El Estado español está trabajando en la transposición de la Directiva europea sobre el derecho a reparar, a través de la Ley de Consumo Sostenible, liderada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El borrador de la futura Ley incorpora algunas medidas para facilitar la reparación de productos, combatir la obsolescencia programada, mejorar la información que reciben las personas consumidoras e introducir incentivos para reparar en lugar de sustituir. Aunque el texto supone un avance y recoge algunas propuestas plenteadas por la sociedad civil, algunas cuestiones clave, como una definición más clara de los “precios razonables de reparación” o la aplicación de incentivos fiscales, entre otras, siguen sin tenerse en cuenta. Lo explica Claudia Bosch, coordinadora de la campaña Electrónica Justa en SETEM Catalunya.

La Directiva sobre normas comunes para fomentar la reparación de bienes (Directiva (UE) 2024/1799 —comúnmente conocida como la Directiva sobre el derecho a reparar—, aprobada en 2024, exige a los Estados miembros que tengan lista su transposición antes del 31 de julio de 2026.

En España, esta transposición la está liderando el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y se ha agrupado con la transposición de la Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica (Directiva (UE) 2024/82). Esta combinación dará lugar a la futura Ley de Consumo Sostenible, que por ahora es un anteproyecto de ley, que no cumplirá el plazo de transposición del 31 de julio de 2026.

Diversas organizaciones locales, algunas de ellas miembros de la coalición Right to Repair Europe, han seguido muy de cerca esta transposición con el fin de abogar por la integración de mecanismos eficaces que promuevan el derecho a la reparación y que aprovechen al máximo las oportunidades que ofrece la Directiva para legislar a favor de un mejor acceso a los criterios de reparabilidad, las piezas de recambio, la información sobre reparaciones y los servicios de reparación, y hacer que reparar sea una opción más asequible.

Desde 2023 hemos mantenido una serie de reuniones con el Ministerio, hemos llevado a cabo una campaña con motivo del Día Internacional de la Reparación para impulsar estas reivindicaciones, hemos participado en la consulta pública sobre la ley que se abrió durante el verano de 2025, y celebramos una reunión final el pasado mes de febrero.

Aspectos positivos y negativos del último borrador de la Ley sobre el derecho a la reparación 

El Ministerio se ha mostrado en general receptivo a las demandas de la sociedad civil, aunque algunas se han encontrado con limitaciones impuestas por otros ministerios, y con el miedo de presentar un borrador demasiado ambicioso que corriera el riesgo no de no ser votado por las fuerzas más conservadoras del Congreso.

Hacemos aquí un resumen de lo más destacado:

Prácticas desleales y engañosas

Los aspectos a tener en cuenta para considerar una práctica desleal por engañosa abarcaran también a partir de ahora las características medioambientales de los bienes y servicios y en concreto su circularidad, durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad. Además, añade nuevas prácticas expresamente prohibidas, asociadas a la obsolescencia programada temprana de los bienes, como por ejemplo:

• Ocultar a las personas consumidoras el hecho de que una actualización de software pueda afectar negativamente al funcionamiento de bienes con elementos digitales o el uso de contenidos o servicios digitales.
• Presentar como necesaria una actualización de software que solo mejore características de funcionalidad, pero no sea necesaria para garantizar la conformidad del producto.
• Realizar cualquier comunicación comercial en relación con un bien que contenga una característica introducida para limitar su durabilidad, a pesar de que el empresario disponga de información sobre la característica y sus efectos en la durabilidad del bien.
• Afirmar falsamente que, en condiciones normales de uso, un bien tiene una durabilidad determinada en términos de tiempo o intensidad de uso, o presentar un bien como no susceptible de reutilización o no apto para la segunda mano sin ser cierto.
• Presentar un bien como apto para la reparación cuando no lo sea.
• Inducir a las consumidoras a creer que sus bienes no pueden repararse debido a una reparación o inspección previas por parte de un reparador/a independiente o un/a usuario/a final, o a falsas afirmaciones de que dicha reparación o inspección genera riesgos relacionados con la seguridad.
• Inducir a la consumidora o usuaria a sustituir, rellenar o reponer los elementos fungibles de un bien antes de lo que resulte necesario por razones técnicas.
• Ocultar información sobre el deterioro de la funcionalidad de un bien cuando se utilicen elementos fungibles, piezas de recambio o accesorios no suministrados por el productor original, o afirmar falsamente que se producirá dicho deterioro.

Más información y más claridad para las usuarias y consumidoras

• Sobre la garantía: El borrador prevé clarificar la información sobre la garantía legal de conformidad y la garantía comercial de durabilidad para evitar confusiones entre los y las consimidoras y usuarias, mediante una etiqueta armonizada a nivel de la Unión Europea de la garantía comercial, y un aviso armonizado sobre la garantía legal de conformidad.
• Información requerida en servicios de comparación de bienes y servicios: Este tipo de servicios deberán facilitar información sobre el método de comparación, los bienes y servicios objeto de la comparación y los proveedores de dichos bienes y servicios, así como las medidas impuestas para mantener dicha información actualizada. Esto incluye también comparaciones sobre aspectos de circularidad, como la durabilidad, reparabilidad o reciclabilidad. Con esta medida se protege a la ciudadanía y se evita que estas comparaciones sean confusas o engañosas.

Formulario europeo de información sobre la reparación

Los y las reparadoras pueden, de forma voluntaria, utilizar el formulario europeo de información gratuito sobre la reparación. El formulario recogerá la siguiente información:

1. Las características principales del servicio de reparación.
2. La identidad del reparador o reparadora y los datos de contacto.
3. El precio de la reparación.
4. La modalidad de la prestación del servicio de reparación y el plazo para prestar el servicio.

Esto permitirá a las personas consumidoras valorar y comparar los diferentes servicios de reparación: la medida pretende mejorar la confianza en los servicios de reparación, aportando más información previamente a la reparación.

Reparar antes que sustituir

Los fabricantes tendrán la obligación de ofrecer una reparación a las personas consumidoras de los productos cubiertos por la Directiva por el Derecho a Reparar dentro de la garantía legal. Cuando la persona escoja la reparación, se ampliará la garantía doce meses, lo cual es una manera de incentivar la elección de esta opción en vez de la sustitución.

Además, la reparación será gratuita (incluyendo los gastos de envío, transporte, mano de obra o materiales) o ‘a un precio razonable’. No se ha conseguido que el borrador sea más explícito o defina mejor lo que se considera un precio razonable.

La reparación deberá llevarse a cabo en un “plazo razonable” a partir del momento “en que el empresario haya sido informado por el consumidor o usuario de la falta de conformidad.”, y realizarse “sin mayores inconvenientes para el consumidor o usuario, habida cuenta de la naturaleza de los bienes o de los contenidos o servicios digitales y de la finalidad que tuvieran para el consumidor o usuario.”

El fabricante podrá cumplir esta opción de reparar por sí mismo o a través de una empresa subcontratada, salvo que “la reparación fuera imposible”. Cuando el fabricante esté establecido fuera de la Unión Europea, se aplicará un esquema de ‘responsabilidad en cascada’, y será su representante autorizado en la Unión Europea quien cumplirá con esta obligación o, en caso de no existir esta figura, el importador, o en defecto de los anteriores, el distribuidor.

Los fabricantes no se podrán negar a reparar un producto alegando que otros reparadores o cualquier otra persona han efectuado una reparación previa.

El borrador explicita que queda prohibido incrementar los precios de los repuestos al aplicarlos en las reparaciones, y que la lista de precios de los repuestos deberá estar a disposición del público, así como la del resto de servicios aparejados, debiéndose diferenciar en la factura los diferentes conceptos.

Los fabricantes que comercialicen piezas de recambio y herramientas para los productos cubiertos por la Directiva por el Derecho a Reparar ofrecerán dichas piezas de recambio y herramientas a un ‘precio razonable que no disuada de la reparación’. De nuevo, no se ha conseguido que el borrador incluya una definición más clara sobre qué se considera un ‘precio razonable’.

Además, se podrán proporcionar bienes reacondicionados como bienes de sustitución mientras dure la reparación de un producto, y también en caso de que la persona consumidora escoja la sustitución en vez de la reparación.

Bono a la reparación

El borrador incluye también una de las principales demandas de las entidades: un bono a la reparación, parecido al que ya está en funcionamiento en Francia. El coste económico de las reparaciones es una de las principales barreras a la reparación. Este bono permitirá incentivar la reparación, ya que reducirá la factura del servicio para la ciudadanía.

Serán los propios productores y, en su caso, los representantes autorizados, importadores o comercializadores, de forma individual o en asociación, a través de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (RAP) quienes aporten esta financiación. Este bono solo se podrá utilizar para la reparación de aquellos productos cubiertos por la Directiva por el Derecho a Reparar.

Pese a la demanda de las entidades de cubrir el mismo porcentaje de la reparación independientemente de la antigüedad del producto, esta demanda no se ha incluido. Así pues, el borrador define el siguiente esquema de financiación:

a) Durante los dos años posteriores al vencimiento del plazo de garantía legal de conformidad o garantía comercial correspondiente, la contribución a la financiación de los costes de reparación será del 20%.

b) Durante el tercer año, la contribución a la financiación de los costes de reparación será del 10%.

c) Durante el cuarto año, la contribución a la financiación de los costes de reparación será del 5%.

Para beneficiarse de esta reducción, las personas consumidoras deberán acudir a un servicio de reparación inscrito en la Plataforma europea en línea de reparaciones, que deberá garantizar que la reparación no se debe a un mal uso del producto. Los reparadores y reparadoras descontarán directamente este porcentaje del precio de la reparación en el formulario europeo de información sobre la reparación.

Posteriormente, el reparador o reparadora podrá solicitar el reintegro de este porcentaje a los productores – o en su defecto a los representantes autorizados, importadores o comercializadores – quienes deberán abonarlo en un plazo máximo de 30 días desde la solicitud.

Los productores publicarán anualmente los importes destinados a financiar las reparaciones, la lista de servicios de reparación a los que han transferido los importes y la cantidad de bienes reparados, así como el número de solicitudes rechazadas. Esto proporcionará datos relevantes para evaluar el impacto del bono, y también para supervisar en qué medida los productores rechazan hacer la cofinanciación y el porqué.

Las entidades hemos propuesto también una política fiscal favorable, como por ejemplo una reducción del IVA a los productos de segunda mano o reacondicionados, pero esta medida no ha quedado recogida por el borrador ya que no ha sido aceptada por otros ministerios.

Plataforma en línea sobre reparación

En España se ha optado por la creación de una sección nacional en la interfaz común de la plataforma europea en línea recogida en la Directiva pro el Derecho a Reparar. Esta sección no solo incluirá servicios de reparación, sino también tiendas de bienes reacondicionados, compradores de bienes defectuosos para su reacondicionamiento o iniciativas de reparación participativas como los “repair café”. La inclusión de esta variedad de actores en la plataforma también ha sido una de las demandas de la entidades que ha salido adelante, y que pensamos que favorecerá dar a conocer dichas iniciativas a la ciudadanía, y por ende su apoderamiento y conocimientos sobre reparación.

PRÓXIMOS PASOS

En estos momentos, este último borrador se encuentra en fase de tramitación en el marco del procedimiento TRIS (Sistema de Información sobre Reglamentación Técnica) de la Comisión Europea. Por lo tanto, aún existe una última oportunidad para participar en la consulta pública, que permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre de 2026, y reforzar el apoyo a los puntos positivos de la ley, así como pedir la reformulación de aquellos puntos más débiles.

Posteriormente, el borrador se llevará al Congreso para su votación definitiva.

El consumo responsable a menudo se presenta como una opción individual, pero no todo el mundo tiene las mismas condiciones para practicarlo. En el contexto de crisis ecosocial se hace cada vez más evidente que no basta con apelar a la conciencia individual: necesitamos un giro que permita consumir sin pisar vidas y que lo haga posible para todas.

Pensar y repensar el consumo, hasta cambiarlo

Desde hace años, muchas hemos sido las voces que hemos contribuido a cuestionar el modelo de consumo dominante, señalando sus impactos sobre las personas y los ecosistemas y visibilizando alternativas más justas, sostenibles y democráticas. Pero también hemos insistido en algo clave: no se trata solo de consumir mejor, sino de repensar qué significa consumir y qué papel tiene el consumo en la organización de nuestras sociedades. Reflexiones todas ellas que nos invitan a bajarnos de la rueda del consumismo

Somos conscientes de que el consumo no es un acto aislado. Forma parte de una cadena que empieza en la extracción de recursos y atraviesa la producción, la distribución, llegando hasta la gestión de los residuos. Pensar el consumo consciente implica, por tanto, mirar esa cadena en su conjunto y preguntarnos qué condiciones hacen posible que un producto llegue a nuestras manos y a qué coste social y ambiental.

Partimos de una constatación obvia y a priori desalentadora: cambiando nuestro consumo no cambiaremos el mundo. Pero… también sabemos que no habrá transformación posible del sistema que no pase por el consumo y por el replanteamiento profundo de las lógicas de producción, distribución y consumo que sostienen el modelo actual.

Cuando la responsabilidad recae en quien menos puede

Durante años, el consumo responsable o consciente se ha formulado como una cuestión de elecciones individuales: comprar ecológico, evitar determinados productos, priorizar opciones éticas, comprar productos de comercio justo,etc. Sin embargo, esta mirada tiene límites evidentes.

No todas las personas tienen el mismo margen de decisión. El nivel de renta, el tiempo disponible, el acceso a alternativas, la facilidad para acceder a ellas en el lugar donde vivimos o el acceso a la información condicionan fuertemente las posibilidades de consumo. Para muchas personas, también en el Norte global, consumir no es una elección sino una cuestión de subsistencia.

Cuando el acceso a alimentos saludables, energía verde,a moda éticc o productos duraderos depende de la capacidad económica, el consumo responsable deja de ser una opción y se convierte en un privilegio. Y cuando esto ocurre, la responsabilidad se desplaza injustamente hacia las personas, invisibilizando el papel de las administraciones, de empresas y de las reglas del mercado.

Del privilegio al derecho

Ante esta realidad, cada vez toma más fuerza la idea de un cambio de enfoque: pasar de entender el consumo responsable como una opción a formularlo como un derecho.

Esto implica un desplazamiento fundamental. Hasta ahora, cuando se ha vinculado el consumo con el derecho, se ha hecho principalmente desde una lógica defensiva: proteger a las personas consumidoras frente a los abusos del mercado, a través de mecanismos de reclamación, asociaciones de defensa o marcos legales que parten de la idea de que el mercado agrede y que debemos defendernos de él. Este enfoque, aunque necesario, es insuficiente. Significa reconocer que no basta con proteger a las personas consumidoras frente a abusos, sino que es necesario intervenir y regular el propio mercado para que deje de generar estas vulneraciones. Es decir, no solo defendernos de los impactos, sino evitar que se produzcan, garantizando que los bienes y servicios disponibles no vulneren derechos desde su origen.

Esto implica dejar de poner el foco en las decisiones individuales para situarlo en las condiciones estructurales que configuran el mercado. Un ejemplo claro lo encontramos en las condiciones laborales de las trabajadoras del campo, como las temporeras de la fresa en Huelva o las campañas de recogida de fruta en Lleida. En estos contextos, organizaciones como el Sindicato de Temporeras de Huelva o iniciativas como Fruita amb Justícia han denunciado vulneraciones sistemáticas de derechos laborales y condiciones de vida indignas. Pensar el consumo responsable como derecho implica reconocer estas realidades y entender que la responsabilidad no puede recaer en quien compra, sino en garantizar que aquello que llega al mercado no se produce a costa de la explotación y de la vulneración de derechos básicos de otras personas.

Hablar de derecho al consumo consciente es hablar de un derecho que atraviesa toda la cadena: desde las condiciones laborales en la producción hasta los impactos ambientales, pasando por la distribución y el final de vida de los productos. Y es, también, hablar de obligaciones claras para las empresas, que no pueden seguir operando a costa de la vulneración de derechos humanos y ambientales.

Regular el mercado para hacer posible el derecho

Este cambio de mirada conecta con un debate más amplio sobre el papel de la regulación. Si queremos que el consumo responsable sea una posibilidad real para todas, no basta con promover buenas prácticas: es necesario establecer límites y reglas claras.

En este sentido, iniciativas como la futura ley de consumo sostenible apuntan en una dirección relevante. Introducen elementos como la lucha contra el greenwashing, el impulso al derecho a reparar o la mejora de la información sobre los productos. Son pasos importantes porque reconocen que el mercado no es neutral y que necesita ser regulado para evitar prácticas que dañan a las personas y al planeta.

Sin embargo, estas medidas siguen siendo parciales. Para avanzar hacia un verdadero derecho al consumo responsable, es necesario ampliar el foco, incorporar todos los sectores, reforzar los mecanismos de control y, sobre todo, redistribuir responsabilidades. No se trata solo de informar mejor a quien consume, sino de transformar las condiciones en las que se produce y se pone en circulación lo que consumimos. Esto requiere, además, el despliegue efectivo de mecanismos de seguimiento, control y sanción que aseguren el cumplimiento de la normativa existente. Porque sin voluntad política, recursos y estructuras que garanticen que las leyes se aplican, el riesgo es que las regulaciones queden en papel mojado y que las vulneraciones de derechos continúen produciéndose sin consecuencias.

Consumir sin pisar vidas, como norma

El reto, en definitiva, no es que unas pocas personas puedan consumir de forma responsable, sino que nadie tenga que elegir entre llegar a fin de mes o respetar los derechos de otras personas y del planeta.

Esto implica avanzar hacia un modelo en el que producir y distribuir ya incorpore la responsabilidad como condición de partida, y en el que el consumo responsable deje de ser una excepción para convertirse en la norma. Un modelo en el que las administraciones públicas, las empresas y el conjunto de actores económicos asuman su papel en la garantía de este derecho y en el que la sociedad civil organizada tenga un papel de vigía constante, para seguir avanzando y no bajar la guardia en ningún momento.

Porque el consumo responsable no puede ser un lujo ni un gesto individual. Si forma parte del problema, tiene que formar parte de la solución. Y eso solo será posible cuando deje de depender de la voluntad de cada cual y pase a ser garantizado como un derecho.

Estas reflexiones serán la tesis de partida de uno de los ejes de Idearia, encuentro bienal de la economía solidaria que tendrá lugar del 8 al 10 de mayo en Pamplona. Programa en la web del encuentro.

Un artículo de Mireia Bosch, de Opcions, para El Salto

En un contexto marcado por retos sociales, económicos y ambientales cada vez más complejos —como el acceso a la vivienda, la transición energética, la sostenibilidad de los sistemas alimentarios o la necesidad de modelos financieros más justos—, las administraciones públicas están llamadas a innovar en la forma en que diseñan e implementan sus políticas.

En paralelo desde la Economía Social y Solidaria (ESS) llevamos décadas impulsando iniciativas que sitúan a las personas y al territorio en el centro, generando soluciones sostenibles, inclusivas y orientadas al bien común. La colaboración entre ambos ámbitos se presenta hoy como una oportunidad estratégica para avanzar hacia políticas públicas más eficaces y transformadoras.

Con este objetivo, lanzamos un ciclo de formaciones centrado en la coproducción de políticas públicas, un enfoque que promueve la colaboración activa entre administraciones públicas y entidades de la ESS en todas las fases de las políticas: desde el diagnóstico hasta su implementación y evaluación.

Cuatro sectores estratégicos para la transformación

El programa se articula en torno a cuatro ámbitos clave, donde existen importantes desafíos pero también un gran potencial de innovación desde la colaboración:

•  Vivienda: abordando modelos de acceso más justos y fórmulas de colaboración público-cooperativa.
• Energía: impulsando la transición hacia sistemas más democráticos a través de comunidades energéticas y proyectos de base local.
• Finanzas éticas: incorporando criterios de transparencia, sostenibilidad e impacto social en la financiación pública.
• Alimentación: fortaleciendo sistemas alimentarios de proximidad, sostenibles y vinculados al territorio.

Fortalecer capacidades para incidir y transformar

Más allá del contenido teórico, estas formaciones están diseñadas con un enfoque práctico y aplicado. Las personas participantes podrán:

• Fortalecer sus capacidades de incidencia política y técnica.
• Conocer herramientas concretas para la coproducción de políticas públicas.
• Analizar casos reales de colaboración entre administraciones y entidades de la ESS
• Identificar oportunidades para aplicar estos enfoques en sus propios contextos

El objetivo es facilitar no solo el aprendizaje, sino también la transferencia directa a la acción pública, contribuyendo a generar políticas más conectadas con las necesidades sociales y más eficaces en su impacto.

Un espacio para la colaboración y el aprendizaje mutuo

El ciclo está dirigido principalmente a personal técnico y responsables políticos de administraciones públicas, así como a entidades de la Economía Social y Solidaria interesadas en fortalecer su capacidad de interlocución y colaboración con el sector público. Además de ser un espacio formativo, el programa busca fomentar la creación de redes, el intercambio de experiencias y la construcción de alianzas entre actores clave para la transformación territorial.

Hacia políticas públicas más abiertas, participativas y transformadoras

La coproducción de políticas públicas no es solo una metodología, sino un cambio de paradigma: implica repensar los roles tradicionales, abrir espacios de colaboración real y apostar por modelos de gobernanza más democráticos. Este ciclo de formaciones se enmarca en esa visión, con la voluntad de contribuir a una administración pública más innovadora y a una Economía Social y Solidaria con mayor capacidad de incidencia.

AGENDA

• 12 de Mayo de 10.30 a 12: Formación en vivienda: ACCEDE AQUÍ A MÁS INFORMACIÓN.
• 19 de Mayo de 10.30 a 12h: Formación en energía: ACCEDE AQUÍ A MÁS INFORMACIÓN.
• 9 de Junio de 10.30 a 12h: Formación en Finanzas Éticas. ACCEDE AQUÍ A MÁS INFORMACIÓN.
• 16 de junio de 10.30 a 12h: Formación en Alimentación. ACCEDE AQUÍ A MÁS INFORMACIÓN.

Este hito coincide con el 40 aniversario del movimiento, desde que se abrió la primera tienda especializada de productos de Comercio Justo en el Estado.

La nueva Ley Integral de Economía Social, aprobada en el Congreso el pasado 26 de marzo y con publicación efectiva en el BOE el 10 de abril, permite la definición y el reconocimiento explícito del Comercio Justo como sector de la Economía Social, definiendo con claridad las entidades que forman parte de esta.

En particular, la nueva legislación potenciará e impulsará el Comercio Justo como fórmula innovadora de la economía social, entre otros sectores. En concreto, el Artículo 8 de la Ley insta a los poderes público a incluir entre los objetivos de sus políticas la promoción del Comercio Justo como sector estratégico para la transición socioecológica justa.

De igual modo, la Ley define en la Disposición adicional a las Entidades de comercio justo cuya finalidad esencial es promover una mayor equidad, sostenibilidad ambiental y transparencia en comercio global, a través de mejores condiciones comerciales, garantizando salarios dignos, derechos de las personas productoras y métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y la biodiversidad.

De esta forma, se siguen los pasos de Francia, que ya definió el Comercio Justo en su Ley de Economía Social en 2014, mostrando un desarrollo exponencial del sector en el país desde entonces.

En la actualidad, el sector en el Estado español cuenta con una facturación de unos 158 millones de euros anuales, lo que supone un gasto medio por habitante de 3,20 euros anuales, situándose lejos todavía del caso francés con una media de 30 euros por habitante. “Este reconocimiento debería ser catalizador para impulsar el potencial de este modelo que ha tenido durante décadas impacto en personas productoras y territorios del Sur Global pero que también fomenta iniciativas de comercio justo local, como ha sido el caso de Francia”, señala Marta Mangrané, presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

“Coincidiendo con el 40 aniversario del Comercio Justo en España, el reconocimiento de este modelo supone un avance histórico para el movimiento. Esperamos que este nuevo marco legislativo facilite la incorporación del Comercio Justo en la compra responsable de actores públicos y privados, así como a hacer más accesible la opción de consumo responsable y sostenible para la ciudanía” explica.

El Comercio Justo es un movimiento internacional que lucha por una mayor justicia global en lo económico, social, humano y medioambiental. Para ello ha desarrollado un modelo que actúa como palanca de cambio para la transformación a sistemas de producción y comercialización que aseguren los derechos humanos, laborales y sociales a través de salarios dignos, las condiciones laborales adecuadas y seguras, los precios justos, la lucha contra la explotación infantil y la igualdad de género; y que fomenten las prácticas justas a través de relaciones comerciales estables, libertad sindical, democracia en la toma de decisiones. Además, el Comercio Justo promueve las técnicas de producción ecológicas y respetuosas con el entorno.

El movimiento celebra este hito y confía en que este reconocimiento sirva para impulsar verdaderamente las iniciativas que, desarrolladas bajo los principios del Comercio Justo, contribuyan a la consolidación de la Economía Social como modelo de referencia que pone en el centro a las personas, el trabajo digno, el arraigo territorial y el interés general.

Agradecemos a los grupos parlamentarios y al Ministerio de Trabajo y Economía Social, el esfuerzo realizado para sacar adelante esta Ley. Seguimos avanzando hacia un modelo económico más justo, sostenible y centrado en las personas.

Fuente: CECJ

REAS Red de Redes lanza su nueva web de coproducción de políticas públicas, un proyecto que busca visibilizar y fortalecer la colaboración entre administraciones públicas, entidades de la economía social y solidaria y comunidades. La web es un punto de encuentro para compartir experiencias, recursos y buenas prácticas, y para impulsar políticas públicas más democráticas, sostenibles y arraigadas en los territorios.

El portal ofrece distintos espacios diseñados para apoyar tanto a la base social de la economía solidaria como a las administraciones públicas. Entre ellos se incluyen:

• Recursos y herramientas para orientar la planificación y la incidencia en políticas públicas desde la ESS.
• Buenas prácticas sectoriales y territoriales, que permiten conocer experiencias exitosas en ámbitos como finanzas, vivienda, energía, comercio justo, alimentación sostenible o contratación pública responsable.
• Foros y espacios de diálogo para facilitar la colaboración y el aprendizaje colectivo entre actores locales, redes de ESS y administraciones.

“El objetivo de esta web es demostrar que otra forma de producir, organizar y gobernar la economía es posible”, explica REAS Red. “Queremos que la colaboración público-comunitaria deje de ser una idea abstracta y se convierta en una práctica concreta, replicable y enriquecedora para todos los territorios.”

La web también permitirá a las administraciones y a las entidades de la economía solidaria acceder a asesoramiento, formación y herramientas prácticas para implementar políticas innovadoras, inclusivas y sostenibles. Todo ello con un enfoque centrado en las personas, la comunidad y el bien común.

Con este lanzamiento, REAS Red refuerza su compromiso de posicionar la Economía Social y Solidaria como un agente clave en la coproducción de políticas públicas y en la construcción de soluciones colectivas frente a los retos sociales, económicos y ecológicos del presente.

Web COOPUBLIC

Políticas públicas desde la ESS

En noviembre lanzamos Coopublic, y hoy queremos sumergiros en la identidad visual que da rostro y herramientas a este proyecto tan ambicioso. En Coopublic impulsamos la coproducción de políticas públicas desde la economía social y solidaria. Conectamos administraciones, redes y ciudadanía para diseñar políticas públicas que ponen la vida, el territorio y el bien común en el centro.

Para reflejar este espíritu, hemos trabajado la identidad visual de la mano de Saodisseny, siguiendo la estética de la nueva etapa de REAS Red de Redes pero dotándola de su propia voz, sus propios colores y su particular reinterpretación formal.

Un diseño que es metáfora de la coproducción

El Isotipo: Ramos de cooperación
El isotipo de Coopublic reinterpreta y reactiva el símbolo existente de REAS, reforzando su significado y dotándolo de una nueva capa narrativa alineada con los valores del proyecto.

El símbolo funciona como una poderosa metáfora visual de la coproducción: sus “ramas” representan a los distintos actores implicados y ponen el acento en el proceso colectivo, haciendo tangible la cooperación y la co-responsabilidad en la esfera pública.

El Color como estructura
Nuestra paleta cromática abandona la casualidad para buscar el propósito:

Rojo Tierra: Actuando como color estructural que unifica y da estabilidad. La fuerza del cambio y la acción.
Negro Terrenal: Representa la base común, lo colectivo y lo institucional.
Crema Tierra: Representa lo comunitario, lo cercano y lo humano.

Nuestra identidad no es solo un envoltorio; bebe directamente de los valores que defendemos. Compartimos la familia de pictogramas de REAS, adaptados a nuestra nueva paleta, y presentamos una marca donde cada elemento tiene una razón de ser.

La Economía Social y Solidaria como agente clave de transformación

La economía solidaria muestra que es posible construir una economía más democrática, justa y arraigada en los territorios. Sus prácticas de cooperación, participación y gestión colectiva ofrecen herramientas reales para afrontar los retos sociales, económicos y ecológicos de nuestro tiempo. La economía solidaria aporta prácticas y herramientas clave.

Cuando las administraciones públicas y las iniciativas comunitarias colaboran, se abren nuevas formas de diseñar políticas públicas más cercanas, eficaces y sostenibles. Integrar la economía solidaria en la acción pública significa fortalecer soluciones que ponen en el centro a las personas, la comunidad y el bien común, impulsando nuevas formas de cooperación pública y social.

Recursos, herramientas y buenas prácticas para la transformación

Transformar las políticas públicas también requiere herramientas, conocimiento compartido y espacios donde aprender de otras experiencias. En la nueva web que estamos próximas a publicar, estarán disponibles recursos, guías y materiales útiles para administraciones públicas, redes y agentes comunitarios que quieren incorporar la economía social y solidaria y la coproducción en sus procesos y políticas. Recursos para inspirar, orientar y fortalecer la colaboración entre lo público y lo comunitario. Entre ellos, el espacio de Buenas prácticas será clave, ya que recogeremos esas experiencias que muestran cómo es posible impulsar respuestas innovadoras, sostenibles y conectadas con las realidades locales. Ejemplos que ayudan a imaginar —y a poner en marcha— otras formas de hacer política pública.

Así que… ¡Permanece atenta a próximas noticias!

El capitalismo ha encontrado en nuestros cuerpos un terreno propicio para el negocio. La digitalización de todos los aspectos de nuestras vidas y el protagonismo de la imagen en la era de las redes sociales han configurado un nuevo marco social: el culto al cuerpo.

Vamos a adentrarnos en las formas que adquiere, en el asedio a nuestros cuerpos que se traduce en la búsqueda del cuerpo “ideal” y la proliferación de medios para conseguirlo (sea el ejercicio, las dietas o la cirugía estética), en el negocio descomunal en torno a todo ello y en las consecuencias sobre la salud.

Un recorrido que nos lleva a la necesidad de políticas públicas que regulen el mercado, protejan la salud y garanticen nuestro derecho a una alimentación saludable.

Asedio al cuerpo, ¿qué está pasando?

Hacer deporte (correr, ir al gimnasio), seguir dietas (variopintas y milagrosas), “arreglos” físicos del cuerpo (cirugía estética) son prácticas en auge. Y aunque parezcan diferentes, tienen un objetivo común: modelar nuestros cuerpos para que sean más atractivos, juveniles y “saludables”. Todo acompañado de una variedad interminable de productos y servicios: indumentaria especial para cada deporte, inscripciones en gimnasios y eventos deportivos, productos dietéticos, suplementos alimenticios, clínicas de estética…

Este hiperconsumo en torno al cuerpo se ha abierto camino gracias a la digitalización: el teléfono móvil, con el acceso que nos da a todo en todo momento, las redes sociales y el mundo influencer.

La nueva publicidad

Tanto el modelo ideal de cuerpo como las técnicas para conseguir ese cuerpo deseado nos llegan mediante una publicidad omnipresente y diferente a la que conocíamos. En el espacio digital se ha implantado un nuevo modelo publicitario mucho más persuasivo que el anterior, porque ya no tiene una sola dirección. Ya no somos meros receptores de mensajes publicitarios, ahora podemos interactuar y sentirnos parte de una comunidad (asociada a un producto, a una marca).

El principal gancho publicitario es la salud, todo hay que hacerlo por salud. Basta echar un vistazo a los miles de mensajes publicitarios vinculados con la vida saludable. Tenemos que “estar bien”, “sentirnos bien”, “vernos bien”. Y está en nuestras manos, cada persona es responsable de su cuerpo y de su salud. Así se crea una enorme presión sobre el cuerpo que induce a realizar prácticas deportivas, dietéticas y estéticas (y a consumir la infinidad de productos y servicios que llevan aparejadas).

La práctica deportiva y el culto al cuerpo

Cada vez más ciudades cuentan con maratones, medio maratones, carreras y más carreras, que baten récords de participación con decenas de miles de personas inscritas. Correr se ha puesto de moda. Una actividad a la que se asocian valores como llevar una vida saludable, pero que es, sobre todo, una práctica mercantilizada que conlleva la adquisición de una gran variedad de productos.

El mundo influencer juega un papel destacado. En las redes sociales se exhiben entrenamientos, lemas motivacionales, consejos nutricionales, recomendaciones de indumentaria, etc.

Los gimnasios también han experimentado un crecimiento exponencial, acompañado de un cambio de modelo. Hace algo más de una década, una buena parte de los gimnasios eran municipales, mientras que ahora proliferan los privados, destacando las cadenas de gimnasios de bajo coste. Un negocio floreciente en el que también han desembarcado los fondos de inversión.

Y si hablamos de negocio, cabe destacar que en 2023 las ventas del sector deportivo superaron los 9 000 millones de euros. Mientras que el gasto de los hogares en bienes y servicios deportivos se acerca ya a los 4 500 millones de euros.

Cirugía estética para «arreglar» el cuerpo

El crecimiento del sector de la cosmética y el cuidado personal es otro indicador del asedio al cuerpo. Supera los 10 400 millones de euros en facturación en el Estado. Una de sus expresiones más contundentes es el auge de la cirugía estética. En 2021, se llegó a 204 510 intervenciones en el Estado, un aumento del 215 % en tan solo ocho años.

Según la consultora de mercados Nielsen, el 40 % de la población española se ha sometido alguna vez a un tratamiento de medicina estética. La presión extra sobre el cuerpo de las mujeres se manifiesta aquí en todo su esplendor: un 85 % de las intervenciones son realizadas a mujeres.

El boom ha llegado también a las universidades: Cirugía Plástica Estética y Reparadora fue este año la segunda especialización más demandada entre los estudiantes de MIR.

Alimentación «saludable», dietas imposibles

Queremos destacar la cuestión alimentaria. Porque el culto al cuerpo ha desatado una preocupación desmesurada por la “comida saludable”. Se vive una auténtica obsesión por calcular calorías, gramos de grasa o niveles de vitaminas. Y todo esto ha hecho proliferar dietas variopintas (que incorporan, reducen o eliminan diferentes nutrientes o micronutrientes), complementos alimenticios y alimentos “tuneados”. Una amenaza para la salud y un negocio descomunal.

Ante esta preocupación por la alimentación “saludable”, conviven dos actitudes:

• La búsqueda de la dieta ideal, basada en alimentos ideales: lácteos enriquecidos con vitaminas, productos “sin…” o con un “contenido reducido de…” o alimentos enriquecidos “con…”. Al mismo tiempo, se ignoran los alimentos que, de forma natural, aportan precisamente eso que andamos buscando
•  Atiborrarse de suplementos nutricionales.

¿Cómo se convirtió la comida en algo tan complejo?

Las dietas

La invención del cuerpo ideal viene acompañada de la invención de las dietas para conseguirlo. No hablamos de las dietas tradicionales (como la dieta mediterránea) sino de las dietas en sentido medicalizado y, muy especialmente, de las dietas “milagro”. Fórmulas dietéticas para adelgazar, con intereses comerciales más o menos directos, más o menos sutiles, y planteamientos dietéticos extraños que pueden entrañar riesgos para la salud.  

Si quieres conocer los tipos de dietas más habituales Pincha aquí

Si quieres averiguar los efectos negativos de las dietas milagro Pincha aquí

Si quieres saber cómo identificar las dietas milagro Pincha aquí

La proliferación de este tipo de dietas es indiscutible, pero ¿qué opinión tiene la ciudadanía? La Encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas sobre dietas milagro en la población española indica que:

• El 90 % de las personas cree que no funcionan.
• El 82,6 % piensa que sus efectos son principalmente negativos.
• El 73,7 % considera que las dietas milagro son un problema.
• El 78,6 % opina que son peligrosas.

Los complementos alimenticios

Podemos encontrar desde vitaminas, minerales, omega 3, probióticos y un largo etcétera (varios centenares de productos) que, normalmente, llevan asociados reclamos sobre salud o nutrición, hasta productos dietéticos para deportistas y productos para el control del peso.

Entre los productos para personas que hacen deporte, destacamos los batidos de proteínas. En las redes sociales hay miles de influencers dedicados a muscularse y hacer recomendaciones para moldear el cuerpo. Y beben batidos de proteínas. Se ha instalado la idea de que si se hace ejercicio, hay que tomarlos; y de ahí, que para llevar una vida activa conviene tomar un extra de proteínas. Las ventas de estos productos se han disparado.

Pero hay más

En cuanto a los productos para el control del peso nos encontramos con los sustitutos de comida para reducir la ingesta de alimentos, bien sea para sustituir la dieta completa o alguna comida.

Ejemplos serían las barritas de Bicentury, las gominolas para adelgazar de biManán o los productos “quema grasas” de infinidad de marcas. Lo llamativo es que se trata de productos ultraprocesados con unos ingredientes que no parecen precisamente muy saludables (en el informe analizamos algunos de ellos en detalle).

Los alimentos “tuneados”

Nos referimos a los conocidos como alimentos funcionales que, supuestamente, tienen efectos beneficiosos para la salud. Pueden ser productos a los que han quitado nutrientes “perjudiciales” o les han añadido nutrientes considerados beneficiosos. Casi siempre son alimentos más procesados que sus equivalentes convencionales. Y no es raro encontrar personas que toman poca fruta y vegetales en general, pero incorporan en su dieta alimentos industrializados enriquecidos con vitaminas, minerales y fibra.

Como criterio general, los alimentos “normales” tienen muchísimas más propiedades saludables que los “funcionales”. Eso sí, estos últimos son un gran negocio. En 2022, facturaron casi 160 000 millones de euros y se prevé que en 2026 alcancen los 200 000 millones de euros.

Las consecuencias del asedio al cuerpo

El precio a pagar por la obsesión del culto al cuerpo es una presión sobre nuestras vidas que afecta, precisamente, a nuestra salud. Vamos a destacar dos consecuencias graves, los Trastornos de la Conducta Alimentaria y la gordofobia, que tienen cada vez un mayor impacto en la sociedad.

Trastornos de la Conducta Alimentaria

Las conductas alimentarias son inseparables del contexto social, económico y cultural en el que tienen lugar. Y es desde ahí desde donde queremos mirar el preocupante aumento de algunos Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) como la anorexia y la bulimia.

Se calcula que en el Estado hay unas 400 000 personas con algún trastorno de la conducta alimentaria, de las que 300 000 tienen entre 12 y 24 años. Y es que aparecen en edades cada vez más tempranas: en los últimos cuatro años se ha constatado un incremento de un 15 % en menores de 12 años.

Gordofobia

El rechazo a las personas gordas (la gordofobia) está muy presente en la sociedad, aunque no siempre nos demos cuenta. Lo habitual, cuando vemos personas gordas, es que pensemos que son perezosas, glotonas, descuidadas, que se alimentan mal, que no hacen ejercicio… La persona gorda es vista, ante todo, como alguien que no hace lo suficiente por cuidarse. Esta idea, basada en prejuicios, no tiene en cuenta la diversidad de los cuerpos ni todos los factores que inciden en que una persona esté gorda o tenga sobrepeso.

Si quieres conocer las propuestas de los colectivos que trabajan contra la gordofobia Pincha aquí

Si quieres saber más sobre el mal uso de medicamentos como el Ozempic Pincha aquí

El cuerpo gordo es percibido como fracasado, un cuerpo que habría que corregir. Y es discriminado en todos los espacios de su vida: comentarios o insultos en espacios públicos y en las redes sociales, acoso escolar, exclusión laboral, marginación en el deporte…

Incluso en el ámbito médico.

Qué pide Justicia Alimentaria

El nuevo orden neoliberal defiende a ultranza el mercado y el individualismo. Así, el cuidado del cuerpo, la salud y la alimentación, recaen ante todo en cada persona que, supuestamente, tiene suficiente información y libertad de elección.

Pero en la vida real, tanto la información como la capacidad de elección están ultra influenciadas por los intereses de la gran industria. Nos enfrentamos a un mercado desregulado y a una oferta interminable de productos y servicios, promovidos por una publicidad omnipresente y altamente persuasiva.

Frente a esto, hacen falta políticas públicas que regulen de forma eficaz a la industria alimentaria, protejan nuestra salud y garanticen el acceso a una alimentación saludable. En concreto, políticas que:

1. Eviten la publicidad de alimentos insanos, especialmente la dirigida a la población infantil y juvenil.
2. Ordenen y regulen todo lo relativo a las dietas (y sus productos asociados), su existencia, su publicidad y sus prácticas.

Información adicional

Tipos de dietas más habituales

• Restricción de alimentos y disminución de calorías: además de indicar los pocos alimentos “permitidos”, son restrictivas calóricamente (600-800 Kcal). Normalmente son monótonas, inseguras, difíciles de seguir y con efecto rebote cuando se deja la dieta.
• Disociadas: no se permite el consumo de ciertos alimentos juntos. No están basadas en ningún estudio científico y se alejan de lo que es conocido como “dieta saludable”.
• Por horas: los alimentos se deben consumir en ciertos momentos del día. No hay suficientes estudios que lo avalen y pueden alejar de una alimentación equilibrada.
• Cetogénicas: se elimina el consumo de hidratos de carbono y se potencia el de proteínas. El organismo comienza a quemar grasa por una ruta metabólica en la que se produce gran cantidad de cuerpos cetónicos que pueden originar falta de apetito, cetosis en sangre, mal aliento o riesgo de problemas cardiovasculares.
• Un único alimento: Aparte de las dificultades para llevarlas a cabo, pueden ser peligrosas por la falta de nutrientes.

La lista de nombres es infinita, estas son algunas de las más conocidas y seguidas:

• Disociadas:
  • Dieta de Hay o Disociada
  • Régimen de Shelton
  • Dieta Hollywood
  • Dieta de Montignac
  • Antidieta
• Hipocalóricas desequilibradas:
  • Dieta “Toma la mitad”
  • Dieta Gourmet
  • Dieta Dunkan
  • Dieta Cero

• Excluyentes:  Sin lípidos ni proteínas, como la dieta Dr. Prittikin o la del Dr. Haa. Sin hidratos de carbono, como la dieta de Scardale, la de los Astronautas, la de Hollywood, la de Atkins, la de Lutz o la de la Proteína Liquid.

Efectos negativos de las dietas

• Efecto rebote. Una vez finalizada una dieta muy baja en calorías, es habitual recuperar el peso perdido, incluso es frecuente que se llegue a superar el peso original. Según la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas (AEDN), el 69 % de las pacientes que realizan este tipo de dietas acaba recuperando su peso.
• Problemas de salud. Suelen ser dietas deficitarias en vitaminas y micronutrientes, por lo que pueden provocar, sobre todo a largo plazo, problemas graves para la salud. La Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética advierte que “las dietas milagro podrían aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, varios tipos de cáncer, fallo renal y hepático, así como osteoporosis”. Según la AEDN, siete de cada 10 pacientes abandonan las dietas milagro por los efectos secundarios que les producen.
• Déficit de rendimiento intelectual y físico. Según los expertos de la AEDN, este es uno de los efectos adversos que provocan este tipo de dietas, que pueden dar lugar también a problemas psicológicos como depresión, ansiedad o irritabilidad, además de causar debilidad en las uñas o pérdida de cabello.
• No son personalizadas. Proponen una misma dieta para todas las personas, que evidentemente tienen historiales médicos y de salud muy diferentes.

La Asociación Americana del Corazón ha analizado las principales dietas que se siguen hoy en día. Entre las que obtienen mejores puntuaciones están la dieta nórdica, la mediterránea o la vegetariana; y entre las peor puntuadas, la baja en carbohidratos, la paleolítica, la Atkins o la keto. En sus conclusiones dice que estas dietas peor puntuadas son patrones dietéticos “muy preocupantes, incluso con un seguimiento óptimo, ya que promueven la restricción de grupos de alimentos considerados esenciales para una dieta cardiosaludable (legumbres, cereales integrales) y permiten fuentes ricas en grasas saturadas que se desaconsejan enérgicamente”.

Si te encuentras con una dieta que:

• Promete una rápida pérdida de peso.
• Carece de recomendaciones de actividad física.
• Promueve cambios a corto plazo en lugar de alcanzar objetivos sostenibles.
• Se centra en un tipo de alimentos o elimina cualquier grupo de alimentos.
• No puede mantenerse mucho tiempo.
• Presenta una adecuación nutricional cuestionable.
• No proporciona advertencias sanitarias para personas con enfermedades crónicas.
• Carece de pruebas científicas que respalden sus afirmaciones.

Has dado con una “dieta milagro” y el mejor consejo que se puede dar es: huye de ella.

Propuestas de los colectivos que trabajan contra la gordofobia

• Dejar de alimentar la cultura de la dieta.
• Hablar de salud integral.
• Hablar de alimentación en un sentido amplio.
• Señalar las burlas y el bullying.
• Apostar por el deporte inclusivo.
• Dejar de comentar los cuerpos ajenos.
• Abandonar la idea de que sabemos todo de alguien solo con mirarlo.
• Visibilizar la diversidad corporal.
• Trabajar por la inclusión social y laboral de las personas gordas.
• Dar voz al activismo que lucha contra la gordofobia.

El caso del Ozempic

Es un medicamento para la diabetes tipo 2 que se está usando de forma indiscriminada contra la obesidad. Simplemente porque entre sus efectos secundarios (náuseas, vómitos y diarrea, pancreatitis aguda, necrosis intestinal o riesgo de ceguera repentina) se encuentra el adelgazamiento.

La farmacéutica danesa que lo produce, Novo Nordisk, utiliza la obesidad como gancho publicitario con mensajes como “La obesidad es una enfermedad” y “La obesidad puede matar”. Una campaña que juega peligrosamente con la estigmatización y la medicalización extrema de la obesidad y utiliza todos los tópicos que alimentan la gordofobia.

Eso sí, es el segundo fármaco más vendido y en 2024 facturó 16 030 millones de euros.

Si te interesa este tema, en el informe lo explicamos en detalle.

Fuente: Justicia Alimentaria

Os presentamos la “Guía Interactiva para la Contratación y Compra Pública Responsable de productos y servicios de la Economía Social y Solidaria (ESS)”, una herramienta pensada para ayudar a las Administraciones Públicas a comprar de una manera más consciente, justa y sostenible.

El objetivo de esta guía es acompañar al personal técnico y a las personas responsables de la contratación pública en la toma de decisiones que tengan en cuenta no solo el precio, sino también el impacto social y ambiental de los productos y servicios que se contratan.

Gracias a su formato interactivo, la guía permite entender de forma sencilla cómo la contratación pública puede convertirse en una palanca de cambio, contribuyendo al cuidado del entorno, al fortalecimiento de la economía local y a la promoción de condiciones de trabajo dignas. Comprar bien también es una forma de generar bienestar colectivo. Además, la guía acerca a las Administraciones Públicas a la oferta real de productos y servicios de las entidades que forman parte de REAS Red de Redes y de sus Mercados Sociales, visibilizando a empresas y organizaciones que trabajan desde los valores de la Economía Social y Solidaria: cooperación, equidad, sostenibilidad y compromiso con las personas y el territorio.

En definitiva, esta guía quiere ser una invitación a repensar la compra pública como una herramienta con capacidad de transformar la sociedad, demostrando que es posible satisfacer las necesidades públicas al mismo tiempo que se impulsa un modelo económico más justo, solidario y respetuoso con el planeta.

ACCEDE AQUÍ A LA GUÍA INTERACTIVA

Si tienes cualquier sugerencia de mejora por favor escríbenos a clausulassociales@reas.red

Viernes, 21 de noviembre · 11:00–13:30h · Zoom
Inscripción abierta

La vivienda cooperativa en cesión de uso avanza con fuerza en todo el Estado gracias al impulso de proyectos, cooperativas, administraciones públicas y organizaciones vinculadas a la Economía Social y Solidaria.

Para seguir fortaleciendo este ecosistema compartido, presentamos públicamente la Red Vivienda Cooperativa, una nueva asociación estatal vinculada a REAS Red de Redes, como una consolidación del proceso realizado desde 2020 en el Grupo de Trabajo de Vivienda Cooperativa en cesión de uso.

La jornada online del viernes 21 de noviembre, abierta y gratuita (con inscripción previa), será un espacio para conocer la labor de la red, acercarse a las políticas públicas en marcha, conectar con experiencias de distintos territorios y situar el modelo en el contexto europeo.

¿Qué podrás encontrar en esta jornada?

• Presentación de la Red Vivienda Cooperativa y sus líneas de trabajo
• Avances del Mapa estatal de vivienda cooperativa en cesión de uso
• Experiencias en desarrollo de proyectos y organización territorial
• Revisión de las políticas públicas, desarrollo normativo y ayudas.
• Miradas desde las administraciones públicas
• La perspectiva europea de la mano de Housing Europe
• Mesa redonda con ponentes de distintos territorios
• Cierre con las claves y retos para los próximos años

Con intervenciones de representantes de ministerios, redes europeas, entidades técnicas, cooperativas y proyectos que impulsan el modelo en todo el Estado.

Datos clave

Fecha: viernes, 21 de noviembre de 2025

Horario: 11:00–13:30h (hora peninsular)

Formato: online (Zoom)

Acceso: gratuito con inscripción previa

Dirigido a: administraciones públicas, entidades técnicas, cooperativas y proyectos, profesionales del ámbito de vivienda y personas interesadas

Organiza: Red Vivienda Cooperativa

Financia: Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES)

Inscripciones

Reserva tu plaza completando el formulario de Zoom: REALIZA TU INSCRIPCIÓN AQUÍ

Programa

Viernes 21 de noviembre de 2025 (11:00h peninsular, Madrid)

11:00h – PRESENTACIÓN

• Saludos y contexto de la jornada, María Riaza, REAS Vivienda Illes Balears. (5min)

11:05h – APERTURA

• Aicha Belassir. Directora General de Economía Social y RSE de empresas, Ministerio de Trabajo y Economía Social. (5min)

11:10h – Presentación RED VIVIENDA COOPERATIVA

• Rubén Méndez. Secretaría Técnica Red Vivienda Cooperativa. (5min)

11:15h – Presentación MAPA VIVIENDA COOPERATIVA

• Mariana Relli. Investigadora ALTERHABITAT. (5min)

11:20h – DESARROLLO DE PROYECTOS

• Mikel Pau Casado. Arquitecto Colectivo El Tinglado. (10min)

11:30h – DESPLIEGUE DE TRABAJO TERRITORIAL

• Anabel García. La Replazeta y REAS Vivienda Cooperativa Aragón. (10min)

11:40h – POLÍTICAS PÚBLICAS, NORMATIVAS Y AYUDAS

• Lali Daví. La Dinamo Fundació y Sectorial d’Habitatge XES, Catalunya. (10min)

11:50h – VISIÓN INSTITUCIONAL ESTATAL DE LA VIVIENDA COOPERATIVA (30min)

• Aicha Belassir. Directora General de Economía Social y RSE de empresas, Ministerio de Trabajo y Economía Social. (10-15min)
• Javier Martín Ramiro. Director General de Vivienda y Suelo, Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. (10-15min).

12:20h – LA VIVIENDA EMERGE CON FUERZA EN LA ESCENA EUROPEA

• Sorcha Edwards. Secretaria General de Vivienda para Europa en Housing Europe. (20min) 

12:40h – MESA REDONDA CON PARTICIPANTES

• Modera: Maite Arrondo. Comisión Internacional Red Vivienda Cooperativa. (40min)

13:20h – CONCLUSIONES Y CIERRE

• José Téllez. Sostre Cívic, Cataluña. (5min)

Más de doscientas personas de diferentes territorios se dieron cita este sábado 4 de octubre en Alcorcón durante el II Foro de Vivienda Cooperativa en Cesión de Uso. La jornada, celebrada en el Centro Cultural Los Pinos, reunió a representantes de administraciones, cooperativas y entidades sociales con un objetivo común: consolidar un modelo habitacional accesible, comunitario y sostenible.

La apertura estuvo a cargo de Candelaria Testa Romero, alcaldesa de Alcorcón, y Aicha Belassir, directora general de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, junto a representantes de cooperativas de Coovivir Madrid.

Uno de los espacios más valorados del encuentro fue la mesa de buenas prácticas de colaboración público-cooperativa en la promoción de vivienda en cesión de uso, en la que participaron, entre otros, NASUVINSA la Empresa Pública de Vivienda de Navarra, Sostre Cívic, el Ayuntamiento de Alcorcón y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Este diálogo permitió compartir aprendizajes y estrategias conjuntas entre administraciones, cooperativas y agentes sociales comprometidos con un cambio de modelo habitacional.

Durante la jornada se desarrollaron también talleres prácticos sobre políticas públicas, fiscalidad, financiación, derecho a la vivienda y gestión cooperativa. Estos fueron espacios participativos, donde las personas y organizaciones asistentes pudieron intercambiar experiencias, analizar retos y construir propuestas en colectivo.

Entre los proyectos participantes destacaron Sostre Cívic, Entrepatios, Jubilar Villa Rosita, Cooperativa Convivir y La Replazeta, junto a equipos técnicos municipales, entidades de finanzas éticas, así como técnicos de acompañamiento a grupos.

Este foro se consolida así como un punto de encuentro estatal clave para fortalecer la vivienda cooperativa en cesión de uso y avanzar hacia un parque de vivienda asequible, estable y socialmente transformador.

Este foro se coorganizó entre el Ayuntamiento de Alcorcón, la coordinadora de viviendas colaborativas de Madrid Coovivir, la Promotora del Común del Grupo Cooperativo Tangente y la asociación RED Vivienda Cooperativa, sectorial de REAS Red de Redes. y se consolida como un punto de encuentro estatal clave para fortalecer la vivienda cooperativa en cesión de uso y avanzar hacia un parque de vivienda asequible, estable y socialmente transformador.

Vivienda cooperativa en cesión de uso: una alternativa estable, accesible y sin ánimo de lucro

La vivienda cooperativa en cesión de uso es una fórmula habitacional que combina estabilidad, asequibilidad y protección frente a la especulación. Las personas socias acceden a un derecho de uso indefinido mediante una aportación inicial retornable y una cuota mensual asequible, muy por debajo de los precios de mercado.

La propiedad colectiva —mantenida por una cooperativa sin ánimo de lucro— garantiza el acceso a precios justos en el presente y en el futuro, evita el endeudamiento y contribuye a crear un parque de vivienda socialmente sostenible.

Este modelo, con raíces en el cohousing danés de los años 70, cuenta hoy con referentes consolidados en países como Suiza, Canadá, Uruguay o Austria, y se expande en el Estado español como una respuesta cooperativa y comunitaria frente a la crisis de vivienda global.

Crecimiento, PIB y las raíces de la policrisis actual

Las crisis multidimensionales e interconectadas que atravesamos —incluidas las crisis económica, climática, de degradación ambiental, de pérdida de biodiversidad, de deuda y de cuidados— tienen sus raíces en nuestro sistema económico y político dominante. Este sistema se basa en la colonialidad, la privatización, la extracción y la explotación con el fin de generar riqueza para unos pocos . El crecimiento económico, históricamente medido por el producto interno bruto (PIB), es fundamental para este modelo y los gobiernos lo priorizan en detrimento de la mayoría global y del cuidado de las personas y el planeta. Es fundamental que haya surgido una narrativa profunda en torno al PIB y al crecimiento como objetivos económicos y sociales generales.

Ir más allá del PIB no debería significar crear métricas más nuevas, específicas o complementarias que preserven los sistemas económicos existentes. «Más allá del PIB» nos brinda la oportunidad de alejarnos de las sociedades y economías impulsadas por el crecimiento, el lucro y la explotación, para avanzar hacia un cambio de sistemas feminista basado en el cuidado, la justicia social y la igualdad de género. Esto implica la transición hacia sistemas reparadores y comunitarios que transformen las estructuras de poder, reconozcan la interdependencia entre todos los seres vivos y el medio ambiente, y prioricen la sostenibilidad de la vida y el bienestar de todas las personas, las generaciones futuras y el planeta. Estos objetivos deben guiar todas las políticas, utilizando métricas e indicadores que valoren estos aspectos y centren el trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado. También deben abordar cuestiones relacionadas con la informalidad, el trabajo decente y el acceso a servicios públicos, infraestructura y protección social de calidad y universalmente accesibles como un derecho.

Hacia economías y sociedades centradas en el cuidado

El cuidado, en un sentido práctico, consiste en las actividades realizadas para asegurar el bienestar y desarrollo físico, económico, social y emocional diario de las personas . Incluye proporcionar o mantener elementos esenciales para la vida humana, como alimento, refugio, saneamiento, limpieza, salud, educación y relaciones humanas. El trabajo de cuidado comprende dos actividades superpuestas: actividades de cuidado directo, personal y relacional, como alimentar a un bebé o cuidar a una pareja enferma; y actividades de cuidado indirecto, como cocinar y limpiar. El trabajo de cuidado también incluye el cuidado ambiental como, aunque no se limita a, proteger y nutrir los bienes comunes de la comunidad, los cuerpos de agua, las parcelas forestales, los huertos familiares y el cuidado de los ecosistemas. El cuidado puede ser no remunerado, como en el caso del trabajo que recae sobre las mujeres en los hogares o comunidades, o remunerado, como el trabajo doméstico o el trabajo en el sector del cuidado (salud y educación, entre otros).

El cuidado es esencial para nuestras sociedades y economías e intrínseco a los derechos humanos . Permite que las personas se alimenten y se mantengan limpias. También les permite participar en sus comunidades al tiempo que proporciona un entorno saludable. Sin embargo, este trabajo es en gran medida invisible, se da por sentado y se subvalora y, en consecuencia, se refleja deficientemente en los datos y las medidas cuantitativas. Se considera ampliamente una responsabilidad de las mujeres, con consecuencias de por vida e intergeneracionales para su bienestar, desarrollo personal, libertad, agencia y situación financiera. La falta de infraestructura esencial, como agua potable, energía, electricidad, carreteras, transporte y comidas escolares, se suma a las horas y la monotonía del trabajo de cuidado, especialmente en países de bajos ingresos (LIC) y áreas desatendidas. Los trabajadores de cuidado remunerados también suelen sufrir bajos salarios, explotación y condiciones precarias.

El cuidado es un trabajo esencial que, en última instancia, beneficia a todos. Debe ser un bien público, un derecho humano y una responsabilidad compartida. Debe ser el principio central del desarrollo social y económico en torno al cual se organizan las sociedades, y reflejarse en las políticas y métricas correspondientes. Esto ofrece una visión alternativa y poco convencional de la economía y la organización social, impulsada por diferentes valores y prioridades centradas en el bienestar ambiental, humano y social.

En este marco, los Estados, tanto nacionales como locales, son los principales responsables de garantizar el derecho al cuidado, y el sector privado, las comunidades y los hogares (incluidos los hombres) también desempeñan un papel en su (re)organización social. El cuidado es, además, una inversión con un alto potencial de rentabilidad , más que un gasto que debe minimizarse. El coste de la inacción también es significativo, lo que insta a las partes interesadas a tomar medidas concertadas para construir sociedades más solidarias.

Progreso existente hacia métricas alternativas

Existe consenso mundial sobre la importancia de medir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado mediante Encuestas de Uso del Tiempo (EUT), como se refleja en el ODS 5 (igualdad de género). Sin embargo, los últimos informes de progreso del indicador 5.4.1 muestran que menos de la mitad de los Estados Miembros de las Naciones Unidas (92 países) han realizado al menos una EUT desde el año 2000.

Varios países incluyen el trabajo de cuidados no remunerado como cuentas satélite de los hogares en sus cuentas nacionales, lo que proporciona una estimación de la contribución económica total del trabajo de cuidados no remunerado. La revisión de 2025 del Sistema de Cuentas Nacionales alienta a las naciones a desarrollar cuentas ampliadas que reflejen el valor del trabajo de cuidados no remunerado. Sin embargo, estos esfuerzos suelen considerarse complementarios a las métricas tradicionales de crecimiento, y no hay evidencia de que desafíen los paradigmas económicos imperantes ni inspiren la implementación de políticas transformadoras.

Varios indicadores nuevos, como las métricas de bienestar y los índices de pobreza multidimensional , buscan medir el desarrollo más allá del crecimiento económico tradicional. Estos marcos suelen evaluar factores como el nivel de vida, la salud y el medio ambiente. Sin embargo, la mayoría de estos indicadores no muestran que el bienestar a menudo depende del trabajo de cuidados y cómo este impacta negativamente a las mujeres.

Hacia un cambio sistémico feminista y de cuidado: políticas y recomendaciones prácticas

1. Transformar narrativas y construir consenso sobre el imperativo de las economías centradas en el cuidado:
   • Reconocer la centralidad del cuidado para nuestras sociedades y economías y promover una nueva narrativa sobre el propósito de la economía: servir al bienestar de las personas y del planeta.
   • Establecer que el trabajo de cuidado es trabajo, que debe ser reconocido, reducido y redistribuido, y que los trabajadores del cuidado deben ser representados y recompensados.
   • Comprometerse a eliminar gradualmente las decisiones basadas en paradigmas e indicadores de crecimiento del PIB y la explotación de narrativas de crecimiento para obtener beneficios políticos.
   • Aprovechar las oportunidades para establecer marcos multilaterales y acuerdos internacionales sobre la necesidad de ir más allá del PIB y hacia prioridades e indicadores más centrados en la atención en espacios como la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FfD4) y ​​la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.
   • Centrar la participación de los movimientos feministas y defender el espacio cívico en la toma de decisiones correspondiente.
   • Ampliar y contribuir al trabajo de la Alianza Global para el Cuidado como una plataforma global de múltiples partes interesadas, para promover marcos más allá del PIB que se centren en el cuidado.
2. Generar un tablero de datos, incluyendo indicadores sobre el cuidado de las personas y del planeta, para fundamentar políticas y la toma de decisiones:
   • Invertir en la implementación de la recopilación de datos y estadísticas desglosados ​​por género sobre el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado, en particular datos sobre el uso del tiempo, como se describe en la meta 5.4 de los ODS.
   • Tenga en cuenta los indicadores y datos relacionados con la atención al desarrollar otras métricas relacionadas con el bienestar y/o la pobreza multidimensional. 
   • Arraigar la producción de conocimiento y la formulación de políticas en las demandas y experiencias vividas de los movimientos y comunidades feministas y de los pueblos indígenas para garantizar un enfoque participativo de abajo hacia arriba.
3. Situar este trabajo dentro de esfuerzos más amplios para transformar los sistemas políticos y económicos:
   • Generar e invertir en políticas y sistemas de cuidado que busquen transformar la organización social del cuidado y promover el desarrollo sostenible y el bienestar de todas las personas y del planeta.
   • Abogar por un cambio sistémico más amplio que exija justicia fiscal, justicia de la deuda, justicia climática (financiera), justicia comercial y reparaciones por los daños coloniales para garantizar que todos los países, especialmente aquellos en el mundo mayoritario, tengan el espacio fiscal y político para lograr economías equitativas, basadas en derechos y centradas en el cuidado más allá de los modelos neoliberales y heterodoxos.

* * *

Artículo original publicado en inglés: The Care Economy in Beyond GDP Paradigms, en el Centro de Conocimiento sobre los ODS del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible. Desarrollado en colaboración entre un grupo de miembros de la Alianza Global por los Cuidados. Puedes consultarlo aquí. 

Partiendo del trabajo que realizamos para las elecciones europeas de 2024, desde REAS Red de Redes hemos elaborado un documento de posicionamiento con una llamada a la acción para asegurar que la Economía Social y Solidaria (ESS) siga siendo una referencia clave en las políticas públicas y presupuestos de la UE.

Este documento identifica ocho áreas clave de acción para que la ESS juegue un papel central en el futuro de Europa, con un enfoque en justicia social, sostenibilidad ecológica, economía feminista y gobernanza democrática:

1. Contratación Pública Responsable – Integrar criterios sociales y medioambientales en la contratación para dar prioridad al impacto social, la sostenibilidad y la protección de los derechos humanos.
2.  Transición energética y economía circular – Garantizar una transición energética justa y dirigida por la comunidad y reconocer a las empresas de la ESS como actores clave de la economía circular.
3. Comercio justo y ecológico – Alinear los acuerdos comerciales con la justicia social y la sostenibilidad, prohibir las prácticas desleales en la agricultura y reforzar la agroecología y las redes de comercio justo.
4. Emprendimiento Social y Colectivo – Fortalecer los modelos empresariales cooperativos, facilitar las transiciones empresariales de la ESS y garantizar su apoyo financiero y técnico.
5. Educación para el cambio ecosocial – Integrar los valores de la ESS en la educación, promover el aprendizaje cooperativo y los modelos económicos participativos.
6. Economía feminista – Promover la igualdad de género en las políticas económicas, reconocer el trabajo de cuidados y apoyar los modelos de servicios de cuidados liderados por la ESS.
7. Soberanía alimentaria y ecológica – Reforzar los sistemas alimentarios locales y cooperativos, apoyar las políticas alimentarias participativas y garantizar un etiquetado transparente y la sensibilización de los consumidores.
8. Finanzas éticas para la paz y el fomento de la ESS – Reorientar los flujos financieros hacia la sostenibilidad, el bienestar social y la ESS, prohibir la financiación del comercio de armas y ampliar los mecanismos de financiación ética.

En este enlace puedes acceder a todos los documentos en inglés y español.

Hoja de Ruta de Acción Común

Junto con las redes europeas que participaron en el webinario internacional realizado el pasado 11 de diciembre, hemos elaborado una Hoja de Ruta de Acción Común para reforzar la incidencia política a nivel europeo (disponible en inglés) y garantizar que la UE mantenga su apoyo a la ESS en sus políticas y presupuestos. Esta hoja de ruta recoge algunas estrategias clave que han surgido en el webinario y que servirán como base para un posicionamiento común con otras redes europeas durante el Global Social Economy Forum (GSEF), que se celebrará en Burdeos en octubre de 2025.

EN

Building on our work for the 2024 European elections, REAS Red de Redes has produced a position paper with a call for action to ensure that the Social and Solidarity Economy (SSE) remains a key reference in EU public policies and budgets.

This document identifies eight key areas of action for the SSE to play a central role in the future of Europe, with a focus on social justice, ecological sustainability, feminist economy and democratic governance:

1. Responsible Public Procurement – Embedding social and environmental criteria in procurement to prioritize social impact, sustainability, and human rights protections.
2. Energy Transition and Circular Economy – Ensuring a just, community-led energy transition and recognizing SSE enterprises as key actors in the circular economy.
3. Fair and Ecological Trade – Aligning trade agreementswith social justice and sustainability, banning unfair practicesin agriculture, and strengthening agroecology and fair tradenetworks.
4. Social and Collective Entrepreneurship –Strengthening cooperative business models, facilitating SSEenterprise transitions, and ensuring financial and technicalsupport for democratic enterprises.
5. Education for Eco-Social Change – Integrating SSEvalues into education, promoting cooperative learning andparticipatory economic models.
6. Feminist Economy – Advancing gender equality ineconomic policies, recognizing care work, and supporting SSE-led care service models.
7. Food and Ecological Sovereignty – Strengthening localand cooperative food systems, supporting participatory foodpolicies, and ensuring transparent labeling and consumerawareness.
8. Ethical Finance for Peace and SSE Development –Redirecting financial flows toward sustainability, social well-being, and SSE, banning arms trade financing, and expandingethical finance mechanisms.

You can access all the documents in English and Spanish here.

Common Roadmap for Action

Together with the European networks that participated in the international webinar held on 11th December, we have developed a Common Action Roadmap to strengthen advocacy at the European level and to ensure that the EU maintains its support for the SSE in its policies and budgets. This roadmap gathers some key strategies that have emerged from the webinar and will serve as a basis for a common positioning with other European networks during the Global Social Economy Forum (GSEF), to be held in Bordeaux in October 2025.

En el año 2025, diversos eventos marcarán la agenda, ofreciendo una oportunidad para proyectar un futuro más justo y sostenible, y el reto de hacer aún más presentes las finanzas éticas. Doce meses por delante para promover las finanzas éticas y la economía social a nivel europeo y global.

Nombramiento de la nueva comisaria encargada del desarrollo de Economía Social en Europa

En diciembre de 2024, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, designó a Roxana Mînzatu como la comisaria encargada del desarrollo de la Economía Social. Este nombramiento permite situar a la economía social en la agenda europea durante los próximos cinco años y refuerza la importancia del Plan de Acción para la Economía Social, con el reto de consolidar este sector como motor de desarrollo inclusivo y sostenible en Europa. Mînzatu liderará iniciativas clave, como el Pilar Europeo de Derechos Sociales, donde las finanzas éticas pueden tener un papel destacado en la transición hacia modelos más sostenibles.

Intergrupo sobre Economía Social y Servicios de Interés General

También en diciembre de 2024, el Intergrupo de Economía Social y Servicios de Interés General ha sido seleccionado como uno de los 28 intergrupos que ayudarán al Parlamento a definir y abordar áreas estratégicas de las políticas comunitarias, con la implicación de los principales agentes económicos y sociales. El Intergrupo de Economía Social se ha unido así al Intergrupo de Servicios de Interés General y consolida a la economía social aún más en el centro de la agenda de las instituciones comunitarias, para fortalecer la conexión entre las políticas públicas y las necesidades de la ciudadanía. La Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos (FEBEA) participa en este grupo donde las finanzas éticas aportarán su experiencia en modelos financieros responsables para fomentar una economía inclusiva.

50º Aniversario de Oikocredit

En 2025, Oikocredit celebra cinco décadas de compromiso con las finanzas éticas bajo el lema «50 años invirtiendo en el mañana«. A partir de enero de 2025, Oikocredit presentará una nueva identidad de marca y cerrará el año con un evento global que incluirá actividades en India, Kenia, Brasil y Países Bajos, destacando su impacto en el desarrollo sostenible y la inclusión financiera. Esta celebración será una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y planificar el futuro de las inversiones responsables.

2025 Año Internacional de las Cooperativas

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado 2025 como el Año Internacional de las Cooperativas, poniendo en valor su papel en la construcción de economías resilientes y solidarias. Las finanzas éticas desempeñan un papel crucial en el fortalecimiento de las cooperativas, ofreciendo soluciones financieras que promueven la justicia social y el desarrollo sostenible.

4ª Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en Sevilla

Del 30 junio al 3 julio de 2025, Sevilla será sede de la cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas, un evento crucial para acelerar la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este congreso reunirá a representantes de gobiernos, entidades financieras, y organizaciones de la sociedad civil para discutir estrategias innovadoras en financiación sostenible, pudiendo ser un espacio donde destacar el rol de las finanzas éticas en la lucha contra la desigualdad y la crisis climática.

Junto a estos eventos, otros temas marcarán también la agenda pudiendo las finanzas éticas enriquecer estas perspectivas para 2025.

Regulación de las finanzas sostenibles en Europa

La evolución de la Taxonomía de Finanzas Sostenibles y la implementación de normas sobre divulgación de sostenibilidad (como SFDR y CSRD) están en constante debate en la Unión Europea. Frente a las presiones de los que consideran los informes de sostenibilidad de la UE como una amenaza para la competitividad y el anuncio, en diciembre de 2024, de una propuesta ómnibus sobre el tema de la Presidenta de la Comisión Europea, más de 90 organizaciones, a las que se ha sumado la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos (FEBEA), han instado a la Comisión Europea a garantizar la implementación efectiva y equilibrada de los estándares europeos de información de sostenibilidad (ESRS). Para FEBEA esta iniciativa refleja el compromiso con las finanzas éticas y sus valores fundamentales de transparencia, sostenibilidad y responsabilidad social.

Crisis climática y financiación ética

Frente a la continua financiación de combustibles fósiles, el papel de las instituciones financieras en la mitigación y adaptación al cambio climático puede ser crucial, especialmente en sectores vulnerables. Las finanzas éticas lideran proyectos que apoyan la energía renovable, la eficiencia energética y la adaptación de comunidades vulnerables a los efectos del calentamiento global, consolidándose como una importante herramienta en la lucha contra la crisis climática.

Digitalización, Inteligencia Artificial y ética en las finanzas

La incorporación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial en las entidades éticas de financiación plantea oportunidades y desafíos. ¿Cómo pueden estas innovaciones ser utilizadas sin comprometer los valores éticos?

Financiación para la paz

Con los conflictos armados y crisis humanitarias en aumento, es más necesaria que nunca una reflexión sobre el destino de las inversiones. Las finanzas éticas contraponen un modelo de finanzas para la paz en un mundo militarizado. Un enfoque que no merma la competitividad, tal y como demuestran los diferentes informes sobre las finanzas éticas en Europa, y que ofrece una visión alternativa y propositiva capaz de tener un impacto positivo no sólo en la economía, sino también en el tejido social y medioambiental.

Los eventos y temas mencionados son una oportunidad para, en este 2025, fortalecer alianzas, promover la inclusión y construir un sistema económico que coloque a las personas y el planeta en el centro de sus prioridades. Las finanzas éticas tienen mucho que aportar.

En concreto, la CECJ plantea que la futura Ley incorpore una disposición adicional que defina y fomente el Comercio Justo como parte de la Economía Social. Esta medida “contribuirá al reconocimiento del Comercio Justo y proporcionará seguridad jurídica a muchos niveles, como por ejemplo, en la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”, explica Laura Rubio, directora de la CECJ.

El movimiento del Comercio Justo, que se basa en un modelo comercial centrado en el desarrollo social y humano y en la sostenibilidad ecológica, forma parte de la Economía Social. No solo comparten una finalidad común sino también sus principios y valores.

Siguiendo los pasos de la UE. El caso francés

La iniciativa de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo se enmarca en el reconocimiento que la UE ha aplicado al Comercio Justo a través de distintas resoluciones y comunicaciones, como en la Resolución sobre el Comercio Justo y Desarrollo de 16 de junio de 2006 (2005/2245(INI).

Además, la propuesta sigue el modelo desarrollado en Francia, cuya Ley de Economía Social aprobada en 2014 incorporó el Comercio Justo y sus principios aplicables. Desde su entrada en vigor, en el país vecino el mercado de productos de Comercio Justo se ha multiplicado por cuatro, alcanzando los 2.100 millones de euros en 2022, y ha contribuido al impulso del Comercio Justo Local. 

Además, “ha supuesto una mayor conciencia pública sobre esta práctica y ha generado un marco de apoyo institucional y financiero para las empresas comprometidas con esta alternativa comercial”, explica L. Rubio, directora de CECJ. “Por otro lado, ha ayudado a alinear las prácticas comerciales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

En España, la facturación del Comercio Justo en 2023, superó los 156 millones de euros. Desde el año 2000 (el primero del que existen datos) el aumento del sector ha sido constante, pero nuestro país está lejos de las cifras registradas en otros países europeos.

En definitiva, la incorporación del Comercio Justo en el proyecto de Ley Integral de Economía Social favorecería su reconocimiento legal, hasta ahora inexistente en nuestro país. Además, supondría un importante respaldo a las organizaciones, empresas y consumidores/as que participan en este movimiento desde hace casi 40 años en España.

Las personas migradas se enfrentan a múltiples barreras de acceso a servicios básicos como la salud, la educación o el empleo, vinculadas a la obtención del permiso de residencia. En este contexto, el nuevo punto de atención promovido por el Círculo de Migraciones de Coòpolis en el marco del servicio de intercooperación del Bloc4BCN ofrece apoyo inmediato basándose en los valores de la economía social y solidaria: la solidaridad, el apoyo mutuo, la participación y la sostenibilidad.

La importancia de esta iniciativa radica en varios factores. En primer lugar, proporciona un espacio seguro donde las personas migradas pueden acceder a información y recursos que las ayudan a garantizar sus derechos, además de poder desarrollar sus habilidades y emprender iniciativas que fomenten su autonomía económica.

En segundo lugar, el modelo de economía social y solidaria fomenta el empleo digno y la inclusión social mediante la creación de cooperativas y proyectos comunitarios. De este modo, se promueve no solo su empoderamiento individual, sino también el desarrollo sostenible de las comunidades.

Finalmente, en un momento en que las políticas migratorias a nivel global tienden a ser más restrictivas, el punto de atención reclama a la sociedad la importancia de defender los derechos de todas las personas, mediante la regularización de su situación en nuestro país.

El punto de atención abrió sus puertas el jueves 26 de octubre. Ofrece atención presencial en el Bloc4BCN (Can Batlló: c. Constitució, 19, la Bordeta) los jueves quincenalmente de 15h a 19 horas. Para acudir, solo hay que pedir cita previa a través de este formulario.

La Economía Social y Solidaria en el plano internacional

El modelo socio-económico de la Economía Social y Solidaria (ESS), basado en la solidaridad, la cooperación y la participación democrática, se encuentra en un período de expansión y reconocimiento a nivel internacional. Como alternativa al modelo económico dominante, la ESS ha ido ampliando su alcance durante los últimos años y obteniendo, cada vez más, el reconocimiento de fuerza importante en la economía hacia una transformación social que permita sociedades más sostenibles, justas y equitativas.

Durante la pandemia provocada por la COVID-19, la ESS ha mostrado su capacidad de resiliencia, asumiendo un rol de importancia para la reindustrialización de la economía a través de la generación de un tejido empresarial que redunda en un beneficio colectivo económico, social y ambiental. En este sentido, diversos Gobiernos de la Unión Europea han venido reconociendo la capacidad de adaptación del modelo de la ESS. El actual Plan de Acción Europeo para la Economía Social cifra en más de 2.800.000 las entidades de Economía Social existentes. En 2021, el “Itinerario de transición sobre proximidad y economía social” estimaba la aportación de la ESS en el 10% del PIB en algunos Estados de la Unión.

En este sentido, también han sido de especial importancia los impulsos a la ESS desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), que han supuesto un punto de referencia sobre el que desarrollar un ecosistema internacional en favor de la Economía Social y Solidaria.

La Economía Social y Solidaria en el contexto europeo

Uno de los objetivos de REAS Red de Redes como sujeto político, es poder generar una capacidad de análisis e incidencia en la agenda estratégica de la Unión Europea para 2025-2028. En este sentido, tras las elecciones del pasado junio, es prioritario analizar cuáles son las principales implicaciones para el sector de la Economía Social y Solidaria (ESS) desarrollando estrategias para influir en su implementación en beneficio de las organizaciones de la ESS, así como identificando los desafíos y oportunidades en este nuevo contexto legislativo.

Es clave el poder fomentar el diálogo entre diferentes redes de la ESS e instituciones públicas a nivel europeo.

Con estos objetivos, se ha organizado un webinar online en el que participarán diferentes redes de ámbito europeo como es el caso de RIPESS Europa – la red europea de promoción de la Economía Social y Solidaria de la cuál REAS Red de Redes es socia-, Social Economy Europe y Solidar.

Además, contaremos con la presencia de la Directora General de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Doña Aicha Belassir.

AQUÍ PUEDES ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 4º SEMINARIO

Ciclo de webinarios para la promoción y difusión de la ESS en el plano internacional

El primer seminario, «Dimensión exterior del Plan de la ESS en el Mediterráneo», organizado en colaboración con la Asamblea de Cooperación por la Paz dentro de su proyecto MEDTown, tuvo lugar el 29 de noviembre de 2022. Su objetivo fue la creación de un diálogo de políticas que contribuyese al intercambio de buenas prácticas para la aplicación y difusión del movimiento de la ESS y su contribución a la consecución de los ODS a nivel global con especial foco en la Región Mediterránea.

El segundo seminario «Intercooperación internacional como reto para tejer redes y alianzas en la promoción de la Economía Social y Solidaria» tuvo lugar el 14 de diciembre de 2022, y se centró en la necesidad de tejer alianzas en el ámbito internacional a través de la intercooperación como estrategia (y reto) para avanzar en el desarrollo de las economías transformadoras y su contribución a la agenda global de desarrollo sostenible.

El tercer seminario La ESS en el Plano Internacional: Retos y Potencialidades en el contexto actual  realizado el 13 de diciembre de 2023, tuvo como objetivo, visibilizar el momento actual de la ESS, en el marco del proceso por el cuál se aprobó la resolución de Naciones Unidas. Durante la sesión se contó con la participación de diferentes redes de Europa, África y América Latina, así como organismos públicos e internacionales, para conocer los principales retos y oportunidades que existen en el contexto actual para la promoción de la ESS.

En este enlace se pueden acceder a las grabaciones de todos los webinarios realizados hasta el momento.

(EN) Spanish below

Save the date for the online webinar, «The Social and Solidarity Economy in the European Context: Key Elements for a Transformative Agenda», which will take place on Wednesday, December 11th, from 16:00 to 18:00 CET.

This seminar marks the 4th session in the Cycle of Webinars launched by REAS Red de Redes in 2022. The series explores the importance of engaging at the international level, the need to build alliances, and the generation of knowledge in a context where the Social and Solidarity Economy (SSE) has been recognized as a driver of change, contributing to the achievement and localization of the Sustainable Development Goals (SDGs).

The focus of this session will be to analyze the new strategic agenda of the European Union for 2025-2028 and its implications for the Social and Solidarity Economy. The discussion will explore the SSE’s role as a transformative force, addressing how it can contribute to shaping inclusive and sustainable policies. Speakers will identify the challenges and opportunities arising from the new European political context and propose strategies to strengthen advocacy and collaboration to ensure the SSE remains a central element in EU policies.

Key speakers from Social Economy Europe, Solidar, and Ripess Europe will share their proposals and recommendations on what can be done in order to strengthen the role of the Social and Solidarity Economy within the EU’s new strategic framework, ensuring its recognition as a key driver for social justice, sustainability, and economic resilience.

You can access the detailed program of the webinar, including the list of participating speakers, HERE. The webinar will offer simultaneous translation in English/Spanish and Spanish/English.

This event has been organized in collaboration with the Ministry of Labour and Social Economy.

Click here to access the registration form

(ESP)

Reserva la fecha para el seminario online, «La Economía Social y Solidaria en el Contexto Europeo: Elementos Clave para una Agenda Transformadora», que se llevará a cabo el miércoles 11 de diciembre, de 16:00 a 18:00 CET.

Este seminario marca la 4ª sesión del Ciclo de Webinarios lanzado por REAS Red de Redes en 2022. La serie explora la importancia de trabajar a nivel internacional, la necesidad de tejer alianzas y la generación de conocimiento en un contexto donde la Economía Social y Solidaria (ESS) ha sido reconocida como un motor de cambio para contribuir al logro y la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El enfoque de esta sesión será analizar la nueva agenda estratégica de la Unión Europea para 2025-2028 y sus implicaciones para la Economía Social y Solidaria. El debate explorará el papel de la ESS como una fuerza transformadora, abordando cómo puede contribuir a la formulación de políticas inclusivas y sostenibles. Los ponentes identificarán los desafíos y oportunidades que surgen en el nuevo contexto político europeo y propondrán estrategias para fortalecer la incidencia política y la colaboración, asegurando que la ESS permanezca como un elemento central en las políticas de la UE.

Ponentes clave de Social Economy Europe, Solidar y Ripess Europa compartirán sus propuestas y recomendaciones sobre lo que se puede hacer para fortalecer el papel de la Economía Social y Solidaria dentro del nuevo marco estratégico de la UE, asegurando su reconocimiento como un motor clave para la justicia social, la sostenibilidad y la resiliencia económica.

AQUÍ puedes acceder al programa detallado del seminario, incluyendo la lista de los ponentes participantes. El seminario contará con traducción simultánea en inglés/español y español/inglés.

Este evento ha sido organizado en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Accede aquí al formulario de inscripción

Javier Liras y Edurne Arzelus han trasladado la valoración conjunta de estas entidades sobre el proyecto de presupuestos. Opinan que “no se apuesta de forma clara y contundente por poner en el centro a las personas, por un cambio en el modelo económico que genera desigualdad y exclusión, y que no aborda una reforma fiscal tan necesaria que redistribuya la riqueza de forma mas justa”. Han recordado que a pesar del crecimiento económico las tasas de pobreza y de desigualdad no han disminuido. “Este Anteproyecto no va a provocar los cambios estructurales necesarios para dar respuestas a las necesidades de la población más vulnerable”, han declarado.

Por ello han demandado “unos presupuestos más sociales que no tengan como único objetivo paliar las situaciones de pobreza” sino “ir más allá y actuar sobre todas las causas y las consecuencias que éstas tienen sobre las personas”. Los representantes de REAS Navarra han apostado por un modelo económico “que ponga en el centro a las personas”, lo que supone realizar políticas “que garanticen el derecho a la inclusión (tanto en prestaciones económicas como puede ser la renta garantizada y el empleo), el derecho a la vivienda y el derecho a ser cuidado, y en este presupuesto no vemos un esfuerzo considerable en estos tres pilares fundamentales”. Han insistido en que “Navarra tiene potencial para dar un paso más en la inclusión social de todas las personas, pero es necesaria una redistribución de los recursos mayor”.

Son muchas las señales de alerta que evidencian que vivimos en un sistema biocida, imbuido en una crisis multidimensional en la que la crisis de los cuidados es una de sus facetas endémicas.

Sobre esa crisis podríamos hablar de un sistema público insuficiente, o de la privatización y mercantilización de este tipo de servicios en empresas centradas en el lucro capitalista. Podríamos centrarnos en la explotación y la precarización de las vidas de las mujeres ligadas a estos trabajos (de forma remunerada o no). O en el crecimiento de las desigualdades sociales en un escenario de respuestas reactivas.  Podríamos mencionar las carencias en la atención a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, con un modelo basado en el asistencialismo. O de los problemas de asilamiento, cansancio, soledad no deseada o salud mental cada vez más extendidos. Todos estos síntomas no son accidentales ni inconexos, sino que están directamente ligados a una organización social de los cuidados injusta.

Sin embargo, en esta ocasión, queríamos centrarnos en el aspecto propositivo, asumiendo la responsabilidad que REAS Euskadi tiene en la transformación de este modelo injusto. Por ello, ekoSolFem puso en marcha un proceso para identificar propuestas en este sentido.

Este proceso ha estado dinamizado por la cooperativa Aradia y colectiva XXK y como resultado presentamos este documento que despliega 8 medidas en dos ámbitos de actuación: lo público y lo comunitario.  Una hoja de ruta para construir un modelo feminista de corresponsabilidad público-comunitaria con el que avanzar en el derecho colectivo al cuidado. Se trata, en definitiva, de una propuesta en construcción a la que os invitamos a aportar.

Queremos agradecer el cariño y cuidado puesto a este proceso por nuestras compañeras Patricia, Delicia y Silvia. Y a todas las participantes de ekoSolFem por las risas, los bucles infinitos y los aprendizajes. A todas ellas (a las que están, a las que estuvieron y a las que estarán) ESKERRIK ASKO por vuestra enorme contribución a la construcción de una economía solidaria y feminista.

Puedes leerlo o descargarlo en este enlace.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada de la teniente alcalde de Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha firmado esta semana un convenio con todas las entidades representativas de la Economía Social y Solidaria de la ciudad. De esta forma, como ha dicho la primera edil “por primera vez, el Ayuntamiento de Huelva se compromete, de manera firme y oficial, uniendo en un mismo acuerdo a todas estas entidades para el fomento y la promoción de modelos que supongan un desarrollo económico circular, solidario y sostenible por su capacidad para crear empleo estable y de calidad”.

La coordinadora local de la Red de Redes de la Economía Alternativa y Solidaria, REAS, Carmen Ruiz; el presidente de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo, FAECTA, Luis Miguel Jurado; el presidente de Laborales de Andalucía, LAB, Manuel Eugenio García; y el director gerente de la Fundación Escuela Andaluza de Economía Social, José Ariza han sido los encargados de firmar un documento que pone de manifiesto “el compromiso municipal para sumar fuerzas y recursos, coordinando actuaciones y optimizando el trabajo de todos de cara a impulsar y promover la Economía Social y Solidaria como motor de desarrollo equilibrado, justo y sostenible en la ciudad de Huelva”.

Además, la rúbrica oficial ha servido para presentar la primera iniciativa fruto del convenio, que consiste en la organización de la ‘I Semana de las economías transformadoras’ que tendrá lugar en la Casa Colón del 7 al 9 de octubre para “incentivar la creación, inclusión y participación de otros agentes e iniciativas individuales o colectivas que apuesten por la economía social y solidaria, incorporándose a un Plan de Trabajo consensuado y coordinado que facilite la consecución de los objetivos comunes”.

I Semana de las economías transformadoras

Con la colaboración de la Universidad de Huelva y la Fundación Cajasol, esta I Semana de las Economías Transformadoras, organizada por la Red de Redes de la Economía Alternativa y Solidaria, propone una reflexión profunda de la economía desde el desarrollo comunitario bajo el lema ‘Hacia una economía centrada en la comunidad’ para avanzar en la importancia de modelos sensibles con el medio social y ambiental, donde dar visibilidad a las iniciativas que giran en torno al mismo y promocionar buenas prácticas. De este modo, la semana se estructurará en torno a tres espacios: Mercado Social, como espacio de visibilidad; Jornadas, como espacio de reflexión; y Mesas de trabajo, como hitos sobre los que cerrar acuerdos y propuestas.

La intención es que en el Mercado Social o Feria estén representadas todas las iniciativas locales de economía alternativa y solidaria vinculadas a REAS, así como otras de producción responsable que contribuyan a visibilizar la producción local tanto desde la artesanía como en todo tipo de bienes y servicios. Un mercado que está abierto a la participación para convertirse en un referente de la Economía Alternativa y Solidaria en la provincia de Huelva, con la intención de visibilizar los servicios y productos locales, mostrar la capacidad de las entidades de la economía alternativa y solidaria de Huelva y fortalecer las mismas

Por otro lado, en las jornadas, de la mano de expertos y empresas con experiencia en iniciativas de economía social se abordarán bloques temáticos relacionados con la Economía Circular y Solidaria; Innovación, turismo comunitario y economías transformadoras; Trabajo doméstico y de cuidados; Finanzas éticas y alternativas; Economía Social y Solidaria al rescate de la Comunidad; Transformación Agroalimentaria y Vertebración Rural y Urbana; o Buenas Prácticas en Contratación Pública responsable.

Finalmente, en paralelo, se incluyen actividades sociales y culturales como rutas en bici; monólogos teatralizados; pintura; poesía o presentaciones de libros.

Con You(th) Care for Change se busca reforzar el papel de la ciudadanía activa, apoyando a jóvenes innovadores en la construcción de un futuro común europeo y mediterráneo. REAS Red de Redes será el punto focal a nivel estatal y participará junto a organizaciones de otros 11 países euromediterráneos ( Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, República Checa, Hungría, Grecia, Albania, Serbia, Túnez y Marruecos).

Se trata de un proyecto financiado en el marco del Programa DEAR (Educación para el Desarrollo y Sensibilización) y que tendrá una duración de 40 meses, finalizando pro tanto en marzo de 2027. En este periodo, el proyecto global articulará a más de 300 asociaciones, grupos y movimientos juveniles que participarán en el desarrollo de 8 Agendas YOU(th) CARE; 24 iniciativas territoriales lideradas por jóvenes para hacer frente a los desafíos globales y varios eventos online y presenciales a nivel euromediterráneo, incluidos Foros y campañas internacionales.

La interseccionalidad e interdependencia y el enfoque de CUIDADO GLOBAL (Global Care) estarán en el corazón de la implementación del Proyecto. Así, asociaciones de jóvenes, grupos y comunidades activas participarán en formaciones, foros, intercambios intergeneracionales e interculturales sobre la igualdad de género y los desafíos globales, y se comprometerán en el desarrollo conjunto de acciones y campañas. Se llevará a cabo a través de una metodología participativa, en la que se promoverá la identificación de prioridades comunes y herramientas de pensamiento crítico, garantizando que la sociedad y las personas responsables de la toma de decisiones escuchen más las opiniones y necesidades de la juventud.

Actualmente el proyecto se encuentra en fase de mapeo, para lo que ha tenido lugar una reunión con la Directora y personal técnico del INJUVE, quienes se han mostrado muy interesadas en el proyecto y han ofrecido su colaboración y recursos. Este mapeo permitirá identificar las Organizaciones de la Sociedad Civil, movimientos e iniciativas existentes lideradas por jóvenes y orientadas a la transición socio-ecológica, promoviendo la inclusión, la diversidad y la igualdad de género.

La información del proyecto, así como sus resultados, estarán a disposición próximamente a través de formaciones y eventos online y presenciales, promoviendo la adquisición de habilidades clave para hacer frente a la complejidad actual de la sociedad y el cambio.

*** Si conoces alguna entidad (de cualquier tipo) que podría estar interesada en participar en el proyecto no dudes en ponerte en contacto con nosotras a través del siguiente contacto:
Raquel Magaña: raquel.magana@reas.red o 622597081

La Secretaría de Estado de Economía Social es un órgano encargado de promover y coordinar las políticas relacionadas con la economía social. Su objetivo es impulsar el desarrollo de las empresas y entidades de economía social, como cooperativas, sociedades laborales, fundaciones, asociaciones y empresas de inserción, fomentando su crecimiento y contribución al bienestar social y económico. Además, busca fortalecer la colaboración público-privada en este ámbito y promover la creación de empleo de calidad y la sostenibilidad empresarial.

La visita a la planta comenzó  por el área de preparación para la reutilización de textiles, donde Amparo Merino conversó con las mujeres trabajadoras de la tría, que tratan diariamente unos 5.000 kg de textil y lo clasifican en función de su estado y del tipo de prenda.

En la zona de RAEE, pudo conocer cómo es el proceso de tratamiento para este tipo de residuos y cómo se lleva a cabo la alianza de AERESS con BSH, en la preparación para la reutilización de sus electrodomésticos de gama blanca. Conoció a Abdellatif, quien entró en en la Empresa de Inserción de Recumadrid a través de un itinerario de inserción sociolaboral y acabó consiguiendo un puesto fijo como coordinador del taller de RAEE, en el que lleva 6 años trabajando. Se encarga de reparar casi cualquier tipo de aparato eléctrico o electrónico, con gran profesionalidad y admiración de sus compañeros.

Antes de pasar a reunirnos con un café, también se visitó el taller de reparación y reacondicionamiento de muebles, donde Montse, la responsable del taller, explicó el potencial de reutilización que tienen los residuos voluminosos cuando se realiza una correcta y cuidadosa recogida y transporte de los mismos.

Tras este recorrido hubo oportunidad para el diálogo sobre las principales necesidades del sector de la Economía Social, en especial de las Empresas de Inserción. En concreto, se habló de la futura Ley de Empresas de Inserción: cómo se definen, las obligaciones de los registros autonómicos, con especial atención al fin social de las entidades promotoras, teniendo en cuenta su trayectoria y experiencia, etc. En síntesis, se trasladó la preocupación de posible intrusismo en el sector. Extremo que preocupa tanto a AERESS como a la Secretaría de Estado de Economía Social.

También se trasladó en esta reunión, la necesidad de revisar y ampliar el espectro de las certificaciones profesionales dentro de las empresas de inserción, para que las entidades puedan otorgar certificados profesionales a sus usuarios una vez terminado el itinerario de inserción. Así como  la importancia de proteger la contratación reservada en los contratos públicos y visibilizar el retorno social que esta actividad genera.

Como se demostró durante la visita, existe un fuerte compromiso por parte de la Secretaría de Estado de Economía Social hacia las empresas de inserción y su objetivo principal, la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. En el propio encuentro quedó subrayada la necesidad urgente de aumentar la visibilidad de las empresas de inserción, haciendo entender a la sociedad que estas combinan su actividad económica con la realización de acciones de inserción sociolaboral, ofreciendo oportunidades de empleo y formación a colectivos desfavorecidos. El reconocimiento de su  labor de transformación social, tanto por las instituciones como  por la ciudadanía, es imprescindible para que siempre que se hable de Economía Social se haga un nexo con las Empresas de Inserción, como entidades de triple impacto social, ambiental y económico.

Por último, surgió la oportunidad de explicar a la Secretaria de Estado el proyecto de La Recuperadora, la marca colectiva de AERESS. Esta impulsa el consumo sostenible diferenciándose de por su compromiso social, y unifica la imagen de las tiendas de la red con el objetivo de mejorar su posicionamiento en el mercado de segunda mano.

Desde la red de AERESS, estamos profundamente agradecidas por la visita y por el gran interés mostrado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, por nuestra actividad y el beneficio generado en las personas y en nuestro entorno.

¿En qué contexto surge esta sesión?

Desde REAS Red de Redes y otras redes como Reas Euskadi, la XES o XEAS País Valencià, veníamos realizando un trabajo de reflexión en torno al concepto de cuidados, proceso que se aceleró en el contexto de pandemia con una triple crisis (económica, social y de cuidados) que evidenciaba las fallas de un sistema -capitalista- que no funciona.

En el marco de este trabajo de reflexión colectiva destacamos por un lado, el eje en torno a los cuidados desarrollado en 2022 durante la XV edición de IDEARIA y la Guía de Buenas Prácticas de cuidados bajo el enfoque de la ESS elaborado por Reas Red de Redes durante 2023.

Queremos realizar una reflexión colectiva…

Con el objetivo de continuar con un  proceso de aprendizaje y confluencia a través de un debate interno entre las redes y entidades de REAS, se convocó una sesión online con tres objetivos específicos:

1. Realizar una reflexión colectiva sobre el concepto de cuidados desde el enfoque de la Economía Social y Solidaria.
2.  Realizar una reflexión sobre el contexto actual en torno a los cuidados en el plano nacional e internacional para definir los desafíos y retos a los que nos enfrentamos.
3. Identificar las estrategias y propuestas que defendemos desde nuestro modelo, en concreto dos elementos centrales: Definir qué entendemos por derecho colectivo al cuidado y qué entendemos por una gestión público-comunitaria de los cuidados.

Durante la sesión tuvieron lugar varias ponencias inspiradoras que ayudaron a enriquecer el aprendizaje colectivo.

¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados?

En primer lugar, Alicia Rius de la Asociación IMC y parte de la comisión de feminismos de REAS Red de Redes,, realizó un marco conceptual para aterrizar el concepto de cuidados en el que se destacan las siguientes ideas:

• Distinción entre los trabajos directos al cuerpo de las personas y los que tienen que ver con el trabajo indirecto, por ejemplo, las gestiones de becas, gestiones médicas, limpiar, cocinar..
• Algunos cuidados  se remuneran y otros no (en una proporción muy superior)
• El trabajo doméstico es uno de los orígenes materiales de la desigualdad de las mujeres. En el contexto actual sigue habiendo una desafección a los cuidados aunque sean la base de la vida.
• Los principales agentes que forman parte del sistema de cuidados son: 1)Personas individuales y personas organizadas en red, 2)empresas, 3) instituciones.
• Importancia de construir desde lo colectivo, la articulación en redes: No construir desde derechos individuales sino colectivos.
• La privatización de los recursos de cuidados contiene una lógica de acumulación de beneficio al contrario que la lógica de comunidad y de articulación social de las entidades de la Economía Social y Solidaria: hay que favorecer y visibilizar las buenas prácticas empresariales en ámbitos como la conciliación e incidir en la Contratación Pública Responsable.

Diálogos transnacionales

En segundo lugar, Flora Partenio de la Red Feminista DAWN realizó una foto del momento actual en el que nos encontramos en el que se está produciendo un retroceso de las agendas de derechos sociales y feministas en muchos países de América Latina como es el caso de Argentina, proceso paralelo al que se está observando en la Unión Europea. En su intervención destacó en primer lugar, el proceso de construcción de un sistema integral de cuidados que se ha venido hablando en Argentina desde hace más de una década con un enfoque de derechos humanos: El cuidado como necesidad, trabajo y como derecho en relación a otros derechos -como los laborales- En el plano regional destacó el compromiso asumido en 2022 durante la conferencia de la CEPAL, el compromiso de Buenos Aires para “avanzar hacia una sociedad del cuidado”

En segundo lugar, subrayó tres elementos clave para pensar en organización social de los cuidados: Tiempo -proteger el tiempo para cuidar, infraestructuras y el  dinero. En este último elemento basó la última parte de su intervención: ¿De qué manera la sobrecarga de cuidados implica mayor vulnerabilidad financiera? En dos estudios realizados por Flora y otras personas investigadoras (1) constataron que las mujeres entran en espirales de endeudamiento para garantizar las necesidades de los cuidados en tres ámbitos concretos: alimentación, salud -medicamentos- y cobertura de servicios básicos como los energéticos. Estas espirales se producen a través del acceso a créditos informales con altos niveles de riesgo y de forma más reciente a través del ecosistema de créditos que ofrece el sector digital.

Hacia un modelo de cuidados público comunitario desde la ESS: una propuesta de medidas desde Reas Euskadi

En la última intervención, Zaloa Pérez y Silvia Piris de Reas Euskadi e integrantes de la comisión de feminismos y de incidencia y políticas públicas de Reas Red de Redes respectivamente, presentaron la propuesta que han trabajado desde Euskadi en torno a los cuidados.

El horizonte al que se quiere llegar es el derecho colectivo al cuidado y desde esta dimensión entender el modelo como una espiral conjunta en donde aparecen las familias ´- de elección- las redes de cercanía, la comunidad -en donde se enmarca la Economía Social y Solidaria- y lo público, un espacio referente que garantice los cuidados. Para fortalecer esta espiral y avanzar en la idea de corresponsabilidad se proponen cuatro estrategias:

1- Desfamiliarizar los cuidados. Esto no significa que las familias no jueguen ningún papel, pero hay cuidados que deben de dejar de ser responsabilidad exclusiva de las familias (sobre todo, las situaciones de mayor dependencia) y al mismo tiempo debe haber un apoyo colectivo a éstas.
2- Desfeminizar: la corresponsabilidad pasa por que quiénes no se hayan hecho cargo de los cuidados empiecen a hacerse cargo.
3- Publificar: El papel de las administraciones públicas es crucial en la organización social de los cuidados porque establecen las bases legales, administrativas y estructurales para garantizar que todas las personas, independientemente de su condición, tengan acceso a cuidados de calidad y también que las personas cuidadoras reciban los apoyos que requieren. Su rol es vital para crear un sistema de cuidado justo, equitativo y sostenible ambiental y socialmente.
4- Erradicar el ánimo de lucro: es fundamental, que los cuidados no sean un nicho de negocio.

Uno de los elementos fundamentales del debate es cómo entendemos la relación entre lo público y lo comunitario y qué modelo queremos, desde el fortalecimiento e impulso de las fórmulas de la ESS que contienen elementos identitarios como el retorno al territorio, los derechos humano y la atención integral centrada en la persona entre otros factores.

Durante el otoño de 2024 se llevará a cabo una segunda sesión para seguir profundizando en estas propuestas.

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Deudas, cuidados y vulnerabilidad: el caso de las mujeres de hogares de clases populares en la Argentina.

Deudas, cuidados y vulnerabilidad: el caso de las trabajadoras de casas particulares en la Argentina.

El miércoles 22 de mayo de 2024, el Bloc4BCN acogió la Asamblea anual de las entidades adheridas a la Estrategia ESSBCN2030. La reunión fue una oportunidad para debatir y acordar el Plan de Trabajo de la Estrategia #ESSBCN2030 para 2024, evaluar la actividad del año 2023 y explicar el proceso de elaboración del PIESS 2024-2027.

La Asamblea de las entidades adheridas a la ESSBCN2030 reunió a unas sesenta personas representantes de las entidades adheridas y de los grupos municipales. Así, primero revisó la actividad realizada durante el 2023 mediante el visionado del vídeo resumen que lo sintetiza; a continuación, se debatió y aprobó el plan de trabajo para el año 2024. Entre otras acciones, de las relacionadas con los grupos de trabajo y proyectos de ciudad de la propia #ESSBCN2030, destacan las siguientes:

• Explicación de la Estrategia #ESSBCN2030 en jornadas, congresos y espacios de trabajo
• Diseño de una campaña de difusión para adherirse a la Estrategia #ESSBCN2030 a través de las organizaciones de segundo y tercer nivel referentes de la ESS
• Fomento de la colaboración entre grupos de trabajo para impulsar acciones conjuntamente
• Promoción del Enfortim l’ESS para la financiación de los proyectos impulsados por los grupos de trabajo
• Elaboración de un plan de acción para acercar la ESS a las personas jóvenes
• Incorporación de personas jóvenes en los espacios de trabajo de la Estrategia #ESSBCN2030
• Promoción de espacios de encuentro para el abordaje de retos transversales (transición ecosocial, educación, cultura, vivienda, etc.)
• Diseño de materiales para el relato de la ESS a través de la campaña de comunicación de La Febrerada

Del mismo modo, se explicó el proceso de elaboración del Plan de Impulso de la Economía Social y Solidaria 2024-2027 (PIESS 2024-2027) que, de entrada, prevé los siguientes tres objetivos estratégicos compartidos:

1. Promover una mayor resiliencia y un incremento de escala de la ESS a través de varios modelos.
2. Favorecer el acceso a la ESS por parte de toda la población.
3. Fomentar la transversalidad y la referencia de la ESS en las políticas públicas.

Asimismo, la Asamblea incluyó una dinámica participativa para responder al reto planteado por la Estrategia #ESSBCN2030 sobre el “protagonismo de la juventud en la ESS de Barcelona”, donde las personas participantes trabajaron para dar respuesta a varios objetivos relacionados con las personas jóvenes, como dar a conocer y dar visibilidad a la ESS entre la juventud; valorar cómo responder a sus necesidades desde la ESS; incrementar su participación en los espacios de la ESS, o incrementar la participación de las personas jóvenes en los procesos participativos de política pública, entre otros.

La Estrategia #ESSBCN2030 es la expresión del trabajo conjunto y el compromiso del ámbito y el tejido ciudadano de la ESS de Barcelona y las políticas de ESS municipales. Es fruto del trabajo realizado a finales de 2019 e inicios de 2020 por un conjunto de 203 personas y 147 entidades de la ESS, las cuales generaron más de 500 propuestas articuladas en líneas estratégicas, proyectos de ciudad y grupos de trabajo, retos y con el horizonte del año 2030 para ejecutarlas y avanzar progresivamente.

Tenemos la oportunidad así como la responsabilidad de promover los cambios económicos, políticos y sociales necesarios para dar respuesta, de manera urgente, a las diversas crisis en que nos encontramos. Crisis como la ambiental, donde confluyen la emergencia climática con otras realidades como la pérdida de biodiversidad o la falta de recursos que pueden afectar a la viabilidad de la vida en el planeta, nos ponen en primer plano la necesidad de actuar. Se nos presenta así la oportunidad de promover una transición ecosocial justa que dé respuestas, así mismo, a urgencias sociales como el aumento de la desigualdad, la precariedad de los sectores crecientes de la población, la vulneración de derechos humanos básicos o la imposibilidad de acceder a una vida digna.

Esta afirmación que hacíamos el pasado 23J de cara a las elecciones generales del Estado español sigue siendo igualmente vigente de cara a las próximas elecciones europeas, donde se tomarán muchas de las decisiones que nos afectarán en nuestra vida cotidiana los próximos años, en un ciclo que, además, será clave. En este sentido, pedimos a las y los políticos de la UE que creen las condiciones sistémicas para poder generalizar estilos de vida diversos y sostenibles orientando el sistema económico hacia el cuidado de las personas y del planeta. Además, en el contexto actual, reivindicamos una economía de paz a través de la inversión en prevención de conflictos y la desinversión en la militarización de Europa. En este marco, ponemos en valor el potencial de la Economía Solidaria en clave de transición ecosocial y orientado a la transformación social que creemos debe de incorporarse en todas las políticas y planes europeos.

La influencia de la ESS a nivel mundial

Al adoptar la resolución “Promover la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible” el 18 de abril de 2023, las Naciones Unidas (ONU) reafirma ron el papel esencial de la Economía Social y Solidaria, consolidando así la “Resolución sobre el trabajo decente y la Economía Social y Solidaria” adoptada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, como parte del plan de acción para la economía social presentado por la Comisión Europea en 2021, el Consejo de la Unión Europea ha adoptado una recomendación en 2023 sobre el establecimiento de condiciones marco para la economía social.

Este conjunto de actuaciones ha supuesto un punto de referencia sobre el que desarrollar un ecosistema internacional en favor de la Economía Social y Solidaria. En el Estado español, cabe destacar el reconocimiento de la Economía Social con la creación de un Ministerio de Trabajo y Economía Social (2020), el Plan Estratégico para la Recuperación y Transición Económica (PERTE) de los Cuidados y la Economía Social (2022), una Secretaría de Estado dedicada en exclusiva a este modelo empresarial (2023) y el esfuerzo por contar con una nueva Ley Integral de Economía Social (2023-2024).

Desde REAS Red de Redes acogemos positivamente las medidas 3 propuestas por CEPES, organización de la cual formamos parte, y que están a su vez alineadas con las presentadas por Social Economy Europe (SEE). En concreto, resaltamos las propuestas de renovación del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo y el nombramiento de un Comisario europeo responsable de Economía Social. Dentro de este marco, apoyamos las medidas propuestas por RIPESS, la red europea de la cual somos socias, en su contribución a la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 2023, sobre el desarrollo de las condiciones marco para la Economía Social, con el objetivo de reforzar el papel de la Economía Solidaria en las políticas públicas europeas:
• Los Estados miembros deben desarrollar marcos estratégicos y normativos ambiciosos que tengan en cuenta la diversidad de las iniciativas de Economía Social y Solidaria.
• Los Estados miembros deben desarrollar políticas públicas para los agentes de la ESS basadas en una financiación sostenible, operativa y en aso ciación, que vayan más allá de un enfoque basado en el beneficio y el acceso al mercado.

Por todo ello, compartimos una serie de medidas de políticas públicas para una Europa más solidaria, feminista y ecológica que nos muestran el camino para este cambio que reclamamos a través de políticas de inclusión y cohesión social, que promuevan la sostenibilidad de la vida y que estén al servicio de las personas y el bien común.

Invitamos al movimiento de la Economía Solidaria a difundir estas medidas ( tenéis las propuestas en cartelas para redes sociales aquí ) y actuar y movilizarse en consecuencia con nuestra Carta de principios,

El Parlamento Europeo votó el pasado miércoles 24 de abril a favor de una legislación que obligará a las grandes empresas de la UE a abordar los impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en sus operaciones y cadenas de suministro tanto dentro como fuera de las fronteras europeas. Esta ley incluirá aspectos como ingresos y salarios dignos y prácticas de compra responsables en la agenda de todas las grandes empresas.

La Directiva sobre la Diligencia Debida en materia de sostenibilidad de las empresas es clave para abordar las repercusiones sobre los derechos humanos y el medio ambiente, pero es necesario apoyar su aplicación 

La aprobación de esta directiva supone un paso adelante en la justicia corporativa. Es importante celebrar el logro y aclarar las medidas de acompañamiento para que su aplicación sea posible y tenga impacto. Para apoyar las próximas etapas, la Oficina de Defensa del Comercio Justo,

Salario digno, compra responsable y no a los recortes

Elementos clave de la Directiva son el reconocimiento del Salario Digno y el Ingreso Digno como derechos humanos que las empresas deben tener en cuenta, así como la aclaración de la importancia de abordar el impacto de las prácticas de compra de la empresa.

Otra mejora clave es la aclaración de que la desvinculación de los proveedores en virtud de la ley sólo debe producirse como último recurso y de manera responsable. Por último, vemos una redacción más contundente sobre la participación significativa de las partes interesadas, que es crucial para una diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente.

Se necesita apoyo e información para una aplicación adecuada

A medida que avanzamos hacia la aplicación, no se puede esperar que los proveedores en general, y los agricultores a pequeña escala en particular, asuman por sí solos la carga de la ambición de esta directiva. Por lo tanto, es crucial que las directrices y las cláusulas contractuales modelo se basen en normas y orientaciones reconocidas internacionalmente y dejen claro que no es una aplicación adecuada hacer recaer sobre los proveedores el coste y las responsabilidades en materia de derechos humanos y producción sostenible sin el apoyo adecuado.

El desarrollo de la ley ha sido complejo

La diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente que ahora será obligatoria se basa en las normas reconocidas internacionalmente desarrolladas por la ONU y la OCDE que existen desde 2011, así como en las buenas prácticas y directrices establecidas.

En febrero de 2022, la Comisión Europea publicó una propuesta legislativa inspirada en un Informe Legislativo Propio del Parlamento Europeo de 2021. El proyecto de ley tenía un gran potencial, pero carecía de claridad en algunos elementos clave, por lo que corría el riesgo de tener consecuencias negativas no deseadas para los pequeños agricultores y otros actores de las cadenas mundiales de suministro, a quienes la ley pretende proteger.

Gracias a la ardua labor del Parlamento Europeo, estos elementos se abordaron, y ahora tenemos una ley con muchas más posibilidades de generar un cambio positivo para los pequeños agricultores y agricultores, y las personas trabajadoras y artesanas de todo el mundo.

A pesar de que algunos Estados miembro hicieron caso omiso de las negociaciones en el último minuto, introduciendo cambios unilaterales para debilitar el texto final en marzo, la nueva Directiva supone un paso adelante fundamental para la responsabilidad de las empresas.

La UE y los Estados miembros se comprometen a proporcionar apoyo financiero e información a los diferentes actores de la cadena de suministro, a la sociedad civil y a las entidades productoras de todo el mundo. Creemos que las Delegaciones de la UE desempeñan un papel clave a la hora de garantizar que los agricultores, los trabajadores y las organizaciones de la sociedad civil puedan utilizar esta ley y que los actores de la cadena de suministro en posiciones vulnerables no se queden sin apoyo.

Citas:

Daniel Amponsah, Asunafo North Municipal Co-operative Cocoa Farmers (Ghana): Tener unos ingresos dignos es un derecho humano y, como productores, agradecemos que la UE lo reconozca y lo dé a conocer en la Directiva. Esto significa que las empresas con las que trabajamos se comprometerán a garantizar la reducción de la pobreza entre los agricultores y agricultoras. No obstante, volvemos a pedir a la UE que se asegure de que existen medidas para apoyar la aplicación de la Directiva.

May Hylander, Oficina de Defensa del Comercio Justo: Celebramos este paso clave e instamos a la Comisión Europea a que elabore orientaciones claras sobre temas clave como las prácticas de compra, la participación significativa de las partes interesadas y la forma de respetar el derecho a salarios e ingresos dignos para garantizar su correcta aplicación. Es imperativo que los costes y las responsabilidades no recaigan únicamente sobre los hombros de los proveedores.

El Instituto de las Mujeres ha editado una guía sobre gestión público-comunitaria de los cuidados para avanzar en una hoja de ruta en el ámbito de los cuidados. El documento elaborado por REAS Red de Redes proporciona un marco teórico-práctico para identificar y sistematizar el conocimiento colectivo de todas las entidades y personas que, desde la óptica de la Economía Social y Solidaria (ESS) y los feminismos, están generando propuestas en el ámbito de los cuidados.

Este estudio revela que es necesario un cambio de la cultura organizacional. Para ello, es preciso generar un debate con todos los agentes implicados: instituciones públicas, empresas, personas individuales así como organizadas a nivel  colectivo. Como recoge el texto, es clave en este marco el papel de las administraciones públicas y su relación con el sector privado empresarial, donde “se abren posibilidades para impulsar este cambio cultural” y donde existen ya experiencias como las de Euskadi, Canarias, Cataluña o Madrid, donde se han favorecido conversaciones en torno a estos procesos necesarios de cooperación público-comunitaria.

Para María Atienza, coordinadora del estudio, es crucial el refuerzo de los servicios públicos, tanto de su oferta como de la dotación de recursos para ello. En este sentido, “resulta estratégico, el  incremento del empleo público y la creación de empresas de economía social y solidaria”, según declara. Las empresas de la ESS  abren “interesantes oportunidades para la innovación  público-social” ya que, por encima de objetivos económicos, “colocan en el centro de su actividad los cuidados y las personas”, como reconoce el texto.

Las organizaciones de la ESS han venido tejiendo en las últimas décadas propuestas para atender las diversas necesidades de cuidado de la población. Por ello, según Zaloa Pérez, consejera de Feminismos de REAS Red de Redes, “es necesario que estas fórmulas tengan una mayor visibilización en los planes y políticas públicas, además de mejorar las condiciones de trabajo de quienes se dedican profesionalmente al sector de cuidados”.

Como concluye la guía, las organizaciones de ESS pueden convertirse en una auténtica piedra angular de la transformación de la actual organización de los cuidados, hacia una sociedad que avance en el reconocimiento al cuidado como derecho universal. De este modo, como se recoge en las consideraciones finales, trabajar por el fortalecimiento de las estructuras de la Economía Social y Solidaria, tanto de las redes como de las entidades, es trabajar por el fortalecimiento de un sistema de cuidados más justo.

Este pasado fin de semana tuvo lugar Convive Aragón, el Foro de Vivienda Colaborativa y Cuidados organizado por nuestro Grupo de Vivienda y La Replazeta. La cita confirmó el momento interesante para las soluciones alternativas al problema de la vivienda al superar las 250 participantes en los diferentes momentos que nos ofreció el encuentro.

Durante la tarde del viernes y la mañana del sábado, los grupos ya en marcha en Aragón en torno a la construcción de vivienda colaborativa, las comunidades de cuidados a ellos asociadas, las personas socias y otras interesadas en estas fórmulas de acceso a la vivienda y los cuidados, pudieron compartir espacio y dinámicas con otros proyectos en formación, personas expertas en diferentes aspectos del modelo, técnicas de diferentes administraciones públicas y especialistas en economías transformadoras, sostenibles y solidarias.

En un resumen general, podemos estar muy satisfechas por el trabajo desarrollado desde el Grupo de Vivienda de REAS Aragón y el resto de la organización de Convive Aragón, tanto por la asistencia al evento como por el interés de los diferentes actos del programa. Confiamos en poder repetir la experiencia en años sucesivos y contar así con una fecha periódica para seguir la actualidad y tomar el pulso al desarrollo de la vivienda colaborativa en nuestro territorio.

Sobre las ideas presentadas, compartidas y debatidas durante los dos días, podemos subrayar la insistencia, reiterada desde diferentes puntos de vista, de las posibilidades del modelo cooperativo, colaborativo y de cesión de uso para ampliar el parque de hogares disponibles, ofrecer maneras de acceso a la vivienda más asequibles y su adaptabilidad a las sociedades en que vivimos. Se insistió también en la importancia que tiene la implicación de las diferentes administraciones públicas para asentar, extender y profundizar el modelo, el derecho a la vivienda y la capacidad de autogestión en temas relacionados con la propia casa.

En este sentido, se echó en falta la presencia, en especial la tarde del viernes, de alguna persona en representación de las instituciones públicas aragonesas. Tanto Gobierno de Aragón como Ayuntamiento de Zaragoza decinaron la invitación a asistir y dejaron pasar una importante ocasión de demostrar su compromiso con un asunto que se sitúa entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. Sí que asistieron cargos públicos y personal técnico de Navarra, Canarias y Asturias, así como trabajadoras de diferentes administraciones aragonesas relacionadas con vivienda, servicios sociales, atención a la dependencia, juventud o tercera edad.

Políticas públicas, economía transformadora y oportunidades

El centro Joaquín Roncal de Zaragoza acogió durante la tarde del viernes las primeras citas de Convive Aragón. Como apertura del foro, Víctor Meseguer (comisionado especial para la Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social) pronunció unas palabras optimistas, convincentes e ilusionadas sobre el modelo de la vivienda cooperativa, su relación con la Economía Social y la capacidad de ambos para ofrecer transformación económica, innovación y justicia social, y compromiso y sostenibilidad medioambiental, aportando así algunos atisbos de esperanza en una realidad convulsa y por veces más que oscura.

La posterior mesa redonda contó con la participación de seis personas a través de cuyas aportaciones fue posible conocer mejor el amplio abanico de acercamientos posibles a la vivienda colaborativa y las diferentes soluciones que ofrece. Desde el lado de las administraciones públicas, participaron en la mesa Maite Arrondo Segovia (directora general de Vivienda del Gobierno de Navarra), Julio Martínez Martínez (jefe de servicio de inspección y calidad de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno de Asturias) y Francisco Candil (viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias). Cada una de estas personas, mostró la misma realidad desde su propio prisma: la de un modelo capaz de mejorar las opciones de acceso a la vivienda y los cuidados mediante la colaboración entre proyectos a administraciones públicas.

La mesa se completó con Meritxell Coello Tortajada (desarrollo estratégico de Fiare Banca Etica), que se centró en cuestiones relacionadas con la financiación, y David Guardia Mascó (coordinador en Sostre Cìvic y Habicoop) y Javier del Monte (arquitecto y gerontólogo, coordinador de proyectos en Jubilares), quienes sumaron el punto de vista de los propios proyectos y las personas que habitan en viviendas de construcción colaborativa y gestión cooperativa en Madrid y Barcelona.

La tarde del viernes se cerró con un espacio dedicado al encuentro personal, grupal y las relaciones profesionales con un cóctel servido por La Ciclería, durante el cual fue posible conversar con las personas ponentes y las responsables de los proyectos aragoneses de vivienda colaborativa.

Mundo rural y cuidados desde la vivienda cooperativa

La jornada del sábado se abrió con la presentación de varios grupos formados en Aragón en torno a proyectos de vivienda colaborativa que se encuentran en diferentes fases de desarrollo. Compartiendo el desayuno, se dieron cita A Cobijo, Las Crisálidas, Somos Cuidados Comunes y L’Arna, con diferentes personas socias o no de estos u otros proyectos.

El resto de la mañana se dedicó a trabajar, en dos grupos diferentes, cuestiones relacionadas con el impulso a la vivienda colaborativa en el mundo rural y con los cuidados dentro de los proyectos. Para el primero de los temas, se contó con la coordinación de Reviviendo y Carlos Clarimón (La Replazeta) para una mesa, interactiva y altamente participada, en la que también aportaron sus experiencias concretas los alcaldes de Loarre y Abizanda, junto con las personas impulsoras del proyecto en esta última localidad. La segunda de las temáticas estuvo conducida por Pablo Muñoz (La Replazeta) y Marga Torrego (Jubilares), quienes presentaron sus ponencias ante un nutrido grupo de personas interesadas.

El cierre de Convive Aragón se realizó tras la presentación del proyecto “Las formas de habitar la vivienda cooperativa”, de El Tinglado, entidad dedicada al urbanismo y la arquitectura que presentó el documental “Una vida en común”. La pieza audiovisual, completísima y emocionante, sirvió de broche final a dos días de intenso trabajo alrededor de la vivienda colaborativa en Aragón.

En el horizonte próximo, se realizará una recogida de conclusiones y su posterior difusión entre las personas participantes. También se cerró el encuentro con un compromiso por mejorar la difusión del modelo entre las administraciones públicas y con un fundamentado optimismo por el buen momento de la vivienda colaborativa y el interés despertado por la cita.

Esta puede ser la legislatura del comercio justo y del consumo responsable y sostenible. Así lo creen las y los expertos que se reunieron el pasado 21 de marzo en Madrid para analizar las oportunidades y los retos que plantean varias iniciativas legislativas actualmente en marcha, algunas de las cuales quedaron estancadas en la anterior legislatura.

El Gobierno está preparando una Ley de Consumo Sostenible y una Ley Integral para el Impulso de la Economía Social. Pero los especialistas creen que estas normas deben ir más allá de los mínimos europeos y deberían aprovecharse para promover un comercio en el que importe el valor y no sólo el precio. Es el momento de aprobar medidas que cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y especialmente, el objetivo 12, relativo a la “producción y consumo responsables”, en un mundo en el que las formas de consumo influyen, por ejemplo, en el trabajo infantil -160 millones de niños y niñas trabajan en el mundo- y en la deforestación, que ha arrasado ya 43 millones de hectáreas.

“En España, 9 de cada 10 personas en España está de acuerdo con que se obligue legalmente a las empresas a prevenir vulneraciones de los derechos humanos, como el trabajo forzoso, y la misma proporción de población exige que se obligue a todas las empresas a reducir sus emisiones de efecto invernadero”, según datos de la encuesta YouGov 2021 y 2023, recordó Amaya Acero, coordinadora de la Plataforma de Empresas Responsables. “Sin embargo, sólo el 42% de las empresas del IBEX reconoce identificar los riesgos que su actividad tiene sobre los derechos humanos”, añade.

La incoherencia de la Administración española

En 2023, prácticamente todos los partidos incluyeron en sus programas electorales compromisos relacionados con el impulso del consumo responsable. Ahora es el momento de reflejar esos compromisos en el BOE y también de que las instituciones prediquen con el ejemplo, fomentando la Compra Pública Ética en las administraciones. “¿Por qué apenas hay productos de comercio justo en las máquinas de vending de los centros públicos o en los comedores de las escuelas y en los hospitales?”, se pregunta David Comet, politólogo especialista en contratación pública e investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados. Las compras públicas representan el 14% del PIB de los países de la Unión Europea, por lo que su potencial de influencia es enorme para generar un impacto social y medioambiental positivo.

Por su parte, Jorge Conesa, director de la Fair Trade Advocacy Office, defiende que aunque la nueva normativa europea (la directiva de Diligencia Debida, que todavía debe ser ratificada por el Parlamento Europeo) sólo aplique a las grandes empresas, sus efectos positivos llegarán también a los pequeños proveedores y a los agricultores, que tienen enormes dificultades para sobrevivir por los precios injustos que reciben por sus productos, entre otros motivos. Conesa pide al Gobierno español que siga apoyando la directiva de diligencia debida y dé ejemplo a otros países con su iniciativa de prohibir la compra de alimentos por debajo del coste de producción.

Finalmente, Julie Maisonhaute, representante de Commerce Equitable France, ofreció los datos del país vecino, que ha multiplicado por siete sus ventas en menos de ocho años, pasando a facturar más de 2.000 millones de euros anuales. Protegido por una ley de economía social y solidaria aprobada en 2014, empieza a aplicarse ahora también al comercio local francés.

Este encuentro de especialistas ha sido organizado por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo con financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y con el apoyo de Political Watch.

Solo en España se desechan al año casi 1 millón de toneladas de residuos textiles y, de ellas, las entidades de AERESS, Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, recogen y gestionan más de 21.000 toneladas de prendas. Ante esta preocupante situación, AERESS considera clave que los grupos políticos conozcan de primera mano el trabajo de la Economía Social y Solidaria (ESS) para impulsar un modelo de economía circular, más sostenible y que genere empleo de calidad, un área en el que las entidades sociales tienen un papel estratégico.

Dentro de esta línea de acción, la asociación se ha reunido con Júlia Boada, la diputada de Sumar por En Comú Podem, que presentó el pasado mes de enero una Proposición no de Ley en la que emplazaba al Gobierno a resolver el problema de la ‘fast fashion’ y a poner en marcha una campaña de consumo responsable de ropa para concienciar a la ciudadanía. 

Entre otras medidas, el texto también proponía el establecimiento de criterios de diseño circular en la fabricación de prendas, mecanismos que faciliten un amplio despliegue del sector de la reutilización y reparación en el ámbito de la moda, así como la creación de un programa nacional de control y seguimiento del ciclo de vida de los productos textiles, en colaboración con las ONG conocedoras del tema.

La reunión ha servido para analizar el impacto de los residuos textiles en el planeta, “una preocupación compartida” tanto por la asociación como por la formación política. “Desde AERESS consideramos urgente que se aplique la jerarquía de residuos a la producción textil en España: reducir, reutilizar y reciclar. Creemos que es el momento de hacerlo, y en eso trabaja el sector de la Economía Social, pero lograrlo exige la colaboración de todos, desde los políticos y la Administración, hasta los consumidores”, ha explicado Carmen Aja, directora de la asociación.

Visita para conocer la gestión integral del residuo textil

La delegación de Sumar y en Comú Podem ha realizado una visita guiada a las instalaciones de Solidança, entidad asociada a AERESS, a la que se han sumado también representantes de Engrunes y Andròmines, también miembros de la red.

Allí pudieron conocer de primera mano las mejores prácticas en materia de inclusión sociolaboral y gestión de residuos de las entidades de la red y, como explica Andrea Membrado, responsable de comunicación de la asociación, “hemos abordado temas como los nuevos retos de Ley de Residuos y los cambios que introduce en la gestión de residuos textiles, como la transición hacia sistemas de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) y objetivos ambiciosos de recogida”.

Con reuniones de este tipo, las entidades sociales pretenden poner en valor el impacto positivo que tienen en la comunidad, “en términos de calidad, innovación en proyectos circulares, sostenibilidad y capacidad para inspirar acciones concretas hacia un futuro más sostenible e inclusivo para las personas en riesgo de exclusión social”, concluye la portavoz.

Aparte de Júlia Boada, asistieron Enric Bárcena, diputado y portavoz de la Comisión de Medio Ambiente del grupo de Catalunya en Comú y Marc Serra, concejal de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal y diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona y Magda Muñoz, asesora técnica de la formación en el Congreso.

REAS Euskadi ha publicado un documento de «POLÍTICAS PÚBLICAS EN CLAVE DE ODS PARA IMPULSAR LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA» como posicionamiento de la red de cara a las elecciones autonómicas que tendrán lugar el próximo 21 de abril. En él, invitan a

«reconsiderar estrategias que contribuyan a un cambio de rumbo, perfectamente alineadas y con mayor potencial transformador para el gran reto de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-. Estrategias que ya guían el rumbo de las entidades de la Economía Social y Solidaria, cuyas propuestas y experiencias llevan décadas satisfaciendo las necesidades de la población bajo criterios de justicia social y sostenibilidad y en pro de la construcción de una economía al servicio de la vida, de las personas, del planeta.»

El documento puedes leerlo o descargarlo en este enlace.

El documento de propuestas políticas de las organizaciones europeas de Comercio Justo ha sido redactado y consensuado por Fair Trade Advocacy Oficce. Su traducción y adaptación a castellano ha sido realizado por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

Pedimos que la UE desarrolle una política comercial justa y ecológica

Ante las elecciones al Parlamento Europeo, las organizaciones de Comercio Justo europeas planteamos una serie de propuestas dirigidas a fomentar una transición justa global que favorezca los intereses de las personas y del planeta, y que establezca la equidad como base para todas las relaciones comerciales.

El modelo de consumo y producción de la UE tiene importantes repercusiones económicas, sociales y ambientales dentro y fuera de sus fronteras. Por ello es fundamental que la UE desarrolle una política comercial justa y ecológica.

Entre las medidas que las organizaciones de Comercio Justo solicitan están:

–          Desarrollar un modelo justo de acuerdos comerciales entre la UE y terceros países de manera que favorezca el desarrollo sostenible para ambas partes. Esto implica acabar con el modelo extractivista que busca hacer posible la transición ecológica en la UE a costa de empobrecer a otros países. En este sentido, solicitan la participación democrática a lo largo de todo el proceso de redacción del acuerdo. Asimismo, entienden como necesario mejorar la evaluación de impacto de los acuerdos comerciales teniendo en cuenta la sostenibilidad social, económica y medioambiental, en especial para las pequeñas organizaciones agrícolas y productoras, las pyme y aquellas basadas en modelos empresariales de la economía social y solidaria.

–          Prohibir las prácticas comerciales desleales en el sector del textil que perjudican a los eslabones más débiles y vulnerables, que son los trabajadores y trabajadoras y las pyme.

–          Apoyo a las prácticas agroecológicas en los sistemas alimentarios de UE y los trasnacionales vinculados a la UE.

–          Mejorar la directiva sobre prácticas comerciales desleales en el sector agrícola y alimentario aclarando su ámbito de actuación y prohibiendo la compra por debajo de coste de producción sostenible.

–          En coherencia con los puntos acordados en la última cumbre del clima COP28, facilitar el acceso a la financiación climática a las pequeñas organizaciones agrícolas. Aumentar la financiación para que estas organizaciones puedan desarrollar medidas de adaptación al cambio climático. Y dedicar recursos para el fondo de pérdidas y daños relacionados con la crisis climática (fondo que no debe ser  el mismo que el de ayuda humanitaria)

La justicia social en las agendas políticas internacionales y nacionales

Con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, Naciones Unidas destaca la necesidad de incluir la justicia social en las agendas políticas internacionales, nacionales y regionales. En este sentido, el mensaje de Naciones Unidas se centra en: “promover el trabajo decente y una agenda de globalización justa centrada en los derechos fundamentales, las oportunidades de empleo y la protección social”

Asimismo recuerdan que la persistencia de las injusticias y desigualdades o la precariedad laboral generalizada favorecidas por las distintas crisis globales amenazan los avances logrados en materia social. Por tanto, “reforzar las políticas que realmente promueven la justicia social debe ser una prioridad urgente”, un mensaje muy alineado con las demandas de las organizaciones de Comercio Justo a quienes tendrán la capacidad de plantear las políticas de la Unión Europea en la próxima legislatura.

Cuando se habla de la economía social y solidaria (ESS), generalmente se abordan sus objetivos y valores; no obstante, para conseguirlos se requiere de un gran capital humano. En este contexto, la atracción y la retención de talento se convierte en un reto, una meta que se tiene que adaptar en la actualidad. El capital humano y el talento de las personas trabajadoras son algunos de los activos intangibles más importantes de las empresas, independientemente del tipo que sean, y todavía se vuelven más relevantes dentro de la economía social, que representa un 10 % del producto interior bruto (PIB) en el Estado español y un 8 % en la Unión Europea. 

De acuerdo con el Mapa de talento elaborado por Barcelona Activa, una herramienta que muestra cómo se comporta el talento de Barcelona de acuerdo con datos que ha proporcionado la red profesional LinkedIn, el sector de la economía social y solidaria tiene capacidad de retención de profesionales con talento gracias a su habilidad de poner en el centro las necesidades de las personas trabajadoras. Es, por lo tanto, uno de los sectores que menos profesionales ha perdido: solo un total aproximado de 2.400 personas han informado de un cambio desde la ESS hacia otro ámbito profesional.

También dentro de este mismo mapa podemos observar datos muy interesantes sobre las personas con talento en Barcelona dentro de la ESS. Por ejemplo, las disciplinas en las que se han formado son: humanísticas, que representan el 39,07 %; empresariales y jurídicas, el 31,67 %; científicas y técnicas, el 14,28 %; creativas, el 12,66 %, y digitales, el 2,3 %. Por otra parte, las universidades que destacan por generar profesionales son la Universidad de Barcelona, con un 30,6 %, y la Universidad Autónoma de Barcelona, con un 18,9 %. Las personas que se gradúan en estos centros son mayoritariamente mujeres, que suponen un 71 % y 72 % de talento femenino, respectivamente. En esta misma línea es importante destacar que, de acuerdo con LinkedIn, el 62 % del talento en la ESS es también femenino.

Ahora bien, el ámbito de la ESS también se enfrenta a retos en la gestión, la atracción y la retención del talento. En este reportaje, exploraremos estos retos y algunas herramientas y estrategias para responder a ellos.

En cualquier caso, empecemos por el principio: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de talento?

Ernesto Gómez Magén, coordinador del Máster de Gestión Estratégica del Talento en la Universidad de Mondragón y responsable del proyecto People en TeenLabs, nos explica que hay muchas definiciones en torno al significado de la palabra “talento” y todas ellas son muy amplias. No obstante, desde su reflexión considera que el talento se refiere a “personas que son capaces de conseguir un resultado, un cumplimiento satisfactorio, con poco esfuerzo”.

Por otra parte, sigue diciendo Ernesto Gómez, también se debe considerar que todas las personas tienen talento y tienen que sacarle provecho, mostrándolo de una manera eficiente en el ámbito laboral: “Aquí es donde surge el reto, tanto para el personal como para la empresa. En el primer caso, tiene que ser capaz de encontrar el puesto en el que mostrar su talento y ponerlo en práctica; asimismo, las organizaciones o empresas tienen que descubrir la manera de conseguir atraer este talento, captarlo y retenerlo. Solo pueden obtener esto teniendo claro cuál es su propósito y, lo más importante, sabiendo explicarlo al resto, porque no hay viento bueno si no sabemos a dónde vamos”.

Las organizaciones de la ESS deben ser capaces de trasladar o comunicar el propósito que tienen: compartirlo es un principio fundamental, mostrar sus valores y el impacto social, así como dar a conocer los elementos diferenciales respecto a otras empresas, porque cada vez más las personas profesionales buscan puestos laborales que estén alineados con sus valores. En esta misma línea, también para las organizaciones de la ESS es fundamental que se incorpore capital humano con actitudes y valores afines. Así es más fácil conseguir la retención del talento: “Puede ser que haya profesionales con conocimientos y competencias muy buenos, pero si sus valores no son compartidos con la empresa, no funcionará. Por eso, considero que desde la ESS se debe hacer un gran esfuerzo para informar acerca de qué son, quiénes son y qué hacen”, finaliza Ernesto Gómez, quien ha participado en el ciclo #DiesInnoBA y en las ConversESS 1: captación y retención de talento. Singularidades de la ESS y retos, organizadas por Barcelona Activa.

¿Qué busca la gente al incorporarse a una empresa de la ESS?

Con el objetivo de responder a esta pregunta y conocer en profundidad las herramientas que existen para buscar empleo en Barcelona, hemos entrevistado a Roger Civit, director de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, una de las impulsoras del portal POTS; a Daniel Núñez Díaz, director del Área de Empresa y Negocio Digital de la organización Intermedia, creadora de la plataforma digital IntermediaJob; y a Pau Serrat Pagespetit, director de Operaciones de Facto Cooperativa, de la aplicación Up me Up.

La vocación, la pasión y el propósito son las características más importantes de las personas que buscan trabajo en la ESS, según comenta Daniel Núñez de IntermediaJob. Además, afirma que los valores como la transformación y el impacto social positivo, la justicia social o la coherencia con los criterios ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno), así como un liderazgo más horizontal, la toma de decisiones más participativas, el respeto al medio ambiente, etc., son fundamentales al querer pertenecer laboralmente al sector de la ESS.

Por otra parte, Roger Civit, del portal POTS, añade que otro aspecto que atrae profesionales es poder trabajar en entornos laborales donde se prioricen los cuidados y a las personas trabajadoras. También reflexiona sobre los retos existentes en el tercer sector de la economía: “Somos conscientes de que el tercer sector tiene desafíos muy importantes, como su financiación, mayoritariamente pública. Somos un sector sin ánimo de lucro y con financiación muy limitada; eso influye en la precariedad laboral, pero es un sector que reclama las mejoras necesarias para su ocupación”.

En torno a este aspecto, también Daniel Núñez comparte esta opinión: “La pasión y la búsqueda de un propósito no tienen que estar reñidas con buscar condiciones laborales mínimas como un buen nivel contractual y salarial, horarios de trabajo que cumplan las normativas, etc. En la ESS, el nivel salarial todavía no es tan competitivo como en otros sectores; no obstante, es un aspecto que se está tratando de mejorar”, comenta.

Pau Serra Pagespetit, de Facto Cooperativa, explica que, desde la experiencia de Up me Up, la población joven es la más interesada en buscar empleo en la ESS, ya sea para encontrar un primer trabajo afín a sus ideales o también para obtener experiencia profesional.

Ahora sí, el match y tres plataformas para buscar trabajo en la ESS: POTS, Up me Up e IntermediaJob

1.- Portal POTS, Portal de Empleo del Tercer Sector Social (por sus siglas en catalán). Entrevista a Roger Civit, director de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña.

POTS es un juego de palabras basado en las siglas en catalán del Portal de Empleo del Tercer Sector Social, un acrónimo de la proactividad de profesionales y organizaciones. Es una herramienta impulsada por la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña y la Confederación Empresarial del Tercer Sector Social de Cataluña, las dos entidades representativas del sector.

Nació, en una versión anterior, vinculada a los primeros efectos de la pandemia de la COVID-19, cuando las plantillas empezaban a perder personal a causa de la enfermedad y las organizaciones tenían que seguir prestando servicios y acompañamiento a las personas con mayores vulnerabilidades. “Intentamos encontrar soluciones que pudieran, de alguna forma, mitigar estas bajas y poder garantizar los servicios sociales”, dice Roger Civit, y sigue explicando que después de la primera versión, se dieron cuenta del interés que existía por parte de las organizaciones de disponer de una herramienta que cumpliera con las características propias del sector. Así se empezó a diseñar POTS.

El nuevo portal, lanzado en noviembre del 2023, pretende promover un empleo de calidad e inclusivo, así como ser un punto de encuentro entre profesionales del ámbito social que busquen trabajo y entidades sociales que necesiten incorporar talento a sus organizaciones. Esta conexión permite que, desde la economía social, se puedan desarrollar proyectos que transformen a la sociedad para que sea más justa, inclusiva e igualitaria. Es una herramienta útil y aterrizada a las necesidades concretas del sector, y se ha creado gracias al apoyo de la Dirección de Servicios de Economía Social y Solidaria del Ayuntamiento de Barcelona.

Uno de los puntos fuertes de POTS es que tiene el apoyo de miles de entidades sociales sin ánimo de lucro catalanas, como federaciones, organizaciones, asociaciones, cooperativas de iniciativa social y fundaciones. Entre sus características es que es un servicio gratuito de demanda exprés, es decir, se pueden solicitar trabajos muy puntuales como bajas intermitentes, etc. “La plataforma te da la posibilidad, si lo permites, de que las entidades puedan llamarte ya directamente para cubrir una oferta de un día para otro. Además, POTS tiene un mecanismo de inteligencia artificial (IA) para hacer coincidir la oferta y la demanda. No somos un tablón de anuncios: si eres una entidad o una persona, a partir de los campos que hayas rellenado, te recomendará las ofertas existentes”, concluye el director de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña.

2.- IntermediaJob. Entrevista a Daniel Núñez Díaz, director del Área de Empresa y Negocio Digital de la organización Intermedia.

Intermedia es una fundación sin ánimo de lucro, que nació en el 2012 de la mano de tres entidades con una larga trayectoria de acción social para la mejora del empleo: Fundación IReS, Fundación Surt y Suara Cooperativa. Atiende a personas que se encuentran especialmente en situación de vulnerabilidad social y laboral. “Aunque trabajamos para todos los colectivos, actualmente atendemos un gran número de personas jóvenes o en situación de riesgo de exclusión social”, explica Daniel Núñez Díaz, director del Área de Empresa y Negocio Digital.

IntermediaJob nació en el 2019. Es una plataforma digital de selección de profesionales por competencias que hace coincidir inteligentemente ofertas de trabajo y personas candidatas según las competencias que requiere el perfil profesional que la empresa necesita cubrir.

“El valor añadido que tenía en su momento y que sigue teniendo vigente es que digitaliza el modelo de competencias. Consideramos, tras nuestra experiencia de años en el sector, que este modelo es más inclusivo e iguala las oportunidades. Es decir, la plataforma no trabaja exclusivamente con un sistema de publicación de ofertas y emparejamiento de currículos, sino que cuando las personas se inscriben se apuntan a un perfil competencial (nosotros ahora mismo tenemos definidos más de ochenta perfiles competenciales de diferentes empleos) y la empresa, cuando publica una oferta, también lo hace bajo un perfil competencial.
Se impulsa aquello que las personas saben y pueden hacer, más allá del currículo: competencias técnicas, básicas y transversales”, explica David Núñez.

La selección por competencias, más allá de la formación y la experiencia laboral que refleja a un CV, tiene en cuenta todos los aprendizajes que la persona ha adquirido a lo largo de la vida, en los ámbitos personal, formativo y profesional, y por eso garantiza un encaje más fiable respecto a las necesidades del puesto laboral.

“Como cualquier producto tecnológico, está en mejora continua. En IntermediaJob estamos trabajando en la inclusión e implementación de mejoras tecnológicas, desde aspectos muy estructurales como es que la herramienta esté también traducida al castellano, porque ahora solo la tenemos en versión catalana. Además, queremos introducir un chatbot para poder acompañar y ayudar a las personas y las empresas cuando se inscriban. Asimismo, queremos incluir un ecosistema de match e-learning (aprendizaje electrónico de los emparejamientos) con IA, para que ayude a analizar perfiles competenciales y aprenda de ello. Así podremos obtener un emparejamiento más fiable y lo más automatizado posible”, concluye David Núñez.

3.- Aplicación Up me Up. Entrevista a Pau Serrat Pagespetit, director de Operaciones de Facto Cooperativa.

“Up me Up nació el año pasado, después de identificar la necesidad que tenían las empresas de la ESS de reclutar y retener personas con talento que además de tener capacidades técnicas tuvieran ambición social, enfoque medioambiental y social, perspectiva de género, etc. Por ejemplo, si buscaban economistas, era necesario encontrar profesionales con cierta visión del mundo, porque, si no, tampoco encajarían con la cultura empresarial”, comenta Pau Serrat.

Aplicaciones para encontrar trabajo hay muchas, con grandes equipos desarrolladores detrás y con comunidades fuertes que las apoyan. Sin embargo, Up me Up no solo propone lo mismo con respecto a las funcionalidades, sino que añade el hecho de que entre la persona que busca trabajo y el proyecto que busca talento, surja un emparejamiento según sus valores. “Es muy fácil introducir los valores, se pueden seleccionar hasta seis que te representen, como honestidad, trabajo en equipo, flexibilidad, entre otros. Lo mismo hacen las empresas. Así se produce un emparejamiento, es decir, la plataforma identifica que esta persona tiene un 90 % de posibilidades de encajar en la oferta, porque hay coincidencia entre los valores de la persona y la empresa”, explica Pau Serrat.

La aplicación está pensada principalmente para que se utilice desde el móvil, aunque se puede acceder también a través del ordenador. “Hemos diseñado y creado un servicio útil, agradable y fácil de utilizar. Además, con el objetivo de que la aplicación crezca, desde Facto estamos colaborando estatalmente con cooperativas como Ecooo y la Federación de Cooperativas y de la Economía Social (FECOMA), en Madrid, y Tazebaez, en el País Vasco. Estamos entrando en el mercado y nuestra apuesta es crecer en número de personas usuarias y expandirnos más en el ámbito estatal”.

“Como novedad, actualmente estamos desarrollando, gracias a la financiación BRUIXIT de la Generalitat de Catalunya, una parte de la aplicación para personas emprendedoras. El objetivo es que se encuentren con otras que se adecuen a aquello que buscan. Por ejemplo, si quieres emprender impulsando una panadería, te pondrá en contacto con personas afines a esta iniciativa. Este nuevo recurso saldrá en marzo de este año”, explica Serrat.

Up me Up dispuso de la financiación del PERTE de economía social del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y ha tenido cofinanciación previa de los Proyectos Singulares de la Generalitat de Catalunya.

Aumentar la ocupación en la ESS es uno de los hitos recogidos en la estrategia ESS2030 y uno de los retos a los que se enfrentan las organizaciones. Por eso, este trimestre, la atracción y la retención del talento es la temática que se abordará en el ciclo DiesinnoBA de Barcelona Activa, a través de una conversación inaugural y dos laboratorios prácticos específicamente dirigidos a empresas y entidades sobre herramientas y estrategias para la captación, por un lado, y la retención, por el otro.

Una muy buena noticia en el cierre del año, en el pleno del Parlamento de la Rioja dl pasado 27 de diciembre se aprobó el presupuesto para el 2024 que sí incluye una partida para REAS Rioja. La partida fue incorporada vía enmienda, ya que el primer proyecto de presupuesto no la incluía.

Estamos muy contentos, pero también somos conscientes de que es solo el primer paso. Falta todavía mucho trabajo y seguirá siendo necesaria la implicación activa de muchos agentes sociales para que podamos firmar un convenio y disponer de fondos para seguir apoyando el desarrollo de la Economía Social y Solidaria, pero este es un primer paso que resultaba imprescindible. El Convenio ejecutado en 2023 creemos que ha sido muy exitoso, y abre muchísimos retos para el 2024 que justifican plenamente la necesidad de seguir trabajando.

En el presupuesto también se ha incluido, gracias a enmienda, una partida para la organización de una Feria de la Economía Social. Esta partida también estaba en el presupuesto del año pasado, pero a pesar de los intentos de REAS Rioja, finalmente no llegó a materializarse (pero a pesar de ello sacamos adelante una Feria que fue todo un éxito). Este año redoblaremos el trabajo para que sí salga adelante.

Muchas gracias a todos y todas los que han apoyado estas semanas de negociaciones el trabajo de REAS Rioja y la necesidad de seguir en 2024. ¡¡¡¡Y seguimos contando con su trabajo y compromiso en favor de una economía que pone por delante a las personas y al medio ambiente antes que los beneficios!!!!

Os dejamos algunas referencias con la noticia:
Noticia en «La Rioja»
Noticia en «El Día de la Rioja»

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, se ha reunido con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, para abordar los retos y demandas del Tercer Sector en la nueva legislatura y profundizar la colaboración entre el ministerio y la plataforma.

Durante la reunión, el ministro Pablo Bustinduy ha mostrado su plena colaboración y su confianza en el diálogo civil con la Plataforma del Tercer Sector. El titular de Derechos Sociales ha destacado la importancia de trabajar de la mano con las entidades sociales y ha puesto el ejemplo de la modificación del artículo 49 de la Constitución, cuya reforma ha sido impulsada por el movimiento social de la discapacidad.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha expuesto la necesidad de seguir impulsando las políticas públicas encaminadas a reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Para ello, ha solicitado al ministro que tenga en cuenta al Tercer Sector como un aliado estratégico y le ha ofrecido la colaboración de la Plataforma del Tercer Sector, apostando por una interlocución real y efectiva e impulsando el diálogo civil.

Sobre la Comisión para el Diálogo Civil, el secretario general de la Plataforma del Tercer Sector, Rafael de Lorenzo, ha mostrado la necesidad de dotar a este órgano de mayor relevancia para alcanzar una relación fluida, coordinada y global con el conjunto del Gobierno.

Por su parte, la vicepresidenta de Impacto Social y Cohesión Interna, Natalia Peiro, ha hecho balance del acuerdo de colaboración firmado con el anterior ministerio de Derechos Sociales y ha solicitado reactivar los objetivos que se vieron paralizados por la convocatoria de elecciones de 2023. Especialmente, aquellos vinculados con los desarrollos normativos pendientes de la Ley del Tercer Sector y la Ley de Voluntariado.

De cara a la nueva legislatura, la Plataforma del Tercer Sector ha planteado aspectos clave al ministro de Derechos Sociales con el objetivo de lograr un nuevo acuerdo de colaboración. Entre ellos, tres elementos principales: impulsar el diálogo civil, garantía de derechos y políticas sociales y mejorar en la sostenibilidad del Tercer Sector.

En este sentido, la vicepresidenta de Financiación y Sostenibilidad de la PTS, Asunción Montero, ha defendido la necesidad de cambiar el modelo de financiación y mejorar la sostenibilidad del Tercer Sector con el objetivo de lograr un modelo que sea más estable, sostenible y garantista. Igualmente, ha solicitado aumentar del 0,7% al 1% la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades destinada a actividades de interés general consideradas de interés social y desarrollar e implantar el modelo de concierto social.

En materia de derechos y políticas sociales, Carlos Susías, vicepresidente de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Asuntos Europeos de la plataforma, ha demandado la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, la Ley de Familias, un pacto contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad social y la necesidad de mejorar la implantación y el alcance del Ingreso Mínimo Vital. Asimismo, ha apostado por impulsar políticas que garanticen el derecho a la vivienda y el acceso universal y gratuito a la atención especializada por profesionales de la psicología y la psiquiatría para toda la ciudadanía, además de fortalecer la coordinación entre lo social y lo sanitario.

Quince años después de la promulgación de la Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo, los contextos, la coyuntura y la propia trayectoria de la cooperación vasca y la de sus agentes hacían necesaria una reconceptualización de sus objetivos y adecuación de su organización para responder de manera eficaz a los retos planteados.

Esta propuesta de ley avanza en el reconocimiento, entre los agentes de la cooperación vasca, de la Economía Social y Solidaria, un movimiento social, político y económico que ya está presente en el sector de la cooperación y la solidaridad internacional y que trabaja por la construcción de alternativas económicas que abordan muchos de los retos ecosociales a los que queremos hacer frente con esta ley.  Un movimiento que ha sido ya reconocido por organizaciones internacionales como la ONU (Organización de Naciones Unidas) como un agente clave para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Desarrollo Humano Local (DHL).

Sin embargo, hay otros elementos sobre los que hicimos algunas consideraciones que creemos que mejorarían sustancialmente esta ley. En primer lugar, echamos de menos, tanto en los análisis como en los objetivos, contenidos y acciones de cooperación, una mayor relevancia del ámbito económico. El aumento de la pobreza y las desigualdades, los movimientos forzados de población de sus lugares de origen, la violación de derechos humanos, así como la insostenibilidad de los modelos de producción y consumo están directamente relacionados con la expansión y desarrollo del modelo económico capitalista. Consideramos que la cooperación debiera incluir en sus análisis este enfoque y que, en las diversas modalidades de acción, tanto sobre terceros países como en nuestras sociedades, debe impulsar el desarrollo de alternativas económicas.

Pese a la relevancia que tiene para las organizaciones sociales y la atención institucional, la Educación para la Transformación Social apenas se cita y no se recoge en ningún apartado ni su concepto ni su carácter estratégico. Así, por momentos pareciera que las acciones educativas, de sensibilización y de promoción de valores y prácticas alternativas en nuestras sociedades no fueran relevantes para alcanzar los objetivos de la cooperación y la solidaridad. De esta forma, se traslada el erróneo concepto de que la cooperación y la solidaridad tienen que ver principalmente con la llamada cooperación sobre el terreno y, lo que es más importante, que los impactos de las políticas, estructuras económicas, comportamientos y valores de nuestras sociedades no están en el origen de la insostenibilidad y la injusticia de nuestro planeta.

Por último, esta ley puede ser una oportunidad para hacer frente a la situación de un sector con condiciones laborales precarias, altamente inestables, justificadas en la militancia, pero amenazadas por exigencias de tecnificación y burocracia. En este sentido, la propuesta es incorporar el fortalecimiento del sector como objeto de la ley, desde el reconocimiento al trabajo realizado por las ONGDs, liderando la ejecución de la mayoría de la cooperación vasca y movilizando la solidaridad de amplios y diversos sectores de la población.

En la noticia original publicada en reaseuskadi.eus puedes ver vídeos y el documento presentado por REAS Euskadi.

Según recogía en nota de prensa el Consejo de la Unión Europea, los ministros de la UE alcanzaban el pasado 9 de octubre un acuerdo político en relación con la Recomendación sobre el desarrollo de condiciones marco para la Economía Social, con vistas a promover la inclusión social y el acceso al mercado laboral. Al haberse alcanzado un acuerdo político, ahora la Recomendación se adoptará formalmente en una próxima sesión del Consejo. Una vez adoptada la propuesta, los Estados miembros dispondrán de dos años para adoptar o actualizar sus estrategias nacionales en materia de Economía Social.

Las entidades de la Economía Social pueden constituirse, entre otras formas, como cooperativas, asociaciones y fundaciones. Su principio común fundamental es anteponer las personas, así como los fines sociales o medioambientales, a los beneficios. La economía social contribuye al mercado laboral y a la inclusión social, fomenta el desarrollo de capacidades y también promueve un desarrollo socioeconómico e industrial justos y sostenibles, mejorando la cohesión social y territorial en todos los Estados miembros. Para reforzar la economía social, resulta fundamental disponer de un marco propicio.

Las entidades de la economía social se ocupan de varios de los mayores retos que afronta nuestra sociedad, en particular en materia de integración laboral y social, así como de cohesión social. Sin embargo, aún podemos hacer mucho por que la economía social siga desarrollándose, tanto en nuestros Estados miembros como en toda la UE. Debemos aprovechar el gran potencial que nos brinda para mejorar nuestra respuesta ante los retos sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos y velar por que nadie se quede atrás.

Yolanda Díaz Pérez, ministra en funciones de Trabajo y Economía Social de España.

ACCESO AL MERCADO LABORAL E INCLUSIÓN SOCIAL: EL VALOR AÑADIDO DE LA ECONOMÍA SOCIAL

En esta Recomendación, que es la primera que el Consejo ha adoptado sobre la economía social, se aconseja a los Estados miembros que implanten medidas tendentes a reconocer y respaldar el papel de la economía social a la hora de:

• facilitar el acceso al mercado laboral, especialmente para los grupos vulnerables o infrarrepresentados
• fomentar la inclusión social ofreciendo servicios sociales y asistenciales accesibles y de alta calidad
• estimular el desarrollo de capacidades, en particular aquellas que sean necesarias para las transiciones digital y ecológica
• promover la innovación social y un desarrollo económico sostenible

UN ENTORNO FINANCIERO FAVORABLE PARA LAS ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Las entidades de la economía social aspiran a lograr objetivos sociales y medioambientales, en lugar de simplemente a obtener beneficios. De ahí que su acceso a la financiación suela ser más difícil que para otras empresas. Se anima, por tanto, a los Estados miembros a que faciliten el acceso de dichas entidades a la financiación pública y privada, también haciendo el mejor uso posible de los fondos de la UE.

Según la Recomendación, la mejora del acceso a los mercados y a la contratación pública, el uso eficiente de las normas sobre ayudas estatales y un marco fiscal favorable resultan igualmente cruciales para el desarrollo de la economía social.

CEPES MUESTRA SU SATISFACCIÓN POR EL ACUERDO

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) mostraba su satisfacción por la recién aprobada Recomendación sobre el desarrollo de condiciones marco para la Economía Social y destacaba el papel de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, que ha liderado las negociaciones en el marco de la Presidencia Española de la UE.

Para el presidente de CEPES y de Social Economy Europe (SEE), Juan Antonio Pedreño, esta Recomendación permite a los países miembros de la UE “avanzar de manera conjunta en su apuesta por la economía social, un modelo empresarial que representa a más de 2,8 millones de empresas y entidades y emplea a más de 13,6 millones de personas en toda Europa”. “Esta Recomendación contempla una hoja de ruta innovadora que permitirá crear más empresas y empleos en la Economía Social, para alcanzar los 20 millones de empleos en 2030” añadió Pedreño.

Además, el presidente de las Patronales de la Economía Social española y europea, recuerda que este acuerdo se ha celebrado en el marco de la Presidencia Española de la UE y que, España, como país impulsor de la economía social, pondrá de relieve el peso de este modelo empresarial en la próxima Cumbre Europea de Economía Social, que reunirá en Donostia los días 13 y 14 de noviembre de 2023 a Gobiernos, instituciones europeas, gobiernos autonómicos, Estados miembros, organizaciones internacionales como la OCDE o la OIT, así como  a los líderes empresariales de la economía social a nivel mundial .

Destacan también que esta Recomendación explicita que promover el diálogo social en la economía social puede mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, de forma que, los Estados miembros pueden fomentar y aprovechar este aspecto de la economía social y hacer uso de sus conocimientos técnicos implicando a las entidades de la economía social en el diseño y la aplicación de políticas activas del mercado de trabajo. Además, esta recomendación insta a los Estados miembros a explorar las posibilidades para facilitar la participación de los empresarios de la economía social en el diálogo social.

Un aspecto importante es que se invita a los Gobiernos de la UA a garantizar un marco facilitador para las transmisiones de empresas a empleados para que constituyan cooperativas de trabajo asociado u otras formas de Economía Social, como en el caso de España, las sociedades laborales, con el objetivo de evitar pérdidas de empleo y salvaguardar la actividad económica.

Para facilitar la puesta en marcha de las medidas que recoge este documento, se recomienda a los Estados miembros que establezcan mecanismos de consulta y diálogo entre las autoridades públicas y las organizaciones representativas de la economía social. Esto, según apunta el acuerdo, puede implicar la creación de grupos de alto nivel y el apoyo a la creación y el desarrollo de redes representativas de la economía social.

 Durante el evento también tendrá lugar la segunda edición de los Social Academy Awards, premios promovidos por la Patronal Europea de la Economía Social (SEE) para reconocer experiencias empresariales innovadoras a nivel tecnológico, social y medioambiental.

NdP CEPES 02/10/2023.- La ‘Conferencia Europea de Economía Social: Personas, Planeta, Acción’, organizada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, reunirá en Donostia los días 13 y 14 de noviembre de 2023, a Gobiernos, Instituciones Europeas, gobiernos autonómicos, Estados Miembros, la OCDE, la OIT, y líderes empresariales de la Economía Social de todos los rincones del planeta.

El acto tiene como objetivo poner en valor y visibilizar el peso socioeconómico de este modelo empresarial en todo el mundo y especialmente en España, país referente internacional en Economía Social. A este respecto, se va a potenciar en la ejecución del Plan de Acción Europeo de Economía Social, y de reciente Resolución de Naciones Unidas sobre Economía Social.

Para el presidente de Social Economy Europe y de CEPES, Juan Antonio Pedreño, “Se trata de una ocasión única que sitúa a la Economía Social como una de las prioridades estratégicas de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea y en la que se anunciarán políticas públicas que permitirán un crecimiento exponencial en empleos y empresas en toda Europa”.

El evento además cuenta con el patrocinio y apoyo del Gobierno Vasco, de la Diputación de Guipúzcoa, del Ayuntamiento de Donostia, del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), de Social Economy Europe (SEE), de EGES (Economía Social Vasca), de MONDRAGON CORPORACION y COCETA.

Comenzará el 13 de noviembre en el Palacio de Congresos Kursaal de Donostia -Capital Española de la Economía Social 2023- con un acto inaugural de alto nivel político y con una sesión plenaria ‘Plan de Acción Europeo y Resolución de Naciones Unidas: herramientas para hacer avanzar la Economía Social’.

La Cumbre empezará con una Sesión Inaugural con representación política de alto nivel en la cual participará Juan Antonio Pedreño. A continuación, comenzará la primera sesión plenaria que estará moderada por el Comisionado especial para la Economía Social, Víctor Meseguer, y en ella intervendrán personalidades como el Comisario Europeo de Empleo y Derechos Sociales de la Comisión Europea, Nicolas Schmit; la presidenta de EGES y de la Confederación de Cooperativas de Euskadi-KONFEKOOP, Rosa Lavín y la subdirectora general de Empleo y Protección Social (OIT), Mia Seppo, entre otras.

Asimismo, en la mañana del día 13, tendrán lugar cinco talleres de forma simultánea que tratarán la economía social desde diferentes perspectivas: la transformación para el futuro de la economía social; la transición verde y digital; la innovación, financiación y el acceso a los mercados; la juventud; y la visibilidad y comunicación.

Posteriormente, se realizarán visitas a diferentes empresas y entidades de economía social: Basque Culinary Center (BCC), GUREAK – modelo empresarial de inclusión referente en Europa, GRINDEL – especialistas en engranajes de precisión, Hotel ILUNION en San Sebastián, IDEKO/DANOBAT – centro cooperativo de construcción y fabricación avanzada, IKERLAN – centro de investigación y desarrollo cooperativo, KATEALEGAIA – grupo formado por 12 sociedades laborales, LEINN – academia del equipo MONDRAGON y MONDRAGON – cooperativa.

Para finalizar la jornada del día 13, se celebrarán los Premios DENON ARTEAN, premio del cooperativismo vasco, organizados por el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, que se otorga cada dos años reconociendo la labor de personas e instituciones en favor del modelo de empresa cooperativo. En esta tercera edición, el reconocimiento del cooperativismo vasco será para la COMISIÓN EUROPEA. La SINFONÍA COOPERATIVA será parte de esta ceremonia que contará con la dirección de Fernando Velázquez, la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, y los coros Goikobalu Arrasateko Abesbatza, Iubilo Bilbao Abesbatza y Txorbela Otxotea.

Al día siguiente, el 14 de noviembre, intervendrá el presidente de SEE y de CEPES, Juan Antonio Pedreño, junto con el secretario de estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, el presidente de MONDRAGON CORPORACIÓN, Iñigo Ucín, la vicepresidenta 2º del Gobierno Vasco, Idoia Mendía, entre otras autoridades, en la sesión plenaria ‘Europa necesita a la Economía Social’, moderada por la directora General de Trabajo Autónomo, Economía Social y RSE, Maravillas Espín.

La Cumbre finalizará con la “Declaración de San Sebastián” que será presentada en el Acto de Clausura, que contará con la participación de la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Trabajo, Empleo y Economía Social y Solidaria y ministro de deporte de Luxemburgo, Georges Engel; la ministra delegada por el ministerio de Economía, Finanzas, y de la soberanía industrial y digital para las PYMEs, el Comercio, la Artesanía y el Turismo de Francia, Olivia Grégorie; la ministra de Trabajo y Solidaridad Social de Rumanía, Simona Bucura-Oprescu; el secretario de Estado de Asuntos Económicos y Acción Climática de Alemania, Sven Giegold; la secretaria de Estado de Inclusión de Portugal, Ana Sofía Antunes; y la vicepresidenta del Gobierno de Valonia y ministra de Empleo en Bélgica. Todos ellos son países de referencia y que cuentan con políticas avanzadas de este modelo empresarial.

Para finalizar, el día 14 se celebrará la segunda edición de los Social Academy Awards, premios que se conceden con carácter bienal por Social Economy Europe para reconocer experiencias empresariales innovadoras a nivel tecnológico, social y medioambiental.

La lengua vehicular de la conferencia será el inglés, aunque habrá interpretación simultánea en inglés, francés, castellano y euskera en las sesiones plenarias y mesas redondas. Igualmente, en cuatro de los cinco talleres simultáneos del día 13 de noviembre, habrá interpretación simultánea en inglés, francés y castellano.

Aquellos interesados en saber más acerca del programa y/o inscribirse pueden acceder aquí.

Imágenes: socialeconomyconferencedonostia2023.es.

Los días 13 y 14 de noviembre de 2023, el Ministerio de Trabajo y Economía Social organiza en Donostia-San Sebastián -Capital Española de la Economía Social 2023- la Conferencia Europea Economía Social: Personas, Planeta, Acción, en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea.

Los acontecimientos de los últimos años a nivel europeo y mundial han evidenciado la necesidad de unos modelos de gestión económica y social que integren economía, bienestar y medioambiente. En este contexto, la Presidencia Española del Consejo sitúa a la Economía Social como una de sus prioridades estratégicas para construir una economía al servicio de las personas y del planeta.

Esta conferencia europea es un llamamiento a la acción para movilizar todo el potencial de grandes hitos como la Resolución de Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria, o el Plan de Acción Europeo de Economía Social, así como para seguir fomentando la visibilidad de estos modelos de emprendimiento colectivo, democrático y solidario.

Donostia-San Sebastián
Capital española de la Economía Social 2023

El programa e inscripciones de la Conferencia se encuentra disponible aquí: https://socialeconomyconferencedonostia2023.es/es/

La actividad de las empresas de inserción de las Islas Baleares, que acaban de presentar su Memoria de actuación 2022, ha permitido la contratación de 125 personas en riesgo de exclusión social en el archipiélago. De ellas, 21 han conseguido regresar al mercado laboral ordinario, rentabilizando al máximo las subvenciones que reciben las cinco empresas que integran esta entidad. La actividad de estas empresas generó unos ingresos de casi 4’5 millones de euros. De ellos, solo un 13% procedía de subvenciones públicas.

Así lo ha explicado Antoni Aguiló, gerente de Mestral Inserció i Medi Ambient, quien ha recordado que «las empresas de inserción permiten que personas pasivas, perceptoras de prestaciones, pasen a ser personas activas. El retorno económico a las administraciones en 2022 es de 1.387.881 euros, lo cual supone un 279% de las subvenciones recibidas».

La Cadena SER recoge en su crónica de la presentación que las Baleares son «la comunidad autónoma con las ayudas mas bajas para empresas de reinserción».

Las empresas aseguran sentirse «invisibles» para la administración pese a que «un 60% de su plantilla consigue reinsertarse en el mercado laboral». Antoni Aguiló, gerente de Mestral Inserció i Medi Ambient: «Nos gustaría que las administraciones nos tuviesen en cuenta» porque afirman: «Somos la comunidad autónoma con las ayudas mas bajas para empresas de reinserción y eso que hemos ido mejorando estos últimos años». Denuncian que necesitan a las administraciones para seguir creciendo.

Un artículo de Daniel Rabanaque para economiasolidaria.org.

Hace apenas unos días, se celebraba en Bruselas la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. El foro, retomado tras ocho años, debía servir para construir y desarrollar estrategias comunes y horizontales que refuercen la importancia europea en la región y apoyen las transiciones verde y digital puestas en marcha en los diferentes países. En la declaración resultante, los participantes se comprometían a mejorar la coordinación multilateral y avanzar acuerdos comerciales dentro de un marco de respeto por los acuerdos de París, la lucha contra el cambio climático y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el horizonte. La cumbre se sitúa en el intento de la Unión Europea por afianzar su importancia en la región frente al avance de la presencia china como motor económico para estos países en crecimiento.

La Fundación Alternativas se hacía eco, ya el pasado mayo, de la diferencias, fracturas y contrastes existentes entre los países iberoamericanos. Las diferentes crisis (sistémica, financiera, sanitaria, ecológica) que se vienen produciendo a escala internacional hacen necesario un mayor diálogo entre los agentes implicados, agendas mejor coordinadas para garantizar el desarrollo sostenible y la inclusión social, y debates más profundos sobre nuevos modelos económicos que avancen “pactos verdes”, terminen con el extractivismo y favorezcan una política de cooperación al desarrollo que ahonde en la defensa de los derechos humanos.

ESTRECHA VENTANA DE PARTICIPACIÓN PARA LA ESS

La Economía Social estuvo representada en el encuentro con la presencia de la directora de Social Economy Europe, Sarah de Heusch, y la participación de su presidente, Juan Antonio Pedreño, en la mesa redonda dedicada al modelo empresarial. Si bien las propuestas de la ESS no se vieron reflejadas en las conclusiones generales del encuentro, CEPES no ha dudado en calificar de ventana de oportunidad para “situar a las empresas de #EconomíaSocial en el centro de las inversiones sostenibles de #GlobalGateway 🇪🇺 con #AmericaLatina”, aludiendo al paquete de inversiones destinadas a la región anunciado por Ursula von der Leyen dentro de la estrategia europea Global Gateway.

Sin embargo, otras voces apuntan a la decepción que ha supuesto que la cumbre no haya tratado los problemas de libertades y derechos existentes en muchos Estados, las propuestas de los movimientos indígenas o los riesgos de greenwashing que se asocian a las inversiones europeas en el continente. Gloria García, de Oxfam, advierte en el artículo de DW enlazado anteriormente: «América Latina está en un momento muy sensible, y estas inversiones pueden empeorar la democracia. Necesitamos blindar estas inversiones para no vayan por ese camino”.

En un artículo que resume la cumbre, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica señala otros desacuerdos y asimetrías en un encuentro teñido de oportunidad de negocio para las multinacionales. Así, subraya la presencia en la cumbre de directivos de empresas como Iberdrola, Banco Santander, Acciona, Telefónica o BBVA, por indicar solo aquellas de origen español.

EN PARALELO, LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS

De forma paralela a la celebración de la Cumbre EU-CELAC, Bruselas acogía también el desarrollo de la Cumbre de los Pueblos, una cita convocada por numerosos actores políticos y sociales de la UE y América Latina. Su declaración de principios, estaba encabezaba por la defensa de la naturaleza y “la construcción de un nuevo orden internacional justo, democrático y equitativo, que ponga en el centro de las políticas públicas al ser humano, la satisfacción de sus necesidades desde una defensa del medio ambiente que nos permita vivir en armonía con la naturaleza”.

Por ella, pasaron los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Bolivia, Ernesto Arce, el canciller venezolano Yván Gil y representantes de organizaciones, movimientos sociales o sindicatos de ambas regiones en un esfuerzo para encontrar una serie de resoluciones tendentes a manifestar el rechazo al modelo capitalista y proponer nuevas vías de convivencia y desarrollo económico. De especial interés resultó la intervención de Gustavo Petro, quien en su discurso puso de manifiesto la asociación de las lógicas de producción y acumulación del capitalismo con la destrucción del planeta.

En su declaración final, la Cumbre de los Pueblos subrayaba la oportunidad que supone la cumbre UE-CELAC para avanzar “en la creación de un mundo multipolar, con relaciones multilaterales que permita progresar en Paz a la Humanidad en armonía con la Madre Tierra”, señalando a la vez la ofensiva imperialista destinada a profundizar los conflictos y condenando las campañas en curso “encaminadas a desestabilizar gobiernos democráticamente elegidos por sus pueblos en América Latina y el Caribe”. Se señalan también en sus conclusiones “los intentos de la UE de imponer formatos y métodos, unilaterales, poco transparentes, contrarios al espíritu de respeto, diálogo y cooperación que debe imperar en las relaciones birregionales”.

La Cumbre de los Pueblos abogó por “la aplicación de políticas socialmente avanzadas que evite que los Pueblos de Europa sigan sufriendo las consecuencias de una crisis que no han causado”. Se exige también el fin de las sanciones unilaterales y los bloqueos, en especial los de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Se propone también la convocatoria de la Asamblea de la Tierra por parte de la ONU, “a fin de preservar nuestra casa común que es la Madre Tierra y debatir las consecuencias del modelo de desarrollo capitalista que ha llevado a la destrucción de nuestro planeta”. En el terreno económico, la Cumbre de los Pueblos defiende “acuerdos y medidas que contribuyan a desarrollar unas relaciones comerciales, financieras y económicas justas, equilibradas con base en el beneficio mutuo y la defensa de la Madre Tierra, de carácter multilateral, que definitivamente erradique el colonialismo que tanto daño ha causado a los Pueblos Latinoamericanos y Caribeños”.

¿DÓNDE SE SITÚA LA ESS?

Llama la atención, en los documentos de conclusiones de ambas cumbres, la ausencia de referencias a la Economía Social y Solidaria. La Cumbre EU-CELAC abría el período de presidencia de la UE correspondiente al Estado español, que ha afirmado tener la ESS como una de sus prioridades. Esta afirmación se alinea con las recomendaciones de organismos como la Organización Internacional del Trabajo o la Organización de Naciones Unidas, que señalan su capacidad para ofrecer una «respuesta más profunda, ambiciosa, transformadora e integrada» a los desafíos económicos y sociales a escala mundial, en especial tras las fragilidades mostradas durante la pandemia de COVID-19.

La resolución de Naciones Unidas, en concreto, subraya la capacidad de la ESS para adaptarse a contextos locales y ofrecer respuestas “en particular en lo que respecta al empleo y el trabajo decente, la prestación de servicios sociales, como los relacionados con la salud y la atención, la educación y la formación profesional, la protección del medio ambiente, incluso mediante el fomento de prácticas económicas sostenibles, la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el acceso a una financiación asequible y el desarrollo económico local, el fortalecimiento de las capacidades productivas de las personas en situaciones vulnerables, la promoción del diálogo social, los derechos laborales y la protección social, así como el crecimiento inclusivo y sostenible, la creación de alianzas y redes a nivel local, nacional, regional e internacional, y la promoción de la gobernanza y la formulación de políticas participativas y de todos los derechos humanos”. Buena parte de estos objetivos están recogidos en la declaración final de la cumbre.

La Comisión Europea aprobaba el pasado diciembre un Plan de Acción Europeo de Economía Social que la situaba en el centro de las políticas económicas de la Unión, estableciendo entre sus prioridades la de generar políticas y marcos estratégicos generales a su impulso. Sin embargo, se ha perdido la oportunidad de situarla en lugar relevante dentro de esta cumbre, a pesar de la apuesta por la ESS que muchos países de América Latina están realizando en los últimos años. Entrando en detalle, parece haberse dejado pasar la posibilidad de respaldar las políticas que gobiernos como los de México, Colombia o Bolivia vienen poniendo en marcha para extender un modelo económico comprometido con la defensa de la vida y la justicia social.

Más llamativa aún es la ausencia de citas a la Economía Solidaria en la declaración final de la Cumbre de los Pueblos, por ser un espacio, a priori, más permeable a movimientos sociales y alternativas de cambio de modelo. A pesar de compartir diagnóstico y propuestas con la ESS, la Cumbre de los Pueblos también deja fuera de sus conclusiones a la Economía Solidaria, con sus componentes integrados de economía popular, feminista y ecologista. Sin conocer los entresijos de la cumbre, es difícil encontrar la razón que explique esta ausencia. En cualquier caso, el movimiento de la Economía Solidaria haría bien en tomar nota de estas oportunidades para situarse como referente en soluciones factibles y disponibles para transformar el sistema económico hacia uno con mayores valores y compromiso de justicia social.

El momento de reconocimiento internacional que la Economía Social y Solidaria viene disfrutando una vez superada la pandemia global de COVID-19 ha de acompañarse en el tiempo para evitar convertir a la ESS en flor de un día. El trabajo realizado en incidencia política, visibilización como alternativa y posicionamiento en la agenda de varios países con peso regional, debe ser continuado de manera que la Economía Solidaria mantenga una presencia real en las políticas públicas internacionales. En un momento en el que la quiebra del modelo capitalista, colonialista, imperialista y neoliberal se hace evidente incluso al más alto nivel, la ESS tiene terreno fértil para desplegarse: alarguemos nuestro esfuerzo para extender el reconocimiento de la Economía Solidaria como realidad práctica que facilita la transición hacia economías más justas, multipliquemos su presencia en redes amplias de transformación social y sigamos compartiendo su potencial para construir relaciones más humanas y cuidar de la vida del planeta y las personas.

Ante las elecciones generales del 23J, REAS Red de Redes comparte las propuestas de miles de personas que componen el movimiento de la ESS:

Documentos:

• Propuestas 23J_ REAS Red de Redes_Economia Solidaria
• Propuestas REAS Red de Redes 23J_version ampliada

En medio la actual crisis multidimensional, especialmente acentuadas por la emergencia climática y ambiental y el agotamiento de recursos naturales, con guerras y ante el auge de las extremas derechas con sus políticas racistas, misóginas y antiLGTBIQ+, el programa de la Presidencia española del Consejo de la UE no plantea una adecuada respuesta a los principales desafíos.Por ello, diferentes movimientos sociales del Estado español ven la necesidad de movilizarse y comunicar sus denuncias sobre los impactos de las políticas de la UE y sus reivindicaciones desde los principios de promoción de la paz, la igualdad, la democracia y la solidaridad.

A continuación, sus reivindicaciones y agenda.

I. ¿Por qué nos movilizamos?

1. Para propiciar una movilización social, diversa y amplia a favor de la Europa de la justicia social y la paz con la posibilidad de dejar una coordinación de movimientos sociales a nivel estatal y, esperemos que también, europeo.
2. Para generar un discurso crítico e influir en los debates públicos de cara a las elecciones europeas, denunciando las políticas belicista, antidemocráticas, insostenibles, heteropatriarcales, colonialistas y catalizadoras de las crecientes desigualdades sociales y de género.
3. Para señalar la falta de ambición de la UE para responder a la emergencia climática, en una época de transición con importantes desafíos tales como la distribución de la riqueza, el trabajo y el tiempo así como la creciente degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de recursos energéticos y materiales -incluidos algunos tan preciados como el agua.
4. Para denunciar los impactos del “Pacto Verde Europeo” y los intereses asociados del capital transnacional que está imprimiendo un nuevo ciclo de crecimiento económico que profundiza las relaciones desiguales entre regiones -creando zonas de sacrificio- y neocoloniales con el Sur Global para asegurarse el suministro de las materias primas críticas sin las cuales no existirían muchas industrias europeas.
5. Para influir en las políticas europeas que se negociarán durante el semestre de la Presidencia española del Consejo de la UE con el fin de defender políticas solidarias y comprometidas con los derechos humanos y los límites de la biosfera.
6. Para alertar sobre el auge del autoritarismo, el fascismo y la xenofobia. La imágen creada de una “Europa de los derechos humanos” es imposible de sostener ante el aumento de los gastos militares en la Unión Europea; la profundización de las desigualdades y el crecimiento de la pobreza, sobre todo feminizada; el aumento del coste de la vida y las privatizaciones de servicios públicos; el endurecimiento de un régimen de fronteras que conlleva violaciones sistemáticas de los derechos de las personas migrantes; así como el avance de los partidos de extrema derecha o ultraconservadora que están eliminando derechos fundamentales, como evidencian la prohibición del derecho al aborto, las politicas misóginas, los ataques a la poblaciuón LGTBIQ+ o el negacionismo de las violencias machistas.

II. ¿Qué vamos a hacer?

El 4 de julio se realiza una concentración en Málaga con motivo de la celebración del “Taller informal de la Presidencia sobre el cambio climático” en La Concepción Jardín Botánico-Histórico y el 5 de julio una marcha desde los talleres de Renfe hasta la estación María Zambrano, coordinada por el sindicato CGT, para reivindicar el tren como transporte sostenible.

Del 9 al 12 de julio, se organizará en Valladolid el Foro Social por una Transición Energética Justa que abordará, entre otros temas, la Directiva de calidad del aire y de emisiones industriales, la rehabilitación energética de viviendas, el mercado eléctrico y la revisión de los planes nacionales de energía y clima. Se organizan seminarios, mesas de debate, cineforum, acciones y murales.

El 12 de julio, con ocasión de la reunión de ministras y ministros de trabajo en Madrid, Ecologistas en Acción organizará la mesa redonda “El trabajo nos quita la vida” con los sindicatos LAB, CGT y ELA. También se hará un llamado a la población de hacerse una foto en lugares emblemáticos de la economía española con un cartel que exprese “Trabajar para cambiar el mundo, no para destruirlo” o “Que el derecho al trabajo no sea una condena a una vida de miseria” para difundirlo en redes sociales con el #TrabajosContraLaVida.

En Vigo, 17 y 18 de julio, Ecologistas en Acción y Greenpeace realizarán una acción para exigir al Consejo de la UE medidas urgentes que pongan fin a la sobrepesca, a través del desarrollo de planes de gestión que permitan una actividad pesquera a largo plazo y adaptada a nivel territorial, garantizando el reparto justo de posibilidades de pesca para incentivar las mejores prácticas sociales y ambientales.

Los días 17 y 18 de julio, con motivo de la cumbre UE-CELAC en Bruselas, una amplia coalición de organizaciones de América Latina y Europa organiza una conferencia en el Parlamento Europeo bajo el título «Una nueva relación comercial UE-América Latina para el siglo XXI» con representantes de gobiernos, parlamentos y sociedad civil. Se convocará una concentración para reclamar que no se ratifiquen los acuerdos comerciales de la UE con Mercosur, Chile y México. Asimismo tendrá lugar la Cumbre de los Pueblos 2023 en la Universidad de Bruselas.

Del 31 de agosto al 4 de septiembre, con ocasión de la reunión ministerial de agricultura en Córdoba, diversas organizaciones en defensa de un modelo agroalimentario justo y sostenible y un mundo rural vivo han organizado un Campamento de formación y activismo del movimiento por la Soberanía Alimentaria.

El 15 de septiembre en Santiago de Compostela se reunirán los ministros de Economía y Finanzas. Ecologistas en Acción junto con plataformas de resistencia al extractivismo minero se concentrarán exigiendo que las actividades industriales sean respetuosas con el medio ambiente y no perjudiquen la economía tradicional y sostenible existente.

El 18 de septiembre en Zaragoza, con motivo de la reunión ministerial de educación y juventud, Ecologistas en Acción realizará un debate, entre otros con Javier Zarzuela de Teachers For Future, y una acción, donde se cuestionará el Plan de Acción de Educación Digital por no atender al conocimiento científico, al principio de precaución ni a los límites biofísicos del planeta.

El 19 de septiembre en Zaragoza, coincidiendo con la reunión informal de ministros de educación, se hará una acción para reivindicar la importancia de la educación libre y democrática en todas las etapas, tanto en la educación formal como no formal, así como el papel de la juventud de cara a exigir una justicia ecológica y social.

El 21 y 22 de septiembre en Barcelona, con ocasión de la reunión informal de ministros de transporte, la red estatal “Gas no es solución”, la Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible y organizaciones de Alianza por el Clima han acordado movilizarse para denunciar las políticas energéticas y de transporte de la UE y del gobierno español que agravan la emergencia climática.

Granada, del 29 de septiembre al 1 de octubre, será la ciudad donde tendrá lugar la movilización más importante por la reunión del Consejo Europeo y la Comunidad Política Europea (5-6 octubre). Desde hace meses se lleva preparando lo que será la Cumbre Social de Granada 2023 “Otra Europa es posible” en la que convergen numerosas actividades y una manifestación el domingo 1 de octubre a la que se espera la participación de colectivos de todo el país.

Con motivo reunión informal ministerial de Telecomunicaciones del 23 y 24 de octubre en León, Ecologistas en Acción realizará una charla-debate y una acción, denunciando la estrategia 5G de la UE y la denominada “Década Digital”, por no atender al principio de precaución, exacerbar los impactos energéticos, climáticos, sociales y del extractivismo de minerales, fomentar el hiperconsumismo y la dependencia tecnológica, así como vulnerar el derecho a la privacidad.

En Xixón (13-14 noviembre) se reunirán los ministros de vivienda. Desde Asturies pol Clima, integrante de la Coordinadora Estatal por el Tren Público Social y Sostenible, junto con otros colectivos asturianos se está preparando un foro social amplio contemplando debates y acciones en torno a las problemáticas de la vivienda y el urbanismo para denunciar la emergencia climática y reivindicar un modelo urbanístico y de transporte que vertebre el territorio y enfríe el planeta.

Entorno al 23-24 de noviembre, organizaciones feministas de Iruña/Pamplona preparan una movilización con motivo de la reunión ministerial de Igualdad para denunciar las violencias machistas, la cultura de la violación y los retrocesos en los derechos sexuales reproductivos.

Entorno al 27 y 28 de noviembre, en el marco del Foro Regional Ministerial informal de la Unión por el Mediterráneo y la reunión sobre Vecindad Sur que se hará en Barcelona, la Lafede.cat, formada por 124 entidades de la justicia global, realizará unas jornadas sobre las políticas de la UE en el Mediterráneo. Tratarán temas como el Pacto de asilo y migraciones de la UE, la criminalización del activismo, la securitización y control ciudadano, o el papel de la “democratización” y la externalización hacia terceros países.

III. ¿Qué demandamos?

1. Una transición energética justa con financiación pública responsable
2. Una reindustrialización verde decolonial y respetando los límites biofísicos del planeta
3. Un sistema de movilidad accesible y sostenible basado en un transporte público
4. Frenar la Agricultura 4.0 y avanzar en la soberanía alimentaria
5. No más muertes en la frontera Sur. ¡Regularización YA!
6. Justicia ecosocial y ecofeminista, blindar los servicios públicos y los presupuestos sociales y verdes, reparto justo de la riqueza.
7. En defensa de la juventud y una transformación hacia una educación ecosocial
8. Descolonizar las relaciones exteriores de la Unión Europea

Podéis consultar un listado de demandas más detallado a continuación.

IV. ¿Quiénes somos?

Ajuntamientos Granada (Red Social y Vecinal de Granada y su Área Metropolitana), Alianza por el Clima, Anticapitalistas, Asamblea Derechos Humanos Madrid, Asociación Española de Educación Ambiental, Asturies pol Clima, Attac, CGT, Consejo de la Juventud España, Coordinadora de ONGD de Castilla y León, Coordinadora por el Tren Público, Social y Sostenible, Cumbre Social de Granada, Desarma Madrid, Ecologistas en Acción, ELA Sindikatua, Escuela de Activismo – Greenpeace, Espacio Común 15M, Euskal Herriak kapitalari planto!, Futuro en Común, Futuro Vegetal, Intersindical, IZAR, La Fede.cat, LAB Sindikatua, Lunes Lilas Navarra, Mensa Cívica, Mesa por el Clima en Granada, Novact, Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Plataforma Eureka por una Renta Básica Universal, Plataforma Ferrocarril Cuenca, Plataforma País Valencià Tren Públic, Red Gas no es solución, Regularización Ya, SOS Racismo, STECYL, Steilas Euskal Herria, XR – Rebelión por el Clima Málaga, USTEA.

La red confederal, que aglutina a 985 entidades y empresas en las que participan más de 50.000 personas, acumula ya 25 años de andadura desarrollando las finanzas éticas, las energías renovables, el comercio justo, la recuperación y reutilización de residuos, la inserción laboral, el consumo de alimentación ecológica, los seguros éticos, la comunicación transformadora, la vivienda cooperativa en cesión de uso, los supermercados cooperativos o los cuidados, por citar algunos de los sectores clave.

La acción pública decidida a favor del desarrollo económico sostenible, inclusivo y solidario, desde su planteamiento, debe concretarse, primero, en la aprobación de una Ley Integral de Economía Social que incluya a las cooperativas de energía y las cooperativas de vivienda en cesión de uso, excluya a aquellos centros especiales de empleo que no respondan a la iniciativa social; y establezca que las entidades promotoras de empresas de inserción no tengan ánimo de lucro y que el 100% de los beneficios se tengan que reinvertir.

Además, propone la inclusión de un articulado específico para el reconocimiento y regulación del Comercio Justo basado en la necesidad de su protección frente a otras prácticas comerciales.

El segundo compromiso que reclaman a las Administraciones públicas es la aplicación mejorada de los criterios y herramientas de compra pública responsable que permite la Ley de contratos del sector público 9/2017 a través de la implantación de cláusulas sociales y ambientales y de reservas de mercado.

También reclama, en tercer lugar, el desarrollo reglamentario de la ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Por último, entiende esta red de redes que resulta necesario promover la participación de la Economía Social y Solidaria, especialmente las cooperativas sin ánimo de lucro y los espacios asociativos comunitarios, en la gestión de servicios públicos de atención a personas, evitando su mercantilización.

Las 33 medidas que han trasladado a las candidaturas se organizan en 13 ejes entre los que cabe destacar la organización social de los cuidados que asegure el derecho de todas las personas desde la corresponsabilidad; la soberanía alimentaria y agroecología; el emprendizaje social y colectivo; las finanzas éticas; la promoción y salvaguarda de los bienes comunes; y la innovación y el desarrollo local.

Por una Economía Solidaria, feminista y ecológica: 13 ejes de actuación y 33 medidas que pongan la vida en el centro

Tenemos la oportunidad así como la responsabilidad de promover los cambios económicos, políticos y sociales necesarios para dar respuesta, de manera urgente, a las diversas crisis en que nos encontramos. Crisis como la ambiental, donde confluyen la emergencia climática con otras realidades como la pérdida de biodiversidad o la falta de recursos que pueden afectar a la viabilidad de la vida en el planeta, nos ponen en primer plano la necesidad de actuar. Se nos presenta así la oportunidad de promover una transición ecosocial justa que dé respuestas, así mismo, a urgencias sociales como el aumento de la desigualdad, la precariedad de los sectores crecientes de la población, la vulneración de derechos humanos básicos o la imposibilidad de acceder a una vida digna

Son tiempos de apostar de manera sincera y decidida por valores como la sostenibilidad y la justicia social, principios que rigen la Carta de principios de la Economía Solidaria, y que se entrelazan con las propuestas de otros movimientos como el ecologista, el feminista o la defensa de los Derechos Humanos. Esta confluencia, que se ha articulado a través de un recorrido de trabajo en red, generación de alianzas e intercooperación, incorpora el activismo económico como una forma más de incidencia política para la promoción de un nuevo modelo económico que supere las múltiples fallas del capitalismo.

La Economía Social y Solidaria tiene, por tanto, mucho que aportar en este proceso, gracias a multitud de propuestas y saberes acumulados en décadas de experiencia que le han ido reportando un creciente reconocimiento institucional. Este largo bagaje no viene solo de la crítica teórica a un modelo que hace aguas desde hace mucho tiempo, sino también desde la experiencia práctica generando alternativas que demuestran que es posible hacer economía de otra forma. Sectores pioneros y estratégicos como las energías renovables, la vivienda cooperativa, las finanzas éticas, los supermercados cooperativos, la economía circular entre otros.

Las medidas que se desarrollan a continuación y que están estructuradas en torno a 13 ejes de actuación temáticos, nos muestran el camino para este cambio de modelo a través de políticas de inclusión y cohesión social, para la sostenibilidad de la vida, al servicio de las personas y del bien común.

Además, resaltamos algunas claves que desde REAS Red de Redes apoyamos y priorizamos para su inclusión en la Agenda política:

• Aprobación de una Ley Integral de Economía Social que incorpore en su articulado la inclusión de cooperativas de energía y las cooperativas de vivienda en cesión de uso como un nuevo tipo de cooperativa; considerar únicamente dentro de la Ley de Economía Social a los centros especiales de empleo de iniciativa social, ya que son los que cumplen con los principios orientadores recogidos en el artículo 4 de la ley 5/2011 de economía social; que las entidades que puedan constituir empresas de inserción sean sin ánimo de lucro y que el 100% de los beneficios se tengan que reinvertir, y la inclusión de un articulado específico para el reconocimiento y regulación del Comercio Justo basado en la necesidad de su protección frente a otras prácticas comerciales.
• Aplicación mejorada de los criterios y herramientas de compra pública responsable que permite la Ley de contratos del sector público 9/2017 a través de la implantación de cláusulas sociales y ambientales y de reservas de mercado.
• Desarrollar reglamentariamente la ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
• Fomentar la participación de la Economía Social y Solidaria, especialmente las cooperativas sin ánimo de lucro y los espacios asociativos comunitarios en la gestión de servicios públicos de atención a personas, evitando su mercantilización.

En este enlace puedes acceder al documento con las 33 medidas y aquí a una versión ampliada con el conjunto de propuestas que proponemos desde REAS Red de Redes.

La campaña #TenemosQueHablar se presenta hoy públicamente tras haber sido firmada por un centenar de colectivos sociales, ambientales, vecinales, feministas o de economía social y solidaria, y centenares de personas a título individual.

Previamente a las elecciones generales del 23 de junio, las organizaciones han enviado una metafórica “Carta a la Democracia” denunciando que los debates electorales dificultan un buen funcionamiento democrático, ya que pocas veces se centran en los verdaderos retos a los que se enfrenta la humanidad: las enormes y crecientes desigualdades, la exclusión en la que viven ciertos sectores –cada vez más crecientes– o la crisis ecológica y el sufrimiento que provoca y provocará.

A esta traba democrática se une, de acuerdo con las organizaciones y personas firmantes, el contexto de desinformación y crispación que genera polarización social y culpabiliza a quienes denuncian las causas de los problemas: migrantes, ecologistas, feministas o movimientos de vivienda.

Por último, la carta recoge la dificultad que tiene la sociedad civil para mover sus propuestas cuando la grandes empresas acumulan de forma creciente riqueza y poder y anteponen los dividendos a sus accionistas al bienestar social, modificando o diluyendo propuestas legislativas mediante la presión institucional o decantando la opinión pública hacia sus intereses.

Ante esta situación, la campaña #TenemosQueHablar busca centrar el marco de los debates electorales en la enorme crisis ecológica y social que atraviesa la humanidad y en buscar soluciones reales y justas que partan del conocimiento científico. Para ello, tratarán de incidir en los espacios electorales con este llamamiento común.

La transición ecológica, la justicia económica y social basada en la transformación del modelo económico, la libertad, la paz o la propia profundización democrática son las propuestas de quienes firman esta carta para abordar por quienes aspiran a gobernar el país tras las elecciones generales.

Sin embargo, las propias organizaciones reconocen, que más allá de lo que ocurra el 23 de julio, su propósito de acción va más allá de las elecciones generales y supone una alianza para trabajar en el día a día, a largo plazo, por conseguir este objetivo.

Para ver el listado de adhesiones, visita ecologistasenaccion.org.