Venimos conversando periódicamente con la Comisión Europea y hemos trasladado nuestras demandas a la directora de la Task Force para la Recuperación y Resiliencia de la Comisión Europea, la señora Celine Gauer, en una carta enviada junto con otras organizaciones que forman parte de Futuro en Común. Hemos hecho incidencia pidiendo  que no se desaproveche esta oportunidad. Además, el pasado 14 de diciembre de 2022, nos reunimos con el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, con el que tuvimos un diálogo fluido sobre los aspectos que detallamos a continuación.

Siendo conscientes de que estos fondos suponen un cambio de paradigma respecto de las estrictas políticas de austeridad y las descalificaciones a los países del sur de Europa durante la crisis de 2008.  Sin embargo, se hace necesario enfocar mejor las inversiones y reducir los impactos negativos ya que estamos viendo como la aplicación de los Fondos Next Generation recupera (un modelo que ya se ha demostrado obsoleto), pero no transforma (para caminar hacia un nuevo modelo resiliente y justo). Y esto es algo que no nos podemos permitir en la situación económica, social y ambiental que vivimos.

En este sentido, para mejorar la capacidad de transformación de los Fondos Next Generation, desde Futuro en Común proponemos, entre otras medidas:

• Garantizar que las inversiones empujen un cambio de modelo de desarrollo hacia la sostenibilidad, incrementando las inversiones destinadas a la transición ecológica y la descarbonización. Debe evitarse la financiación de proyectos que perpetúen un modelo económico que nos ha conducido a una emergencia climática y a tasas de pobreza y desigualdad jamás vistas.
• Garantizar que el principio de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible guíe la planificación de las inversiones a realizar y mida el impacto para asegurar que las inversiones están, de manera coherente, siendo viento de cola para la hoja de ruta hacia el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones.  Una pieza clave en este enfoque (aunque parcial) sería la existencia de un protocolo riguroso para garantizar el No Daño Significativo exigido por la Unión Europea para la asignación de estos fondos. Y sin embargo, a día de hoy, no hay garantía de cumplimiento como se está viendo en el caso de Canal Roya.  También se hace necesario el análisis de los impactos transfronterizos de las inversiones, analizando con rigor los efectos negativos que tienen sobre las poblaciones más vulnerables de los países denominados del sur global, ya sea en lo que respecta a la crisis climática, el respeto de los Derechos Humanos o las condiciones de dependencia económica.
• Integrar al conjunto de los actores, y especialmente a la sociedad civil, en los mecanismos de participación y gobernanza del Plan, ya que necesariamente tienen que estar implicados en la construcción de un proyecto de país a largo plazo y en el proceso de seguimiento a la implementación de este Plan.
• Garantizar el acceso de las pequeñas y medianas empresas y muy especialmente a las empresas de economía social y solidaria, para una mayor permeabilidad. Debe de haber un apoyo específico y convocatorias especiales que permitan lidiar con la escala de estos fondos para realmente crear empleos de calidad y avanzar hacia modelos económicos y sociales sostenibles.
• Desarrollar mecanismos para una mayor transparencia y rendición de cuentas periódicos al conjunto de los actores implicados así como a la ciudadanía, en los que se den a conocer los procesos de asignación, seguimiento, control y evaluación de las inversiones realizadas.
• Evitar el peligro que puede suponer el volver a las políticas de austeridad y el endeudamiento a partir de 2024 cuando termine la suspensión del MEDE.

Dentro de este trabajo, tanto Futuro en Común como sus organizaciones miembro vamos a hacer llegar estas demandas al Gobierno a través de redes sociales con el hashtag #NextTransformation.

El plazo para presentar los proyectos es de un mes, a contar desde hoy 14 de diciembre, por lo que el plazo para presentar los proyectos finaliza el 14 de enero del 2023.

Desde Economistas Sin Fronteras y REAS Red de Redes organizamos este networking (el último que organiza Economistas Sin Fronteras en 2022) y que tiene como objetivo generar proyectos conjuntos entre las entidades de REAS Red de Redes y cercanas a la Economía Social y  Solidaria y brindar por el fin de año.

Se ha decidido aplazar la sesión y realizarla el martes 20 de diciembre de 10.00 a 12.00 horas, debido a que esta semana se ha publicado el extracto de la convocatoria del BOE por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la Generación de un Tejido Económico, Inclusivo y Sostenible y por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

Para poder preparar mejor la sesión con las novedades de esta convocatoria se ha decidido este cambio de fecha. La primera parte de la sesión tendremos la oportunidad, tras habernos leído las bases, de resolver las preguntas que no nos queden claras con Julen Escalero integrante de LKS Next, entidad referente en este tipo de financiación y después podremos conocer otras personas y colectivos que van a presentar proyectos.

Para inscribirse en la sesión es necesario rellenar este formulario.

El networking se ha organizado de la siguiente forma:

• 10.00 a 11.00 Aspectos a tener en cuenta para presentar proyectos en el PERTE de Economía Social y Cuidados_Julen Escalero Alzaga LKS Next
• 11.00 a 12.00 Networking generamos proyectos conjuntos y compartimos ideas entre todas.

Esperamos que este evento sea una oportunidad para empezar a crear proyectos más grandes entre todas las entidades de las redes de Economía Social y Solidaria.

Este evento está co-organizado por Reas Red de Redes y por Economistas sin Fronteras.

El pasado 3 de noviembre desde las organizaciones XXK, ODG, OMAL y ESF junto a otras compañeras activistas en ecofeminismos y economías feministas presentaron: Cómo la inversión pública socava la transición ecofeminista. Análisis de cinco proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica.

Partimos de la idea de que un futuro ecofeminista pasa por garantizar derechos para todxs, y esto nos lleva a visibilizar y denunciar la falta de cobertura de muchas necesidades cotidianas para muchas personas, así como a abordar las actuales desigualdades de género, de clase social, de diversidad funcional y de estatus migratorio y racialización. Podemos decir que la perspectiva ecofeminista cuestiona, en su base, el actual modelo socioeconómico en términos de sostenibilidad de la vida. Bajo esta mirada, los PERTEs, en su misma concepción y marco de implementación, forman parte del engranaje de este modelo que no garantiza la cobertura de necesidades: ni están redactados en clave de derechos, ni tienen la vocación de darles una respuesta. La ausencia del reconocimiento del derecho al agua, la alimentación, la salud, la energía, los cuidados tiene como implicación, en cambio, el aumento de las desigualdades y los conflictos derivados respecto a su acceso nulo o precario.

Omitida la apuesta por los derechos, ¿Cuál es el enfoque que encontramos en los proyectos analizados? Para los PERTEs, la salud, los cuidados, la alimentación, el agua y la energía no son dimensiones del bienestar, son sectores en los que generar cadenas de valor que pueden y deben escalarse para un mayor lucro; en el desarrollo técnico de los PERTEs(1) estos ámbitos se enfocan desde su función potencial como industrias que generan un importante valor monetario y financiero, enfatizando, por ejemplo, procesos productivos como la fabricación de componentes sobre la generación de (cualquier) energía o la promoción de soluciones digitales y (bio)tecnológicas para la salud. Lejos de dar pasos planificados hacia el inevitable decrecimiento en el uso de materia y energía al que obliga el colapso ecológico, se apuesta por un crecimiento de las cadenas globales de valor que solo podrá estar basado en un mayor acaparamiento global. La vieja e inherente lógica de mercantilizar todos los recursos inherente al capitalismo, vamos.

¿Cómo sería pensar el modelo socioeconómico desde los ecofeminismos? Teniendo en cuenta el principio de suficiencia en la cobertura de necesidades básicas para todxs, nosotrxs proponemos ajustar nuestros consumos y los modelos (re)productivos a los límites del planeta, los territorios y las vidas. Es urgente subrayar que las tecnologías que utilizamos hoy por hoy y en las que se pretende avanzar de manera exponencial se basan en una demanda de elementos que se componen de combustibles fósiles, materiales escasos y minerales críticos los cuales tienen un importante impacto en su extracción, que en muchos casos se generan en países del Sur Global a través de lógicas neocoloniales.

¿Y qué encontramos en los PERTEs? De una manera muy general todos los PERTEs hablan sobre el papel de oportunidades sociales y ambientales, de necesidad de innovación social y de democratización y mencionan el principio do no significant harm (DNSH), pero ni exponen indicadores para verificar que se vayan a cumplir ni exponen fórmulas para que sean principios vinculantes a la práctica. De hecho políticas y programas posteriores en el marco de la UE como el REpowerEU que persiguen la «seguridad energética», están libres de tener que cumplir los principios DNSH. Por otro lado, las iniciativas a las que van dirigidas, y que implican tecnologías avanzadas y soluciones digitales, no son modelos que encajen con estos fundamentos, por lo que la incompatibilidad, falsedad e hipocresía en la retórica que sustenta los proyectos es total. Es más, la ampliación de la frontera extractivista en el Sur Global también activará (más) cadenas globales de recursos materiales y cuidados.

Se genera así una narrativa donde son perfectamente compatibles conceptos como crecimiento, lucha contra el cambio climático, gestión sostenible de energía y materiales, reto demográfico o relevo generacional y empleo de calidad para jóvenes y mujeres, entre otros. Los PERTEs se presentan también como un marco de igualdad de oportunidades para generar nuevos modelos de negocio, una oportunidad para la igualdad entre hombres y mujeres, incluso una oportunidad para profundizar en la democracia, haciendo tabla rasa. De nuevo, sin explicar cómo, sin mencionar ninguna metodología ni indicador, y obviando el punto de partida desigual para acceder, no solo a la financiación, sino también al marco de fijación de criterios en el reparto y los espacios de decisión donde las medidas del PERTE se han definido. El papel lo aguanta todo, y la retórica generalista de los PERTEs también, diferente es cuando nos fijamos a qué se dedican concretamente las partidas presupuestarias de los proyectos.

Otro de las grandes ausentes de los PERTEs es el rol público y público-comunitario en la gobernanza, gestión e implementación de los proyectos. Los PERTEs son colaboraciones público-privadas y aunque se utiliza un lenguaje de alianzas para la transición verde, no son otra cosa que un trasvase de dinero público a lo privado y una mercantilización íntegra de la propuesta. Los PERTEs se limitan a plantear un sector público, estatal y centralizado basado en el apoyo económico a nuevas líneas de investigación tecnológicas y a costosas iniciativas del sector privado, y es ciego al problema de los límites naturales, de las desigualdades, del género o de la acumulación de poder del sector empresarial (especialmente de las corporaciones y capital transnacional). Se deja atrás la escala local y más cercana a la realidad de los hogares y territorios, lo cual no sorprende sabiendo que son iniciativas trabajadas a la espalda de los movimientos sociales y las personas.

Por todo ello, no podemos decir otra cosa que los PERTEs fortalecen el conflicto capital-vida y que se hace necesario analizarlos para desenmascarar y analizar las dinámicas que pretenden camuflar. Y junto con esto se hace urgente plasmar las claves en disputa que consideramos pueden hacer posible un futuro ecofeminista que ha de transitar hacia: 1) la colectivización y desprivatización, con propuestas público-comunitarias; 2) la relocalización de los procesos socioeconómicos, acortando cadenas y enraizándose en los territorios; 3) el ajuste a los límites planetarios, corrigiendo los privilegios y desigualdades globales; 4) la reorganización de los trabajos esenciales y aumentando su valor, reduciendo los trabajos nocivos e innecesarios: y 5) la democratización y cuidado mutuo, como eje transversal de la nueva lógica socioeconómica.

Partiendo de estas claves, las transiciones ecofeministas tienen mucho camino por recorrer y avanzar, y los PERTEs en su planteamiento son un retroceso en las mismas. No es de extrañar tampoco la más que escasa o nula participación social y comunitaria en el diseño de estos proyectos, y actualmente la poca transparencia sobre las empresas que acceden a los fondos. Son proyectos pensados desde grupos corporativos de la mano de la institucionalidad, que aspiran a profundizar en la mercantilización de nuestros trabajos, vidas y territorios, mientras lo que necesitamos es que el dinero público se invierta en asegurar derechos, cubrir necesidades y defender aquello que sostiene y regenera el conjunto de las vidas en los territorios y en el conjunto del planeta.

(1) Se han analizado los documentos oficiales que desarrollan extensamente los PERTEs, disponibles en https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes 

Las organizaciones ODG, OMAL, Colectiva XXK, Enginyeria Sense Fronteres y otras activistas ecofeministas y de las economías feministas publicamos Cómo la inversión pública socava la transición ecofeminista. Análisis de cinco proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica

• Para descargar aquí en castellano  https://odg.cat/es/publicacion/los-perte-como-la-inversion-publica-socava-la-transicion-ecofeminista/
• Per descarregar aquí en català  https://odg.cat/publicacio/els-perte-com-la-inversio-publica-soscava-la-transicio-ecofeminista/
• Hemen deskargatzeko euskaraz  https://omal.info/IMG/pdf/maquetacion_pertes_eu_web.pdf

La investigación se centra en cinco de los once PERTE en las áreas de salud, energía, alimentación, agua y cuidados. El objetivo de la investigación es contribuir al debate sobre las políticas económicas actuales desde y con una perspectiva ecofeminista. Reivindicamos que el modelo de transición promovido a través de los PERTE está impulsando el capitalismo verde y digital europeo y socava una transición real basada en alternativas transformadoras y ecofeministas.

En este artículo se han escrito algunas reflexiones de la investigación

¿Has oído hablar de los Fondos Next Generation pero no sabes realmente sí son posibilidades reales para vuestra empresa? ¿No sabes ni por dónde empezar a buscar? ¿Quieres conocer qué tipos de proyectos se pueden presentar para ser financiados?

El próximo lunes 23 de Mayo a las 10:00 continuamos con la segunda píldora formativa del proyecto de Agenda 2030 Transformadora: Fondos Next Generation. Ojalá que llueva café en el campo.
En esta ocasión contaremos con Julen Escalero Alzaga, consultor encargado de la Oficina Técnica Next Generation promovida por CEPES (Confederación Empresarial Española de Economía Social) y REAS (Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria). LKS Next es una empresa consultora del grupo cooperativo Mondragón arraigada en Euskadi que presta servicios profesionales avanzados orientados a la transformación y el éxito organizacional aportando soluciones con tecnología aplicada.

• ¿De qué tipo de financiación estamos hablando?
• ¿Qué características tienen?
• ¿Dónde vamos a buscarla?
• ¿Qué requisitos existen para solicitarla?

Esta píldora formativa se dirige a personas que lideran empresas, iniciativas o colectivos de Economía Social y Economía Social y Solidaria; personas técnicas y dinamizadoras de entidades del tercer sector, y agencias de desarrollo local. Además pueden inscribirse personas de cualquier territorio del Estado Español.

Esta actividad será en formato online a través de la plataforma Zoom con una duración de 2 horas, aproximadamente. Para inscribirse en la sesión es necesario rellenar este formulario. 

Fiare Banca Ética pone a disposición sus herramientas de crédito para apoyar a las entidades, empresas y organizaciones miembros y clientes interesadas en los concursos públicos creados para el desembolso de los fondos europeos destinados a la recuperación de la crisis de la pandemia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Si quieres asesoramiento contáctanos.

NEXT GENERATION EU

La Comisión Europea ha lanzado Next Generation EU, un instrumento temporal concebido para impulsar la recuperación por valor de más de 800.000 millones de euros que debería contribuir a reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia del coronavirus. El objetivo de esta iniciativa es crear una Europa más ecológica, digital, resiliente y mejor adaptada a los retos actuales y futuros y por ello es importante que estos fondos europeos permitan potenciar la economía social como uno de los espacios de trabajo y producción clave para una sociedad más respetuosa con el medio ambiente y las personas.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El Plan incorpora una importante agenda de inversiones y reformas estructurales, que se interrelacionan y retroalimentan para lograr cuatro objetivos transversales.

Con el fin de aunar la acción de los distintos niveles de Administración y del sector privado, el gobierno trabaja para identificar grupos de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTEs).

CÓMO ACCEDER A LOS FONDOS

Desde el segundo trimestre de 2021 las distintas administraciones (ministerios, comunidades autónomas y algunos ayuntamientos) convocan concursos públicos, subvenciones y ayudas.

Para más información para acceder a los fondos visita la página web.
Para más información visita el portal del gobierno.

EL COMPROMISO DE FIARE BANCA ETICA

Fiare Banca Ética pone a disposición de instituciones, empresas y organizaciones socias y clientes sus instrumentos de financiación.

El banco también se pone a disposición para facilitar las relaciones con consultores expertos capaces de acompañar a las empresas u organizaciones en el aprovechamiento de las oportunidades de licitación.

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Artículo de Amaia Pérez Orozco para el Diario.es

El pasado 4 de noviembre se publicó una convocatoria para financiar, a cargo de los fondos europeos, proyectos que acerquen los cuidados a la comunidad. Se apoyarán iniciativas que apuesten por la desinstitucionalización, esto es, que ayuden a que las personas que necesitan cuidados se queden en su entorno cercano y no tengan que ir instituciones segregadoras, como grandes residencias, donde pierdan su autonomía vital. Se habla de avanzar hacia un modelo comunitario de cuidados como parte de la transición social. La convocatoria salió el jueves, entró en vigor el viernes y han dado la friolera de ocho días para presentarse, teniendo que pedir un mínimo de diez millones de euros y que demostrar capacidad para manejarlos. Una vía clara para construir comunidad. Seguro que ha habido cientos de redes de cuidados montadas en barrios y pueblos a raíz del Covid presentando propuestas.

Malas bromas aparte, ¿qué se mueve ahí? ¿Qué implica combinar una retórica comunitaria con una forma de hacer que expulsa toda iniciativa de base? Esta paradoja no es casual, sino elocuente de lo que está en el núcleo duro de los fondos europeos.

Un «país más feminista». Eso será lo que construya el Gobierno mediante los fondos europeos Next Generation EU (NGEU). O de eso presume a nivel internacional y estatal. Lo hace, muy especialmente, por ser el único con un componente específico (supuestamente) feminista en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: el componente 22 sobre economía de los cuidados e inclusión, en el que se enmarca la convocatoria comentada.

¿Son o pueden ser los fondos europeos una política económica feminista? Por supuesto, no hay una respuesta única, una respuesta verdadera. De entre quienes nos autorreconocemos en el feminismo, algunas dirán «sí». Toca entonces pelearse por asegurar un buen uso de ese componente 22, por introducir de forma transversal criterios de género en el manejo general de los fondos, y por asegurar que una parte vaya a medidas específicamente pensadas para reducir la desigualdad de género. Que se apliquen las indicaciones contenidas en las guías elaboradas por el Instituto de las Mujeres, vaya. Otras respondemos «no»: no hay ni puede haber economía feminista ni en el componente 22, ni en los fondos en su conjunto. Y nos toca, antes de nada, argumentarlo y, segundo, esbozar una contrapropuesta.

El «Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión», el 22, es, en primer lugar un «cajón de sastre», tal y como ya denunciara María Palomares. Es una amalgama con poca seriedad que va desde la lucha contra la violencia machista hasta la promoción de la economía de los cuidados, pasando por combatir la pobreza o la acogida a personas migrantes y refugiadas. Segundo, está escandalosamente infradotado de recursos. Si oímos que el estado español es el único país receptor con un componente específicamente feminista y que se dedicarán a él 3.500 millones de euros (2.500 provenientes de los fondos), nos sonará a un dineral, pensando desde nuestras pequeñas vidas. Habrá a quien le entre orgullo patrio. Pero, si pensamos que es un solo componente de 30 y que no llega al 4% del total que se prevé recibir; si pensamos que el coche eléctrico se llevará 1.800 millones más; si pensamos que los trabajos no remunerados de hogar y cuidados son alrededor de la mitad del tiempo total de trabajo, entonces, quizá, nos parezca un nuevo brindis al sol: ¿cambiar los cuidados, la base de todo lo demás, con migajas?

No es que se trate de un brindis al sol, es que hay una peligrosa tergiversación en el enfoque del componente 22. Incorpora argumentos, lenguajes y propuestas que desde los feminismos y otras miradas críticas hemos defendido. Frente al modelo gigantista de residencias que anula a las personas, habla de acercar los cuidados al hogar, el entorno y la comunidad. Pero no aclara quién gestionará en esa cercanía: ¿cuidados por la empleada de hogar de siempre, en una casa, eso sí, bien domotizada, pertrechada de nuevas tecnologías? No hay un asomo de crítica a la mercantilización de los cuidados, que ha sido directamente promovida desde las políticas de cuidados. ¿Cuidados de cercanía por Eulen y similares? Se habla de mejorar la atención y centrarla en la persona, pero se apuesta todo a lo tecnológico y a los equipamientos. Esto supone una negación implícita de lo más obvio: los cuidados son, en primer lugar, relación humana; la fuerza está en el trabajo de cuidados y lo demás son apoyos. Esta negación es muy útil para desviar la atención de las condiciones laborales y para dirigir el dinero a las grandes empresas tecnológicas y de la construcción.

Esta tergiversación del dichoso componente (supuestamente) feminista, recorre el conjunto de los fondos: El NGEU usa una retórica de preocupación por la vida colectiva y del planeta mientras refuerza un modelo socioeconómico en contradicción con la vida misma. Podemos agrupar en tres los problemas que lo hacen irreparable, problemas que se argumentan con detalle en este informe de ODG, OMAL y Ecologistas en Acción y en este de Euskal Herria Kapitalari Planto.

Primero: son deuda, aunque nos insistan en que no, en que son subvenciones a fondo perdido. Son deuda «mutualizada», es decir, aquella que adquiere «solidariamente» el conjunto de la Unión Europea (y no un país concreto con la UE). Y la adquiere con los mercados financieros globales, aquellos mercados insaciables que hasta la derecha cuestionó allá por el 2008 (recordemos el llamado de Sarkozy a refundar el sistema financiero internacional). Y la deuda, los mercados exigen pagarla. En 2023 se recuperará probablemente el Pacto de Estabilidad, aquel que impone un máximo del 3% del PIB de déficit y un máximo de deuda del 60%. Y ahí tenemos el artículo 135 de la constitución para recordarnos que lo primero de todo es pagar la deuda (sí, ese 135 que se introdujo con agosticidad y alevosía en 2011 al tiempo que en las calles se gritaba «no somos mercancía en manos de políticos y banqueros»). Y gastar en pagar la deuda significa austeridad en otros gastos, por mucho que nos prometan cubrirla vía crecimiento. Ni consideramos factible ese «crecimiento» (los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se sostienen sobre un 7% de crecimiento del PIB mientras las previsiones de la Comisión Europea lo rebajan al 4,6%), ni queremos que crezca una economía monetizada que, más bien, consideramos debe decrecer.

Segundo: los fondos vienen con condiciones. Hay ayudas a cambio de reformas, de manera clave, reformas laboral, fiscal y de pensiones. Podríamos decir que todas queremos reformas y que la cuestión es hacia dónde reformamos. Muy bien pensada hay que ser para creer que una UE nacida como proyecto neoliberal en sí (y racista, dicho sea de paso y pensando en la previsible proliferación de muros para aislar aún más a esa fortaleza llamada Europa) va a permitir el tipo de contrarreformas profundas y emancipatorias por las que abogamos. Y, si queríamos bien pensar, ahí están ya las señales directas, desde la pugna por el contenido de la reforma laboral hasta la exigencia explícita de subir los años de cotización para calcular las pensiones a cambio de las «ayudas», pasando por la «tramposa» subida de las cotizaciones y la fiscalidad regresiva que supone el anuncio de que todas la autovías serán de pago en 2024. Las compañeras latinoamericanas llevan décadas de vivir en carne propia lo que implican las supuestas ayudas condicionadas. No es hacer un ejercicio de pesimismo sumarnos a su denuncia de las condicionalidades impuestas por organismos internacionales. Es un ejercicio de inteligencia colectiva global.

Tercero: los proyectos financiados y los mecanismos establecidos para seleccionarlos y gestionarlos, vistos de cerca, apuntan nítidamente dónde están los ganadores: grandes empresas y grandes consultoras. Los fondos europeos significarán (están significando ya) una inyección ingente de recursos del común para ellas. Esta preeminencia es especialmente clara en la creación de los llamados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económicas (PERTEs), que se llevan el grueso (muy grueso) de los fondos, y que son colaboraciones público-privadas donde el sector público pone las garantías y asume los riesgos. La urgencia por ponerlos en marcha ha permitido hasta saltarse la normativa de contratación pública, la misma que se vuelve una barrera infranqueable cuando en un municipio pequeño se propone, por ejemplo, sacar un pliego de contratación solo para entidades de economía social y solidaria, excluyendo a las empresas con ánimo de lucro.

Los fondos no forman parte de un giro keynesiano hacia un estado más social, sino de una nueva modalidad de captura corporativa del estado: una presencia institucional más fuerte por la vía de inversiones y del sostenimiento del consumo. El poder corporativo necesita hoy un estado más activo, que apoye más con presencia directa y menos por omisión, como en tiempos anteriores. Y los NGEU son una explícita materialización de esta nueva forma de captura.

¿El problema es que el gobierno «no hace lo que debería»? Sí, porque el Gobierno acepta los fondos y los gestiona… y no. El Gobierno tiene profundas disputas internas y habitamos una economía-trampa. Que sean unas posturas y no otras las que prevalezcan depende, en gran medida, de la presión ciudadana que ejerzamos. Para que no haya solo buenas intenciones, cuando las hay, sino margen de maniobra, tanto el gobierno como todas y cada una necesitamos partir de una posición política fuerte, consciente de la gravedad de lo que enfrentamos (una transición ecosocial en marcha en la que es la vida misma lo que está en juego) y la profundidad de los cambios que necesitamos (una subversión total de un sistema articulado sobre lo que llamamos el conflicto capital-vida).

Un rechazo frontal a los fondos puede permitirnos una posición política fuerte que nos sirva de base para exigir otra financiación distinta para unos cambios radicalmente distintos, unos cambios que nos permitan salir de esa economía-trampa.

En concreto, entonces, ¿qué? Planteamos, por un lado, poner en marcha un proceso ciudadano de seguimiento de los fondos. Necesitamos embarcarnos en una auditoría ciudadana de la deuda permanente (que parta de lo ya aprendido) de cara a que, cuando llegue la austeridad biocida, podamos plantear con fuerza qué parte de todo lo que debemos es deuda ilegítima u odiosa, aquella frente a la cual necesitaremos plantarnos y decir «no debemos, no pagamos».

Por otro lado, planteamos apostar por otras fuentes de financiación que no se basen en ampliar el radio de acción mercantil (los fondos necesitan ese crecimiento del PIB para no derivar en deuda impagable y austeridad biocida). No apostamos por «crecer», sino por redistribuir lo que hay. Hablamos, obvio es, de una reforma fiscal progresiva, ecológica y profunda. Pero también de otras medidas que nos permitan quitar poder y recursos al poder corporativo: publificaciones de servicios esenciales para la vida (por ejemplo, de las residencias de mayores, que han sido auténticos nodos de vulneración de derechos durante la pandemia tanto para las trabajadoras como para las personas mayores) y de nuevos nichos de mercado (monopolio público de los big data en la era de la digitalización, por ejemplo); defensa de los bienes comunes; una reforma agraria contra el acaparamiento de tierras y para promover la economía campesina; expropiación de la vivienda vacía y generación de un parque público de vivienda en alquiler (verdaderamente) social; reducción drástica de la jornada laboral sin pérdida de salario (pero con mecanismos para contener las escandalosas desigualdades en las remuneraciones) para liberar tiempo de vida y repartir empleo…

No se trata aquí de enumerar las muchas vías que hay para obtener recursos mediante la redistribución, sino de enfatizar que son posibles si, colectivamente, partimos de un lugar distinto: de la crítica a unos fondos que constituyen una nueva manera de expolio a la vida en común. Unos fondos que, hoy por hoy, son aún la cara amable de un capitalismo biocida, pero que no solo coexisten con otras expresiones mucho más abiertamente violentas de ese mismo capitalismo, sino que pronto van a pasar a mostrar un rostro mucho menos seductor.

Así que, y volviendo al inicio: no, los fondos ni son ni pueden ser una política económica feminista. No solo por la insuficiencia y deficiencias del supuesto componente feminista, sino por su articulación de conjunto. Necesitamos una postura crítica firme para exigir otras vías de financiación que permitan poner en marcha medidas distintas. Pero es que una postura de fuerza también la necesitan incluso quienes sí quieren usar los fondos y quieren pelear por que se destinen a otras medidas y para otras beneficiarias. Y esta fuerza no se construye desde los brazos abiertos y la paz social. Sino desde el señalamiento de los conflictos que subyacen.

El monográfico correspondiente a Otoño 2021 de Dossieres EsF propone un debate sobre la naturaleza de la crisis —económica, pero también social, ecológica e institucional— abierta por la pandemia y sobre las políticas que las instituciones comunitarias han arbitrado; políticas destinadas tanto a promover la reactivación de las economías como, sobre todo, a sentar las bases de una profunda transformación estructural de las mismas.

Este número ha sido coordinado por Fernando Luengo y Lucía Vicent.

Presentación

Desde que se registró el primer caso del virus, a comienzos del mes de diciembre de 2019, el rápido avance de la pandemia ha tenido trágicas consecuencias para la salud y ha puesto en jaque a las economías de todo el mundo, sin excepción. Cuando se escriben estas líneas, la enfermedad ha alcanzado a cerca de 220 millones de vidas y ha dejado más de cuatro millones de muertos a sus espaldas. En el terreno económico, la incontrolable transmisibilidad del virus supuso la paralización de la actividad económica, que, a pesar de los diferentes intentos de reactivación, todavía queda lejos de la situación prepandémica. Incluso en las economías más fuertes, como las comunita­rias, que cuentan con más recursos para articular una respuesta urgente y adecuada para afrontar este desafío, la recuperación está muy lejos de haberse consolidado. La emergencia sanitaria ha demostrado las carencias del modelo económico imperante. La pandemia ha cuestionado los cimientos mismos del proyecto comunitario, abriendo un escenario de incertidumbre que se proyecta sobre el futuro de la Unión Europea (UE) y de las economías que la integran.

En este dossier proponemos un debate sobre la naturaleza de la crisis —económica, pero también social, ecológica e institucional— abierta por la pandemia y sobre las políticas que las instituciones comunitarias han arbitrado; políticas destinadas tanto a promover la reactivación de las economías como, sobre todo, a sentar las bases de una profunda transformación estructural de las mismas.

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• Ecologistas en Acción hace público su posicionamiento sobre los fondos NGEU y muestra su oposición al Plan de Recuperación y Resiliencia, que ha sido tramitado sin transparencia ni debate político o social.
• El documento publicado denuncia que los fondos NGEU son un plan de rescate a los grandes capitales financieros. Bajo la tesis del crecimiento ilimitado, este mecanismo aumentará los impactos ambientales, el sobreendeudamiento público y se acompañará de recortes en derechos sociales y democráticos.
• Pese a su retórica ambiental, la orientación de los fondos NGEU camina en sentido contrario a la transición ecológica, productiva, económica y social que se necesita, a la vez que va en la lógica de incrementar el modelo extractivista globalizado.
• El posicionamiento de la organización ecologista presenta propuestas para encarar la transición ecosocial de forma urgente.

El Plan de Recuperación y Resiliencia ha sido concertado por el Gobierno con los principales grupos de capital del IBEX 35 y sus grandes consultoras, sin transparencia, sin participación social, sin control público ni parlamentario. Ecologistas en Acción denuncia la opacidad de su tramitación al tiempo que califica el plan como una operación de rescate público favorable a los grandes capitales privados, especialmente las grandes empresas financieras, energéticas, tecnológicas, constructoras y de la industria de la automoción.

Un plan que, bajo la proclama del ‘crecimiento verde y digital’, infla nuevas burbujas especulativas, como el vehículo eléctrico, el hidrógeno verde, las baterías, los megaproyectos de energías renovables del oligopolio energético y del sector inmobiliario, la digitalización de la agricultura y del turismo masivo. Burbujas que necesitan enormes cantidades de recursos materiales y combustibles fósiles, y que acelerarán la crisis sistémica actual.

El Plan responde así a una nueva estrategia de acumulación y recomposición del capital financiero a costa del sobreendeudamiento público, y reforzará la privatización y su control sobre sectores estratégicos (agua, energía, minerales, tierras).

Por otro lado, el posicionamiento de Ecologistas en Acción recuerda que los primeros 69.500 millones de euros aprobados para el Estado español, dentro del llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, bajo los eufemismos de ayudas europeas o transferencias no reembolsables, no serán gratis para la ciudadanía, aunque sí para los beneficiarios privados.

La llegada de estos fondos está condicionada a la ejecución de una batería de recortes sociales. Los que incluye el Plan y los exigidos por la propia arquitectura económica de la UE –que llegarán por fases– a la vez que su devolución a los mercados de capitales internacionales. Se realizará fundamentalmente mediante contribuciones adicionales de los Estados miembro al presupuesto comunitario (es decir, dinero adicional de los contribuyentes) y unos nuevos impuestos que están, en su mayoría, por definir.

Ecologistas en Acción ha publicado su posicionamiento sobre los fondos NGEU. En el texto analiza los antecedentes de estos fondos, así como sus consecuencias. La organización manifiesta su oposición a esta “nueva ofensiva del capitalismo verde y digital” y plantea un Plan urgente de transición ecosocial, en el escenario de crisis social, ecológica y de decrecimiento de recursos energéticos y materiales. Concretamente plantea las siguientes propuestas:

• Rechazo a los fondos NGEU y a los programas de rescate con dinero público a empresas multinacionales.
• Realización de una auditoría independiente de los rescates públicos que el Gobierno ha concedido a grandes empresas, para identificar las deudas ilegítimas.
• Eliminación del papel protagonista de la banca privada y del sistema financiero como intermediarios en la gestión de la crisis.
• Priorización del financiamiento público mediante la reorientación de partidas no sociales de los presupuestos, con la aplicación de medidas fiscales sobre las grandes fortunas y con una reforma fiscal ambiental.

Realización de reformas estructurales y políticas, que faciliten el decrecimiento ordenado e igualitario, tales como:

• Desprivatización y desmercantilización de los servicios esenciales (educación, salud, pensiones, cultura) y ámbitos estratégicos (energía, vivienda, banca, agua, alimentación, transporte).
• Plan de transformación y relocalización del sistema económico, productivo y comercial con objetivos sociales, climáticos, energéticos y ecológicos vinculantes en 2025.
• Reparto del trabajo, disminución de la jornada laboral y renta garantizada.
• Protección y gestión de los ecosistemas terrestres y marítimos de valor natural, en la clave de la soberanía alimentaria y energética.
• Acceso a la tierra y a los medios para la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico y fortalecimiento de los canales cortos de comercialización para las empresas agrícolas familiares y los pequeños productores.
• Moratoria al despliegue del 5G.

• Según el informe, al menos 8.300 millones de euros se gastarán en proyectos relacionados con estas industrias en Italia, Francia, Portugal y el Estado español.
• El hidrógeno y el gas son las grandes apuestas de los fondos NGEU en estos países, por encima de las inversiones en el sistema de salud.

En un momento en el que el mundo se enfrenta a catástrofes climáticas con una frecuencia alarmante, la Comisión Europea ha dicho que quiere evitar dar miles de millones en rescates a la industria de los combustibles fósiles a través de sus fondos de recuperación de la COVID–19. Pero la nueva investigación de Fossil Free Politics y del European Network of Corporate Observatory (ENCO), con la que colaboran Ecologistas en Acción y el Observatori del Deute en la Globalització (ODG) en el Estado español, muestra que está haciendo precisamente eso: en Italia, Francia, Portugal y el Estado español, 8.300 millones de euros de los fondos de recuperación de la Unión Europea (UE) se gastarán en hidrógeno y gases renovables.
La importancia del hidrógeno y los gases renovables se debe a un esfuerzo concertado de la industria de los combustibles fósiles. En Italia, las empresas mantuvieron más de cien reuniones con ministros y funcionarios sobre los planes de recuperación, llegando a cuadruplicar el gasto destinado al hidrógeno. Con los fondos de la UE que empezarán a llegar en la segunda quincena de julio, las empresas petroleras y de gas ven en el hidrógeno una tabla de salvación para su negocio. Es particularmente relevante el papel que está tomando el gas natural, un combustible fósil con mejor prensa que el resto pero igualmente dañino.

Publican en el Estado español un informe que revela la enorme presión que ha ejercido el lobby del petróleo y el gas y sus desastrosas consecuencias en los planes NGEU

Este informe, el primero del proyecto Recovery Watch, revela que el gobierno español planea gastar un 50% más de sus fondos en hidrógeno y gases renovables que en su sistema nacional de salud.

En palabras de Nuria Blázquez, responsable de Internacional de Ecologistas en Acción: «El Estado español no solo está entregando dinero público a una industria conocida por intentar bloquear y retrasar la acción climática, sino que concede al hidrógeno un papel excesivo, a pesar de ser un combustible inmaduro. Esto no es causal, llega gracias a la enorme presión ejercida por el lobby de los combustibles fósiles y podría llevar a España y Europa a seguir utilizando combustibles fósiles durante décadas».

Por su parte, Josep Nualart Corpas, investigador del ODG, ha declarado: «El gobierno del Estado español ha elaborado un borrador con la colaboración con las grandes empresas energéticas y las cuatro grandes consultoras, excluyendo la voz de los ciudadanos. Como resultado, los proyectos de hidrógeno y gas renovable están recibiendo mucho más dinero público que un sistema nacional de salud que se desmorona y que hemos visto es imprescindible reforzar».

La UE ha tratado de evitar que los fondos de recuperación se destinen a proyectos de combustibles fósiles, incluido el controvertido hidrógeno fósil (azul), pero, según el informe, el hidrógeno renovable o verde es solo un caballo de Troya para el hidrógeno fósil (azul), que en cualquier caso puede recibir financiación de otros fondos comunitarios y nacionales.

La ciudadanía superó aquella crisis a base de apretarse el cinturón. Avanzaba la primera década del siglo XXI cuando, (con)vencida por insistencia de haber vivido por encima de sus posibilidades, la población tuvo que asumir los recortes y la austeridad impuestos por la troika. Para solventar la emergencia social surgida tras el estallido mundial de la burbuja inmobiliaria en 2008, el entonces afamado tridente formado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional aprobó en 2011 una inyección de hasta 100.000 millones de euros en la banca española. El Ejecutivo del PP se negó a llamar ‘rescate’ a lo que, dijeron, era un “préstamo en condiciones muy favorables”. Pero con el paso de los meses, el Estado se hizo otoño y comenzaron a caérsele las hojas: congelación de las pensiones, reducciones de plantilla, recortes en las prestaciones, merma de salarios, suspensión de pagos, aumento masivo del desempleo… “Las mujeres salimos más pobres, más precarias y más desiguales”, recuerda la politóloga Laura Gómez.

La ciudadanía todavía no sabe ni cómo superar esta crisis. Avanza la segunda década del siglo XXI cuando, mermada y precarizada por las secuelas de la sindemia, la población mira de reojo los fondos europeos de recuperación. Para solventar la emergencia social surgida tras el coronavirus desde finales de 2019, la Comisión Europea primero suspendió temporalmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, permitiendo a los Estados poder endeudarse sin límites y, semanas después, puso en marcha la reconstrucción NextGenerationEU (NGEU), a razón de 750.000 millones de euros. Ahora sí se habla abiertamente de ‘rescate’ y el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos aspira a conseguir el 20 por ciento del pastel total europeo que le corresponde a España, es decir, hasta 140.000 millones de euros, 72.000 a fondo perdido y 68.000 como préstamos reembolsables, si bien la idea inicial es recurrir únicamente a los primeros. Con el paso de los meses, el Estado abonará un determinado tipo de terreno. “¿Se va a apostar por una aplicación de estos fondos en la misma línea que la vez anterior? Porque entonces estamos listos”, se pregunta de forma retórica la feminista Justa Montero.

La troika ya no aparece en las crónicas y el vocabulario también se ha renovado bajo un relato construido con eslóganes ecológicos y de sostenibilidad. Más allá de su formulación, ¿servirán estos fondos para introducir cambios transformadores?, ¿son una oportunidad para tejer caminos hacia otro modelo, concretamente para respaldar y aplicar las reivindicaciones feministas? “Es un poco difícil dar mucho detalle porque hasta ahora el rol de la sociedad civil y su participación ha sido nula. De hecho, una de las principales críticas es la falta de transparencia y de espacios de participación o consulta”, anticipa desde Alianza por la Solidaridad-ActionAid Isabel Iparraguirre, que participa en el grupo de género del Consejo de Cooperación al Desarrollo, un órgano consultivo de la Administración estatal desde el que se está siguiendo el tema.

El marco general de la UE: sin condicionalidad de género

Lo que se sabe es que la NGEU está oficialmente formulada para reparar los daños económicos inmediatos causados por la Covid-19. Se trata de eurobonos emitidos directamente por la Unión Europea o, dicho de otra forma, de una deuda pública respaldada directamente por los presupuestos comunitarios e indirectamente por la solvencia de los Estados miembros, un extremo hasta ahora imposible por la resistencia que habían mostrado países como Alemania frente a esa responsabilidad colectiva. La Comisión Europea es por tanto la institución que ha propuesto los criterios y la que controlará el reparto final. El objetivo declarado pasa por la bautizada como “modernización verde y digital de la economía productiva”. Formalmente, la Comisión exige “no causar daños significativos” al medio ambiente y obliga además a que un mínimo del 37 por ciento de las inversiones y reformas contribuyan a la neutralidad climática, el 20 por ciento a la transición digital y el 10 por ciento a la biodiversidad.

Experta en políticas de igualdad y participación ciudadana, Gómez se detiene en este punto y aparte para analizar tres aspectos que evidencian que “se ha perdido la oportunidad para impulsar una agenda feminista”. Primero, porque los fondos no establecen como condición de acceso la incorporación de la perspectiva de género. Esta ausencia de condicionalidad deja la puerta abierta a que “gobiernos iliberales” [forma de gobierno a caballo entre la democracia liberal conservadora y un régimen autoritario con políticas misóginas y contra las personas LGTBI] desplieguen en Europa “una agenda antifeminista que atropella los derechos de las mujeres y colectivos LGTBI”. Si eso pasa, “les estaremos financiando con dinero público europeo su agenda misógina y homófoba”, indica la politóloga, poniendo como ejemplo a Polonia y a Hungría. En tercer lugar, denuncia que, al enfocar las inversiones en la transición verde y digital, “se obvia que las mujeres están infrarrepresentadas en las llamadas ‘economía medioambiental’ y ‘economía digital’ y que, por tanto, se les está sentenciando a una exclusión que agravará su precariedad vital y aumentará las desigualdades de género”.

El plan estatal: de las buenas intenciones a la escasa profundidad

Una vez establecido el árbitro y la institución responsable de repartir estas ayudas, los Gobiernos se tuvieron que dirigir a la Comisión para justificar sus respectivas propuestas. Así que, perdida la oportunidad de haber establecido un marco europeo feminista, la pelota quedó en manos de los respectivos Estados miembros.

El planteamiento que llevó el presidente Pedro Sánchez a Bruselas fue el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ‘España puede’, que sí reconoce la igualdad de género y la igualdad de oportunidades como “dos ejes centrales, con el fin de compensar el impacto diferencial de la pandemia y lograr un crecimiento más inclusivo y sostenible desde el punto de vista social”. En concreto, la “nueva economía de los cuidados y políticas de empleo” es una de las diez políticas palanca sobre las que se aúpa la iniciativa; tiene asignado el siete por ciento del presupuesto y consta de dos componentes (de un total de 30) para su articulación: un plan de choque para la economía de los cuidados y el refuerzo de las políticas de inclusión (2.492 millones de euros) y nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo (2.363 millones). Además, la lucha para reducir la brecha de género parece de forma transversal a lo largo del texto.

Revisados los titulares, las negritas, las gráficas y los colores que nutren las más de 200 páginas del ‘España puede’, llega el momento de sumergirse en su letra pequeña. Y ahí las reivindicaciones feministas parecen ser ignoradas. Así lo explica Iparraguirre: “Para empezar, no utiliza el lenguaje inclusivo, hay grandes ausentes de la agenda feminista y el enfoque de género no está bien transversalizado. Es cierto que sí recoge cuestiones y reivindicaciones como la educación de 0 a 3 años, la de los cuidados, la pobreza energética y el alquiler social, pero no incorpora medidas y políticas con la suficiente profundidad y con el suficiente potencial transformador, dejando fuera muchas cuestiones clave. Hay muchos temas que ni se mencionan: violencia contra las mujeres, salud, derechos sexuales y reproductivos, servicios públicos, etcétera”.

«La falta de participación ciudadana en los fondos europeos ha sido absoluta y, en muchos casos, la desinformación también»

Los proyectos autonómicos: opacidad y ausencia de debate

Con estas directrices europeas y estatales sobre la mesa, fueron los gobiernos autonómicos y los ministerios los encargados a principios de año de proponer las acciones concretas que pretendían financiar. ¿Cuáles? “La falta de participación ciudadana ha sido absoluta y, en muchos casos, la desinformación también. Salvo algunos casos en los que se han publicado planes (siempre una vez presentados), en el resto se conocen algunas informaciones parciales o de proyectos únicamente por la prensa”, se lee en la ‘Guía NextGenerationEU: más sombras que luces’, elaborada por el Observatori del Deute en la Globalització (ODG), el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y Ecologistas en Acción. Este documento hace un paneo de todas esas migajas que se han ido conociendo: “La mayoría son de infraestructuras y de reforma, promueven el hidrógeno, la digitalización de las redes eléctricas, los parques eólicos y fotovoltaicos, el AVE, la extensión del 5G, la digitalización de las empresas, las gigafactorías de baterías y la movilidad inteligente”.

La opacidad con la que hasta ahora se han manejado los fondos europeos de rescate es una de las claves en la que coinciden las expertas y los documentos consultados para este análisis. “Hay mucha retórica, pero muy poca transparencia y la información no es clara. Así es muy difícil intervenir”, lamenta Montero, integrante de la Asamblea feminista de Madrid, donde quieren establecer una línea de trabajo al respecto.

Experta en políticas de igualdad y participación ciudadana, Laura Gómez traslada estas carencias a la posterior gestión de los fondos: “Es un enorme desafío para unos Estados adelgazados por los recortes, con profundos e históricos sesgos de género, clase y raza, y escasos mecanismos de participación ciudadana no tradicionales. Los cambios sociales que quieran transitar en claves emancipadoras no pueden hacerse para la gente sin la gente. Y para eso, el diseño y la gestión debería haberse hecho y hacerse con un mayor esfuerzo participativo”. Con las comunidades autónomas jugando un papel fundamental en la gestión de la recuperación NGEU, entiende que “esto exige un esfuerzo de coordinación interinstitucional ingente”, si bien confía en que se vayan desarrollando dichos mecanismos, como la existente mesa de diálogo social con los sindicatos y las patronales.

Los beneficiaros: grandes empresas y privatizaciones encubiertas

El dinero de la NextGenerationEU no recalará directamente en las comunidades autónomas, sino que serán los diferentes ministerios los que trabajen con estas y también con las empresas involucradas para su ejecución. Porque, para acceder a los fondos, el Ejecutivo ha abierto unas “ventanillas informales”, como las denominan las consultoras, por las que se han asomado con asiduidad Endesa, Iberdrola, Naturgy, ACS, Inditex, Repsol o El Corte Inglés, entre otras corporaciones. La guía de Ecologistas Acción, el ODG y OMAL denuncia el lavado de cara verde (greenwashing) que esconden “la mayoría” de estas propuestas de “grandes dimensiones. Muchos de ellos son proyectos antiguos que han salido del cajón de los no financiados por la crisis anterior”. Y cita un ejemplo muy visual: solamente las presentadas por Endesa e Iberdrola supondrían uno de cada dos euros del monto total que le corresponde al Estado español. Resalta asimismo la “evidente y enorme asimetría de oportunidades” a la hora de presentar ideas a la que se han enfrentado colectivos sociales como los feministas que, “en muchos casos, son los realmente transformadores, resilientes y con impactos sociales, de género y ecológicos”.

«Cuando se habla de colaboración público-privada, lo que significa es una privatización encubierta de lo público»

Este desequilibrio no es casual, aclaran desde la Alianza por la Solidaridad-ActionAid, pues el foco del ‘España puede’ está puesto en las alianzas público-privadas. La activista feminista Justa Montero hace un análisis político al respecto: “Cuando se habla de colaboración público-privada, lo que significa es una privatización encubierta de lo público. Y sabemos lo que significa: limitándome al ámbito exclusivo de los trabajos de cuidados, hemos visto el efecto en las vidas de las personas cuando la mayoría de las residencias están privatizadas”. Se confiesa “muy preocupada” por lo que viene establecido en el plan estatal y recuerda que “la apuesta del feminismo sería justo la contraria: reformas estructurales para reforzar todo lo que son los servicios públicos imprescindibles”.

Lo que se espera (recortes) y lo que se reivindica

Los fondos de rescate europeos no terminarán una vez ejecutadas las acciones concretas. La UE tiene que devolver la deuda mutualizada a los mercados financieros. “Por lo tanto, deberá haber percibido ese dinero de los Estados y la vía de recaudación más probable, según lo que pasó tras el crash global de 2008, es la aplicación de reformas y la puesta en marcha de medidas de austeridad. En este sentido, los fondos europeos no son gratuitos, vienen con condiciones”, afirman las entidades que han elaborado la ‘Guía NextGenerationEU: más sombras que luces’.

El segundo párrafo de este análisis había dejado temporalmente suspendido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo, autorizando un endeudamiento sin límite de los Estados. La Comisión se ha comprometido a alargar esta situación el tiempo que sea necesario, pero en su mano está reactivarlo en cualquier momento, lo que podría suceder en 2023, según las últimas manifestaciones públicas oficiales. “Con la anterior crisis se benefició fundamentalmente a las grandes empresas, suponiendo recortes sociales y de derechos brutales. Tenemos que estar muy alerta”, avisa Montero, quien lanza una segunda advertencia: “A ver si con estos fondos se cubren cosas que tendrían que incluirse en el presupuesto general. Hay que acometer realmente el cambio que se necesita y que tanto la crisis de 2008 como esta han puesto en evidencia”.

¿Y entonces qué? ¿Hay margen para una enmienda a la totalidad de los fondos? ¿Es suficiente con reformularlos? Isabel Iparraguirre considera “importante” contar con el respaldo europeo, pero pide “revisar y modificar algunos elementos clave”, como los repartos de los cuidados, las relaciones de poder, los distintos modelos de familia y los servicios públicos y los derechos de las trabajadoras del hogar. “Las mujeres, imprescindibles en la recuperación post-Covid”, titula uno de sus comunicados públicos Alianza por la Solidaridad-ActionAid.

La politóloga Gómez cierra el debate desde una perspectiva práctica: “En este momento los fondos ya no se pueden reformular. Son lo que son y no lo que nos gustaría que fueran. Dado este marco, prefiero mirar la grieta abierta que dejan y el uso más virtuoso que puede hacerse de ellos en algunos gobiernos del espacio progresista”. Se agarra a que temporalmente “permiten el bloqueo de la ortodoxia neoliberal que aparca la regla del gasto” y a que permiten “el retorno tímido al papel protector, regulador y redistribuidor del Estado”. Y considera que su alcance transformador está vinculado a la voluntad real tanto social (“dependerá de la fuerza de las demandas feministas en la calle”) como al grado de compromiso de los respectivos Gobiernos.

Artículo de Nicola Scherer, investigadora del Observatorio de la Deuda y la Globalización

Cuando en julio de 2020 la Comisión Europea (CE) presentó su paquete de ayudas NextGenerationEU, mucho se aplaudió desde los gobiernos y los consejos empresariales. 750.000 millones de euros para financiar la recuperación económica post covid-19, y para invertir en la transformación verde y digital de la economía europea. Casi un año después, la propuesta se ha materializado en 27 planes nacionales de recuperación y resiliencia que tienen que ser aprobados hoy, como fecha límite, por parte de la Comisión Europea. En el caso del Estado español, ya recibimos la aprobación de Bruselas hace un par de semanas para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. España Puede, y con ello el visto bueno para la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y su plan de inversiones y reformas financiado con un total de 69.500 millones de euros de subvenciones europeas.

En un momento de crisis múltiple, la entrega de grandes cantidades de dinero público al sector privado para rescatarlo y transformarlo no es una decisión meramente económica, sino una cuestión de justicia social y ambiental, que de una manera u otra afectará a todo el mundo. En este sentido, llama mucho la atención la inconmensurable confianza del Gobierno español en la digitalización y la tecnología como estrategia para resolver los problemas de este país. Una estrategia altamente cuestionable, por un lado por los impactos sociales y ambientales que provocan los procesos de la digitalización –entendido como proceso de transformación de una actividad de analógica a digital a través de la microelectrónica, las telecomunicaciones, la arquitectura de ordenadores, la robótica o el software; se relaciona con el big data, la inteligencia artificial o el Internet–, y por otro lado porque se decide esta estrategia desde la Moncloa, sin suficiente debate democrático y colectivo.

Por un lado sorprende la cantidad de dinero dedicado a proyectos para digitalizar procesos y sectores. En total representa el 28% de los fondos, mucho más de lo que se pide desde la Comisión Europea a los Estados Miembros (obligatorio es un 20%). Por otro lado, digitalización se utiliza como sinónimo para todo aquello que requiere modernización (por ejemplo en el caso de la industria, la administración y sectores sociales), sin profundizar en los problemas estructurales o apostar por desarrollar modelos económico-sociales alternativos más resilientes como podrían ser modelos de producción y consumo basados en las soberanías –por ejemplo producción agraria ecológica para el auto-consumo, o producción de productos esenciales, como material sanitario, en los territorios autónomos y estatales–.

Con esta suposición de que modernización es igual a digitalización, el componente 12 de Política Industrial España 2030 desarrolla inversiones y reformas para lograr la digitalización de sectores estratégicos, con un total de 3.781,5 millones de euros, de los cuales gran parte irán al sector de la automoción, al turismo y el comercio, al sector agroalimentario y a la salud. Además en el sector agroalimentario y pesquero (componente 3) se propone el Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización, dotado de 95 millones de euros. En el caso del turismo, un sector que se ha visto altamente vulnerable frente a impactos externos como el covid-19, se dedica un componente extra (nº14) a su digitalización: unos 337 millones de euros con el objetivo de “seguir atrayendo a turistas cada vez más hiperconectados y con estancias de mayor valor añadido.”

En los componentes sociales (educación, salud, cuidados), sectores que durante la pandemia del coronavirus se han visto como esenciales para mantener la vida de las personas, también se traslada esta hiperconfianza en la digitalización y la tecnología como solución para los problemas estructurales. En vez de emplear a más personas, mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras sociales, mejorar la atención a los colectivos vulnerables, etc., se subvenciona la mejora de infraestructuras digitales y el equipamiento en educación (146,8 millones de euros), la inversión en equipos en salud (796 millones de euros) y en equipamientos y tecnología en cuidados (2.083,9 millones de euros).

Es indudable que las administraciones tienen una necesidad real de modernizar sus procesos y mejorar su transparencia. Igual que las PYMES tienen una necesidad real de recibir apoyo para superar esta crisis económica. Sin embargo, el Plan España Puede ofrece a estos dos sectores subvenciones para la digitalización de sus procesos y plantillas mayoritariamente: 3.781,5 millones para las administraciones (componente 12) y 3.547 millones, lo que supone un 72,5% de todo el componente 13 para la digitalización de las PYMES.

Esta hiperconfianza en la digitalización y tecnología en un “plan de país” es peligroso. Por un lado, no proporciona el impulso necesario de transformar realmente el modelo productivo para que sea más resiliente, sino moderniza únicamente algunos sectores y procesos. Por otra parte, ignora totalmente los impactos sociales y ambientales que conlleva la digitalización y que muchas personas expertas nos están advirtiendo.

A nivel laboral, la digitalización y la robotización provocarán la reestructuración de las plantillas. En el estudio del Foro Económico Mundial, “El futuro de los trabajos”, que se basa en la suposición de una disponibilidad infinita de recursos, se asegura que un 43% de las empresas están preparando una reducción de las plantillas por la integración tecnológica, un 41% planean las subcontrataciones de trabajo especialista y, por el contrario, solo un 34% esperan aumentar la plantilla. Para 2050, las empresas prevén la digitalización y la robotización del 47% de su plantilla. Además, el mismo estudio del Foro Económico Mundial reconoce un impacto en la división sexual del trabajo por la tipología de empleos que se están promoviendo, con una presencia porcentual mucho más baja de las mujeres en los trabajos relacionados con la digitalización. Si la entrega de dinero público para la digitalización de empresas no esta acompañada por la obligación de mantener el empleo, si no se implementan políticas públicas de reducción de la jornada laboral, o programas masivos de reorientación profesional, nos veremos confrontados con un considerable aumento del desempleo en los próximos años.

La digitalización y el despliegue de las nuevas tecnologías tienen graves impactos ambientales que el Gobierno no menciona en ningún momento. El almacenamiento del big data es extremadamente intenso en energía y emite CO2. Hemos construido una economía de servicios que se nutre de datos que están almacenados en servidores en otra parte del mundo, lo que significa que estamos externalizando nuestro impacto ambiental y climático. Además, la extracción masiva de los minerales necesarios para la transición digital, como el litio, el cobalto, etc., empeorarán los conflictos y violaciones de derechos humanos en los territorios extractivos (mayoritariamente al Sud global). Es más, el Gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera menciona los límites biofísicos de esta transición digital. La propia Comisión Europea plantea en su lista de materiales críticos de 2020 que, por ejemplo, se necesitará 18 veces más litio en 2030 y 60 veces más en 2050 para implementar la estrategia europea de transformación verde y digital.

Considerando la falta de soluciones para los problemas los estructurales de la economía y la falta de consideración del impacto exterior, ambiental, social y de género de la digitalización, se plantean serias dudas sobre si la apuesta del Gobierno acabará en una transformación económica beneficiosa para el planeta y para la mayoría de la población. Menos tecno-optimismo, más propuestas valientes transformadoras enfocadas en la resiliencia a largo plazo y especialmente más debate democrático sobre el rumbo que debería tomar nuestra economía y sociedad son elementos imprescindibles en un proceso de recuperación y construcción de un “plan de país”.

Reportaje de Sandra Vicente de ODG

Pedro Sánchez explicará hoy en el Congreso las bases del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España Puede”. El documento, que ya ha sido validado por la Comisión Europea, detalla las líneas maestras de la gestión de los denominados fondos europeos Next Generation EU por parte del gobierno español. Las ayudas, impulsadas por la Unión Europea para reparar los daños económicos de la pandemia, están dotadas con 750.000 millones de euros, que durante los próximos 7 años se transformarán en subvenciones y préstamos a los estados miembros.

Esta inyección de recursos públicos en la economía no tiene precedentes en la historia reciente de Europa. El Estado español, que fue uno de los estados más afectados por la primera oleada del virus, se llevará una parte muy relevante: el 20% del global europeo, según la información que ha transcendido hasta ahora. El objetivo no es solo afrontar la crisis de la Covid-19, sino, según el relato que acompaña el plan, “modernizar la economía” para que sea “verde y digital”.

Pero, ¿de dónde sale este dinero? ¿Los estados tendrán que realizar algún tipo de ajuste para garantizar la recepción? ¿Son, como se ha dicho, recursos a fondo perdido, o se tendrán que devolver? ¿Es posible que estemos a las puertas de una nueva crisis de la deuda que implique más recortes y austeridad? CRÍTIC, en colaboración con el Observatori del Deute en la Globalització (Observatorio de la Deuda en la Globalizacion, ODG), ha analizado el plan ‘España Puede’ para explicar las principales claves de una operación que puede condicionar el futuro de toda una generación.

¿Dinero a fondo perdido o préstamos a devolver?

Los estados que quieran optar a los fondos Next Generation EU, como explica la guía ‘Más sombras que luces’ elaborada por el ODG, podrán disponer tanto de subvenciones —que no habrá que devolver— como de préstamos —que sí deberán ser restituidos—. El Estado español, de momento, solo ha solicitado subvenciones: el gobierno de Pedro Sánchez podrá gestionar 69.500 millones de euros, que deberían llegar entre 2021 y 2026. La primera partida, de 9.000 millones, llegará a mediados de Julio, una vez el Ecofin, el organismo formado por los 28 ministerios de Economía y Finanzas de los estados de la UE, dé el visto bueno definitivo al plan español. Antes de acabar el año, el gobierno de Sánchez espera otra transferencia de 10.000 millones.

Bruselas ha pedido a los estados receptores de los Next Generation EU que vigilen sus gastos públicos y aumenten su recaudación

Aunque este paquete sea conocido como “ayudas a fondo perdido”, esto no implica que salgan gratis a los países receptores. A cambio de esta cuantiosa inyección de recursos, Bruselas ha pedido a los estados receptores que vigilen sus gastos públicos y aumenten su recaudación, para tener la deuda bajo control. Así mismo, la concesión de los fondos dependerá del cumplimiento de una serie de reformas, que el ejecutivo español ha empezado a detallar en el plan ‘España puede’. Pero el documento no deja claro hasta dónde podrían llegar los ajustes.

Alguna de las reformas estrella de Sánchez pasan por los ámbitos laborales, de pensiones y fiscal, pero el plan, de más de 2.500 páginas, no da muchos detalles de cómo se llevarán a cabo. De hecho, la carencia de concreción en los costes y los beneficios de las medidas es una de las pocas quejas que Bruselas ha hecho llegar al Estado español. La UE ha decidido, de momento, pasarlo por alto, pero todavía no se sabe qué implicarán y a quien afectarán. El plan, que tenía que aclarar los detalles de la gestión de los fondos, hoy todavía supone más sombras que luces. En todo caso, parece claro que uno de los caballos de batalla importante será la posible reforma de las pensiones.

La reforma de las pensiones y la ‘mochila austríaca’

Para garantizar una salud relativa de las arcas públicas, el plan español da mucha importancia a hacer sostenible el sistema público de pensiones y, a tal efecto, señala algunos cambios que ya se han empezado a llevar a cabo, como ampliar la edad de jubilación y promover la llamada jubilación senior. También se abre la puerta a hacer que las prestaciones no estén solo financiadas por las cotizaciones a la Seguridad Social. Hay que tener en cuenta que justamente esta semana el gobierno y los grandes sindicatos y patronales han acordado un primer paquete de reforma de pensiones. Los cambios son la derogación parcial de la reforma del PP de 2013 que implica que las pensiones vuelvan a revalorarse con la inflación por ley, pero no aborda las cuestiones más espinosas de futuro.

La falta de concreción del plan podría abrir la puerta a aplicar medidas como la privatización de las pensiones y las prestaciones de paro

En esta línea, la falta de concreción del plan, según algunos analistas, podría abrir la puerta a aplicar la llamada ‘mochila austríaca‘, una receta recomendada ampliamente por el Banco Central Europeo. Esta medida supone que la empresa va depositando una cantidad mensual en una cuenta bancaria a nombre del trabajador que sirve para financiar su jubilación o su prestación de paro. Esto supone, según las voces críticas con esta fórmula, reducir el coste del despido para las empresas y dejar en manos de los bancos un pilar de las políticas de bienestar y privatizar estas prestaciones. El sistema, si bien aligeraría de carga las arcas públicas, también incrementaría la precariedad de las personas más vulnerables y con dificultad para acceder al mercado laboral.

Los condicionantes para recibir el dinero de los fondos europeos piden que la economía del país sea “saludable” y que el estado sea capaz de afrontar crisis futuras. Esto no sería ningún problema de entrada, puesto que unas arcas públicas saneadas pueden invertir en servicios públicos con más facilidad, pero parece que el Estado español no apunta en esta dirección. Así lo considera Carlos Sánchez Mato, economista y profesor de la Universidad Complutense de Madrid: “las condicionalidades no tendrían que ser necesariamente malas; hacer que el sistema de pensiones sea sostenible es algo que cualquier gobierno querría, pero no se está planteando bien. Este plan podría haberse usado para mejorar la situación, pero los elementos que figuran pueden ser gravísimos”. Sánchez Mato también recuerda que, a pesar de que las condiciones las impone Bruselas, no determina cómo se tienen que llevar a cabo. “Basta de decir que la UE nos obliga a aumentar la edad de jubilación, es todo cuestión de voluntad política”, dice.

Pero el principal problema es la falta de concreción. “No se nos dan detalles de cómo se llevarán a cabo estos cambios, con qué condiciones o qué actores serán los protagonistas. Sí que se mencionan los sectores socialmente más vulnerables, como por ejemplo las mujeres, muy afectadas por la brecha de género en las pensiones, pero no se explica ninguna medida concreta para ellas”, apunta Joana Bregolat, investigadora del ODG, que ha estudiado el plan. En el Estado español hay casi un 27% de personas en riesgo de exclusión social, según datos del gobierno previas a la pandemia, pero el plan no contempla medidas concretas para mejorar la situación de estos colectivos. Las únicas reformas que favorecerían la ciudadanía en general pasan por las modificaciones del sistema fiscal que, entre otras cosas, prevén ampliar la lista de deudores a Hacienda y el concepto de paraíso fiscal, o grabar con más impuestos las rentas más altas. Pero, de nuevo, no se explican los detalles. El grueso del plan, pues, “se queda corto, porque está enfocado a financiar sectores estratégicos, como el constructor o el energético, pero no plantea ningún cambio de modelo y, ni siquiera, apunta a garantizar la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas (PYME), que son las que más ocupación generan. Salvar a las grandes empresas no salvará al país”, sentencia Nicola Scherer, investigadora del ODG.

El sector privado, el gran beneficiado

Una de las principales conclusiones del documento ‘España puede’ es, según los analistas, que los mayores beneficiados de este mecanismo serán las grandes empresas. Así lo demuestra, por ejemplo, todo lo que se refiere a inversiones en salud. En medio de una pandemia, que ha demostrado que la sanidad pública es imprescindible, el gobierno español plantea invertir en sanidad 1.069 millones de euros. Un porcentaje que representa únicamente el 1,54% del global del plan. Y hay que leer la letra pequeña: el 74% de este dinero se dedicará, no a más contratación o a formación de profesionales, sino a renovación de equipación. “Cuando desglosas las inversiones lo ves claro: están pensadas para la empresa privada”, afirma Scherer.

El 74% de las inversiones pensadas para sanidad irán destinadas a la renovación de equipación, que será comprada a consorcios privados

Esta priorización del sector privado también se hace visible en otros ámbitos. Otro ejemplo lo encontramos en el capítulo que habla de los cuidados. Se trata de un texto extenso en que se habla de menores, de personas migradas, refugiadas, de los parados y de las mujeres. “Es un cajón de sastre. Desde el tercer sector hace años que trabajamos en estos ámbitos de manera diferenciada y el Gobierno lo junta todo”, apunta Maria Palomares Arena, directora ejecutiva de la fundación Calala Fondo de Mujeres. El “plan de choque para la economía de los cuidados” está dotado de 3.500 millones de euros, de los cuales el 60% irá destinado a la ‘desinstitucionalización, mejora de equipaciones y tecnología’. Esto se traduce en la digitalización de los servicios, la capacitación de los trabajadores públicos y la adecuación de los inmuebles dedicados a los servicios sociales. Así, gran parte de este dinero estará dedicada a “la construcción y remodelación de centros residenciales y de día innovadores”, tal como afirma el texto.

Esta decisión de invertir en el sector de la construcción, según Palomares, denota “una clara voluntad de invertir en la empresa privada, en sectores que, además, están altamente masculinizados. De este modo, la generación de ocupación de calidad continuará estando reservada en gran medida a los hombres”. Además, la directora de Calala considera que en ningún momento se tiene en cuenta que la mayoría de personas que se dedican a los cuidados no se verán beneficiadas de este plan porque trabajan o bien en la economía informal, o bien de la mano de empresas privadas. “Vemos, pues, que las mujeres, los colectivos más vulnerabilizados y las PYME no están en el centro de estas medidas. Y lo mismo pasa con el tercer sector, importantísimo en el ámbito de los cuidados”, afirma.

El presupuesto que el gobierno destinará al sistema de cuidados es de 100 millones de euros, pero la mayo parte del dinero irá a las grandes empresas

Y es que el gobierno reserva 100 millones de euros para elaborar tres planes pilotos para mejorar el sistema de cuidados. “¿Tú crees que una entidad pequeña puede gestionar 33 millones de euros? Nos están dejando fuera. Este presupuesto está pensado para grandes empresas como CLECE, que sí son capaces de trabajar con cantidades tan grandes”, dicen desde Calala. Así, ni las personas que cuidan ni las que nos curan están directamente impactadas en este plan, a pesar de que se consideraron trabajadoras esenciales durante la parte más dura de la pandemia. “La crisis ha sido fenomenal para que cada cual barra hacia casa”, asegura el economista Carlos Sánchez Mato. “El sistema público de salud y cuidados hoy es mucho más importante que el de la construcción, pero en nombre de la recuperación económica, se invertirá en aquellos sectores que generen beneficios a corto plazo, dejando de lado que esta situación de empobrecimiento generalizada es insostenible, incluso por el capitalismo”.

¿De dónde sale el dinero y a quién se tiene que devolver?

Desde que se dio a conocer el paquete de ayudas, se habla de millones y millones de euros como si estos cayeran del cielo. Pero el dinero nunca sale gratis y hay que tener en cuenta que estas cantidades no provienen del presupuesto comunitario de la UE, sino de la emisión de deuda por parte de la propia Unión Europea.

Este hecho es una novedad importante: a raíz de la crisis de 2008, la UE empezó a debatir sobre la posibilidad de emitir deuda mutualizada, pero los países más enriquecidos, como Alemania, se oponían a ello. De forma que los estados más empobrecidos de la UE, como Grecia, Italia o el mismo Estado español, tuvieron que afrontar en solitario la crisis de la deuda. No fue hasta la pandemia que la Comisión Europea decidió crear los eurobonos. La principal novedad respecto a la crisis de 2008 es que el titular de estos bonos es la Unión Europea y la responsabilidad de devolver el dinero se comparte entre los 27 países. Por eso, esta deuda se ha calificado de máxima calidad y mínimo riesgo y es la razón por la cual interesa tantísimo a los mercados financieros que, de otra manera, no hubieran comprado deuda de países con la economía muy castigada, como España o Italia.

La UE se endeuda con los “mercados financieros”, pero es difícil saber qué personas físicas y jurídicas se ocultan detrás de estos

Es la emisión de deuda a través de estos bonos la que ha financiado en gran parte los 750.000 millones de euros que nutren los Next Generation EU. Hasta ahora, se han emitido eurobonos por valor de 20.000 millones de euros y se espera llegar a los 900.000 en 2026. Así, la UE se endeuda con los denominados “mercados financieros”, pero es difícil saber cuáles son las personas físicas y jurídicas que se ocultan detrás de estos mercados. “No hay transparencia respecto al mercado de los bonos y no se puede comprobar quién compra esta deuda”, explica Carlos Sánchez Marco.

El peligro de estos eurobonos es, según Nicola Scherer, que “la Unión Europea y, de rebote, los estados, se endeudan con actores financieros que no tienen ningún criterio moral y solo quieren recuperar el dinero, independientemente de aquello que pase en los Estados y el precio que tengan que pagar”. Y es que no se debe olvidar que, a pesar de que los estados miembros recibirán fondos de ayuda que serán subvenciones no retornables, el global del dinero que forman parte del Next Generation EU deberán ser devueltos por la propia UE. Es por ello que es tan importante para Bruselas y para el gobierno de Sánchez implementar medidas que aumenten la recaudación de fondos, para mantener la situación bajo control.

¿Es posible una nueva ola de recortes?

Pero, ¿qué pasaría si no se consigue devolver la deuda? ¿Qué sucederá cuando se reactive el Pacto de Estabilidad, que controla los gastos de cada país de la UE? Para Nicola Scherer, del ODG, la respuesta es que viviremos una reedición de aquello que pasó en 2008. “Hace diez años, el Estado tuvo que intervenir, desmontando la idea neoliberal de que el mercado resuelve todos los problemas, y tuvo que ser el rescatador principal, con dinero público, de los bancos. Hoy la situación es diferente, pero se repite la lógica y podemos acabar rescatando al sector productivo”.

Para Scherer, si no se imponen —y no parece que tenga que pasar— una serie de condicionalidades sociales en las empresas que reciban estas ayudas del Next Generation, la situación se resolverá con recortes y austeridad. “A la UE no le interesa que los estados acaben en bancarrota, así que se inventarán la manera de que la deuda sea sostenible. Aquellos países que tengan una economía activa la podrán refinanciar y aquellos que no, como España, tendrán que sacar el dinero de donde puedan”, dicen desde el ODG. Es decir: de las arcas y de los servicios públicos.

Y es que hay que recordar que, en 2011, en el peor momento de la pasada crisis, con la UE vigilando con lupa la deuda y los gastos, el Estado español decidió abrir el melón de la Constitución para reformar el artículo 135 y añadir el concepto “de estabilidad presupuestaria”. Así, el nuevo texto determina que, cuando hay una situación de deuda, el Estado dará prioridad a pagar a los acreedores externos, por delante de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y de las inversiones públicas. Así, este regalo envenenado que son los fondos europeos, supone que la sanidad, la educación, el sistema de prestaciones o servicios sociales podrán sufrir recortes si con esto se garantiza el retorno de la deuda. Pero todavía no está todo el pescado vendido y, por ahora, solo llegará una parte muy pequeña de los 140.000 millones de euros que el estado español recibirá de la UE.

Este dinero recibe el nombre de Next Generation EU y será la próxima generación la que tendrá que convivir con una deuda sin precedentes. La única manera de evitarlo, y aquí coinciden todos los expertos consultados, es invertir en sectores que, a pesar de que no generan beneficios inmediatos, sí que sustentarán la economía y podrán garantizar una transformación económica real. Focalizar en el tercer sector, en los servicios públicos y los cuidados, las PYME y autónomos diversificará los recursos y, en lugar de poner todos los huevos en el cesto del Ibex-35, repartirá la riqueza y los riesgos. El calendario de los próximos meses determinará las décadas que vendrán. Porque, como resume Nicola Scherer, hoy nos encontramos, más que nunca, en la dicotomía entre “la deuda o la vida”.

Artículo de Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate y Erika González, investigadores de OMAL

“Contribuir de forma significativa a la descarbonización de la economía y al posicionamiento tecnológico e industrial de España y la Unión Europea en este sector de futuro”. Estos son los objetivos a seguir con la Hoja de Ruta del Hidrógeno, uno de los ejes de inversión y reformas del Plan España Puede.

Una precisión previa es que el hidrógeno no es una fuente de energía, sino un vector energético que para producirse necesita energía primaria. Se encuentra siempre mezclado con otros elementos como el agua, el gas o el petróleo y hace falta separarlo. Si esa separación es mediante electrolisis del agua por medio de energía solar o eólica, entonces hablamos de hidrógeno verde o renovable.

La apuesta gubernamental cumpliría dos funciones esenciales para las instituciones españolas y europeas: ralentizar el calentamiento global y, a la vez, favorecer el crecimiento económico en un mercado en auge. Más allá de la fuerte inversión pública que necesita su impulso, todo lo que se presenta son ventajas. Para conocer las incertidumbres, dudas y riesgos de esta apuesta hay que dirigirse a las organizaciones sociales y ambientales que señalan su baja eficiencia, elevado coste, complejidad técnica y aplicación muy limitada.

Cifras y proyectos

Aun con todas las incertidumbres, el Estado está dispuesto a invertir, al menos, 1.555 millones de euros para desarrollar esta tecnología de almacenamiento energético. No se puede hablar de proyectos concretos porque sigue sin aparecer alguno, como tampoco dan nombres de empresas. Sí se dan a conocer los pasos a dar para el salto de escala. Algunos de ellos son la publicación de la Hoja de Ruta del Hidrógeno, la creación de un conglomerado de empresas (clúster) localizadas en un polo industrial, donde se construya un electrolizador de alta capacidad y se promueva el desarrollo del transporte y almacenamiento de hidrógeno. A lo anterior se suma también la financiación de proyectos pioneros para introducir este gas en otros polos industriales.

La cadena de valor industrial del hidrógeno en el Estado español forma parte del desarrollo de este sector en la UE y se articularía a través de proyectos y consorcios europeos y la participación en el Important Project of Common European Interest (IPCEI) que conectaría a la UE con el Norte de África y el Este de Europa.

Entidades beneficiadas

Las pequeñas y medianas empresas vuelven a aparecer como protagonistas del apoyo público a una actividad económica. Según el Plan, la cadena de valor industrial se basará en “pymes de alto contenido tecnológico y centros tecnológicos”. Algo que contrasta con la envergadura de las instalaciones y la escala de los objetivos planteados. Son las grandes compañías de los hidrocarburos, la electricidad y la construcción quienes están mejor posicionadas para dominar en el sector del hidrógeno renovable. Enagás, Iberdrola, Endesa, Repsol, Petronor, ACS, entre otras. De hecho, son las que han presentado numerosos proyectos con abultados presupuestos como es el caso de Endesa que quiere transformar todas sus centrales térmicas en plantas de producción de hidrógeno. De hecho, para estas compañías se presenta como una buena oportunidad para continuar rentabilizando sus infraestructuras y posicionarse en un nuevo mercado que se está revalorizando.

¿Elemento clave para la transición a un modelo de energías renovables?

Actualmente, el hidrógeno renovable representa el 0,1% de la producción total de este gas en Europa, así que el aumento de escala que se está planificando es toda una apuesta que tiene serios cuestionamientos. Empezando por el cuestionamiento de su viabilidad basado en la ingente cantidad de energía renovable que requiere y en la necesidad de unas tecnologías que no están actualmente disponibles fácilmente. Dicho de otra forma, el mercado del hidrógeno renovable tiene más pinta de burbuja económica con respaldo estatal que de un instrumento efectivo para la transición a las energías renovables. Como otros muchos componentes del programa europeo, el negocio es en sí mismo la inversión pública, que permite capitalizar el sector.

El carácter verde del hidrógeno también se pone en duda ante el riesgo de que el lobby de las grandes empresas del gas logre incorporar el apoyo público a la obtención de hidrógeno por recursos fósiles. Las grandes infraestructuras que requieren su producción y transporte y la escala internacional de la estrategia que plantea la UE tampoco parecen ser las vías más adecuadas para frenar la crisis ecológica. Los requerimientos de agua y la instalación de megaproyectos de energías renovables van a intensificar la explotación de los ecosistemas en busca de recursos limitados y en declive.

La UE sigue teniendo una visión neocolonial de los países periféricos de Europa, como refleja el Hydrogen Roadmap Europe y la Iniciativa de hidrógeno verde de 2x40GW. Ambos documentos contemplan la producción de hidrógeno verde en el Norte de África para luego ser importado a la UE. Por lo tanto, se traslada el riesgo de impactos sobre el territorio y las comunidades rurales por megaproyectos a estos territorios.

El hidrógeno renovable no representa un cambio de modelo energético, es el mismo, se basa en el crecimiento de la oferta y demanda energética, en los mercados globales, en las alianzas público-privadas y en las grandes compañías. Podría ser, en todo caso, como apunta Andreu Escrivá, un cambio de surtidor. Antes de impulsar tecnologías costosas e inciertas, sería más razonable trazar un plan de reducción drástica de la producción y el consumo energético y el papel del hidrógeno renovable en este escenario.

Desde que se anunciaron los fondos europeos para la recuperación, en Calala Fondo de Mujeres comenzamos a leer y analizar la poca información que se iba publicando al respecto. Cuando solo teníamos un breve documento de intenciones nos emocionamos al saber que uno de los ejes que orientaba el plan era la igualdad de género, y que incluía, una política palanca sobre «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo».

Cuando por fin se hicieron públicos los detalles del plan descubrimos que, de 30 componentes, solo uno está destinado a desarrollar e implementar la igualdad de género y la nueva economía de cuidados. El componente 22, Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión, que tiene una dotación de 3.500 millones de euros, el 3,6% de todo el presupuesto.

Este componente es un cajón de sastre donde se han incluido problemáticas y temas tan diferentes como la ayuda a la dependencia, el cambio de modelo en la atención a la tercera edad, los centros de acogida para infancia, la lucha contra la violencia machista, las mejoras en accesibilidad para personas con discapacidad, las ayudas a las familias en toda su diversidad, la acogida de personas refugiadas y solicitantes de asilo o el Ingreso Mínimo Vital. Un solo componente, con un solo presupuesto, para dar impulso a estos servicios sociales que tanto lo necesitan.

Todos estos temas están relacionados de una u otra manera con la vida diaria de las mujeres, y muy especialmente con las mujeres migrantes, que son las que se ocupan principalmente de las tareas de cuidado externalizadas, subcontratadas o privatizadas. Sin embargo, las mujeres, las trabajadoras de servicios sociales, empleadas de hogar y cuidadoras no son protagonistas.

Decepciona ver cómo este componente no introduce un análisis de género e interseccional, ahí donde era más necesario. En ningún momento se especifica que los servicios sociales están altamente feminizados, no se nombra que los trabajos de cuidados externalizados lo realizan principalmente mujeres migrantes, y se obvia completamente que es un sector con una alta precariedad, informalidad y escasos derechos laborales. No es la prioridad de este componente mejorar las condiciones de las trabajadoras.

En realidad, el destino principal del presupuesto, unos 1.700 millones de euros, es la reforma, rehabilitación o construcción de edificios que sirvan de equipamiento para los diferentes servicios. De esta forma, la mitad de los fondos se van al sector de la construcción. Siendo este un sector altamente masculinizado y que ya va a recibir fondos europeos en otros componentes que están específicamente dedicados a la rehabilitación de edificios públicos.

Realmente esperábamos más de un programa diseñado por un gobierno que se dice feminista y de un plan de recuperación de una pandemia, dónde la sociedad ha comprobado lo central y esencial que son los trabajos de cuidados. Nuestra imaginación volaba pensando todo lo que se podría hacer con inversión y fondos para modernizar, innovar y cambiar el modelo económico del Estado español, invirtiendo en nuevos sectores económicos, que pongan la vida en el centro y no destruyan el planeta. Eso para nosotras es la nueva economía de los cuidados.

La economía feminista ya tiene propuestas concretas de reforma de los servicios públicos y de colaboraciones público-comunitarias para la gestión de los cuidados. Propuestas que podrían haberse impulsado desde este plan. Dándole la vuelta al modelo económico e invirtiendo en aquellos sectores esenciales y fundamentales para la sostenibilidad de la vida. Pero no perdemos la esperanza, el componente guarda 100 millones de euros para financiar proyectos pilotos para poner en práctica una gestión comunitaria de los cuidados. Esperamos que en ese proceso de selección, esta vez sí, los movimientos feministas y las trabajadoras de los cuidados sean escuchadas.

Artículo de Erika González, Nicola Scherer y  Nuria Blázquez para El Salto Diario

Telefónica quiere ampliar la cobertura de fibra óptica y 5G. Endesa pretende transformar sus centrales térmicas de carbón en plantas de hidrógeno. Iberdrola, como el resto de las compañías energéticas, también apuesta por la generación de “hidrógeno verde”, y se asocia con Fertiberia para acoplarla a la producción de fertilizantes. Ferrovial dice que va a construir plataformas para taxis voladores. Meliá, Iberostar, Riu y Barceló quieren digitalizar y renovar 12 destinos turísticos “maduros”. Estas son algunas de las propuestas que han presentado las grandes empresas españolas para ser subvencionadas por los fondos europeos de reconstrucción.

En sus carteras de proyectos abundan la renovación de infraestructuras, la construcción de parques eólicos y fotovoltaicos, la digitalización de empresas, administraciones y turismo, la puesta en marcha de gigafactorías de baterías, el impulso del automóvil eléctrico y la apuesta por el hidrógeno como vector energético. Más allá de la retórica de la sostenibilidad y la digitalización, ¿en qué medida contribuyen estas propuestas a la transformación del modelo productivo?

Recuperación de los beneficios empresariales

“El plan de recuperación más ambicioso de la historia reciente de España”. Así ha calificado el presidente del gobierno al plan España Puede, con el que se trazan las líneas principales para modernizar y aumentar la competitividad de la economía española con los fondos europeos. Con el relato asociado a este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que hasta el momento es lo único que se ha presentado, se habla del fortalecimiento del tejido productivo y de cuestiones como la movilidad sostenible, la rehabilitación de edificios, los ecosistemas resilientes, la transición energética justa e inclusiva, la nueva economía de los cuidados…

El principal objetivo es sostener las bases del modelo socioeconómico e impulsar los beneficios de las grandes empresas que lideran el capitalismo español

Todos estos conceptos, en realidad, sirven para dar una mano de pintura verde y violeta al plan y desdibujar su principal objetivo: sostener las bases del modelo socioeconómico e impulsar los beneficios de las grandes empresas que lideran el capitalismo español. Así lo reflejan las inversiones, las reformas y los instrumentos planteados, las declaraciones de la patronal, los proyectos que están presentando las empresas del Ibex-35 y una revisión de quiénes han concentrado la mayor parte del apoyo financiero estatal tanto en esta crisis como en las anteriores.

El año pasado se puso en marcha un dispositivo de gran envergadura para rescatar a las empresas transnacionales europeas. El Banco Central Europeo tiene una línea de compra de deuda específica de las grandes empresas y además sumó un programa específico en el contexto de la pandemia. En total, desde marzo del año pasado, ha realizado adquisiciones por un valor superior a 80.000 millones de euros de las que se han beneficiado más de 210 transnacionales. Las compañías españolas no han salido mal paradas de todo ello: entre las 18 empresas que han recibido liquidez del BCE destacan energéticas como Repsol, Iberdrola, Enagás y Naturgy, al igual que constructoras como ACS y Ferrovial. Al mismo tiempo, el Estado español ha invertido casi 25.000 millones de euros en avales públicos a respaldar los créditos bancarios de grandes compañías. Y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ha rescatado empresa por valor de mil millones de euros.

Aunque no son receptoras de ayudas directas, las grandes entidades financieras también van a resultar beneficiadas del rescate estatal. “Los bancos podemos contribuir a la recuperación con nuestra capilaridad y cercanía con el cliente, anticipando fondos y cofinanciando e impulsando proyectos”, ha dicho la directora del Servicio de Estudios y Relaciones Institucionales del Banco Santander. Las comisiones que están negociando y pueden llegar a percibir por la canalización de los fondos europeos, a cambio, les supone un negocio de entre 3.000 y 4.000 millones de euros. Con su papel de intermediarios financieros, a los que ya no se les va a exigir la devolución de los 80.000 millones de euros del anterior rescate y ahora se les van a perdonar todas las deudas de la Sareb y los “activos tóxicos” que va a asumir el Estado (35.000 millones de euros), ven cómo se refuerza su centralidad en el modelo socioeconómico.

“Colaboración público-privada”

Las transferencias de fondos públicos al sector privado suelen justificarse con el argumento de la defensa del tejido empresarial más débil, las pequeñas y medianas empresas. En esta lógica, el gobierno español ha recalcado que la función de las pymes está asegurada con los fondos europeos y que estas estarán presentes en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). El diseño de este instrumento, sin embargo, sigue la propuesta de la CEOE para crear una “estrecha colaboración público-privada” para definir los macroproyectos que liderarán la recuperación. Se define así el tipo de empresas que serán protagonistas, las grandes compañías, que como mucho dejarán a las pymes jugar un rol subordinado.

La puesta en marcha de los PERTE se enmarca en la idea del fomento de las alianzas público-privadas, una fórmula hecha a medida de los intereses del sector privado. Con ello, mientras las grandes compañías reciben los beneficios, el sector público asume los riesgos y responde con garantías frente al mal funcionamiento de lo que se está gestionando. Los perjuicios que eso puede suponer para las cuentas públicas y para las mayorías sociales ha quedado patente en numerosos casos, como el proyecto de almacenamiento de gas Castor en las costas de Castellón o la construcción del hospital Villalba en Madrid. Este tipo de proyectos no solo han sido puestos en cuestión por las organizaciones sociales, sino también por un informe del Tribunal Europeo de Cuentas que ya en 2018 reflejaba toda una serie de deficiencias en ellos: gastos ineficaces, falta de transparencia, retrasos y sobrecostes.

Con las grandes empresas en el diseño de la regulación de los fondos y en la definición de las principales inversiones, no se atisba ningún cambio de modelo

En esto de situar la colaboración público- privada en el centro de la gestión de los fondos europeos, además de la CEOE, ha sido clave la labor de las Big Four. Las principales transnacionales de la consultoría (Deloitte, PriceWaterhouse Coopers, KPMG y Ernst&Young) tienen una amplia experiencia en la contratación con las instituciones estatales. La falta de medios técnicos y recursos humanos, tras los sucesivos recortes en las administraciones públicas, les ha favorecido aún más en la externalización de la gestión y el asesoramiento al Estado. Ahora se han sumado incluso a la coescritura de documentos institucionales, como ha sucedido en los casos del gobierno vasco y PwC y de esta misma consultora y el gobierno español. De hecho, el plan España Puede recoge en sus líneas maestras gran parte de las propuestas elaboradas por PwC y presentadas al Gobierno por la CEOE.

¿Nuevo modelo productivo?

Con las grandes empresas en el diseño de la regulación para gestionar los fondos, en la definición de las principales inversiones y en la mayor parte de los proyectos presentados, no se atisba ningún cambio de modelo. Más bien, se trata de dar un impulso a los nichos de negocio con potencial de crecimiento y beneficios para las compañías que en las últimas décadas han capitaneado la expansión del capitalismo español, esas mismas multinacionales que han protagonizado los procesos de acumulación y concentración de riqueza asociados a la actual crisis socio-ecológica.

En el caso del hidrógeno, por poner un ejemplo, se presenta como la energía alternativa a los combustibles fósiles en el transporte y la industria pesada, cuando se trata de una solución muy cuestionable por su dudosa eficiencia y complejidad tecnológica. Eso sí, aunque no esté nada claro que sea una opción ambientalmente respetuosa, está posibilitando que el oligopolio de las petroleras y las eléctricas se sume al nicho de negocio que ha abierto el “capitalismo verde”. Sin ir más lejos, uno de los PERTE presentados por Catalunya sobre el hidrógeno tiene entre sus promotores privados a Naturgy, Suez, la cementera israelí ICL y la compañía del acero Celsa.

Ampliando el foco a la totalidad de proyectos presentados, puede verse que la apuesta pasa por grandes obras e infraestructuras que requieren cantidades ingentes de materiales y energía. Lo que significa más extractivismo en las zonas donde aún puedan quedar estos recursos no renovables, especialmente en las regiones periféricas y del Sur Global. También más emisiones de gases de efecto invernadero, más desplazamiento de poblaciones indígenas y campesinas, y más violación sistemática de los derechos humanos. En definitiva, profundizar la crisis ecológica y social que vivimos.

Si se pretendiera apostar por una transformación con justicia social y ambiental, habría que disputar el poder de las grandes corporaciones y su control sobre los sectores, servicios y bienes básicos para el sostenimiento de la vida. Desmercantilizar, remunicipalizar, nacionalizar, potenciar la gestión colectiva y público-comunitaria, en esta línea, aparecen como apuestas sociales imprescindibles para cambiar las relaciones de poder.

Este es el texto central del especial “Fondos europeos al rescate del capitalismo español”, elaborado por OMAL y publicado en el nº 50 de El Salto (junio de 2021. Se puede descargar en este enlace

Los fondos europeos de recuperación son la principal respuesta de la Unión Europea a la profunda crisis actual, agravada por la pandemia. Se pretende de este modo avanzar en un modelo económico más verde, digital y resiliente, que nos proyecte a un horizonte de crecimiento sostenido, cohesión e igualdad. Este relato oficial, no obstante, se resquebraja según vamos escarbando en el análisis concreto de los proyectos priorizados, los agentes protagonistas, los modos de gestión establecidos y las condicionalidades que conlleva Next Generation EU, punta de lanza del programa de recuperación. Los fondos europeos, bajo esta mirada más aterrizada, no serían el maná que solucionará todos nuestros males, sino más bien un intento desesperado por rescatar a las grandes empresas continentales y apoyarlas en su adaptación a un contexto crítico marcado por el colapso ecológico en ciernes, la digitalización y por unos mercados globales dominados por Estados Unidos y China. A costa, como suele ser habitual, de los intereses y el bienestar de la clase trabajadora.

Es necesario, por tanto, ampliar el debate sobre las señas de identidad de esta controvertida política que, sin duda alguna, marcará la agenda de los próximos años. Tenemos derecho a estar informadas y decidir sobre el modelo económico que queremos y las medidas que se impulsan a tal efecto. Máxime en este momento crucial, en el que están mutando las bases sobre las que se cimienta nuestra sociedad. Lamentablemente, lo que recibimos de nuestras instituciones no son espacios soberanos de discusión, sino mensajes simplistas, secretismo y opacidad, en un evidente ejercicio de secuestro de la democracia.

Precisamente con el ánimo de aportar nuestro granito de arena a la reversión de este atropello, desde la plataforma Euskal Herriak Kapitalari Planto hemos decidido publicar la presente guía que, de la manera más pedagógica posible, aborda las dudas habituales en torno a los fondos europeos. Confiamos en que su lectura amplíe el estrecho marco actual del debate y ayude a distinguir la naturaleza de este programa del relato edulcorado con el que no dejan de bombardearnos.

La guía se desarrolla así en un formato de 9 preguntas y respuestas. En primer lugar explicamos las claves fundamentales en torno a los fondos europeos: qué objetivos persiguen, cuanta financiación suponen, cómo se gestionan, quiénes son los principales beneficiarios, y qué reformas conllevan. Tras desentrañar sus señas de identidad, pasaremos a valorar sus previsibles impactos para, finalmente, posicionar una serie de alternativas que, en nuestra opinión, habríamos de impulsar si en vez de pintar de verde, morado y colaborativo el sistema injusto e insostenible de siempre, nos comprometiéramos firmemente con la transición a un modelo justo y sostenible de organizar la vida. Antes de comenzar hemos de señalar que esta guía, cerrada en contenidos el 20 de mayo de 2021, no se ha podido elaborar en unas condiciones óptimas. La falta de transparencia que ha caracterizado todo el proceso se ha trasladado también al “plan nacional”, herramienta que debería explicitar tanto las inversiones como las reformas previstas a escala estatal. Sin embargo, las 2.052 páginas del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España puede”, presentado el 30 de abril en una lógica de inflación normativa y ambigüedad, no concreta proyectos ni condicionalidades. En ese marco de incertidumbre y opacidad, el gobierno vasco presenta por sorpresa el 18 de mayo la actualización de su plan Euskadi Next 21-26, elevando al ejecutivo de Madrid una reordenación de cifras y prioridades, en términos esquemáticos y genéricos, y en ausencia de fórmula alguna de participación social. Se impide en definitiva contar con una fotografía nítida del conjunto, publicando la información a cuentagotas. Pese a ello, entendemos estratégico que la ciudanía de Hego Euskal Herria tenga en estos momentos un documento de debate y reflexión crítica sobre los fondos europeos.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede” presentado por el Gobierno sigue su rumbo. Este miércoles Ursula Von der Leyen visita Madrid para dar luz verde de la Comisión Europea al Plan Español que tendrá que ser finalmente aprobado en el Consejo Europeo. Es muy probable que recibamos el verano con una lluvia de millones de los Fondos Next Generation que continuará durante los próximos tres años pero ¿a dónde nos llevará este nuevo Plan España Puede/ Marshall?

De momento sabemos que el Plan contempla invertir unos 70.000 millones en este periodo y además viene acompañado de numerosas reformas para abordar la crisis económica y social derivada de la pandemia. El Plan España Puede también plantea hacer frente a la crisis ecológica; más del 40% de las actuaciones van dirigidas a la transición verde.

El objetivo, las actuaciones, la urgencia y el momento de cambio propiciado por la pandemia nos hace ver el Plan como una oportunidad; aunque las más de 1000 páginas que lo componen no nos dejan pistas muy claras sobre su impacto real. Necesitamos que el Plan España Puede sea una palanca importante para conseguir una recuperación más verde y más justa que siente las bases para transformar el sistema. Necesitamos también que haya garantías de que esto ocurra.

El gran reto está en entender que además de una revolución tecnológica, tenemos que replantearnos entre otras cuestiones, aspectos tan esenciales como: cómo nos movemos, cómo nos alimentamos, cómo consumimos o cómo generamos nuestra energía. Este cambio va más allá de sustituir unos combustibles por otros, necesita cambios más profundos que pongan a las personas en el centro y tengan en cuenta los límites del planeta y la desigualdad.

Con esta idea hemos valorado el Plan España Puede que el Gobierno envió a Bruselas para conocer si va en la buena dirección y aunque de momento las líneas generales nos gustan nos seguimos quedando con muchas dudas, respuestas sin conocer y muchas incertidumbres sobre su impacto real. En el documento Los fondos de recuperación: cómo construir una sociedad verde y justa se puede consultar la valoración que hemos realizado de las inversiones y reformas relacionadas con la transición ecológica teniendo en cuenta aspectos ambientales, sociales, económicos y de gobernanza del Plan. De los 71 puntos destacados 28 logran una valoración favorable (la mayoría relacionados con el componente ambiental); otros 28 presentan riesgos, incertidumbres o no detallan información suficiente para valorarlos (12 de ellos ambientales; el resto corresponden a aspectos relacionados con la vertiente social, económica y de gobernanza) y, finalmente, hay 15 puntos valorados de forma negativa entre los que figura el gran olvidado del plan: la transformación del sistema agroalimentario.

En conclusión: los resultados del Plan España Puede en términos de transformación justa y verde están sujetos a muchas incertidumbres, debido en parte a los aspectos que no contempla pero sobre todo porque está condicionada por su alta dependencia del desarrollo y ejecución de las inversiones, medidas y reformas. Es imprescindible que la sociedad perciba sus beneficios.

Estaremos muy vigilantes al desarrollo del Plan para que esta lluvia de millones no financie proyectos que dañen el medio ambiente, se evite la burbuja de hidrógeno (aunque sea verde), se cambien los patrones de movilidad, las ciudades sean más amigables con las personas y el planeta, las comunidades energéticas jueguen un papel relevante en la transición energética y se transforme también el modelo agroalimentario.

Además los fondos no se pueden quedar únicamente en manos de las grandes empresas, tienen que llegar a las pymes y micropymes (que constituyen el 98’8% del tejido productivo de nuestro país), empresas de economía social, sostenible y solidaria y personas autónomas, y aquellos sectores y clusters cuya actividad contribuya a una recuperación justa, verde y equitativa, que corrija la brecha de género y el desequilibrio territorial.

La participación efectiva por parte de la sociedad civil en la toma de decisiones, la transparencia y la especial atención para que las políticas sociales no sean la moneda de cambio de la recuperación económica y el empleo cierran esta mirada del Plan España Puede para una recuperación verde y justa.

¡Seguiremos vigilando!

Artículo de Angeles Maestro para El Salto Diario

Tras los ataques sufridos en la crisis anterior, se prepara un nuevo asalto de dimensiones mucho mayores, concienzudamente gestado mediante un escenario de terror generalizado destinado a minimizar nuestras posibilidades de respuesta.

A medida que se profundiza el abismo de la crisis, el capitalismo muestra sin tapujos que la libertad de mercados y su defensa de la libre competencia son mera propaganda. El pastel por el que luchan descarnadamente las facciones oligárquicas dominantes es el dinero público que el Estado, su Estado, el Estado al servicio del capital, pone a su disposición.

Y esa enésima apropiación de nuestra riqueza, la que produce la clase obrera, no es sólo la plusvalía, no sólo los beneficios que les generamos comprando sus mercancías, es además el robo de los fondos públicos que generamos con nuestros impuestos —que paga prácticamente sólo la gente trabajadora— y nuestras cotizaciones sociales.

Los Fondos de la UE como instrumento de chantaje

Los 2.000 folios que el Gobierno español ha enviado a Bruselas dando cuenta de las contrarreformas a emprender a cambio de los Fondos de Reconstrucción son secretos.

Lo son por dos razones:

• Una, porque cambian todos los días en función de las presiones ejercidas por quienes de verdad mandan: la UE en representación de la banca y las multinacionales.
• y la más importante, porque como todos los crímenes contra el pueblo, se perpetran en la oscuridad, procurando que tardemos lo más posible en enterarnos.

Está sucediendo exactamente lo mismo que en 2011. Entonces, mientras “nuestra” deuda crecía y se disparaban las alarmas, el gobernador del Banco Central Europeo y el del Banco de España, el socialdemócrata Fernández Ordóñez, escribieron una carta secreta al Presidente del Gobierno, el muy “progresista” Zapatero, conminándole, bajo la amenaza de no comprar Bonos de Deuda Pública, a reducir pensiones y derechos laborales y recortar y privatizar —aún más— servicios públicos como la sanidad y la educación. El gobierno del PSOE no sólo hizo lo que le pedían, sino que en pleno agosto y en una semana, reformó con el apoyo del PP la sacrosanta Constitución, para anteponer el pago de la Deuda a cualquier necesidad social. Hay que recordar que esa Deuda fue construida a base de transferir masivamente dinero público a los bancos y de reducir impuestos a las grandes empresas.

El cuento se reedita: el Plan de Choque aprobado a comienzos del verano pasado, entre otras medidas, ponía a disposición de los bancos 100.000 millones de euros mediante los cuales el Estado se convertía en avalista de la deuda de todas las empresas y autónomos que entrasen en quiebra.

Ahora el cuento se reedita: el Plan de Choque aprobado a comienzos del verano pasado, entre otras medidas, ponía a disposición de los bancos 100.000 millones de euros mediante los cuales el Estado se convertía en avalista de la deuda de todas las empresas y autónomos que entrasen en quiebra y no pudieran pagar los créditos solicitados a la banca.

Además, a finales de julio se anunciaban otros 40.000 millones. Recientemente se informaba que, efectivamente, gran parte de esos créditos no se han pagado, y que se contabilizarán como déficit público.

Con una Deuda del 125% del PIB como consecuencia de una economía colapsada, por la crisis y por el saqueo, los vampiros de la UE presionan para que se ejecuten todo tipo de contrarreformas de manera que la clase obrera y las PYMES paguen la descomunal crisis engendrada por el propio capitalismo.

Ante estas agresiones, el gobierno de PSOE y Unidas Podemos, como antes el de Zapatero, se somete sin rechistar y prepara el enésimo ataque contra la clase trabajadora y las capas populares.

A pesar de que, como decía, la opacidad acerca de las reformas exigidas es total, ya hay suficientes indicios para saber el guion del drama que se avecina y que a grandes rasgos será el siguiente:

1. ¿Dónde irán?

Los Fondos europeos, esos 140.000 millones de euros, irán destinados a la “reconversión verde” y a la “digitalización”. La UE ha decidido, y el Gobierno ha aceptado, que esas son “nuestras” prioridades.

Las necesidades sociales acuciantes: vivienda, sanidad, educación, protección social, precariedad, etc., o la planificación democrática de la economía tras el hundimiento del turismo y la construcción, no cuentan absolutamente para nada.

2. ¿Quién los recibirá?

No sabemos exactamente cómo se distribuirán pero es un secreto a voces que los 140.000 millones se los repartirán los tiburones del Ibex, esta vez disfrazados de “verde”, de ecologistas. Y será así porque se sabe que tanto la reforma de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo —para agilizar los trámites para acceder a los Fondos— como los criterios de reparto, se han elaborado por gabinetes jurídicos vinculados a la CEOE. Ellos diseñan y el gobierno pone la firma.

3. ¿Qué se destinará a la sanidad?

En la pandemia, en plenos aplausos y alabanzas, ya vimos de qué iba la cosa. Todo el gasto extra ocasionado por la pandemia ha ido sistemáticamente a bolsillos privados. Nada a contratar más personal o reforzar la sanidad pública. Los escasos Fondos que se destinarán a sanidad representan el 1,5 %, poco más de 1.000 millones de euros, que irán a la “colaboración público-privada”, el nuevo eufemismo de la privatización. Ya el Ministro de Sanidad, en plena pandemia, tuvo la desvergüenza de presidir un acto financiado por la industria farmacéutica sobre “La sanidad del futuro” donde no había otro horizonte que esa “colaboración” que consiste en la vampirización de fondos públicos por la empresa privada.

4. ¿Qué pasará con la digitalización?

La digitalización, como cualquier otra técnica, depende de en qué manos esté y para qué se utilice. La digitalización aumenta enormemente la productividad del trabajo; es decir se produce lo mismo en menos tiempo. La digitalización, en buena lógica, en un país con unos niveles de paro tan terribles, debería servir para reducir la jornada laboral y repartir el trabajo, obviamente sin disminución salarial, dado que se producen unos incrementos enormes de la plusvalía —salario no pagado— de los que se apropia el empresario.

La digitalización, en buena lógica, en un país con unos niveles de paro tan terribles, debería servir para reducir la jornada laboral y repartir el trabajo, obviamente sin disminución salarial, dado que se producen unos incrementos enormes de la plusvalía de los que se apropia el empresario.

Será justo al revés. La patronal, con la reforma laboral sin derogar en el enésimo incumplimiento del pacto de gobierno, se prepara para reducir plantillas (véase lo sucedido con la banca) y aumentar la jornada laboral (en Grecia se pretende aumentar a 10 horas). Además es preciso no olvidar que la principal utilidad de la digitalización es la “Defensa”, es decir, mejorar las armas destinadas a la represión de las trabajadoras y trabajadores y a la masacre de los pueblos.

Pero la cosa no termina aquí.

¿Quién pagará lo que van a recibir “nuestras” multinacionales de los fondos europeos?

Está todo diseñado para que los paguemos nosotras. Aún no sabemos todo, pero ya han avanzado algo:

1º La mitad de esos 140.000 millones de euros lo pagaremos como Deuda, es decir con recortes en el gasto público, disminuyendo plantillas, salarios, y recursos en los servicios públicos. Así se matan dos pájaros de un tiro: se engorda por enésima vez el negocio de los bancos, que son nuestros acreedores, y se hunden los servicios públicos a beneficio de los privados.

2º El gobernador del Banco de España lo anunciaba hace pocos días: la clase trabajadora deberá pagarse su propia indemnización por despido y destinar una parte, otra más, de su salario a un fondo de pensiones privado para tener una pensión que le permita vivir (misión imposible tras los recortes que nos piensan imponer). Es la llamada mochila austriaca. El negocio es redondo: vacían las arcas de la Seguridad Social construidas con nuestro dinero y, como no hay dinero, dicen, nos imponen financiación adicional a seguros privados.

3º Además, como son “verdes”, “ecologistas” y les preocupa el cambio climático, van a reformar los impuestos. ¿Y cómo lo harán? ¿Haciendo pagar a empresas contaminantes que están teniendo impactos terribles sobre la salud de sus plantillas y población circundante, como las incineradoras? Nada de eso. Van a introducir nuevos impuestos indirectos, es decir los que pagamos todo el mundo por igual, ricos y pobres, como los peajes en las autopistas o sobre el diésel en los automóviles.

A estas alturas de la película, la trama debería estar clara. Se proponen seguir destrozando la vida de la clase trabajadora y de pequeños y medianos empresarios, mientras banqueros y dueños de multinacionales amasan fortunas cada vez mayores. Y los gobiernos, del color que sean, les sirven sin rechistar

Se proponen seguir destrozando la vida de la clase trabajadora y de pequeños y medianos empresarios, mientras banqueros y dueños de multinacionales amasan fortunas cada vez mayores

¿Qué hacer?

Es urgente que reaccionemos. No podemos seguir con luchas parceladas cuando los desastres (paro, vivienda, precariedad, discriminación de género, fracaso escolar, desmantelamiento de la sanidad pública, etc.) caen todos sobre las mismas espaldas: las de la clase obrera.

Pero la unidad no puede ser una simple suma de reivindicaciones o de siglas. Es preciso que apunte a impedor, conjuntamente, el siniestro plan que nos pretenden imponer desde la UE.

Por ello, el nuevo proceso de luchas que sin duda se abrirá, debe centrarse, a grandes rasgos y además de las reivindicaciones concretas de cada sector, con estas palabras o con otras, en los siguientes objetivos:

• Los Fondos de la UE, que son públicos, los administra el pueblo y éste decide las prioridades. Planificación democrática de la economía.
• No pagaremos la Deuda construida dando dinero público a bancos y multinacionales.
• Expropiación de la banca y empresas estratégicas.
• Devolución a manos públicas de todo lo privatizado. Fuera las empresas de los servicios públicos.

Contra el desánimo y la impotencia que impera en muchos sectores, Bertolt Brecht escribió estos versos que llamó “Loa a la dialéctica”:

Con paso firme se pasea hoy la injusticia
Los opresores se disponen a dominar otros diez mil años más.
La violencia garantiza: “Todo seguirá igual”.
No se oye otra voz que la de los dominadores,
y en el mercado grita la explotación: “Ahora es cuando empiezo”.
Y entre los oprimidos, muchos dicen ahora:
“Jamás se logrará lo que queremos”.
Quien aún esté vivo no diga “jamás”.
Lo firme no es firme.
Todo no seguirá igual.
Cuando hayan hablado los que dominan,
hablarán los dominados.
¿Quién puede atreverse a decir “jamás”?
¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros.
¿De quién que se acabe? De nosotros también.
¡Que se levante aquel que está abatido!
¡Aquel que está perdido, que combata!
¿Quién podrá contener al que conoce su condición?
Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana
y el jamás se convierte en hoy mismo.

Artículo de Andrés Gil para el Diario.es

España entregó su plan de recuperación a la Comisión Europea el 30 de abril. A partir de entonces, el Ejecutivo comunitario dispone de hasta dos meses para evaluar la documentación. Después, el Consejo –los Gobiernos– disponen de otros 30 días. A partir de ahí, puede empezar a llegar la primera parte de los fondos europeos, los 9.000 millones de prefinanciación.

Ese es el calendario y el procedimiento. En este contexto, la Comisión Europea ha enviado una carta al Gobierno español. «Durante todo el período de evaluación, la Comisión Europea está en contacto constante con todos los Estados miembros, incluida España, sobre el contenido de sus planes de recuperación y resiliencia», afirman fuentes del Ejecutivo comunitario, que no aclaran ni quién firma la carta, ni a quién va dirigida, ni cuándo se envió ni qué contenido tenía.

«Estos intercambios son una parte completamente normal, prevista en el procedimiento de evaluación de acuerdo con en el reglamento de los fondos de recuperación», prosigue Bruselas: «El objetivo es aclarar cualquier duda o pedir información adicional».

La Comisión Europea prosigue: «Mientras llevamos a cabo nuestra evaluación de los planes que hemos recibido, no podemos comentar sobre casos individuales ni proporcionar una evaluación preliminar. Nuestra evaluación se publicará como una propuesta de decisión de implementación del Consejo [los Gobiernos], acompañada de un documento de trabajo del personal que explica las opiniones de la Comisión sobre el plan».

Fuentes de Economía sostienen: «En relación a la comunicación con la Comisión Europea, hay que precisar que forma parte de los contactos que ha habido en los últimos meses. Se trata de una comunicación que ha tenido lugar con todos los países que han remitido su plan a Bruselas. En el caso de España, se trata de temas técnicos muy menores, no de exigencias de cambios en el plan».

Bruselas, además, explica que «durante todo el período de evaluación, la Comisión Europea actuará en estrecha cooperación con todos los Estados miembros con el fin de aclarar cualquier posible cuestión pendiente, por ejemplo, buscando información adicional. Esto se hace a través de varios canales, tanto durante las reuniones como por escrito. No haremos comentarios continuos sobre los diversos contactos durante el período de evaluación ni su contenido».

Fuentes de Economía explican que «no hay temas de fondo, sino que son cuestiones técnicas relacionadas con algunos de los miles de datos que se dan en el plan. En algunos casos de lo que estamos hablando no es de cambios, sino que son aclaraciones. Es una interacción habitual como la que hemos tenido durante meses y ahora serían los últimos flecos para aclarar algunos aspectos más técnicos que no afectan a los elementos de sustancia del plan».

«Dimensión social»

El fondo europeo para la recuperación tras la crisis económica, social y sanitaria del coronavirus está cerca de empezar a distribuirse. La mayoría de los países ya han ido entregando sus planes a la Comisión Europea, que ahora dispone de hasta dos meses para hacer su evaluación, tras la que llegará la del Consejo –los Gobiernos– que disponen de un mes más. En definitiva, «si todo va bien», el primer dinero puede fluir «a partir del verano». Así lo ha reconocido el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en su intervención en la jornada sobre los fondos europeos organizada este miércoles por elDiario.es.

«España y sus gentes han soportado algunas de las medidas más duras del mundo contra esta pandemia», ha afirmado Dombrovskis en su mensaje de vídeo: «Si bien el confinamiento estricto ha ayudado a salvar vidas, ha paralizado la economía nacional». Ahora bien, según las previsiones económicas de primavera hechas públicas por la Comisión Europea la semana pasada y como recuerda el vicepresidente comunitario, «la economía de España debería recuperarse rápidamente este año y el próximo, y el crecimiento volverá a su nivel anterior a la crisis para finales de 2022». De acuerdo con los datos de Bruselas, España será el país que más crezca dentro de la UE en 2021 y 2022, por encima del 5% cada año.

«Felicitamos a España por estar entre los primeros países de la UE en presentar su plan a finales de abril», ha dicho el vicepresidente económico de la Comisión: «Dado que los expertos de la Comisión Europea lo están evaluando ahora, no puedo entrar en detalles. Sin embargo, es positivo ver el plan estructurado en torno a las transformaciones verdes y digitales, la cohesión social y territorial y también la igualdad de género. También es bienvenido el enfoque en inversiones transfronterizas en áreas estratégicas clave, como el hidrógeno, los microprocesadores y el 5G. El plan de España contiene elementos sobre transporte sostenible, impulso de la eficiencia energética en los edificios y energía limpia. Y también tiene una clara dimensión social».

Artículo de Juan Bordera para El Salto Diario

La tendencia de un cuerpo a resistir un cambio en su movimiento se llama inercia. Y nuestro sistema económico-político está repleto de inercias y rutinas, que, mientras mantienen casi inmóviles procesos que habrían de darse y muy rápido, lo van dirigiendo hacia un lugar imprevisible pero muy peligroso. Una de esas inercias explica por qué algunas de las grandes empresas que más han retrasado la transición ecológica, como Endesa o Naturgy, van a ser, con toda probabilidad, algunas de las que más fondos reciban de los 140.000 millones de euros que le tocan a España de los fondos europeos de recuperación, los Next Generation (NGEU).

Precisamente, como son las más grandes, muchos de los fondos irán hacia ellas como la luz a un agujero negro –creo que esta metáfora vale la pena una repensada- , atraídas por su mayor capacidad de presentar proyectos tractores y transiciones de gran calado, además de por sus contactos y arreglos con los poderes públicos y las consultoras, encargadas de diseñar los pliegos de condiciones y de solicitar los fondos de un plan de recuperación hecho a la medida del sector privado.

Pero pasemos al tema de los nombres, que tiene guasa: Next Generation y España Puede. Se suele decir aquello de “dime de qué presumes, y te diré de qué careces”. En este caso vale para ambos nombres. A los fondos supuestamente se les llama Next Generation porque van orientados a asegurar la transición que mejore el futuro de la siguiente generación. Sin embargo, si por algo podríamos seguir llamándolos así, es porque lo que vamos a hacer realmente, es gastarnos el dinero de esa siguiente generación. A pesar de que suponen un pequeño cambio a mejor en la ortodoxia neoliberal de la Unión al aceptar el endeudamiento común, al final vamos a acabar endeudándonos aun más, a 30 años vista, pagando probablemente –si no lo evitamos- con derechos, conquistas sociales y reformas de pensiones, que se exigirán cuando se levante la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en los próximos años. Y encima una gran parte será para mantener en liza a las grandes empresas que más se han enriquecido generando las condiciones climáticas que van a dejar de regalo un clima insufrible para esa siguiente generación. Chapeau.

Y qué decir del figura al que se le ocurrió “España Puede” – Así se llama el Plan de Recuperación que pretende guiar la captación y ejecución de los fondos europeos-. Otro capo del márquetin. Pero no. Visto el Plan al detalle o la flamante y decepcionante Ley de Cambio Climático de uno de los países que previsiblemente será más afectado por los efectos del calentamiento global, España no puede.

En realidad, hemos llegado a un punto en el que ningún país puede por separado. Tenemos enfrente un enorme problema civilizatorio que se bifurca en un caos climático quizá ya imposible de frenar, como mínimo durante siglos, y un descenso energético también ineludible. Hemos consumido una gran parte de las fuentes de energía más rentables, lo cual está afectando ya a precios y sectores económicos enteros, poniéndolos poco a poco de rodillas ante los límites de la termodinámica y las economías de escala. Y la genuflexión no ha hecho más que comenzar: vamos a ver precios de materias primas al alza y problemas sistémicos cada vez más difíciles de resolver. O colaboramos para sostenernos o nos hundiremos conjuntamente. Salvo aquellos a los que sí salvará – al menos temporalmente- España Puede, la Next Generation de forraos. Bienvenidos al sálvese quien tenga. En el año del centenario Berlanga, Bienvenido Mr. Next Generation.

El Plan, si como todo apunta, sigue las recetas de la tecnolatría, lo único que “podrá” es salvar temporalmente los muebles a la CEOE y a algunas grandes empresas.

El Plan, si como todo apunta, sigue las recetas de la tecnolatría, lo único que “podrá” es salvar temporalmente los muebles a la CEOE y a algunas grandes empresas –que además tratarán temporalmente de lavar su imagen con un reluciente y de moda color verde-, véase a las energéticas pasándose al pufo con aroma colonialista del hidrógeno. Todo ello, carente de la transparencia necesaria para evitar nuevos casos Castor, en los que el riesgo es público y el beneficio, de ocurrir, es privado. Episodios cada vez más comunes en las “colaboraciones público-privadas”, ahora camufladas tras la denominación de origen “PERTEs”. Que a inventarnos nombres picarescos para disimular chanchullos no nos gana nadie.

Además, recientemente la plataforma Open Generation EU ha denunciado que el proceso de enmiendas al Real Decreto que regula la gestión de fondos está paralizado. El simple transcurrir del tiempo es otra inercia que juega a su favor, y el gobierno lo sabe. A muchos no se nos escapa que la Asamblea Ciudadana por el Clima a la que se comprometió el Gobierno hace más de un año no ha tenido lugar para que no interfiriese ni con el desarrollo de la Ley de Cambio Climático ni con la asignación de los irrepetibles e históricos fondos europeos.

Esta asamblea es una de las mejores armas que tiene la ciudadanía para recuperar parte del poder político que los mercados le han arrebatado a los estados. Aunque como en Francia, genere sentimientos encontrados, se logran avances incuestionables, se le cae el disfraz al gobierno de turno, y además estimulan el debate mediático sobre las emergencias climática y energética justo cuando más falta hace. Quizá con suerte puedan suponer una presión suficiente para ayudar a vencer las inercias.

Nos estamos jugando que se considere útil la imprescindible transición energética y ecológica, o que en un momento en el que ya llega tarde, sea percibida como un lavado de cara verde que favorece a los de siempre

¿Qué nos jugamos con los fondos Next Generation? Dice la escritora y activista hindú Arundhati Roy que: “Históricamente, las pandemias han obligado a los seres humanos a romper con el pasado e imaginar su mundo de nuevo. Esta no es diferente. Es un portal, una puerta entre un mundo y el siguiente”. Nos estamos jugando que se considere útil la imprescindible transición energética y ecológica, o que en un momento en el que ya llega tarde, y aún ni siquiera es bien entendida del todo, sea percibida como un lavado de cara verde que favorece a los de siempre. Nos jugamos que Next Generation signifique iniciar por fin un camino de asunción de límites y justicia social –que además es ineludible para evitar peores conflictos-, o por contra signifique seguir con la receta del sálvese quien tenga, hasta que por algún lado, la cosa reviente. En defintiva, aprender la lección de Francia y de la pregunta de los 140.000 millones: ¿chalecos amarillos o asambleas ciudadanas vinculantes? Pedro –y sobre todo la CEOE-. ¿Qué preferís?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste y clausura el foro de debate ‘Los fondos europeos de recuperación: Así va a cambiar España’ que organizó elDiario.es el pasado 19 de mayo.

En este enlace se puede acceder a la crónica

El 28 de enero se presentó en el Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley 36/2020, por el que se regula la gestión de los fondos europeos Next Generation EU. La votación del texto, con infinidad de carencias en cuanto a transparencia o medidas de fiscalización, marcó que debería ser sometido a un proceso de enmiendas en el que los partidos políticos tuvieran un plazo para presentarlas de cara a una futura votación. Un mes después, el primero de marzo, el Consejo de Estado hizo público un informe en el que aseguraba que había claras carencias en las garantías de control y transparencia en la ley que regulará la gestión y adjudicación de los fondos, lo que afirmaba la necesidad de ese proceso de enmiendas y debate. El proceso debía tramitarse como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia con un plazo de dos semanas para que los grupos parlamentarios presentaran sus enmiendas para el debate y votación en el Congreso.

Pero han pasado tres meses y el proceso sigue igual que a comienzos de marzo, totalmente parado. Algo que según la organización civil Plataforma Open Generation EU es de extrema gravedad. “Exigimos que se ponga fecha para la tramitación de las enmiendas lo antes posible, porque este proceso no se puede alargar más”, ha afirmado en rueda de prensa Sandra Vicente, integrante de la plataforma. Las consecuencias tan graves a las que se refieren es que el proceso, que debería haberse finiquitado en 15 días, no se complete y las enmiendas no sean consideradas. Ya que, si no se completa el proceso antes de que lleguen las ayudas, se aplicará el RDL actual, con todas esas deficiencias y carencias de transparencia, fiscalización o participación civil que el mismo Congreso de los Diputados y el Consejo de Estado señalaron.

La Plataforma Open Generation EU ha desarrollado una batería de enmiendas que ha entregado a todos los partidos políticos con el objetivo de “garantizar un mayor y mejor acceso a la información”

La Plataforma Open Generation EU, impulsada por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya (IDHC), pero donde colaboran otras organizaciones sociales como Ecologistas en Acción, Oxfam Intermón, Access Info Europe o el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), ha desarrollado una batería de enmiendas que han entregado a todos los partidos políticos. Elaboradas por grupos expertos y colectivos de la sociedad civil, las enmiendas tienen el objetivo de “garantizar un mayor y mejor acceso a la información”. El texto legislativo apenas menciona garantías de transparencia, lamentan desde la plataforma, y sospechan que “los procesos se van a dar de manera opaca, con la gestión por parte del Consejo de Ministros, sin directrices claras de cómo se van a hacer públicos los datos ni de cómo se va a poder fiscalizar la adjudicación y ejecución de los fondos”. Como ha explicado Vicente hoy, “el objetivo como plataforma es asentar las bases para una gobernanza abierta”.

Según han explicado, tras reunirse con todos los partidos políticos, Más País y la CUP han registrado el bloque entero de enmiendas presentadas por la Plataforma, y tienen la confirmación de que EH Bildu y ERC lo harán en los próximos días. Unidas Podemos ha presentado sus propias enmiendas pero han incluido el bloque de medidas para mejorar la transparencia de la Plataforma, y Ciudadanos les han confirmado que van a incluir algunas centradas en transparencia y participación por parte de la sociedad civil. Con el Partido Popular también se han reunido y les han hecho llegar las enmiendas, pero no han obtenido noticias del partido de Pablo Casado.

Muchas incógnitas

“Tenemos dos meses de plazo para saber si se aprueban o no y todavía no sabemos la magnitud de los ajustes y condicionalidades que conllevan”, explica Emma Avilés, también integrante de la plataforma y del ODG, que alerta de la necesidad de “poner el foco y mucha transparencia porque nos afectará en un futuro”.

¿Qué tipo de interés tendrá la parte de los fondos que son préstamo? ¿Se conseguirán los objetivos ecológicos y digitales que marca Europa? ¿Quién gestionará los fondos? ¿Lo harán empresas privadas? Y otra de las más importantes: ¿Qué reformas nos van a exigir a cambio? Esas son solo algunas de las incógnitas que plantean desde la Plataforma. “Nos van a pedir a cambio muchas reformas y es la última oportunidad para hacer el cambio estructural económico y ecológico que necesitamos, por lo tanto necesitamos saber mucho más y que haya una mayor transparencia”, sentencia Avilés.

Además de la rueda de prensa, la Plataforma Open Generation EU ha intervenido esta tarde de martes en el Congreso de los Diputados ante la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales para presentar el análisis de las medidas necesarias con las que reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos reguladores en el caso de los fondos europeos.

Artículo de Yago Álvarez Barba para El Salto

• La Plataforma Open Generation EU alerta que la Mesa del Congreso está alargando indefinidamente el proceso de enmiendas del Real Decreto Ley 36/2020 por el cual se regularán los fondos europeos Next Generation EU, plasmados en el plan España Puede.
• Si no se completa el proceso antes de que lleguen las ayudas, se aplicará el RDL actual, considerado deficiente por el Congreso en votación parlamentaria y por ello debía ser enmendado.

El pasado 1 de marzo el Consejo de Estado hizo público un informe en que aseguraba que había claras carencias en las garantías de control y transparencia en la ley que regulará la gestión y adjudicación de los fondos Next Generation EU. Este informe se hizo público pocos días después de que el Congreso de los Diputados votara que el Real Decreto Ley 36/2020 -por el que se regula la gestión de los fondos europeos-, debía ser sometido a un proceso de enmiendas para solucionar sus deficiencias. El proceso se debía tramitar como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia con un plazo de dos semanas para que los grupos parlamentarios presentaran sus enmiendas para el debate y votación en el Congreso. Tres meses después, la Mesa del Congreso de los Diputados sigue alargando el proceso.

La Plataforma Open Generation EU ha entregado una batería de enmiendas ciudadanas al RDL, elaboradas por grupos expertos y colectivos de la sociedad civil, vía distintos grupos parlamentarios para que las presenten en su nombre. El objetivo: garantizar un mayor y mejor acceso a la información. El texto legislativo apenas menciona garantías de transparencia: los procesos se van a dar de manera opaca, con la gestión por parte del Consejo de Ministros, sin directrices claras de cómo se van a hacer públicos los datos ni de cómo se va a poder fiscalizar la adjudicación y ejecución de los fondos. Además, se recortan los plazos y las competencias de algunas autoridades independientes, que deberían ser las encargadas de fiscalizar la gestión de los fondos Next Generation EU.

Por ello, es grave que la Mesa del Congreso esté alargando indefinidamente el proceso, ya que en cuanto lleguen los fondos, si la nueva ley no ha sido tramitada, aplicará un RDL que fue elaborado sin debate parlamentario y que el Congreso valoró como deficiente. Open Generation EU considera que las garantías de transparencia son esenciales en este proceso e insta a que se concluya el proceso de enmiendas y se tramite la ley en debate parlamentario.

El acceso a la información que puedan tener la ciudadanía y periodistas es clave en un momento como el actual y ante unos fondos históricos que supondrán fuertes reformas y ajustes económicos, pero se están poniendo claros impedimentos para acceder a información básica y necesaria y a todos los datos en general. Por ello, Open Generation EU convoca una rueda de prensa y reunión para periodistas el próximo miércoles 12 de mayo, a las 10h en el espacio ECOOO (C/Escuadra, 11 – Madrid). También se podrá participar online a través de este enlace.

En este encuentro, se compartirá información sobre cómo se está gestionando el proceso de enmiendas al texto legislativo, cuáles son las enmiendas que la sociedad civil propone al Real Decreto Ley y cuáles serán los próximos pasos para garantizar el acceso a la información. Igualmente, se reservarán unos minutos al final de esta rueda de prensa para escuchar y saber qué necesidades tienen periodistas y medios de comunicación a la hora de investigar, fiscalizar e informar sobre la ejecución de los fondos Next Generation EU en España. La Plataforma Open Generation EU quiere establecer alianzas y puentes con los medios de comunicación: cuando empiecen a llegar los fondos Open Generation EU los seguirá de cerca y trabajará para conseguir acceso a la información y transparencia en la gestión.

El mismo miércoles 12 de mayo a las 18h la plataforma comparecerá como experta en la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática del Congreso de los Diputados, para alertar de la necesidad de garantizar la independencia y transparencia de las Autoridades Independientes que fiscalizan las gestiones del Gobierno.

Por motivos de aforo Covid de la sala, rogamos confirmación de asistencia: prensa@opengenerationeu.net.

Entrevista de Meritxell Rigol para La Marea

El Gobierno español aspira a obtener hasta 140.000 millones de euros de los fondos Next Generation EU, el paquete de préstamos y subvenciones europeo dirigido a revertir la recesión económica a la vez que a impulsar las transiciones ecológica y digital. España Puede es el plan a través del cual, una vez aprobado en Bruselas, llegará al Estado esta inyección con la que se prevé financiar cuantiosos proyectos en poco tiempo. Si bien aún no se conoce qué iniciativas van a ser las elegidas para estimular la economía, Erika González, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), cuestiona que la propuesta de inversiones del ejecutivo de Pedro Sánchez, presentada a la Comisión Europea, vaya a tomar forma de respuestas a las crisis social y ecológica. Partiendo de la información a la que hasta el momento han tenido acceso, González, especializada en el estudio del poder corporativo de las empresas transnacionales, afirma que sin duda los fondos europeos generarán beneficios, pero que no serán ni para las mayorías sociales ni para los ecosistemas.

El primer apellido del plan España puede es “recuperación”. ¿Las inversiones y reformas que plantea son una propuesta para recuperar el qué, exactamente?

Uno de los objetivos que pretende el plan es apuntalar las bases del sistema socioeconómico, y muy vinculado a este objetivo está la recuperación de los beneficios empresariales. El capitalismo español, representado por las grandes empresas de la Marca España, ya estaba en crisis antes de la pandemia y ya se hablaba de recuperación; de recuperación de los beneficios empresariales, que se habían conseguido mantener por diversas vías, como el rescate bancario, además de otras como la devaluación salarial, exprimir la internacionalización apuntalada en la década dorada de finales del siglo XX –sobre todo en América Latina, donde han conseguido controlar casi de manera oligopólica algunos servicios– y la ingeniería fiscal y contable.

El Banco de España cifra el rescate bancario en 65.000 millones de euros de las arcas públicas. El economista Carlos Sánchez Mato habla de 80.000 millones de euros, si incorporamos otros costes asociados al rescate bancario. Y la cifra puede seguir subiendo si tenemos en cuenta los activos tóxicos de la SAREB, que desde la Unión Europea se ha obligado al Estado a incorporar como deuda pública. Son en torno a 30.000 millones. Es una enorme transferencia de presupuesto público para salvar negocios privados, fundamentalmente de grandes empresas tras el crash de 2008. Con la recesión económica que llega con la pandemia, el Gobierno puso un colchón, un plan de choque económico, con avales y otro tipo de instrumentos financieros de apoyo, y ahora los fondos europeos Next Generation EU, que, otra vez, van a invertir en este modelo y en conseguir que las grandes empresas del capitalismo español, como Telefónica, las constructoras y las hoteleras, sostengan sus beneficios.

Si “recuperación” significa esto, ¿Qué hay del segundo apellido del plan: “transformación”?

No hay ningún tipo de transformación del modelo económico. Este plan tiene mucha construcción de relato; el discurso está muy bien elaborado para presentarlo como una renovación verde, digital y violeta. Pero no se concretan las reformas. Por ejemplo, se apunta a la reforma fiscal, pero no se conocen las guías de esta reforma. Lo mismo pasa con las inversiones. Plantea a grandes rasgos qué ámbitos van a concentrarlas, pero no los proyectos concretos, ni las empresas que van a protagonizar las inversiones. Hay elementos que se han ido conociendo y que plantean hacia quién se va a dirigir fundamentalmente los fondos, cosa que no quiere decir que no vayan también a pymes y a autónomos, pero la parte más importante de los fondos se va a dirigir a grandes empresas. Por ejemplo, hemos conocido los documentos presentados por la CEOE en colaboración con grandes bufetes de abogados, que han ido presentando propuestas que se han incorporado al Real Decreto que regula la gestión de estos fondos. O también sabemos que grandes consultoras que trabajan para formular los proyectos de grandes empresas son también contratadas por la Administración pública para asesorar sobre la gestión de los fondos.

Afirman que existe un elevado riesgo de que los fondos europeos sean acaparados para financiar megaproyectos con nombres propios bien conocidos detrás: Endesa, Iberdrola, Inditex, Repsol, El Corte Inglés, Suez, Naturgy, Petronor… ¿Cuáles van a ser los principales ámbitos en los que se van a inyectar recursos públicos?

La mayor inversión se concentra en movilidad: vehículo eléctrico, transporte ferroviario, en algunos casos se plantea el AVE… Es decir, no crea nueva industria de bienes y servicios socialmente necesarios. Plantea cómo dar vida, continuidad, a lo poquito que existe de industria en este Estado, que está ligada al ensamblaje de vehículos. Con los compromisos climáticos y con el escenario futuro de colapso climático tienen que darle otra viabilidad, y se plantea cambiar al vehículo eléctrico como una oportunidad. Pero su construcción tiene muchos impactos ambientales. Por otro lado, todo lo que está relacionado con la conectividad digital es el siguiente gran ámbito de inversión.

El discurso oficial dice que digitalizar lo que ya existe mejora la competitividad y generará mayor crecimiento económico. Pero una mayor concentración y centralización del control de la economía en grandes corporaciones tecnológicas va en contra del crecimiento económico y, en el plano laboral, vemos la uberización del empleo que se ha producido con este tipo de cambios hacia la digitalización.

El tercer gran ámbito de inversión previsto es la rehabilitación de la vivienda y la regeneración urbana. O sea, construcción, la especialización histórica del capitalismo español, que se ha basado en gran medida en el turismo y en lo inmobiliario-financiero-constructor. Cuando en 2008 pinchó la construcción, se fomentó el turismo, y ahora que con la pandemia pinchó el turismo, pues queda la pata de la construcción. Sin negar que la rehabilitación para reducir gasto energético es importante, vemos que esto no se hace dentro de un plan en el que se aborde, desde diferentes ámbitos, la necesidad de reducir el consumo energético y de incrementar la autoproducción energética a partir de energías renovables. El modo en el que se plantea es como una oportunidad para reactivar el sector de la construcción, sobre todo con la regeneración urbana, en territorios de la ciudad más empobrecidos, por lo que existe el riesgo de que esa inversión se traduzca en un aumento del precio del suelo y, de nuevo, en una reactivación de la burbuja inmobiliaria.

Pero el plan España Puede contiene ideas como reforzar los tres pilares del Estado de bienestar (educación, sanidad y servicios sociales) e impulsar el desarrollo de la economía de los cuidados. ¿En qué posición queda la inversión dedicada a servicios esenciales para la población?

Es cierto que puede haber una inversión en el ámbito público, en sanidad, en atención domiciliaria u otras cuestiones relacionadas con los cuidados, pero van a ser mínimas en relación con el presupuesto que existe. Y una parte de ella se relaciona con la digitalización de servicios, no con su fortalecimiento; no con incrementar el personal para la atención, no con desmercantilizarlos, no con remunicipalizar la atención domiciliaria, el agua, la sanidad; no con reducir el concierto de empresas privadas. En muchos casos, lo que se plantea son alianzas público-privadas. Y no plantear la desmercantilización de ámbitos básicos para la vida de las personas es un aspecto que cuestiona el discurso de economía de los cuidados que consta en el plan del Gobierno. Difícilmente puede fortalecerse el sistema de cuidados, de servicios sociales, sanitarios o educativos con la digitalización.

Otro propósito mencionado es proteger los ecosistemas, pero denuncian que el plan está marcado por el greenwashing, no por una transición verde efectiva. ¿Qué marca la diferencia entre el lavado verde que decís que han hecho empresas como Naturgy, Iberdrola, Endesa y Repsol para optar a los fondos europeos, y el tipo de proyectos que entienden ustedes que supondrían una respuesta real ante la crisis ecológica?

No se trata de mantener los ritmos de consumo de energía y de materiales actuales en lugar de con combustibles fósiles con otro tipo de energía, ya sean las renovables o el hidrógeno –que se plantea como un recurso que va a ser capaz de sustituir los combustibles fósiles donde no lleguen las renovables con la electrificación–. El tipo de megaproyectos que se plantean, gigafactorías de baterías, hidrógeno, campos y campos para la creación de energías eólica o fotovoltaica, la renovación de determinadas infraestructuras… son proyectos que demandan una cantidad ingente deerika materia y de energía y, en el escenario de agotamiento de estos recursos, lo que va a desencadenar es la ampliación de la frontera extractiva que ya existe, es decir, buscar en nuevos territorios para extraer más materia y energía, para poder poner en marcha este tipo de proyectos. El extractivismo está destruyendo ecosistemas, destruyendo biodiversidad y también generando importantes emisiones de CO2 y violaciones de derechos humanos de las comunidades que están en estos territorios, que son expulsadas, a veces con mucha violencia. Ampliar la frontera extractiva lo que significa es profundizar este modelo.

¿Mientras que los proyectos orientados a una transición verde implicarían…?

Una reducción drástica de las emisiones de CO2 y del consumo energético, transformar el sistema de energía para no basarse en grandes superficies de producción energética, sino favorecer otro tipo de modelo energético más localizado, más adecuado a los consumos territoriales. Y cambiar radicalmente el modelo de producción y consumo y transformar radicalmente el sistema comercial globalizado, en el que en la fábrica mundo cada pieza es producida en un sitio diferente y vendida en otro.

Alertan de la resaca social que van a provocar los fondos europeos: una gran deuda pública.

Los fondos Next Generation se financian con deuda, es decir, la Unión Europea ha emitido bonos de deuda europeos para financiar este programa. Es un presupuesto que la Unión Europea tiene que devolver a los mercados financieros en un periodo de entre 5 y 30 años. E incluso con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento congelado por la pandemia, para que los Estados pudieran transferir recursos para que no se hundiera la economía, ya se están apuntando reformas que van en el sentido de recortar inversión pública. Es una condición que pone la Unión Europea para poder acceder a los fondos Next Generation. Los Estados no solo tienen que elaborar un plan de inversiones sino un plan de reformas, y tienen que cumplir con los compromisos de las recomendaciones del Semestre Europeo. Que no son recomendaciones. Son obligaciones. La reforma de las pensiones, para que no supongan un elevado gasto público, está sobre la mesa ya. Igual lo están la reforma laboral y la reforma fiscal, que no van en un sentido de incrementar derechos laborales ni de un sistema fiscal que incremente la fiscalidad en las grandes fortunas y grandes empresas. Igual que la reforma de las pensiones no va en la dirección de garantizar un sistema de pensiones universal y digno a todas las personas, sino a reducir la inversión pública.

¿La receta frente a la deuda puede resultar novedosa o solo es imaginable la fórmula que ya conocemos?

No hay ningún indicador de que el pago de la deuda se vaya a hacer por otros mecanismos que no sean los que se han puesto en marcha en anteriores crisis, como el crash de 2008, con la enorme deuda pública que se generó por la transferencia de presupuesto público al ámbito privado para rescatar esa economía. O como los históricos planes de ajuste estructural que ya se aplicaron en América Latina y en otras regiones del mundo cuando han tenido crisis de deuda, y que se aplicó también en la Unión Europea, sobre todo a los países del Sur. Es el recorte de inversión, que afecta a la inversión en sanidad, en educación, en servicios sociales, la inversión en el sistema de pensiones, en cuestiones relacionadas con lo laboral…. Veremos en qué queda lo que están negociando el Ministerio de Trabajo con sindicatos y empresarios. Pero mucho nos tememos que esa promesa de eliminar la reforma laboral del PP no va a ser; que se van a mantener cuestiones que apuntalan la devaluación salarial y la precarización laboral, como vías básicas para poder sostener los beneficios empresariales.

Menciona recortes en sanidad. ¿El coste en vidas que tiene infradotar el sistema sanitario, evidenciado más que nunca con la pandemia, no supondrá esta vez un cortafuegos? ¿No se ha convertido en una línea roja socialmente mucho más fuerte que diez años atrás?

Puede tener un coste político elevado volver a generar recortes en sanidad, pero vemos también que el volumen de deuda es tan grande que se van a poner en marcha diferentes mecanismos para poder garantizar ese pago y se justificará tener que hacer este recorte. Hemos vivido ya determinados procesos en los cuales parecía increíble que se visibilizara de una manera tan palmaria la dictadura de los mercados y que ocurriera igualmente.

Se veía que el pago de la deuda suponía crímenes de lesa humanidad en Grecia, por una pauperización brutal del sistema sanitario o de otros servicios que tiene el Estado de contención social, que fueron eliminados para pagar la deuda. Incluso habiendo ganado un referéndum en el que se cuestionaba el pago de la deuda, los mercados financieros y la troika generaron un sistema de coacción económica, de estrangulamiento, que derivó en el cumplimiento del plan de ajuste estructural. Y esos recortes tuvieron graves consecuencias para la población y pasaron por encima de decisiones soberanas como es un referéndum. Así que aunque parezca increíble puede ocurrir.

¿Qué margen de maniobra tiene la población frente a este déjà vu que advierte?

El margen de maniobra que tenemos lo da la articulación y la resistencia social que consigamos construir, a pesar de la relación de fuerzas totalmente desfavorable, con un enorme poder de las clases político-empresariales y de los mercados financieros. Se trata de lograr hacer otras propuestas con una mayor fortaleza social, como plantear una reforma fiscal drástica, en la que aporten quienes más se están beneficiando de las sucesivas crisis, de las transferencias de fondos públicos, grandes fortunas y empresas transnacionales; como cuestionar el pago de la deuda que no responde a los intereses de las mayorías sociales, del mismo modo que se plantea la abolición de determinadas deudas por intereses económicos. Con más razón se tiene que plantear la abolición de deudas que menoscaban derechos fundamentales de la población.

Plantearlo con una mayor fortaleza social pone más presión sobre los gobiernos que tienen que tomar las decisiones. Son vías de acción política y social que necesitamos poner en marcha. También la desmercantilización de bienes y servicios que tienen que garantizar derechos fundamentales, derechos económicos, sociales y culturales. El proceso de remunicipalización del agua sería un ejemplo en marcha cada vez en más municipios. Pues de la misma manera hay que seguir peleando por la remunicipalización de otros servicios básicos para la vida y por la nacionalización de sectores estratégicos: banca y electricidad y gas, que son básicos para luchar contra la pobreza energética y para gestionar la transformación del modelo energético con parámetros que enfrenten la crisis ecológica. Toca trabajar para ampliar el músculo social que apoye estas propuestas.

Al inicio le preguntaba en qué se concretaba el concepto de “recuperación” y en qué el de “transformación”. Nos queda el tercer apellido del plan España Puede: “resiliencia”. ¿Qué se entiende por una economía resiliente?

El concepto resiliencia lo han coptado y se refieren a resiliencia más allá de la crisis ecológica, de la crisis social o de las crisis económicas que se están reproduciendo. La resiliencia desde el punto de vista de organizaciones sociales se plantea como tener un modelo socioeconómico que se mantenga dentro de los límites biofísicos del planeta, y para eso hay que tener en cuenta los impactos globales que tiene nuestro modelo de consumo. Y generar otro modelo socioeconómico que haga frente a la crisis social, que reparta el trabajo productivo y reproductivo, y que colectivice los cuidados.

Para transformar el mundo del trabajo, el salario no puede ser el único vehículo de ingresos y de derechos sociales de las personas. Un paso indispensable para pensar en la redistribución de trabajos y de la riqueza y para tener más soberanía sobre lo que afecta a nuestras vidas, es desplazar a las empresas transnacionales del modelo socioeconómico. Son las que en gran medida deciden incluso las leyes, a través de la clase político-empresarial. Hay que disputarles el espacio y desplazarlas para plantear transformaciones del modelo. Es necesario que la economía solidaria siga fortaleciéndose, creciendo, y pensar cómo puede producir saltos de escala para disputar espacios a las empresas transnacionales.

Comparecencia conjunta de Erika González, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), y de Pedro Ramiro, coordinador de OMAL, ante la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso el pasado 20 de Abril de 2021.

Artículo de Blanca Crespo para El Salto

Sois todo un ejemplo de pedaleo a contracorriente de la falta de información y confusión que gobierna el tema de los fondos europeos. ¿Nos compartís cómo lo habéis hecho?

Poco después de saltar la noticia de los grandes fondos (el plan de resiliencia, transformación… y el paquete bianual next generation 2021 2027) la Federación Europea de Ciclistas (ECF) edita una guía en inglés donde realizaba un profundo análisis del potencial de vincular la bicicleta a dichos fondos. En esta guía hace una recomendación del uso de la bici en Europa a partir de un amplio diagnóstico y propone una serie de objetivos políticos relacionados con los de los propios fondos. Así mismo, analiza la progresión de los fondos estructurales (FEADER, FEDER…) con ejemplos del uso de dichos fondos para financiar proyectos ciclistas. Por último, incluía una carta que recomendaba enviar a los ministerios de transporte y asuntos económicos.

No fue hasta que tradujimos el documento al castellano, cuando nos dimos cuenta del potencial del material, y decidimos enviar estas cartas, no sólo a estos ministerios recomendados, sino también a un amplio rango de ministerios, porque muchas de sus fuciones están asociadas a la Estrategia Estatal de la Bicicleta. Ha habido respuestas dispares, muchas de ellas sin respuesta, quizás por falta de personalización sobre el vínculo de estas áreas con la bicicleta, movilidad o infraestructuras, impacto social de la bici… Sin embargo, las respuestas que si hemos recibido nos han aportado información de utilidad sobre qué están haciendo los ministerios de acuerdo a nuestros intereses o cuáles son sus voluntades al respecto; incluso el ministerio de transporte invitó al ecosistema ciclista al consejo consultivo de esos fondos europeos, con una primera sesión donde nos explicaron los componentes de los fondos que tenían competencia y cómo lo iban a gestionar. Hay que tener en cuenta que hemos llegado y hecho propuestas en un momento en que se están estableciendo los criterios. Hay muchos ministerios que ni siquiera tienen claro todavía cómo van a ser las convocatorias, cuáles son los criterios de selección de los proyectos… En cualquier caso y en definitiva, el vínculo bicicleta-ministerios-fondos-bicicleta nos ha dado un buen pie para activarnos y creemos que puede ser replicable.

Para ir aportándo (y aportándose) algunas luces en este marco de indeterminación y aparente improvisación como comentas, los Ministerios han lanzado las famosas Manifestaciones de interés, no?

Sí, en efecto, en el marco de las relaciones con el Ministerio de Transporte que os comentaba, decidimos optar por una doble estrategia. Por un lado, una labor de agitar el avispero, difundiendo entre los agentes vinculados a la bicicleta, sobre todo el tejido social pero también ayuntamientos y comunidades autónomas y administraciones públicas en general la idea de que ésta es una buena oportunidad para presentar proyectos ciclistas, y en base a eso sabemos que muchos proyectos al menos se han presentado a las manifestaciones de interés. De ahí esperamos dos cosas: que algunos de esos proyectos sean directamente financiados con fondos europeos pero también que si hay muchos proyectos con propuestas comunes (véase infraestructuras u otros) condicionen a largo plazo algunas convocatorias de los fondos europeos. Esta labor previa es replicable en futuras convocatorias de fondos europeos.

La otra línea de intervención fue presentar directamente un proyecto que no era propio sino la Estrategia Estatal de la Bicicleta con las cuentas de la Red de Ciudades por la Bicicleta y presentamos un proyecto de 6mil millones hasta 2027 para desarrollar al completo esta estrategia. Esta manifestación no busca realmente captar fondos sino hacer acción política o labores de loby y reclamar que un 10% del presupuesto de transporte debe ir para la bici o para movilidad activa, que priorice transporte público… Y luego hicimos otra más concreta con el Ayuntamiento de Zaragoza, para la creación de un laboratorio de innovación ciclista que nos parecía muy financiable y el Ayuntamiento presentó como entidad pública local pero nosotras preparamos la información junto a un consorcio con Universidades, otros agentes ciclistas…, y este proyecto si se ajusta más a los requerimientos de estas manifestaciones (viabilidad, análisis económico, carácter financiable..).

Detrás de esta estrategia se deduce una labor activa de articulación social, ¿no? ¿Contabais ya con ella o la habéis activado de algún modo en el marco de este proceso?

Bueno, realmente nuestro ecosistema es pequeño, y quizás esa condición nos ha permitido justamente gran facilidad de contacto y coordinación. En paralelo a las dos estrategias que comentaba anteriormente, hemos estado haciendo una fuerte labor de difusión, convocando webinars diferentes para cada público (administración pública, nuestros grupos, abiertos de información general).

Hicimos, además, una convocatoria propia sobre qué proyectos tiene nuestro ecosistema que puedan ser financiados. Sacamos una guía pública con datos de contacto de cada entidad, con datos básicos y el desarrollo del proyecto, algunos muy detallados y otros más bien ideas pendientes de madurar. Esto nos parece muy útil, tanto para detectar qué convocatorias enganchan con los proyectos como difundir las convocatorias a éstos u otros agentes.

Por otro lado, participo en el espacio de la plataforma Open Generation Eu, haciendo seguimiento del decreto de regulación de los fondos y las directrices que lleguen de Europa.

El decreto, que parece poner en cuestión algunos logros de la ley de contratación pública muy trabajada desde la ESS, ha sido polémico y de hecho fue aprobado pero con enmiendas. ¿Nos cuentas algo sobre en qué punto está?

Este decreto revela que estos fondos lo único que ponen en valor es la colaboración público-privada. Dónde queda ahí lo que se va a invertir en servicios que son propiamente públicos (en nuestro caso el transporte), y dónde va a quedar lo social, las entidades que no tenemos esa capacidad inversora pero nuestros objetivos y proyectos están absolutamente alineados con los objetivos políticos marcados por Europa, con los ODS marcados por el mundo… y por el interés general.

Estamos haciendo seguimiento del decreto, intentando que sea participado pero es que está mal planteado; realmente han empezado por el final. Identificar varios PERTES con la automoción a la cabeza, mientras el discurso es otro y el imperativo climático nos pide ir en otra dirección; Igualmente fueron convocadas las manifestaciones de interés sin tener claro los criterios y habiendo contratado a las grandes consultoras tiene el riesgo de que ya sabemos quién se lo va a llevar (casi) todo y que esos proyectos condicionen los criterios que ya han cambiado a nivel ecológico incluyendo al hidrógeno con el apellido de “verde” y ya es financiable, cuando en el primer planteamiento y en unas de las ponencias de la comisión europea para la acción climática no se planteaba que el hidrógeno fuera subvencionable con los fondos.

¡Qué de actividad…! ¿En qué andáis ahora?

Hace tan solo unos días se publico la primera propuesta del Plan España Pueda, que el gobierno ha presentado en el Congreso y que presentará a finales del mes de abril en Europa. Hemos visto con gran decepción como nuestras propuestas (diagnósticos, objetivos y convocatorias) no se han incorporado a ese borrador, sin embargo, no perdemos la esperanza de que lo hagan en la versión definitiva para ser incluidas en los programas de las convocatorias.

Y hasta 2027 queda el volver a empezar constante; en cada convocatoria que detectemos consultaremos el banco de proyectos del que hablaba antes, para ver si se ajustan a las convocatorias y comunicarlas a los agentes que nos han propuesto proyectos o difundirlas en general, para que los proyectos del ecosistema ciclista tengan sus proyectos preparados para presentarse a estas convocatorias.

La experiencia en este tipo de proyectos de muchas de nuestras organizaciones nos revela la necesidad de períodos de hasta 6 meses para convocatorias europeas, por lo que es difícil que si no has escrito nada sobre un proyecto, ni buscado agentes en Europa, ni tienes un consorcio puedas sacar en tiempo una convocatoria de este tipo adelante.

¿Qué recomendaciones darías en base a tu experiencias a otros agentes de la Economía Solidaria?

En el caso de entidades, recomendaría tener a alguien que pueda ir definiendo la estrategia y conozca o interactúe con otras personas que conozcan los fondos europeos, lo que hacemos en la plataforma, eso es muy útil. Por otro lado, a nivel de organizaciones o personas que quieran promover proyectos desde entidades o iniciativas más pequeñas que comiencen ya, luego habrá que adaptarlo a cada convocatoria, pero empezar a definir el proyecto, buscar datos, alianzas o buscar fondos para contratar una consultoría y llegar a acuerdos para estar listas ante futuras convocatorias…

Es el momento de definir proyectos y también de hacer toda la presión posible a las administraciones públicas para que tengan una ambición verdaderamente ecológica, porque si hay proyectos verdaderamente sostenibles para abarcar el 100% de los fondos europeos por qué vamos a hacer proyectos que no sean sostenibles.

Artículo de ODG,OMAL y Ecologistas en Acción 

Este miércoles 14 de abril Pedro Sánchez ha presentado el plan España Puede en el Congreso de los Diputados para generar un debate mediático, justo dos semanas antes de enviar el plan a Bruselas para pedir los 140.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation EU. Sánchez presentó ayer el proyecto en la Moncloa como “el plan de recuperación más ambicioso de la historia reciente de España”. Y sí, lo es. La magnitud y potencial del plan impactarán sobre las políticas futuras, pero no en la lógica de transformación que discursivamente expresa el Gobierno, sino que se trata de una modernización y asentamiento de las bases que sostienen el actual modelo económico y a las grandes empresas.

El plan cuenta con 319 páginas, en su gran parte un manifiesto positivista entorno al medio ambiente y la modernización a través de lo digital. Apunta a 212 medidas, de las cuáles 110 son inversiones y 102 reformas, pero sus líneas concretas y distribución de presupuestos se podrían resumir en unas pocas hojas. En resumen, mucha propaganda y más de la misma política neoliberal.

Las reacciones parlamentarias a este «proyecto de país» han sido mayoritariamente la falta de transparencia y debate democrático. En las bancadas del Congreso, las quejas abrumaban ante el hecho de que el plan más importante de los últimos años haya llegado a sus señorías a través de un tuit de este pasado martes por la noche o a través de los medios. Una informalidad que se liga con las preocupaciones sobre la ambigüedad, la no-concreción de las reformas, y la desconfianza creciente por parte de algunos grupos parlamentarios de que el reparto beneficiará a las grandes empresas de siempre

Estas quejas se suman al ruido de fondo que ya apuntaba las deficiencias de plan diseñado solo por el Gobierno y sus grupos de expertos, excluyendo a la sociedad civil, movimientos sociales y organizaciones. Ahora, a escasas semanas de la fecha límite para enviar el plan a Bruselas, no hay margen para un debate democrático. Así, el debate en el Congreso y en las calles se resumen a solo opinar.

Algunas propuestas son tan concretas que parece que los PERTEs ya llegan cocinados por las propuestas de estas mismas empresas. Mientras, los pequeños actores siguen intentando asesorarse de cómo hacer propuestas para acceder a los tan esperados fondos

Modernizar las administraciones a través del sector privado

documento describe un plan económico que tiene como motor principal una política de modernización industrial y de las administraciones que canaliza dinero público para el sector privado. Es aquí donde destaca la figura de los PERTEs (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), que resultan un riesgo que va más allá de las colaboraciones público-privadas al uso. De hecho, el Real Decreto Ley que pretende regir la distribución de los fondos —en proceso de enmiendas actualmente— se salta leyes como la del sector público y la de contratación pública.

Solo hace falta ver lo que ha pasado durante el primer periodo de ayudas y contratos de urgencia bajo esa lógica de saltarse procesos y otorgar contratos a dedo para grandes empresas con graves historiales de vulneración de derechos e impactos ambientales. En esa línea se proponen “10 políticas palanca“ y “30 componentes”, políticas a su vez, que las desgranan. Y algunas son tan concretas que parece que los PERTEs ya llegan cocinados por las propuestas de estas mismas empresas. De mientras, los pequeños actores siguen intentando asesorarse de cómo hacer propuestas para acceder a los tan esperados fondos.

Lo digital y lo verde están, aparentemente, muy presentes en las partidas, no solo cuantitativamente sino como marco ideológico de la transformación de la economía. En concreto, el 39% de las inversiones estarán ligadas a la transición ecológica, el 29% del total estará vinculado a la transformación digital. Pero esta transición ecológica no es, ni mucho menos, la que necesitamos. El plan, a día de hoy, incluye grandes inversiones en hidrógeno, un combustible inmaduro, muy poco eficiente y dependiente de otras fuentes energéticas; apuesta por una movilidad sostenible centrando su acción en subvenciones para la compra de vehículos privados, obviando que aunque sean eléctricos no se solucionarán los problemas e impactos de transporte existentes. Además, ni siquiera queda claro cómo se determinará si un proyecto es dañino para el medio ambiente. Más que una transición ecológica, el plan plantea una transacción sin responder al contexto de emergencia climática que vivimos.

Más que una transición ecológica, el plan plantea una transacción sin responder al contexto de emergencia climática que vivimos

Mujeres y jóvenes

Otro de los ejes en que se basa el proyecto es el de “igualdad de género”. Sánchez menciona en la comparecencia que en la pandemia los dos colectivos más afectados han sido las mujeres y los jóvenes y enfatiza la idea de la “economía de los cuidados”, expresión que proviene de la economía feminista. Si revisamos el plan, más concretamente, se habla de la “nueva economía de los cuidados”. Poner en el centro políticas que implican la canalización de fondos públicos hacia el sector privado mercantil como son las colaboraciones público-privadas no es una política feminista. Mucho menos los posibles recortes que se puedan dar a causa de futuras políticas de ajuste estructural impuestas como contrapartida desde las instituciones europeas —ya que se insiste en seguir la política económica neoliberal y las condicionalidades de las mismas—. Esto implicaría una menor inversión en servicios públicos, impactando negativamente en la situación de las mujeres y otros colectivos en situación de vulnerabilidad. Sin duda, el actual plan no tiene de base la “economía de los cuidados” que venimos defendiendo desde la economía feminista. Sí podemos decir que al lavado verde se le ha sumado el lavado morado.

Habrá que estudiar en profundidad el documento publicado para sacar un análisis detallado, pero hay algunas cosas que se pueden avanzar. No puede considerarse proyecto de país un plan en el que no se ha escuchado realmente a la gente ni a los agentes sociales. No puede llamarse plan de recuperación, transformación y resiliencia sin proponer un cambio real de modelo y manteniendo las viejas estructuras de poder. No aprende de las lecciones de la pandemia si sostienen un modelo dónde se prioriza el interés privado ante lo público y lo público-comunitario. Cualquier transición que pretenda transformar el modelo y avanzar hacía un horizonte ecosocial justo, sin dejar a nadie atrás, debe hacer un salto de escala, y estamos seguras que el plan España Puede ni pretende ni puede hacerlo.

«El mayor esfuerzo de modernización que va a hacer España en los próximos años» o la «gran reconversión de los vectores de la economía durante los próximos años». Con estas palabras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado este martes la hoja de ruta, las reformas y parte de las inversiones del Plan de Recuperación que España debe enviar a Bruselas antes del próximo día 30 de abril.

Pedro Sánchez ha señalado que el Plan diseñará «el mapa económico» que marcará el camino del desarrollo del país hasta 2026, pero que tendrá repercusión más allá. El plan está diseñado con una arquitectura en tres niveles: Cuatro ejes de transformación (transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género), diez políticas palanca, determinadas por su gran capacidad de influencia sobre la actividad y el empleo a corto y medio plazo, y , treinta componentes repartidos entre las distintas políticas palanca, que articularán los proyectos específicos acogidos al Plan.

El presidente ha anunciado las 20 principales inversiones para los próximos tres años que ha aprobado la comisión interministerial que se creó para abordar el Plan de Recuperación y que se ha reunido este martes por segunda vez. La inversión conjunta para esas 20 grandes áreas superará los 50.000 millones de euros.

De esa cifra, 20.000 millones serán para las dos áreas más importantes: la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada, a la que se destinarán más de 13.200 millones y que permitirá electrificar las vías públicas e instalar vehículos de recarga e impulsar el coche eléctrico, y un Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, «para instalar paneles solares o hacer más eficientes las viviendas», que estará dotado con 6.820 millones, según ha explicado Sánchez en una rueda de prensa en Moncloa. El presidente ha apuntado que los sectores intensivos en creación de empleo, como este, serán de «máxima prioridad».

Dentro de las 20 principales inversiones enumeradas por Sánchez, figura un plan de Modernización de las Administraciones públicas con una inversión de 4.315 millones para hacer una «auténtica revolución» y reducir también la temporalidad laboral de los empleados públicos; a continuación, un Plan de Digitalización de Pymes dotado con más de 4.060 millones; la Hoja de Ruta del 5G, casi 4.000 millones, y la Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular, con más de 3.780 millones, que el presidente ha destacado por su capacidad para crear “mucho empleo de calidad en los próximos años”.

El Plan Nacional de Competencias Digitales recibirá más de 3.590 millones; el de Modernización y Competitividad del Sector Turístico, 3.400 millones; el Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación, 3.380 millones de euros. Y el despliegue e integración de energías renovables, una inversión de 3.165 millones.

El plan prevé movilizar 70.000 millones de euros de inversiones públicas. El 39% de las inversiones estarán ligadas a la Transición Ecológica; el 28%, a la digitalización; el 10,5% de los recursos estarán vinculados a la educación y a la formación, y el 7%, a la I+D+i. En este enlace se puede ver los 20 Programas Tractores de Inversión (Fuente: Gobierno de España)

El presidente Sánchez también ha destacado la apuesta por una “nueva economía de los cuidados”, con las lecciones aprendidas durante la pandemia sobre la atención de las residencias de mayores, entre otros ámbitos.

Tras dar el visto bueno esa comisión al plan, Sánchez lo presentará el miércoles en el Congreso para que el Consejo de Ministros lo apruebe definitivamente «en breve» para enviarlo a Bruselas antes del 30 de abril. La vicepresidenta Nadia Calviño lo presentará el miércoles a los agentes sociales. El plan contendrá un total de 212 medidas, de las que 110 serán inversiones y 102, reformas. El objetivo es que 72.000 millones de euros de los 140.000 millones que le corresponden a España se inviertan en el primer periodo -hasta 2023-. De ellos, 27.000 ya están consignados en los Presupuestos Generales del Estado.

Reformas

El presidente del Gobierno ha explicado que es el momento adecuado para realizar «las reformas económicas tantas veces aplazadas» en ámbitos como el sistema energético, la enseñanza y formación profesional, la demografía empresarial o, muy especialmente, el mercado laboral.

La agenda de reformas estructurales planteada en el Plan se basa en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y en las recomendaciones específicas para España dentro del semestre europeo en 2019 y 2020.

Sánchez ha apuntado al efecto directo de la pandemia como factor que ha acelerado cambios que ya estaban en marcha en nuestra sociedad. «La pandemia hace más urgente una transformación que era necesaria. Ahora además de necesaria es urgente», ha apuntado.

Son 20 las principales reformas que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y entre las 10 primeras están:

1. Ley de Cambio climático, que se acaba de aprobar.
2. Nuevo sistema energético y despliegue de renovables.
3. Hoja de ruta del hidrogeno renovable.
4. Resiliencia, adaptación de ecosistemas e infraestructuras verdes.
5. Ley de Aguas y plan de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización.
6. Modernización de la política agrícola y pesquera. Suelo y uso eficiente de agua.
7. Política de residuos e impulso de economía circular.
8. Estrategia de movilidad sostenible y conectada.
9. Reforma del sistema nacional de ciencia y apoyo a la innovación
10. Y una nueva política de vivienda.

Sánchez ha insistido en que tanto las inversiones como las reformas se van a traducir en «un crecimiento adicional del PIB de en torno a 2 puntos porcentuales al año a partir de 2021, la creación de más de 800.000 puestos de trabajo en su periodo de ejecución, y la mejora de la vertebración del país mediante la fijación de población en todo el territorio. Además, su impacto sobre el crecimiento potencial de la economía española se sitúa por encima del 2% del PIB a partir de 2030».

«El Plan de Recuperación es la mayor oportunidad para España desde su entrada en la UE», ha recalcado Sánchez.

Artículo de Belén Sánchez-Rubio (Fundación Secretariado Gitano) y Laura Adam (sindicato USO) Ambas forman parte del grupo motor de Futuro en Común

Este mes de julio contaremos, por fin, con una Estrategia de Desarrollo Sostenible en la que, tal y como reclamamos la plataforma de organizaciones Futuro en Común y otros actores, se debería definir el país que queremos llegar a ser en 2030. Tras casi seis años desde la aprobación de la Agenda 2030 esperamos que se consigan sentar las bases de un proyecto político conjunto para una nueva sociedad más justa, igualitaria y resiliente que mejore su huella en el mundo.

Esta estrategia debería vertebrar toda la planificación de políticas e inversiones públicas a desarrollar en la próxima década para avanzar hacia ese horizonte de cambio y transformación compartido basado en los amplios consensos sociales de la Agenda 2030. Por eso, tras la crisis multidimensional abierta por la covid-19, la Estrategia de Desarrollo Sostenible debe ser también la base para la reconstrucción y la recuperación.

Sin embargo, paralelamente, con escaso diálogo público entre los dos procesos y en ausencia de participación de la sociedad civil y otros actores relevantes, se está elaborando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que orientará la inversión de los miles de millones de euros que podrían llegar a España a través de los fondos Next Generation UE. Un Plan que, con tal envergadura de recursos asociados, va a marcar el modelo de desarrollo de las próximas décadas, por lo que debe aprovecharse la oportunidad y orientarlo a viabilizar las transiciones económicas, sociales y ambientales propuestas por la Estrategia de Desarrollo Sostenible.

La covid-19 ha puesto en evidencia con más contundencia que nunca nuestra interdependencia, eco-dependencia y los problemas estructurales y sistémicos que afrontamos. Los retos a encarar son enormes, pero no pueden ser abordados de manera independiente a la hoja de ruta que marca la Agenda 2030, ni obviando la participación de actores sociales clave que deben implicarse en la propuesta de soluciones y seguimiento a su puesta en marcha.

La covid-19 ha puesto en evidencia con más contundencia que nunca nuestra interdependencia, eco-dependencia y los problemas estructurales y sistémicos que afrontamos

Por ello, desde la amplísima alianza de plataformas y organizaciones de la sociedad civil de diferentes sectores que es Futuro en Común, consideramos necesario:

• Alinear el Plan de Recuperación a ser financiado por los fondos europeos Next Generation EU con la Agenda 2030 y con la Estrategia de Desarrollo Sostenible que se está diseñando en estos momentos con una amplia participación de diferentes actores. Entendemos que para alcanzar la Agenda 2030 todos los planes e inversiones tienen que ser coherentes y sumar para la consecución de los compromisos de desarrollo sostenible asumidos nacional e internacionalmente. La Estrategia debe de ser el proyecto de país que articule todas las políticas públicas en esta dirección y, por ello, el Plan de Recuperación debe responder a los desafíos identificados en esta. Y la adjudicación de sus fondos tiene que estar condicionada por compromisos de sostenibilidad social, económica y ambiental claros y medibles, definiendo mecanismos de sanción y reintegro en caso de no cumplimiento de los mismos.
• Garantizar que el principio de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible guíe la planificación de las inversiones a realizar, incorporando desde la fase de diseño de los proyectos a aprobar el análisis de su impacto en todas las dimensiones del desarrollo sostenible (social, económico y ambiental) y, en todo caso, asegurar que al menos que no hacen un daño significativo a ninguna de ellas, como establece el principio de Do No Significant Harm de la Comisión Europea.
• Articular una gobernanza para la planificación y el seguimiento de las inversiones que se realicen en el marco de este Plan que permita la participación la sociedad civil y otros actores relevantes que necesariamente tienen que estar implicados en la construcción de un proyecto de país a largo plazo. En este sentido, tal y como recoge el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del Parlamento Europeo se debe incluir a “las autoridades locales y regionales, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones juveniles y otras partes interesadas pertinentes”, yendo más allá de la fórmula tradicional de diálogo social con representantes del sector empresarial y sindicatos mayoritarios.
• Desarrollar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas periódicos al conjunto de los actores implicados así como a la ciudadanía, en los que se den a conocer los procesos de asignación, seguimiento, control y evaluación de las inversiones realizadas, en línea con las enmiendas ciudadanas en materia de transparencia de la plataforma Open Generation EU.
• Priorizar el acceso a los fondos de trabajadores autónomos, PYMEs, economía social y solidaria contrarrestando los riesgos de captura por parte de las grandes empresas. Debe de haber un apoyo específico y convocatorias especiales que permita lidiar con la escala de estos fondos para realmente crear empleos de calidad y avanzar hacia modelos económicos y sociales sostenibles.

Los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación son de tal magnitud que van a determinar el modelo de desarrollo de las próximas décadas. No podemos permitirnos desaprovechar esta oportunidad: invirtamos estos recursos para avanzar hacia el modelo de desarrollo que nos propone la Agenda 2030, siguiendo la senda marcada en la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Todas las energías y todos los recursos puestos de forma coherente al servicio del país y el mundo que nos merecemos. ¿Es tanto pedir?

Un artículo de JOANA BREGOLAT Investigadora del Observatori del deute en la Globalització para Publico

El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró la pandemia mundial de la Covid-19 y, de golpe, todo cambió (o esto nos dicen). De un día para otro nos tuvimos que volver expertas en los mil y un cambios de nuestras vidas, desde protocolos para evitar contagios a saber cómo funcionaban los Ertes y a no desesperar si no nos llegaba el importe de ese mes. La convivencia con la incerteza laboral y la precariedad como norma para la supervivencia no fueron nuevas compañeras de viaje: veníamos de una crisis que nunca se fue, que nos dejó en el camino una década de empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora. Fuimos las que pagamos la anterior crisis y, ahora, ante los fondos europeos y los planes de recuperación y transformación –como el plan España Puede–, vemos cómo reaparecen una deuda pública disparada y un horizonte de recortes y austeridad.

Los fondos europeos de recuperación y transformación de la economía responden principalmente al Next Generation EU, un instrumento financiero temporal dotado de 750.000 millones de euros –de los cuales el Estado español aspira a recibir 140.000 millones de euros– que proporcionarán en los próximos 7 años subvenciones y préstamos a los Estados miembros de la Unión Europea. Hablamos de un paquete de estímulo económico sin precedentes, que refuerza el presupuesto europeo, y que se presenta como herramienta para reparar los daños económicos inmediatos de la pandemia y, a su vez, para modernizar la economía para que sea verde y digital. Ante la tentación de asumir esta inyección de dinero sin preguntar, es fundamental que seamos conscientes de las cadenas que acompañan su llegada: las condicionalidades del rescate afectarán directamente a nuestras vidas.

El capital de las subvenciones y préstamos que vendrán es fruto de la emisión de deuda por parte de la Unión Europea y, por tanto, su importe deberá devolverse a los mercados financieros por parte de los Estados miembro. Los aprendizajes de la anterior crisis nos llevan a apuntar a las reformas –como la laboral o la de las pensiones–, los recortes y la austeridad como la receta de recaudación más probable. Además, por si este horizonte no fuera suficiente para ponernos en alerta, observamos que los mecanismos de los que se ha dotado el Gobierno del Estado español nos remiten a una profundización de las dinámica privatizadora. La priorización de las colaboraciones público-privada frente a un refuerzo de las administraciones y servicios públicos –llevándonos hasta la privatización de la gestión de los mismos fondos– visibiliza y perpetua un modelo económico donde el mercado y los intereses particulares se sitúan por encima del interés general, por encima de la vida de las personas.

Una de las esferas cotidianas en juego por la llegada de los fondos es el mercado laboral, pero, ¿en qué sentido? El modelo laboral del Estado español se caracteriza por el poco empleo, de baja calidad y alto paro, unas cualidades que se han consolidado alrededor de una especialización productiva en el trinomio de turismo-construcción-finanzas. Nos encontramos inmersas en un mercado laboral dual donde , con períodos cíclicos de destrucción de empleo, gran parte de las trabajadoras se rigen por un régimen laboral temporal, encadenando contratos precarios con lógicas informales, en pro de una una flexibilidad empresarial. Así, nos pesan datos como una tasa media de paro del 17% desde los años 80, la consecución de un 40,9% de paro juvenil este 2020, o un 25% de contratos temporales –el doble que en la UE–, junto a los miles ejemplos de hiperprecarización que hemos visto en los sectores de la hosteleria y los cuidados. Y con 15 reformas laborales a la espalda y a la luz de la llegada de los fondos europeos, el ejecutivo actual se ve impulsado a formular una nueva bajo la lupa de Bruselas.

La voluntad inicial de derogar la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy (2012) ha derivado en la iniciativa de reformar los aspectos más lascivos, como la prevalencia de convenios de empresa sobre los sectoriales, la negociación colectiva y las subcontrataciones. Un proceso lento de diálogo entre Gobierno, sindicatos y patronal, donde esta última se resiste bajo el argumento de pérdida de flexibilidad interna y con complicidad desde Bruselas, que insiste en que «cualquier medida que implique derogarla deberá ser cuidadosamente evaluada». A la vez, esta nueva reforma pretende sumar nuevos elementos como la consolidación de los ERTEs para amortiguar las caídas de empleo, así estabilizar y no destruir lugares de trabajo, priorizándolo frente a los despidos, y siendo financiado por un fondo tripartito de Administración, empresas y trabajadoras. Una propuesta que busca flexibilizar el mercado, simplificar trámites burocráticos y reducir la presión de las arcas públicas, pero que a primera vista sigue sin diferenciar las condiciones de las empresas que se acogen. Cada una de estas reformas deberá ser aprobada por Bruselas que, actualmente, ha expresado dudas sobre los paquetes presentados y ha dejado claro que no aceptará una propuesta que no ataje los principales problemas estructurales que arrastra el Estado.

La conformidad de Bruselas será central en la reforma laboral –y en todas aquellas que vendrán–, y lo será porque si aceptamos los fondos Next Generation EU nos sometemos al escrutinio de Bruselas. Los fondos y las reformas van de la mano. Esto nos posiciona de nuevo al son de la Unión Europea, de un model privatizador y austericida, donde atajar problemas estructurales no sitúa a las personas y sus necesidades en el centro, sino las del mercado. Y no, necesitamos repensar el mercado laboral y hacerlo desde la aspiración de que «ya es hora de tener una vida». Dar un giro a nuestra concepción de trabajo, de la producción a la reproducción; plantear las necesidades que tenemos como trabajadoras, hablar de rendas básicas universales que desplacen el valor a la vida digna y ser capaces de diseñar un modelo laboral estable, que distribuya el trabajo y avance hacia la reducción de la jornada laboral.

Por esto, necesitamos cofinanciar la recuperación a través de otros mecanismos, más allá de los fondos Next Generation EU. Las condicionalidades que acompañan la financiación europea pesaran en las políticas de los próximos años y suponen un riesgo para las soberanías nacionales. Es fundamental negociar y presionar para que las ayudas no vayan ligadas al recorte de gasto público ni a la obligación de implementar reformas profundas, y que, en todo caso, su llegada sea acompañadas de cambios legislativos para una fiscalidad justa con perspectiva ecosocial. Hay que exigir la realización de auditorías ciudadanas de la deuda pública y el no pago de la deuda ilegítima. En definitiva, queremos salir de esta crisis sin perder más derechos, sin estar cada vez más precarizadas, porque nos jugamos nuestras vidas, tiempos y futuros.

Un artículo de Erika González, Quim Pérez, Nicola Scherer (Observatorio de Multinacionales en América Latina–Paz con Dignidad / Ecologistas en Acción / Observatori del Deute en la Globalització) para el Diario.es

Este miércoles 14 de abril, el Gobierno de Pedro Sánchez presentará su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede” al Congreso de los Diputados antes de enviarlo a Bruselas. Es el plan definitivo del borrador que Sánchez había enviado el pasado octubre 2020 a la Comisión Europea para asegurase de los 140.000 millones de euros en subvenciones y préstamos proveniente del paquete de ayudas europeas Next Generation EU (NGEU). Si el plan se aprueba en Bruselas,72.000 millones de euros se trasferirán como subvenciones en los próximos tres años a España.

Es una considerable inyección de dinero destinada, según el relato oficial, para la recuperación económica y la transición digital, energética y ambiental de la economía europea. Más allá de este discurso, amplificado por los grandes medios de comunicación, ¿qué son?, ¿tienen riesgos económicos, sociales y ambientales? y si los tienen, ¿hay propuestas para frenarlos? Estas preguntas se intentan responder en la guía NextGenerationEU: más sombras que luces, elaborada por varias entidades y colectivos sociales. Si se desgrana de dónde salen los fondos, las condiciones europeas para disponer de los millones de NGEU, quién está decidiendo su destino y el tipo de proyectos que se están presentando, empiezan a verse sus riesgos.

Los fondos europeos generarán deuda pública, recortes y austeridad. Los fondos, tanto las subvenciones como los préstamos, se conseguirán a través de la emisión de deuda por parte de la Unión Europea. De forma que, aunque las empresas reciban dinero a fondo perdido, todo el presupuesto tiene que devolverse a los mercados financieros por los Estados en los próximos cinco a 30 años. Difícilmente se conseguirá impulsar un período de fuerte crecimiento económico en la actualidad, al menos el suficiente como para devolver la deuda sin recortar inversión pública y sin aumentar el deterioro ambiental. Así que la fórmula de pago volverá a ser la misma que se aplicó tras el crash global de 2008: plan de ajuste estructural y reformas laborales y de las pensiones. De hecho, una de las condiciones europeas para recibir los fondos europeos es reducir el gasto público en el sistema de pensiones.

El dinero se está repartiendo entre las grandes empresas, sin valorar la necesidad de reforzar lo público ni asegurar que también reciben ayudas actores pequeños como las PYMES, autónomos, economía social y solidaria, que son los que más empleo generan y mayor potencial transformador tienen. Los proyectos hasta ahora presentados al gobierno para aspirar a los fondos del Plan “España Puede”, son infraestructuras y reformas de grandes dimensiones, donde empresas como Endesa, Iberdrola, Inditex, Repsol o El Corte Inglés se llevarán miles de millones de dinero público. Solamente los proyectos presentados por Endesa e Iberdrola ya suponen uno de cada dos euros de las subvenciones totales de Europa para el conjunto del Estado.

Hay riesgo de que supongan un lavado de cara verde para multinacionales y no apuntan a las lecciones de la pandemia. En concreto, el tipo de proyectos presentados por las compañías y por las comunidades autónomas se orientan a las infraestructuras, el hidrógeno, la digitalización de redes eléctricas y empresas, los parques eólicos y fotovoltaicos, el AVE, la extensión del 5G, la digitalización de empresas, las gigafactorías de baterías y la movilidad inteligente. Muchos de ellos son presentados como necesarios para la transición energética, como es el caso del hidrógeno verde. En cambio, este tipo de proyectos siempre aparecen acompañados de grandes empresas petroleras y gasistas con una trayectoria bien poco verde. Por ejemplo, entre los promotores del proyecto Hydrogen Valley of Catalonia está la empresa de acero Celsa junto con la minera israelí ICL, la transnacional del agua Suez y la gasista Naturgy. Un lavado verde para rescatar industrias contaminantes y mantener el control centralizado de la energía.

Por otra parte, en ningún caso se tiene en cuenta que estamos traspasando los límites biofísicos del planeta. No sólo se está acelerando la emergencia ecológica sino que también se están agotando los recursos materiales y energéticos que sostienen el capitalismo global. En vez de adecuar las propuestas a esta realidad, se apuesta por grandes proyectos que requieren ingentes cantidades de materiales y energía. Para conseguirlos se ampliará la frontera extractiva con los fuertes impactos ambientales y humanos que supone.

Además, la pandemia ha subrayado, más aún si cabe, la importancia de la inversión en servicios públicos de calidad, como la salud, los trabajos de cuidados y las actividades socialmente necesarias. Todas ellas han resultado vitales para la sociedad durante los meses del confinamiento. Estos sectores clave, necesarios para afrontar las crisis del futuro, como la emergencia climática, no toman un rol central en los planes de recuperación económica.

El proceso se desarrolla con opacidad y sin participación ciudadana. Hasta la fecha, la elaboración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede” se ha caracterizado por la falta de transparencia, acceso a la información, control público y buen gobierno. Tampoco se han generado los procesos y espacios para una participación real de la sociedad civil, entendida en un sentido más amplio al tradicional binomio patronales-sindicatos. El gobierno de España no está teniendo un diálogo democrático con todos los actores, incluyendo las comunidades autónomas, los municipios, los actores pequeños como las personas autónomas, la economía social, solidaria o feminista y la sociedad civil.

Ahora bien, sí lo está teniendo con las grandes empresas y patronales. La CEOE ha creado una oficina técnica junto con la consultora PwC para recopilar proyectos de las grandes empresas y presentarlos directamente al gobierno. Se trata de un lobby en toda regla, que ofrece como un servicio la presentación de proyectos de sus clientes a los destinatarios adecuados en los ministerios a través de ventanillas informales, saltándose con la excusa de la urgencia cualquier principio de mínima transparencia o concurrencia competitiva.

Ocho propuestas para una transformación ecosocial justa

Las diferentes entidades y activistas que hemos participado en la guía NextGenerationEU: más sombras que luces señalamos no solo los riesgos de los fondos europeos, sino también presentamos al Gobierno ocho propuestas viables y perfectamente realizables para iniciar e impulsar los procesos necesarios que hagan posible una transición ecosocial justa.

1. Promover la desprivatización y desmercantilización de los servicios básicos y sectores estratégicos. El objetivo es incrementar el control público y social sobre ámbitos como son la salud, la educación, la vivienda, la energía o el agua que son claves para la vida digna de las mayorías sociales.
2. Apoyar un salto de escala de proyectos y empresas de la economía social y solidaria con convocatorias especiales y la priorización de los fondos para este modelo de economía y empresa. Como también para otras pymes que proporcionen trabajos socialmente necesarios y persigan metas concretas para revertir las asimetrías sociales, de género, etnia y diversidad funcional.
3. Fortalecer los modelos públicos y público-comunitarios frente a las alianzas público-privadas que representan una privatización encubierta. El propio Tribunal Europeo de Cuentas ha cuestionado la eficacia y rentabilidad de estas alianzas. Se necesita fortalecer los modelos públicos para unos servicios que puedan colectivizar la responsabilidad de los cuidados.
4. Establecer criterios vinculantes relacionados con objetivos climáticos, ecológicos y sociales. Con metas e indicadores que permitan la rendición de cuentas sobre la reducción de los gases de efecto invernadero, la destrucción de biodiversidad, la desigualdad, la precarización laboral.
5. Incorporar criterios para la exclusión de proyectos y empresas de los fondos NGEU u otro tipo de ayuda pública que contribuyan a la crisis socioecológica que vivimos. Las del sector fósil y nuclear, las de la aviación, automoción, macrogranjas, las que hayan sido denunciadas o estén directamente vinculadas en la violación de los derechos humanos, por ejemplo las militares y las del sector armamentístico. También aquellas con filiales en paraísos fiscales y que estén implicadas en casos de corrupción o delitos económicos graves.
6. Frenar la hiperdigitalización que se plantea como vía para incrementar la competitividad y el crecimiento económico. Todo apunta a que esta digitalización no va a conseguir la añorada fase de expansión económica y sí tendrá como consecuencia, una mayor concentración y centralización del poder en los gigantes tecnológicos, una mayor precarización laboral, un mayor control social y una intensificación del extractivismo minero para conseguir los materiales que necesita para su desarrollo.
7. Garantizar que la transparencia y el acceso a la información rige la publicidad, la concesión, la gestión y la justificación de los fondos NGEU. También es fundamental abrir procesos participativos y fortalecer la supervisión, fiscalización y rendición de cuentas de la gestión de un presupuesto de estas dimensiones.
8. Reducir el riesgo que supone el fuerte crecimiento de la deuda a través de la eliminación de las condicionalidades, como la reforma laboral o de las pensiones, la realización de auditorías ciudadanas de la deuda pública y el no pago de la deuda ilegítima. Como también de la búsqueda de financiación a través de una fiscalidad progresiva que recaiga sobre las grandes empresas y patrimonios.

En el día de ayer se celebró en Sintra, Portugal la Conferencia Europea ‘El papel de la Economía Social en la creación de empleo y la implementación del Pilar Europeo de Derechos Sociales’ coincidiendo con la capitalidad europea de la Economía Social 2021 en Portugal. En ella se dieron cita Autoridades de diferentes países Europeos, representantes de la Economía Social Europea y de las Instituciones Comunitarias. La resiliencia y la rápida capacidad de recuperación del modelo de empresas de Economía Social en los momentos más duros de la pandemia fue uno de los ejes centrales de la jornada.

• La Conferencia Europea se celebró este lunes en la ciudad lusa de Sintra, coincidiendo con la capitalidad europea de la Economía Social 2021 en Portugal.
• La resiliencia y la rápida capacidad de recuperación del modelo de empresas de Economía Social en los momentos más duros de la pandemia fue uno de los ejes centrales de la jornada.
• Distintos países europeos ofrecieron sus experiencias en torno a la implementación de políticas de refuerzo de este modelo empresarial y subrayaron la importancia del Plan de Acción Europeo de la Economía Social, el cual se aprobará en el último trimestre de 2021.
• Juan Antonio Pedreño subrayó que las empresas de Economía Social son “agentes clave para movilizar nuestro ingenio y nuestra capacidad emprendedora y creativa, para una recuperación justa y sostenible, en la que nadie se quede atrás”.
• La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, señaló que desde el Ejecutivo se está trabajando en una nueva generación de políticas activas de empleo “más cercana y efectiva, en la que hemos querido que la Economía Social tuviera un tratamiento prioritario por su relevancia para generar empleo de calidad”.

El papel de la Economía Social en la mitigación del impacto de la pandemia, tanto en la economía como en la sociedad, ha sido uno de los ejes en torno a los que ha girado la Conferencia Europea ‘El papel de la Economía Social en la creación de empleos y la implementación del Pilar Europeo de Derechos Sociales’, celebrada este lunes en la ciudad de Sintra, coincidiendo con la capitalidad europea de la Economía Social 2021 en Portugal.

Durante la misma, se ha puesto de manifiesto, a través de distintos testimonios de diferentes países, la resiliencia y rápida capacidad de recuperación de este modelo empresarial en los momentos más duros de la pandemia, así como su papel clave en el relanzamiento de las economías y en la materialización de nuevas formas de economía a largo plazo, al promover modelos inclusivos y sostenibles.

Asimismo, la aprobación del Plan de Acción Europeo de la Economía Social, prevista para el último trimestre de 2021, ha sido otro de los temas tratados durante la jornada, el cual impulsará la creación de empleos que den respuesta a los principales retos de la sociedad, tales como el reto demográfico, la economía de los cuidados, la educación, la digitalización del sector agroalimentario o la dificultad de acceso de los jóvenes al mercado laboral.

Durante su intervención en la conferencia, el presidente de Social Economy Europe y de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, Juan Antonio Pedreño, destacó las cifras de este modelo empresarial en la Unión Europa, con 2,8 millones de empresas y casi 14 millones de personas empleadas, las cuales “aspiramos a que se reconozca y se potencie lo que ya hacemos: crear sociedades más sólidas y más resilientes”.

Asimismo, destacó el papel de la Economía Social como “socio clave de la Comisión Europea del conjunto de las administraciones y gobiernos para alcanzar objetivos estratégicos de Europa, tanto a nivel macro como a nivel micro, porque somos empresas arraigas al territorio, con profundas raíces económicas, sociales y culturales en todos los territorios donde están implantadas”.

Juan Antonio Pedreño, presidente de SEE y CEPES: “Somos un Socio clave de la Comisión Europea, del conjunto de las Administraciones y Gobiernos para alcanzar Objetivos Estratégicos de Europa

Pedreño subrayó que las empresas de Economías Social son “agentes clave para movilizar nuestro ingenio y nuestra capacidad emprendedora y creativa, para una recuperación justa y sostenible, en la que nadie se quede atrás” y señaló la apuesta de este modelo empresarial por el talento de las personas: “Estamos reindustrializando nuestros territorios, capitalizando un recurso clave: el talento. Acompañamos a las personas, que siempre están en el centro de la Economía Social, como los jóvenes, pero también los que no son tan jóvenes, con proyectos de emprendimiento colectivo, que son pura resiliencia”.

El presidente de SEE y CEPES también hizo hincapié en el papel de este modelo empresarial como “motor de una transición verde, liderada por y para los ciudadanos” y destacó el potencial de las cooperativas de producción de energías renovables y de las empresas de Economía Social en la economía circular, en la agricultura sostenible, en la vivienda decente y asequible y en las finanzas éticas”. “La Economía Social es la revolución de los ciudadanos que quieren una vivienda asequible, de los que quieren una economía verde y de las finanzas éticas¨.

EL EJEMPLO ESPAÑOL

Asimismo, Pedreño apuntó que solo las empresas de Economía Social pueden impulsar un cambio estructural sistémico y de impacto, para lo cual desde CEPES se ha trabajado junto al Gobierno de España en un Plan conjunto de participación de la Economía Social española en los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobados por Bruselas, el cual contempla presentarán próximamente. “La Economía Social es un empleador de primer orden y debemos tener voz y voto en el diálogo social intersectorial de la Unión Europea”, concluyó.

La representatividad de España en la Conferencia Europea de Economía Social no solo vino de la mano del presidente de Social Economy Europe y de CEPES, Juan Antonio Pedreño, sino que, además, la jornada contó con la intervención de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien destacó que la “Economía Social en España goza de muy buena salud, representando aproximadamente un 10% del PIB y un 12,5% del empleo, generando más de 2.200.000 empleos directos e indirectos en todos los sectores económicos, con más de 43.000 empresas”.

La ministra apuntó al gran esfuerzo legislativo realizado como una de las claves para el reforzamiento de la Economía Social en España y recordó que la Ley de Economía Social, de 2011, fue la primera ley reguladora del sector en Europa, seguida después por la Estrategia de Economía Social.

Además, insistió en la importancia de contar con el “apoyo institucional y económico dispensado desde los poderes públicos” y subrayó que desde el Ejecutivo se está trabajando en una nueva generación de políticas activas de empleo “más cercana y efectiva, en la que hemos querido que la Economía Social tuviera un tratamiento prioritario por su relevancia para generar empleo de calidad”. Díaz añadió que, para ello, España cuenta con los fondos europeos, así como los provenientes del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES) del Fondo Social Europeo.

Por otro lado, la ministra destacó que gran parte del éxito de la consolidación de las empresas de Economía Social en España viene derivado de la fuerte cohesión de las organizaciones representativas del sector y además refirió a al reconocimiento institucional de este modelo empresarial en España a través de la creación en 2020 del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por último, Díaz señaló la importante labor de las empresas de Economía Social durante la pandemia, que “han mostrado sus mejores virtudes en situaciones de crisis como esta, desempeñando una labor sobresaliente, realizando prestaciones de bienes y servicios de primera necesidad, como alimentos o relacionados con la salud, y cuidando de las personas más vulnerables, como los mayores o las personas con discapacidad”.

Asimismo, recordó su “enorme capacidad para luchar contra el trabajo precario y promover el trabajo de calidad”. Y es que, tal y como señaló, el 80% de los contratos celebrados por las empresas del sector tienen carácter indefinido; el 47% de los empleos pertenece a personas menores de 40 años; son empresas con mayor presencia femenina, en particular en puestos de dirección; da trabajo a 128.000 personas con discapacidad o en riesgo de exclusión; y son empresas especialmente resilientes, con un 6,5% de menor destrucción de empleo que el resto de empresas, “porque la aplicación del principio de la primacía de las personas y del fin social sobre el capital les permite desarrollar medidas de auto ajuste que son muy efectivas”.

EXPERIENCIAS EUROPEAS Y PLAN DE ACCIÓN EUROPEO DE LA ECONOMÍA SOCIAL

A lo largo de la jornada intervinieron representantes del sector y de las instituciones públicas de diferentes países, que pudieron compartir sus impresiones en torno a la evolución de la Economía Social en los últimos años y al impulso que debe tomar en los próximos.

La ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social de Portugal, Ana Mendes, destacó la capacidad de articulación en red de la Economía Social y se refirió a este modelo empresarial como “elemento clave para la aplicación del Pilar Europeo de los Derechos Sociales”.

Mendes subrayó la rápida respuesta del sector de la Economía Social durante la pandemia del coronavirus, y señaló que “es el sector que dio respuestas concretas a las necesidades de las personas, a quien más lo necesitaba, cuando y donde lo necesitaba”. Además, la ministra lusa aprovechó para anunciar que desde el gobierno de Portugal se va a lanzar una red de espacios de innovación social y co-working utilizando la red de espacios que tiene distribuidos por todo el país, con una partida inicial de 110 millones de euros y una previsión total de 1.000 millones de euros.

Por su parte, el comisario de Empleo y Derechos Sociales de la Unión Europea, Nicolas Schmit, habló de la Economía Social como factor clave para ofrecer a los ciudadanos la capacidad de tener acceso a los servicios sociales, especialmente importantes con las desigualdades que se están viendo, más aún tras la pandemia.

“Cuando la cohesión social se debilita, no podemos dejar a nadie atrás, no podemos dejar a ninguna ciudad ni ningún territorio en este momento”, señaló Schmit, y apuntó al importante papel que juegan las empresas de Economía Social no solo como respuesta a situaciones de emergencia, sino en la construcción de una nueva Economía Social, la que se va a construir con el nuevo Plan de Acción Europeo de Economía Social.

Asimismo, recordó que las empresas de la Economía Social también se han visto afectadas con la crisis del coronavirus, debido a la falta de fondos y la caída de empleos, “pese a ser uno de los sectores que ha demostrado mayor resiliencia”.

El comisario subrayó que “la UE va a hacer un esfuerzo muy importante para que las políticas y la legislación sean más coherentes y que se adapten a los requerimientos de la Economía Social, porque es clave para conseguir un nuevo modelo de crecimiento, un modelo flexible” y destacó la importancia de fomentar las empresas de Economía Social no solo en la UE, sino en todos los países, “como motor de generación de empleo, especialmente para los jóvenes, a través de planes de empleo”.

También participaron otras Autoridades, como el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, quien apuntó que la Economía Social tiene una influencia positiva en las relaciones laborales, además de que genera empleo en colectivos vulnerables y fomenta un Diálogo Social constructivo ante los Interlocutores Sociales. “La Economía Social tiene un gran potencial para contribuir a un crecimiento inclusivo”, señaló.

Artículo de Luis Baratas González (Economistas Sin Fronteras) para el Diario.es

Hace unos meses se publicó la versión definitiva del año 2020 del Índice Mundial de Innovación (GII, por sus siglas en inglés). Se trata de un ranking elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), entidad perteneciente al sistema de Naciones Unidas, que se propone ordenar a los países en función del grado de desarrollo de sus sistemas de innovación. Este ranking evalúa a un total de 131 países agrupados por nivel de ingresos, que en total representan el 93,5% de la población mundial y el 97,4% del PIB mundial medido en paridad de poder adquisitivo en dólares corrientes.

El índice general (The overall GII Score) se construye mediante la agregación de dos sub índices, uno correspondiente a los inputs de la innovación (Innovation Input Sub-Index) y otro correspondiente a los outputs (Innovation Output Sub-Index). Cada uno de ellos está compuesto por una serie de pilares (apéndice II) que capturan los principales elementos que posibilitan el desarrollo de actividades innovadoras dentro de un país como son las instituciones, el capital humano, las infraestructuras, el grado de sofisticación de los mercados y de las iniciativas empresariales en el caso de los inputs. Y el resultado de dichas actividades en términos de conocimiento, de tecnología y de creatividad en el caso de los outputs. Estos pilares se nutren a su vez de un conjunto de variables (apéndice III) que se cuantifican mediante los esfuerzos estadísticos previamente realizados por organizaciones como el Banco Mundial, la OCDE, el FMI y Eurostat entre otros, sobre los cuales existe un amplio consenso estadístico a pesar de las limitaciones existentes tanto en los mecanismos de obtención de datos como en la propia cuantificación de los ítems medidos.

Hay que reconocer que esta metodología deja fuera cuestiones cualitativas relacionadas con las estructuras de poder que dominan la economía mundial, y adolece de una cierta concepción superficial sobre los resultados de la innovación (outputs) que no recoge del todo los posibles efectos transformadores sobre las estructuras económicas de los países. No obstante, el índice adopta positivamente una perspectiva inclusiva del concepto de innovación. Por tanto, contribuye a entender la complejidad de los sistemas de innovación modernos donde intervienen diferentes agentes económicos (tanto públicos como privados), diferentes infraestructuras (tanto físicas como digitales), diferentes dimensiones (productiva, comercial, financiera, tecnológica, educativa…) y diferentes procesos (mercantilizados o no).

Entre las principales conclusiones del informe se encuentra el previsible descenso a nivel general que se producirá a partir de este año 2021 en la inversión en I+D (principalmente de origen empresarial) a consecuencia del escenario recesivo que está configurando la crisis de la COVID-19. Sin embargo, las inversiones de grandes empresas de los sectores tecnológico, farmacéutico y biotecnológico pueden compensar las caídas en sectores tradicionales más afectados por la crisis como el transporte, logística o turismo. A su vez, las inversiones públicas deberán superar su carácter de ayuda y emergencia ante la pandemia para adoptar una posición explícitamente activa de financiación de la innovación y la creación de empresas emergentes si se quiere superar esta crisis y sentar las bases de un progreso sostenible en el tiempo.

Respecto a la actividad del capital riesgo, principal fuente de financiación contemplada en el informe, se prevé una concentración de los decrecientes fondos en los principales polos de atracción, tanto geográfica (Singapur, Israel, China, Hong Kong, Luxemburgo, los Estados Unidos, la India y el Reino Unido) como sectorial (actividades científicas, técnicas y tecnológicas).

A nivel nacional las economías emergentes como China, India, Vietnam, Malasia, Filipinas o Indonesia continúan reduciendo su distancia frente a las ya clásicas economías líderes en innovación como Suiza, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos o Corea. Por otro lado, continúa existiendo una fuerte heterogeneidad en los resultados tanto de la región de América Latina y el Caribe como del continente africano, con el liderazgo principal de Brasil, Chile y Uruguay; y Sudáfrica, Túnez y Marruecos respectivamente.

Entre toda esta información, ¿Qué pasa con España? ¿Dónde estamos?

España, como país del grupo de ingresos altos, se encuentra en la posición número 30, habiendo retrocedido un puesto con respecto al índice de 2019. Entre las fortalezas de nuestro país, el índice destaca 1) el elevado nivel de escolarización en la enseñanza universitaria, 2) el compromiso con las actividades relacionadas con la sostenibilidad medioambiental, 3) el potencial de escalabilidad del mercado doméstico, 4) el gasto en I+D de las tres principales empresas globales y 5) el grado de participación y desarrollo de las tecnologías de la información y la telecomunicación. Por otro lado, respecto a las principales debilidades, el índice hace hincapié en 1) las facilidades para emprender iniciativas empresariales, 2) el acceso al crédito y los niveles de inversión privada, 3) la formación bruta de capital fijo en infraestructuras como % del PIB, 4) el gasto en educación en % del PIB y 5) las colaboraciones entre el sector educativo y el sector industrial.

Como conclusión sobre las evidencias que recoge este índice, podríamos decir que a pesar de las limitaciones que pueden tener su construcción y las variables seleccionadas, es una herramienta funcional para conocer el estado en el que se encuentran los países en términos de innovación. Entendiendo esta como la pieza clave que hace que todo el engranaje económico-social-político funcione de manera propicia.

Dada la coyuntura actual y la proximidad de los fondos europeos del programa Next Generation EU todos los esfuerzos por identificar algunos de los aspectos clave en los que los diferentes responsables políticos y económicos deberían poner el foco, son útiles y necesarios. Y este aspira modestamente a ser uno de ellos.

En una fase histórica de la economía mundial como la que nos encontramos, en la que la que el unilateralismo, las desigualdades y la debilidad estructural de las economías con respecto al crecimiento económico amenazan las posibilidades reales de mejorar la vida de las personas, la innovación llevada a cabo de manera colaborativa entre diferentes agentes de índole nacional e internacional se vislumbra como la única solución para dar respuesta a los principales retos que tenemos por delante. Empezando por poner freno a la pandemia de la COVID-19 que continúa expandiéndose por todo el mundo, y continuando por revertir la incipiente crisis ecológica derivada de nuestros modelos de producción y consumo que genera problemas tan acuciantes como el cambio climático o el agotamiento de los recursos naturales. A lo que debemos añadir la necesidad de modernizar nuestros aparatos productivos para hacerlos más eficientes, sostenibles y resilientes ante amenazas externas, y la exigencia de reducir los desequilibrios sociales que imperan en nuestras sociedades como la pobreza, la polarización y la discriminación de raza o género.

Todavía está por determinar cuál será el marco institucional y los instrumentos más adecuados para implementar los fondos europeos en nuestro país. Además, habrá que realizar una ardua tarea de evaluación del impacto y la capacidad transformadora de los mismos. Tareas no menos importantes que la propia transformación estructural que necesita nuestra economía. Pero lo que queda claro es que España debería utilizar estos recursos para ganar posiciones en éste y otros índices similares, siendo ello el reflejo de una (necesaria) modernización de los procesos que rigen nuestra economía actualmente.

Hace meses que oímos hablar de los fondos europeos Next Generation EU; el plan de reconstrucción económica post-Covid pactado por los países miembros de la Unión Europea que movilizará un volumen de recursos sin precedentes. Estos fondos se presentan como una gran oportunidad para avanzar en la transición ecológica y digital de la matriz productiva de los diferentes Estados miembros y, por el volumen económico de los fondos, podría llegar a serlo. De todos modos, las noticias sobre su aterrizaje en España auguran un reparto de estos fondos a las grandes empresas de capital en connivencia con el gobierno, en el que ya empieza a dibujarse como una gran operación de capitalismo de estado.

Más allá de estos movimientos y de la capacidad que tenga la ESS de incidir sobre cómo se hará este reparto, hemos creído necesario recopilar informaciones que pueden ser de interés.

1. ACCIÓN: agencia de referencia de la Generalitat

El órgano de referencia de la Generalitat es la agencia para la competitividad de la empresa ACCIÓN, que pone a disposición diferentes recursos informativos y de asesoramiento a la hora de presentar proyectos. Recomendamos especialmente la presentación general donde se explica los objetivos de los fondos, la vinculación con los ejes definidos por el Gobierno del Estado y las últimas informaciones en relación a su otorgamiento.

También se puede encontrar una ficha de proyecto, así como la guía que ayuda a cumplimentarla y un correo electrónico de asesoramiento.

También la Cámara de Comercio de Barcelona ha habilitado un portal informativo y de asesoramiento para el tejido empresarial: https://www.cambrabcn.org/next-generation-eu/sobre-el-fons

2. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del gobierno central

El documento que guía el aterrizaje de los fondos al Estado es el plan elaborado por el gobierno central, donde se definen las 10 políticas tractoras hacia donde se dirigirán los fondos, así como los porcentajes de reparto de los mismos en cada eje. Ahora mismo, estos ejes tienen un alcance muy amplio y, por tanto, poca definición. Es por ello que el gobierno central ha abierto la puerta a la recepción de propuestas, ya sea a través de las manifestaciones de interés que explicamos más abajo, como de manera más directa. La patronal CEOE parece que estaba muy bien informada, ya que ya ha presentado un plan de 21 iniciativas estratégicas…

Valoraciones más allá de la información oficial

– Rapidez en el reparto de los fondos: si bien los fondos tienen aplicación en los próximos 3-4 años, hay mucha prisa para definir el tipo de proyecto y, por tanto, las convocatorias en que se repartirán estos fondos. Las compañeras del Observatorio de la Deuda en la Globalización decían, hace unos días, que parece que las propuestas de cada estado miembro se tendrían que entregar a 30 de abril, con previsión de resolución de la financiación otorgada en los dos meses siguientes. Las fuentes oficiales aseguran que las convocatorias serán públicas y se otorgarán con criterios claros y transparentes, pero hay que estar alerta.

– Las manifestaciones de interés como mecanismo de tanteo de mercado: ahora mismo el gobierno central está en fase de identificación de proyectos. Esta identificación se está haciendo a través de las manifestaciones de interés por un lado (ahora mismo dos abiertas, una referente al eje de reto demográfico y despoblación, y una en reconversión industrial ), pero también a través de propuestas que se hacen llegar directamente a Generalitat y gobierno central desde las diferentes vías abiertas (en el caso de Cataluña, como mencionamos anteriormente, a través de ACCIÓN).

– Proyectos de gran tamaño y dedicados, principalmente, a la inversión: las informaciones que tenemos hablan de proyectos de 3-4 millones de euros para arriba (en el caso del eje de reconversión industrial se habla de proyectos de un mínimo de 40 millones de euros). Por tanto, las propuestas que se presenten deben tener una dimensión considerable, especialmente teniendo en cuenta el tamaño del tejido de la ESS. Además, también se da especial importancia a la cobertura de gastos de inversión (en vez de gastos recurrentes) como elementos centrales de las propuestas.

¿Y qué podemos hacer desde la Economía Social y Solidaria?

Con la información que tenemos ahora, parece que el enfoque que está cogiendo el aterrizaje de estos fondos en el Estado no es demasiado favorable a la ESS, ya que se están priorizando proyectos de gran escala en consorcio con las grandes corporaciones de capital. No obstante, hay que intentar incidir en la medida de lo posible. Aquí van cuatro sugerencias:

1. Incidir sobre gobierno central y Generalitat: para evitar que los mecanismos de asignación de los fondos se gestionen directamente desde el gobierno central y a través de los consorcios empresariales mixtos entre grandes empresas de capital y estado. El objetivo debería ser la gestión descentralizada y en paquetes más pequeños, para favorecer una distribución equitativa de los fondos y con arraigo en el territorio. Como decíamos, la organización de referencia en el seguimiento de la evolución de estos fondos es el ODG, en coordinación con otras organizaciones como la Red por la Justicia Climática, donde la XES está presente.

2. Pensar proyectos estratégicos de desarrollo local: ante la incertidumbre sobre cómo se acabarán repartiendo los fondos, y asumiendo que probablemente haya una parte que se gestione desde comunidades autónomas y mundo local, creemos que vale la pena que desde el tejido de la ESS pensar y proponer proyectos de desarrollo local estratégicos y que se generen los espacios de diálogo y trabajo con las administraciones locales, ya que en consorcio con los entes municipales y supra-municipales se podrán plantear proyectos del alcance necesario.

3. Apuntar a los ejes y políticas tractoras definidas el gobierno central: es importante ubicar los proyectos en los 4 ejes o pilares del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:

• Digitalización
• Transición Ecológica
• Cohesión Territorial y Social
• Igualdad de Género

Y hacerlo a partir de las 10 políticas tractoras identificadas en el mismo plano.

4. Buscar asesoramiento de los organismos que lo están ofreciendo: si bien el gobierno le ha puesto una alfombra roja a la gran empresa privada, la Generalitat ha habilitado un canal para asesorar y recibir propuestas (ACCIÓN), y hay que aprovecharlo. Además, por lo que sabemos, los diferentes departamentos están recibiendo propuestas y recomiendan tener canales abiertos de comunicación con entidades y empresas para ir actualizando sobre las novedades. Así pues, como todavía hay mucha incertidumbre, es muy importante estar atentos a las novedades que vayan surgiendo, para tener capacidad de adaptación (de hecho, el 22 de diciembre, el gobierno central ha aprobado un Decreto Ley donde se definen las medidas que guiarán la ejecución de los fondos, pero en el momento de escribir esta noticia aún no era público en el BOE). Como XES, nos ponemos a disposición de nuestra base social para ayudar en lo que se pueda, especialmente para favorecer la interlocución con las diferentes administraciones a la hora de hacer llegar proyectos y ayudar, en la medida de lo posible, en la orientación de los proyectos.

[Traducción automática del artículo publicado por la Xarxa d’Economia de Catalunya en su web el 24/12/2020]

El pasado 4 de diciembre se celebró la reunión de Alto Nivel sobre la Economía Social y Solidaria en la UE ‘La Economía Social para una recuperación inclusiva, sostenible y justa’. Un acto que dio por finalizada la presidencia española del Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo, que durante el siguiente año ostentará Portugal y que en el 2021 ostentará el Gobierno de Italia. En el acto se aprobó la Declaración de TOLEDO que fue suscrita por 18 Gobiernos de la Unión Europea, un hecho sin precedentes que constata la fortaleza de la Economía Social Europea para la recuperación.

• Este acto ha supuesto la finalización de la presidencia española del Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo, cediendo el relevo al Gobierno de Portugal que presidirá el Comité durante el 2021.
• La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Diaz “Lo que queremos ahora es que este potencial de cohesión y solidaridad juegue un papel determinante en la reconstrucción de Europa”.
• El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, señaló que “es el Acto europeo en el que con más rotundidad y unanimidad de los Gobiernos y Autoridades se ha apostado por el papel que representa la Economía Social en la recuperación“.
• El comisario de Empleo de la Comisión Europea, Nicholas Schmit, constató el papel preponderante de España para visibilizar el papel de la Economía Social, para que no solo esté en la agenda europea y en la agenda internacional, si no para que sea uno de los motores para una recuperación justa.

El presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño, participó en la reunión de Alto Nivel sobre la Economía Social y Solidaria en la UE ‘La Economía Social para una recuperación inclusiva, sostenible y justa’. Un acto que dio por finalizada la presidencia española del Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo, que durante el siguiente año ostentará Portugal. El acto fue inaugurado por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón.

El encuentro que se celebró en Toledo en el marco de la capitalidad de la Economía Social congregó a Gobiernos de la Unión Europea, a Altos Cargos de la Comisión Europea y de Instituciones Internacionales como el comisario de Empleo de la Comisión Europea, Nicholas Schmit, el director general de la OIT, Guy Ryder, y el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. También participaron representantes gubernamentales de Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Portugal y Rumania. El acto fue conducido por la directora general del Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, Maravillas Espín, y también contó con la participación del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.

La ministra de Trabajo y Economía Social señaló durante su intervención, la vigencia del modelo de la Economía Social, por su potencial de cohesión e igualdad, en el actual contexto. “Lo que queremos ahora es que este potencial de cohesión y solidaridad juegue un papel determinante en la reconstrucción de Europa. Y para ello hoy estamos aquí, para tejer alianzas, compartir ideas y reconocernos en esta tarea colectiva, que ha sido también el objetivo de la presidencia española del Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo”.

“En definitiva, -ha continuado la ministra de Trabajo- situar a las personas y el trabajo decente en el corazón de la reconstrucción significa, también, apostar por la Economía Social. Porque somos instituciones con alma, que trabajamos para resolver los problemas de la gente y colaborar en la realización de sus aspiraciones y proyectos de vida”.

Juan Antonio Pedreño incidió en que el Encuentro Europeo de Toledo ha sido el acto en el que con más rotundidad y unanimidad se ha apostado sobre el papel que representa la Economía Social en la recuperación. “Es un hecho sin precedentes que 18 gobiernos europeos, el 70% de la UE suscriban la Declaración de Toledo”. Durante su intervención abogó por la urgencia de aprobar el Plan de Acción Europeo de la Economía Social como instrumento clave que otorgue la visibilidad y el impulso para generar un ecosistema real hacia este modelo empresarial”.

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, puso en valor la capitalidad de Toledo de la Economía Social y lanzo el mensaje de «recuperar el optimismo, la vanguardia, lo moderno» que significa que «no renegamos del concepto de crear, de generar riqueza, pero queremos a conciencia que tenga una dimensión moral, humana y solidaria». ““La economía social que representa ese 8% del PIB en Europa, y un 10% en el conjunto de España, es una llamada de atención muy especial, porque no es solamente crear riqueza para repartirla, sino porque el modo en que se crea esta riqueza ya es repartirla”, ha concluido.

La alcaldesa de la ciudad de Toledo afirmó que la declaración de Toledo en favor de la Economía Social refuerza la proyección internacional e histórica de la capital de Castilla-La Mancha “como ciudad de acuerdos y de consensos” y ha destacado que durante este año “hemos contribuido a que la Economía Social fuese más conocida en nuestra sociedad y pudiera visualizarse mejor su importancia comunitaria”.

«Abrir nuevos horizontes a la Economía Social es una apuesta de futuro, los valores que este modelo conlleva son fundamentales para reflexionar sobre qué queremos construir para el futuro. Un porvenir que es indisoluble de las respuestas colectivas que demos a los retos marcados en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”, ha señalado Milagros Tolón.

Consenso unánime y rotundo internacional para potenciar la Economía Social

El comisario de Empleo de la Comisión Europea, Nicholas Schmit, constato el papel preponderante de España para visibilizar el papel de la Economía Social, para que no solo esté en la agenda europea y en la agenda internacional, si no para que sea uno de los motores para una recuperación justa”. Schmit destacó que España ha logrado que más países europeos se sumen a la Declaración de Toledo y ha renovado también el compromiso de los ya firmantes.

En su doble intervención en el Encuentro, Schmit recordó el compromiso de la Comisión Europea con la promoción Economía Social y con una “transición digital y verde que sea justa para atenuar las consecuencias dramáticas de la COVID-19 en la economía. En este compromiso se enmarca la petición de la presidenta de la institución Ursula von der Leyen de elaborar un “plan de acción” para impulsar la Economía Social para conseguir “un futuro sostenible”, Plan que ya está recogido en el Plan de trabajo de la Comisión para el próximo año.