El pasado mes de junio se presentó públicamente la Plataforma de Empresas Responsables que ha sido formada por un grupo de organizaciones (Alboan, Alianza por la Solidaridad, Amnistía Internacional, Anesvad, Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Economistas sin Fronteras, Enlázate por la Justicia, Entreculturas, Greenpeace, Fundadeps, Observatorio de Responsabilidad Corporativa y el sindicato USO) con la finalidad de lograr la aprobación de una ley que obligue a las empresas a garantizar la protección de los Derechos Humanos y el medio ambiente en su actividad tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La Coordinadora de Comercio Justo, una de las redes sectoriales socia de REAS, también se ha adherido a la Plataforma.

En concreto, desde la Plataforma piden que la Ley establezca:

• La adopción de una obligación formal de debida diligencia para las empresas españolas y para las que operen en el mercado español.
• La adopción de un sistema de sanciones e infracciones para las empresas que incumplan la obligación anterior, sin necesidad de esperar a que se produzca el daño.
• Permitir el acceso a la justicia para todas las personas que hayan sido víctimas de vulneraciones de derechos humanos y medioambientales.
• Nombrar una autoridad competente e independiente para vigilar el cumplimiento de la Ley.
• Transparencia y cumplimiento de la Ley sobre información no financiera.

Esta ley garantizará que las empresas españolas y empresas extranjeras que operen dentro de nuestras fronteras, respeten los derechos humanos y medioambientales en el ejercicio de sus actividades y a lo largo de su cadena de valor y además garantizaría el acceso a la justicia de las víctimas de esos abusos. Esta Ley se enmarca en Directiva Europea que está a punto de aprobarse en el 2021 y que exigirá a las empresas a desarrollar planes para identificar, prevenir, detener y mitigar los impactos reales y potenciales en derechos humanos y medioambientales causados por la actividad empresarial.

A nivel europeo ya hay precedentes de aprobación de leyes en Francia que aprobó una Ley en este sentido en 2017 y Alemania y Noruega que acaban de hacerlo en junio de 2021. También hay procesos políticos abiertos en la misma materia en Austria, Bélgica, Finlandia, Luxemburgo y Holanda.

En este enlace se puede acceder al manifiesto completo y a la propuesta técnica.

REAS defiende una contratación pública responsable

Desde REAS Red de Redes trabajamos para el fomento, impulso y promoción de una contratación pública responsable para que sea una herramienta para la consecución de valores como la redistribución de la riqueza, la justicia, igualdad y la cohesión social; Las instituciones públicas contratan a empresas para dar respuesta a las necesidades de bienes y servicios públicos y son las encargadas de preparar los términos de estos contratos, adjudicarlos, supervisar su cumplimiento y rescindirlos. Las condiciones de trabajo dignas, el respeto a los derechos humanos, la inclusión de colectivos desfavorecidos, el respeto al medio ambiente o la igualdad de género son algunos de los valores que pueden garantizarse en la contratación pública a través de la implementación de cláusulas sociales y medioambientales.

En base a este apoyo, reproducimos la declaración e invitamos a todas las redes y entidades del movimiento de la Economía Solidaria a sumarse y darle difusión.

El Tratado de la Carta de la Energía (TCE) es un obstáculo para alcanzar la transición energética que debe ser eliminado. Las organizaciones de la sociedad civil que firmamos esta carta hacemos un llamamiento a las y los líderes políticos de todos los países europeos para que prioricen las políticas climáticas, para que sean firmes con sus compromisos climáticos y, por tanto, para que inicien la salida del TCE, a más tardar, durante la celebración de la COP-26.

Los países europeos aspiran a estar a la vanguardia de la lucha climática, la Unión Europea (UE) ha adoptado compromisos climáticos ambiciosos y el Reino Unido es el país anfitrión de la COP-26. Sin embargo, forman parte de un tratado que protege las inversiones en combustibles fósiles y que permite a las compañías energéticas demandar a los Estados ante tribunales privados por medidas climáticas imprescindibles. Un fuerte consenso de la comunidad científica nos dice que continuar con la explotación de los combustibles fósiles es incompatible con unas buenas condiciones de vida en la Tierra en tan sólo unas décadas.

El TCE -ratificado en 1994, en un contexto muy diferente al actual- está blindando inversiones en petróleo, carbón y gas por valor de miles de millones de euros. Solo en Europa, la infraestructura fósil protegida por este tratado asciende a 344.600 millones de euros, más del doble del presupuesto anual de la UE. La protección de fuentes de energía que deben eliminarse de forma progresiva es incompatible con la ambición climática del Pacto Verde Europeo y del Acuerdo de París para limitar el calentamiento global a 1,5ºC.

El actual “proceso de modernización” del TCE -iniciado en 2009- está destinado al fracaso. Para asegurar que el Tratado no amenace el umbral de 1,5ºC o incluso el de 2ºC, es necesario introducir cambios significativos. Pero es poco probable que se alcancen estos cambios ya que se requiere la unanimidad de todos los países miembro del TCE. En el mejor de los casos, este proceso conducirá a otros 10-20 años de protección de combustibles fósiles. En el peor, las negociaciones se prolongarán durante muchos años más para después fracasar, dejando el clima del planeta a merced de la industria fósil. No podemos permitir que esto ocurra, necesitamos que todas las políticas e inversiones públicas sean coherentes y estén claramente orientadas hacia una transición energética justa.

El TCE disuade a los Gobiernos de tomar decisiones valientes: cualquier intento de cambiar las políticas o las subvenciones públicas en el sector energético puede dar lugar a demandas millonarias o incluso multimillonarias que se pagan con el dinero de las arcas públicas. A principios de año, la empresa alemana RWE demandó al gobierno holandés por adoptar una ley para eliminar las centrales eléctricas de carbón en 2030 y reclamó una indemnización de 1.400 millones de euros. Lo mismo ocurrió en otros países europeos: Italia fue demandada cuando rechazó un nuevo permiso de exploración petrolífera en alta mar, igual que Eslovenia cuando solicitó un estudio de impacto ambiental a una empresa de fracking. Hungría también fue demandada al reducir los precios de la electricidad para luchar contra la pobreza energética.

Los Gobiernos no pueden tener las manos atadas ante la emergencia climática. Tienen que ser libres para deshacerse de las garras de la industria fósil y para adoptar medidas encaminadas a transformar la economía y a adaptarse a los impactos de la crisis climática. Pero todo esto no es posible con el TCE, es un callejón sin salida.

El próximo mes de noviembre, los Gobiernos se reunirán en Glasgow para adoptar nuevas medidas climáticas más ambiciosas. El TCE no es compatible con este objetivo. Más de un millón de ciudadanos y ciudadanas de toda Europa han apoyado en lo que va de año una petición para pedir a la UE la salida del TCE.

Hoy, más de XXX organizaciones medioambientales, climáticas, de desarrollo, consumidoras/os, sindicatos, organizaciones jóvenes y activistas, pedimos a todos los gobiernos europeos y la UE que abandonen el TCE durante la COP-26 y que detengan su expansión en los países del Sur Global.

Súmate a la declaración aquí.

Desde REAS Red de Redes nos hemos adherido al manifiesto de Acción Global por el Clima y a la manifestación convocada para este viernes 24 de abril por las organizaciones Fridays for Future, 2020 Rebelión por el Clima y Alianza por el Clima para que toda la ciudadanía salga a sus balcones a las 22:00h y proyecten sombras y sonidos desde los balcones.

Desde REAS, apoyamos la necesidad de salir de esta crisis generada por el coronavirus, pero no olvidemos que además de una pandemia sanitaria, también es económica y de cuidados y no debemos reproducir el modelo que nos ha conducido hasta la emergencia ecológica y social actual.

Es momento de reflexionar y reiniciar desde otro modelo basado en las personas y en la naturaleza, es momento de transformar la economía para que sea más justa y sostenible: «Que se puede y debe incorporar lo que hemos aprendido» 

REAS Red de redes se suma y apoya la Carta promovida y firmada por decenas de organizaciones sociales de diversa índole para apoyar al «sector primario, productor de alimentos básicos para la población» que, «no está siendo considerado en la medida en la que debería en la situación de crisis actual, especialmente la producción a pequeña escala» y que «se dicten las instrucciones pertinentes a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que se busquen soluciones para los mercados no sedentarios de proximidad».

Reproducimos el contenido del escrito e invitamos a redes, entidades y personas a apoyarlo y difundirlo.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

A/A Ministro Sr. Luis Planas Puchades

EXPONEMOS

• 1. La entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, está poniendo al límite a muchos sectores de la ciudadanía en el Estado español. Estamos comprobando cómo el sector primario, productor de alimentos básicos para la población, no está siendo considerado en la medida en la que debería en la situación de crisis actual, especialmente la producción a pequeña escala.
  2. El derecho a la alimentación fue reconocido en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en posteriores instrumentos internacionales. Según las Directrices por el Derecho a la Alimentación (FAO 2004), es responsabilidad del Estado respetar, proteger y garantizar el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas, particularmente en contextos de crisis como el actual. Asimismo, el Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas en el documento del Marco de Acción para situaciones de crisis prolongadas en su Recomendación Número 1 indica la: “Integración de políticas que refuerzan los sistemas alimentarios locales como un componente principal para aumentar la resiliencia, incluido a través de las compras locales y la creación de reservas alimentarias”.
  3. La Comisión Europea, en concreto, en sus Directrices para medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de bienes y de servicios esenciales (COVID19) – (2020/C 86 I/01) establece que se debe garantizar “…la cadena de suministro de productos esenciales como medicamentos, equipos médicos, productos alimentarios esenciales y perecederos y ganado.”
  4. En este contexto, resulta paradójico que el Gobierno de España, en el Artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación sanitaria ocasionada por el COVID19, autorice actividades como la venta minorista de alimentos o la apertura de establecimientos comerciales “…para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad”, pero se estén cerrando la mayor parte de los mercados alimentarios no sedentarios sin que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación esté articulando una respuesta o nota informativa como la dictada sobre la aplicación del real decreto de estado de alarma en el sector agrícola, ganadero y pesquero, que resuelva la evidente confusión y dudas existentes al respecto.
  5. La Agroecología es un movimiento y un modelo agroalimentario reconocido a nivel mundial por instituciones como FAO y la UE. En el Estado español está cada vez más extendido y respaldado por miles de granjas y fincas que producen alimentos sanos y respetuosos con el medio ambiente y por miles de familias que, gracias a los canales cortos de comercialización, los consumen, tanto a título individual, a través de mercados o pequeño comercio, como a través de grupos de consumo. Estos canales, a menudo creados desde la propia ciudadanía, favorecen precios justos para quien produce y accesibles para quien consume, habiéndose consolidado como una opción viable frente a las políticas de precios de canales convencionales como la gran distribución. Ante la crisis ocasionada por el COVID19, el modelo agroecológico puede contribuir a dar respuesta a la demanda y dispone de las herramientas necesarias para abastecer de productos alimentarios esenciales en sus canales de comercialización habituales, tomando las medidas higiénico sanitarias necesarias y prescritas por las autoridades.
  6. Una de las expresiones más ricas, dinámicas y seguras de comercialización de alimentos de las producciones pequeñas y agroecológicas la constituyen los mercados no sedentarios de proximidad, donde, a través de citas regulares en el tiempo, los/as agricultores/as, ganaderos/as y la pequeña producción y transformación artesanal comercializan de manera directa, sin intermediarios ni apenas desplazamientos, alimentos frescos, saludables y respetuosos con el medio ambiente, el clima y las personas. Estos mercados alimentarios no sedentarios de proximidad, adoptando los protocolos de seguridad a los que obligan las autoridades sanitarias (según el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, añadidos a los establecidos en el Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización de los productos alimenticios), ofrecen unas condiciones de salubridad inmejorables porque:
     1. 1. Normalmente se celebran al aire libre o en grandes espacios como plazas de abastos, en vez de hacerlo en espacios cerrados, donde resulta más fácil mantener las distancias de seguridad.
        2. Ofrecen alimentos que no pasan por intermediarios, que a menudo van directamente de la huerta a la cesta de la compra, minimizando las posibilidades de contaminación, que se ven incrementadas a medida que aumentan los eslabones de la cadena comercial.
        3. Los alimentos de los mercados no sedentarios de proximidad no están expuestos al contacto de cientos de clientes, fuentes potenciales de contagio.
        4. Los mercados no sedentarios de proximidad están gestionados por los/as propios/as productores/as, que tienen por obligación legal una elevada formación en materia higiénico-sanitaria, por lo que están preparados/as para vender sus producciones en unas condiciones óptimas y adaptarse a las nuevas exigencias.
        5. Ofrecen alimentos necesarios indispensables en estos momentos de confinamiento forzoso, con mayor calidad nutricional, importante para el refuerzo del sistema inmunitario de las personas.
  7. Los diversos decretos y decisiones, derivadas de la crisis sanitaria y el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, tomadas por el Gobierno y algunas comunidades autónomas y ayuntamientos, han dado lugar a al cierre de la mayor parte de los mercados alimentarios no sedentarios de proximidad, a sanciones a agricultores/as y ganaderos/as, en desarrollo de su imprescindible trabajo, así como a consumidores/as de circuitos cortos de comercialización y hortelanos/as para autoconsumo. Estas sanciones suponen una represión y agresión directa a la pequeña producción primaria a pequeña escala, así como una vulneración del derecho de todas las personas a una alimentación y un medio ambiente saludables (Directrices de la FAO 2004). Asimismo, se viola el principio de no discriminación hacia un sector, el de quienes producen y quienes deciden consumir apoyando economías locales, justamente aquella economía que necesita más apoyo y que más refuerza nuestra resiliencia y reduce nuestra vulnerabilidad en contextos de shock como el actual (Directrices de la Comisión Europea 020/C 86 I/01).
  8. Numerosos mataderos y salas de despiece están parando su actividad por la falta de demanda desde el sector hostelero, clausurado desde Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Este cierre está afectando especialmente a los/as ganaderos/as extensivos, que ya están teniendo pérdidas por la imposibilidad de comercializar sus productos.
  9. La FAO ha alertado recientemente que “a partir de abril y mayo se esperan interrupciones en las cadenas de suministro alimentaria”. Y el acopio masivo realizado por las grandes superficies ya ha tenido como consecuencia un incremento del precio de algunas verduras, en el caso del calabacín en MercaMadrid de un 273% desde el 12 de marzo. Es por tanto fundamental, más que nunca, garantizar el acceso a la producción local, sostenible y saludable y que los productos frescos, vitales en una situación de confinamiento, lleguen a las personas consumidoras, especialmente a las más vulnerables.

SOLICITAMOS

1. 1. Que se dicten las instrucciones pertinentes a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que se busquen soluciones para los mercados no sedentarios de proximidad de sus respectivas jurisdicciones, en espacios que permitan el acceso controlado, regulando las condiciones de higiene y seguridad sanitaria, según los protocolos marcados por el Gobierno de las Islas Baleares, para evitar la transmisión del COVID19, con el objetivo de mejorar el derecho a la alimentación y a una nutrición adecuadas a toda la población por medio de estos canales.
   2. Que se autoricen explícitamente los desplazamientos a granjas, huertos y corrales de autoabastecimiento de alimentos, incluso sin estar la persona dada de alta en el régimen agrario, tanto para el mantenimiento del funcionamiento de la granja, como para la cosecha de alimentos, tal y cómo ha hecho la Consejería de Medio Rural de Galicia. Asimismo, que se autoricen los desplazamientos de ganado trashumante y transterminante como es habitual.
   3. Que se considere, dentro del Artículo 7.1.a del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los desplazamientos de los/as consumidores/as para adquirir alimentos directamente en finca, si ésta es punto habitual de venta, o en grupos de consumo, siempre y cuando se cumplan todos los protocolos de seguridad establecidos.
   4. Que en la compra pública (hospitales, centros de mayores, comedores sociales, comedores escolares, etc.) y bancos de alimentos, ahora más que nunca, se prioricen los productos locales, los de las pequeñas granjas y los agroecológicos, especialmente aquellos productos procedentes de los sectores que han resultado más perjudicados por el cierre de la hostelería.
   5. Que se flexibilice, incentive y agilice la concesión de registros sanitarios a ganaderos/as para facilitar la venta directa de sus productos, incluida la leche cruda, siempre y cuando se cumplan los criterios recogidos en el Anexo III, Sección IX, Capítulo I del Reglamento 853/2004.
   6. Que se implementen medidas fiscales, como la exención del pago de autónomos, en apoyo a pequeños productores/as agroalimentarios, del mismo modo que con otros sectores clave para la sociedad, orientadas a mitigar las pérdidas derivadas de la crisis relacionada con la pandemia del COVID19. Asimismo, también más que nunca, debe garantizarse que la industria y la distribución paguen un precio justo a los/as productores/as.
   7. Que se comunique, tanto a las comunidades autónomas y ayuntamientos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, como a la sociedad en su conjunto, la importancia, ahora más que nunca, del papel fundamental de las personas productoras y el pequeño comercio en alimentarnos y sostener nuestros agroecosistemas, y por tanto de consumir productos lo más locales y frescos posible, así como la seguridad alimentaria de los mercados no sedentarios de proximidad y otras vías de venta directa.
   8. Que se impulse la reapertura o creación de mataderos municipales o comunitarios, multiespecie de pequeña capacidad, mataderos en explotación y/o mataderos móviles, para incrementar las medidas de seguridad, disminuir el sufrimiento animal y apoyar a las pequeñas explotaciones, así como la reapertura o creación de salas de despiece locales para facilitar la venta directa y los canales cortos de distribución. Todo ello con normativas higiénico-sanitarias proporcionales a la realidad del sector.

Más información, carta y formulario de adhesión en: https://www.soberaniaalimentaria.info/otros-documentos/luchas/722-produccion-campesina

Decenas de organizaciones sociales han lanzado la campaña Plan de Choque Social a la que nos sumamos y apoyamos como forma de presionar al Consejo de Ministros de hoy 17 de marzo para que aplique un plan de choque social estructurado entorno a 3 ejes básicos: Vivienda, Trabajo y Sanidad.

1. Suspensión del pago del alquiler, de la hipoteca y de los suministros básicos (luz, agua y gas) para quien pierda ingresos
2. Ningún despido y renta básica para quien se quede sin ingresos
3. Intervenir la sanidad privada sin compensación económica.

Desde REAS y la Economía Solidaria instamos a que se tomen las medidas económicas y políticas necesarias para que la crisis sanitaria no agrave aún más la crisis económica y social que vivimos. Como resaltan promotores de la campaña: “Este martes, el Gobierno de España tomará decisiones que afectarán profundamente a nuestras vidas. Está en juego si toma las mismas medidas austericidas de hace diez años o si esta vez rescata a la gente. En otras palabras, se decide quién paga la brutal crisis económica que viene».

La Economía Solidaria viene desde hace décadas denunciando los impactos sociales y medioambientales del actual sistema económico, depredador y excluyente, que no atiende a los límites planetarios y que genera profundas desigualdades sociales. Como afirmábamos en nuestro documento de Propuestas para una economía más justa, democrática y sostenible, hemos de crear un nuevo modelo político, social y económico, que reoriente las políticas sociales y económicas desde criterios de justicia y equidad hacia modelos de desarrollo humano, social y ambientalmente sostenible, y que se haga en el marco de un proceso donde las instituciones representativas, organizaciones sociales y la propia ciudadanía puedan incidir, en pro de una mayor profundización democrática. Esto conlleva necesariamente priorizar política y presupuestariamente todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a garantizar la protección social y el bienestar de toda la población.

En este sentido, esperamos que esta crisis sea tomada como oportunidad para hacer balance de las decisiones que nos han llevado aquí, muchas de ellas recogidas en el texto de la Xarxa de Economia Solidària (XES), donde afirma que “el coronavirus no cae del cielo, sino del capitalismo”, e implementar cambios estructurales que reenfoquen nuestro modelo económico y político hacia los paradigmas de sostenibilidad de la vida. Por todo ello, nos sumamos a la campaña #PlanDeChoqueSocial e invitamos a las redes y entidades de la Economía Solidaria, así como al resto de ciudadanía, a sumarse y hacer presión para que estas medidas sean aplicadas.

En el manifest, declarem que la publicació d’aquesta sentència suposa un greu retrocés democràtic en l’exercici dels drets i llibertats individuals i col•lectius i recordem que la llibertat d’expressió i de manifestació són drets bàsics. Així mateix insistim en els valors compartits de l’ESS: el compromís social, la democràcia, la defensa els drets i les llibertats fonamentals i la participació com a eina de transformació de la societat. Per tant, manifestem que el dret a l’autodeterminació de l’1 d’octubre va ser un exercici democràtic pel qual no s’ha de condemnar ningú. Així doncs, exigim l’amnistia i la posada en llibertat immediata dels líders socials i dels i les polítiques independentistes condemnades pel Tribunal Suprem; així com el punt i final a la repressió política i la persecució judicial a la resta de persones encausades.

Per tot això, en el marc de la desobediència civil i l’acció no violenta, animem a la ciutadania a participar de les mobilitzacions per denunciar la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem i per reclamar l’amnistia i la llibertat de les persones represaliades.

A banda del manifest des de l’ESS, com a XES també ens hem adherit al manifest de crida a la llibertat com espai de consens. Un document consensuat per entitats com CCOO, UGT, la CONFAV, Unió de Pagesos, la UFEC, la Taula d’Entitats del Tercer Sector, Òmnium Cultural i la La Fede.cat; al qual s’han adherit més de 100 entitats i organitzacions de la societat civil.

Ara fa dos anys, com a XES ja vam denunciar la presó sense fiança per als presidents d’Òmnium Cultural i de l’Assemblea Nacional Catalana. Després de dos anys de presó preventiva, continuem denunciant els seus efectes negatius sobre els drets i les llibertats de la ciutadania.

Seguim amb atenció les convocatòries de mobilitzacions per aquests dies!

“Vivimos en un tiempo de cambios rápidos y múltiples crisis globales, no solo climáticas, que requieren una respuesta a la altura. Sabemos que todos los aspectos disfuncionales de la sociedad están vinculados entre sí, por sistemas socioeconómicos institucionalizados que explotan la naturaleza, a los seres humanos y a los animales. Esos sistemas de desigualdad y segregación de todo tipo, jerarquía y poder, son perpetuados por individuos que no representan al interés común. Este es el momento de que todas nuestras luchas se unan…”

Reconociendo la emergencia que conllevan estos cambios y reconociéndonos en ese común de luchas por tejer y entrelazar, REAS red de redes se adhiere al manifiesto lanzado por 2020 Rebelión por el Clima, secundado por más de un centenar de organizaciones, para mostrar nuestro apoyo a la convocatoria internacional de Huelga mundial por el Clima del próximo 27 de septiembre de 2019.

La sostenibilidad es, de hecho, uno de los 6 principios de la Carta de la Economía Solidaria, pues “consideramos que toda nuestra actividad productiva y económica está relacionada con la naturaleza, por ello nuestra alianza con ella y el reconocimiento de sus derechos es nuestro punto de partida” Y, desde esta consideración y reconocimiento “queremos reducir significativamente la huella ecológica humana en todas nuestras actividades, avanzando hacia formas sostenibles y equitativas de producción y consumo, y promoviendo una ética de la suficiencia y de la austeridad”.

Fiel a estos principios nos manifestábamos hace unos meses pidiendo una Economía más justa, democrática y sostenible, estableciendo que “es preciso atender a la crisis ecosocial en que estamos insertas y atender a los límites físicos del planeta”, desde el cuestionamiento del mantra capitalista del crecimiento por el crecimiento, para atender de manera prioritaria la protección de la biodiversidad como factor de resiliencia. Esto sólo puede ser posible el marco de un sistema de producción y consumo acorde a estos límites y en donde la actividad productiva venga marcada por las necesidades reales de la población y en base a criterios de justicia social y sostenibilidad.

La Economía Solidaria tiene un importante papel en esta transición ecológica, tal y como reflexionamos recientemente en nuestro encuentro de Idearia, por lo que invitamos a las redes y entidades de REAS y de la Economía Social y solidaria a apoyar y secundar esta convocatoria y las movilizaciones que tendrán lugar desde el día 20 de septiembre. 

foto: niekverlaan

Ante la emergencia económica y social y ante el retroceso democrático y de derechos, diversos colectivos sociales aglutinados alrededor de Quorum Global y que llevamos un tiempo apostando por salir de nuestras lógicas sectoriales, queremos dar un paso al frente para no dar pasos atrás. Para ello, desde REAS Red de Redes hemos firmado un manifiesto/llamamiento con unas líneas rojas que no pueden ser traspasadas por los partidos políticos y el futuro gobierno que se conforme tras las elecciones.

El manifiesto se articula en torno a cinco ejes o exigencias.

·         Frente a la deriva autoritaria, más democracia
·         Frente a la desigualdad, economía al servicio de las personas
·         Frente al cambio climático, una economía sostenible y justa
·         Frente al sistema patriarcal, justicia de género
·         Frente al racismo y el odio, garantía de derechos y respeto a la dignidad de las personas
·          Frente a un mundo cada vez más injusto e inseguro, responsabilidad global

El manifiesto completo puede leerse y descargarse al final de este artículo.
Estamos recogiendo las adhesiones en el siguiente formulario: http://bit.ly/AdhesionesManifiestoCiudadano

Tanto las exigencias como la campaña en sí están pensadas para intentar reunir al mayor número de organizaciones, colectivos y personas individuales. Se trata de reivindicaciones básicas en las que creemos que todas estamos de acuerdo. Esta pretende ser una campaña transversal, que vaya más allá de demandas sectoriales y que sume posiciones, desde un mínimo común. Asimismo, tiene la voluntad de ser compatible con las otras muchas iniciativas, movilizaciones y manifiestos que se están planteando en la coyuntura electoral.

Queremos recoger un gran número de firmas que presentaremos en el Congreso el primer día del primer debate de investidura para que los grupos parlamentarios «no olviden que queremos que, en nuestras ciudades, países, y en el mundo, se garanticen los derechos para todas las personas, la diversidad, la sostenibilidad, la solidaridad, la democracia y la libertad». La campaña se presentará públicamente antes de las elecciones del 28 de abril. Probablemente en torno al 23 o 24 de este mes. Para esa fecha necesitamos contar con el mayor número posible de organizaciones y colectivos adheridos. Tras la presentación se trataría de continuar con la recogida de firmas de más entidades y también de personas individuales.

Se trata de una campaña impulsada hasta el momento por Alianza por la Solidaridad, la FELGTB, Oxfam Intermón y la Coordinadora de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo. Al tratarse de una campaña autoconvocada y autofinanciada por diferentes organizaciones, entidades y colectivos, cualquier aportación económica a la misma será muy bien recibida. Los aportes pueden hacerse en la siguiente cuenta de FIARE: ES86 1550 0001 2800 0615 5220. La Coordinadora de ONGD, la entidad que cede esta cuenta para la colecta de fondos, entregará un certificado de donaciones a todas aquellas organizaciones, entidades, colectivos o personas que lo requieran.

Img by https://www.flickr.com/photos/greshamcollege/27894742922

Impulsem, com a membres de LaCoordi (nova coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques de Catalunya), el manifest 2019 per la XX campanya Som Comerç Just i Banca Ètica.

La pobresa global té rostre de dona. Tot i els progressos en la lluita vers la igualtat de gènere de les últimes dècades, les dones segueixen patint les conseqüències del sistema patriarcal i del capitalisme neoliberal. Les dones són les principals responsables de les feines reproductives no remunerades (treball domèstic, de cures, etc.), i segueixen tenint menys representació en el mercat laboral. Treballen en sectors i ocupacions precaritzats amb salaris més baixos i condicions laborals menys estables. La bretxa salarial de gènere a nivell mundial és del 23% i 330 milions de dones i nenes viuen en condicions d’extrema pobresa.

A les cadenes de subministrament globals, en diferents sectors, des del tèxtil a l’electrònica, es donen vulneracions sistemàtiques dels drets de les persones treballadores, amb salaris que no permeten una vida digna, jornades laborals excessives i en moltes ocasions hores extres obligatòries, entorns de treball perillosos amb exposició a productes tòxics, assetjament i violència.

La desigualtat econòmica i la desigualtat de gènere son fenòmens complexes i globals, que ens afecten a totes de diferents maneres i en diferents nivells. A Catalunya també existeix la bretxa salarial, suposant una mitjana d’ingressos de 5.500€ menys a l’any.

El comerç internacional fomenta i consolida aquestes desigualtats i les injustícies vers les dones. Des de les alternatives econòmiques com el Comerç Just, les Finances Ètiques i l’Economia Social i Solidària, per tant, no lluitem només per reduir les distàncies entre ciutadania del Nord i ciutadania del Sud global, sinó que lluitem per una justícia social equitativa.

Amb el nostre consum quotidià estem potenciant un tipus d’economia o una altra. Beure un cafè o menjar una xocolata produïts amb criteris de comerç just significa apostar per models econòmics que són equitatius i sostenibles socialment i mediambientalment. Triar comerç just i economia social i solidària significa participar en models econòmics que respecten la igualtat de gènere laboral, la presa de decisions equitativa i igualitària, a més del respecte per la sostenibilitat ambiental.

Des d’aquesta campanya incorporem una mirada feminista i promovem la participació, l’apoderament i el protagonisme de totes les dones a través del foment del comerç just i les finances ètiques. Volem donar visibilitat a les bones pràctiques coresponsabilitzadores que s’estan produint a l’Economia Social i Solidària.

Comerç Just significa igualtat de sou per les dones per la mateixa feina i remuneració justa en tots els casos. Comerç Just significa accés a la propietat de la terra. Comerç Just significa apoderament polític i social a traves de la participació democràtica i en la presa de decisions en les cooperatives. Comerç Just significa accés a l’educació. Comerç Just significa desafiar els estereotips i les convencions socials tradicionals.

Les Finances Ètiques busquen que els diners que dipositem en elles puguin ser una eina útil per al desenvolupament de la societat gràcies a l’afavoriment de projectes amb un alt contingut social, mediambiental, cultural, educatiu, democràtic, etc. Des de les finances ètiques i solidàries es posa la vida al centre i no el capital, i es recullen principis i valors del feminisme,l’enxarxament i la construcció del mercat social. És per això que les Finances Ètiques inverteixen en iniciatives de Comerç Just i d’Economia Solidària, tancant el cercle que comença quan dipositem els nostres estalvis en una entitat financera ètica o consumim un producte de Comerç Just.

Promovem la justícia social, econòmica i mediambiental i això es concreta en unes pràctiques comercials que garanteixen l’equitat de gènere, la justícia i la igualtat en totes les fases de producció i comercialització. Triar el Comerç Just, les Finances Ètiques i l’Economia Social i Solidària és també triar per acabar amb la desigualtat de gènere.

POSA EL FILTRE LILA! Per la igualtat, tria Comerç Just

Adhereix-te a la campanya i organitza actes al teu municipi aquí.

La Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya ha decidit donar suport a la vaga i adherir-se a la convocatòria del proper del 21 de febrer en defensa de les llibertats i drets socials i laborals de la ciutadania. 

Animem a la nostra bases social a sumar-se a la vaga i aturar l’economia productiva i de consum per manifestar el nostre rebuig a la judicialització de la llibertat d’expressió i l’exercici de la democràcia.

 Les nostres oficines romandran tancades durant tot el dia.

REAS Red de Redes de Economía Solidaria: El 8 de marzo paramos todas.

Este próximo 8 de marzo REAS Red de Redes se une a la convocatoria internacional del movimiento feminista e irá a la huelga al grito de NOSOTRAS PARAMOS para denunciar este sistema capitalista y heteropatriarcal que nos somete, nos aplasta y nos atraviesa con sus múltiples violencias (sexista, racista, clasista…).

Tenemos claro que el cuestionamiento y la confrontación con el patriarcado y el capitalismo son elementos clave para la construcción de alternativas. Y apostamos por una economía solidaria y feminista que ponga en el centro la vida de las personas y el planeta, en lugar de los mercados y los procesos de acumulación.

Creemos que el movimiento de la Economía Social y Solidaria debe posicionarse y contribuir al proyecto feminista de construcción de sociedades no sexistas ni patriarcales porque no habrá propuesta alternativa que se construya sin transformar las relaciones de poder y desigualdad entre mujeres y hombres.

Por eso, animamos a todas las organizaciones de REAS, territoriales, sectoriales y mercados sociales, a apoyar activamente esta huelga de empleo, de estudiantes, de cuidado y de consumo; a facilitar espacios colectivos de reflexión, acción y articulación; a favorecer la participación en esta jornada; a informar sobre las convocatorias existentes en el territorio, etc.  Y animamos a todas las mujeres, lesbianas, trans, migrantes… de nuestra base social a que participen en las convocatorias y movilizaciones del movimiento feminista en el Estado español.

8M HUELGA FEMINISTA NOSOTRAS PARAMOS!

Información, manifiesto y convocatorias del movimiento feminista: http://hacialahuelgafeminista.org/
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Xarxa d’Economia Solidària s’adhereix a la vaga general convocada per sindicats i recolzada per entitats i moviments socials, en defensa de la retallada dels drets dels treballadors en motiu de la repressió de les seves llibertats i per denunciar la violència d’estat i la vulneració de drets soferts diumenge 1 d’octubre durant la celebració del referèndum d’autodeterminació.

La jornada de l’1 d’octubre es va tenyir d’una brutal repressió policial de l’estat espanyol, que es va saldar amb més de 800 persones ferides, i va agreujar les agressions als drets civils, polítics i democràtics, la vulneració de la llibertat d’expressió i l’ocupació militar que ha viscut el poble de Catalunya en els darrers dies. Volem manifestar la nostra solidaritat amb les persones ferides i les represaliades d’aquests dies.

La resposta col•lectiva a aquestes greus agressions ha de seguir essent des del carrer i l’autoorganització, i la vaga o aturada general de dimarts 3 d’octubre ens brinda un altre moment per mobilitzar-nos com a societat, reapropiar-nos dels nostres drets i mostrar la nostra capacitat de construcció col•lectiva. Per aquest motiu, com a clam de la nostra dignitat i en clar rebuig a l’atac dels nostres drets bàsics i a l’exercici de la violència d’estat, la XES fa una crida a la participació pacífica de totes les entitats i persones sòcies a la vaga general, per omplir els carrers i fer sentir la nostra veu.

Per tot plegat, la XES estarà tancada durant el 3 d’octubre, garantint així a més el dret dels seus treballadors a fer vaga.

Ens trobem als carrers, i a les manifestacions convocades arreu del territori.

REAS, Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria se une a la campaña internacional de boicot, desinversiones y sanciones contra la colonización, el apartheid y la ocupación israelí.

Información de la campaña

Dentro de la campaña #YoNOComproApartheid, lanzada cuando se cumplían 10 años del Dictamen del Tribunal de La Haya contra el Muro construido ilegalmente por Israel en Palestina, presentamos el sello Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI). Con ello, queremos apoyar la creación, en nuestros barrios, pueblos y ciudades, de espacios comerciales, culturales, políticos, deportivos, académicos y sociales del Estado español que se niegan a colaborar con —o apoyar por pasiva— el sistema colonial y de apartheid israelí. La ocupación de Palestina por el Estado de Israel se inició oficialmente en 1948, es decir, hace ya 66 largos y cruentos años, y constituye, por lo tanto, una de las injusticias políticas más largas de la historia.

Con este sello, que se enmarca en la campaña de solidaridad ciudadana global, no violenta y antirracista de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra el Apartheid israelí, queremos crear islas de conciencia política e ir consolidando Espacios Libres de Apartheid Israelí en diferentes lugares del Estado español. La campaña BDS nace en el año 2005 en el seno de la sociedad civil palestina, con la publicación de un manifiesto firmado por casi 200 organizaciones sociales, ONG, partidos y sindicatos, tomando como referente la campaña internacional de boicot contra el Apartheid sudafricano, que fue fundamental para acabar con ese régimen racista.

La sociedad civil internacional ha recogido el guante lanzado desde Palestina para extender la campaña por todo el planeta, devolviéndonos a una solidaridad de tipo político, que busca ir al núcleo del problema y combatirlo. De esta manera, se trata de apoyar la lucha del pueblo palestino por sus derechos humanos, así como el derecho a la igualdad y a la autodeterminación. El movimiento BDS persigue:

1. El fin de la ocupación de Cisjordania, Jerusalén Este y Franja de Gaza, territorios ocupados ilegalmente por Israel en 1967.
   
2. El derecho al retorno de los 7,5 millones de refugiados y refugiadas palestinas que no pueden volver a Palestina.
   
3. El reconocimiento de la igualdad de la ciudadanía árabe-palestina dentro de Israel.

En el centro del problema está el sionismo: el proyecto político de construcción de un estado exclusivo para personas judías en Palestina que, desde sus inicios, se desarrolla mediante la ocupación y colonización de territorios palestinos, la separación de los colonos judíos de la población palestina autóctona, la expulsión de esta población fuera de Palestina, o bien su subyugación y su eliminación física. El sionismo define a Israel como un estado que sirve a una parte de su ciudadanía (en contra de otra) y vincula de manera ilusoria y directa la construcción de Israel a la destrucción del pueblo palestino.

El último y sanguinario ataque lanzado por Israel contra la Franja de Gaza durante el verano de 2014, que ha causado la muerte de más de 2.190 personas, de las cuales 527 eran niños y niñas, destruyendo al tiempo miles de casas e infraestructuras civiles (incluyendo hospitales, escuelas y refugios de la ONU), es una demostración más que evidente de ese proyecto político. También lo es la ampliación y consolidación de la ocupación israelí en Cisjordania y Jerusalén Este, a través de las colonias, el muro, los checkpoint, etc. La economía israelí se construye sobre la base de negar la economía palestina. Es una economía de ocupación y apartheid.

Mapa de la destrucción de Palestina.

En el campo económico, la campaña BDS ha obtenido éxitos importantes. Debido a la presión internacional, la empresa Veolia tuvo que abandonar el proyecto de construcción de un tranvía israelí en territorio palestino. En el ámbito agroalimentario, la empresa exportadora de productos agrícolas Agrexco tuvo que ser liquidada y remplazada por otra exportadora pública israelí llamada Mehadrin. Otro ejemplo es el de Mekorot, empresa israelí que suministra agua a las colonias ilegales ubicadas en los Territorios Palestinos Ocupados, que vio suspendidas sus relaciones con la mayor empresa holandesa de aguas, Vitens, por este motivo. En el ámbito de las desinversiones, los fondos de pensiones de Noruega y Holanda retiraron las inversiones que tenían en empresas y bancos israelíes por su complicidad con las colonias en territorio palestino. Estos casos nos demuestran que la campaña está teniendo resultados.

En Europa, las empresas productoras, mayoristas e importadoras tienen la obligación de informar a los comerciantes sobre el lugar de origen de los productos. Muchas veces, la etiqueta “fabricado en Israel” es utilizada por productores y exportadores israelíes en fraude de ley, para comercializar productos fabricados o cultivados en las colonias israelíes en territorio palestino ocupado. La ilegalidad de estas colonias ha llevado al gobierno español a alertar, en junio de 2014, a la ciudadanía y empresas españolas de los riesgos legales, económicos y de imagen que entrañan las actividades económicas y financieras con estos asentamientos. En tal contexto, al abstenerse de comercializar productos israelíes, los y las comerciantes evitan ser cómplices de la vulneración del derecho internacional y del engaño a los consumidores y consumidoras. Para ayudarte a conocer los productos y marcas a evitar, puedes consultar http://www.boicotisrael.net/productos.

Con el sello Espacio Libre de Apartheid Israelí, ofrecemos a comercios, mercados y consumidoras/es, la posibilidad de solidarizarse con el pueblo palestino de una forma que vaya más allá de la caridad y de los parches humanitarios. Les proponemos ir a la raíz del problema y participar en un movimiento global de defensa de los derechos humanos del pueblo palestino, que presiona a Israel para que respete la legalidad internacional mediante el boicot de los productos israelíes y la denuncia de sus políticas de apartheid.

Las tiendas o espacios que se declaran Espacio Libre de Apartheid Israelí deberán:

1. Adherirse formalmente a la campaña, informando a la RESCOP de sus datos para poder ser incluidas, si lo desean, en un directorio de Espacios libres de Apartheid Israelí.
   
2. Difundir la campaña entre sus consumidores/as colocando de forma visible, una pegatina identificativa del sello, en la tienda o local.
   
3. Abstenerse de comprar y vender productos procedentes de Israel o de las colonias israelíes construidas ilegalmente en territorio palestino.

Una vez adheridos a la campaña, podrán utilizar el sello para demostrar su compromiso con el respeto de los derechos humanos, la igualdad entre los seres humanos y la autodeterminación de los pueblos. Para conseguir el sello, escríbenos a causapalestina@gmail.com o boicotisraelbds@gmail.com.

Consulta la lista de los espacios libres de apartheid israelí adheridos a la campaña.