pero también a reconocer las posibilidades que ya están en marcha.

Mañana, martes 2 de junio, seguiremos con: “Afrontando juntas los juegos del hambre. Participación, apoyo mutuo y cooperación territorial”.

Porque el neoliberalismo se parece demasiado a esa lógica que pone a territorios y personas a competir entre sí. Como si solo sobreviviera quien corre más, quien acumula más, quien resiste en soledad.

Pero en la vida real, las comunidades que perduran no son las que mejor compiten. Son las que mejor cooperan.

Mañana conversaremos de ello con experiencias como Verbena Cooperativa, EPA!, el Colectivo Lefrig y Salir del Bucle.

Y el miércoles 3 de junio cerraremos con: “Matrix cooperativa. Elegir la pastilla del software libre, los datos comunes y la soberanía digital”.

Porque también necesitamos preguntarnos quién gobierna la máquina. Quién controla nuestras infraestructuras digitales. Quién se queda con nuestros datos. Qué impactos ambientales tiene el modelo tecnológico dominante. Y cómo podemos construir tecnología desde otros valores.

Y lo haremos conversando con SomosNube.Coop, Dabne Tecnologías de la Información y la campaña No es sequía, es saqueo.

Estas jornadas no son solo un ciclo de charlas. Son un espacio para detenernos. Para pensar juntas. Para reconocernos. Para recargar energía colectiva. Para seguir construyendo economía solidaria cuando el guión dominante insiste en decirnos que no hay alternativa.

Pero sí la hay. Está en las cooperativas. En las redes de apoyo. En los mercados sociales. En las finanzas éticas. En la vivienda cooperativa. En los territorios que se organizan. En las tecnologías que se comparten. En cada práctica económica que decide no poner el beneficio por encima de la vida.

Así que gracias, de verdad, por estar aquí. Gracias por sostener estos espacios. Gracias por venir a pensar, a escuchar, a incomodarnos un poco y a imaginar juntas.

Ojalá estos tres días nos sirvan para salir del “sálvese quien pueda” y entrar, con más fuerza, en el “nos salvamos en común”.

Damos comienzo a las XXXI Jornadas de Economía Solidaria de REAS Aragón.

Que la fuerza nos acompañe!

1 junio La esperanza contraataca: del desánimo ecosocial a la acción colectiva

2 junio  Afrontando juntas los juegos del hambre: participación, apoyo mutuo y cooperación territorial

La segunda jornada de las XXXI Jornadas de Economía de REAS Aragón puso el foco en las estrategias colectivas para afrontar un contexto cada vez más marcado por la competencia, la precariedad y la fragmentación social. Bajo el título “Afrontando juntas los juegos del hambre: participación, apoyo mutuo y cooperación territorial”, cuatro iniciativas compartieron experiencias muy diferentes pero atravesadas por una misma convicción: la supervivencia y la transformación solo son posibles desde la cooperación.

Julia Laborda, de Verbena Cooperativa; Sara Álvarez, de EPA!; Aminetou Errer Bouzeid, del Colectivo Lefrig; y Marta Estevan, del proyecto Salir del Bucle, ofrecieron una mirada plural sobre los desafíos y oportunidades que atraviesan el mundo rural, las personas migrantes y racializadas, el sector cultural y los esfuerzos por acercar la Economía Social y Solidaria a las generaciones más jóvenes.

Una de las primeras preguntas que atravesó la mesa fue cómo se traduce la distopía que describimos en los debates ecosociales al día a día de los territorios. Las respuestas mostraron que muchas de las narrativas construidas desde contextos urbanos no siempre encajan con las realidades rurales.

Desde EPA! se señaló que en muchos pueblos resulta difícil cumplir con determinados estándares sobre sostenibilidad o consumo responsable que a menudo se presentan como universales. Las condiciones materiales son diferentes y las necesidades también. En ocasiones, las narrativas urbanas sobre lo que es ecológico, sostenible o correcto terminan generando presión sobre quienes viven en territorios donde las alternativas simplemente no existen. Antes de juzgar o prescribir, se planteó la necesidad de escuchar, preguntar y comprender las realidades concretas.

La colaboración surge precisamente de esa necesidad. En el medio rural, explicaron, muchas veces se crean alianzas intersectoriales porque no queda otra opción. La supervivencia obliga a cooperar. Los recursos son limitados, las personas son pocas y los retos son compartidos. En ese contexto apareció una idea que resonó durante toda la sesión: la verdadera renta de los pueblos es «llevarse bien». La capacidad de construir relaciones de confianza y apoyo mutuo es, en muchas ocasiones, el principal recurso disponible.

Desde el Colectivo Lefrig, Aminetou Errer Bouzeid aportó una reflexión contundente sobre la experiencia de las personas migrantes y racializadas. «Una sabe que no puede sola, mejor acompañada», resumió. La necesidad de construir redes de apoyo no es únicamente una cuestión de bienestar comunitario, sino una respuesta directa a las múltiples formas de violencia que atraviesan estas experiencias.

Su intervención dibujó a la perfección e hilando con el primer día, un panorama preocupante, marcado por el racismo estructural presente y aumentando cada día, en numerosos espacios de la vida cotidiana: escuelas, universidades, administraciones públicas y, por supuesto, el sistema judicial. El racismo y colonialismo no son episodios aislados, sino que forman parte de unas dinámicas culturales que agreden a muchas personas en su vida.

Al mismo tiempo, señaló que los procesos migratorios han transformado profundamente nuestros territorios, generando una diversidad creciente que interpela a todas las organizaciones y movimientos sociales. La inclusión de esa diversidad no puede ser un elemento decorativo, sino una dimensión central de cualquier proyecto transformador.

Desde el ámbito cultural, Julia Laborda puso sobre la mesa otra forma de precariedad que con frecuencia se ha normalizado. Participar en la agenda cultural desde el medio rural implica recorrer largas distancias, asumir costes adicionales y desarrollar proyectos en un contexto de escasez permanente de recursos y financiación.

Sin embargo, el problema no reside únicamente en la falta de fondos. Según explicó, buena parte de las dificultades tienen que ver con las reglas que organizan el acceso a esos recursos. Convocatorias y modelos de financiación que empujan a las pequeñas entidades a competir entre sí, debilitando precisamente los vínculos de cooperación que dicen promover.

Frente a esa lógica, reivindicó la comunicación ética como una forma de resistencia. Una manera de contar lo que sucede sin reproducir dinámicas de competencia, espectacularización o individualismo. Una herramienta para sostener proyectos y comunidades desde otros valores.

La intervención de Marta Esteban presentó una preocupación compartida por muchas organizaciones de la Economía Social y Solidaria: la dificultad para conectar con la gente joven. No porque exista una falta de interés, sino porque los canales tradicionales ya no son suficientes para llegar a quienes buscan respuestas en medio de un contexto de sobreinformación.

Desde el proyecto Salir del Bucle se planteó una pregunta directa: ¿por qué la Economía Social y Solidaria no está ocupando los espacios donde las nuevas generaciones buscan referentes? La respuesta pasa, en parte, por abrir nuevos canales de comunicación y trasladar las propuestas de la ESS a los debates que preocupan a la juventud: el acceso a la vivienda, la precariedad laboral, la incertidumbre vital o la falta de perspectivas de futuro.

Acaban de desembarcar en redes como Instagram con la intención de abrir puertas y generar conversaciones. Porque la gente joven no necesita únicamente discursos; necesita referentes reales, experiencias concretas y ejemplos de que existen otras formas de organizar la vida y el trabajo.

A pesar de las dificultades descritas, la sesión estuvo atravesada por una mirada esperanzadora. Todas las participantes coincidieron en señalar que ya existen numerosas experiencias que cuestionan la idea de que solo podemos vivir desde la competencia.

En los pueblos, recordaron, las vecinas se conocen, se ayudan y se preocupan unas por otras. Son gestos pequeños y cotidianos que en muchos entornos urbanos se han ido debilitando, pero que siguen constituyendo una poderosa infraestructura comunitaria.

Desde esa perspectiva, una de las ideas más sugerentes de la jornada fue que la clave para afrontar los «juegos del hambre» no consiste en aprender a jugar mejor, sino en dejar de aceptar sus reglas. Competir nos debilita. Cooperar nos devuelve capacidad política. Nos permite construir respuestas colectivas frente a problemas que ninguna persona puede resolver por sí sola.

Las reflexiones finales dejaron varios retos sobre la mesa. Preguntar antes de hablar. Evitar juzgar las realidades rurales desde marcos urbanos sin haberlas comprendido. Traducir lenguajes y narrativas para generar encuentros entre mundos distintos. Revisar quiénes participan en nuestros proyectos y quiénes quedan fuera. Incorporar la diversidad como un criterio central y no secundario.

También apareció una propuesta ilusionante: impulsar una escuela de activismo económico en Aragón capaz de acercar la Economía Social y Solidaria a nuevas generaciones y nuevos públicos.

Porque el futuro no dependerá únicamente de resistir. Será necesario construir espacios donde la gente joven pueda ilusionarse, implicarse y reconocerse como protagonista de los cambios que vienen.

La Economía Social y Solidaria lleva décadas demostrando que existen otras maneras de producir, consumir y organizar la vida. El desafío ahora es conseguir que esos relatos, esas prácticas y esas experiencias lleguen más lejos. No basta con tener valores compartidos; es necesario sostener proyectos, apostar por procesos lentos y comunitarios, fortalecer redes que respondan a necesidades reales y recordar que lo que afecta a una persona nunca termina en esa persona.

La jornada concluyó con una certeza compartida: reforzar los vínculos y construir juntas sigue siendo una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo. Pero hacerlo exige escuchar, traducir, incluir y cooperar de maneras que amplíen, y no reduzcan, nuestras comunidades.

Grabación 2 junio canal Youtube REAS Aragón

3 junio Matrix cooperativo: elegir la pastilla del software libre, los datos comunes y la soberanía digital

La tercera y última jornada de las XXXI Jornadas de Economía de REAS Aragón trasladó la reflexión hacia un ámbito cada vez más presente en nuestras vidas, aunque a menudo permanezca invisible: la tecnología. Bajo el provocador título “Matrix cooperativo: elegir la pastilla del software libre, los datos comunes y la soberanía digital”, la sesión reunió a Mónica Garriga, de SomosNube Coop; Isabel Sea, de Dabne Tecnologías de la Información; y Alicia Tires, de la campaña No es sequía, es saqueo.

La conversación partió de una constatación sencilla pero inquietante: gran parte de nuestras comunicaciones, nuestros datos y nuestras relaciones digitales dependen de unas pocas grandes empresas tecnológicas. Aplicaciones que utilizamos a diario para trabajar, organizarnos, informarnos o relacionarnos parecen herramientas neutras y accesibles, pero detrás de ellas se encuentran corporaciones con un enorme poder económico, político y cultural.

Las ponentes invitaron a mirar más allá de la comodidad de estas plataformas para preguntarnos quién controla realmente los espacios digitales que habitamos. La cuestión no se limita a la privacidad o a la protección de datos personales. También afecta a la capacidad de las sociedades para decidir sobre infraestructuras cada vez más esenciales para la vida cotidiana.

La concentración de poder en manos de las grandes tecnológicas supone una pérdida de autonomía colectiva. Cada mensaje, cada documento almacenado, cada interacción digital alimenta modelos empresariales basados en la extracción de datos y en la generación de dependencia tecnológica. Un poder que, en muchos casos, opera con una capacidad de influencia superior a la de numerosos estados y que plantea desafíos cada vez mayores para la calidad democrática.

Desde esta perspectiva, la soberanía digital apareció como una cuestión profundamente política. No se trata únicamente de elegir unas herramientas u otras, sino de preguntarnos qué modelo de sociedad estamos sosteniendo con nuestros hábitos tecnológicos.

La Economía Social y Solidaria, señalaron las participantes, no puede permanecer ajena a este debate. Del mismo modo que cuestiona los modelos dominantes de producción, consumo o financiación, también debe reflexionar sobre las tecnologías que utiliza y sobre las dependencias que estas generan.

Antes de adoptar cualquier herramienta, se propuso recuperar una pregunta básica: ¿Qué necesidades queremos cubrir realmente? A menudo incorporamos plataformas digitales sin analizar si responden a necesidades propias o si simplemente reproducen inercias tecnológicas que nos hacen cada vez más dependientes.

Frente a ello, se reivindicó la importancia de incorporar herramientas de software libre, tecnologías éticas y modelos cooperativos de gestión digital. Soluciones que permiten recuperar capacidad de decisión, aumentar la transparencia y reducir la dependencia de grandes corporaciones.

Lejos de una visión fatalista, las ponentes insistieron en que las alternativas existen. Existen plataformas cooperativas, servicios gestionados desde la economía social y proyectos tecnológicos construidos desde principios de democracia, transparencia y cuidado. La cuestión es generar el conocimiento, la voluntad y las redes necesarias para utilizarlos.

También se destacó la importancia de diversificar los espacios donde almacenamos información, nos comunicamos o generamos conocimiento. Concentrar toda nuestra actividad digital en unas pocas plataformas implica asumir riesgos colectivos que muchas veces pasan desapercibidos.

La reflexión sobre la soberanía tecnológica se amplió con la intervención de Alicia Tires, quien trasladó el debate al territorio aragonés y a las consecuencias materiales de la expansión de la economía digital.

Desde la campaña No es sequía, es saqueo se presentó un análisis del crecimiento exponencial de los centros de datos en Aragón y de los impactos socioambientales asociados a este proceso. Una expansión impulsada por políticas institucionales que buscan atraer inversiones vinculadas a la economía digital, pero cuyos costes recaen sobre los territorios y los recursos naturales.

La intervención permitió visibilizar una realidad que con frecuencia permanece oculta tras la aparente inmaterialidad de internet. Cada fotografía almacenada en la nube, cada búsqueda o cada servicio digital depende de enormes infraestructuras físicas que consumen energía, agua y territorio.

Los centros de datos representan una de las caras menos visibles de la digitalización acelerada. Su proliferación plantea interrogantes sobre el uso de recursos comunes, la planificación territorial y los impactos ambientales de un modelo tecnológico que suele presentarse como inevitable.

La sesión puso de manifiesto que hablar de tecnología es también hablar de democracia, de recursos naturales y de justicia social. Las decisiones sobre cómo nos comunicamos, dónde se almacenan nuestros datos o qué infraestructuras se construyen en nuestros territorios tienen consecuencias que trascienden el ámbito técnico.

Como cierre de las jornadas, esta última mesa sirvió para ampliar la mirada sobre los desafíos contemporáneos. Si el primer día se habló de construir esperanza activa frente al desánimo ecosocial y el segundo de reforzar las redes de apoyo mutuo para afrontar la precariedad, el tercero recordó que la transformación también pasa por recuperar capacidad de decisión sobre los entornos digitales que habitamos.

Elegir la «pastilla del software libre» no apareció como una cuestión meramente tecnológica, sino como una invitación a cuestionar dependencias, redistribuir poder y construir alternativas coherentes con los principios de la Economía Social y Solidaria.

Porque la soberanía, también en el ámbito digital, no consiste únicamente en resistir. Consiste en crear las condiciones para decidir colectivamente cómo queremos organizarnos, comunicarnos y vivir

Grabación 3 junio canal Youtube REAS Aragón

Algunas de las Herramientas Alternativas de Software Libre y Ético  mencionadas en la  sesión del 3 de junio titulada «Matrix cooperativa, software libre, datos comunes y soberanía digital», se han identificado las siguientes aplicaciones informáticas, herramientas y plataformas tecnológicas:

Se proponen específicamente como herramientas soberanas, tecnoéticas o cooperativas:

• Almacenamiento y oficina virtual:
  • Nextcloud: Citado como herramienta para acceder a documentos compartidos.
  • SomosNube.coop – Servicios en la nube, cooperativos, tecnoéticos y con software libre, incluyen Oficina virtual, Correo, ERP-CRM para gestión empresarial, Vídeoconferencia, Formularios y Ágora.
• Redes Sociales (Fediverso):
  • Mastodon: La red de microblogging más citada como alternativa a Twitter.
  • PixelFed: Alternativa ética a Instagram para compartir imágenes.
  • https://joinpeertube.org/es: Plataforma de vídeo federada
  • https://pantube.tv/  es un colectivo de personas que crean contenido
  • https://f-droid.org/es/ repositorio de aplicaciones para movil tipo «play store» de código abierto
• Buscadores y Navegadores:
  • DuckDuckGo: Buscador que permite privacidad y evitar resultados de IA.
  • LibreWolf: Navegador basado en Firefox enfocado en la privacidad y sin trazabilidad de datos.
• Comunicación y Relación:
  • Rocket.Chat: Herramienta de chat grupal y profesional.
  • Agora  : Mencionado como sistema de videoconferencia.
• Gestión y otros:
  • Tuta (antes Tutanota): Proveedor de correo electrónico cifrado y ético.
  • Archive.org: Repositorio digital de memoria de internet.
  • Wikimedia: Fundación y repositorio de conocimiento compartido.
  • Convoca.la: Agendas autogestionadas para movimientos sociales.

Hardware y Proyectos de transición

• Fairphone: Teléfono móvil diseñado para ser sostenible y fácilmente reparable por piezas.
• Slimbook: Marca de ordenadores (fabricada en Valencia) que facilita la reparación y el uso de software libre.
• Linux: Sistema operativo de código abierto citado como base para recuperar equipos viejos.
• Vámonos Juntas: Campaña y plataforma de acompañamiento para la transición a redes sociales libres.
• https://veenk.org/projects: Directorio de equivalencias entre software privativo y libre.
• https://alternativeto.net/  Web para buscar alternativas de software.

Iniciativas y Conceptos Tecnológicos Citados

• Fediverso (Federación + Universo): Ecosistema de servidores interconectados.
• P2P (Peer-to-Peer): Protocolos para compartir capacidad de cómputo.
• Permacomputación: Concepto de informática inspirada en la permacultura (reparación y uso de recursos existentes).
• LLM (Large Language Models): Modelos de lenguaje en los que se basa la IA generativa.
• El Stack Autoritario:  https://www.authoritarian-stack.info/
• Concepto de «enshittification» o «mierdificación de Cory Doctorow : https://es.wikipedia.org/wiki/Decadencia_de_plataformas

Páginas web de hacklabs

• Sindominio que tiene su propio gestor de correos, nube y etc gratis para activistas:  https://sindominio.net/  y https://sindominio.net/logout/web/recursos/
• https://teknokasa.csolarosa.net/ Tu oficina de okupación digital de confianza
• La agenda autogestionada de zgz: https://zgz.convoca.la/
• https://sindominio.net/lafurgo/  ( campaña para el cambio al software libre)
• https://lamardecitas.net/ ( campaña para citas de extranjería)

¿ Te gusta lo que lees, te quieres unir a REAS ? Más info:

REAS Aragón, Red de Economía Alternativa y Solidaria

CL Mayoral 9 local 50003 Zaragoza  Móvil 622485970

Mail:  reasaragon@reasnet.com

«El actual colapso ecológico pone en evidencia la fantasía o mito de un ‘crecimiento verde’ al que se siguen aferrando las grandes corporaciones»

Un movimiento internacional está surgiendo en torno a la idea de que el actual crecimiento económico del planeta amenaza el bienestar, la salud y los recursos naturales de los que dependemos. El capitalismo extremo personificado en las gigantescas corporaciones multinacionales, cada vez más poderosas, ha encontrado en la tecnología una aliada que aumenta aún más su influencia. El Foro Social Más Allá del Crecimiento aglutina en España a quienes apuestan por un decrecimiento económico, al objeto de que la economía se ajuste a las necesidades de la población y el planeta, en vez de usarlos como simple materia prima. 700 personas participaron el pasado mes de febrero en una sesión de este foro, entre las que estaban la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o el investigador Fernando Valladares. Se trata de un movimiento que surge y se extiende en toda Europa. Hugo Abad es uno de sus miembros más activos y una de sus voces más destacadas.

¿Por qué hay cada vez más voces que claman por un decrecimiento económico y en qué ha de consistir exactamente ese decrecimiento?

-Hay un consenso científico creciente en torno al decrecimiento económico como mejor estrategia para frenar la crisis ecológica y las diversas crisis sociales que vivimos (acceso a vivienda y alimentación digna, precariedad laboral, crisis de cuidados, salud mental, etc.) para avanzar hacia sociedades justas y sostenibles. Los hechos muestran que una reducción democráticamente planificada de la producción y el consumo para alinear las sociedades con los límites ecológicos es la única vía realmente sostenible en los países de renta alta. La imposibilidad de un desacoplamiento absoluto entre crecimiento económico e impactos ecológicos al ritmo y escala necesario para frenar el colapso ecológico pone en evidencia la fantasía o mito de un «crecimiento verde», al que se siguen aferrando las grandes corporaciones y poderes económicos.

¿Por qué el capitalismo ha pasado de ser el modo de producción que hemos conocido siempre a convertirse en un modelo de destrucción ecológica masiva?

El capitalismo ha estado siempre basado en la destrucción ecológica y explotación de las personas, aunque es con los combustibles fósiles y en su fase neoliberal de las últimas décadas cuando estamos asistiendo a sus consecuencias más destructivas. Entre ellas se incluye también el giro autoritario donde formas de control y represión que hasta ahora sólo habían tenido lugar en las colonias y en estados autocráticos se dan en los centros imperiales de Europa y Norteamérica, con el fin de mantener la acumulación por parte de las élites, en un contexto de guerras por los recursos. El problema no es sólo el nivel de producción y consumo agregado, sino también qué se produce y quién controla las decisiones sobre qué se produce y cómo. Hoy se siguen produciendo innumerables cosas que están acabando con las bases de la vida y la salud planetaria y humana (armas, coches de combustión, carne de macrogranja, fast fashion, ect.) que responden a modelos empresariales extractivos apoyados por una industria del marketing dispuesta a asegurar que el valor de todo lo producido llega a buen puerto al ser comprado. El decrecimiento pone esto en cuestión, abogando por redirigir las capacidades colectivas a lo que sostiene realmente la vida, desmantelando de forma justa los sectores destructivos y potenciando los que son claves para la transformación ecosocial, como la agroecología, la rehabilitación de edificios, la regeneración ecológica, los servicios públicos, los cuidados y la instalación de renovables a escala comunitaria.

Hoy se siguen produciendo innumerables cosas que están acabando con las bases de la vida y la salud planetaria y humana (armas, coches de combustión, carne de macrogranja, fast fashion…) que responden a modelos empresariales extractivos»

Cuando se dice que existe una alternativa al capitalismo y al crecimiento, ¿en qué consiste esa alternativa?

La alternativa consiste en organizar de forma democrática la economía en torno a un enfoque público-comunitario que priorice el bienestar ecosocial con criterios de suficiencia. En este modelo, la satisfacción de necesidades fundamentales debe estar fuera del mercado, y los mercados que existan deben estar bajo criterios sociales y ecológicos que les impidan especular y explotar la vida en sus diversas dimensiones. Es por ello que, en esta alternativa, el rol de las comunidades más allá del mercado y el estado es clave, ya que son quienes habitan los territorios y hacen posible el sostenimiento cotidiano de la vida.

Dado que el gran capital está cada vez en menos manos y surgen oligopolios de proporciones hasta ahora desconocidas ¿realmente hay posibilidades reales de escapar a esta dinámica?

Hay posibilidades reales que requieren cambios profundos en la propiedad y en el control de la inversión. Sectores clave, como la energía, el transporte o la alimentación, tienen que dejar de estar en manos de accionistas que buscan el beneficio privado, y pasar a estar en favor de propiedad y gestión públicas o colectivas. A esto se debe sumar una planificación democrática que implique a instituciones, personas trabajadoras y comunidades para orientar la economía hacia la satisfacción de necesidades reales, la redistribución de la riqueza y la protección del planeta.

Muchas personas, al oír criticar al capitalismo, automáticamente piensan que se está defendiendo el comunismo. ¿Es posible acabar con este dualismo?

Los socialismos realmente existentes, como el de la URSS, reprodujeron patrones productivistas y acabaron haciendo que, el mismo proceso de acumulación, en lugar de darse en torno a los actores del mercado se diera en el marco del Estado. Las corrientes ecosocialistas han venido realizando una crítica de esta realidad, haciendo propuestas que convergen y nutren el cuerpo teórico del decrecimiento. No obstante, las influencias que recibe el decrecimiento son muy amplias, abarcando críticas que vienen desde las miradas ecofeministas, decoloniales o de defensa de los bienes comunes. Es esta la riqueza de un proyecto social y político que dice un ‘no’ claro al sistema capitalista y muchos ‘síes’ a las alternativas posibles para liberarla trama de la vida del imperativo del crecimiento y el beneficio privado.

Hay que potenciar sectores que son claves para la transformación ecosocial, como la agroecología, la rehabilitación de edificios, la regeneración ecológica, los servicios públicos, los cuidados y la instalación de renovables a escala comunitaria»

¿Pueden acabar las grandes corporaciones gobernando el planeta, con los políticos como simples intermediarios? ¿Lo están haciendo ya?

En gran medida lo están haciendo ya, sobre todo si prestamos atención a las dependencias digitales de los gobiernos e instituciones de las grandes corporaciones tecnológicas, en un escenario de expansión de las formas de poder basadas en el control de los datos y la información. Ante este preocupante escenario, urge generar formas de soberanía tecnológica y digital, y regulaciones que impidan en el corto plazo que esta tendencia continúe, aislando en último término las instituciones democráticas de la influencia de las grandes corporaciones. Para ello es esencial el apoyo a nivel internacional entre territorios y países resistiendo a esta tendencia y tratando de poner en marcha alternativas.

¿En qué consiste el Foro Social Más Allá del Crecimiento? ¿Está surgiendo una nueva conciencia o se limita solo a círculos muy reducidos?

El Foro Social Más Allá del Crecimiento es un espacio de deliberación democrática que tiene como objetivo fortalecer y expandir las alianzas entre organizaciones y colectivos que comparten un horizonte común de superación del modelo económico capitalista basado en el crecimiento. El proceso del Foro Social emerge de la Conferencia Más Allá del Crecimiento, que tuvo lugar en septiembre de 2025, y celebró su primera sesión en febrero de 2026 en la Universidad Autónoma de Madrid. A día de hoy, hay más de 140 entidades, redes y alianzas adheridas al proceso. La diversidad de organizaciones y colectivos que participan en el Foro Social muestra la transversalidad y la potencial capacidad de articulación en torno a una transición ecosocial justa, donde las perspectivas que van más allá del crecimiento y del capitalismo se van generalizando en la sociedad civil desde valores compartidos de justicia social y sostenibilidad ecológica. El Acuerdo Ecosocial, en el cual estaremos trabajando en los próximos 10 meses, supone alcanzar un programa común para una transición ecosocial justa en el Estado español, articulable a todos los niveles territoriales.

La jornada se enmarca en la celebración de las cuatro décadas por el comercio justo en el estado español

Representantes institucionales, organizaciones sociales, y entidades del sector participaron en una jornada conmemorativa para celebrar los 40 años del Comercio Justo en España, un movimiento que ha contribuido durante décadas a promover relaciones comerciales más equitativas, sostenibles y respetuosas con los derechos humanos y el medio ambiente.

El encuentro comenzó con un desayuno de Comercio Justo y una bienvenida institucional que dió paso a una retrospectiva sobre la evolución del movimiento en estas cuatro décadas. En este espacio intervinieron Marta Mangrané, presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ); Marta Pizarro, miembro de su Junta Directiva; Juanjo Martínez, representante de la Junta Directiva de Fair Trade Advocacy Office (FTAO); y Sophie Tack, presidenta de la Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO). Durante sus intervenciones, destacaron los principales hitos alcanzados por el sector, así como los retos que afronta en un contexto marcado por las crisis sociales, económicas y ambientales.

La segunda mesa abordó el papel de las administraciones públicas en el impulso del Comercio Justo. En ella participaron Jaime Iglesias Sánchez, Comisionado Especial para la Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social; José Luis Pimentel, Subdirector de Alianzas, Innovación y Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global de la AECID; David Comet, investigador del Instituto de Estudios Avanzados del CSIC y experto en contratación pública responsable; y Marta Mangrané, en representación del programa Ciudades por el Comercio Justo.

Los participantes coincidieron en señalar la importancia de las políticas  públicas y de la compra pública responsable como herramientas clave para avanzar hacia modelos económicos más justos y sostenibles.

La jornada continuó con un diálogo abierto sobre las alianzas entre el Comercio Justo y otros movimientos sociales y económicos. Bajo el título “El Comercio Justo en alianza con otros movimientos: diálogo abierto, miradas externas y proyección de futuro”, representantes de organizaciones de referencia analizaron los desafíos compartidos y las oportunidades de colaboración. En este espacio participaron Anna Bardolet, de la Coordinadora Catalana por el Comercio Justo y las Finanzas Éticas; Rosa Guinot, de la Comisión de Comercio Justo Local de la CECJ; Luigi Carinci, presidente de REAS; Carles Xavier López, representante de la CONGDs; Amaya Acero, coordinadora de la Plataforma de Empresas Responsables; y Eva Kreisler, responsable de Sostenibilidad de CECU.

Las intervenciones pusieron de relieve la necesidad de fortalecer las alianzas entre organizaciones sociales, administraciones públicas, consumidores y empresas comprometidas para impulsar una transición hacia modelos de producción y consumo más responsables y respetuosos con las personas y el planeta.

Además de repasar los logros alcanzados, el encuentro ha permitido compartir algunas de las líneas de trabajo que marcarán el futuro del movimiento, entre ellas el impulso del Comercio Justo Local, el desarrollo de la compra pública responsable y el fortalecimiento de un modelo económico más justo, sostenible y centrado en las personas.

La celebración también ha querido abrir un espacio para escuchar y recoger miradas externas. Las aportaciones de representantes de otros sectores y organizaciones han contribuido a enriquecer la reflexión colectiva sobre los retos globales actuales y sobre el papel que el Comercio Justo puede seguir desempeñando en la construcción de sociedades más equitativas y sostenibles.

El acto concluyó con las intervenciones de David Perejil, director general de Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y Laura Rubio, directora de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, quienes destacaron la contribución del Comercio Justo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su papel como herramienta de transformación social.

Celebrar rodeándonos de nuestro ecosistema

La jornada ha tenido como principal objetivo conmemorar los 40 años del Comercio Justo en España junto a las organizaciones, instituciones y personas que han contribuido a construir y fortalecer este movimiento a lo largo de estas cuatro décadas. El encuentro sirvió para hacer balance del camino recorrido, visibilizar la diversidad de iniciativas y áreas de trabajo que conforman el sector y reconocer el papel de quienes lo impulsan día a día.

La Red Vivienda Cooperativa participa en la Asamblea General y Conferencia Anual de Housing Europe en Trieste

Los días 4 y 5 de junio, la Red Vivienda Cooperativa participó en Trieste (Italia) en la Asamblea General y Conferencia Anual de Housing Europe, la federación europea de vivienda pública, cooperativa y social. La representación de la Red estuvo a cargo de José Téllez, de la cooperativa catalana Sostre Cívic, entidad socia de la Red y referente del modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso en el Estado español.

Housing Europe es la principal organización europea del sector de la vivienda pública, cooperativa y social. Desde 1988 agrupa a federaciones y entidades de 31 países, representando a más de 25 millones de viviendas y constituyendo una de las voces más influyentes en el diseño de las políticas europeas de vivienda.

La edición de este año se celebró en un momento especialmente relevante. La vivienda se ha situado por primera vez en el centro de la agenda política europea, con la puesta en marcha del Plan Europeo de Vivienda Asequible y la revisión de diversos instrumentos normativos y financieros destinados a reforzar la capacidad de los Estados y de las entidades proveedoras de vivienda asequible.

Dos días de trabajo para debatir el futuro de los sistemas de vivienda europeos

La Asamblea General reunió a las entidades miembros de Housing Europe para analizar la situación del sector, definir prioridades de incidencia política y reforzar la coordinación entre organizaciones de distintos países.

El día 5 se celebró la Conferencia Anual bajo el lema “From West to East: Building a Brighter Housing Future”, organizada conjuntamente con Federcasa y ATER Trieste. La conferencia reunió a responsables públicos, representantes de federaciones de vivienda, cooperativas, investigadoras y profesionales del sector para debatir cómo fortalecer los sistemas de vivienda europeos en un contexto marcado por la crisis de acceso a la vivienda, el aumento de los costes de vida y las crecientes tensiones sociales.

Entre los temas abordados destacaron la reconstrucción de vivienda en Ucrania, la movilización de vivienda vacía, la financiación de la vivienda asequible, la regeneración urbana y el papel de los distintos modelos de provisión de vivienda para responder a los retos sociales y territoriales actuales.

La aportación de la vivienda cooperativa impulsada por la comunidad

En este contexto, la Red Vivienda Cooperativa trasladó un mensaje claro a los promotores públicos, federaciones cooperativas y asociaciones europeas presentes en Trieste: la nueva agenda europea de vivienda asequible no puede convertirse únicamente en una agenda de incremento de oferta.

Construir más vivienda es necesario, pero no suficiente.

Si el éxito de las políticas públicas se mide exclusivamente por el número de viviendas construidas, la velocidad de ejecución o la capacidad de atraer inversión, existe el riesgo de dejar en segundo plano modelos que generan valor social permanente, como la vivienda cooperativa en cesión de uso y otras fórmulas de Community Led Housing (CLH).

La cuestión central no es únicamente cuánta vivienda se construye, sino qué tipo de sistema de vivienda estamos ayudando a consolidar mediante recursos públicos.

Por ello, desde la Red Vivienda Cooperativa defendimos tres prioridades:

• Reconocer la vivienda cooperativa y comunitaria como un pilar estratégico de la política europea de vivienda asequible.
• Incorporar criterios exigibles de asequibilidad permanente, ausencia de lucro, gobernanza democrática y protección frente a la especulación.
• Garantizar que estos modelos estén presentes en el diseño del Plan Europeo de Vivienda Asequible, las políticas de suelo público, los fondos europeos y el marco de ayudas de Estado.

Del reconocimiento a la escala europea

Durante los últimos años, los modelos de Community Led Housing han ido ganando visibilidad en el ámbito europeo. Cooperativas de vivienda, Community Land Trusts y otras fórmulas impulsadas por la ciudadanía están demostrando su capacidad para generar vivienda asequible a largo plazo, fortalecer las comunidades locales, mejorar la resiliencia territorial y asegurar que las inversiones públicas produzcan beneficios colectivos duraderos.

Sin embargo, su presencia sigue siendo limitada en los grandes debates europeos sobre vivienda, todavía dominados por enfoques centrados principalmente en la producción de vivienda y la movilización de inversión.

Por ello, uno de los objetivos compartidos por diversas organizaciones presentes en Trieste es seguir avanzando para que la próxima edición de Housing Europe, prevista en Lisboa en 2027, incorpore un espacio principal específicamente dedicado a la vivienda cooperativa y comunitaria impulsada por la ciudadanía, reconociendo su creciente aportación a la construcción de sistemas de vivienda más democráticos, asequibles y sostenibles.

Una voz cada vez más presente en Europa

La participación de la Red Vivienda Cooperativa en Housing Europe forma parte del trabajo de incidencia internacional que la entidad viene desarrollando para situar la vivienda cooperativa en cesión de uso dentro de los principales espacios de decisión europeos.

En un momento en el que Europa busca respuestas estructurales a la crisis habitacional, la experiencia de las cooperativas de vivienda demuestra que existen alternativas capaces de combinar asequibilidad, estabilidad, participación democrática, sostenibilidad y construcción de comunidad.

Porque el reto no es únicamente construir más viviendas. El reto es construir mejores sistemas de vivienda para las generaciones presentes y futuras.

Conoce más la Red el mapa de proyectos de vivienda cooperativa en cesión de uso existentes, en la web Red Vivienda Cooperativa.

¿Qué entendemos por economía? ¿Qué actividades generan realmente bienestar? ¿Por qué algunas contribuciones fundamentales para la sociedad permanecen invisibles? Estas fueron algunas de las cuestiones que guiaron el webinar «Economía Feminista 1.0», celebrado el miércoles 3 de junio y organizado por el Grupo de Mujeres de Fiare. La sesión corrió a cargo de Carmen Castro, economista, feminista, investigadora y especialista en políticas de igualdad, quien invitó a reflexionar sobre la necesidad de construir un modelo económico más justo, sostenible y centrado en la vida.

La economista y activista feminista definió la economía feminista como una corriente crítica que busca «poner la vida con su complejidad, con su fragilidad y con sus necesidades» en un lugar prioritario dentro de las agendas económicas y políticas. Frente a una visión centrada en los mercados, el crecimiento y la obtención de beneficios, la economía feminista plantea poner en el centro aquello que hace posible la vida cotidiana: los cuidados, las relaciones de interdependencia y el bienestar de las personas.

Carmen Castro, a la derecha, en unas jornadas de la Universitat d’Estiu de Gandia, en julio de 2022

Gafas violetas y el iceberg de la economía

Uno de los conceptos centrales de la sesión fue la necesidad de analizar la realidad económica desde una perspectiva feminista, lo que Castro describió mediante la conocida metáfora de las «gafas violetas». Este cambio de mirada permite cuestionar una economía que, según explicó, sigue centrando su atención en aquello que tiene valor monetario, mientras deja fuera una parte esencial de las actividades que sostienen la vida. «La economía convencional se ocupa solo de una parte que está monetizada, mercantilizada, pero que está sostenida por otra economía invisibilizada que es la que permite que todo eso ocurra», afirmó.

Para explicar esta idea, la ponente recurrió a la metáfora del iceberg. En esta imagen, la parte visible representa la economía de los mercados, el empleo, la producción y el consumo. Bajo la superficie se encuentra una economía invisibilizada formada por los cuidados y el trabajo doméstico que, históricamente, han recaído sobre las mujeres. Según explicó, esta economía sumergida permite que la actividad económica visible funcione cada día, aunque rara vez sea reconocida o valorada. La economista señaló que esta distribución desigual de las responsabilidades de cuidado ayuda a explicar muchas de las brechas que siguen afectando a las mujeres en ámbitos como el empleo, los salarios, las pensiones o la participación social y política.

Ilustración de Economistas sin Fronteras

El mito del sujeto económico universal y otras «patrañas»

Otro de los elementos analizados fue la crítica al modelo de sujeto económico sobre el que se ha construido buena parte de la teoría económica tradicional: el sujeto «BBVAH» (blanco, burgués, varón, adulto y heterosexual). Castro denuncia que este sujeto no es universal, sino que es un «espejo» de las élites que ostentan el poder económico, quienes han convertido su propia imagen en el estándar para toda la población.

Durante el webinar también se cuestionaron algunas de las ideas que sustentan la economía convencional, «patrañas» en palabras de Castro. Entre ellas destacó la supuesta separación entre producción y reproducción, la idea de que economía y ética pertenecen a ámbitos distintos o la creencia de que los mercados son el único espacio relevante para generar valor. «No todo puede ser permitido en nombre de la economía o en nombre de la obtención de ventaja económica», afirmó, defendiendo la necesidad de incorporar principios éticos en las decisiones económicas. Asimismo, alertó sobre las diferentes formas de extractivismo que caracterizan al modelo actual, no solo sobre los recursos naturales, sino también sobre el tiempo, la energía, la salud y los cuidados.

Asimismo, defendió la importancia de convertir la economía de los cuidados en un motor de transformación social y económica, capaz de generar bienestar con criterios de justicia social, y apostó por impulsar una mayor corresponsabilidad colectiva que permita superar la tradicional división sexual del trabajo. Para ello, señaló que la responsabilidad de cuidar debe extenderse más allá de las mujeres e implicar también a hombres, instituciones públicas, empresas y comunidades.

Cartel del webinar del 3 junio 2026

Las 5 R de los cuidados

La economista también presentó la estrategia de las 5 R, una propuesta orientada a reorganizar socialmente los cuidados. En relación con el trabajo no remunerado, defendió la necesidad de reconocer su contribución al bienestar colectivo, reducir la carga que soportan las mujeres y redistribuir estas tareas de manera más equitativa entre toda la población. Respecto a los trabajos de cuidados remunerados, abogó por garantizar una remuneración justa y por reforzar la representación colectiva de quienes desarrollan estas actividades, un sector que continúa marcado por la precariedad laboral.

Entre las medidas concretas para avanzar en esta dirección, Castro destacó la necesidad de fortalecer una red pública profesional de atención a la dependencia que evite que el cuidado recaiga exclusivamente sobre las familias, avanzar hacia una reducción de la jornada laboral que permita reorganizar los tiempos de vida y consolidar permisos por nacimiento iguales e intransferibles que favorezcan la corresponsabilidad desde el inicio de la crianza.

La sesión concluyó con una llamada a construir sociedades más corresponsables y a repensar las prioridades económicas desde la igualdad y el bienestar colectivo. Para Carmen Castro, la transformación pasa por reconocer nuestra vulnerabilidad e interdependencia y por avanzar hacia modelos económicos capaces de garantizar vidas dignas para todas las personas. «Se trata de orientarnos como estrategia de cambio y de transformación social y económica hacia sociedades cuidadoras», concluyó.

Un artículo de Sara García Martín para valorsocial.info

REAS Red de Redes pone en marcha un ciclo de encuentros online para abordar, junto a entidades referentes del sector, los retos y oportunidades de la formación continua en la economía social y solidaria.

La primera sesión se celebrará el martes 23 de junio, de 12:00 a 13:00 h, y tendrá como hilo conductor la formación a través de FUNDAE: qué oferta existe, cómo acceder a ella y, en definitiva, cómo sacarle más partido desde nuestras organizaciones.

REAS presentará el marco y dinamizará la conversación con tres entidades que acumulan experiencia directa en su gestión: CEPES, ILUNION y COCETA. El formato huye de las ponencias largas: una hora de diálogo real, sin protocolos.

La inscripción es gratuita. Puedes apuntarte en el siguiente enlace: https://form.jotform.com/253492266009358

Foto de conjunto de los asistentes a la última asamblea general de la FCTC, en el Bloque 4, el 15 de mayo de 2026 / FCTC

El Informe Fénix, impulsado por un grupo de economistas y académicos catalanes, ha abierto un debate necesario sobre el futuro económico de Cataluña. El documento alerta de que el crecimiento de los últimos años se ha basado demasiado en sectores de baja productividad y bajos salarios, y defiende la necesidad de transformar el modelo productivo del país.

El diagnóstico del informe pone sobre la mesa cuestiones relevantes: la precarización laboral, las dificultades de acceso a la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y una economía excesivamente dependiente de sectores intensivos en mano de obra. Pero el debate no es sólo qué sectores económicos queremos potenciar, sino también qué forma de hacer economía queremos construir. Y es aquí donde el cooperativismo de trabajo tiene mucho que decir.

Las cooperativas de trabajo llevan décadas demostrando que es posible generar actividad económica competitiva sin renunciar a la calidad laboral, el arraigo territorial y la democracia empresarial. En un momento en el que se habla tanto de productividad y de sostenibilidad, el cooperativismo aporta experiencias reales que combinan eficiencia económica con impacto social positivo. Las cooperativas de trabajo tienen algunas características especialmente relevantes frente a los retos actuales. La primera es que ponen a las personas en el centro de la actividad económica. Las decisiones no dependen exclusivamente del retorno financiero inmediato, sino también del impacto sobre las personas socias trabajadoras, el entorno y la comunidad. Esto se traduce a menudo en salarios más equilibrados, más estabilidad laboral y menos desigualdades internas.

En momentos de transformaciones profundas como la actual, las cooperativas impulsan modelos más sostenibles y menos extractivos

También son empresas fuertemente arraigadas en el territorio. Cuando las personas trabajadoras participan en la propiedad y la gobernanza, existen menos incentivos para deslocalizar o tomar decisiones especulativas a corto plazo. Esto ayuda a mantener actividad económica, empleo y cohesión social allá donde las cooperativas nacen y crecen.

En paralelo, el cooperativismo de trabajo está demostrando una gran capacidad de innovación en sectores estratégicos. En Cataluña existen cooperativas industriales, tecnológicas, culturales, energéticas, de cuidados, educativos o de comunicación que compiten con normalidad en mercados altamente exigentes. El cooperativismo no es sólo una respuesta social a la precariedad; es también una forma empresarial moderna, resiliente y preparada para afrontar retos complejos.

Además, las cooperativas tienen una mirada especialmente útil en un momento de profundas transformaciones como la actual. Ante la emergencia climática, la digitalización o la crisis de la vivienda, muchas cooperativas están impulsando modelos más sostenibles y menos extractivos. Cooperativas energéticas que apuestan por renovables, cooperativas de vivienda en cesión de uso que ofrecen alternativas a la especulación inmobiliaria o cooperativas de cuidados que buscan dignificar a un sector históricamente precarizado.

El éxito económico no puede medirse sólo por los beneficios o por el volumen de crecimiento, sino también por la calidad de vida o la cohesión social

Por eso sorprende que en muchos debates económicos todavía se hable poco de los modelos empresariales. Porque no es suficiente con tener sectores más productivos si la riqueza se concentra en pocas manos o si el trabajo sigue precarizado. El modelo de empresa también importa. El cooperativismo de trabajo plantea una idea sencilla pero profunda: la empresa debe servir para generar prosperidad compartida. Esto no significa renunciar a la competitividad ni a la eficiencia. Significa entender que el éxito económico no puede medirse sólo en términos de beneficios o volumen de crecimiento , sino también en calidad de vida, cohesión social y capacidad de construir comunidad.

También es necesario abordar con prudencia algunos de los planteamientos del Informe Fénix sobre inmigración. El reto no es buscar culpables, sino transformar un modelo económico que con demasiada frecuencia necesita salarios bajos para mantener determinadas actividades. El cooperativismo lleva tiempo defendiendo que dignificar el trabajo y repartir mejor la riqueza es compatible con una economía dinámica y abierta. Cataluña necesita un debate valiente sobre su futuro económico. Pero ese debate quedará incompleto si no incorpora una pregunta fundamental: ¿qué papel queremos dar a la economía social y cooperativa?

Quizá el gran reto no sea sólo construir una economía más productiva. Quizá sea construir una economía más democrática, más arraigada y más justa. Y aquí el cooperativismo de trabajo no es una nota al margen. Es una parte imprescindible de la respuesta.

Un artículo de Guillermo Perdrix Vidal, Director de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Cataluña (FCTC), para elcritic.cat

El convenio de colaboración 2026 impulsará rutas cooperativas, charlas en centros educativos, una exposición itinerante y un encuentro de intercooperación.

Estas acciones se enmarcan en el programa municipal «Hecho en Santiago con Economía Social».

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela y EspazoCoop, Unión de Cooperativas EspazoCoop, presentaron hoy las actividades del convenio de colaboración 2026, en el marco del programa municipal «Hecho en Santiago con Economía Social». Un convenio que da continuidad a años de trabajo conjunto y reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Santiago con la economía social y las cooperativas como herramientas para el desarrollo local.

El programa de este año se divide en cuatro líneas de actuación complementarias, diseñadas para llegar a diferentes públicos: desde ciudadanos y visitantes de la ciudad, hasta estudiantes de formación profesional y las propias cooperativas santiaguinas.

“Este acuerdo representa un paso más en la construcción de un sólido ecosistema cooperativo en Santiago de Compostela. Nuestra colaboración con el Ayuntamiento es la mejor demostración de que invertir en cooperativismo a nivel local tiene sentido, continuidad y produce resultados. Estamos muy satisfechas de poder seguir avanzando juntas”, afirmó Ana Olveira Blanco, presidenta de la Unión Cooperativa EspazoCoop.

Por su parte, María Rozas Pérez, concejala de Derechos Sociales y Servicios, Promoción Económica y Juventud del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, recordó que la economía social es uno de los pilares de la Agenda Urbana 2030, “porque es un modelo que contribuye a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas a través de proyectos empresariales centrados en las personas, respetuosos con el medio ambiente y comprometidos con la igualdad”. La concejala destacó el ecosistema de la economía social que tenemos en Santiago, “con más de 100 cooperativas y 70 sociedades laborales, que son rentables en diferentes sectores como la cultura, la alimentación, el deporte, las telecomunicaciones o el cuidado”.

Cuatro líneas de acción para el cooperativismo compostelano.
Se realizarán cuatro ediciones de la Ruta Cooperativa, cada una con una duración de tres horas e incluyendo visitas a cuatro cooperativas, donde se explicará su experiencia y se mostrará su actividad. El punto de encuentro será la Alameda de Santiago.

La línea de sensibilización en centros educativos acercará el cooperativismo al CIFP Politécnico de Santiago de Compostela mediante cuatro charlas dirigidas a estudiantes de formación profesional, programadas para el inicio del próximo curso académico. El objetivo es presentar el emprendimiento cooperativo como una alternativa real y viable para el desarrollo de un proyecto profesional.

La exposición itinerante «Cooperativas de Compostela» constará de 20 paneles que recorrerán centros socioculturales y educativos de la ciudad. La exposición combinará una introducción teórica al cooperativismo con paneles dedicados a cada cooperativa participante y fotografías de las personas que la integran, destacando que el cooperativismo se construye a partir de las personas.

Finalmente, el Encuentro de Intercooperación «Conóceme para que te guste» reunirá a cooperativas de Compostela y alrededores durante cuatro horas para que se conozcan, identifiquen sinergias y exploren posibilidades de colaboración.

Una colaboración con trayectoria
EspazoCoop y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela llevan años contribuyendo a consolidar un ecosistema cooperativo cada vez más visible y articulado en la ciudad, mediante rutas, charlas, encuentros y acciones de visibilidad. La renovación del acuerdo en 2026 llega en un momento de especial relevancia para el movimiento cooperativo, tras el impulso del Año Internacional de las Cooperativas 2025, declarado por la ONU.

Sobre EspazoCoop
La Unión Cooperativa EspazoCoop es una entidad multisectorial de carácter empresarial, constituida como asociación sin ánimo de lucro, con sede en Galicia, integrada por cooperativas de distintos tipos, inspiradas en los principios y valores cooperativos, cuyo objetivo es: agrupar, representar, promover, fomentar la intercooperación y defender los intereses de sus cooperativas miembros y de las personas que las conforman, así como la difusión, promoción y consolidación del cooperativismo como herramienta para el desarrollo socioeconómico, en el marco de la economía social y solidaria.

REAS  es entidad colaboradora de la Escuela de Movilidad Sostenible, y junto a ella presenta la segunda convocatoria de becas para los posgrados y Máster en Movilidad Sostenible de 2026.

Se ofrecen 16 becas para las formaciones que comienzan en septiembre de 2026, y que están destinadas a cualquier persona interesada en trabajar por una movilidad más justa y sostenible:

• Posgrado Herramientas para innovar en movilidad sostenible (septiembre – diciembre 2026 | sesiones online de martes a jueves de 18:00-20:00h en España)
• Máster en Movilidad sostenible (septiembre 2026 – junio 2027 | sesiones online de lunes a jueves de 18:00-20:00h en España)

Las personas interesadas pueden solicitar la beca a través del formulario online alojado en la página web de la Escuela hasta el 30 de junio de 2026. Las becas se asignan de forma automática según el orden de entrada, siempre que se cumplan los requisitos y queden plazas disponibles.

 Más información: info@escuelademovilidadsostenible.net y en la página de la Escuela de Movilidad Sostenible

Bajo el lema “Recuperar el tiempo para cambiar la economía”, esta V Edición pone el foco en una idea central: frente a un modelo económico que impone la prisa y devora el tiempo, ensalzando la productividad constante, cada vez más mujeres están impulsando iniciativas que apuestan por otros ritmos, más sostenibles, justos y centrados en la vida.

Los galardones, dotados con un total de 12.500 euros —2.500 euros por categoría—, se entregarán el próximo mes de noviembre en una gala que coincidirá con la celebración del Día Internacional de la Mujer Emprendedora.

La convocatoria de esta V Edición permanecerá abierta hasta el próximo 28 de junio. Toda la información sobre bases, plazos y candidaturas estará disponible en los canales oficiales de la Escuela.

Una economía que recupera el tiempo

La convocatoria de este año parte de una realidad compartida: la falta de tiempo como una de las principales barreras para emprender y sostener la vida. Frente a ello, los Premios Emprendedoras Juana Millán reconocen iniciativas que están redefiniendo el emprendimiento desde la cooperación, los cuidados y la sostenibilidad.

 

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Porque recuperar el tiempo no es solo una cuestión individual, sino una forma de transformar la economía.

En la pasada edición, celebrada bajo el lema “Le ponemos color a la economía”, se presentaron 30 proyectos liderados por mujeres, reflejo del creciente interés por modelos económicos alternativos que sitúan a las personas en el centro.

Categorías y novedades

La convocatoria mantiene sus cinco categorías principales:

• Juana Naciente, para proyectos en proceso de constitución.
• Juana Novel, para empresas con hasta tres años de vida.
• Juana Veterana, para iniciativas consolidadas.
• Juana Rural, dirigida a proyectos en zonas rurales o despobladas.
• Juana Inspiradora, reconocimiento honorífico a referentes.

Además, todas las candidaturas serán reconocidas bajo la categoría colectiva “Con Nombre Propio”.

Como novedad, esta edición incorpora la categoría Juana Divulgadora, una mención especial dirigida a profesionales de la comunicación que hayan publicado reportajes, en cualquier formato, sobre mujeres y emprendimiento. Tras este reconocimiento, la persona galardonada será invitada a moderar una de las mesas de diálogo durante la gala de entrega de premios en el Ministerio de Igualdad.

Cuatro años impulsando otra forma de emprender

Los Premios Emprendedoras Juana Millán nacen con el objetivo de visibilizar iniciativas que se alejan del modelo económico dominante —basado en la velocidad, la competencia y el crecimiento ilimitado— y que, desde lo cotidiano, ya están generando impacto en sus territorios.

Se trata de proyectos que demuestran que es posible emprender desde otros valores: poniendo la vida en el centro, fortaleciendo las comunidades y construyendo una economía más diversa, feminista y sostenible.

Sobre la Escuela Juana Millán

La Escuela de Emprendedoras Juana Millán es una iniciativa sostenida con fondos del Instituto de las Mujeres y CEPES que promueve el emprendimiento liderado por mujeres desde una perspectiva feminista, colectiva y transformadora.

A través de formación, acompañamiento y espacios de encuentro, la Escuela apoya el desarrollo de proyectos en el ámbito de la Economía Social y Solidaria. Desde su creación, en otoño de 2021, más de 2.700 mujeres han participado en sus programas, encontrando herramientas y redes para poner en marcha sus iniciativas.

Más información y presentación de candidaturas en https://escueladeemprendedoras.es/premios-edicion-2026/

CAES lanza una cobertura específica para organizaciones que acompañan procesos de regularización migratoria en 2026, adaptada a la nueva normativa y con precio cerrado.

La Orden ISM/164/2026, publicada en el BOE en marzo de 2026, abre una nueva vía en el proceso de regularización de personas migrantes.

Las organizaciones sindicales y entidades sin ánimo de lucro pueden inscribirse en el Registro Electrónico de Entidades Colaboradoras de Extranjería y actuar como representantes ante la Administración pública en la tramitación de expedientes migratorios.

Esto supone una oportunidad real para que las organizaciones de base y el tejido social tengan un papel aún más activo en la regularización de las personas migrantes.

Pero también implica una responsabilidad jurídica concreta: la norma exige que estas entidades dispongan de un seguro de responsabilidad civil obligatorio que cubra su actividad representativa y la de las personas habilitadas por ellas.

Para dar respuesta a esta necesidad, hemos diseñado un producto asegurador específico. Defendemos que apoyar a las personas migrantes en su proceso de regularización es una labor social imprescindible, y las organizaciones que lo hacen posible no deberían tener que preocuparse por si están bien cubiertas.

El producto asegurador

Hemos diseñado una cobertura específica, sin añadidos innecesarios que encarezcan la póliza.

¿A quién va dirigido?

A organizaciones sindicales y entidades sin ánimo de lucro inscritas o en proceso de inscripción en el Registro Electrónico de Entidades Colaboradoras de Extranjería, para actuar como representantes ante la Administración en la tramitación de expedientes de extranjería.

¿Qué cubre el seguro?

La responsabilidad civil derivada de la actividad como entidad colaboradora de la Administración pública en la tramitación de expedientes de extranjería, incluyendo la responsabilidad civil de las personas habilitadas por el tomador.

Por ejemplo, cubriría una reclamación que pueda recibir la entidad en caso de un error en la tramitación que haya demorado o anulado el proceso de regularización.

Precios y coberturas

¿Cómo contratarlo?

Si tu entidad ya tramita expedientes, está en proceso de inscripción en el Registro o simplemente quiere más información, contacta directamente con las corredurías de seguro que integran el proyecto CAES:

• Arç Cooperativa — organitzacions@arc.coop
• Seryes — contacto@seryes.com

Seguro ético y solidario para la ESS

Esta oferta aseguradora se enmarca en el proyecto de intercooperación CAES, una iniciativa de Arç Cooperativa y Seryes para promover el seguro ético y solidario dentro de la Economía Social y Solidaria, con el objetivo de que las entidades de la ESS dispongan de soluciones aseguradoras construidas desde sus propios valores y prácticas.