El Barómetro hace una radiografía del sector de las finanzas éticas y solidarias en España y de su evolución desde 2008.

El Barómetro nace de la voluntad de mostrar la realidad de las finanzas éticas con un formato sencillo, integrador y riguroso. Quiere ser una herramienta para hacer accesible la información actualizada del sector para todas aquellas personas y entidades que estén interesadas en el mismo. Visibilizar los datos agregados de todos los ámbitos que integran las finanzas éticas es necesario para tener una visión global y ver su evolución en los últimos años.

El Barómetro 2026

Las finanzas éticas no son solo una manera diferente de gestionar el dinero: representan una apuesta por impulsar una economía productiva y transformadora, centrada en las personas y en el planeta. Este compromiso se refleja especialmente en sectores clave para la vida, como la vivienda, los cuidados, la energía y la alimentación.

Desde 2007, cuando se publicó la primera edición del Barómetro, el sector ha crecido tanto en volumen como en calidad: más servicios, más productos y más capacidad de responder a las necesidades de las economías transformadoras. En 2025 las cifras globales se mantienen estables y muestran un ecosistema diverso y más repartido: la base social sigue creciendo, el capital social se recupera, aumenta el número de proyectos financiados y buena parte de las entidades ganan volumen de actividad.

Actualmente, el ahorro ético se sitúa en 2.408 millones de euros, mientras que se han otorgado más de 1.850 millones de euros en préstamos destinados a proyectos transformadores, repartidos entre 10.861 proyectos. Además, casi 200 mil personas ya son usuarias y/o socias de las finanzas éticas, la cifra más alta desde 2018.

En cuanto al sector asegurador ético, gestiona más de 4 millones de pólizas, con un volumen de primas que supera los 1.500 millones de euros.

Edita: FETS – Finançament Ètic i Solidari
Autoría y coordinación: Observatorio de las Finanzas Éticas
Diseño y maquetación: Muntsa Busquets
Ilustraciones: Andrea Oliva
Datos: año 2025, 33 entidades
Páginas: 23

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Lee la noticia: Las finanzas éticas ganan base social y refuerzan su apuesta por la vivienda

Más sobre el Observatorio de las Finanzas Éticas
El Observatorio es un espacio de encuentro entre los diferentes actores del sistema financiero ético del Estado, promovido y coordinado por FETS-Finançament Ètic i Solidari. Se dedica a la observación, el análisis y la elaboración de estudios, puntuales y periódicos, sobre las finanzas éticas y su impacto en la realidad socioeconómica catalana y española.

Fuente: FETS

• Casi 200.000 personas cubren sus necesidades financieras en España con este modelo, que tiene en cuenta las consecuencias sociales y ambientales de sus decisiones.
• El ahorro captado supera los 2.400 millones de euros, un 35% más que hace 10 años, garantizando a sus clientes que ese dinero no financiará guerras ni la crisis climática.
• El volumen de crédito concedido se ha duplicado en una década alcanzando los 1.856 millones de euros.
• Este dinero se ha destinado a 10.861 proyectos de la economía real, principalmente de vivienda, un 28%, pero también de los ámbitos social, ambiental y cultural.

Ya están disponibles los datos del Barómetro de las Finanzas Éticas 2026, el informe anual que desde 2007 radiografía la evolución de las finanzas éticas y solidarias en el Estado español. Elaborado por el Observatorio de las Finanzas Éticas de FETS-Finançament Ètic i Solidari, el informe analiza los datos de 2025 de 33 entidades: bancos, entidades financieras no bancarias, aseguradoras, mutualidades y corredurías. Todas estas entidades cumplen en alto grado los principios que las definen según el Escáner de las Finanzas Éticas o están registradas en el sello EthSI de los seguros éticos.

El análisis recoge la evolución de los principales datos del sector a lo largo de los últimos 10 años y refleja un sector robusto y consolidado. «El Barómetro demuestra que las finanzas éticas, lejos de ser una utopía teórica, son una realidad práctica. Hoy en día, casi 200.000 personas tienen su cuenta corriente, guardan sus ahorros, contratan un seguro o piden un préstamo con estas entidades», afirma Nina González, economista y coordinadora de FETS.

Los 2.408 millones de euros de ahorro depositados en estas entidades no se destinan a financiar actividades que vulneren los derechos humanos o ambientales. En cambio, las finanzas éticas destinaron 1.856 millones de euros en crédito a más de 10.000 proyectos de la economía real, que van desde la transición energética hasta la agricultura ecológica, pasando por la inserción laboral o la cultura.

Una apuesta colectiva por transformar la economía

El corazón del modelo son estos proyectos que, sin el apoyo de las finanzas éticas tendrían serias dificultades para ponerse en marcha o crecer. Son proyectos con un claro impacto positivo social y ambiental, pero que, por su volumen o su estructura económica, a menudo no resultan atractivos para la banca convencional, que solo tiene en cuenta la rentabilidad a la hora de decidir sus inversiones.

Destaca especialmente el sector de la vivienda, que concentra un 28,1% del volumen de crédito concedido en 2025. Entre estos proyectos encontramos gran variedad de modelos, como el cooperativismo de vivienda, proyectos de vivienda social, la rehabilitación o la compra con criterios de eficiencia energética.

Para FETS, los datos de este año confirman el sentido de fondo de las finanzas éticas. «Más allá de una opción de consumo individual, las finanzas éticas son una apuesta colectiva por la transformación de la economía y la sociedad», afirma Jordi Rojas, presidente de FETS. Y añade que, en un contexto de belicismo y rearme, «el sentido original de las finanzas éticas, que tus ahorros no contribuyan a financiar la industria de las armas, está más vigente que nunca».

Estabilidad en las cifras globales y un ecosistema más repartido

En 2025, 199.802 personas estaban vinculadas a las finanzas éticas, un 3,6% más que el año anterior, encadenando el tercer año consecutivo de crecimiento y alcanzando la cifra más alta desde 2018. Además, se trata de un crecimiento transversal: casi todas las entidades analizadas mantienen o amplían su base social.

El ahorro depositado en las entidades de finanzas éticas se sitúa en 2.408 millones de euros, una cifra similar a la del año anterior, que supone un incremento del 35% en la última década. Esta estabilidad del total, sin embargo, no explica por sí sola lo que ha ocurrido dentro del sector: las entidades de dimensión mediana y pequeña aumentaron un 11,6% el ahorro captado, hasta los 412 millones de euros. Por cada 100 euros de ahorro captado, las entidades destinaron 77 a créditos que hacen posibles proyectos transformadores con los que comparten valores.

Los préstamos concedidos suman 1.856 millones de euros, una cifra que duplica la de hace 10 años. Estos se distribuyen entre 10.861 proyectos repartidos por el conjunto de la geografía española. Por sectores, la vivienda continúa siendo el principal ámbito financiado en el Estado y gana aún más peso, con el 28,1% del crédito y 2.164 préstamos. Le siguen el sector social, con el 25,9%, y el de medio ambiente y transición energética, que concentra casi una quinta parte de la financiación. Completan la distribución la cultura, la educación y la agricultura y la alimentación.

Guillem Subirachs, coordinador del Observatorio y autor del informe, explica que el Barómetro dibuja un ecosistema variado y distribuido, «en el que los diferentes actores, en lugar de competir, se complementan». Y recuerda que «detrás de cada cifra están las realidades financiadas: proyectos arraigados, de la economía real, que cambian la vida de las personas».

Detrás de las cifras: vivienda y patrimonio cooperativo

Un ámbito donde esto se ve con claridad es el de la vivienda, el sector que recibe más financiación. Es el caso de Sostre Cívic, cooperativa catalana que impulsa la vivienda cooperativa en cesión de uso. En este modelo, la cooperativa mantiene la propiedad colectiva de los edificios y las personas socias disponen de un derecho de uso estable y asequible, sin especulación, y participan en las decisiones de forma democrática. Una alternativa a la compra y al alquiler que ha podido crecer con el apoyo de las finanzas éticas. «Han sido decisivas para hacer posible la vivienda cooperativa en cesión de uso. No sólo por coherencia con nuestros valores sino porque han entendido un modelo de propiedad cooperativa que no encaja en los esquemas de la banca convencional, pensados exclusivamente para el endeudamiento individual», afirma Jose Téllez, responsable de comunicación de la cooperativa.

Las finanzas éticas también están detrás de otra respuesta a la crisis inmobiliaria: cooperativas y entidades de la economía social y solidaria que compran sus sedes para ganar autonomía y protegerse de la especulación. La misma Sostre Cívic, junto a la correduría de seguros Arç, el medio Crític y la cooperativa de telecomunicaciones Som Connexió, ha comprado un espacio en el centro de Barcelona, mientras que el Grup ECOS, que reúne a 16 cooperativas, ha adquirido el local de 1.000 metros cuadrados de la calle Casp que ocupaba desde hacía quince años. «Las subidas del alquiler nos habrían acabado expulsando, la compra nos permite resistir y no seguir a merced del mercado. La apuesta de la patrimonialización no habría sido posible sin el esfuerzo combinado de las finanzas éticas», explica Guernica Facundo Vericat, coordinadora del Grup ECOS.

El sector asegurador ético supera los 1.500 millones en primas

El Barómetro dedica también un apartado al sector asegurador ético, formado por las entidades registradas en el sello europeo EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance). El sello valora la gestión ética de las organizaciones en sus inversiones y su responsabilidad social, así como su compromiso con la sostenibilidad social y ambiental y la transparencia.

En 2025, estas entidades gestionaron un volumen de primas de 1.538 millones de euros, un 10% más que el año anterior, lo que representa el 1,81% del total del sector asegurador español. Suman casi 4,1 millones de pólizas y 14 productos éticos certificados, que cubren necesidades muy diversas de personas y entidades, desde seguros de vehículo, salud o decesos hasta convenios colectivos o responsabilidad civil de entidades.

Consulta el Barómetro de las Finanzas Éticas 2026, con el informe en PDF y la versión interactiva.

Más sobre el Observatorio de las Finanzas Éticas
El Observatorio es un espacio de encuentro entre los diferentes actores del sistema financiero ético del Estado, promovido y coordinado por FETS-Finançament Ètic i Solidari. Se dedica a la observación, el análisis y la elaboración de estudios, puntuales y periódicos, sobre las finanzas éticas y su impacto en la realidad socioeconómica catalana y española.

Fuente: FETS

El encuentro, que se celebra el 16 de octubre de 9:30 a 14:30 horas, pone el broche final al Ciclo de Foros COOPUBLIC, un proceso que durante los últimos meses ha recorrido distintos territorios en formato online para recoger experiencias y propuestas sobre cómo administraciones y organizaciones sociales pueden impulsar juntas la Economía Social y Solidaria.

Con la colaboración de ILABSO-OLMA y Foro Transiciones, la jornada presentará los principales resultados del proyecto y abrirá un espacio de trabajo colectivo, dinamizado por Tangente Grupo Cooperativo, del que saldrán las estrategias y medidas concretas que conformarán esa hoja de ruta común.

El plato fuerte de la mañana será una mesa de debate político-social en la que participarán David Perejil, director de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Jaime Iglesias, comisionado especial para la Economía Social; Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales, y María Sintes Zamanillo, de la Oficina Española de Cambio Climático. Junto a ellos estarán Luigi Carinci, presidente de REAS Red de Redes; Belén Sánchez Rubio, del grupo motor de Futuro en Común; Jorge Nacarino, de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, y Marta Abril, de la Comunidad de Práctica de Políticas Públicas de Altekio/Ecorredes.

Por último, todas las personas participantes participarán de una sesión de trabajo grupal para, entre agentes públicos y sociales, construir una hoja de ruta para la cooproducción de política pública, siguiendo la estela y el trabajo del ciclo de foros territoriales de las pasadas semanas.

Quienes no puedan acercarse a Madrid pueden seguir toda la jornada en el directo que se emite a continuación.

Fuente: El Salto

• Red Vivienda Cooperativa valora positivamente las medidas de protección a los inquilinos, pero lamenta la falta de una apuesta estructural para ampliar el parque de vivienda social y asequible
• El Gobierno amplía los privilegios fiscales de las SOCIMI, muchas de ellas vinculadas a grandes fondos inmobiliarios, mientras mantiene una tributación más elevada para las cooperativas sin lucro
• El decreto destina 10.000 millones de euros a facilitar la compra de vivienda y rebaja el IVA de la vivienda protegida en venta, pero no el del alquiler social y la cesión de uso, dificultando así su expansión
• Las cooperativas denuncian que la priorización de las sociedades de capital frente a la economía social contradice los mandatos del Congreso, la legislación estatal y las recomendaciones europeas

Red Vivienda Cooperativa considera que el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, supone una oportunidad perdida para ampliar el parque de vivienda social y asequible a largo plazo. Aunque valora positivamente las medidas de protección frente a los desahucios y de mejora de las condiciones de las personas inquilinas, denuncia que las políticas destinadas a fomentar nueva vivienda siguen priorizando la propiedad individual y las sociedades inmobiliarias con ánimo de lucro, mientras dejan atrás el alquiler social, las cooperativas y el conjunto de la economía social.

Para la Red, la crisis habitacional requiere, además de medidas de protección y regulación del mercado, una apuesta estructural por ampliar el parque de vivienda social, especialmente de alquiler y en cesión de uso, mediante modelos de propiedad pública o colectiva que garanticen su asequibilidad a largo plazo. Según la red, “Sin este cambio de orientación, las medidas puntuales difícilmente permitirán superar el problema de fondo”.

Tres desequilibrios principales en el decreto y en las políticas de vivienda

Las cooperativas identifican tres de los principales desequilibrios del Real Decreto-ley y de las políticas de vivienda impulsadas por el gobierno:

• Más privilegios fiscales para las SOCIMI que para las cooperativas sin lucro. Las SOCIMI, muchas de ellas vinculadas a grandes fondos inmobiliarios, tributan con carácter general al 0 % en el Impuesto sobre Sociedades. El decreto amplía las condiciones para que también queden exentos los beneficios no distribuidos cuando gestionan alquiler asequible. En cambio, las cooperativas, que no reparten beneficios y reinvierten sus excedentes en vivienda asequible, mantienen un tipo del 20 %, con posibilidad de bonificaciones sujetas a exigentes requisitos. Esta desigualdad fiscal penaliza la promoción cooperativa: mientras una SOCIMI puede tributar al 0 %, una cooperativa sin ánimo de lucro soporta una tributación entre un 10% y un 20%, encareciendo el coste de la vivienda.
• Se prioriza la compra de vivienda frente al alquiler social. El Gobierno destina 10.000 millones de euros a la línea TU CASA, que ofrece préstamos públicos sin intereses para la compra de vivienda y no ofrece instrumentos equivalentes para cooperativas y entidades sociales. Además, amplía el IVA superreducido del 4 % a la venta de vivienda protegida permanente, favoreciendo su transmisión y la vivienda en propiedad, pero sorprendentemente no aplica esta reducción a la vivienda de alquiler social o en cesión de uso, cuyos costes soportan tipos entre el 10 % y del 21%. Esta desigualdad dificulta la asequibilidad de la vivienda social en alquiler y contradice la necesidad de ampliar el insuficiente parque de alquiler social y reducir su desequilibrio respecto a la vivienda en propiedad, alejándose de las prioridades del propio Plan Estatal de Vivienda y de las recomendaciones europeas.
• La economía social queda excluida de la financiación del ICO y de determinados instrumentos de financiación pública. El decreto refuerza una línea de avales del ICO de hasta 2.000 millones de euros para ampliar el parque de alquiler social o asequible, pero no incluye el modelo en cesión de uso, excluyendo este modelo cooperativo y contradiciendo la equiparación entre alquiler y cesión de uso del propio Plan Estatal de Vivienda. Paralelamente, las condiciones generales de la línea de financiación del ICO, vinculada al fondo España Crece, exigen que los beneficiarios sean sociedades de capital, excluyendo a las organizaciones de la economía social, sólo por su forma jurídica, también contradiciendo la propia Ley 5/2011 de Economía Social.

El Gobierno desatiende las propuestas del sector y aplaza el reconocimiento de los proveedores sociales de vivienda

Durante la elaboración del decreto, la Red propuso al Ministerio medidas para facilitar el desarrollo de vivienda social desde la economía social: una fiscalidad adecuada, fomentar el alquiler y cesión de uso, eliminar barreras de acceso al suelo y la financiación, y adaptar la normativa urbanística y de vivienda. Ninguna se ha incorporado, pese a ser medidas que buscan ampliar el parque de vivienda asequible y sin lucro.

Asimismo, diversas entidades sociales han reclamado el reconocimiento de los proveedores sociales de vivienda y una fiscalidad acorde con su función de interés general y con la ausencia o limitación del reparto de beneficios en la promoción y gestión de vivienda.

Sin embargo, el decreto establece un plazo de seis meses para regular mediante reglamento el reconocimiento de estos proveedores, mientras que las mejoras fiscales quedan pendientes de una futura reforma legal, ya que no pueden aprobarse por vía reglamentaria. La red denuncia que “mientras los beneficios fiscales para las sociedades inmobiliarias se aprueban de inmediato, el reconocimiento y el apoyo efectivo a las entidades sin ánimo de lucro siguen pendientes”.

Las cooperativas exigen un cambio en las políticas de vivienda

Ante esta situación, Red Vivienda Cooperativa reclama al Gobierno y a los grupos parlamentarios un cambio de rumbo y la adopción de medidas concretas:

• Corregir el trato fiscal profundamente injusto entre las SOCIMI y las cooperativas, reconociendo la función social de las entidades sin ánimo de lucro que reinvierten sus excedentes en vivienda social y asequible.
• Eliminar las barreras de acceso a la financiación del ICO y garantizar que las entidades de la economía social puedan acceder adecuadamente a los instrumentos públicos de fomento de la vivienda asequible.
• Reconocer y apoyar a las entidades de la economía social, incluidas cooperativas, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, como agentes fundamentales para ampliar y gestionar el parque de vivienda social y asequible.
• Agilizar la actuación de Casa 47 para movilizar suelo, edificios y patrimonio público en desuso mediante la colaboración con entidades de la economía social.
• Fomentar el alquiler social, extendiendo el IVA superreducido del 4% a la construcción de viviendas con protección permanente de alquiler o cesión de uso.

Red Vivienda Cooperativa iniciará acciones de comunicación y denuncia pública para visibilizar estas contradicciones y reclamar cambios efectivos en las políticas de fomento de la vivienda social y asequible. Asimismo, pide al Gobierno que abra un diálogo con el sector para incorporar sus propuestas y reconocer el papel fundamental de la economía social en la solución de la crisis de vivienda.

«Pedimos que las políticas públicas sean coherentes con sus propios objetivos. Si queremos ampliar el parque de vivienda asequible, hay que dejar de poner trabas a las entidades de la economía social y empezar a apoyar de verdad a quienes construimos vivienda sin ánimo de lucro y de interés general» se afirma desde la propia red.

Red de Vivienda Cooperativa es la entidad representativa de la vivienda cooperativa en cesión de uso y la organización reconocida por Housing Europe

La vivienda cooperativa en cesión de uso es un modelo donde la propiedad del inmueble permanece en la cooperativa, adjudicando el uso de la vivienda a las personas socias, a cambio principalmente de cuotas mensuales, en un modelo equivalente al alquiler pero a precio de coste y sin lucro. La cooperativa se gestiona democráticamente y, al no repartirse beneficios ni transmitirse las viviendas, se mantienen las viviendas fuera de la lógica especulativa permanentemente y asegura la asequibilidad a largo plazo.

Red Vivienda Cooperativa es la entidad representativa del sector de la vivienda cooperativa en cesión de uso en España. Articula más de 210 proyectos y diversas redes territoriales en todo el Estado. Es miembro de pleno derecho de Housing Europe, la Federación Europea de Vivienda Pública, Cooperativa y Social, que reúne a 44 federaciones nacionales y regionales y 16 organizaciones asociadas de 31 países, representando alrededor de 25 millones de viviendas. Asimismo, forma parte de REAS Red de Redes como su red sectorial de vivienda. REAS, referente estatal de la Economía Social y Solidaria, agrupa a más de 1.000 entidades y empresas y a unas 300.000 personas en todo el Estado.

Ampliar información

PDF: Valoración de Red Vivienda Cooperativa sobre las medidas del Real Decreto-ley 29/2026 destinadas a fomentar un parque de vivienda social y asequible a largo plazo

www.viviendacooperativa.red

Fuente: Red Vivienda Cooperativa

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián ha acogido en esta edición las producciones Sacamantecas y Sants. Ambos largometrajes, caracterizados por sus narrativas de marcado carácter social e histórico, han contado con la financiación de Fiare Banca Etica, reflejando las vías de colaboración entre el cine de autor español y las entidades de finanzas éticas.

Sacamantecas: Un asfixiante thriller histórico

Sacamantecas ha llegado a San Sebastián dirigida por David Pérez Sañudo y situada como uno de los títulos más esperados del año. Basada en hechos reales, la película reconstruye la figura y persecución de Juan Díaz de Garayo, el primer asesino en serie documentado en España a finales del siglo XIX.

Su reparto está encabezado por Antonio de la Torre en el rol del trágico personaje histórico y Patricia López Arnaiz como la mujer empeñada en buscar justicia por los crímenes de Vitoria, acompañados por Josean Bengoetxea y Eneko Sagardoy. La trama aborda la ola de crímenes en la provincia alavesa a través de una decidida investigación que desenmascara las tensiones de la época, disputas institucionales, supersticiones rurales y el trauma de una sociedad en transformación. Además, tras ser rodada en diversas locaciones del País Vasco y Burgos, la cinta destaca visualmente por su gran despliegue de caracterización y reconstrucción de época.

Sants: Drama íntimo y dilema moral

Por su parte, Sants, dirigida por Mikel Gurrea, explora el terreno del drama social con tintes de intriga mediante un elenco compuesto por Victoria Luengo, Ariadna Gil y Eulàlia Ramón. La trama sigue a Lali, quien, en medio del duelo por la inminente pérdida de su madre, se ve arrastrada a una espiral delictiva al integrarse en una banda especializada en el robo de figuras de arte religioso en iglesias y cementerios, ofreciendo una aproximación punzante sobre la vulnerabilidad, las ausencias familiares y las decisiones límite marcadas por la desesperación.

El impulso del crédito ético en el mundo audiovisual

Ambas obras cuentan con el respaldo del crédito ético lo que evidencia una tendencia al alza en la financiación del sector del cine mediante entidades de finanzas éticas. De esta manera, Fiare Banca Etica consolida su papel en el ecosistema cultural respaldando relatos de marcado acento social e histórico que ahora han dado el salto a festivales de primer nivel.

Fuente: Fiare Banca Etica

Murcia Cohousing organiza la jornada «La Vivienda Colaborativa Hoy: Oportunidades, retos y realidades», que se celebrará el 30 de octubre en la Biblioteca Regional de Murcia, con la colaboración de REAS Murcia. Bajo el lema «Un hogar para vivir, una comunidad para compartir», la jornada reunirá a varias personas ponentes para dar a conocer el modelo de cohousing y abordar sus oportunidades, retos y realidades.

La vivienda colaborativa plantea una manera diferente de entender el hogar: viviendas privadas que conviven con espacios comunes, donde las personas que forman parte del proyecto participan en su desarrollo y comparten una determinada visión sobre cómo quieren vivir.

El encuentro pretende acercar el modelo de vivienda colaborativa o cohousing a la ciudadanía y generar un espacio de información y reflexión sobre las nuevas formas de vivienda y convivencia que están surgiendo ante los actuales retos sociales. Durante la jornada se explicará qué es el cohousing, cómo funciona y qué posibilidades ofrece, acercando experiencias y diferentes perspectivas de la vivienda colaborativa.

Fecha: viernes 30 de octubre de 2026
Hora: de 9:30 a 19:30 (recogida de credenciales desde las 9:00)
Lugar: salón de actos de la Biblioteca Regional de Murcia, Avenida Juan Carlos I, Murcia
Modalidad: presencial
Organiza: Murcia Cohousing
Colabora: REAS Murcia
Inscripción: gratuita y necesaria, mediante el formulario de la web de Murcia Cohousing

Unos días antes del evento se notificará por correo la confirmación de inscripción. La organización seguirá confirmando inscripciones a las personas que estén en lista de espera hasta completar el aforo.

Programa

La jornada se desarrollará en torno a cuatro mesas redondas.

Inscríbete aquí

Las personas y entidades socias de Som Energia cuentan con un nuevo servicio: la Red de Empresas Instaladoras. Esta permite implantar medidas para avanzar hacia la autonomía energética, como instalar placas fotovoltaicas, sistemas de aerotermia o puntos de recarga de vehículos eléctricos. Lo podéis hacer de la mano de empresas instaladoras especializadas en soluciones energéticas y de confianza.

Con el servicio de la Red de Empresas Instaladoras (REI), Som Energia facilita a las personas socias el contacto directo con estas empresas que han sido validadas por la cooperativa y que han demostrado su solvencia técnica y económica. Se trata de empresas alineadas con sus valores para transformar el modelo energético.

Ventajas del servicio

El servicio de la REI ofrece a las personas y entidades socias de Som Energia cuatro grandes ventajas:

• Disfrutar de descuentos: por el hecho de estar asociado a Som Energia, las empresas de la REI ofrecen un 3% de descuento sobre su precio habitual de mercado.
• Ganar confianza a la hora de invertir en nuevas medidas energéticas: Som Energia valida las empresas que forman parte de la REI; no son unas empresas cualquiera, sino que trabajan con precios justos y materiales de calidad.
• Facilitar la aplicación de medidas para la soberanía energética hacia un modelo 100% renovable.
• Reducir el tiempo para buscar empresas profesionales calificadas con experiencia en instalaciones energéticas eficientes.

¿Cómo podéis solicitarlo?

Si le interesa contratar el servicio de la REI solo tenéis que rellenar este formulario con vuestros datos y Som Energia se encargará de hacerlos llegar a las empresas de vuestra zona. La empresa –o empresas por si queréis recibir diferentes propuestas– se pondrán en contacto con vosotros y os harán una propuesta sobre la medida que desea implantar, así como un presupuesto adaptado a las necesidades que tengáis. La propia empresa se encargará de la facturación, instalación y servicio postventa.

Recordad que podéis consultar si vuestro municipio ofrece bonificaciones fiscales para el autoconsumo en este buscador de la Fundación Renovables.

Quiero solicitar el servicio

Un servicio en expansión

Por el momento, el servicio da cobertura a toda Cataluña, el País Valenciano, el País Vasco, Navarra, Madrid, Aragón, La Rioja y Andalucía. En las Islas Baleares, está disponible en Eivissa y Formentera. Y en Castilla-La Mancha, en algunas zonas de Guadalajara y Toledo. El servicio de la REI está en fase de expansión y la cooperativa está trabajando para llegar a todas partes.

Servicios que ofrece la REI

• Instalaciones fotovoltaicas: montaje de paneles solares en cubiertas para generar energía renovable, tanto en el ámbito doméstico como en entidades y empresas.
• Instalaciones colectivas: proyectos de autoconsumo compartido en bloques de pisos, comunidades o urbanizaciones. Permite que la energía generada se distribuya entre las distintas viviendas y las zonas comunes.
• Mantenimiento de instalaciones: servicios de revisión preventiva, limpieza de paneles y optimización técnica para garantizar el rendimiento máximo y durabilidad de cualquier sistema fotovoltaico.
• Ampliaciones fotovoltaicas: rediseño y ampliación de sistemas solares existentes, incluyendo la instalación de nuevos paneles o la integración de componentes técnicos actualizados.
• Aerotermia y climatización: sistemas de alta eficiencia para la calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria que permiten sustituir el gas por una tecnología limpia y eléctrica.
• Puntos de recarga de vehículo eléctrico: instalación de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos o híbridos enchufables. Se adapta a las necesidades de potencia de cada garaje o aparcamiento.
• Baterías y almacenamiento: integración de sistemas de acumulación eléctrica conectados a los paneles solares para gestionar los excedentes y aprovechar la energía autogenerada en cualquier momento del día y de la noche.
• Sistemas de Back-up: elemento adicional que permite el funcionamiento de la instalación en modo «isla». Este sistema garantiza el suministro eléctrico básico en la vivienda o empresa en caso de corte en la red general.
• Gestión inteligente de la energía (IA): sistemas de optimización automática que utilizan la inteligencia artificial para decidir el mejor momento para consumir, cargar baterías o verter excedentes, maximizando la eficiencia económica de la instalación.

Descárgate la guía del servicio

Fuente: Som Energia

No son pocas las personas expertas que están advirtiendo de que las patologías relacionadas con la salud mental van a configurar una de las grandes pandemias del siglo XXI. Entre otras causas, el trabajo y las condiciones que se nos imponen en el mismo juegan un papel desencadenante o de estas patologías. Hay algo que no debemos olvidar: nadie elige, por ejemplo, la carga mental a la que está sometido en un trabajo. Le viene impuesta.

Si bien el sindicalismo de clase a nivel internacional lleva también años advirtiendo sobre la influencia de los riesgos psicosociales en la salud mental, en la actualidad se intenta tapar este hecho trasladando a la opinión pública un concepto sonoro e identificable: el absentismo. Los objetivos son tres: limitar la empatía de la clase trabajadora hacia las personas enfermas, fomentar que la gente aguante lo que le echen en el trabajo y no se atreva a pedir ayuda, y normalizar que quien se haya atrevido a pedir ayuda y se le haya prescrito una baja médica vuelva las mismas condiciones de trabajo que deterioraron su salud, en este caso mental, pero bien podría ser también la ergonómica. Es decir, se desvía el foco de las verdaderas causas: la causa ya no son las condiciones de trabajo sino la propia persona.

Esto último es muy importante para empresas y patronales, porque contribuye a erradicar la percepción de la necesidad de implantar nuevas medidas preventivas, con la inversión económica que conllevaría, para adaptar los puestos de trabajo a personas especialmente sensibles a un riesgo o que hayan estado de baja un periodo prolongado. Poco parece importar que estemos ante una obligación legal.

Y hablando de obligaciones legales, de cara a la galería la ley se cumple sólo en parte, porque en las empresas se hacen evaluaciones de riesgos psicosociales, pero en ocasiones con el único objetivo de decir que se han hecho. Identifican algunos riesgos de los puestos de trabajo, pero sin asignar medidas preventivas que protejan la salud mental.

En resumen, como las medidas que habría que aplicar no gustan o incomodan a las empresas, no se hace nada. La acción sindical para que esas medidas terminen por implantarse y disminuya, entre otras cosas, la carga mental derivada del trabajo es insustituible, como demuestran las experiencias llevadas a cabo por CCOO en empresas como Sanitas Barakaldo, Clequali SL, Láser Norte SA o en el grupo Quirón Salud.

Más de la mitad de las personas muertas en Euskadi mientras trabajaban en 2025 y 2026 no fallecieron debido a las causas más comunes, como caídas, golpes o atrapamientos, sino a fallos cardíacos y similares

Antes de continuar con nuestra explicación conviene, por su importancia, no pasar algo por alto: estamos hablando de muertes. La OIT cifra en 840.000 las personas que mueren al año debido a enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales asociados que se derivan de los riesgos psicosociales.

Cambian las formas de morir en el trabajo. En 2025 hubo en Euskadi 30 personas fallecidas en accidentes laborales (excluyendo los in itínere). La mitad, 15, no fallecieron debido a las causas más comunes, como caídas, golpes o atrapamientos, sino a fallos cardíacos y similares. En 2026, y mientras se escriben estas líneas, 26 personas han fallecido en su puesto de trabajo. 15 de ellas, este año y al menos de momento más de la mitad, por fallos cardíacos y similares.

Así las cosas, esa idea del absentismo que se pretende meter en la cabeza de la gente no casa con la realidad. El problema (y las muertes aparejadas) viene de otro lado. Según datos elaborados por el sindicato CCOO en 2026, en el conjunto del estado 436.000 personas trabajan semanalmente horas extra que no se les pagan, lo que equivale a 2,54 millones de horas. Cada una de estas personas realizaría una media de casi seis horas extra no pagadas a la semana.

A efectos de tiempo extra, añadamos las pagadas. Conociendo el paño empresarial, sobre todo en algunos sectores, y a la vista de otros datos que se han hecho públicos, en 2024 eran más las que no se pagaban que las pagadas. Pero datos más actualizados de 2026 aproximan el tema al fifty-fifty, al menos en términos de personas exprimidas.

Al salir más tarde del trabajo se dificulta la conciliación, se vulnera el derecho a una vida social y familiar normalizada, se disminuye el tiempo de ocio y de desconexión y se dificulta la planificación de diversos aspectos de la vida personal

En resumen, la cotidianeidad de no pocas personas es salir más tarde de su trabajo, con lo que esto implica: se dificulta la conciliación, se vulnera el derecho a una vida social y familiar normalizada, se disminuye el tiempo de ocio (¿sería distópico decir que en el futuro se desee plantear el ocio como un lujo, y no como un derecho?) y de desconexión, se dificulta la planificación de diversos aspectos de la vida personal, etc. Cosas todas ellas con incidencia directa en la salud mental de las personas, y contingencias ante las cuales las empresas estarían por ley obligadas a poner medidas.

Hagamos un análisis serio de la realidad, porque a la vista de los datos hay muchas empresas que no se preocupan ni de pagar esas horas extras. ¿Alguien piensa que se van a preocupar de los efectos que esas horas extras causan en la salud mental de las personas? Si ni siquiera las pagan, ¿cómo van a poner medidas porque te preocupe quién cuidará a tus hijos o hijas o a tus mayores? El problema no es que la gente esté de baja, sino por qué necesita estarlo. Y se ve poco interés en abordar este análisis.

La carga mental y el tiempo extra no son los únicos problemas. El reciente informe de la Fundación 1º de Mayo de CCOO “Violencia laboral en España. Principales resultados del estudio 2026” muestra que hay personas sufriendo determinados tipos de violencia en su entorno laboral. Más allá del acoso laboral y sexual se dan abusos, amenazas, insultos, gritos, intimidaciones y hasta agresiones físicas. El 30,7% de la población asalariada en el conjunto del estado trabaja en entornos en los que se ha producido violencia o acoso laboral, habiendo sufrido de forma directa episodios de ese tipo o habiéndolos presenciado. El 16,7% de las personas trabajadoras afirma haber sido víctima directa de violencia laboral.

El informe también muestra que estas situaciones se concentran en el sector servicios y en aquellos espacios que conllevan atención directa a clientela, pacientes o personas usuarias, destacándose el sector sanitario, la atención a personas mayores de edad, el comercio minorista, la hostelería o el sector educativo. Se trata de sectores en los que la presencia de mujeres es mayoritaria o muy mayoritaria según el caso. No en vano, el informe también muestra que el 18,3% de las mujeres asalariadas ha sufrido violencia en el trabajo, frente al 14,8% de los hombres.

Entre otros, por estos motivos es por lo que es importante defender que la prevención de riesgos laborales, por supuesto también en sus aspectos relacionados con la salud psicosocial, ha de regirse por una perspectiva de género que no siempre es tenida en cuenta por las empresas ni por los servicios de prevención. Si no se aplica no se podrá hablar de efectividad de las medidas preventivas que tienen que implantar las empresas, lo que redunda en el empeoramiento de la salud tanto física como mental de las mujeres trabajadoras.

Toca analizar otra problemática igualmente grave, y es que para prevenir daños y que no se deteriore la salud mental deberíamos tener un conocimiento real sobre cómo las condiciones de trabajo la deterioran. Esto no ocurre porque existe un subregistro en el reconocimiento de las patologías como la contingencia de origen profesional que son en muchos casos. Podemos intuir o incluso saber qué pasa, pero no contamos con un dimensionamiento oficial real del problema.

La falta de reconocimiento de los daños que las condiciones de trabajo pueden causar en la salud mental contribuye a restar potencial al ámbito preventivo

El informe “Precariedad laboral y salud mental. Conocimientos y políticas”, publicado en 2023 por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, relaciona directamente precariedad laboral y malas condiciones de trabajo con las patologías mentales y establece que el subregistro dificulta la prevención. Es lógico que si no se identifican debidamente las causas de una patología mental sea más difícil acertar con el tratamiento, sobre todo si estas causas están en el trabajo, donde se pasan normalmente ocho horas (y ya hemos dicho que alguna más) al día. Sin acertar con la tecla del tratamiento los síntomas se prolongarán en el tiempo, pudiendo llegar a cronificarse.

En parecidos términos se expresa el documento “Trabajo y salud mental: hoja de ruta para las administraciones sanitarias en España”, editado por el Ministerio de Sanidad en 2025. Éste afirma que la falta de reconocimiento de los daños que las condiciones de trabajo pueden causar en la salud mental contribuye a restar potencial al ámbito preventivo. Igualmente, señala que la identificación del trabajo como posible factor desencadenante o agravante del sufrimiento psíquico constituye un paso esencial en la atención clínica.

Desde instancias europeas también se reconoce esta falta de información, tal y como establece el Comité Económico y Social Europeo en su dictamen “Trabajo precario y salud mental” (2023/C228/05). Entre las propuestas se habla de la necesidad de mejorar los sistemas de información y vigilancia epidemiológica como paso previo al impulso a la investigación sobre la calidad del trabajo.

No se puede culpar de los daños psíquicos derivados del trabajo a las personas trabajadoras que están de baja médica, porque son las víctimas que pagan en términos de salud la mala gestión empresarial

La serpiente de Ouroboros se devora a sí misma por la cola, y esto es exactamente lo que está ocurriendo. Hacer que los daños psíquicos derivados del trabajo no se relacionen con éste fomenta que el problema no revierta en el entorno laboral en forma de medida preventiva. Esto hará que el problema sea cada vez más grande. No se puede culpar de esto a las personas trabajadoras que están de baja médica, porque son las víctimas que pagan en términos de salud la mala gestión empresarial.

No perdamos de vista algo que tiende a agravar la situación. Las propias características del sistema capitalista y la identidad que el trabajo contribuye a construir también hacen que más que como persona nos veamos como una marca. Este sentimiento, que termina por generar competitividad entre las personas y, por ello, perjudicando la salud mental, es azuzado por no pocas direcciones de personal, disfrazándolo en ocasiones de reto o motivación. Generar visiones de las personas en términos de rentabilidad termina por cosificarlas.

En un pasaje de “Al norte”, reciente y primera novela del secretario general de CCOO Unai Sordo (por cierto, muy recomendable por ser un ilustrativo catálogo de cómo condiciones y trayectorias laborales impactan en la vida de las personas), Osvaldo le traslada a Xabier que en su nuevo y distópico entorno laboral el salario es lo de menos, y que lo realmente importante es trabajar para poder seguir trabajando. Una cosificación absoluta de las personas, ignorando sus necesidades y borrando todo lo que en ellas hay de humano. Una lógica perversa que ya se está implantando.

Fuente: El Salto

El futuro de la economía social en el próximo presupuesto de la Unión Europea fue uno de los asuntos centrales del encuentro anual de la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos (FEBEA), celebrado en Venecia, del 23 al 25 de septiembre. Las entidades de finanzas éticas expresaron su preocupación por que el aumento del gasto europeo en defensa y seguridad reduzca los recursos destinados a la economía social en el marco financiero para 2028-2034.

La cita, que incluyó la conferencia y la Asamblea anual de FEBEA, tuvo a Banca Etica como entidad anfitriona. Reunió a más de 70 personas en representación de 28 entidades procedentes de 17 países europeos. La conferencia permitió el intercambio con representantes de la Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, así como con organizaciones de la economía social y de la sociedad civil.

Durante el encuentro no solo se expresó preocupación por el volumen de fondos que la Unión Europea destinará a la economía social. También se abordó la importancia de contar con instrumentos de financiación adecuados a sus necesidades. Mario Nava, director general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, enumeró varias iniciativas en las que trabaja la UE: el Plan de Acción para la Economía Social, una primera estrategia contra la pobreza y un plan de vivienda asequible. «Para alcanzar estos objetivos necesitamos una alianza con la economía social, que está en una posición privilegiada para unir el interés público con la iniciativa privada. Y los bancos éticos ocupan un lugar central en esta tarea», afirmó.

Las cooperativas, empresas sociales y otras entidades del sector necesitan acceder a recursos en condiciones que tengan en cuenta sus características. La contribución de estas organizaciones a los territorios estuvo presente en la mesa sobre alianzas para el desarrollo local. Ismael Medina Claros, director general de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (FAECTA), presentó la experiencia del cooperativismo andaluz no agrario como un modelo empresarial vinculado al territorio, capaz de generar empleo y mantener la actividad económica local mediante la cooperación con instituciones y otros agentes.

La conferencia abordó también las decisiones de inversión relacionadas con la industria armamentística. En el panel «Coalición global por la paz» participaron representantes de campañas contra las armas nucleares y autónomas. Roos Boer, de Stop Killer Robots, reclamó «tratados internacionales que garanticen el control humano sobre el uso de la fuerza» y pidió a los inversores que excluyan de sus políticas de inversión los sistemas de armas autónomas y el uso de inteligencia artificial en la aplicación de la fuerza. Por su parte, Susi Snyder, directora de programas de ICAN, recordó que decidir dónde se invierte tiene consecuencias políticas y morales, y advirtió de los riesgos para los derechos humanos asociados a la financiación de empresas productoras de armas nucleares.

Otro de los asuntos tratados fue el efecto de las sanciones estadounidenses sobre personas y organizaciones europeas. Aldo Soldi, presidente de Banca Etica, advirtió de que el temor a sanciones secundarias puede afectar a la operativa de los bancos que mantienen relaciones con personas o entidades sancionadas: «Las sanciones del Gobierno estadounidense contra ciudadanos o asociaciones europeas pueden bloquear la actividad financiera de los bancos que se relacionan con ellos, por temor a sanciones secundarias muy peligrosas». Soldi consideró que esta situación plantea un problema de soberanía financiera y reclamó una respuesta de las instituciones europeas.

La financiación de proyectos de acogida e inclusión de personas migrantes fue otro de los temas presentes en Venecia. Los bancos éticos europeos reafirmaron su compromiso con las asociaciones y cooperativas que trabajan en este ámbito. Bruno Robino, representante del BEI, explicó que, a través del FEI, se apoya a entidades de microfinanzas, bancos éticos y organizaciones de finanzas sociales que ofrecen crédito, acompañamiento y servicios de desarrollo empresarial a personas que suelen quedar fuera de los canales tradicionales, entre ellas migrantes y refugiadas. Este apoyo, señaló, puede facilitar la creación de empresas y empleo, favorecer la integración y fortalecer las economías locales.

Además de la conferencia, en Venecia se celebró la Asamblea anual de FEBEA, en la que se renovó su Consejo de Administración. Panagiotis Tournavitis, director general de la cooperativa bancaria griega Bank of Karditsa, fue elegido presidente tras los nueve años de mandato de Pedro M. Sasia. Andrea Baranes, representante de Banca Etica, asumió la vicepresidencia. Entre las personas que integran el nuevo órgano de gobierno figura también Esther Luna Navarro, de Colonya Caixa Pollença.

Al presentar las prioridades de la nueva etapa, Tournavitis afirmó: «Nuestro objetivo para los próximos años es reforzar la colaboración entre nuestros miembros y trabajar junto a las instituciones europeas para que las finanzas éticas y sociales puedan desempeñar plenamente su papel en el futuro social y económico de Europa».

Finalmente, el encuentro de las finanzas éticas europeas también tuvo un espacio para las personas jóvenes. Dentro de la programación, se celebró el III Encuentro de Jóvenes por las Finanzas Éticas, en el que participaron una treintena de jóvenes de distintas entidades europeas. El grupo European Youth for Ethical Finance (EYEF) trabajó para consolidar su red y definir una hoja de ruta para sus próximas actividades. Venecia acogió también un encuentro entre integrantes de Jóvenes por Fiare y GenEtica, los grupos juveniles vinculados a Banca Etica-Fiare en España e Italia, respectivamente.

Fuente: Valor Social

Los modelos de estatutos cooperativos interactivos son una herramienta web gratuita para preparar los estatutos de una nueva cooperativa en Canarias. Es uno de los cuatro prototipos de CAP Cooperativismo, la Comunidad de Aprendizaje y Práctica que impulsa Red Anagos para fortalecer el cooperativismo y la Economía Social y Solidaria en Canarias, con financiación del Servicio Canario de Empleo (SCE) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La herramienta ofrece modelos de estatutos para tres tipos de cooperativa:

• Cooperativa de trabajo asociado
• Cooperativa de vivienda colaborativa
• Cooperativa de consumidoras y usuarias

Cómo funciona

Cada modelo recorre los estatutos artículo por artículo, organizados por capítulos (denominación y objeto, personas socias, órganos sociales, régimen económico, documentación y contabilidad, disolución…). En cada artículo se puede:

• Rellenar los campos editables con los datos propios de la cooperativa: denominación, actividades, duración, ámbito territorial, domicilio social, etc.
• Elegir entre mantener la redacción base o aplicar las opciones y alternativas que prevé el modelo; por ejemplo, constituir la cooperativa como de iniciativa social sin ánimo de lucro, lo que modifica automáticamente los artículos afectados.
• Consultar las notas del modelo, que explican qué debe recoger cada apartado y aclaran conceptos como el Reglamento de Régimen Interno.
• Acceder directamente a la normativa de referencia: la Ley 4/2022, de 31 de octubre, de Sociedades Cooperativas de Canarias, el RD 136/2002, la Ley General de la Seguridad Social (RDL 8/2015) y la Ley 27/1999 de Cooperativas.

Al terminar, los estatutos completos se pueden descargar en PDF o en Word (DOCX) para revisarlos y presentarlos.

Estatutos validados por el Registro de Cooperativas

El prototipo tiene una importancia estratégica porque se está desarrollando de la mano del Servicio Canario de Empleo (SCE) y el Registro de Cooperativas. La intención es que tanto los modelos de estatutos desarrollados, como los estatutos que se completen desde la herramienta, puedan salir validados directamente por el Registro, de manera que no sean solo documentos orientativos, sino herramientas útiles y seguras para futuras cooperativas.

Una parte fundamental de este trabajo tiene que ver con (1) reducir los tiempos de desarrollo de estatutos por parte de las futuras cooperativas y (2) reducir los tiempos de revisión y validación de estatutos por parte del Registro de Cooperativas. Si las cooperativas pueden partir de modelos ya alineados y automatizados con los criterios del Registro, se podrían evitar correcciones, reducir idas y vueltas y agilizar de forma muy significativa los procesos de constitución.

La hipótesis de trabajo es que esta herramienta implementada podría llegar a reducir los tiempos hasta en un 90%, facilitando que nuevas cooperativas puedan constituirse con mayor claridad, seguridad y agilidad.

Más información sobre el proceso de CAP Cooperativismo y el resto de prototipos en la noticia CAP Cooperativismo entra en su recta final de desarrollo de prototipos para fortalecer el ecosistema cooperativo en Canarias.

Accede a la herramienta de estatutos · Más información sobre CAP Cooperativismo

Fuente: Red Anagos

En la sala del Palazzo Pubblico de Siena donde se reunía el gobierno de la ciudad, los frescos de Ambrogio Lorenzetti recordaban a quienes tomaban decisiones cuáles eran los efectos del buen gobierno. Hay un detalle que sigue llamando la atención siete siglos después: la muralla parte la escena por la mitad, y el campo ocupa tanto espacio como la ciudad. El bienestar urbano, venía a decir la pintura, depende inevitablemente del bienestar del territorio que lo alimenta. Recuperar esa conciencia de interdependencia entre lo urbano y lo rural, poniendo la alimentación en el centro, es buena parte del desafío que hoy tienen por delante las políticas públicas.

A raíz de la sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC —cuarta y última de un ciclo dedicado a sectores estratégicos para la acción público-comunitaria, tras las de vivienda, energía y finanzas—, conviene detenerse en algunas de las ideas que se pusieron sobre la mesa, porque dibujan un sector en el que las alternativas ya existen, están probadas y funcionan, pero en el que la colaboración con las administraciones sigue siendo muy desigual de un territorio a otro. José Luis Fernández Casadevante, «Kois», sociólogo, experto en soberanía alimentaria y miembro de la cooperativa Garúa, condujo la formación con una idea de fondo: no habrá transición ecosocial con alguna perspectiva de éxito sin un cambio profundo en la manera en que producimos, distribuimos y comemos.

Un sistema en el centro de casi todas las crisis

El diagnóstico con el que arrancó la sesión fue deliberadamente breve, pero contundente. Según los datos que compartió el ponente, el sistema alimentario explica en torno al 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado español, y hoy se invierten unas diez calorías de combustibles fósiles por cada caloría de alimento que llega al plato, en un territorio con el 74% de su superficie en riesgo de desertificación. A ello se suma la huella hídrica: alrededor del 80% del agua dulce que consumimos está ligada a la producción de alimentos, y entre un 15 y un 20% sale del país convertida en «agua virtual» a través de las exportaciones. La contaminación por fertilizantes y pesticidas de síntesis afecta a buena parte de las aguas subterráneas, hasta el punto de que más de 300 municipios no tienen acceso a agua potable en el grifo.

El retrato se completa con la pérdida de biodiversidad cultivada —un 75% de la diversidad genética agrícola desaparecida en el último siglo—, con una concentración de poder cada vez mayor —cuatro empresas controlan más de la mitad del mercado mundial de semillas y la gran distribución acapara el 92% de la superficie comercial alimentaria— y con un modelo de precios que no beneficia ni a quien produce ni a quien consume: el Índice de Precios en Origen y Destino que publica COAG muestra diferencias del 400 o el 500% en algunos productos. Y, en el otro extremo de la cadena, la desigualdad: en torno a un 13% de la población, unos seis millones de personas, vive en situación de inseguridad alimentaria, mientras que cuatro de cada diez niñas y niños presentan sobrepeso u obesidad. «Comer mal es muy barato», resumió Kois, para subrayar que la malnutrición tiene un componente de clase evidente.

Ecologizar, democratizar, relocalizar, reequilibrar

Frente a ese diagnóstico, la sesión propuso una brújula. El marco de referencia es el de una transición ecosocial justa —a menudo visualizada con la «economía del dónut» de Kate Raworth, ese espacio seguro y justo entre un suelo de necesidades sociales y un techo de límites ecológicos—, entendida como un proceso intergeneracional: si salir del modelo actual llevará décadas, lo urgente ahora es «dar un volantazo». Para orientarlo, cuatro puntos cardinales: ecologizar —o agroecologizar— el conjunto de la cadena, desde la finca hasta la gestión de residuos; democratizar un sistema dominado por muy pocos actores, devolviendo capacidad de decisión tanto a las instituciones como a las comunidades organizadas; relocalizar, satisfaciendo necesidades en proximidad; y reequilibrar el territorio, buscando las escalas adecuadas y mecanismos de solidaridad entre territorios. Todo ello, además, con la recuperación de una cultura alimentaria que se ha ido erosionando en las últimas décadas.

A esa brújula se suma un cambio en qué comemos, y no solo en cómo. La dieta de salud planetaria propuesta por la comisión EAT-Lancet —mayoritariamente vegetal, con una reducción de más de la mitad del consumo de carne roja y azúcar, cercana a una dieta mediterránea «de verdad»— es el punto de partida de un estudio en el que ha participado la investigadora Marta Rivera para Amigos de la Tierra. Sus conclusiones son elocuentes: con la superficie agraria existente, y asumiendo ese cambio de dieta, se podría producir el 99% de los alimentos que necesita la población del Estado, reduciendo un 84% el uso de combustibles, prescindiendo por completo de los pesticidas y recortando un 87% la contaminación del agua, a la vez que aumentaría la biodiversidad. La transición agroecológica, en definitiva, es técnicamente posible.

Público-comunitaria, no público-privada

El hilo conductor de las experiencias que se presentaron fue la cooperación público-comunitaria, que Kois propuso distinguir con claridad de la público-privada, esa fórmula que «nos han metido hasta en la sopa» y en la que el ánimo de lucro empresarial acaba primando sobre el interés general. Frente a ella, la definición que proponen desde el Foro Transiciones habla de marcos de colaboración estables y transparentes entre administraciones y tejidos sociales, guiados por la ausencia de ánimo de lucro y por los principios de justicia, equidad, universalidad y sostenibilidad. Nombrarse y defender ese estatuto propio, apuntó, es también una tarea política pendiente para la Economía Social y Solidaria.

De la finca al compost

La parte central de la sesión fue un recorrido por iniciativas que ya están en marcha a lo largo de toda la cadena alimentaria. Un primer paraguas es la Red de Municipios por la Agroecología, con una década de recorrido y ayuntamientos de colores políticos muy distintos, convertida en espacio de intercambio de políticas y de complicidad entre administraciones y organizaciones sociales.

En el terreno productivo, los parques agrarios —inspirados en experiencias italianas y desarrollados por primera vez en el Baix Llobregat— blindan el uso agrícola del suelo periurbano y acompañan a quienes producen en la comercialización conjunta, la creación de sellos de proximidad y la transición hacia manejos agroecológicos; hoy hay más de una decena repartidos por el Estado, con su propia red. Una vez protegido el suelo, los bancos de tierras ayudan a ponerlo en producción y a facilitar el relevo generacional, ya sea a escala de ciudad, como Basaldea en Vitoria-Gasteiz, o de pequeños municipios, como la red intermunicipal Terrae. Los espacios test agrarios, llegados de Francia, permiten a quienes quieren incorporarse al campo probar su proyecto tutorizados por agricultores consolidados antes de lanzarse por su cuenta, con tasas de éxito muy elevadas. Y la agricultura urbana, que ha pasado de 17 municipios con huertos en torno a 2010 a cerca de 400 en la actualidad, vale menos por los tomates que cosecha que por las relaciones y los conocimientos que cultiva.

En la logística y la comercialización, se citó la red estatal de centros logísticos agroecológicos que da protagonismo directo a las agrupaciones de productores y fomenta la intercooperación; la compra pública alimentaria para comedores escolares, universitarios u hospitalarios, que podría actuar como un auténtico «tractor» del cambio y que, en el caso de la alimentación escolar, llega a todos los perfiles de población; la recuperación de los mercados municipales como responsabilidad pública, frente a la tendencia de los nuevos desarrollos urbanos a delegar la alimentación en los supermercados; los mercados de venta directa codiseñados y cogobernados con asociaciones de productores y consumidores, como en Granada o Córdoba; los grupos de consumo; y el salto de escala que representan los supermercados cooperativos, con La Osa, en Madrid, como referente. Fuera de los canales convencionales, recordó el ponente, se vende ya en torno a un 21% de los productos alimentarios, una proporción que no tiene parangón en otras ramas de la economía.

Para cerrar el ciclo, el proyecto piloto de agrocompostaje impulsado por universidades valencianas, municipios y productores ecológicos para devolver al suelo residuos orgánicos de muy diverso origen, y las iniciativas de compostaje comunitario que ya funcionan en distintos municipios. Y, como experiencia más innovadora, el ensayo de seguridad social alimentaria que se desarrolla en Getafe con apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso y en complicidad con el ayuntamiento: las familias en situación de vulnerabilidad reciben una tarjeta con un saldo que solo pueden gastar en circuitos vinculados a la agroecología y la economía solidaria, como un supermercado cooperativo. Se trata, dijo Kois, de combinar el «dar de comer a la gente» con alimentar un cambio en el propio modelo. Durante el debate, las personas asistentes sumaron una pieza más a ese mapa: los bancos de semillas locales, clave para frenar la erosión genética.

Quién da el primer paso y cómo se convence a la administración

Una de las preguntas que más dio de sí fue de dónde surgen estas experiencias. Mayoritariamente, respondió el ponente, de las iniciativas comunitarias, donde hay una creatividad colectiva en permanente efervescencia que después busca complicidades institucionales. Pero no siempre. El programa Ecocomedores de Canarias nació de la propia administración agraria del archipiélago, que buscaba asegurar una salida estable a la producción local a través de los colegios y llegó a persuadir a productores para que dieran el salto a lo ecológico. Y el primer parque agrario se debe al empeño de un técnico de la Generalitat, Xavier Montasell, que conoció la experiencia italiana y se propuso trasladarla. Venga de abajo o de arriba, insistió, el rasgo diferencial de la cooperación público-comunitaria es que no suplanta a la ciudadanía organizada, sino que la incorpora activamente a la definición, la gestión y la evaluación de las políticas.

¿Y cómo convencer a una administración local reticente? Kois propuso tres claves. La primera, ser muy prácticos y poner el acento en los beneficios antes que en el marco ideológico: un comedor escolar agroecológico garantiza comercialización a quienes producen, mejora la nutrición, combate la inseguridad alimentaria, recupera cultura alimentaria y puede vincularse a huertos o compostaje en el propio centro. La segunda, medir: indicadores de impacto y herramientas como el retorno social de la inversión permiten traducir a un lenguaje que la administración entiende un valor que, de otro modo, recae invisible sobre los tejidos comunitarios. El objetivo no es abaratar los servicios, matizó, pero al no tener que generar márgenes empresariales estos modelos pueden resultar incluso más eficientes. Y la tercera, aliarse con el personal técnico, que permanece cuando los cargos políticos cambian y que sabe traducir las propuestas de los tejidos sociales a los marcos jurídicos e institucionales disponibles, ayudando a desactivar desconfianzas mutuas.

Lo que aún falta

La sesión dejó también a la vista los límites del momento actual. El primero tiene que ver con las condiciones de trabajo: ante una pregunta llegada desde el movimiento de comercio justo sobre derechos laborales y salarios dignos, el ponente reconoció que la preocupación forma parte del ADN de muchos proyectos agroecológicos —con una generación joven que habla de viabilidad vital y no solo económica, que cooperativiza y que incorpora una mirada feminista—, pero que los márgenes del sector son estrechos y la autoexplotación sigue presente. El segundo, el grado de implicación institucional, todavía muy desigual: en el caso de La Osa se limita a la cesión de un local público en condiciones favorables, mientras que en Francia ha habido apoyo directo a la capitalización de supermercados cooperativos, en Manresa uno de ellos se ha instalado dentro de un mercado municipal y en Hernani las cooperativas impulsadas en el marco de una planificación ecosocial integral se consideran servicio público y pueden recibir apoyo municipal hasta alcanzar la autosuficiencia. Muchos proyectos nacen descapitalizados, «a pulmón», y buena parte de su precariedad se explica precisamente por esa falta de respaldo inicial.

Como en las sesiones dedicadas a vivienda cooperativa, comunidades energéticas y finanzas éticas dentro del mismo ciclo, el mensaje de fondo volvió a repetirse al cierre: las herramientas existen y están probadas a lo largo de toda la cadena alimentaria. Lo que decide si se quedan en experiencias aisladas o se convierten en política alimentaria de verdad es que las administraciones asuman, como recordaba aquel fresco de Siena, que alimentar a la ciudad es una responsabilidad pública que no puede delegarse en el mercado, y que la mejor manera de ejercerla es junto a quienes ya están cultivando las alternativas.

¿Eres diputada, diputado o representante del Gobierno? Firma el compromiso Fossil Free Politics

La política climática no puede estar condicionada por quienes se benefician de la crisis energética y la emergencia climática

Durante décadas, la industria de los combustibles fósiles ha utilizado su poder económico y su capacidad de lobby para frenar, debilitar o retrasar medidas destinadas a reducir las emisiones y avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles.

A través de actividades de presión, campañas de lavado verde y la promoción de falsas soluciones, estas empresas han buscado proteger sus beneficios e intereses, con un gran coste para las personas y el planeta.

Esta influencia también afecta a nuestras democracias. Cuando quienes tienen un interés económico directo en mantener el modelo fósil disponen de un acceso privilegiado a quienes toman decisiones, pueden influir de forma desproporcionada en las políticas públicas y dificultar una transición energética justa y urgente.

Por eso es necesario poner límites claros a la influencia de la industria fósil en la política: quienes contribuyen a la crisis climática y continúan beneficiándose de ella no pueden tener una influencia privilegiada sobre las decisiones destinadas a resolverla.

¿Qué se pide?

Dos compromisos para una política libre de intereses fósiles:

1. Limitar las interacciones con la industria fósil
   Las reuniones y contactos con representantes de la industria de los combustibles fósiles deberán producirse únicamente cuando sean estrictamente necesarios para poder regular eficazmente esta industria y avanzar en la transición hacia las energías renovables.
2. Garantizar la transparencia
   Cuando estas interacciones sean necesarias, deberán realizarse de forma transparente. Siempre que sea posible, deberán desarrollarse mediante mecanismos que permitan el acceso público, como audiencias públicas, avisos previos y la publicación de los registros de las reuniones.

Se trata de evitar que una industria con enormes intereses económicos en mantener el modelo fósil tenga un acceso privilegiado a quienes toman las decisiones que deben transformar ese mismo modelo.

Una campaña europea

Este compromiso forma parte de la campaña europea Fossil Free Politics, que reclama una política libre de la influencia indebida de la industria de los combustibles fósiles.

La iniciativa cuenta con un compromiso específico dirigido a miembros del Parlamento Europeo para avanzar hacia una política libre de los intereses de la industria fósil.

Ahora la campaña quiere trasladar esta demanda al Estado español y que diputadas, diputados y representantes del Gobierno se sumen a este compromiso.

Conoce el compromiso Fossil Free Politics para miembros del Parlamento Europeo

El interés público por delante de los intereses fósiles

La transición energética necesita decisiones políticas libres de las presiones e intereses de la industria de los combustibles fósiles.

Las entidades impulsoras piden a quienes ocupan responsabilidades públicas que den un paso adelante y se comprometan con una política libre de la influencia de los combustibles fósiles.

Impulsa esta campaña

Red Estatal por el Derecho a la Energía (ReDE): Aeioluz · Alianza contra la Pobreza Energética · Federación de Consumidores y Usuarios CECU · Coalición por la Energía Comunitaria · Ecologistas en Acción · Ecoserveis · Energía Bonita · Enginyeria Sense Fronteres · Intiam Ruai · La Palma Renovable · Plataforma por un Nuevo Modelo Energético · Socaire · Torreblanca Ilumina · Unión Renovables · Xarxa per la sobirania energètica

Fuente: Enginyeria Sense Fronteres

La Economía Social plantea entender la actividad económica con las personas y el bienestar colectivo como centro. Frente a otros modelos donde el foco se encuentra en la rentabilidad, las entidades de este ámbito buscan compatibilizar su actividad económica con principios como la cooperación, participación, igualdad, sostenibilidad o el compromiso con el territorio.

Un ejemplo es Dendros, una cooperativa de trabajo asociado dedicada a gestión y desarrollo de proyectos relacionados con la sostenibilidad, arrancó en 2013 con el objetivo de trabajar en comunidad, pero siempre teniendo en cuenta el principio de sostenibilidad y la dinamización social. Aunque comenzó con la agroecología como motor y punto de partida, en la actualidad también desarrollan proyectos de educación ambiental, desarrollo local, participación ciudadana y estudios de biodiversidad. Dendros forma parte de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Castilla-La Mancha (REAS).

Teresa González, graduada en Ciencias Ambientales y una de sus cuatro socios, nos cuenta cómo incorporan los principios de sostenibilidad e igualdad de género en su forma de trabajar.

¿Qué tipo de proyectos estáis desarrollando actualmente?

Hacemos diversos proyectos relacionados con educación ambiental, desarrollo local, participación ciudadana y estudios de biodiversidad.

Por ejemplo, participamos en el proyecto de educación para la sostenibilidad Agenda 2030 escolar de Albacete, donde acompañamos a centros educativos a poner en marcha proyectos de sostenibilidad escolar. También gestionamos ayudas o subvenciones vinculadas a la Agenda 2030 en ayuntamientos de la provincia. Hacemos participación ciudadana y seguimientos de fauna.

Siempre dentro del ámbito de la sostenibilidad y del medio ambiente, sobre todo.

¿Cómo conseguís que la sostenibilidad esté presente en vuestros proyectos y también en vuestra forma de trabajar?

En Dendros nos resulta más difícil llevarlo a la manera de funcionar, porque en los proyectos sí que nos es más fácil, porque la sostenibilidad forma ya parte, es algo central dentro de esas áreas, pero como nuestra modalidad de trabajo es teletrabajo y eso implica que no tenemos un espacio físico, o sea una oficina física, e implica que nos tenemos que desplazar mucho, a la hora de nuestro funcionamiento es más difícil de implementar la sostenibilidad.

Sin embargo, a la hora de elegir qué productos o qué servicios contratamos, siempre intentamos que sean con empresas del territorio, de cercanía, en lo relativo a servicios de telefonía, o la banca, o la asesoría, todo está en el entorno rural en el que nos movemos, pero eso, en cuanto a qué decisiones tomamos. Pero luego hay en otros ámbitos a otro nivel de gestión que se nos escapa, por lo que te decía, porque nos desplazamos mucho en coche, porque como no tenemos que pagar suministros, no hay manera de controlarlo, porque es cada uno en su casa.

¿Y cómo incorporáis la perspectiva de género dentro de la cooperativa?

Lo principal es que intentemos que la plantilla esté equilibrada en cuestión de género. Intentamos que haya paridad o mayoría de mujeres. En este caso, somos dos socios y dos socias.

Hablaríamos de paridad, aunque no siempre ocurre que este sea el criterio definitivo, porque influyen más factores. A la hora de la constitución del consejo rector y en la representación de actos públicos, intentamos que haya representación femenina, principalmente. A la hora de pensar y de hacer nuestros proyectos, intentamos que el feminismo tenga el foco e intentamos que en los conceptos que trabajamos haya una revisión feminista, por lo menos como punto de partida para partir de ahí.

Desde vuestra experiencia trabajando con otras entidades y con el territorio, ¿hasta qué punto dirías que la sostenibilidad y la igualdad de género están ya integradas en la Economía Social, o dónde notáis que se ha avanzado más?

Yo creo que integrada del todo no está, porque creo que es un proceso y no es fácil de tenerlo integrado de manera estructural. Pienso que quizá los avances a la hora de tomar decisiones internas, lo que decíamos que en nuestro caso no teníamos, por tener esta modalidad de teletrabajo, quizá en otras entidades que sí que tienen espacio físico, pues sí que están implementando, están tomando medidas en el caso de la sostenibilidad por elegir empresas de cercanía que tengan en cuenta la sostenibilidad o que sean incluso comprar productos ecológicos y demás.

Y en lo que respecta a la igualdad de género, pues creo que igual que nosotras, tener en cuenta sobre todo la paridad o que haya una mayoría de mujeres en la plantilla. Y luego el tema de la conciliación familiar también creo que es algo en lo que se está avanzando, pero no sabría decirte si es algo que está tan integrado. Porque creo que una cosa es la teoría y la práctica creo que se complica un poco más.

Y desde Dendros ¿habéis encontrado iniciativas o formas de trabajar dentro de la Economía Social que os hayan resultado especialmente interesantes y que creáis que podrían servir de ejemplo para otras entidades?

En nuestro caso, sobre todo, lo más relevante creo que es los esfuerzos que hemos hecho para trabajar en la parte reproductiva de la cooperativa. Dedicar tiempo. Hemos recibido ayuda a través de una empresa especializada en facilitación de grupos y mediación.

En un proceso de varios años hemos estado trabajando con esta entidad, con una facilitadora para que nos ayude a ganar en herramientas, en mejorar la cohesión del grupo. Nos ha ayudado a tomar mejores decisiones, también con una proyección a medio y largo plazo que a veces cuesta un poco tener. Y eso creemos que nos ha dado bastante sostén para poder dar estructura a esta parte. Como esta parte que destaca nuestra empresa por ser una entidad de la economía social y por darle bastante valor a esto de poner la vida en el centro.

A pesar de los diferentes avances, ¿qué obstáculos os encontráis todavía para que estos principios se incorporen de manera real y no se queden únicamente en declaraciones o buenas intenciones?

Por un lado, hablando con mis compañeros, veíamos que quizá falta asesoría específica especializada en entidades de la economía social. Vemos que a veces nos quedamos un poco cojos y no sabemos o nos falta información sobre subvenciones o cómo proceder siendo una entidad de la economía social.

Y luego también vemos que nos enfrentamos bastante a la precariedad, a un nivel de precariedad más alto a la que se enfrenta el empleo público, la empresa privada. Entonces esto creo que dificulta bastante.

¿Ha influido en alguno de vuestros proyectos tener en cuenta estos principios de sostenibilidad y perspectiva de igualdad de género?

No tengo tan claro que sí que se haya extrapolado a los proyectos, sí que inevitablemente tiene consecuencias en los proyectos, pero no sé si decirte si ha cambiado significativamente el desarrollo de los proyectos. Creo que es más a nivel interno. Por ejemplo tener presente la conciliación familiar.

En general, aunque la conciliación familiar hablando de tanto atención a criaturas como conciliar la vida profesional con la vida personal, porque no todas las personas en la empresa tenemos hijos e hijas. Entonces, eso sí que inevitablemente influye en cómo se desarrollan los proyectos porque nos estamos cuidando más internamente. Entonces, se puede extrapolar a que los proyectos se pueden desarrollar mejor.

Al sentirnos mejor internamente en la empresa, quizá el servicio o la labor que hacemos en los proyectos pueda ser de más calidad.

¿Cuáles son vuestros retos y oportunidades a futuro?

Sí, pues los retos y oportunidades sobre todo serían quizá generar más sentimiento y pertenencia en cuanto al trabajo en red y a la cooperación. Porque yo creo que eso es uno de los pilares de la economía social, esta parte de comunidad y de crear red, y creo que eso podría ser lo que lleve impulso a este tipo de entidades.

Fuente: elDiarioclm.es

El Mercado Social de Madrid organiza, junto a Traza, el primer encuentro de su nuevo ciclo mensual: una mesa de experiencias y un diálogo en círculos para tender puentes entre la economía social y solidaria y las comunidades energéticas.

Empezamos por las comunidades energéticas porque comparten con la economía social y solidaria los mismos retos: participación ciudadana, gestión colectiva, transición energética y territorios más justos. Y porque el nombre está en juego. Sin una definición jurídica precisa ni supervisión, las grandes eléctricas impulsan proyectos que se presentan como comunidades energéticas sin garantizar una participación efectiva de la ciudadanía, como alertan Som Energia y el informe Comunidades Energéticas Fake de Amigas de la Tierra (2025). Según ese informe, 24,3 millones de euros de fondos Next Generation destinados a comunidades energéticas ciudadanas acabaron en proyectos de filiales de Repsol (Edinor y Ekiluz), que gestionan 28 de los 151 proyectos subvencionados por el programa CE-Implementa.

Frente a eso, en Madrid ya hay comunidades de verdad, de vecinas y entidades de la red, y el encuentro sirve para sentarlas juntas, identificar qué las frena y pensar colectivamente qué puentes construir entre la economía social y solidaria y las comunidades energéticas para multiplicarlas.

Fecha: martes 27 de octubre de 2026
Hora: de 18:00 a 20:00
Lugar: Lorenzana Espacios Comunes, Calle Lorenzana 2, 28039 Madrid (Tetuán) · Cómo llegar
Modalidad: presencial
Organizan: Mercado Social de Madrid y Traza
Inscripción: entrada libre con inscripción previa en este formulario. El aforo es limitado y confirmaremos la plaza por correo.

Dirigido a: organizaciones y personas de la economía social y solidaria, el movimiento vecinal, la transición energética y las administraciones públicas.

Programa

Mesa de experiencias: «Tendiendo puentes entre la economía social y solidaria y las comunidades energéticas»

Presenta el encuentro Guillermo Villa Lobo, del Mercado Social de Madrid. Modera Paula Jiménez (Traza). Participan:

• Karima Chedid (Brillaverde, Villaverde)
• Fernando Sabín (Tangente y La Vallekana, Puente de Vallecas)
• Carmen Espinar (Asociación Vecinal La Flor y Dehesa de Sol, Tetuán)
• Jorge Nacarino, presidente de la FRAVM

Diálogo en círculos

Un diálogo en círculos concéntricos para pensar juntas cómo impulsar y multiplicar estos proyectos en Madrid. Ya han confirmado su participación Socaire, Tangente, La Corriente, Ecooo y Provivienda. Si tu entidad o tu comunidad energética quiere participar, puedes indicarlo en el formulario de inscripción.

Después, tiempo y picoteo para conocernos, comprarnos, contratarnos y levantar proyectos juntas.

Un ciclo para encontrarnos cada mes

Este es el primer encuentro de un ciclo que queremos mensual: un tema de actualidad y, después, tiempo para tejer red. El ciclo funciona así: una entidad lidera y organiza, el Mercado Social coorganiza y pone el sello, y el tema se abre a todas las entidades vinculadas. Ya tenemos entidades que ofrecen espacio (en Alcalá, en la sierra, en barrios de Madrid) y entidades que ofrecen tema. Trabajamos con un trimestre de antelación: si quieres proponer un encuentro, escríbenos a comunicacion@mercadosocial.madrid.

Inscríbete aquí

Fuente: Mercado Social de Madrid

Red Anagos ha firmado dos nuevos convenios de colaboración: uno con Som Energía, cooperativa de generación y comercialización de electricidad renovable, y otro con SePrA, cooperativa de trabajo especializada en prevención de riesgos laborales y salud laboral. Ambos acuerdos amplían las alternativas de consumo responsable disponibles para las entidades socias de la red y para las personas que trabajan en ellas. 

Del primer convenio a una red de alternativas

En abril firmamos el primer convenio de colaboración con Som Connexió, que permitió a las entidades socias y a sus plantillas contratar internet y telefonía móvil con una cooperativa de la Economía Social y Solidaria.

Hablábamos entonces de servicios estructurales: esos consumos recurrentes que se deciden una vez y se pagan mes a mes. Telecomunicaciones, energía, prevención de riesgos, finanzas o seguros sostienen el funcionamiento diario de cualquier organización y casi nunca se revisan. Cuando ese gasto se queda dentro del ecosistema de la ESS, no solo cambia el proveedor: cambian los criterios con los que se produce el servicio y quién decide sobre él.

Los convenios con Som Energía y SePrA amplían ese terreno a dos ámbitos que hasta ahora quedaban fuera del alcance del Mercado Social de Canarias: la electricidad y la salud laboral.

Som Energía, o quién decide sobre la energía que consumimos

Som Energía es una cooperativa sin ánimo de lucro dedicada a la comercialización y la producción de electricidad de origen renovable. Nació en 2010 y se organiza en grupos locales repartidos por todo el Estado, también en las islas. Sus decisiones se toman en asamblea, con el criterio de una persona un voto, y los excedentes se reinvierten en nuevas instalaciones de generación.

El convenio facilita que las entidades socias de Red Anagos avancen hacia un modelo energético más renovable, cooperativo y responsable. Para una organización canaria, cambiar el suministro eléctrico no es únicamente una cuestión de tarifa. Es una decisión sobre quién produce la energía, quién participa de las decisiones y hacia qué modelo de transición se está aportando.

Cómo acogerse al convenio

Para beneficiarse de las condiciones del acuerdo hay que seguir cuatro pasos:

1. Entrar en el apartado «Contratar la luz» de la web de Som Energía.
2. Elegir la tarifa y, a continuación, seleccionar la opción «Me invitan».
3. Introducir los datos de Red Anagos (NIF y número de socia) para asociar el alta a este convenio.
4. Continuar con la contratación habitual.

Cuidar la salud laboral también es una decisión de consumo

SePrA es un servicio de prevención ajeno acreditado y constituido como cooperativa de trabajo, una combinación poco habitual en el sector. Forma parte del Mercado Social estatal y de REAS.

Su enfoque va más allá del cumplimiento normativo. Trabajan la salud laboral en sentido amplio, física y mental, con una metodología propia de evaluación de riesgos psicosociales (ARIPSO), un servicio de atención psicológica y una línea específica de prevención con perspectiva de género.

Para las entidades de la red, que son organizaciones de cuidados, de inserción sociolaboral y de atención a personas, esto conecta con algo que ya sostienen a diario: las condiciones, los ritmos y la salud mental de sus plantillas forman parte de una economía que pone la vida en el centro.

Seguimos tejiendo alianzas

Cada convenio reduce una barrera. Que elegir la Economía Social y Solidaria deje de requerir un esfuerzo extra y pase a ser una opción práctica y accesible es, precisamente, el trabajo que sostiene el Mercado Social de Canarias. Cambiar con quién contratamos la energía es una forma concreta de transformar el territorio.

Seguiremos identificando alternativas y firmando acuerdos que acerquen la ESS a las entidades de la red y a las personas que las hacen posibles.

Gracias a Som Energía y a SePrA por sumarse a este camino compartido.

Fuente: Red Anagos

El próximo año 2027 estará salpicado de elecciones, tanto generales como autonómicas y municipales. Los partidos políticos se afanan en la preparación de sus programas electorales y en la búsqueda de propuestas atractivas para la ciudadanía.

Como los lobbies de los poderosos estarán trabajando a tope, corresponde a la sociedad civil defender las ideas básicas de justicia social que aquellos atacan y pretenden seguir reduciendo.

Un ejemplo de buenas prácticas es la Plataforma por la Justicia Fiscal, de la que forman parte, además de Economistas sin Fronteras y otras relevantes ongs, los principales sindicatos y varias asociaciones sociales. Una plataforma que destaca entre las más representativas de la sociedad civil.

Esta plataforma viene proponiendo medidas fiscales de enorme calado e interés. Sin duda, como señala la plataforma, la política fiscal, en su doble vertiente de ingreso y gasto, es uno de los principales mecanismos con los que cuenta el Estado para garantizar la realidad de los derechos básicos de la ciudadanía y para poder paliar la desigualdad que genera el sistema económico vigente. El gasto y la inversión pública sustentan las políticas sociales que permiten aliviar la situación de las personas menos favorecidas y alentar la igualdad de oportunidades.

Por ello, los programas electorales deben recoger de forma destacada y prioritaria medidas encaminadas a conseguir una fiscalidad justa, progresiva y con capacidad recaudatoria suficiente para garantizar los derechos ciudadanos y las políticas sociales, así como para corregir la desigualdad. No bastan grandes y bonitas palabras sino concreciones palpables.

Lo primero que hay que recordar es la necesidad de alcanzar un nivel de presión fiscal similar al del resto de países de la eurozona (especialmente de los más avanzados) a través de la reducción de privilegios de determinadas rentas, patrimonios y actividades.

Hay que insistir: es falso el debate de subir o bajar impuestos. No hay que subir impuestos a la generalidad de la ciudadanía sino conseguir que paguen más los que hoy soportan una carga tributaria muy inferior a su capacidad de pago. En una frase: que rentistas y millonarios no paguen menos (ni absoluta ni relativamente) que quienes viven de su trabajo asalariado.

Por ello, el primer objetivo de cualquier programa en materia tributaria ha de priorizar que los ultrarricos contribuyan de acuerdo con su elevada capacidad de pago, es decir, en una proporción mucho mayor a la que actualmente soportan: los multimillonarios pagan proporcionalmente menos impuestos que la mayoría de la población. El 1% más rico soporta una presión tributaria total (24’1%) inferior a la que paga el 10% con menores ingresos (27’5%), y mucho menos que el 9% más rico que les sigue en la escala (38’9%), según datos de FEDEA.

Esos mismos colectivos privilegiados son los primeros en enriquecerse con contratos y ayudas públicas y en solicitar socorro cuando acaece alguna catástrofe.

Resulta difícil conseguir que los multimillonarios paguen lo justo en el IRPF. Podría avanzarse igualando el tratamiento de las rentas de trabajo y capital y limitando los incentivos y deducciones que les facilitan la elusión fiscal.

Pero es en la imposición patrimonial donde debe centrarse el primer esfuerzo. Dado que las herencias explican el 70% de las desigualdades existentes, es imprescindible implantar un impuesto sobre las grandes herencias con características semejantes al que se ha arbitrado sobre las grandes fortunas.

Es preciso revisar el mismo impuesto del patrimonio para que cumpla mejor su función de impuesto redistributivo y contribuya a reducir las desigualdades. En primer lugar, restringiendo el concepto de patrimonio profesional o empresarial y de las participaciones en entidades, que supone una merma muy importante en la base del impuesto, especialmente para los grandes contribuyentes. En segundo lugar, corrigiendo al alza de forma progresiva el techo de tributación conjunta con el IRPF, que genera desigualdades entre contribuyentes y permiten la evasión de las grandes fortunas.

El segundo esfuerzo ha de centrarse en las sociedades. La propiedad y los beneficios obtenidos por estas se concentran de forma manifiesta en los estratos más ricos de la población que, además, se escudan en ellas para ingenierías fiscales que les permiten eludir buena parte de sus obligaciones tributarias.

Es preciso consolidar (si no elevar) el tipo mínimo efectivo del 15% sobre el resultado contable de las empresas y grupos empresariales. También aquí la revisión drástica de todos los incentivos, compensaciones, deducciones y exenciones fiscales existentes que reducen la recaudación de forma significativa y poco equitativa, con escasa o nula aportación de valor económico o social y sesgo claramente favorable para las grandes empresas.

Hay que exigir la imposición sobre beneficios extraordinarios, ya sean «caídos del cielo» por factores externos a la pura actividad empresarial, ya sintomáticos de situaciones de poder monopolístico en mercados de escasa competencia.

Aunque desborda el marco nacional, hay que continuar impulsando el rediseño del sistema fiscal internacional para que logre que las grandes empresas tributen por la parte justa de beneficios reales que les corresponde, allí donde realizan sus operaciones y generan valor, sobre la base de toda su cadena de valor.

En esa línea, hay que acordar una definición exigente de refugios (paraísos) fiscales, un listado de territorios considerados como tales con base en esa definición y el establecimiento de sanciones por su uso y de otras medidas como la exclusión o penalización en la fijación de criterios para la contratación pública de empresas con presencia en refugios fiscales.

Hay que reforzar el impuesto a las transacciones financieras, para que se aplique ampliamente a la compraventa de acciones, bonos y derivados, que desincentive las prácticas financieras especulativas y garantice el destino social de los fondos que genere.

En el avance con la denominada imposición verde, debe incluirse el gravamen de los consumos suntuarios especialmente contaminantes.

Es preciso impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica, de forma que se reduzcan las desigualdades entre territorios y se incrementen los recursos de las Comunidades Autónomas, en las que recaen las principales competencias en las prestaciones sociales como educación, sanidad, dependencia o vivienda.

Es urgente revisar los incentivos y desincentivos del sistema tributario en relación con la vivienda, de forma que deje de favorecerse la demanda solvente por sí misma, se penalice la inversión especulativa y se acelere al máximo la cooperación entre administraciones y el crédito oficial para la urgente construcción de un parque público inalienable de vivienda de alquiler asequible.

Es esta una enumeración rápida de los aspectos que aparecen como más relevantes para un avance imprescindible hacia la equidad, la progresividad y la suficiencia de nuestro sistema fiscal. Porque sin justicia fiscal no hay justicia social. Y así deben recogerlo los programas electorales.

Juan A. Gimeno: rector emérito de la UNED, coordinador de la plataforma por la Justicia Fiscal y Vicepresidente de Economistas frente a la crisis.

Fuente: El Salto

Claudia Delso lleva años moviéndose entre la investigación urbana, la gestión cultural y la política institucional. Entre 2015 y 2022 fue concejala de Participación e Innovación Democrática, una experiencia que le dio una perspectiva poco común: la de quien ha estado dentro de la máquina intentando cambiarla. Hoy investiga en IDRA las formas de colaboración entre Administraciones y tejido social, y participó como ponente en el Eje 5 de las Jornadas de REAS Navarra para la Justa Distribución de la Riqueza, en el marco del proyecto COOPUBLIC de REAS Red de Redes, donde volverá a ser ponente con una charla inspiradora este viernes 9 de septiembre en un encuentro estatal online. Su diagnóstico es claro y sin concesiones: la coproducción público-comunitaria no es una concesión de la administración. Es una disputa.

Empecemos por el principio. ¿Cómo defines la coproducción público-comunitaria?
Creo que lo más útil es empezar por lo que no es, o por lo que no debería ser. La coproducción no es participación ciudadana, no se trata de que la administración deje opinar, llame para consultar y basta. Tampoco debería ser que la administración ceda un equipamiento de vez en cuando. Esos pequeños gestos son de mínimos, pero ya no son suficientes.

Vivimos en una momento de crisis múltiples, crisis superpuestas e interconectadas: el auge de las extremas derechas, las economías de guerra, el acaparamiento de los recursos, etc. Ante eso, las respuestas simples no funcionan. No sirven las respuestas tecnócratas como tampoco sirven las respuestas que provienen exclusivamente del mercado. En todo esto hay algo que es evidente y es que las administraciones públicas por si solas no están siendo capaces de dar respuesta a los retos de nuestra época.

Entonces la coproducción público-comunitaria es, una respuesta pero es ante todo, una disputa. Una disputa sobre quién produce lo público. Tenemos que concienciarnos de que desde las ESS y las economías comunitarias, estamos haciendo una función pública. Tenemos que dejar de pedir permiso para que se nos reconozca y exigirlo, quizás con más contundencia.

¿Una disputa frente a qué exactamente?
Frente al acaparamiento. Hemos perdido el control colectivo sobre bienes esenciales: la vivienda, la alimentación, la energía, la salud, la cultura. Y para recuperar ese control hay que democratizar la economía. Y para democratizar la economía hay que planificar de forma plural. Ahí es exactamente donde entra la colaboración público-cooperativa-comunitaria: como una forma de planificación económica que subordina los recursos a finalidades sociales, democráticas y ecológicas.

No es una sustitución de lo público. Es un trabajar con, pero desde un lugar de reconocimiento mutuo. Esa es la diferencia clave.

¿Qué cambia en la política pública cuando la ESS entra en toda la concepción del proceso?
Cambia la lógica económica y democrática que hay detrás. Cambia quién ejecuta. Cambia qué entendemos por valor. Y se produce una transformación institucional que es real, aunque lenta.

Las colaboraciones público-cooperativas-comunitarias generan soberanía económica, retorno social y nuevas formas de ciudadanía económica en un sentido muy amplio. Y los valores que aporta la economía social —arraigo territorial, sostenibilidad, cuidados, gobernanza democrática, resiliencia comunitaria— tienen que poder medirse. Tenemos que ser capaces de imaginar indicadores de reciprocidad, indicadores ambientales, etc. Existen herramientas como el balance comunitario, que ya se está aplicando en Barcelona en los equipamiento de gestión comunitaria que camina en esta dirección.

Pero también hay que hacer autocrítica: demasiadas veces las relaciones público-comunitarias han respondido a soluciones contingentes, fruto de la presión vecinal y social en un momento dado. Conseguimos una cesión porque había masa crítica suficiente para picar piedra. Eso no puede ser el modelo. Hay que exigir acción pública planificada y decidida, no victorias puntuales que desaparecen con el siguiente gobierno. Y también tenemos que ser conscientes de las diferencias que existen según el contexto. No existen las mismas condiciones de partida en una ciudad como Barcelona con toda su tradición cooperativista y colectiva que en el contexto del que yo vengo, Galicia, en el que décadas de gobierno del PP dificultan sobremanera la consolidación de este tipo de colaboraciones público-cooperativas-comunitarias, a medio-largo plazo.

CEPES, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, organiza el webinar «Talento en transformación: sectores y empleos emergentes. Competencias clave para la Economía Social del futuro», una mirada al futuro del empleo en la Economía Social.

El mercado de trabajo está experimentando una profunda transformación impulsada por la digitalización, la transición ecológica y los cambios demográficos, dando lugar a nuevos sectores emergentes, perfiles profesionales híbridos y competencias cada vez más transversales y digitales. En este contexto, la Economía Social afronta el reto de anticipar estas tendencias para reforzar su competitividad, garantizar la adaptación de sus organizaciones y seguir generando empleo de calidad e inclusivo.

El webinar ofrece una visión integral sobre el futuro del empleo en la Economía Social: los principales sectores y ocupaciones emergentes, las competencias más demandadas, el papel de las soft skills, las oportunidades que ofrece el Sistema de Formación para la recualificación del talento y la utilidad de los observatorios como herramientas de análisis y prospectiva.

Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026
Hora: de 10:00 a 11:15 h
Modalidad: online, desde aulacepes.es. Con interpretación en lengua de signos
Organiza: CEPES
Inscripción: gratuita y previa, en el formulario de inscripción

Dirigido a:

• Personas directivas y responsables de recursos humanos, formación, empleo e innovación de entidades y empresas de la Economía Social.
• Personal técnico de organizaciones representativas del sector.
• Profesionales de la orientación, la intermediación laboral y el desarrollo de talento.
• Entidades de formación y administraciones públicas interesadas en las tendencias de empleo y competencias.
• Personas interesadas en conocer los sectores, perfiles y competencias que marcarán el futuro del trabajo en la Economía Social.

Objetivos

• Analizar las principales tendencias que están transformando el empleo y la actividad económica, con especial atención a los sectores emergentes y su impacto en la Economía Social.
• Identificar los perfiles profesionales y las competencias clave que marcarán el futuro del trabajo, incluyendo capacidades transversales, digitales y de adaptación al cambio.
• Ofrecer claves prácticas para que las organizaciones de la Economía Social anticipen necesidades de talento, orienten sus decisiones y refuercen su competitividad.
• Dar a conocer recursos, herramientas e iniciativas del Sistema de Formación que apoyen la recualificación y el desarrollo del talento.

Programa

Inscríbete aquí · Más información

La sostenibilidad agrícola se ha transformado en un factor estratégico obligatorio para las empresas europeas debido a la convergencia de la crisis climática, la volatilidad financiera y un marco regulatorio de la Unión Europea cada vez más estricto. Las cadenas de suministro globales ya no pueden tratar el compromiso ambiental y social como una opción voluntaria, sino como un requisito indispensable para la continuidad del negocio y el acceso al mercado.

La distribución del valor y del riesgo en el comercio internacional es profundamente desigual, lo que condena a los pequeños agricultores del Sur global a una situación de extrema vulnerabilidad económica. Aunque conectan diariamente a millones de consumidores con productos básicos como el café, el cacao o el azúcar, los ingresos que perciben suelen ser insuficientes para cubrir los costes mínimos de una producción sostenible y hacer frente a las oscilaciones de los precios del mercado.

Las cadenas de suministro agrícolas afrontan una transformación radical debido a la crisis climática, la volatilidad de los mercados y el endurecimiento regulatorio de la Unión Europea (CSRD, CSDDD, EUDR). Esta realidad ha convertido la sostenibilidad, antes un compromiso voluntario, en una obligación estratégica y legal para las empresas de España y Portugal.

Fairtrade Ibérica actúa como un conector estratégico entre pequeños agricultores del Sur global y el mercado ibérico, implementando un modelo de comercio justo basado en el Precio Mínimo y la Prima Fairtrade para asegurar la viabilidad económica y social. Con la certificación independiente de FLOCERT, la organización facilita el cumplimiento de las nuevas regulaciones europeas, como la CSDDD y el EUDR, garantizando la trazabilidad y la sostenibilidad en las cadenas de suministro. El modelo Fairtrade se consolida así como una herramienta indispensable tanto para la justicia social en origen como para la mitigación de riesgos regulatorios en las empresas europeas.

Las cadenas de suministro agrícolas afrontan una transformación radical debido a la crisis climática, la volatilidad de los mercados y el endurecimiento regulatorio de la Unión Europea (CSRD, CSDDD, EUDR).

Fairtrade evoluciona de un sello de certificación a una plataforma integral de transformación social y ambiental. Esta hoja de ruta internacional reconfigura las prioridades globales para abordar de forma directa las causas estructurales de la pobreza rural y la vulnerabilidad en origen, dotando a las cooperativas agrícolas de las herramientas necesarias para resistir las crisis climáticas y financieras del mercado contemporáneo.

Elegir productos con el Sello Fairtrade implica apostar por un modelo económico global basado en la dignidad, la transparencia y el respeto por el planeta.

Autor: Álvaro Goicoechea, Director de Fairtrade Ibérica.

Fuente: Bio Eco Actual

Para canalizar la capacidad propositiva de su base social de más de 87.000 personas y entidades socias, Som Energia creó la moción: un mecanismo por el que cualquier propuesta que llegara desde abajo se centralizaba en su plataforma Decidim, el Participa. Se valoraba técnicamente, y si reunía un mínimo de 500 apoyos llegaba a votación en la Asamblea General.

El problema apareció después. «La Asamblea no tiene todo el contexto y no es consciente de los recursos limitados de la cooperativa pese al crecimiento», explicó Mònica Gifreu, del equipo de Cultura Cooperativa de Som Energia, en la mesa sobre tecnología y democracia cooperativa de la Universitat d’Estiu del Cooperativisme (UESCOOP) de este año. Toda propuesta aceptada acababa aprobada en Asamblea, y el resultado fue un repositorio de compromisos que el Consejo Rector no daba abasto a ejecutar.

¿Quién dice que algo no se puede hacer?

La respuesta de Som Energia fue dejar de centralizarlo todo. En lugar de recoger propuestas en un único embudo, se pasó a proponer temáticas a explorar a partir de lo que iba llegando por los distintos canales de comunicación y participación. Y ahí llegó la segunda sorpresa, porque la base social pidió volver atrás. «Querían recuperar el canal único, no manipulable, donde toda propuesta que llega desde la base social es visible para todo el mundo con su documentación y sus valoraciones», explicó Gifreu. La alternativa que encontraron no fue renunciar al filtro, sino discutir quién tenía que aplicarlo: modificar el órgano que decide qué propuestas siguen adelante, quizá una comisión formada por todos los órganos.

Lo que se encontró Som Energia es una discusión mucho más interesante que la de siempre porque, al estar atravesada por el filtro de la digitalización, ayuda a pensar dónde se coloca el punto en el que alguien dice que algo no es viable y con qué legitimidad lo dice. Som Energia probó a colocarlo aguas arriba, en la entrada de propuestas, y su base social respondió que prefería tenerlo aguas abajo, pero visible.

En el coloquio sobre economía social y solidaria de las VI Jornadas de Autodefensa Laboral de Jaleo, recogido en estas mismas páginas, una de las claves más señaladas fue justamente la democratización del conocimiento. Específicamente se hace referencia a la participación real, que requiere que todas las personas puedan comprender la información económica, participar en la gestión y acceder a procesos de formación continua, porque cuando el conocimiento estratégico queda concentrado en una minoría la democracia se convierte en una mera formalidad. El caso de Som Energia enseña la otra cara del mismo enunciado. Se puede socializar la propuesta sin socializar el conocimiento sobre los límites materiales de la organización. Y entonces la asamblea vota bien cosas que no pueden pasar.

No es un detalle menor para un movimiento que sitúa la cooperación entre sus principios rectores y la define, en la Carta de Principios de la Economía Solidaria de REAS, como una propuesta de autoorganización orientada a construir relaciones económicas colaborativas, democráticas y transparentes. Colaborativas, democráticas y transparentes a la vez: ahí está la dificultad.

De la consulta ciudadana al censo de personas socias

Conviene aclarar de qué hablamos cuando hablamos de estas plataformas de gobernanza y participación digital.

En la base está Decidim, la plataforma de software libre de participación nacida en Barcelona y hoy utilizada por administraciones, movimientos y organizaciones de medio mundo. Sobre ella, cada entidad monta su propia instancia y la adapta. El Participa de Som Energia es una de ellas. Al ser código abierto, la plataforma puede alojarse en máquinas contatadas por las propias cooperativas, y los datos de sus socias no viajan a servidores de terceros. El código se puede auditar y la organización puede alojar la plataforma donde quiera, cambiando de proveedor si lo ve necesario. Para un sector que reivindica la soberanía tecnológica esto no es un detalle menor, dado que la herramienta con la que decides no debería pertenecer a alguien que pueda cambiar sus condiciones de uso mañana.

Pero Decidim se pensó para la gobernanza pública —consultas ciudadanas, presupuestos participativos, procesos municipales— y las cooperativas tienen otras necesidades tales como asambleas con validez jurídica, censos de personas socias, votaciones con garantías, órganos de gobierno con mandatos y relevos. Ahí nace Cercles.coop, impulsada desde 2020 por la Confederación de Cooperativas de Catalunya (CoopCat), financiada de forma colectiva entre varias cooperativas y gestionada actualmente por Colectic, que es además partner oficial de Decidim.

Cercles.coop no se presenta como un programa, sino como un repositorio de recursos de código libre para la gobernanza digital cooperativista. Incluye una plataforma de votación segura con actas generadas automáticamente, la posibilidad de celebrar asambleas virtuales con transmisión en directo, soporte técnico y una guía de participación descargable para programar reuniones de manera autogestionada. En el terreno jurídico, promete trazabilidad de la información y protección de los datos personales, que es exactamente el punto donde las cooperativas suelen ir a ciegas. Y en el terreno del proceso, permite desde consultas simples hasta procesos colaborativos complejos y grupos de trabajo estables.

Lo que no hace, y conviene decirlo, es sustituir el trabajo de fondo. No decide qué se pregunta ni cuándo, no reparte el poder dentro de la cooperativa, no repara conflictos que la organización no quiere abordar y no incorpora por sí sola a quien está al otro lado de la brecha digital. Tampoco es gratis, si no que implica implantación, formación y mantenimiento, y ese coste recae sobre entidades que muchas veces trabajan al límite y con pocos recursos. Una plataforma puede dar la sensación de memoria colectiva mientras acumula documentos que nadie lee.

En la misma dirección apunta el trabajo del propio proyecto Decidim. Elsa Boloix, responsable de comunicación y comunidad, explicó en la mesa que se ha desarrollado un nuevo componente de elecciones pensado para cooperativas, que permite configurar las preguntas de forma sencilla y contempla el voto delegado y ponderado. En el coloquio de Jaleo, José Luis Carretero recordaba precisamente el voto delegado de las asambleas de la Barcelona de 1936 como modelo a revisitar. El debate sobre cómo se representa una voluntad colectiva grande no lo ha abierto la tecnología, lo ha heredado.

El legado que se marcha con el mandato

Hay un segundo problema del que se habló en la mesa y que casi nunca aparece en los debates sobre digitalización, porque no se arregla comprando nada.

Las personas que pasan cuatro años en un Consejo Rector acumulan aprendizajes, debates, red de contactos, criterio. Y cuando termina el mandato, se van con todo puesto. «Uno de los retos de las organizaciones es que el conocimiento adquirido por la experiencia vivencial de las personas en el día a día no se pierda cuando se van a casa», señaló Gifreu. Lo que se hereda, o no, es la capacidad de resolver problemas.

En esta dirección, Som Energia está construyendo espacios propios para sus órganos de gobierno: uno de socias activistas y otro del Consejo Rector. La idea es tener un registro vivo de los debates que ya se han tenido, desde perspectivas distintas, para que nadie empiece de cero. El reto, tal como lo planteó Gifreu, es que ese legado quede fijado y accesible sin convertirse en una acumulación de información, con conocimiento dinámico y actualizado. Es el mismo riesgo que la ESS lleva años nombrando como mal de estructura: que una entidad acabe dedicando más energía a sostenerse a sí misma que a cumplir el objetivo que le dio origen. Documentar por documentar también es estructura.

Llegar a la asamblea con el trabajo hecho

Del lado de las cooperativas medianas, Núria Alonso, socia de Colectic, describió un uso distinto del que suele asociarse a estas plataformas, más allá del sistema de votación. Colectic lo ha aplicado, por ejemplo, a su propio debate sobre igualdad salarial, uno de esos temas que en cualquier cooperativa consume asambleas enteras sin llegar a ninguna parte.

«El recorrido fue por fases; primero una encuesta a las socias para saber de dónde partían las posiciones, después la publicación en la plataforma de los informes y la documentación económica que hacían falta para opinar con criterio, luego un foro donde discutir con ese material», explicó Alonso. «A la asamblea presencial se llegó con la deliberación avanzada y con los puntos de fricción identificados, que era exactamente lo que había que resolver entre todas y en persona».

El tema no es menor en un sector que se mide precisamente por ahí: la Auditoría Social de 2025 sitúa la diferencia salarial media de las entidades de la ESS en 1,7. Detrás de esa cifra hay decenas de discusiones internas como la de Colectic, y la diferencia entre llegar a ellas con datos compartidos o llegar a pelo.

Esta forma de entender la herramienta digital como un espacio interno permanente de debate abierto, que ordena el proceso entero en lugar de digitalizar solo su último minuto, es una de las posibilidades de Cercles.coop. Y es también, según Alonso, la excepción más que la norma. «Cercles.coop se usa principalmente para votar, pero en Colectic aprovechamos su potencial de recogida, priorización y trabajo interno de temas, y para la elaboración colaborativa de protocolos: funcionalidades que están disponibles para todas y apenas se tocan».

La pregunta que quedó abierta en el debate es si eso responde a un problema de herramienta, de cultura organizativa o simplemente de falta de tiempo para explorarla. Nadie la respondió, y probablemente no tenga una sola respuesta. Lo que el caso de Colectic sugiere es que el salto no es tecnológico sino metodológico. Alguien tiene que diseñar el recorrido, decidir qué se pregunta primero, qué documentación hace falta y en qué momento se cierra el foro. La plataforma sostiene ese diseño; no lo sustituye.

El derecho cooperativo que se escribe sobre la marcha

Montse Altaba, abogada especializada en derecho cooperativo e integrante del equipo jurídico de Som Energia, aportó la capa que suele faltar, porque hay prácticas que las cooperativas dan por seguras y no lo son del todo.

Las garantías legales de las asambleas generales y los consejos rectores telemáticos admiten una regulación mucho más amplia por Estatutos y reglamento de régimen interno de la que la mayoría de entidades desarrolla. Hay riesgos que casi nadie contempla, empezando por la suplantación de identidad. Hay supuestos en los que el voto debe ser anónimo. «Y hay derechos de las personas socias que tiran en direcciones opuestas: la participación digital abre espacios democráticos a quien vive lejos y a la vez puede discriminar a quien está al otro lado de la brecha digital», explicó Altaba.

Esa tensión conecta con una pregunta que la ESS se hace desde hace tiempo y que en el coloquio de Jaleo se formuló sin anestesia: quién puede permitirse participar en espacios militantes por la mañana. La participación digital amplía el acceso de unas y lo estrecha para otras, y ninguna de las dos cosas se resuelve con un manual de usuario. La Carta de REAS incluye entre sus principios la equidad, entendida como la construcción de espacios habitables en los que cualquier persona pueda participar desde el reconocimiento de su diversidad. Una asamblea telemática puede ser un espacio así o exactamente lo contrario, según a quién deje fuera.

Altaba subrayó además algo que debería leerse como una advertencia y no como un consuelo: «la práctica del día a día construye derecho cooperativo». Es decir, que lo que hoy hacen las cooperativas sin cobertura clara será mañana el estándar.

Discutir el poder, no los principios

Ninguna de las cuatro intervenciones prometió que digitalizar resuelva la gobernanza. Lo que dejaron sobre la mesa es algo más incómodo y también más útil: cuando una cooperativa crece, las decisiones que antes se tomaban de manera informal —quién decide qué se debate, con qué información y en qué momento— tienen que escribirse en alguna parte, y una plataforma obliga a hacerlo. A partir de ahí esas decisiones se pueden discutir, cambiar o impugnar, cosa que no ocurre mientras viven en la cabeza de quien lleva más tiempo en la casa.

Sostener eso cuesta tiempo, dinero y formación, y ahí aparece un riesgo que la ESS conoce bien, el de que la participación acabe siendo un lujo al alcance de quien puede dedicarle horas. Cuando la deliberación se descuida la organización no se para, sino que sigue funcionando, a veces incluso mejor, con menos gente decidiendo. Es la vieja contradicción que Rosa Luxemburgo apuntó en Reforma o revolución y que las cooperativas siguen habitando: competir en un mercado que premia la rapidez mientras se sostiene una manera de decidir que necesita justamente lo contrario.

El balance de la mesa, visto de golpe, parece pobre. Som Energia no ha cerrado su debate interno sobre dónde colocar el filtro y quién debe aplicarlo. Colectic constata que la mayoría de cooperativas no usa ni la mitad de lo que la plataforma permite, y cuando se preguntó si eso responde a un problema de herramienta, de cultura organizativa o de falta de tiempo, nadie se atrevió a cerrar la respuesta. Decidim ofrece componentes y no soluciones. Y el marco legal va por detrás de lo que las cooperativas ya están haciendo. Ninguna de las cuatro ponentes salió de allí con una receta. Lo que sí hubo fue una conversación muy concreta sobre cómo se organiza la deliberación antes de llegar al voto y quién se hace cargo de esa parte, que es justo donde las cooperativas tenemos menos referencias compartidas y más ganas de encontrarlas. Los principios los tenemos escritos desde hace décadas, y también los quórums y las mayorías; lo que apenas hemos empezado a poner por escrito es quién decide qué llega a votación, cómo y con qué información delante.

Fuente: El Salto

Algunas de las señas de identidad fundamentales de las economías feministas, ecológicas y solidarias (en adelante economías FES) son su funcionamiento democrático, su redistribución de la riqueza dentro y fuera de las empresas, y su vocación de contribuir al equilibrio ecosistémico. El desarrollo real de estos tres ejes (democracia, justicia y sostenibilidad) requiere trascender el capitalismo, lo que a su vez pasa por articular sociedades alrededor de los comunalismos.

Las economías FES dentro del capitalismo

Viviendo como vivimos en una sociedad y una economía capitalista, discernir qué es el capitalismo puede resultar de perogrullo, pero no lo es. No es fácil identificar la esencia del sistema que articula nuestras vidas.

El capitalismo es una organización socioeconómica que se articula alrededor del mercado. Las personas no producimos los bienes y servicios que necesitamos y deseamos, sino que los tenemos que comprar. Dicho de otro modo, un elemento esencial del capitalismo es que la personas no tenemos autonomía económica.

Este mercado es altamente competitivo. Cada una de las personas y de las empresas que participan en él luchan entre sí por su supervivencia. Una empresa que no coloque su mercancía, termina quebrando. Una persona que no venda su fuerza de trabajo, acaba en la miseria.

Esto no quiere decir que el mercado no tenga ningún tipo de reglas. Las tiene, pero la mayoría son regulaciones que no alteran el marco competitivo. Por ejemplo, fijar unos mínimos estándares de calidad no limita la lucha entre las empresas. Del mismo modo, pactar unas condiciones laborales basales en los convenios colectivos no garantiza el empleo, sino que permite que este sea menos precario o duro.

En todo caso, sí hay reglas que permiten desmercantilizar, al menos parcialmente, algunos bienes y servicios. Por ejemplo, quienes trabajan en la administración pública han tenido que competir por su puesto de trabajo a través de unas oposiciones, pero, una vez que lo consiguen, no tienen que continuar esa disputa social. O quienes acceden a los servicios públicos lo hacen sin mediación monetaria directa. En todo caso, en realidad los servicios públicos están dentro de la lógica mercantil en nuestro contexto. En primer lugar, porque pivotan sobre un ecosistema de empresas privadas como proveedoras. Pero, sobre todo, porque su financiación depende de fondos públicos, fondos que a su vez se obtienen mediante impuestos y préstamos financieros, que a su vez están anclados a mercados capitalistas.

Se podría decir que esto no tiene que ser necesariamente así, que el Estado es capaz de crear su propio dinero sin recurrir al mercado. No es este el lugar para discutir en profundidad la Teoría Monetaria Moderna que propone esta autonomía, pero en esencia esto no es posible en el capitalismo porque la creación de valor que respalda la creación de dinero se realiza en el proceso productivo mediante el trabajo humano sobre la naturaleza. Crear dinero que no esté respaldado por el valor producido por el trabajo humano es un ejercicio que genera burbujas financieras que, tarde o temprano, terminan por estallar.

Retomemos el hilo de la lucha por la supervivencia en el capitalismo. Una consecuencia de esto es la acumulación, porque los entes que compiten en el mercado tienen más posibilidades de éxito cuanto más capital son capaces de acumular y movilizar. No hace falta recurrir al egoísmo para explicar la acumulación en el capitalismo.

Y no solo la acumulación, sino la falta de capacidad real de tomar decisiones. Aunque existen agentes sociales con mayor poder que otros, incluso estos están compelidos a orientar sus estrategias a las exigencias de la competitividad: maximizar el beneficio. Así, el capitalismo es un sistema que se reproduce sin que ningún poder político o empresarial tenga control profundo sobre su dinámica (otra cosa es que las élites obtengan provecho de dicha dinámica).

Como el capitalismo obliga a empresas y personas a competir incesantemente para sobrevivir, esa supervivencia pasa por concentrar capital y el capital se genera en el proceso productivo a través del trabajo humano sobre los bienes naturales, la explotación laboral y la degradación ecológica no son una opción en el sistema, sino una necesidad.

Esta pulsión socio y ecocida se puede moderar mediante normativas, como un salario mínimo digno, un tope de horas de trabajo a la semana, la prohibición de los medios de producción más contaminantes o la obligación de reducir los desechos más dañinos. Que esto se consiga depende de la correlación de fuerzas sociales. Pero, en todo caso, este tipo de medidas chocan al menos con dos límites dentro del capitalismo.

El primero es que la competitividad obliga a un incremento incesante de las ventas. Las mercancías pueden producirse en condiciones más o menos dignas y respetuosas con el medio, pero si esta producción crece es inevitable que los impactos ambientales en un planeta finito también lo hagan, pues no hay actividad económica que no requiera de materia y energía. Además, en el capitalismo industrial no vale cualquier tipo de materia y energía: el sistema está unido al uso masivo de los combustibles fósiles y de minerales, y no puede tener una base renovable (ni siquiera en China). Es decir, la degradación ecosistémica no es una opción, ya que poner límites fuertes a la producción significa entrar en crisis.

El segundo límite es que la falta de autonomía económica de la población hace que sea un agente de su propia explotación. Cuando hay que elegir entre comer y tener un empleo con bajas condiciones laborales y ecológicas, la elección está clara. De este modo, una y otra vez, aparecen territorios donde desplazar la producción para revertir los procesos exitosos de lucha sindical, las huelgas son reventadas por esquiroles o la población de los territorios más empobrecidos pide la instalación de las fábricas más contaminantes. Y ni siquiera es necesario que la elección sea entre el hambre y el empleo. Al ser el capitalismo un sistema generador de fuertes desigualdades, esto produce en los seres humanos un intento sostenido por medrar, lo que pasa necesariamente por conseguir recursos económicos.

No es que sean inútiles las luchas sindicales y ecologistas y que no puedan tener éxitos, que desde luego son necesarias y los tienen, pero son como la maldición de Sísifo: una carrera sin fin en la que los avances son seguidos de retrocesos. Es un trabajo que nunca lleva a una sociedad realmente justa, democrática y sostenible si no se rompe con el sistema capitalista. Y la piedra es tanto más pesada cuanto más global sea la economía (más fácil es encontrar nuevos territorios «dispuestos» a altas tasas de explotación), más desigual (más incentivo a aumentar los niveles de consumo de las poblaciones más empobrecidas) y más cerca de los límites ambientales (más escasez y por lo tanto más posición competitiva para quien atesora esos bienes). Justo las condiciones que se dan en la actualidad.

Una última consecuencia de la competitividad y de la falta de autonomía de la población es que los trabajos productivos priman sobre los reproductivos, los de cuidados, ya que son los primeros los que generan capital, los que sostienen la competitividad de una empresa, y no así la mayoría de los segundos. Por eso en el capitalismo los cuidados, por más que son imprescindibles para que todo funcione, están en los escalafones más bajos de remuneración, cuando la tienen, y valoración social. Y, la misma razón que empuja a rebajar las salvaguardas ambientales y laborales, presiona de manera constante a centrar los esfuerzos en los trabajos productivos y no en los de cuidados. En todo caso, esto no es solo cuestión del capitalismo, sino también del patriarcado y el colonialismo. Los tres sistemas operan de manera sinérgica.

Dicho todo esto con un ejemplo. En una cooperativa se ha podido conseguir que la propiedad de la empresa sea de quienes trabajan en ella, la actividad tenga sentido ecosocial, la toma de decisiones sea democrática, se primen los cuidados, no existan escalas salariales y el superávit revierta en la mejora social y ecológica. Sin embargo, todo esto, dentro del marco de la economía capitalista, solo se podrá sostener mientras la empresa sea competitiva. Si deja de serlo, las personas socias decidirán que se reducen el sueldo, recortarán la atención a los cuidados, cambiarán las líneas de negocio hacia otras menos ecosociales (o por lo menos buscarán incrementar las ventas, sea esto necesario o no socialmente) y/o parte de las personas socias dejarán de recibir un sueldo porque no hay trabajo para ellas. Y esta decisión, por más que se tome en una asamblea, no será realmente democrática, pues vendrá impuesta por el mercado. Alternativamente, esa cooperativa podría sostener sus condiciones gracias a que se encuentra en un territorio enriquecido del planeta que succiona recursos materiales, energéticos, humanos y monetarios del resto en base a relaciones de explotación.

Esto no es un ejercicio de nihilismo. Las luchas sociales que han conseguido dentro del marco del capitalismo mejoras socioecológicas son necesarias. Es indudablemente mejor para la vida que la economía FES crezca, incluso dentro de una sociedad de mercado, pues ralentiza el poder destructor del capitalismo y abre posibilidades a cambios realmente transformadores.

En conclusión, aunque es habitual sostener que plantear el fin del capitalismo es un programa de máximos poco realista, puede ser que lo que no sea realista sea defender que se van a poder realizar avances significativos hacia la justicia, la democracia y la sostenibilidad dentro de él. Salir del capitalismo sería un programa de mínimos.

La economía FES fuera del capitalismo

Si el capitalismo es una sociedad de mercado en la que las personas han perdido su autonomía económica y requieren de dinero para sobrevivir, una economía no capitalista debe estar articulada alrededor de la autonomía, la desmercantilización y la desmonetización. Esto es imposible conseguirlo en solitario, por lo que hacerlo dentro de parámetros FES requiere del comunalismo.

¿Por qué comunalista y no estatalista? Conocemos experiencias históricas de Estados que, a través de un sistema de servicios públicos han reducido el espacio del mercado avanzando hacia sociedades menos desiguales. Sin embargo, aunque se trata de un avance indudable, es un recorrido que choca con tres límites infranqueables.

El primero es que una concepción de la satisfacción de las necesidades de este tipo no avanza hacia la autonomía. Ni la económica ni la política, pues ambas dependen del Estado. Supedita la capacidad de decisión y acción a la correlación de fuerzas estatal y desplaza hacia el control del Estado las opciones de acción. En una sociedad comunal, no solo son las comunidades las que tienen la autonomía política y económica, sino que solo dependen de ellas y sus relaciones con otras. El campo de juego son las propias comunidades y no un terreno ajeno.

Un terreno ajeno que no es neutral. Y este es el segundo límite infranqueable. En la dilatada historia del Estado han existido formatos muy distintos. También una miriada de intentos de hacerlo una herramienta que estructurase sociedades justas y democráticas. Fruto de esto, desde luego han existido Estados más deseables que otros, pero no hay ningún ejemplo de un Estado justo, democrático y sostenible. Tras 6.000 años de intentarlo, tal vez es el momento de reconocer que una estructura que escinde la toma de decisiones de la sociedad (una de las características estructurales del Estado), no puede alumbrar sociedades realmente ecosociales.

El tercer límite es que en la actualidad Estado y capitalismo forman una dupla profundamente interrelacionada. Una dupla en la que, además, el capitalismo es quien marca el paso. Lo hace porque el funcionamiento del Estado depende del mercado para algo tan básico como su financiación y, por lo tanto, su capacidad de acción. Como se apuntaba antes, del buen funcionamiento de la reproducción del capital dependen los impuestos y la emisión de deuda.

De este modo, la meta tiene que ser superar el salario y el mercado como formas dominantes de la economía garantizando colectivamente la subsistencia. Para ello, un elemento central es la construcción de autonomía comunitaria. Esta se potencia en la medida que los proyectos consiguen sostenibilidad ambiental (cierran los ciclos de la materia pudiendo reducir sus necesidades de aportes externos, usan energías y materiales renovables locales que están a su alcance, etc.); están menos especializados o, dicho de otra forma, tienen una actividad económica más variada y por lo tanto son más autosuficientes; tejen redes de apoyo mutuo con otras unidades de producción; o se basan en la frugalidad.

Dentro de la construcción de autonomía, el control de los medios de producción es clave. Control en forma de propiedad comunal, por ejemplo de la tierra o de las herramientas. Pero también en forma de conocimiento: capacidad de construir y reparar las herramientas, competencia para llevar a cabo los procesos productivos, etc.

Por ello, el aparato técnico que permite un control profundo de los medios de producción solo puede estar basado en técnicas humildes acopladas al funcionamiento de la naturaleza. No en técnicas altamente sofisticadas, que solo pueden desarrollarse en sociedades jerárquicas. Primero, porque el conocimiento concentrado en pocas manos es una herramienta de poder que es complicado que no termine utilizándose. Segundo, porque la tecnología compleja requiere de grandes cadenas globales de producción, pues se alimenta de recursos que están diseminados por lugares muy distintos del globo. Lo lejano, y por lo tanto parcialmente opaco, es fuente potencial de explotación. En tercer lugar, el modelo extractivista que requiere la tecnología compleja es imposible que no produzca degradación ecológica. No existe la minería sostenible.

El control de los medios de producción no es solo cuestión de la propiedad y del conocimiento, sino también de los modos de gestión. Es más, la gestión colectiva puede resultar más significativa que el tipo de propiedad formal. Un ejemplo son los huertos comunitarios establecidos en terrenos municipales o privados. De hecho, los bienes comunes se caracterizan fundamentalmente por su gestión comunal.

El control de los medios de producción puede ser un éxito efímero o no darse nunca si no existe también autonomía en la defensa. Esta defensa debe ser efectiva, aplicar el mínimo grado de violencia posible para el contexto social existente y que esta sea siempre menor que la de los organismos de poder, propiciando una desescalada de la violencia.

La cuestión no es solo el control de los medios de producción, sino de la vida en general. Saber cómo cuidar a las personas, cómo regular conflictos y organizarnos colectivamente, cómo poner en marcha mecanismos de reflexión y toma de decisiones democráticas, etc. Bajo esta óptica se hace necesaria la integración de la producción y la reproducción en una sola unidad económica. No se deben desligar unos trabajos de otros, ya que ambos se encuentran indisociablemente unidos. Es más, los reproductivos son imprescindibles para que pueda realizarse cualquier trabajo productivo. Son esenciales.

Una sociedad de comunidades autónomas no implica que no pueda existir ningún tipo de mercado. Lo que significa es que no son sociedades «de mercado», sino «con mercado». En una economía de este tipo no se produce para la venta, sino para el uso. Solo se vierten al mercado los excedentes. Un ejemplo serían las huertas rurales en las que la población lleva a la plaza lo que le sobra. En sociedades «con mercado», este es solo un complemento de la vida y debe estar regulado democráticamente por normativas que primen la satisfacción universal de las necesidades básicas de la población con respeto de los límites ambientales.

Algunos de esos mercados se pueden articular alrededor de la donación y la reciprocidad no monetizada, pero estos sistemas requieren del conocimiento y la confianza. Donde esto no existe, hacen falta monedas. El tipo de moneda que articule estos mercados no es irrelevante. Estas sería deseable que no puedan servir como reserva de valor para no facilitar la acumulación, y que tengan límites en su creación anclados a los planetarios.

Asociada a la construcción de autonomía mediante la desmercantilización está la desalarización. En las sociedades capitalistas se distinguen tres grandes tipologías de trabajos: el empleo, los trabajos de cuidados y los trabajos productivos no salarizados, en muchos casos comunitarios. Una economía que construya autonomía consiste en reducir la primera tipología a costa de las otras dos con enfoques FES.

Esto no quiere decir que los trabajos comunales o de cuidados en el ámbito familiar no puedan estar atravesados por relaciones de poder, que desde luego que pueden. Hacer un tránsito desde el capitalismo hacia economías comunales requiere, al tiempo, una transición fuera del patriarcado y del colonialismo. Esta es una transición posible: mientras no existe un capitalismo FES, sí conocemos comunidades y familias con relaciones mayoritarias de apoyo mutuo y solidaridad.

Pero la construcción de autonomía comunal es siempre relativa en el marco de nuestra ecodependencia. Es autonomía de las relaciones de poder impuesto, pero no de la trama de la vida. Analizar la economía bajo el prisma ecologista implica su integración armónica dentro de la lógica de funcionamiento de los ecosistemas. Si los ecosistemas centran su esfuerzo no en el crecimiento, sino en el cierre de ciclos usando energía solar, maximizando la diversidad y con altas tasas de cooperación, las economías humanas necesitan hacer lo mismo.

Una sociedad de este tipo no es una sociedad sin instituciones, sino con otro tipo de instituciones diferentes a las del mercado y el Estado. Dos bases de estas instituciones son que sean comunitarias y tengan como foco el bien común en armonía con el resto de la vida. Continuemos construyéndolas.

Luis González Reyes participa en varias experiencias de la economía feminista, ecológica y solidaria como Garúa, Entrepatios, FUHEM, el Arenero o el GAK Las Carolinas.

Fuente: Alternativas Económicas

El Área de Relaciones Asociativas de Fiare Banca Etica y la Fundación Finanzas Éticas pusieron en marcha el año pasado el Grupo Mujeres, un espacio creado para impulsar la participación femenina en el proyecto de Fiare. Desde entonces, la iniciativa ha ido dando sus primeros pasos a través de diversos puntos de encuentro y trabajo conjunto.

Tras la experiencia de la primera cita presencial, este año vuelven a reunirse y abren de nuevo la invitación a todas las socias de Fiare que deseen sumarse e impulsar esta red en el II Encuentro presencial del Grupo Mujeres Fiare, una oportunidad para coincidir, compartir reflexiones, seguir avanzando juntas e incorporar nuevas voces.

Fecha: sábado, 7 de noviembre de 2026
Hora: de 10:00 a 17:00 h (horario aproximado)
Lugar: Madrid
Modalidad: presencial
Dirigido a: socias de Fiare Banca Etica
Organiza: Fiare Banca Etica y Fundación Finanzas Éticas
Inscripción: formulario de asistencia, antes del 23 de octubre

Información práctica

La organización dispone de una partida presupuestaria para cubrir los gastos de desplazamiento y la comida del sábado. Además, para quienes por distancia u horarios no puedan viajar en el día, contempla asumir total o parcialmente el alojamiento de una noche, en función del número final de asistentes y del crédito disponible.

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La sostenibilidad medioambiental ha dejado de entender de sectores. Administraciones, empresas y entidades sociales comparten hoy la misma exigencia: adaptar su actividad a criterios más responsables, aprovechar mejor los recursos, reducir su impacto y, de paso, explorar las oportunidades que abre la economía verde. La economía social no es ajena a ese reto, y en Castilla-La Mancha lo afronta desde realidades muy dispares: entidades que llevan años incorporando prácticas sostenibles casi sin ponerles nombre y otras que topan con la falta de tiempo, de financiación o de referentes para dar el paso.

A ese diagnóstico se suma una idea que atraviesa buena parte del sector: sostenibilidad e igualdad de género no son caminos paralelos, sino dos dimensiones de un mismo proceso de transformación. Cuidar el entorno y poner a las personas en el centro forman parte, en la economía social, del mismo relato.

Para tomar el pulso al sector en la región —qué se hace ya, qué barreras persisten y qué recorrido queda por delante, también en materia de empleo— hablamos con Luis Enrique Espinoza, presidente de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Castilla-La Mancha (REAS), entidad que se integra dentro de la Confederación Economía Social Castilla-La Mancha. Su diagnóstico parte de una certeza —el sector ya lleva la sostenibilidad y la igualdad en su ADN— y desemboca en un desafío: conseguir que el consumidor y las administraciones reconozcan y premien ese valor añadido, muchas veces intangible, que la economía social aporta a su entorno.

¿Cómo integran la sostenibilidad las entidades de la economía social de la región?

Las familias de la economía social son muy variadas, aunque estamos todas coordinadas en la Confederación Economía Social Castilla-La Mancha. Y, claro, hay algunas familias que tienen una vinculación estrechísima con la sostenibilidad ambiental. De tal manera que aquellas familias que tienen más relación por su actividad o porque manejan productos que tienen que ver con temas medioambientales, pues están más implicadas.

En el caso de REAS es muy evidente porque todas las entidades integradas comparten el principio de la sostenibilidad como uno de sus principios rectores, pero, en general, en varias familias de la economía social en Castilla-Mancha el tema está muy interiorizado.

Por ejemplo, en las cooperativas agroalimentarias sé que la sostenibilidad cada vez preocupa más. Primero porque su actividad tiene que ver con el medio ambiente y lo que producen cada vez tiene un nivel de calidad mayor, en la medida en que incorporan preocupaciones medioambientales.

Además, todas, todas las familias de la economía social en Castilla-Mancha nos hemos dotado de un distintivo promovido desde la Confederación que pretende diferenciar los productos y servicios que se generan en la economía social. Y ese distintivo tiene que tener algo detrás: una serie de elementos distintivos respecto de otras empresas de la economía. Con ese distintivo, lo que pretendemos es hacer ver que comprar o utilizar servicios de la economía social tiene un plus añadido, de ahí ese distintivo con el que nos queremos diferenciar.

Yo creo que cada vez más en la economía social se está apostando justamente por la igualdad de género y la sostenibilidad como elementos diferenciadores respecto de otros sectores u otras empresas de la economía

Y uno de los elementos diferenciadores es justamente la sostenibilidad ambiental, pero también los temas de igualdad de género, que es otro tema también que tenemos muy interiorizado e incorporado.

Yo creo que cada vez más en la economía social se está apostando justamente por la igualdad de género y la sostenibilidad como elementos diferenciadores respecto de otros sectores u otras empresas de la economía.

¿Qué ejemplos pondría de buenas prácticas que funcionan tanto en materia de sostenibilidad como de igualdad de género?

En el caso de la igualdad de género, aparte de que cada vez es mayor la presencia de mujeres en las empresas cooperativas, asociaciones, fundaciones de la economía social -hasta el punto de que, por ejemplo, en REAS es mayoritaria la presencia de mujeres-, cada vez más entidades de la economía social incorporan planes de igualdad justamente para que ese compromiso sea una realidad. No es solo porque sea obligatorio en función del número de trabajadores que trabajan en la entidad, sino que es un compromiso que está muy asumido y que tiene que ver, como digo, con una enorme presencia de las mujeres dentro de las entidades de la economía social.

Y luego en el caso de medio ambiente, pues te pongo un ejemplo concreto. Cada vez son más las cooperativas y entidades de economía social que apuestan por utilizar energía procedente de fuentes renovables. En buena medida porque también dentro de la economía social hay entidades que están orientadas a la generación de energía renovable. La más conocida es Som Energia, que es una cooperativa de consumidores que nació en Catalunya, pero que ya tiene ámbito estatal y que da servicio a todo tipo de consumidores, también a las empresas.

Cada vez es más frecuente que una cooperativa o una entidad de economía social utilice la energía procedente de una de estas entidades, de una de estas cooperativas, que utiliza 100% de energía renovable. Es una tendencia muy reciente, pero cada vez es más evidente.

Y, por supuesto, podríamos citar a otras que tienen que ver con la recogida selectiva de residuos, con el uso eficiente del agua, etc. En el caso de las cooperativas agroalimentarias, me consta que hay un compromiso muy claro con el tema del ahorro de agua y que cada vez se están incorporando, sobre todo en las cooperativas de segundo grado, las de transformación, se están incorporando mecanismos también de ahorro de agua en la producción.

¿Cómo aprecia el cliente estas cualidades, esta diferenciación que hacen las entidades que trabajan dentro de la economía social? ¿Se valoran ese plus que añadís?

Esa es nuestra asignatura pendiente. Nuestro empeño es justamente que se valore esa diferencia, ese plus que aporta la economía social. La economía social, en definitiva, es una economía que lo que pretende es primar a las personas, primar la preocupación por el entorno, la vinculación al territorio, que lo importante no es el beneficio económico. Que hay que tenerlo obviamente para sobrevivir, pero que no es sustancial porque hay un capitalista que se lucre del trabajo, sino que son los trabajadores los dueños de la empresa, de la cooperativa o de la entidad.

En definitiva, es una serie de valores que nos permiten decir que somos diferentes y que somos mejores, es decir que nuestra actividad no solamente es importante desde el punto de vista de los trabajadores, sino que también somos buenos, entre comillas, para nuestro entorno social y natural.

Entonces nuestra dificultad o lo que tenemos que conseguir es, por un lado, poner en números ese plus, ese valor añadido que tenemos, es decir, hacer ver que incorporar trabajadores en riesgo de exclusión a nuestras entidades, el que haya cada vez más mujeres, el que tengamos en cuenta los temas medioambientales o nuestro arraigo en el territorio rural, por ejemplo, eso es un plus que hay que contabilizar y hay que incorporar para hacer un balance también económico de lo que supone el que haya este sector de la economía en nuestra región o en nuestro país.

Y en esa línea de hacer ver a los consumidores está el distintivo que te comentaba que ha puesto en marcha la Confederación de Economía Social en Castilla-La Mancha. Un distintivo que haga ver también a las personas, a los consumidores de productos y de servicios que comprar o utilizar servicios de la economía social significa un valor añadido, ya que la economía social genera unos beneficios que son muchas veces intangibles, pero que están ahí. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora, que el consumidor sepa que este producto, este servicio, procede de la economía social y que tiene un valor añadido que merece la pena apostar por él.

Aparte de esa, ¿hay otras barreras para la economía social? Y en el lado opuesto, ¿qué oportunidades y retos en positivo tenéis por delante?

Dificultades hay más, no solamente que no se distinga o que no se valore lo que aporta la economía social desde el mercado. Pero para aplicar criterios de sostenibilidad o de igualdad de género hay más problemas. Por ejemplo, imagínate que una entidad pretende utilizar productos reciclados o de cercanía o cualquier tipo de mejora medioambiental que se te ocurra. Pues en muchas ocasiones ese producto o no está disponible o es difícil de acceder a él o tiene un precio que quizás sea un poquito más alto que el producto convencional.

Y luego también nos cuesta mucho encontrar ese tipo de productos medioambientalmente sostenibles dentro del ámbito de la propia economía social y eso es un hándicap porque uno de los objetivos que tenemos dentro de la economía social es consumir cada vez más dentro de la propia economía social. Y en muchas ocasiones no es fácil encontrar esos productos dentro de nuestras entidades.

También muchas veces hay que luchar contra las inercias. Esto que te comentaba antes del uso de la energía por fuentes renovables, pues también en ocasiones no se hace un poco por dejadez porque la inercia te lleva a utilizar lo que siempre has utilizado en lugar de apostar por estas formas nuevas de energías renovables que sabemos todos que es beneficioso para todos.

Hay más dificultades que tienen que ver con la accesibilidad, con el precio, con la disponibilidad del producto dentro de nuestro ámbito de la economía social, etc. Y en el caso de las mujeres pues también hay dificultades, porque aunque te decía antes que cada vez son más mujeres y que su presencia es muy importante dentro de la economía social, en muchas ocasiones cuando ellas se plantean emprender, la economía social no es la primera opción, ni la segunda ni la tercera. Esto es debido a que muy poquita gente tiene formación sobre lo que implica esto o que, en cursos de formación que se hacen para emprendedores pocas veces se habla de la economía social como una alternativa para el emprendimiento. Por eso, muchas mujeres que se plantean emprender no tienen como opción la economía social.

Además, hay entidades dentro de la Confederación Economía Social Castilla-La Mancha que están especializadas en el acompañamiento al emprendimiento justamente para hacer fácil que se pueda emprender, sobre todo en perfiles con más dificultades de inserción en el mercado laboral, como mujeres y jóvenes. Que sepan que van a tener acompañamiento así que deciden montar, por ejemplo, una cooperativa de trabajo social.

Y en cuanto a retos, se trata de ser capaces de utilizar servicios y productos cercanos, que sean ambientalmente sostenibles… Lo cual va a depender en muchas ocasiones de la accesibilidad y del precio. Entonces ahí tenemos que conseguir ambas cosas que sean sencillas.

Tenemos que conseguir también que se nos distinga, que justamente esa preocupación que tenemos por la igualdad de género o por la sostenibilidad tenga un reflejo en el mercado a la hora de que el consumidor prefiera nuestros productos y nuestros servicios

Tenemos que conseguir también que se nos distinga, que justamente esa preocupación que tenemos por la igualdad de género o por la sostenibilidad tenga un reflejo en el mercado a la hora de que el consumidor prefiera nuestros productos y nuestros servicios. Entonces ahí tenemos que hacer una labor de sensibilización, de distinguirnos, de hacer ver las ventajas que tiene nuestro sector. Confiamos en que poco a poco se vaya interiorizando.

¿Qué le pedirías a las administraciones para hacer frente a esos retos y dificultades que has enumerado?

Lo fundamental para las administraciones es que tengan en cuenta el sector de la economía social a la hora de contratar. Dentro de la contratación pública ya hay reservas de mercado orientadas sobre todo a empresas de inserción, con un porcentaje de los contratos que hace la administración que tiene que reservarse obligatoriamente a este tipo de entidades para facilitar la inserción laboral, sobre todo a personas con discapacidad. Pero hay que ampliar eso.

Tenemos que conseguir que en el ámbito de la contratación pública se tenga en cuenta ese valor añadido que tenemos en la economía social en cuanto a generación de empleo, en que el beneficio no es lo primero, en que tenemos una preocupación importante sobre el tema de la igualdad y del compromiso medioambiental, del arraigo al territorio, cuando se habla tanto de despoblación y de reto demográfico.

Muchas de nuestras entidades están instaladas en el medio rural, creando empleo. La administración tiene que entender que esa labor que hacemos y esa distinción que tenemos respecto a la economía convencional tiene que tener un reflejo a la hora de contratar. Ahí tiene que haber un porcentaje de contratación pública reservado o que dé puntos prioritarios a las empresas de la economía social frente a las empresas convencionales, justamente porque aportamos más valor a la sociedad.

Fuente: elDiario.es

La Escuela de Movilidad Sostenible presenta en un acto online su primer libro, Mover la Movilidad, una obra colectiva escrita por más de una veintena de profesionales y entidades que responden, cada una desde una dimensión de la movilidad, a una misma pregunta: ¿cómo cambiar la manera en la que miramos y actuamos sobre la movilidad?

La presentación quiere ser un diálogo abierto y distendido sobre el reto que plantea el libro: cómo transformar de manera profunda las características y dinámicas de nuestros sistemas de movilidad, yendo más allá de paliativos.

Fecha: lunes, 26 de octubre de 2026
Hora: de 18:00 a 19:30 h
Modalidad: online, a través de Zoom
Organiza: Escuela de Movilidad Sostenible
Inscripción: formulario de inscripción

El libro también se presenta en un acto presencial en Barcelona el viernes 16 de octubre, de 18:00 a 19:30 h, en el Hub Social Barcelona (C/ Girona 34). La inscripción para ambos actos se hace en el mismo formulario.

La versión digital del libro se puede descargar de forma gratuita y la versión impresa estará a la venta en librerías a partir del 19 de octubre.

Inscríbete aquí · Consulta el libro en Recursos

¿Cómo cambiar la manera en la que miramos y actuamos sobre la movilidad?

Os presentamos el primer libro publicado por la Escuela de Movilidad Sostenible. Con una visión poliédrica en los temas y voces, y desde el pensamiento creativo y crítico, Mover la Movilidad aborda cómo transformar de manera profunda las características y dinámicas de nuestros sistemas de movilidad, yendo más allá de paliativos para reducir sus aspectos más perjudiciales sin modificar las lógicas con las que se construyen y funcionan.

Te invitamos a acompañarnos en este apasionante viaje para dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo cambiar la manera en la que miramos y actuamos sobre la movilidad?

De la mano de más de una veintena de profesionales y entidades excepcionales y comprometidas: Laura Llavina Jurado, Lídia Pérez Sánchez, Mercè Taberna Torres, Josep Bohigas Arnau, Carmen Duce Díaz, Manuel Calvo Salazar, Sílvia Casorrán Martos, Mercedes Vidal Lago, Manuel Valdés López, Col·lectiu Punt 6, Eixample Respira, Revolta Escolar, Xarxa Bicibús de Barcelona, Maite Peris Colom, Núria Pérez Sans, Ana Solà Carreras, Xosé Manuel Tato Camino, Juan Carlos Escudero Achiaga, Xavier Bach Coma, Eloi Guinjoan Cesena, Lídia Padrós Prats, David Balbás Alonso, Vanessa Maxé Navarro y Moisés Pombo Fernández.

Actos de presentación

Os invitamos a participar en los actos de presentación del libro. Nos gustaría mucho poder contar con vosotros y vosotras para hacer un diálogo abierto y distendido respecto al reto que proponemos en el libro: cómo mover la movilidad.

• Acto presencial en Barcelona: viernes, 16 de octubre, de 18:00 a 19:30 h, en el Hub Social Barcelona (C/ Girona 34). Después, hasta las 20:30 h, habrá espacio para hacer un brindis y comentar de manera informal.
• Acto online: lunes, 26 de octubre, de 18:00 a 19:30 h, a través de Zoom. Más información en la agenda.

Inscripciones

Versión impresa

La venta de la versión impresa en librerías estará disponible a partir del 19 de octubre. Puntos de venta:

• La Ciutat Invisible (Barcelona)
• Ciclandia (Gijón)

Primera edición: septiembre de 2026
Páginas: 200; fotografías e ilustraciones a color
ISBN: 978-84-10421-45-5
Depósito legal: B 20156-2026
Edita: Escuela de Movilidad Sostenible
Licencia: Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0

Versión digital

La versión digital se puede descargar de forma gratuita en la web de la Escuela de Movilidad Sostenible.

Descarga el libro (PDF) · Más información

Fuente: Escuela de Movilidad Sostenible

La XES apoya las movilizaciones que están convocando las organizaciones por el derecho a la vivienda en toda Cataluña. Los hechos de los últimos días han sido la chispa para ganar fuerza en la calle y en la opinión pública, y también han hecho que se multipliquen las acciones y movilizaciones reivindicativas.

Una de estas convocatorias es la manifestación de este sábado 3 de octubre en L’Hospitalet de Llobregat, que se prevé multitudinaria tras conocerse un nuevo caso de suicidio en esta ciudad a raíz de un desahucio. La convocatoria contará con diferentes columnas desde otros municipios de la región metropolitana que confluirán en la plaza Pius XII de L’Hospitalet, donde a las 7 de la tarde comenzará la manifestación. El sábado también hay convocadas concentraciones en Girona (a las 12 del mediodía en la plaza del Vi), València (a las 11 h en la Porta de la Mar) y Palma (a las 12 h en la plaza de España).

Por otra parte, a estas horas todavía continúa la acampada de protesta en la plaza Catalunya de Barcelona, desde donde se han hecho llamamientos a aportar materiales y recursos. Durante estos días también se están organizando, en diferentes lugares del país, acciones como caceroladas o las habituales convocatorias para parar desahucios, que desgraciadamente se siguen produciendo.

La XES hace un llamamiento al movimiento y a las entidades de la ESS para que apoyen y se sumen a estas movilizaciones, y también para que secunden las próximas convocatorias que hagan las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda.

Fuente: XES

La jornada «La Economía Social en entornos rurales de Reto Demográfico» se celebrará el viernes 2 de octubre, de 9:30 a 18:30 h, en San Román de Cervantes (Os Ancares, Lugo).

La organiza el Ministerio de Trabajo y Economía Social y reunirá a administraciones públicas y a entidades de la economía social con actividad o interés en el medio rural, así como a personas emprendedoras, agentes de desarrollo local, grupos de acción local, organizaciones agrarias, redes de desarrollo rural y proyectos de innovación social y territorial. Se compartirán experiencias sobre creación de empleo, mantenimiento de servicios y lucha contra la despoblación, con el objetivo de avanzar en estrategias compartidas que refuercen la cohesión territorial y social. Entre los ámbitos que se abordarán están la economía de los cuidados y la economía plateada, las industrias culturales y creativas, el empleo verde y la bioeconomía, y el relevo generacional en actividades ligadas al territorio.

Fecha: viernes 2 de octubre de 2026
Hora: de 9:30 a 18:30 h
Lugar: San Román de Cervantes (Os Ancares, Lugo)
Modalidad: presencial
Organiza: Ministerio de Trabajo y Economía Social
Inscripción: formulario de inscripción
Programa: descargar el programa completo (PDF)

Programa

Inscríbete aquí · Descarga el programa (PDF)

Modelos de estatutos que podrían agilizar la constitución de nuevas cooperativas, un archivo de recursos compartido, un mapa de relaciones con proveedores y un juego para comunicar la ESS en el territorio. Son los cuatro prototipos de CAP Cooperativismo, que se revisarán en un último taller abierto el próximo 1 de octubre.

Desde principios de año, Red Anagos viene impulsando el proyecto CAP Cooperativismo, una Comunidad de Aprendizaje y Práctica orientada a fortalecer el cooperativismo y la Economía Social y Solidaria en Canarias, financiado por el Servicio Canario de Empleo (SCE) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Tras más de 6 meses de trabajo, el proceso entra ahora en una fase clave: los cuatro prototipos desarrollados por las personas y entidades participantes terminan de tomar forma como infraestructuras comunes que pueden ser útiles para el conjunto del ecosistema cooperativo canario.

Más de 70 personas han participado en este proceso, a través de talleres presenciales, sesiones online y trabajo entre talleres, muchas de ellas con alta implicación. Esta dedicación ha permitido pasar de la identificación de retos compartidos al desarrollo de herramientas concretas, contrastadas y pensadas para responder a necesidades reales del cooperativismo en Canarias.

CAP Cooperativismo no se ha limitado a generar ideas o diagnósticos. El objetivo ha sido construir recursos prácticos y reutilizables que ayuden a facilitar la creación de nuevas cooperativas, mejorar la gobernanza, fortalecer la intercooperación, impulsar el consumo responsable y comunicar mejor el valor de la Economía Social y Solidaria.

De las preguntas compartidas a los prototipos

Durante las primeras sesiones del proceso se trabajó sobre algunos de los principales retos del cooperativismo en Canarias. A partir de esas conversaciones, las personas participantes identificaron preguntas clave y comenzaron a convertirlas en líneas de trabajo concretas.

Actualmente, el proceso se articula en torno a cuatro prototipos:

1. Modelos de estatutos cooperativos

Esta línea trabaja en el desarrollo de modelos de estatutos que puedan servir como recurso práctico para nuevas cooperativas de trabajo, cooperativas de consumo o cooperativas de vivienda colaborativa en Canarias.

El prototipo tiene una importancia estratégica porque se está desarrollando de la mano del Servicio Canario de Empleo (SCE) y el Registro de Cooperativas. La intención es que tanto los modelos de estatutos desarrollados, como los estatutos que se completen desde la herramienta, puedan salir validados directamente por el Registro, de manera que no sean solo documentos orientativos, sino herramientas útiles y seguras para futuras cooperativas.

Una parte fundamental de este trabajo tiene que ver con (1) reducir los tiempos de desarrollo de estatutos por parte de las futuras cooperativas y (2) reducir los tiempos de revisión y validación de estatutos por parte del Registro de Cooperativas. Si las cooperativas pueden partir de modelos ya alineados y automatizados con los criterios del Registro, se podrían evitar correcciones, reducir idas y vueltas y agilizar de forma muy significativa los procesos de constitución.

La hipótesis de trabajo es que esta herramienta implementada podría llegar a reducir los tiempos hasta en un 90%, facilitando que nuevas cooperativas puedan constituirse con mayor claridad, seguridad y agilidad.

Ver herramienta: https://estatutoscoop.netlify.app/

2. Archivo de recursos / Wiki cooperativa

El segundo prototipo consiste en un archivo de recursos que permite recopilar, ordenar, buscar y compartir información útil para cooperativas, entidades de la ESS y personas interesadas en impulsar proyectos colectivos.

La idea es que este archivo no sea solo una carpeta con enlaces, sino una herramienta viva y conectada, pensada para acceder a información concreta según cada necesidad. No es lo mismo buscar recursos para preparar un taller, que para explicar qué es una cooperativa dentro de una entidad, que para compartir una lectura sencilla con una persona de nuestro entorno.

Por eso, el archivo quiere facilitar diferentes formas de acceso a la información: por temas, necesidades, formatos, públicos o usos posibles. Las alternativas pueden ser tan amplias como las situaciones en las que necesitamos encontrar o compartir un recurso.

El objetivo es que se convierta en una infraestructura común de consulta y aprendizaje: un lugar al que acudir cuando una entidad necesita información, referencias, guías, ejemplos o materiales útiles para fortalecer su práctica cooperativa.

Ver herramienta: https://tester.montera34.com/recursos/

3. Mapeo de proveedurías e intercooperación

Esta línea trabaja en una herramienta para evaluar nuestras relaciones profesionales y tomar mejores decisiones de consumo e intercooperación.

El prototipo busca ayudar a entidades (y también a personas) a responder preguntas como:

• ¿Con quién compramos actualmente?
• ¿Qué tipo de relación tenemos con nuestros proveedores?
• ¿Qué grado de afinidad tienen con los principios de la Economía Social y Solidaria?
• ¿Qué relaciones podemos mejorar?
• ¿Qué alternativas existen dentro del Mercado Social?
• ¿Qué vínculos podrían convertirse en relaciones de intercooperación?

El objetivo no es fiscalizar las decisiones de compra de las entidades, sino ofrecer una herramienta práctica para mirar nuestras relaciones económicas con más claridad, evaluarlas y tomar decisiones más coherentes, responsables y transformadoras.

Este prototipo también puede ayudar a detectar vacíos de oferta dentro del ecosistema, oportunidades de compra colectiva y posibilidades de colaboración entre entidades. Así, el «Mapa de relaciones» deja de ser un simple listado de proveedores y se convierte en una herramienta para fortalecer el Mercado Social y las relaciones de intercooperación.

Ver herramienta: https://mapaproveedores.netlify.app/

4. Sistema cooperativo de comunicación

El cuarto prototipo se centra en el relato, la comunicación y la visibilización del cooperativismo y la ESS.

Este prototipo ha ido evolucionando hacia SisCo, un sistema lúdico de comunicación cooperativo que busca investigar nuevas lógicas de comunicación. La propuesta plantea una plataforma-juego en la que el mapa de Canarias funciona como tablero principal: las personas pueden descubrir tesoros de la Economía Social y Solidaria, completar misiones, crear piezas comunicativas y dejar una huella visible en el ecosistema. El objetivo es que comunicar no sea solo publicar contenidos, sino generar experiencias que ayuden a aprender, implicarte, conectar, compartir, difundir y acercar el cooperativismo a más personas.

El juego se articula a partir de cuatro principios: el territorio como tablero de juego, donde la ESS se descubre explorando tesoros; el juego como forma de implicación, a través de acciones pequeñas y misiones sencillas de 5, 15 o 30 minutos; la comunicación como experiencia, usando dispositivos como dilemas, curiosidades o historias para activar conversación y aprendizaje de formas diversas; y la pertenencia como forma de progreso compartido, donde cada acción, reacción o conexión individual deja una huella que alimenta el mapa común y visibiliza cómo crece la ESS en Canarias.

Ver herramienta: https://sistemasisco.netlify.app/

Infraestructuras comunes para el ecosistema

Uno de los aprendizajes más importantes del proceso es que los prototipos no deben entenderse como productos aislados, sino como infraestructuras comunes conectadas.

Esto significa que cada herramienta debe poder ser usada, testeada y evaluada por diferentes personas y entidades del ecosistema. No buscamos generar productos cerrados, sino herramientas abiertas que puedan seguir evolucionando más allá del proyecto si el ecosistema lo necesita.

Por eso, la participación del propio ecosistema es tan importante: revisar materiales, probar herramientas, hacer sugerencias, aportar ejemplos o trabajar los contenidos dentro de cada entidad son formas fundamentales de contribuir al proceso. La infraestructura común debe responder a las necesidades del ecosistema y no al revés.

La utilidad final de los prototipos dependerá en gran parte de que respondan a necesidades reales y de que sean contrastados por quienes conocen de cerca el funcionamiento cotidiano de cooperativas y entidades de la ESS.

Próximo taller: ayúdanos a cerrar los prototipos

El próximo taller de CAP Cooperativismo se celebrará el jueves 1 de octubre y será una sesión clave para seguir ajustando los prototipos antes del evento final del 29 de octubre.

Este encuentro permitirá revisar el estado de las herramientas, recoger aportaciones, resolver dudas y organizar los últimos pasos del proceso.

Invitamos a las personas y entidades del ecosistema cooperativo y de la Economía Social y Solidaria en Canarias a acercarse al estado actual de los prototipos, revisarlos y participar en esta fase final de construcción colectiva.

Aunque no hayas podido participar en los talleres anteriores, todavía puedes sumarte, conocer el trabajo desarrollado y aportar desde tu experiencia.

Inscripción al taller: https://forms.gle/pd2G3g8KqDwiW79aA

Una invitación abierta al ecosistema

CAP Cooperativismo nació para responder a una pregunta compartida sobre qué herramientas necesita el cooperativismo canario para fortalecerse. Los cuatro prototipos son hoy una primera respuesta, todavía abierta, y su utilidad dependerá de que se prueben desde la práctica real de las cooperativas y entidades.

Por eso invitamos a cooperativas, entidades de la Economía Social y Solidaria, redes comunitarias, proyectos colectivos y personas que acompañan procesos cooperativos en Canarias a revisar las herramientas y compartir su mirada, hayan participado o no en las sesiones anteriores.

El objetivo sigue siendo el mismo que al inicio del proceso, contar con infraestructuras comunes que den al cooperativismo en Canarias más apoyo, más visibilidad y más capacidad de acción compartida.

Proyecto financiado por el Servicio Canario de Empleo (SCE) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Fuente: Red Anagos

Desde Red Anagos te invitamos a participar en el último taller de CAP Cooperativismo, la Comunidad de Aprendizaje y Práctica que venimos impulsando desde principios de año para fortalecer el cooperativismo y la Economía Social y Solidaria en Canarias.

Tras más de seis meses de trabajo, el proceso entra en su recta final. Este taller, «Aterrizaje de prototipos», será clave para cerrar una primera versión usable de las herramientas de cara al evento de cierre del 29 de octubre: revisaremos su estado, recogeremos aportaciones y organizaremos los últimos pasos. Aunque no hayas participado en los talleres anteriores, todavía puedes sumarte.

Fecha: jueves 1 de octubre de 2026
Hora: de 17:00 a 19:00 h (hora de Canarias; de 18:00 a 20:00 h en la península)
Modalidad: online
Organiza: Red Anagos, con la colaboración de REAS Red de Redes. Financian: Servicio Canario de Empleo y SEPE
Inscripción: formulario de inscripción (gratuita)

Cuatro prototipos para el ecosistema cooperativo

Más de 70 personas han participado en el proceso, que ha pasado de identificar retos compartidos a desarrollar cuatro prototipos pensados como infraestructuras comunes para el ecosistema cooperativo, útiles en Canarias y también más allá:

• Modelos de estatutos cooperativos para cooperativas de trabajo, de consumo y de vivienda colaborativa, desarrollados con el Servicio Canario de Empleo y el Registro de Cooperativas para agilizar la constitución de nuevas cooperativas. Ver herramienta.
• Archivo de recursos / wiki cooperativa para recopilar, ordenar, buscar y compartir información útil para cooperativas y entidades de la ESS. Ver herramienta.
• Mapa de proveedurías e intercooperación para evaluar las relaciones profesionales y tomar mejores decisiones de consumo e intercooperación dentro del Mercado Social. Ver herramienta.
• SisCo, sistema cooperativo de comunicación: una plataforma-juego con el mapa de Canarias como tablero para descubrir y comunicar la Economía Social y Solidaria. Ver herramienta.

Si quieres conocer mejor el estado actual de los prototipos y el momento del proceso, lee la noticia «CAP Cooperativismo entra en su recta final de desarrollo de prototipos para fortalecer el ecosistema cooperativo en Canarias».

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El Salto cumple nueve años y los celebra mirando hacia atrás, pero también hacia todo lo que queda por delante. Desde 2017, este medio cooperativo ha acompañado buena parte de las luchas y transformaciones sociales de los últimos años, desde las movilizaciones por unas pensiones dignas y las huelgas feministas hasta las luchas por la vivienda, la emergencia climática, los servicios públicos, los derechos laborales y de las personas migrantes.

A lo largo de este recorrido, El Salto ha tratado de estar allí donde estaban pasando las cosas y poner el periodismo al servicio de quienes protagonizan esos cambios. En 2019, por ejemplo, siguió de cerca el auge del movimiento climático y sus grandes movilizaciones; durante la pandemia de 2020 puso el foco en las redes de apoyo mutuo, la situación de los barrios, el personal sanitario o el abandono de las personas mayores. En los años posteriores, sus coberturas han abordado el impacto de la inflación, la crisis energética, los desahucios y la turistificación, así como las movilizaciones contra el genocidio en Gaza.

Pero estos nueve años no hablan solo de los temas que El Salto ha cubierto. También hablan de una forma diferente de hacer periodismo: como proyecto cooperativo, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva, sostenido fundamentalmente por su comunidad de socias y socios y sin financiación de empresas del Ibex 35.

Esta forma de entender la comunicación comparte muchos de los principios que impulsan a la Economía Social y Solidaria: poner a las personas en el centro, construir proyectos colectivos y democráticos y generar alternativas frente a los modelos económicos y mediáticos dominantes.

Nueve años después, El Salto sigue apostando por un periodismo independiente capaz de acompañar y explicar las luchas sociales y de contribuir a construir una sociedad más justa. Y para poder seguir haciéndolo necesita ampliar su comunidad y alcanzar las 12.000 personas socias.

Desde REAS celebramos estos nueve años de camino compartido y animamos a nuestra comunidad a conocer el proyecto y a apoyarlo.

Conoce El Salto y hazte socia o socio: https://www.elsaltodiario.com/

Consulta la noticia completa con el repaso a algunos de los momentos más destacados de estos años:

En REAS Red de Redes hemos puesto en marcha una nueva página web dedicada a las aplicaciones que nacen dentro de la Economía Social y Solidaria o que trabajan para ella. Desde hace años, distintas cooperativas, redes y asociaciones desarrollan herramientas digitales propias para buscar trabajo, consumir, emprender o colaborar con otras entidades. Muchas veces estos proyectos son poco conocidos fuera de su entorno más cercano, y por eso hemos querido reunirlos en un mismo sitio.

La página arranca con cuatro iniciativas:

• UpmeUp es un portal de empleo que pone en contacto a profesionales con entidades de la economía social y tiene en cuenta los valores de unas y otras, no solo el currículum.
• Mercado Social permite conocer las entidades de los mercados sociales de distintos territorios, consultar su balance social y acceder a ventajas como persona consumidora.
• El Nido, impulsada por Economistas sin Fronteras, funciona como una red social para quienes emprenden o quieren consolidar un proyecto en la ESS.
• Fem Lliga ayuda a las organizaciones a encontrarse según lo que necesitan y lo que pueden ofrecer, para que intercooperen.

Cada aplicación tiene su ficha, con una explicación breve y los enlaces para entrar en ella o descargarla en el móvil. Todas comparten algo que nos importa: se han creado desde la economía solidaria y la mayoría con software libre, como alternativa a las grandes plataformas comerciales.

Queremos que esta página siga creciendo con nuevas herramientas, así que si conoces o impulsas alguna, nos encantará saberlo.

Visita la página de Apps de la Economía Solidaria

La preocupación social por los desahucios y por la dificultad de acceder a una vivienda exige respuestas inmediatas. Ninguna persona debería perder su hogar sin una alternativa digna. Es necesario proteger a quienes viven de alquiler y evitar que las subidas de precio o los usos fraudulentos del alquiler expulsen a las personas de sus casas y sus barrios.

Apoyamos a quienes se organizan para defender su vivienda. Su movilización hace visible una inseguridad que a menudo se vive en soledad y que empieza antes de cualquier procedimiento judicial: cuando llega una subida imposible de asumir, cuando se acerca el fin de un contrato o cuando ya no existe una vivienda accesible en el entorno donde se ha construido una vida.

Las medidas urgentes son imprescindibles. También debemos preguntarnos qué viviendas encontrarán las próximas generaciones. Si cada crisis se afronta sin ampliar un parque residencial estable, seguiremos interviniendo cuando muchas personas ya estén a punto de perder su hogar.

Desde Red Vivienda Cooperativa defendemos una política capaz de hacer las dos cosas: proteger ahora y crear vivienda asequible de forma duradera. Esto requiere aumentar la vivienda pública de gestión directa y sumar la capacidad de entidades sociales sin ánimo de lucro y comunidades organizadas. El objetivo debe ser que el suelo, la financiación y las ayudas públicas de hoy sigan produciendo hogares asequibles dentro de décadas.

Los casos recientes de expulsión residencial obligan también a preguntarnos qué prácticas favorecen la fiscalidad y las ayudas a la vivienda. Estos instrumentos deberían promover la asequibilidad duradera, proteger a quienes ya habitan los inmuebles y evitar que su revalorización dependa de expulsar a sus residentes.

La vivienda cooperativa en cesión de uso puede contribuir a ese objetivo. El inmueble es de propiedad cooperativa y se gestiona colectivamente, las personas residentes disponen de un derecho de uso estable y las cuotas se destinan a sostener los costes del proyecto. Con reglas que impidan la venta individual y la apropiación privada de las plusvalías, las viviendas pueden permanecer al servicio de quienes las habitan y de quienes llegarán después.

Sabemos que esta fórmula no realoja por sí sola a quien afronta mañana un desahucio. Promover o rehabilitar viviendas lleva tiempo, y la aportación inicial sigue excluyendo a muchas personas. Para que la cesión de uso sea una opción real para más hogares, las administraciones deben facilitar suelo e inmuebles, financiación a largo plazo, garantías y ayudas que reduzcan los costes de entrada y aseguren la inclusión. También pueden apoyar la adquisición y rehabilitación de edificios existentes, con garantías para sus residentes.

Este planteamiento coincide con una preocupación que atraviesa el debate europeo. Housing Europe ha pedido convertir el crecimiento del parque público, cooperativo y social permanentemente asequible en un objetivo estructural. También ha señalado que la vivienda liderada por la comunidad necesita pasar de iniciativas aisladas a sistemas capaces de sostenerse y crecer. Desde RVC queremos aportar la experiencia de las cooperativas de cesión de uso en el Estado español a ese aprendizaje compartido.

La respuesta a la emergencia habitacional se medirá por las personas que logren conservar hoy su hogar. La política de vivienda también deberá medirse por cuántos hogares públicos, sociales y cooperativos permanecen asequibles año tras año. Para avanzar en ambas tareas hacen falta decisión pública, recursos y participación de la sociedad organizada.

La Asociación EcoAltea presenta la programación de EcoAltea 2026, la 16.ª edición de la feria de las alternativas de Altea (Alicante), que este año, bajo el nombre «EcoAltea pel poble», se extiende del 1 al 25 de octubre con más de 40 actividades repartidas por distintos espacios del municipio. Cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Altea.

El programa incluye talleres sobre medioambiente en colegios e institutos, talleres de cocina vegetal con productos ecológicos, talleres de permacultura, un ciclo de proyecciones y cinefórums y la presencia de EcoAltea en otros eventos del municipio. Termina el domingo 25 de octubre con una jornada central abierta a todo el pueblo.

Fecha: del jueves 1 al domingo 25 de octubre de 2026
Lugar: diferentes espacios de Altea (Alicante); jornada central en el Centro Juvenil de Altea
Modalidad: presencial. Todas las actividades son gratuitas y de libre acceso; los talleres de cocina requieren inscripción (18 plazas por taller)
Organiza: Asociación EcoAltea, con el apoyo del Ayuntamiento de Altea
Inscripción: talleres de cocina en info@ecoaltea.org
Programa: castellano (PDF) · valenciano (PDF)

Programa

Jornada central: domingo 25 de octubre

El broche final será una jornada abierta a todo el pueblo en el Centro Juvenil de Altea, de 10:00 a 21:30 h, con más de una veintena de actividades.

Por la mañana habrá tres mesas redondas:

• La tierra que habitamos, con RCVicent de Nativa y Ancestral, experto en permacultura y activista sociocultural; Manuela Pizzi, técnica en gestión forestal y del medio natural y educadora ambiental, y Xavi Mendoza, presidente de la Asociación Agricultores y Ramaders de Altea.
• Cómo hacer que nuestro hogar sea más sano, con José Antonio Alonso, técnico en biohabitabilidad; Carolina Arjones, de Almadecasa (decoración con propósito energético, emocional y espiritual); Natalia Cortés, de e-Spring (Amway), sistema de tratamiento de agua, y Daiana Id Betan, arquitecta técnica máster en diseño sostenible y arquitectura bioclimática.
• El alimento ecológico, con agricultores y cocineros como Santi Cordón, experto en soberanía alimentaria, y nutricionistas.

A lo largo del día habrá actividades para todas las edades, de entrada libre con aforo limitado por orden de llegada: talleres de intercambio y extracción de semillas con Llavors d’ací, cerámica para personas adultas y para niñas y niños, mosaicos en familia, elaboración de cañizo tradicional, bebidas artesanas, yoga facial y risoterapia, un círculo de mujeres sobre bienestar hormonal y menstrual con Ginevítex y la proyección del documental «Criaturas» con cinefórum con su directora.

Por la tarde, sanación chamánica sonora y música consciente con Gema Rodríguez, de El Templo de Shambala (Altea), y la sesión «Espacio de creación» con Virginia Jordá, artista multidisciplinar y graduada en Bellas Artes. La jornada se cerrará con el concierto «Canciones a fuego lento» (guitarra, flauta, percusiones y handpan) de Juanmi Silvestre y Víctor Hugo Cortez.

Más información en ecoaltea.org · Descarga el programa (PDF)

A la ciudadanía se le repite que tiene que comer mejor. Más frutas y verduras, más legumbres, más alimentos frescos y menos productos ultraprocesados. Lo dicen las autoridades sanitarias. Lo dicen las profesionales de la salud. Lo dicen las guías alimentarias.

Pero hay una pregunta que casi nunca se hace: ¿quién puede permitirse comer así?

Firma por un sistema alimentario que permita comer bien. A precio justo y para todas. Personas y organizaciones pueden sumarse a la propuesta a través de los formularios de adhesión individual y de entidades de Justicia Alimentaria.

Porque mientras se recomienda mejorar la alimentación, llenar la cesta de la compra con alimentos saludables se ha convertido para muchas familias en un esfuerzo económico cada vez mayor. Y esta contradicción no es un problema individual. Es un problema del sistema alimentario.
No se puede seguir trasladando a las personas toda la responsabilidad sobre lo que comen cuando las reglas del mercado hacen que comer bien resulte más difícil.

La alimentación saludable no puede ser un lujo.

Una alimentación saludable no debería depender del nivel de renta.

Sin embargo, para una familia con dificultades económicas, llenar la cesta de productos frescos puede significar renunciar a otras necesidades básicas. Y cuando el presupuesto aprieta, los alimentos baratos, muy disponibles y fuertemente promocionados suelen ser precisamente aquellos cuyo consumo las autoridades sanitarias recomiendan limitar.

Esto no es una elección libre en igualdad de condiciones.

Según Justicia Alimentaria, durante demasiado tiempo se han construido las políticas alimentarias alrededor de una idea muy sencilla: el consumidor debe elegir mejor.
Pero ¿qué ocurre con los precios? ¿Qué ocurre con las promociones? ¿Qué ocurre con la distribución de los espacios en los supermercados? ¿Qué ocurre con las estrategias comerciales? ¿Qué ocurre con los márgenes? ¿Qué ocurre con la publicidad dirigida a las familias y a la infancia?

Si se quiere transformar la alimentación, hay que transformar también el entorno en el que se toman las decisiones.

Por eso proponen 100 alimentos saludables a precio justo.

Desde Justicia Alimentaria quieren abrir un debate y construir una propuesta concreta: que las grandes cadenas de distribución garanticen permanentemente una cesta amplia de alimentos saludables vendidos a precio de coste, sin trasladar el coste a profesiones de la agricultura, ganadería y proveedoras de alimentación.

La propuesta parte de una idea sencilla.

Los supermercados ya utilizan sus diferentes márgenes comerciales para construir su oferta y su estrategia de precios. Lo que plantean es que una parte limitada de esos márgenes se utilice para hacer más accesibles los alimentos esenciales para una alimentación saludable.

No se trata de que las personas que trabajan en el campo cobren menos.

No se trata de precarizar a quienes producen los alimentos.

No se trata de financiar la medida con dinero público.

Se trata de actuar sobre la distribución y sobre la forma en que se construyen los precios en la cadena alimentaria.

Y proponen hacerlo de manera transparente, con criterios nutricionales claros y con una cesta suficientemente amplia y diversa: frutas, verduras, legumbres, alimentos básicos y otros productos compatibles con las recomendaciones oficiales de alimentación saludable.

100 alimentos saludables. 100 alimentos a precio justo. 100 alimentos que permitan que comer bien no sea un privilegio.

Que nadie tenga que elegir entre salud y bolsillo

Hay algo profundamente injusto en un sistema en el que una familia puede encontrar miles de productos alimentarios en un supermercado, pero tiene dificultades para llenar su cesta con aquellos alimentos que debería consumir con mayor frecuencia.

La alimentación es uno de los principales determinantes de la salud. Y, por tanto, garantizar el acceso a una alimentación saludable no puede quedar reducido a campañas de educación nutricional.

No basta con decirle a una familia que coma mejor. Hay que hacer posible que pueda hacerlo.

Y eso exige intervenir sobre los precios, sobre la oferta y sobre las estrategias comerciales de las grandes cadenas de distribución.

Una propuesta que también debe proteger a quienes producen

Esta iniciativa no pretende enfrentar a quién consume y a quién produce.

Al contrario.

La organización no acepta la falsa disyuntiva entre alimentación saludable y renta agraria.

Una alimentación diferente necesita también agricultores y ganaderas que puedan vivir dignamente de su trabajo.

Por eso cualquier mecanismo para abaratar determinados alimentos saludables debe impedir que el coste termine repercutiendo sobre quienes los producen.

La transformación alimentaria no puede hacerse a costa de los eslabones más débiles de la cadena.

El supermercado también es política alimentaria

Durante años se ha considerado el supermercado como un espacio neutral.

No lo es.

Lo que se encuentra a la entrada, lo que está a la altura de los ojos, lo que aparece en promoción, lo que tiene descuentos, lo que se publicita, lo que ocupa más espacio y lo que se puede comprar a un precio asequible forma parte del entorno alimentario.

Y ese entorno condiciona la alimentación.

Por eso Justicia Alimentaria cree que ha llegado el momento de hablar de política alimentaria también dentro de los supermercados.

No se pueden dejar en manos exclusivamente de las empresas decisiones que tienen consecuencias sobre la salud de millones de personas.

Construir una alianza

En Francia, una iniciativa de estas características ha conseguido reunir a 42 organizaciones de ámbitos muy diferentes: organizaciones de consumidores, entidades sociales, organizaciones de salud, medioambientales, asociaciones de familias, sindicatos y organizaciones de lucha contra la pobreza, entre otras. La coalición está reclamando que una cesta de alimentos saludables pueda venderse permanentemente a precio de coste y ha acompañado esta reivindicación con una propuesta legislativa. Justicia Alimentaria cree que en España se puede hacer algo parecido.

Porque este no es un problema exclusivamente de agricultores.

Ni de consumidores.

Ni de salud pública.

Ni de pobreza.

Ni de medio ambiente.

Es un problema del sistema alimentario.

Y, precisamente por eso, necesita una respuesta colectiva.

Desde Justicia Alimentaria quieren impulsar una alianza por 100 alimentos saludables a precio justo y hacen un llamamiento a organizaciones sociales, de consumidores, de salud pública, de familias, sindicales, ambientales, de defensa de la agricultura familiar, profesionales de la nutrición y la salud, asociaciones contra la pobreza y todas aquellas entidades que quieran formar parte de ella.

Quieren sentarse, debatir la propuesta, mejorarla y convertirla en una reivindicación compartida.

Porque saben que una transformación de esta magnitud no la va a conseguir una organización sola.

La conseguirán si son capaces de construir una mayoría social que diga algo muy sencillo: comer bien no puede ser un privilegio de quien puede pagarlo.

Firma por un sistema alimentario que permita comer bien. A precio justo y para todas. Personas y organizaciones pueden sumarse a la propuesta a través de los formularios de adhesión individual y de entidades de Justicia Alimentaria.

Fuente: Justicia Alimentaria

El Casino de Carballo y la Rede polo Decrecemento en Carballo organizan el XV Encuentro Ibérico de Moedas Sociais e Complementarias, que este año se celebra en Carballo (A Coruña) los días 10 y 11 de octubre, con la colaboración del Concello de Carballo.

El I Encuentro de Monedas Sociales y Complementarias se celebró en 2012 en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), con 16 monedas representadas, y allí se acordó mantener un encuentro anual, que desde entonces se ha celebrado en distintos lugares de la península. Desde la edición de Lisboa de 2025 es un encuentro ibérico. La organización a cargo de los colectivos locales hace que cada edición sea diferente, vinculada a la realidad del territorio, a la moneda social de cada lugar y al contexto social del momento.

Fecha: sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026
Lugar: Edificio Fórum, Carballo (A Coruña)
Modalidad: presencial
Organizan: Casino de Carballo y Rede polo Decrecemento en Carballo. Colabora: Concello de Carballo
Inscripción: formulario de inscripción
Contacto: rededecrecementocarballo@gmail.com

Dirigido a: personas vinculadas al activismo social y a proyectos de economía social y monedas complementarias, muchas de ellas implicadas directamente en la creación y gestión de estas iniciativas, y personas del ámbito académico y de la investigación interesadas en estudiar y analizar estas experiencias. Además, un grupo de participantes habituales ha coincidido en muchas de las ediciones, creando una red de relaciones y colaboración bastante consolidada.

Uno de los principales valores del Encuentro es el intercambio directo de experiencias reales: conocer proyectos que están funcionando en distintos territorios, compartir dificultades y soluciones y generar nuevas colaboraciones entre personas y colectivos que trabajan en el ámbito de las monedas sociales y complementarias.

Inscripción y logística

El formulario de inscripción recoge la información necesaria para planificar la logística:

• Cuántas personas van a asistir y qué días.
• Quiénes se quedarán a comer en el lugar del Encuentro (almuerzos del sábado y del domingo, y sesión lúdica con música tradicional el sábado por la noche) y el tipo de dieta.
• Si se busca alojamiento o transporte. Hay un documento para compartir alojamiento y transporte entre particulares.

El sábado por la tarde se celebrará además el I Mercado Ecosocial, propuesto por las personas del proyecto RIAS.

Inscríbete aquí

Coop57 ha firmado un nuevo acuerdo de garantías con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) en el marco del programa europeo InvestEU para el emprendimiento social. Este nuevo acuerdo es un paso importante para Coop57, ya que las garantías del FEI refuerzan su solvencia, le permiten financiar más proyectos y garantizar, todavía más, el ahorro de las socias de la cooperativa.

El FEI es una institución de la Unión Europea que desarrolla diferentes programas para facilitar el acceso al crédito a pequeñas y medianas empresas y entidades de la economía social y solidaria. Lo hace ofreciendo garantías a bancos y entidades financieras como Coop57 para que puedan conceder préstamos en mejores condiciones.

El acuerdo prevé la creación de un fondo de garantía que permite a la cooperativa sostener el riesgo de su actividad financiera de manera compartida y, por tanto, reducir de manera significativa el potencial impacto negativo de posibles impagos.

En términos prácticos, estas garantías aseguran que una parte del riesgo de los préstamos quede cubierta por el FEI. Si en algún momento no se pudiera devolver algún préstamo, esta garantía asumiría una parte importante.

El objetivo final de estas garantías es reforzar la actividad habitual de Coop57 en el impulso de proyectos que trabajen por la transformación social y que se gestionen de forma transparente, participativa y comunitaria. Por eso, más allá del impacto económico, el acuerdo también supone un reconocimiento de su solidez y trayectoria como herramienta de financiación ética y cooperativa, y consolida este tipo de colaboraciones. Al mismo tiempo, es un ejemplo de que las instituciones europeas pueden destinar recursos a entidades de finanzas éticas comprometidas con la economía social y solidaria.

Anteriormente, Coop57 ya contó con el apoyo del FEI en el marco del programa EaSI (2020), un primer acuerdo con una duración de cinco años que le daba acceso a un fondo de avales para cubrir parte del riesgo de los préstamos que concedía. Ahora, este nuevo acuerdo actualiza y da continuidad a aquel primer convenio, adaptándolo al nuevo marco de InvestEU.

Esta operación cuenta con el apoyo de la Unión Europea en el marco del Fondo InvestEU.

Fuente: Coop57

Guardabosques, el centro de formación ecosocial impulsado por Ecooo Energía Ciudadana S. Coop. en la aldea de Donelle (Sober, Lugo), organiza en colaboración con Mondragon Team Academy (MTA), la Unidad de Emprendimiento de Mondragon Unibertsitatea, el curso «Del reto al cambio: emprender e innovar en colectivo».

Es una experiencia intensiva de cuatro días para personas con inquietudes emprendedoras e intraemprendedoras (que quieren innovar desde dentro de un proyecto ya existente). Con la metodología Design Thinking, las personas participantes aprenderán a comprender en profundidad los desafíos que quieren abordar, generar ideas de forma colaborativa, construir prototipos y validar soluciones con potencial de impacto, trabajando sobre retos reales que aportan ellas mismas y desde una perspectiva centrada en las personas y el territorio.

Fecha: del jueves 19 al domingo 22 de noviembre de 2026
Hora: del jueves 19 a las 18:00 h al domingo 22 a las 14:30 h
Lugar: Guardabosques, Donelle, Sober (Lugo). Recogida desde Monforte de Lemos
Modalidad: presencial, con alojamiento y pensión completa (dieta vegetariana)
Organiza: Guardabosques (Ecooo Energía Ciudadana S. Coop.), en colaboración con Mondragon Team Academy
Docentes: Josune Prieto y Aitor García (Mondragon Team Academy)
Plazas: 30, por orden de inscripción
Precio: 390 € por persona; 375 € si reservas antes del 8 de octubre. 290 € (275 € con pronto pago) para personas de la Ribeira Sacra, sin pernocta. 5 % de descuento para Guardabosques y Madrinas
Inscripción: en la web de Guardabosques, con una reserva de plaza de 90 €, hasta el 25 de octubre
Más información: dossier completo del curso (PDF)

Dirigido a: profesionales de cooperativas y entidades de economía social y solidaria que quieran impulsar procesos de innovación en sus organizaciones; personas emprendedoras o con una idea de proyecto que quieran desarrollarlo en equipo; profesionales de ONG y del tercer sector; personas vinculadas a la innovación social o el desarrollo territorial, y personas interesadas en generar proyectos colectivos con impacto positivo.

Programa

Antes del curso se enviará un breve cuestionario a las personas participantes para conocer sus retos, expectativas y necesidades y adaptar los contenidos al grupo. No hace falta tener un proyecto completamente definido: se puede participar con una idea, un reto de una organización o una inquietud que se quiera explorar.

Inscríbete aquí · Descarga el dossier completo (PDF)

El próximo 2 de octubre, el Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento de Andalucía, acogerá la primera parte del primer Encuentro del Acuerdo Ecosocial del Foro Social Más Allá del Crecimiento.

El proceso del Foro Social avanza, se territorializa y organiza su primer Encuentro del Acuerdo Ecosocial en Sevilla los días 2 y 3 de octubre. Su objetivo: abordar las aportaciones del Pacto Alimentario, del Agua y la Biodiversidad y del Pacto de Salud Integral y Bienestar Comunitario.

La primera jornada se celebrará en el Parlamento de Andalucía, en el Hospital de las Cinco Llagas, y la segunda parte del Encuentro del Acuerdo Ecosocial tendrá lugar en la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Esta jornada contará con la participación de organizaciones referentes en las temáticas abordadas, como la Marea Blanca de Andalucía, las Jornaleras de Huelva en Lucha, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama o la Mesa Social del Agua, entre otras organizaciones de ámbito andaluz y estatal, apuntando a las causas comunes que se encuentran detrás de las problemáticas que abordan, y por tanto trabajando en propuestas comunes de transformación.

Desde la celebración de la Conferencia Más Allá del Crecimiento en el Congreso en septiembre de 2025 y del Foro Social este año, organizaciones y personas de todos los territorios del Estado están participando de manera directa en dar forma al Acuerdo Ecosocial, que consiste en un programa de acción común en favor del bienestar presente y futuro, desde una reducción democráticamente planificada de la producción y el consumo y una democratización de la economía.

En palabras de Hugo Abad, portavoz del Foro Social:

«Desde la sociedad civil estamos trabajando en un programa común con el potencial de aglutinar a una mayoría social que impulse un cambio de modelo económico y social para, más allá de la política institucional a corto plazo, crear condiciones que nos permitan romper las dependencias con el crecimiento y en último término con las lógicas capitalistas, en favor de un control popular y democrático de la economía que ataje las crisis que vivimos».

El grupo organizador explica que el foco del proceso en los próximos meses será alcanzar un Acuerdo Ecosocial a través de un trabajo territorial que permita configurar distintos Pactos donde los conflictos en torno a ellos se están manifestando con más intensidad. Este es el caso de Andalucía, donde el modelo agroindustrial y el turismo han avanzado a costa del agua, la calidad de vida, la biodiversidad y las perspectivas de una vida digna para la mayoría de la población, a lo que se suma la desinversión y privatización de servicios públicos esenciales como la sanidad, incapaz de atender las consecuencias generadas por el modelo económico actual.

Consulta el programa completo y cómo inscribirte en la ficha del encuentro en nuestra agenda.

Lanzamiento de una plataforma digital en junio

El trabajo de elaborar el Acuerdo Ecosocial se está articulando a través de la plataforma digital Decidim, que recoge los hitos. Tras un trabajo intenso de meses y de multitud de encuentros territoriales desde que se celebró en febrero la primera plenaria general del Foro Social, que contó con la participación de 700 personas, el Foro Social lanza la plataforma digital Decidim para recoger hitos clave, articular los progresos de los 12 pactos e informar en la elaboración del Acuerdo Ecosocial Más Allá del Crecimiento.

En la elaboración del Acuerdo Ecosocial Más Allá del Crecimiento están participando de manera coordinada personas de todos los territorios del Estado. El documento final será refrendado a comienzos de 2027 en una nueva conferencia. En este nuevo encuentro se presentará una agenda de acción común para transitar del modelo económico actual a uno que ponga la vida y el bienestar presente y futuro en el centro de la toma de decisiones mediante una reducción democráticamente planificada de la producción y el consumo y una democratización de la economía.

Sobre el Foro Social Más Allá del Crecimiento

El Foro Social Más Allá del Crecimiento es un espacio de deliberación democrática que tiene como objetivo fortalecer y expandir las alianzas entre organizaciones y colectivos que comparten un horizonte común de superación del modelo económico capitalista basado en el crecimiento. El proceso del Foro Social emerge de la Conferencia Más Allá del Crecimiento, que tuvo lugar en septiembre de 2025, y celebró su primera sesión en febrero de 2026 en la Universidad Autónoma de Madrid. A día de hoy hay más de 140 entidades, redes y alianzas adheridas a la Declaración de la Conferencia Más Allá del Crecimiento, que ha sido la base para la puesta en marcha del Foro Social.

Fuente: Foro Social Más Allá del Crecimiento.

Todos los años la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) realiza un proceso colectivo de evaluación y sensibilización, la denominada Auditoría Social, en el marco de los seis principios que definen la Carta de la Economía Solidaria y que constituyen la identidad de las entidades que forman parte de REAS: equidad, trabajo digno, sostenibilidad ecológica, cooperación, reparto justo de la riqueza y compromiso con el entorno.

Esta autoevaluación tiene un doble objetivo: mejorar las organizaciones y sensibilizar a otras entidades y empresas de la economía social. La campaña del año 2025 contó con un total de 731 empresas y entidades auditadas de distintos sectores de actividad.

Uno de los seis principios básicos de Economía Solidaria es el compromiso con la sostenibilidad ecológica, con la salud del planeta y con la sostenibilidad de la vida. Desde REAS se entiende el decrecimiento material como una obligación, teniendo en cuenta el largo proceso histórico de sobreexplotación del planeta. Por ello se persigue desarrollar modelos de producción, distribución y consumo responsables, conscientes y transformadores, asegurando la sostenibilidad ecológica en toda la cadena económica, priorizando los circuitos de cercanía y limitando el impacto ambiental de las actividades económicas mediante la reducción, reparación, recuperación, reutilización y reciclaje de los materiales y recursos que se producen o emplean.

Además, hay un compromiso con la justicia ambiental y social en las relaciones económicas y la promoción de la soberanía alimentaria como estrategia de transformación. Por último, se impulsan iniciativas que posibiliten una transición energética justa, con modelos cooperativos de producción, gestión y consumo de energías renovables.

La Auditoría Social permite evaluar la coherencia interna de las empresas y entidades que forman parte de REAS, medir el impacto de sus actividades sobre el medio ambiente y la existencia de sistemas, planes y medidas de gestión ambiental y midiendo las emisiones de CO2, el consumo de papel, las prácticas de reciclaje, movilidad, etc.

Así, los resultados de la Auditoría Social 2025 indican que la mayoría de las cooperativas y asociaciones que integran REAS destinan esfuerzos a mejorar sus prácticas de consumo. Más del 95% priorizan la adquisición de productos de proximidad y ecológicos.

En relación al gasto energético, un 72% cuenta con una política interna, de reducción del uso energético y un 76,47% han puesto en marcha acciones para evitar el consumo innecesario.

Algo menor es la puesta en marcha de procedimientos para el ahorro y eficiencia del consumo de agua. El 66% tienen prácticas en este sentido y un 44,48% han realizado inversiones para optimizar el consumo.

En relación al consumo de papel, el 82% de las entidades o bien no utiliza papel o lo hace reciclado y/o de explotación forestal sostenible.

En lo que se refiere al uso de energía renovable, un 54,33% contrata el servicio eléctrico con una proveedora de energía de fuentes 100% renovables y un 19,10% lo hace de manera parcial.

Un 74,28% de las entidades toma medidas para reducir y/o compensar la huella ecológica en la actividad económica. El 60,69% trabaja haciendo incidencia política y/o haciendo divulgación sobre la reducción del impacto ambiental hacia afuera de la organización. Un 54,77% indica que a nivel interno (personas trabajadoras y voluntarias) facilitan herramientas de sensibilización ambiental. Además un 35,84% dispone de una política, plan de acción o sistema de gestión ambiental.

Las prácticas ligadas a la gestión de residuos están presentes en un elevado porcentaje, siendo un 96,85% las que implementan alguna de las prácticas de separación, reciclaje, reutilización de materiales. Un 92,20% de las entidades implementan prácticas de separación de residuos para poder ser reciclados, un 76,88% priorizan el uso de materiales y envoltorios de bajo impacto y evitar generar residuos innecesarios.

Por otro lado, un 77,15% reutilizan y/o reparan aparatos y equipamientos y un 58,82% colaboran con entidades que trabajan por la economía circular para reaprovechar material o productos de los que no se hace uso.

Por último, las entidades que incorporan, ofrecen o facilitan alguna alternativa o ayuda en lo relacionado con el transporte hacia el centro de trabajo, incluidos el teletrabajo, compartir coche, aparcamiento para bicicletas… es del 60,16% y el 45,83% de las entidades facilitan un transporte ambientalmente sostenible a las trabajadoras que necesitan desplazarse por necesidades de los proyectos de la propia organización.

Fuente: elDiario.es Castilla-La Mancha. Artículo de REAS Castilla-La Mancha publicado en el blog Hacemos Economía Social de elDiarioclm.es el 22 de septiembre de 2026.

Las organizaciones que apostamos por transformar la economía y poner a las personas y comunidades en el centro no podemos hacerlo solas. Por eso creamos redes y alianzas como la Red de Finanzas Alternativas y Solidarias (REFAS).

Como cada año, REFAS se encuentra en persona para planificar, debatir, celebrar y compartir. En esta ocasión, el XV Encuentro de REFAS será en Jerez de la Frontera, acogido por ECOSOJE (Fondo de Economía Solidaria de Jerez) y por la Asociación Fondo Solidario de El Puerto. Será una oportunidad para compartir experiencias, debatir retos y seguir fortaleciendo iniciativas que promueven una economía centrada en las personas y el bien común.

El encuentro se abre el viernes 2 de octubre con una mesa redonda abierta a todas las personas interesadas: «Financiación ética y comercio justo en los países del Sur: desafíos para REFAS».

Fecha: del 2 al 4 de octubre de 2026 (mesa redonda abierta: viernes 2 de octubre)
Hora: viernes 2, desde las 18:30 h
Lugar: UCA, Campus de Jerez (Edificio de Servicios Comunes, Salón de Grado Izquierdo, Avenida de la Universidad s/n) y Albergue Inturjoven, Jerez de la Frontera
Organiza: REFAS, Red de Finanzas Alternativas y Solidarias, con ECOSOJE y la Asociación Fondo Solidario de El Puerto

Programa

La Red de Economía Alternativa y Solidaria de Galicia (REAS Galicia) organiza la jornada «La Economía Social y Solidaria para una cultura sostenible y comunitaria» en el marco de la Red Eusumo. Una jornada de conversaciones, grupos de trabajo y una gala abierta para conectar proyectos culturales, tejido local y economía social y solidaria.

Fecha: viernes, 2 de octubre de 2026
Hora: de 10:00 a 19:00 h
Lugar: Centro de Emprendimiento A Estación Cultural, Vedra (A Coruña)
Modalidad: presencial
Organiza: REAS Galicia, en el marco de la Red Eusumo
Inscripción: formulario de inscripción
Más información: comunicacion_reasgz@reasnet.com

Programa

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Paz con Dignidad y su Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) organizan en Bilbao las Jornadas Internacionales «Palestina: economía del genocidio y empresas cómplices». Las jornadas nacen para analizar el papel de las empresas y los actores económicos en el contexto de la colonización y el genocidio del pueblo palestino, abordando sus responsabilidades desde una perspectiva jurídica, económica, política y social.

Será un espacio para escuchar de primera mano a personas activistas y expertas palestinas, analizar casos concretos, compartir conocimientos y experiencias y explorar colectivamente vías de acción, denuncia y exigencia de responsabilidades.

Fecha: lunes 5 y martes 6 de octubre de 2026
Hora: lunes 5, de 16:00 a 20:15 h; martes 6, de 9:30 a 20:30 h
Lugar: Bilborock, Muelle de la Merced, 1, Bilbao
Modalidad: presencial, con traducción simultánea
Organiza: Paz con Dignidad – OMAL
Inscripción: formulario de inscripción (gratuita)
Programa: descargar el programa completo (PDF)
Contacto: palestina_jardunaldiak@omal.info

Programa

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La Asociación de Empresas de Inserción de Castilla-La Mancha (ASEIRCAM), en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMPCLM), organiza la Jornada de Contratación Pública Responsable «Cuenta con empresas de inserción, te trae cuenta».

La jornada reunirá a representantes de administraciones públicas, entidades locales y empresas de economía social para compartir mecanismos legales, experiencias y buenas prácticas que favorezcan una contratación pública responsable y generadora de oportunidades para las personas en situación o riesgo de exclusión social.

Fecha: martes, 29 de septiembre de 2026
Hora: de 9:30 a 13:00 h
Lugar: Escuela de Hostelería Restaurante El Sembrador. C/ Sancho Panza, 10, Albacete
Modalidad: presencial y en streaming
Organiza: ASEIRCAM, en colaboración con la FEMPCLM
Inscripción: formulario de inscripción
Programa: descargar el programa (PDF)

Dirigido a: personal técnico de administraciones y entidades locales, responsables de contratación pública, responsables políticos y personas interesadas.

Objetivos

• Favorecer un espacio para conocer la reserva de determinados contratos públicos que establece la Ley de Contratos del Sector Público hacia las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social, con el objetivo de favorecer el acceso al empleo de personas en riesgo o situación de exclusión social.
• Difundir los efectos sociales positivos de la contratación pública responsable en la inserción sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión social y/o vulnerabilidad.

Programa

9:30 – 9:50 h. Acreditaciones

10:00 – 10:20 h. Mesa 1. Bienvenida
Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo; Manuel Serrano López, alcalde de Albacete; Fermín José Cerdán Gosálvez, secretario general de la FEMPCLM, y Mar González, presidenta de ASEIRCAM.

10:20 – 10:40 h. Ponencia marco: «Una foto de cómo están los contratos reservados en nuestra región»
Jesús Serrano Chacón, jefe de Servicios de Contratación Electrónica, Secretaría General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Modera: Óscar Hernando (E.I. Savia Nueva).

10:45 – 11:25 h. Mesa 2. Somos empresas de economía social
Rafael López, vicepresidente de FAEDEI, y Pedro Sáez, presidente de FEACEM. Modera: Cuali Alcaraz Sánchez (E.I. Amiab).

11:30 – 12:05 h. Mesa 3. Motivaciones políticas para la reserva de mercado
Daniel García Alarcón, alcalde de Riópar; José Antonio Gómez Moreno, Diputación de Albacete, y Ayuntamiento de Valdepeñas. Modera: José Luis Rubio (E.I. Re-Iniciar).

12:10 – 12:45 h. Mesa 4. Técnica: buenas prácticas
Pedro Miguel Peralta López, secretario del Ayuntamiento de Riópar; Francisco Javier Díaz, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local en Albacete, y Antonio García Blanco, coordinador de Servicios Generales y Suministros de la Secretaría General del SESCAM. Modera: Paloma Olmedo (E.I. Nexo Solidario).

12:45 – 13:00 h. Clausura
Mar González, presidenta de ASEIRCAM, y Fermín José Cerdán Gosálvez, secretario general de la FEMPCLM.

Tras cada mesa habrá cinco minutos de refuerzo de ideas o preguntas. Durante la jornada se compartirá un desayuno.

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El sábado 12 de septiembre, REAS Castilla y León celebró su Encuentro de Septiembre 2026. No fue una jornada de trabajo más; fue un espacio de reencuentro, cuidado mutuo y fortalecimiento colectivo. El marco inmejorable lo puso la coqueta localidad de Tabanera de Cerrato (Palencia) y las compañeras y compañeros de la Universidad Rural del Cerrato, quienes nos abrieron las puertas de su casa y de su corazón colectivos.

Cuidar a quienes sostienen la vida: el sostenimiento personal en la ESS

La mañana comenzó poniendo el foco en lo más valioso de nuestras organizaciones: las personas. Bajo el título de Sostenimiento personal en los proyectos de la ESS, abrimos un espacio de debate honesto y reflexivo sobre las realidades humanas que laten detrás de cada iniciativa solidaria.

Abordamos de frente los retos cotidianos que marcan el día a día de la gestión colectiva:

• Conciliación y horarios: la necesidad de equilibrar el tiempo dedicado al trabajo profesional con la vida personal y familiar en entornos rurales.
• Evitar el «quemarse» (burnout): identificar las alarmas antes de llegar al límite físico y emocional.
• La pérdida de la «chispa» inicial: analizamos cómo el paso del tiempo desgasta el empuje del voluntariado en proyectos mixtos (que combinan empleo remunerado y trabajo voluntario).
• Gestión de conflictos y crecimiento: la importancia crítica de incorporar roles de coordinación estructurados a medida que las organizaciones crecen y se complejizan.

Una máxima compartida resonó con fuerza:

«Yo cuido a la organización, pero la organización me tiene que cuidar a mí».

Concluimos que, si bien la militancia clásica y el sistema de valores tradicional están mutando, la Economía Solidaria debe abrirse a nuevas formas de participación sin perder su esencia diferencial: ofrecer motivaciones profundas, transparencia, comunicación interna real, una cultura compartida y viva del proyecto, y una conciliación real, todo ello de la mano de salarios dignos que permitan sostener la vida.

Universidad Rural del Cerrato: semillas de red y vitalidad comunitaria

Tras este profundo debate, Héctor y las compañeras de la Universidad Rural del Cerrato nos transmitieron la apasionante semilla de su proyecto. Nos compartieron su inspiradora alianza con otras universidades de la red, como la Universidad Rural de la Serranía de Ronda, visibilizando un tejido estatal que resiste y construye desde la periferia.

Desde sus comienzos, la Universidad Rural del Cerrato se ha convertido en un verdadero polo de atracción y dinamización cultural y social, extendiendo su impacto más allá de la comarca palentina hacia toda la comunidad y regiones adyacentes. Su labor no solo recupera saberes, sino que actúa como un motor real de recuperación poblacional contra el reto demográfico. Escucharles fue un auténtico chute de energía y vitalidad que nos contagió a todas de lo que allí llaman la «Soberanía de la Alegría».

El bloque de la mañana cerró con un espacio para mapear, compartir retos y escuchar a personas e iniciativas de la localidad, reafirmando el papel de REAS Castilla y León como un punto de encuentro, visibilización y apoyo mutuo para el territorio.

Hermandad en el Teleclub y la magia de «Las Tabanas»

La jornada comunitaria continuó compartiendo mesa y mantel en una comida de hermandad celebrada en el Teleclub de Tabanera de Cerrato. Las conversaciones distendidas dieron paso a una tarde mágica que alimentó el alma.

El grupo local de cantoras «Las Tabanas» nos deleitó con su música, sus palabras y su arte. Lograron hacernos partícipes directos de esa comunidad compartida a través del baile y el canto popular, materializando en el espacio de la tarde la soberanía de la alegría que había impregnado todo el encuentro.

Como broche final, disfrutamos de un agradable paseo compartido junto a las compañeras de Las Tabanas para conocer los rincones más emblemáticos y con encanto de la localidad:

• El histórico Barrio de Abajo y sus tradicionales bodegas subterráneas.
• La ermita del pueblo.
• La charca, un rincón de biodiversidad y calma.

Mirando al futuro con agradecimiento

Nos despedimos de Tabanera de Cerrato con un profundo sentimiento de agradecimiento por una jornada memorable de comunidad y hermandad. Nos fuimos con las fuerzas renovadas, nuevas alianzas tejidas y la certeza de que la apertura, la ternura y el cuidado mutuo son las mejores herramientas para seguir fortaleciendo la Economía Social y Solidaria en Castilla y León.

¡Gracias a todas las personas que lo hicisteis posible! Sembramos hoy para cosechar mañana.

Fotos: REAS Castilla y León. Conoce a las entidades que forman la red en reascyl.org/entidades.

Fuente: REAS Castilla y León. Crónica publicada por REAS Castilla y León en reascyl.org el 15 de septiembre de 2026.

Las VI Jornadas organizadas por Red Anagos bajo el lema Respuestas colectivas para un futuro compartido, la Dirección General de Economía Social del Ministerio de Trabajo y la Viceconsejería de Empleo del Gobierno de Canarias han ratificado en la sesión matutina de este martes su respaldo «inequívoco» a un sector que agrupa a 3.516 entidades y sostiene casi 19.000 empleos directos en las islas. El encuentro, celebrado en el TEA (Tenerife Espacio de las Artes), fija las bases estratégicas hacia la Capitalidad Española de la Economía Social 2027, «un hito histórico» que por primera vez compartirán de forma conjunta Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

El diagnóstico compartido de las jornadas subraya la urgencia de superar el aislamiento entre organizaciones para afrontar de manera coordinada grandes desafíos como el acceso a la vivienda, la generación de empleo estable, la soberanía alimentaria y la transición energética justa. Tanto el Ministerio como el Ejecutivo autonómico coinciden en que la capitalidad de 2027 no se limitará a la celebración de actos institucionales, sino que impulsará una agenda de trabajo y alianzas permanentes a nivel estatal e internacional.

Respaldo institucional: del Ministerio al Gobierno de Canarias

La directora general de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Aicha Belassir, calificó las jornadas de «clave para el desarrollo de la economía social» y definió a Canarias como un referente estatal. Belassir recordó que el sector generaba en 2026 más de un millón de empleos directos en España, casi el 6% del total, y destacó los más de 80 millones de euros de fondos Next Generation destinados a proyectos de economía social. También subrayó la Ley 1/2026 integral de impulso de la economía social. Sobre la capitalidad, la describió como «una oportunidad para que la economía social canaria dé a conocer todas sus fortalezas».

Por parte del Gobierno de Canarias, la viceconsejera de Empleo, Isabel León, vio en la capitalidad «una oportunidad para que las entidades de economía social canarias puedan llevar a cabo alianzas y relaciones con otras entidades fuera del territorio de Canarias». Y subrayó que «no solamente supone la organización de diferentes eventos, sino la posibilidad de crear una agenda que vaya más allá del 2027».

Desde el ámbito asociativo, la presidenta de Red Anagos, Alicia Silva de la Cruz, vinculó ese respaldo al recorrido de las propias jornadas. «Tras seis ediciones de las Jornada, sentimos que la administración pública nos cuenta como referente y aliada para una transición ecosocial justa. Las entidades nos hemos preparado, profesionalizado y estamos en disposición de dar una mejor respuesta a la sociedad canaria», afirmó.

El diálogo inaugural, titulado «¿Qué economía necesita Canarias para afrontar el futuro?», situó el debate ético y práctico de las jornadas de la mano de la bióloga Eva Vilaseca (Asamblea Catalana para la Transición Ecosocial) y de Roberto Martín (gerente de la empresa de inserción Cainana). Vilaseca argumentó que el reto central de la transición pasa por articular procesos de decrecimiento adaptados a los límites biofísicos del planeta, garantizando en todo momento la seguridad material y el bienestar de todas las personas, y reivindicando la economía social y solidaria como la herramienta vertebral para construir un relato propio para las islas.

Esta visión estratégica se tradujo en propuestas operativas a través de tres ejes temáticos esenciales. La mesa de alianzas, basada en el diagnóstico de la investigadora ecofeminista Yayo Herrero sobre el riesgo de aislamiento de las entidades, abogó por conectar las organizaciones entre sí para fortalecer la resiliencia del ecosistema; la mesa de soberanía alimentaria apostó por integrar la producción y el consumo local midiendo el impacto social de las empresas del sector; y la mesa de soberanía energética definió las comunidades energéticas como proyectos comunitarios de vida orientados al empleo verde, la gobernanza democrática y el acompañamiento ciudadano.

Toda esta reflexión colectiva se traslada a la calle en La Plaza del TEA con la muestra del Mercado Social de Canarias —donde más de una veintena de entidades exponen sus iniciativas en agroecología, textil sostenible y servicios comunitarios— y culminará este miércoles 23 con la celebración del «Laboratorio de Futuros» cofacilitado por Eva Vilaseca y Eduardo Rodríguez Batista (LUAlab, ULL), espacio del que saldrá la hoja de ruta participativa con la que Red Anagos encarará la preparación hacia la Capitalidad Española de la Economía Social 2027.

Sobre Red Anagos

Red Anagos, Red de Economía Social, Alternativa y Solidaria de Canarias, agrupa desde hace más de tres décadas a asociaciones, fundaciones, cooperativas, centros especiales de empleo y empresas de inserción del archipiélago. Forma parte de REAS Red de Redes.

Las VI Jornadas de Economía Social y Solidaria de Canarias están financiadas por el Servicio Canario de Empleo (SCE) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Fuente: Canarias Ahora (elDiario.es). Información publicada por la redacción de Canarias Ahora el 22 de septiembre de 2026.

En Sants, una cuarentena de cooperativas y entidades trabajan para transformar la economía del barrio; en el Nucli Antic de Olot, el Núria Social se ha convertido en un espacio de encuentro desde el que se articulan proyectos cooperativos y comunitarios; en Valls, diversas iniciativas han recuperado inmuebles y actividad económica en el centro histórico, y, entre la Dreta de l’Eixample y Ciutat Vella, el Grup ECOS quiere aprovechar la compra de dos locales para reforzar una red cooperativa que ya existe. Son experiencias diferentes, pero comparten una misma intuición: para transformar la economía, no basta con crear cooperativas. Hay que arraigarlas al territorio y ponerlas al servicio de las necesidades de la comunidad. Pero ¿qué convierte realmente una concentración de iniciativas de la economía social y solidaria (ESS) en un ecosistema cooperativo?

Cuando un polo cooperativo se convierte en ecosistema

Muchos ecosistemas cooperativos no aparecen de la nada. A menudo empiezan cuando varias cooperativas o entidades comparten espacio físico, recursos y servicios y generan confianza y proyectos comunes. Es lo que el sociólogo y cooperativista de La Ciutat Invisible, Ivan Miró, define como un polo cooperativo. Estos polos pueden actuar como puntos de arraigo y de concentración de la economía social y solidaria y, en algunos casos, convertirse en la semilla de una articulación territorial más amplia. El salto hacia un ecosistema cooperativo local se produce cuando estas relaciones se extienden más allá del propio espacio e incorporan otras iniciativas, agentes sociales y necesidades del territorio. Así, el horizonte final no es solo disponer de cooperativas más fuertes, sino «democratizar y cooperativizar las relaciones económicas en un territorio determinado», asegura Miró. Por eso, considera clave disponer de espacios de gobernanza y de coordinación que permitan detectar necesidades, impulsar nuevos proyectos y pensar conjuntamente qué economía se quiere construir en el territorio.

Ivan Miró: «Un ecosistema cooperativo piensa el territorio como sujeto político de desarrollo alternativo»

Sants es un ejemplo de esta evolución. Hoy, el Impuls Cooperatiu de Sants articula decenas de iniciativas de economía solidaria del barrio y genera alianzas con entidades vecinales, centros sociales, familias, proyectos comunitarios y otros agentes del barrio. «El ecosistema es una herramienta de organización económica que surge de la propia comunidad y piensa el territorio como sujeto político de desarrollo alternativo», explica Miró. Esta mirada hacia fuera es también la manera de evitar que la economía social se convierta en una burbuja. Desde el ecosistema de Sants, se ha trabajado con la pequeña restauración y el comercio de proximidad, las escuelas, se han organizado actos en las bibliotecas y en los mercados municipales, la economía comunitaria o la economía popular migrante. Una de las cosas que subraya Ivan Miró es la importancia de la creación de una «institucionalidad democrática que articule todas estas acciones y pueda planificar las necesidades del barrio, con proyección territorial», dice. «Creo que esto es un elemento diferencial entre un ecosistema cooperativo local y un local cooperativo», resume. El territorio deja así de ser solo el lugar donde están instaladas las cooperativas para convertirse en el sujeto de la transformación.

ECOS: comprar patrimonio para quedarse en el centro de Barcelona

Para el Grup ECOS, el salto de polo a ecosistema acaba de empezar. La cooperativa de segundo grado nació en 2011 con la intercooperación como una de sus razones de ser y, desde 2012, buena parte de las entidades vinculadas al grupo comparten el local de la calle de Casp, en la Dreta de l’Eixample de Barcelona. Ahora, ECOS ha comprado esta sede y varias cooperativas miembro del Grupo —Arç, CRÍTIC y Sostre Cívic y Som Connexió— han adquirido un segundo local en la calle de Trafalgar, en el distrito de Ciutat Vella. Alrededor de estos dos espacios ya existe una constelación de referentes de proyectos como las cooperativas de abogados Col·lectiu Ronda e IACTA, la de arquitectas Col·lectiu Punt 6 o la entidad de acción comunitaria Candela.

El objetivo es que esta proximidad deje de ser solo geográfica y sirva para generar, impulsar y dinamizar proyectos en los barrios de la Dreta de l’Eixample y de Ciutat Vella. En este sentido, la compra de patrimonio ha sido una pieza decisiva para anclar esta voluntad en los barrios. Hacía años que ECOS buscaba un espacio más grande donde pudieran crecer las entidades y desarrollar actividades más allá del trabajo de oficina, pero la escalada de los alquileres lo hacía cada vez más inviable. Comprar ha implicado un esfuerzo financiero importante en una de las zonas más tensionadas de la ciudad; pero, para Guernica Facundo Vericat, coordinadora del Grup ECOS, la adquisición ha permitido «plantar una bandera cooperativa en el centro de Barcelona».

Guernica Facundo: «Comprar el local donde estábamos nos ha permitido plantar una bandera cooperativa en el centro de Barcelona»

El ecosistema, sin embargo, no nacerá simplemente porque estas cooperativas sean propietarias de dos espacios. El grupo ya participa en la Mesa de Entidades de la Dreta de l’Eixample, donde coincide con escuelas, asociaciones, fundaciones y equipamientos públicos, y ha empezado a explorar iniciativas compartidas como un espacio comunitario para socializar herramientas y materiales o posibles proyectos energéticos en los tejados del barrio, un proyecto impulsado con el apoyo de la Oficina Cooperativa de Impulso a la Transición Energética de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Cataluña. Territorializarse significa, según Facundo, que «dejas de estar centrada en las dinámicas internas que se pueden dar dentro del polo cooperativo y estás pensando mucho más en clave de barrio». El deseo inmediato es que, ante la presión inmobiliaria, turística y comercial, la economía social pueda reforzar al vecindario y al pequeño comercio del barrio. Más allá, el horizonte de este nuevo ecosistema será crear una realidad económica que contribuya a hacer de los barrios céntricos de Barcelona un espacio «más vivible y económicamente más amable, más diverso, más consciente y más ético», dice Facundo.

Olot: un ecosistema que crece con el barrio

En el Nucli Antic de Olot, el embrión del ecosistema es también un espacio físico, pero con una historia propia. Hace una década, tres entidades que necesitaban compartir local se instalaron en el Núria Social, un edificio emblemático que había sido centro obrero y posteriormente cine y que hoy acoge una sala polivalente, actividades culturales, formaciones y una cantina restaurante. En aquel momento, explica Laura Comas, cooperativista de Resilience Earth alojada en el Núria, el barrio acumulaba comercio cerrado y décadas de desatención. A partir del Núria empiezan a surgir «muchas alianzas y una apuesta grande en temas de revitalización socioeconómica, de soberanías locales» y de diálogo intercultural.

Laura Comas: «Un ecosistema tiene que ir en conjunto con lo público, con lo privado, con lo cooperativo. No podemos crear burbujas»

El Núria actúa como una infraestructura que facilita que las relaciones se multipliquen sin la necesidad de controlarlas todas. A la cooperativa que gestiona el espacio se han incorporado proyectos diversos, mientras que una asociación articula su dimensión más comunitaria. Hay entidades socias, otras que desarrollan actividades en él y vecindario que participa en procesos concretos. «Un ecosistema genera diferentes espacios de decisión», explica Comas. Esta permeabilidad permite que el ecosistema no quede restringido a aquellas organizaciones que tienen formalmente la etiqueta de ESS. La XES Garrotxa, por ejemplo, agrupa decenas de iniciativas, pero los espacios de participación del barrio se abren también a comercios y entidades que no forman parte de ella. Lo que lo hace posible es, dice Comas, un «chup-chup diario, cotidiano, relacional».

Ahora, este tejido coincide con un nuevo proceso de regeneración del Nucli Antic y con inversiones públicas sobre la vivienda y el espacio que están revalorizando el barrio. Comas pone como ejemplo los Jardins de la Muralla: una actuación que ha incorporado verde, sombra, agua, bancos y mesas y que ha cambiado radicalmente la manera de utilizar aquel espacio. Para explicar el potencial de un ecosistema como el de Olot, recurre a la metáfora de un aliso, un árbol de ribera que arraiga, protege el río y crea refugio para que aparezca más biodiversidad. Un ecosistema también puede actuar como elemento «generador de biodiversidad», dice: cuantas más relaciones hay entre personas, vecindario y proyectos diversos, más «resiliencia comunitaria» se genera. La apuesta, insiste, no puede ser construir un reducto cooperativo: «Un ecosistema tiene que ir en conjunto con lo público, con lo privado, con lo cooperativo. No podemos crear burbujas nuestras».

Valls: rehabilitar física y socialmente el Barri Antic

El ecosistema cooperativo de Valls tiene un origen muy diferente. Nace en el entorno del casal popular La Turba y de proyectos políticos y comunitarios que, con el tiempo, deciden dotarse también de herramientas económicas. De ahí surgen iniciativas como La Titaranya, una cooperativa de vivienda y consumo creada para dar respuesta tanto a necesidades de vivienda como a la falta de locales sociales, o l’Economat SCCL, que asume tareas técnicas y de acompañamiento de los proyectos. Hoy son nueve iniciativas —ocho cooperativas y un grupo de consumo— las que se han creado para instalarse en el Barri Antic.

Tais Bastida: «Un ecosistema necesita ir más allá de generar empleo: el objetivo es la transformación social»

En un barrio marcado por la degradación de edificios y de locales, disponer de patrimonio se ha convertido en una de las principales herramientas del ecosistema. La Titaranya ha rehabilitado dos inmuebles y ha generado en ellos viviendas de protección oficial, oficinas, una tienda agroecológica y locales sociales. Además, la Fundació Roca Galès ha adquirido recientemente otro local que funcionará como espacio de coworking cooperativo y será gestionado por La Titaranya. Para Tais Bastida, socio de l’Economat y fundador de La Titaranya, la cuestión va más allá de tener un techo: «Este ecosistema nos ha dado estabilidad para los proyectos que ya teníamos y se han creado nuevos con seguridad». Poder disponer de una infraestructura adecuada y saber que se podrá permanecer en ella a largo plazo permite pensar el proyecto más allá de la supervivencia inmediata.

El impacto tampoco se limita a los edificios. La Comunalitat de Valls, impulsada desde el propio ecosistema, ha permitido ampliar la intervención social y comunitaria en el barrio: según Bastida, durante los primeros años se han generado «una cincuentena de puestos de trabajo, se han creado tres asociaciones y se han impulsado una quincena de proyectos comunitarios». En una década, dice, las iniciativas vinculadas al ecosistema han contribuido a abrir una decena de locales comerciales en el Barri Antic. Pero el crecimiento también tiene límites: «Lo que más bloquea el crecimiento del ecosistema es la disponibilidad de tiempo de las personas que forman parte de las propias cooperativas y la consolidación de los propios proyectos». Para Bastida, la lección de Valls es que un ecosistema necesita ir más allá de generar empleo: «El objetivo es la transformación social con una base y una mirada política del territorio».

Arraigar para dejar de ser una anécdota

Valls, Olot, Sants, el nuevo ecosistema que ECOS intenta construir en el centro de Barcelona o las experiencias emergentes que también hay en ciudades como Manresa, Sant Cugat del Vallès, Mataró, Girona, Lleida o Sabadell muestran que no hay una única receta para cooperativizar un territorio. Pero hay ingredientes que se repiten: espacios de gobernanza compartida, relaciones con el tejido social, capacidad de crear actividad económica e infraestructuras que den estabilidad a los proyectos. En este sentido, Ivan Miró considera que «es fundamental colectivizar la propiedad del suelo, urbano y rural, para permitir que estos ecosistemas emerjan y se consoliden».

El reto final, sin embargo, no es acumular metros cuadrados ni multiplicar el número de cooperativas, sino conseguir que estas iniciativas dejen de ser excepciones y pasen a formar parte de la manera en que un territorio resuelve sus necesidades de vivienda, de alimentación, de trabajo, de energía, de cultura o de cuidados. Facundo lo expresa desde la experiencia del Grup ECOS: «La economía social y solidaria no sobrevive si está aislada». Solo cuando se enreda «políticamente», «económicamente», pero también «social y territorialmente», puede dejar de ser una anécdota y convertirse en un actor más del barrio, con capacidad de intervenir sobre su futuro.

Fuente: Crític. Artículo original en catalán de Laia Soldevila, publicado en elcritic.cat el 23 de septiembre de 2026.

Después de un recorrido de más de un año desde la Conferencia Más Allá del Crecimiento en septiembre de 2025 y la plenaria del Foro Social en febrero de 2026, llega el Primer Encuentro del Acuerdo Ecosocial Más Allá del Crecimiento, que tendrá lugar en Sevilla los días 2 y 3 de octubre.

En un momento marcado por las consecuencias más evidentes de la crisis ecosocial, en forma de guerras, incendios, crisis de vivienda y salud, acaparamiento de tierras por fondos privados de inversión y el genocidio que continúa en Palestina, el encuentro se plantea no solo para resistir, sino también para trabajar en propuestas que aborden las causas, transitando más allá del crecimiento y del capitalismo. Se trabajarán propuestas en torno a los conflictos identificados por el Pacto Alimentario, del Agua y la Biodiversidad y por el Pacto de Salud Integral y Bienestar Comunitario, con la metodología común del Foro Social.

Fecha: viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026
Hora: viernes, de 15:30 a 20:30 h; sábado, de 9:30 a 19:00 h (y cena y espacio cultural a las 20:00 h)
Lugar: viernes, Parlamento de Andalucía (Hospital de las Cinco Llagas); sábado, sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, C/ Blanco White, 5, Sevilla
Modalidad: presencial
Organiza: Foro Social Más Allá del Crecimiento
Inscripción: en la página del encuentro en Decidim («Unirse al encuentro»)

Programa

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Este año la Semana Europea de la Movilidad repite el lema “Movilidad para todas” y pone el foco en la equidad entre generaciones. Necesitamos urgentemente transformar nuestras ciudades y movilidades para dar respuesta a las diferentes necesidades que tenemos a lo largo de nuestro ciclo de vida.

Una de las etapas que a veces queda en tierra de nadie es la adolescencia. Una etapa clave donde se forjan hábitos, construimos nuestra identidad y buscamos la libertad: salir del paraguas de nuestra familia y empezar a conquistar nuestros propios espacios.

Pero, ¿qué ocurre cuando llegamos a esa etapa sin haber aprendido a movernos de forma autónoma? Hay adolescentes que entran en secundaria sin haber ido nunca solos al colegio, salido por el barrio o jugado cerca de casa sin vigilancia.

A esto se suma una ciudad zonificada y monofuncional que no ha pensado que los espacios han de acoger también sus necesidades.

Hay dos ideas clave para construir ciudades que incluyan a la adolescencia: Seguridad no significa ausencia de riesgo. En lugar de limitar su autonomía porque existen peligros, debemos transformar las condiciones que los generan: velocidades, cruces, calles…

Y cambiar la mirada sobre la infancia y la adolescencia y dejar de lado la sobreprotección. Necesitamos confiar en su capacidad para resolver situaciones, tomar decisiones y participar en la vida de la ciudad.

Porque una ciudad para todas las personas debe tener lugares donde podamos encontrarnos, convivir y compartir entre generaciones.

En este marco, desde la Escuela de Movillidad comparten estos estos cursos y convocatorias:

CURSOS

Movilidad para todas las personas: género, edad y cuidados. Inicio: 29 septiembre.

Con Zaida Muxí, Marta Román, Laura Pérez, Montserrat García, Sara Ortiz, Col·lectiu Punt6.

Movilidad para todas las personas: género, edad y cuidados. Inicio: 29 septiembre.

Con Zaida Muxí, Marta Román, Laura Pérez, Montserrat García, Sara Ortiz, Col·lectiu Punt6.

Digitalización y datos en la movilidad sostenible.
Inicio: 30 septiembre.

Con Maite Pérez, Núria Pérez Sans, Ramon Pruneda, Manel Pons.

Gobernanza y participación ciudadana en la movilidad sostenible. Inicio: 1 octubre. 

Con Roser Casanovas, Mercedes Vidal, Amancay Villalba, Anabel Gulías, Luciano Ibarra, Eixample Respira, Som Mobilitat, Som Ecologística, Juventud por el Clima, Col·lectiu Punt6.

Movilidad al trabajo y de grandes centros de actividad. Modalidad asíncrona.

Con Juan Carlos Escudero, Manel Ferri, Mar Fernández Lorente, David Balbás Alonso, Marc Nadal Agustí, Alberto Puivecino Lobera, Rafael Requena, Manuel Riera Díaz.

EVENTOS

¡Ven a la presentación de Rowan March en Barcelona!

Participaremos en la presentación de la novela de Jaime Novo. Un thriller social para hablar de tecnología, vigilancia, bicis, en definitiva, del futuro de nuestras ciudades.

David Balbás Alonso (Escuela) participará en la presentación junto a Jaime Novo.

10 de septiembre a las 18:00 h en Bicihub Barcelona

Ver más

Jornada sobre descarbonización y electrificación de la movilidad

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, participamos en la jornada organizada por por la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, AMB, Ajuntament de Barcelona y ATM.

17 de septiembre | 9:00–17:30 en Espai Francesca Bonnemaison, Barcelona
Inscripciones

Jornada técnica sobre la Ley de Movilidad Sostenible

Elaboramos junto a COAMBA esta jornada para conocer las claves de la nueva normativa, profundizar en sus principales aspectos socioambientales y, reflexionar sobre las oportunidades que abre para ambientólogos y ambientólogas.

14 de septiembre | 10:00–11:30 h Online, a través de Zoom

Inscripciones

Abrir una cuenta corriente, contratar una póliza de seguros, financiar la tesorería municipal: son gestiones tan rutinarias que rara vez se piensan como una decisión política. Y sin embargo, según con quién se firmen, empujan el dinero público hacia un modelo financiero u otro.

A raíz de una sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC —tercera de un ciclo de cuatro encuentros dedicados a sectores estratégicos para la acción público-comunitaria, junto a vivienda, energía y alimentación—, conviene detenerse en algunas de las ideas que se pusieron sobre la mesa, porque retratan bien un sector ya consolidado que, aun así, sigue teniendo que pelear su espacio dentro de la contratación pública, pliego a pliego.

Guillem Subirachs y Sergi Salavert, del equipo técnico de FETS – Finançament Ètic i Solidari, condujeron la formación con una idea de fondo: las finanzas éticas ya no son una rareza testimonial, sino un ecosistema consolidado con casi treinta años de recorrido, y el reto ahora es que la administración pública aprenda a mirarlo.

Un sector que nació diciendo «con mi dinero, no»

El origen del movimiento se remonta a los años sesenta, ligado a la oposición a la guerra de Vietnam y al régimen del apartheid en Sudáfrica: colectivos que empezaron a exigir saber, y decidir, en qué se invertía su dinero. De ahí nace el principio más conocido del sector, el de exclusión —nada de armamento, nada de energía nuclear, nada de proyectos con impactos sociales o ambientales negativos—, aunque las finanzas éticas se definen hoy por bastante más que por lo que rechazan: también por comprometerse a canalizar el ahorro hacia proyectos con impacto positivo, por la transparencia sobre dónde va ese dinero, por la participación democrática de las personas socias en la gestión de las entidades, y por aplicar hacia dentro los mismos principios que exigen hacia fuera.

Con esos cinco criterios, FETS analiza los principales bancos y cooperativas de crédito del Estado español a través de su Escáner de las Finanzas Éticas; solo un puñado de entidades —entre ellas Coop57, Fiare Banca Ética, Oikocredit y Triodos Bank— supera el umbral de cumplimiento que la asociación considera necesario para hablar propiamente de banca ética.

Menos presente en el imaginario colectivo que los préstamos o las cuentas de ahorro, el sector asegurador forma también parte de este ecosistema, y ahí nace el sello EthSI, que certifica que una mutualidad, compañía o correduría trabaja según principios de mutualidad, equidad y transparencia. Un sello pensado, en un primer momento, como guía para la ciudadanía, pero que puede convertirse también en una herramienta de contratación pública.

Una ley que excluye la tesorería, y eso puede ser una ventaja

La Ley de Contratos del Sector Público deja fuera de su ámbito a los servicios de financiación y tesorería, mientras que sí regula los de inversión y seguros. A primera vista parece un vacío incómodo, pero puede leerse también como una oportunidad: da a los ayuntamientos más margen para negociar directamente con entidades de finanzas éticas, con mayor flexibilidad y sin la rigidez de un pliego estándar, aunque sin renunciar a los principios de concurrencia y transparencia que deberían regir cualquier contratación pública. La contrapartida es que, al no ser un proceso público, muchas de estas experiencias quedan invisibles si nadie se encarga de contarlas.

Cuando el servicio sí entra en la ley —los seguros, sobre todo—, ocurre justo lo contrario: todo el proceso se publica, y eso lo hace mucho más fácil de consultar y de replicar en otro municipio. La clave, en ese caso, está en vincular el objeto del contrato con criterios sociales, fiscales y ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida del servicio, y en aprovechar la posibilidad legal de dividir la licitación en lotes: las finanzas éticas pueden ser complementarias a la banca convencional, pero rara vez están en condiciones de asumir por sí solas un contrato entero.

Mataró y el 20% que sí se pudo pedir

El ejemplo más citado durante la sesión fue el del Ayuntamiento de Mataró, que en una licitación de sus pólizas de seguros repartió la puntuación en un 80% para la oferta económica y un 20% para estar en posesión del sello EthSI o un equivalente. La cláusula funcionó porque no era excluyente —de no haberse presentado ninguna entidad certificada, la licitación no se habría invalidado— y porque estaba bien justificada en relación con el propio objeto del contrato. En la práctica, la aseguradora adjudicataria no tenía el sello, pero sí la correduría que gestionaba el proceso, lo que bastó para activar ese 20%.

Un gesto administrativo relativamente pequeño, en definitiva, con un efecto nada menor: orienta hacia el sector ético una parte del gasto público y manda una señal clara al mercado sobre qué prácticas se quieren premiar. Y también un ejemplo de que este tipo de criterios de adjudicación, tan fáciles de impugnar cuando no están bien fundamentados, sí resisten cuando se construyen con cuidado —algo más sencillo, se apuntó, en un municipio de tamaño medio que en una gran capital, donde hay muchos más intereses puestos sobre el mismo contrato.

Otros ayuntamientos —Barcelona, Castellón o Donostia, además del propio Mataró— han conseguido financiar parte de su tesorería a través de entidades de finanzas éticas, pero en todos los casos fue posible porque existía una relación previa entre administración y entidad. Las finanzas éticas no funcionan como un proveedor de urgencia: no pueden presentarse a un concurso relámpago sin haber tenido antes ningún contacto con el territorio.

Más allá del pliego: formar, sensibilizar, construir relación

Antes de llegar a la contratación propiamente dicha, la sesión insistió en un mapa más amplio de lo que una administración puede hacer para fomentar las finanzas éticas en su territorio: fijar un diagnóstico y una hoja de ruta, formar tanto al personal técnico como al político, avanzar de forma progresiva hacia una operativa financiera propia con entidades éticas, y trabajar la sensibilización ciudadana —desde visibilizar los proyectos ya financiados en el territorio hasta organizar rutas sobre el impacto del sistema financiero en las ciudades o catas de productos de la banca ética, actividades que FETS repite cada año en distintos formatos—. A todo ello se suma fortalecer el tejido económico y social local mediante encuentros entre entidades de finanzas éticas y de la Economía Social y Solidaria de un mismo territorio, pensados precisamente para que la relación exista antes de que llegue la urgencia de una licitación.

Una ley favorable, pero una voluntad política imprescindible

Como en las sesiones dedicadas a energía o a vivienda cooperativa dentro del mismo ciclo, el mensaje de fondo volvió a repetirse al cierre: existen ya herramientas maduras —un escáner que mide bancos, un sello que certifica seguros, una guía jurídica pensada para copiarse directamente en un pliego— para que lo público mueva su dinero de otra manera. Lo que falta, con frecuencia, no es la herramienta sino la decisión de usarla. Sin una voluntad política clara, los tiempos se dilatan y ni la mejor guía técnica basta para que finanzas éticas y administración acaben encontrándose; con ella, como demuestra Mataró, un simple 20% en un pliego de seguros puede bastar para empezar a cambiar hacia dónde va el dinero público.

El próximo 16 de octubre, de 9:30 a 14:00 h, el Círculo de Bellas Artes de Madrid se convertirá en el epicentro del cierre del Ciclo de Foros COOPUBLIC, impulsado por REAS Red de Redes. Para participar es preciso inscribirse aquí.

Tras el recorrido por Catalunya, País Valencià, Euskadi-Nafarroa, Balears y Canarias, llega el momento de poner en común los aprendizajes de todo un ciclo de encuentros territoriales entre administración pública y entidades de la Economía Solidaria en un Foro Estatal presencial sin precedentes; un ejercicio de cooperación y trabajo conjunto de cooproducción entre agentes institucionales y sociales.

La pregunta que atraviesa todo el encuentro
¿Cómo mejorar las políticas públicas incorporando el conocimiento, las capacidades y las experiencias que ya existen en los territorios? Vivienda, transición energética, cuidados, alimentación, cultura… son retos que ninguna institución puede afrontar en solitario. Son cientos las cooperativas, redes comunitarias y organizaciones sociales que llevan años tejiendo respuestas concretas: comunidades energéticas, cooperativas de vivienda, redes de cuidados, proyectos culturales comunitarios, sistemas alimentarios de proximidad, iniciativas de finanzas éticas.

COOPUBLIC y este foro nacen para abrir ese espacio de encuentro e interlocución entre responsabilidad institucional, conocimiento técnico y experiencia social organizada, con un objetivo claro: pasar de las experiencias concretas a políticas públicas que se puedan aplicar, evaluar, replicar y proteger.

Un cartel de altura para el debate político-social

• David Perejil, director de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
• Jaime Iglesias, comisionado especial para la Economía Social
• María Sintes Zamanillo, jefa de servicio de la Oficina Española de Cambio Climático,
• Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales
• Luigi Carinci, presidente de REAS Red de Redes
• Belen Sánchez Rubio, grupo motor Futuro en común
• Jorge Nacarino, responsable de política institucional en la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales.
• Marta Abril, coordinadora de Políticas Públicas de Altekio/ Ecorredes

Del debate a la acción: diseño estratégico colectivo
Tras la mesa político-social, el foro no se queda en la fotografía institucional. Se abrirá un espacio de diseño estratégico colectivo para identificar qué herramientas se necesitan, qué obstáculos hay que superar y qué pasos concretos permitirán fortalecer este modelo de cooperación público-comunitaria — un trabajo que se traducirá en una hoja de ruta compartida para todo el Estado.

Una llamada especial a quienes hacen política pública cada día

REAS Red de Redes quiere contar especialmente con profesionales de las administraciones que trabajan en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas. Su experiencia es clave para que el debate no se quede en señalar buenas prácticas, sino que ayude a entender qué condiciones administrativas, jurídicas y políticas hacen posible llevarlas a la acción pública real.

Y también es una invitación directa a la sociedad civil organizada: si las comunidades ya están generando soluciones públicas, el reto es preguntarse cómo reconocemos, protegemos y ampliamos esa capacidad colectiva. .

Un encuentro que reúne en una misma sala a ministros, secretarías de Estado, direcciones generales y redes de economía solidaria y movimientos sociales. Si te interesa el futuro de la cooperación público-comunitaria y quieres ser parte activa en ésta es la cita que no te puedes perder.

16 de octubre | 9:30–14:30 h
Círculo de Bellas Artes, Madrid
Inscripción obligatoria aquí.

💻 ¿No puedes venir a Madrid? ¡Síguelo en directo por streaming!
👉 https://www.youtube.com/watch?v=EkLMP6C_gZ0