Bienvenidos a la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el Derecho a la Alimentación.

Artículo de Ruby van der Wekken, RIPESS Europe

“La comida es un elemento esencial de la sociedad. La comida es, ante todo, lo que nos une a todxs. Y en manos de quién está el control de nuestro sistema alimentario, incluida por supuesto el agua, en esas manos está el control de la sociedad. En otras palabras, la gente puede gobernar mejor su propia vida, si la comida (el sistema alimentario) está bajo su control. En este sentido, todos los esfuerzos realizados para que la alimentación vuelva a estar bajo el control de las personas son muy importantes para el desarrollo de la sociedad, y sólo abordando esto, podremos cambiar nuestra sociedad para que sea más justa y equitativa”.es una cita de Jukka Lassila, agricultor de la cooperativa alimentaria Oma maa, que funciona según los principios de la Agricultura Apoyada por la Comunidad en Tuusula, Finlandia.

¿Cómo ver esta transformación sistémica que se obtendría de un cambio de nuestro sistema alimentario enraizado en los procesos de los pueblos a los que se refiere esta cita? El cambio de los sistemas alimentarios está vinculado a una multitud de cuestiones diferentes relacionadas con un cambio en la producción, el consumo y la distribución de nuestros alimentos, como se puede leer más en “Agricultura Apoyada por la Comunidad: difuminar las fronteras entre productores y consumidores, entre lo urbano y lo rural, y fomentar nuestros bienes comunes: ¡fomentar el cambio!”.

Por nombrar algunos y empezando por la producción primaria, implica en su esencia que primero cuidamos la tierra antes de ver lo que comemos. Cuidar la tierra significa reforzar la capacidad de la tierra para mantener la biodiversidad, procurar el secuestro de carbono y un reciclaje más eficaz de los nutrientes, y cultivar según los principios de la Agroecología, la permacultura y la policultura.

Asimismo, la producción secundaria de productos agrícolas implica una revisión de las metodologías, incluida la revisión de las metodologías locales tradicionales, no por nostalgia del pasado, sino por un uso más eficiente de los recursos. En conjunto, estos cambios en el lado de la producción y el consumo de nuestro sistema alimentario tienen el potencial de implicar y emplear a muchas más personas en una granja y en cualquier unidad de producción secundaria en relaciones significativas con la tierra, en medios de vida significativos y en nuestra posibilidad y capacidad de consumir alimentos sanos producidos localmente.

El cambio del sistema alimentario significaría también un refuerzo del acceso a una buena alimentación para todos. Sabemos que, a nivel mundial, la desigualdad en el acceso a los alimentos se verá agravada en los próximos años por el cambio climático, pero también que, aunque en Europa tenemos abundancia, también en Europa la gente se enfrenta a la desnutrición y al hambre.

¿Qué tipo de movilización en torno al cambio de los sistemas alimentarios se está produciendo actualmente? A nivel mundial, el foro mundial Nyeleni se está preparando para celebrarse en Sri Lanka en septiembre, y acaba de ver reuniones preparatorias en mayo en Sri Lanka en las que también participó y colaboró RIPESS Europa. Es importante destacar que el foro Nyeleni, surgido de la organización del movimiento global por la soberanía alimentaria, se ha abierto a otros movimientos para añadir más peso político a las voces marginales de los agricultores, así como para reconocer la interconexión de las luchas y llegar a una agenda política colectiva en torno a la transformación sistémica. Globalmente, el movimiento alimentario hace mucha referencia a la declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP) de 2018, y a los 10 elementos del marco de la agroecología desarrollado por la FAO, con lo que la ESS ofrece tanto una visión como los medios para considerar de forma integral el cambio económico necesario para lograr la soberanía alimentaria.

En Europa, y como consecuencia de Covid, la guerra de Ucrania y una inflación de los precios de los alimentos, se ha desarrollado un enfoque sobre el derecho (Humano) a una buena alimentación. En octubre de 2024, el Consejo Europeo adoptó la resolución 2577 “Garantizar el derecho humano a la alimentación”. En un seminario web “Garantizar el derecho a la alimentación” organizado por FIAN Bélgica en noviembre de 2024. Hasta ahora, la legislación europea ha hecho hincapié en la seguridad alimentaria, en la cuestión de los contaminantes y la inocuidad, pero no en la calidad de los alimentos. Por tanto, la nueva resolución tiene importantes implicaciones para la elaboración de políticas alimentarias progresistas en Europa, y representa un cambio de la ayuda de emergencia a la creación de resiliencia. La Unión Europea también es donante de ayuda alimentaria, y se considera que la resolución del Consejo tiene potencial para influir en el comercio y apoyar a los gobiernos en la reivindicación de marcos normativos, sobre todo permitiéndoles regular la agroindustria. Sin embargo, aunque tales resoluciones ejercen una importante presión política, no son jurídicamente vinculantes. Sólo el establecimiento de un marco jurídico vinculante basado en los derechos humanos daría al Consejo la autoridad para hacer cumplir sus resoluciones.

Durante el seminario web sobre el Derecho a la Alimentación, un representante de La Vía Campesina hizo hincapié en que la aplicación real de este derecho depende de la creación de alianzas sólidas entre los productores de alimentos y la sociedad en general. Aunque la resolución en sí puede servir como una poderosa herramienta de movilización, especialmente a nivel de base, plantea una cuestión permanente dentro de nuestros movimientos: ¿deben centrarse nuestros esfuerzos en la sensibilización y movilización del público, o en la defensa y el desarrollo de una legislación que lo permita? Otra forma de enmarcar esto es preguntar: ¿precede necesariamente una cosa a la otra? Una opinión muy extendida es que la movilización popular debe ir primero, y que la legislación debe ser un reflejo de las realidades ya moldeadas por la acción colectiva.

El cantón de Ginebra es, en muchos sentidos, un caso singular. Desde 2023, el derecho a la alimentación está consagrado en su Constitución tras la aprobación del 67% de la población mediante votación popular. El cantón está actualmente en proceso de redactar la correspondiente Ley sobre el Derecho a la Alimentación y muchos municipios ya han tomado medidas. Dado que este derecho está reconocido constitucionalmente, el cantón y los municipios están obligados a respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación de todas las personas, sin discriminación. La experiencia de Ginebra también ha servido de precursora e inspiración para llevar la campaña al ámbito de la UE. La RIPESS forma parte del Comité Directivo de la asociación Good Food For All – EU (GFFA-EU), con sede en Bruselas. Bajo el lema “¡La alimentación es un derecho humano para todxs! Garantizar sistemas alimentarios sanos, justos y sostenibles”, GFFA – UE iniciará un proceso de Iniciativa Ciudadana Europea “Buena alimentación para todos” con el objetivo de reunir al menos un millón de firmas verificadas de ciudadanos de la UE. La campaña se iniciará a finales de 2025 y quiere garantizar que el Derecho a una alimentación nutritiva y adecuada, producida de forma sostenible y digna, pase a formar parte de la legislación de la UE.

Sin embargo, otras iniciativas van en la dirección de hacer del acceso a una buena alimentación una rama de la seguridad social. La idea básica de las Iniciativas de Seguridad Social Alimentaria consiste en invitar a los ciudadanos a unirse en un proceso político colectivo, en el que los recursos reunidos se redistribuyen equitativamente cada mes entre todos los participantes para destinarlos a la compra de alimentos a productores locales sostenibles.

En este boletín, también se habla de cómo en Polonia se ha formado una coalición nacional por la soberanía alimentaria, y de cómo el Ministerio polaco aprobó hace un año la cualificación profesional de “Asesor de C SA ” en el Ministerio de Trabajo por iniciativa de la Asociación “Ziarno” de Grzybowo, lo que significa que la asignatura de CSA puede incluirse en el plan de estudios de las escuelas (de formación profesional y universitarias) y también permite a diversos tipos de especialistas que asesoran a los agricultores mejorar sus cualificaciones.

De distintas formas, a través de la organización de los pueblos y de la configuración de legislaciones y políticas resolutivas, la alimentación se está convirtiendo cada vez más en un Bien Común, y con ello la esperanza de que cada vez más pueda hacerse realidad el potencial de transformación sistémica que puede lograrse a través del cambio de los sistemas alimentarios.

Hacer visible, reconocer, acompañar y reforzar este cambio de paradigma de la alimentación, que pasa de ser una mercancía a ser un bien común, es una investigación no extractiva sobre economía social y solidaria, respecto a la cual el Círculo de Conocimientos Comunes de RIPESS ha elaborado una serie de Directrices. Este trabajo colaborativo está abierto a comentarios y quiere seguir siendo un documento participativo vivo.

Trabajar por la soberanía alimentaria y por la construcción de la ESS en general es también trabajar por la paz, y RIPESS Europa, como tal, se ha unido al llamamiento colectivo “Stop Rearm Europe” “para oponerse firmemente a este peligroso cambio y a sus posibles consecuencias desastrosas”. De hecho, y por todos los medios, “la financiación pública y el dinero de los contribuyentes deben destinarse a la construcción de una paz duradera, no a la guerra”.

El 22 de octubre de 2024, el gobierno noruego emitió un aviso a las empresas del país alertando sobre los riesgos de participar en actividades económicas o financieras vinculadas a los asentamientos ilegales israelíes. Esta decisión, basada en el derecho internacional, subraya la importancia de garantizar que ninguna actividad económica contribuya a violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

El gobierno de Noruega fundamenta su acción en diversos instrumentos jurídicos internacionales, como el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe a una potencia ocupante transferir población civil al territorio que ocupa. También se basa en resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU, incluida la Resolución 2334 (2016), que declara que los asentamientos israelíes son ilegales y constituyen una violación del derecho internacional. Además, los principios del derecho consuetudinario internacional refuerzan esta decisión, al condenar la colonización de territorios ocupados. Noruega argumenta además que las empresas deben evitar implicarse en actividades que puedan ser interpretadas como un apoyo indirecto a estas violaciones, ya que esto puede acarrear consecuencias jurídicas, económicas y reputacionales.

Las administraciones catalanas y españolas deberían seguir este precedente. Es un deber institucional alertar a las empresas sobre los riesgos y consecuencias de contribuir a violaciones del derecho internacional. En este sentido, es imprescindible que el Estado español, la Generalitat de Catalunya, ayuntamientos y organismos públicos para la promoción empresarial, como ACCIÓ o el ICEX, adopten medidas similares para garantizar que ninguna empresa vinculada a los asentamientos ilegales de Israel pueda beneficiarse de contratos públicos. Esto no sólo alinea a Cataluña y el Estado español con las resoluciones internacionales, sino que también refuerza el compromiso ético y legal en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional.

Exigencias para una contratación pública socialmente responsable

1. Requisito de Declaración Responsable de Derechos Humanos para todas las contrataciones públicas. Actualmente, muchas contrataciones públicas establecen mecanismos de control ético, pero éstos son a menudo insuficientes o ineficaces. Es imprescindible que todas las administraciones públicas incorporen en sus cláusulas de contratación una declaración responsable de cumplimiento de los derechos humanos y el derecho internacional que toda empresa debe firmar. Este requisito no debería tener ningún umbral económico: debe ser obligatorio para todos los contratos, independientemente de su cuantía.
2. Comprobación efectiva de estas declaraciones. Las administraciones deben verificar que las declaraciones responsables firmadas cumplen con la realidad. Esto implica hacer uso de las herramientas que el derecho internacional proporciona, como la Base de Datos de Naciones Unidas que identifica a empresas implicadas en actividades económicas en asentamientos israelíes en Territorio Ocupado Palestino. Si una empresa no pudiera demostrar que ha puesto fin a sus inversiones en estos territorios, se le debe prohibir la contratación pública.
3. Ampliar el impacto de las medidas: el caso noruego. Noruega ha establecido un precedente clave. El gobierno noruego ha declarado que: “Las empresas noruegas deben estar alerta frente al hecho de que participar en cualquier actividad económica o financiera en los asentamientos israelíes ilegales podría exponerlas al riesgo de contribuir a violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.” Sus recomendaciones al sector empresarial de evitar cualquier cooperación comercial o empresarial con asentamientos israelíes ilegales no sólo refuerzan su compromiso con los derechos humanos, sino que también alertan a las empresas sobre las posibles consecuencias jurídicas, económicas y reputacionales de estas actividades. Estas medidas deben servir de guía para las administraciones catalanas y del Estado español, exigiendo que las empresas locales sigan los mismos principios. “El gobierno está aconsejando a las empresas noruegas que no participen en actividades de cooperación comercial empresarial que sirvan para perpetuar la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide. A raíz de la opinión consultiva emitida el 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró que las prácticas de Israel violan el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, los derechos humanos internacionales y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

El caso Alstom: una lección a tener en cuenta

El 31 de enero de 2024, el Ayuntamiento de Barcelona firmó un contrato con la empresa Alstom, vinculado al sistema TRAM de transportes de la ciudad. Este contrato se añadía a otro en vigor hasta el 31/08/2024 entre Alstom y la ATM[1]. Alstom es una empresa implicada en proyectos que refuerzan la presencia de Israel en territorio ocupado tal y como acredita su presencia en el listado actualizado en 2023 de la Base de Datos de NNUU. Esta contratación, en pleno genocidio, y sin firmar la Declaración Responsable relativa al cumplimiento de los Derechos Humanos y la dignidad humana que el Ayuntamiento afirma aplicar en sus contrataciones, es un ejemplo de por qué es necesario implementar estas medidas con urgencia.

Tal y como indica el gobierno de Noruega, actualmente toda cooperación comercial y empresarial con Israel puede estar asociada a graves violaciones de derechos humanos y podría considerarse una actividad que permite que se perpetúen las violaciones a estos derechos. Por eso las administraciones públicas tienen la responsabilidad de actuar y evitar contribuir a estas vulneraciones, como por ejemplo no contratando a empresas señaladas por NNUU u otras, para operar en territorio ocupado. Este tipo de contrataciones no sólo perpetúan una situación de violación del derecho internacional, sino que contradicen también los valores que las instituciones catalanas y europeas han afirmado defender.

Garantizar que situaciones similares no se repitan implica reforzar las normativas, incorporar mecanismos de control más estrictos y adoptar una posición pública firme, tal y como ha hecho el gobierno de Noruega. Esto incluye desde prohibir la contratación con empresas que colaboren con la ocupación, hasta promover recomendaciones que desincentiven la cooperación con entidades que, en ciertos casos, podrían contribuir a perpetuar violaciones de derechos humanos.

Demandas a las instituciones públicas catalanas y españolas

Las administraciones públicas, incluidas la Generalitat y los ayuntamientos de Cataluña, tienen el deber de adoptar políticas que impidan cualquier participación directa o indirecta en la perpetuación de la ocupación de Palestina. Organismos como ACCIÓ pueden liderar estas acciones promoviendo estándares internacionales en las relaciones comerciales y empresariales. Ya hace meses que las entidades SUDS y NOVACT advirtieron que ACCIÓ debería cerrar su sede en Tel Aviv. La Generalitat debería establecer políticas públicas y medidas específicas para desincentivar la inversión catalana en sectores industriales y empresas israelíes que puedan estar contribuyendo de forma directa o indirecta con la vulneración de derechos humanos del pueblo palestino.

En relación con el Ayuntamiento de Barcelona, ​​demandamos que de forma inmediata se dé respuesta a la Declaración para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y la dignidad humana en la contratación pública, aprobada por el Pleno del Consejo Municipal de Cooperación Internacional el 9 de octubre de 2024. En especial, pedimos que sin excepción todas las empresas y contratos del Ayuntamiento deban firmar la Declaración Responsable relativa al cumplimiento de los Derechos Humanos y la dignidad humana, así como que se apliquen mecanismos de comprobación sistemática de su cumplimiento. En particular pedimos no contratar a ninguna empresa que está en la Base de Datos de Naciones Unidas (teniendo en cuenta las futuras actualizaciones) y en otras bases de datos rigurosas e independientes.

Por otra parte, en el último año la Fira de Barcelona, ​​un consorcio formado por el Ayuntamiento de Barcelona, ​​la Generalitat de Catalunya y la Cámara de Comercio de Barcelona, ​​está recibiendo empresas involucradas en graves vulneraciones de derechos humanos. Entre otros, el 4 y 5 de junio de 2024 la Fira de Barcelona acogió la feria de drones Unvex 24, donde se exhibieron los sistemas y tecnologías no tripuladas de numerosas empresas implicadas directamente en la ocupación, el apartheid y el genocidio israelí mediante el uso de sus productos y servicios por parte del Estado de Israel. Los días 23 y 24 de octubre, la feria comercial acogió la Aviation Week, que contó con la participación de tres empresas israelíes que proporcionan soporte material o técnico al ejército israelí, incluida la empresa estatal de armas de Israel, IAI – Israel Aerospace Industries. También participaron seis de las mayores empresas fabricantes de armas del mundo al menos otras 16 que forman parte de la cadena de suministro de componentes para aviones de combate. Del 5 al 7 de noviembre se celebró el Smart City World Congress, donde el Estado de Israel dispuso de un pabellón entero en el que se expusieron una decena de empresas con vínculos directos con la ocupación del territorio palestino.

Israel está siendo actualmente investigado ante el Tribunal Internacional de Justicia (TJI) de Naciones Unidas por la comisión de un crimen de genocidio contra el pueblo palestino que habita en la Franja de Gaza. En el marco de este proceso judicial y ante la abrumadora cantidad de indicios, el Tribunal ha adoptado medidas cautelares para tratar de frenar la masacre. En ellas, el Tribunal ha recordado a todos los miembros de la comunidad internacional que “tienen la obligación de prevenir el crimen de genocidio”. Las órdenes del TIJ son jurídicamente vinculantes para el Estado español y para las distintas administraciones públicas en el marco de sus respectivas competencias. Los terceros estados no sólo tienen la obligación, establecida por el derecho internacional, de no apoyar la comisión de situaciones de ilegalidad, sino que además deben considerar que su asistencia militar o de otro tipo a las operaciones militares de Israel en Gaza puede exponerlos al riesgo de ser cómplices de genocidio, tal y como establece la Convención sobre el Genocidio. En un contexto en el que Israel ha asesinado ya a más de 45.000 personas palestinas y está usando el hambre y la sed como armas de guerra, destruyendo hospitales y escuelas en toda la Franja de Gaza, no sólo es inmoral que la Fira de Barcelona permita la participación de este tipo de empresas, sino que los integrantes del consorcio de la Fira podrían estar contribuyendo a provocar graves vulneraciones de derechos humanos y del derecho internacional.

Considerando las reiteradas violaciones del derecho internacional y derecho internacional humanitario, todas las administraciones públicas catalanas y estatales deberían evitar promover las relaciones políticas y económicas con Israel, hasta que su gobierno acabe con la situación de ocupación y apartheid contra el pueblo palestino.

A nivel estatal, el gobierno del Estado español debe dar un paso adelante. Más allá de la carta enviada por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo a empresas españolas con actividad en Israel, el Estado debe establecer recomendaciones más contundentes por parte de las administraciones competentes dirigidas a las administraciones públicas o incluso declarar una prohibición explícita contratar con empresas que vulneren el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Esta medida tendría un alcance inmediato y generalizado, aplicándose a todas las instituciones públicas del territorio. También pedimos a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de las Diputadas que aprueben la ley que prohíbe comerciar con productos de asentamientos ilegales, como la Ley registrada por la coalición Sumar que tipifica como delito de contrabando cualquier relación comercial con asentamientos ilegales en territorio ocupado.

La contratación pública social y ambientalmente responsable no es una opción. Las administraciones públicas tienen la obligación de aplicar medidas contundentes para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos en su accionar, no sólo en nuestro territorio, sino también en el ámbito internacional. Contribuir, permitir o fomentar vínculos económicos en contextos de graves vulneraciones puede suponer connivencia y participación activa en las mismas. Es imprescindible garantizar que ningún euro público contribuya a perpetuar violaciones del derecho internacional, especialmente en casos tan flagrantes como la ocupación de Palestina. Implementar estas medidas no es sólo una obligación legal, sino también una cuestión de justicia y responsabilidad colectiva.

Edición y publicación:  Lucrecia Baquero Ramos, Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo.

[1] Autoridad del Transporte Metropolitano, consorcio encargado de coordinar y planificar el transporte público de la región metropolitana de Barcelona.

En todas las regiones del mundo, las mujeres trabajadoras cobran menos que sus compañeros hombres, según datos de Naciones Unidas. Con motivo del Día Mundial de la Igualdad Salarial (18 de septiembre) recordamos que la remuneración equitativa es un principio esencial de las organizaciones de Comercio Justo.

De media en todo el mundo, las mujeres cobran un 20% menos que los hombres. Naciones Unidas calcula que las trabajadores ganan 77 centavos por cada dólar que ganan sus compañeros varones.

En determinados sectores productivos esta brecha salarial es considerablemente mayor, como en el cultivo del té donde llega a ser del 50%. En la recolección, el 70% de la mano de obra es femenina, para ellas ascender a puestos de más responsabilidad es prácticamente imposible por muchos factores.

Por otro lado, las mujeres tienen más probabilidades de estar desempleadas que los hombres, una realidad común a nivel global aunque hay diferencias entre las distintas regiones.

Otro dato a destacar es que sólo el 28% de las mujeres empleadas en todo el mundo disfrutan de una baja de maternidad remunerada (fuente: Naciones Unidas).

Estas cifras alertan de la desigualdad de género en el ámbito laboral, y que se engloba en las desigualdades históricas y estructurales que sufren las mujeres.

Avanzar hacia el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género real y efectiva es un aspecto esencial de los Derechos Humanos.

El Comercio Justo, los Derechos Humanos y la igualdad de género

El Comercio Justo, como movimiento que defiende y garantiza los Derechos Humanos, tiene como uno de sus principios la igualdad de género (principio 6). Así todas las organizaciones de Comercio Justo deben garantizarlo a través del cumplimiento de varios aspectos:

La igualdad salarial (misma remuneración por mismo trabajo) entre hombres y mujeres es uno de los más destacados. Pero además, las organizaciones de Comercio Justo promueven el derecho al empleo de las mujeres, su formación continua y favorecen su presencia en los órganos de dirección de sus organizaciones.

Todo ello contribuye al empoderamiento económico, personal y social de las mujeres y al avance en la necesaria igualdad de género.

Desde el terreno

Te presentamos algunas cooperativas y organizaciones de Comercio Justo y su trabajo específico en igualdad de género y Derechos Humanos:

En Nepal:

La cooperativa Mahaguthi, reúne a más de mil artesanos y artesanas, en su mayoría mujeres, organizadas en pequeños grupos de producción. Muchas de ellas viven en zonas aisladas del país. Su objetivo es garantizar unas condiciones de trabajo seguras y dignas.

Para las mujeres, su trabajo en Mahaguthi no solo beneficia su situación económica, sino también personal; su nivel de confianza y autonomía aumentan, lo que les facilita negociar sus derechos dentro y fuera de casa, y tomar sus propias decisiones. El hecho de ganar su propio salario hace que mejore su rol en la familia y en la sociedad, y se convierten en un modelo a seguir para otras mujeres y para sus hijos e hijas.

En Etiopía:

Sabahar es una empresa administrada por mujeres. En ella trabajan 43 mujeres y 32 hombres que se dedican a la fabricación de artículos textiles, de algodón y seda. Los trabajadores y trabajadoras proceden de clases sociales marginadas, que han vivido en la calle y que tienen niveles de formación básicos. Llegaron a Sabahar con la autoestima baja y pocas esperanzas de futuro.

Entre sus valores destacan el empoderamiento de las mujeres, la sostenibilidad, la innovación y el cuidado mutuo. Desarrollan distintas iniciativas en favor de la igualdad de género como la discriminación positiva, la visibilidad del trabajo de las mujeres o acciones para afrontar los prejuicios de género y así cambiar actitudes de mujeres y hombres.

En Perú:

La cooperativa CAES Piura agrupa a unas 200 personas que cultivan caña de azúcar. Con su actividad han favorecido que las mujeres, tradicionalmente relegadas al ámbito doméstico, trabajen en muchas de las tareas de producción y procesamiento de la panela. Con un funcionamiento democrático, entre sus valores destacan el empoderamiento de productores y productoras. En la cooperativa ellas participan en la toma de decisiones y en sus estatutos se incluye la obligatoriedad de la presencia de mujeres en el comité de dirección.

Encuentro Internacional sobre el derecho a la alimentación

Queremos generar un espacio de intercambio, debate y de construcción colectiva con agentes referenciales provenientes de diferentes sectores que permita elevar la discusión pública sobre el derecho a la alimentación y la nutrición a los espacios de toma de decisiones y a la sociedad en general.

En el encuentro participarán organizaciones sociales y campesinas del diversos países. Así mismo, estarán presentes y tendrán voz propia representantes de colectivos vulnerabilizados como titulares de derechos; y representantes político-institucionales, como titulares de obligaciones en la garantía del Derecho a la Alimentación. Entre otras:

UAWC – Union of Agricultural Work Committees (Palestina)
Global Network for the Right to Food and Nutrition (GNRtFN)
Global Solidarity Alliance for Food Health and Social Justice (GSA)
FIAN International
Urgenci
Independent Food Aid Network (Gran Bretaña)
US National Right to Food Community of Practice (EEUU)
MIRAMAP (Francia)
Espigoladors (Catalunya)
Alimentando Córdoba (Andalucia)
Alterbanc (Catalunya)
Kaleko Afari Solidarioak KAS (Donostia, Euskla Herria)
Agharas (Barakaldo – Euskal Herria)
Zapalan (Trapaga – Euskal Herria)
EHKOlektiboa (Euskal Herria)
Baladre
REAS Euskadi
Muchos más por confirmar…

Intermón OXFAM lanza en 2024 dos convocatorias para impulsar actividades que contribuyan a promover los derechos humanos, la libertad, la solidaridad, la igualdad, la justicia, la dignidad humana y otros derechos de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

2ª CONVOCATORIA ABIERTA: Del 1 de marzo al 30 de abril de 2024

Enlace a las bases

Además están convocadas dos sesiones informativas donde podréis resolver dudas sobre la convocatoria. Inscríbete el día y la hora que mejor te convenga:

• Registro 1ª Sesión Informativa: 12 de marzo de 11h a 12h.*
• Registro 2ª Sesión Informativa: 12 de marzo de 18h a 19h.*

*Hora española peninsular.

3ª CONVOCATORIA PRÓXIMAMENTE: Del 3 de mayo al 3 de julio de 2024

ENLACE a la web con toda la información.

• Banco Santander, BBVA o CaixaBank, Abanca, Sabadell, Bankinter, Cajamar, Unicaja, así como aseguradoras como Catalana Occidente y otros fondos financieros españoles son algunas de las entidades que participan en proyectos de energías renovables que se presentan como respetuosos con el medio ambiente y responsables socialmente.

Barcelona, 23 de noviembre de 2023.- Las organizaciones FETS, Novact y Suds acaban de publicar ‘La complicidad del sector financiero español en la ocupación de Palestina. El caso de la energía solar y greenwashing’. El informe visibiliza parte del entramado financiero español que posibilita la planificación, construcción y puesta en marcha de proyectos de energía solar en el Territorio Ocupado de Palestina y otros territorios en disputa como el desierto del Naqab (en árabe) o Nèguev (en hebreo). Para ello, se han investigado los vínculos de grandes entidades bancarias, aseguradoras y fondos financieros españoles con la financiación de empresas y proyectos de energías renovables, las principales fuentes de financiación de campos solares israelíes, así como con las empresas que los operan y/o que han participado como proveedoras.

El informe describe la participación de entidades como el Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Abanca, Sabadell, Bankinter, Cajamar, Unicaja, así como aseguradoras como Catalana Occidente y otros fondos financieros españoles, en proyectos de energía solar desarrollados en Territorio Ocupado de Palestina por empresas como Abengoa, General Electric, SolarEdge, First Solar, SunTech o Siemens AG.

Según Carlos Díaz, uno de los investigadores del informe, “a pesar de ser un campo considerablemente opaco, sobre todo en cuanto a las transacciones económicas directas y préstamos, la participación de estas entidades y fondos en el ecosistema financiero de las energías renovables a Israel ha quedado suficientemente acreditado, sea en forma de inversiones bursátiles y gestión de activos o de préstamos verdes y otras modalidades de financiación a las multinacionales que operan y proveen los campos de energías renovables”.

Energía renovable no es necesariamente responsable

El Gobierno de Israel ha establecido como objetivo obtener el 30% de la energía de Israel de fuentes renovables para el año 2030. Según los planes del Ministerio de Energía, la energía solar representará aproximadamente el 90% de la electricidad, y la eólica, el agua y la biomasa el 10% restante. Para lograr esta capacidad fotovoltaica, Israel está promoviendo la creación de nuevas granjas solares y proyectos de doble uso que incluyen la instalación de paneles solares en tejados y campos de cultivo. Esta solución requiere de nuevos terrenos, hecho que en el actual contexto de ocupación y apartheid israelí sobre la población palestina implica aumentar la política de confiscación de tierras y de desplazamientos forzosos de los residentes locales.

El informe destaca los proyectos en el Valle del Jordán ocupado, que proveen energéticamente asentamientos colonos, o al desierto del Naqab o Nèguev, territorio histórico de Palestina y donde se practica una política sistemática de confiscación de tierras a beduinos palestinos.

Para Carlos Díaz “muchas personas están invirtiendo en fondos que se presentan como proyectos respetuosos con el medio ambiente y responsables socialmente, cuando en realidad, van en detrimento de la soberanía energética de las comunidades locales y están contribuyendo a la vulneración de derechos humanos”. Añade que es una práctica de greenwhasing o lavado de cara, dado que “para llevar a cabo esta infraestructura, Israel practica una política sistemática de confiscación de tierras y recursos a los beduinos palestinos, quienes a su vez, viven en situación de mucha precariedad por la falta de electrificación y acceso a los servicios públicos, así como cobros de tarifas abusivas por parte de las empresas públicas de Israel”.

El informe ofrece una batería de recomendaciones tanto a Administraciones públicas como a empresas y ciudadanía para avanzar hacia la asunción de responsabilidades sobre los impactos y efectos negativos de este tipo de proyectos. A las administraciones les recomienda activar mecanismos legales, fiscales y técnicos que desincentiven los fondos de inversión y las empresas de realizar actividades económicas en Territorio Ocupado Palestino, de acuerdo con sus obligaciones internacionalmente ratificadas en base a los instrumentos internacionales de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. A las empresas, desarrollar mecanismos de diligencia debida para garantizar el respeto de los derechos humanos en el proceso de toma de decisiones y seguimiento de las inversiones en empresas con actividades económicas en el Territorio Ocupado de Palestina u otros territorios reconocidos internacionalmente como de Israel, pero donde se cometen vulneraciones contra la población.

Por último, recomienda a la ciudadanía “informarse sobre las inversiones internacionales de sus bancos y aseguradoras para actuar de forma responsable y retirar sus recursos económicos en el caso de que estén involucrados directa o indirectamente en vulneraciones de los Derechos Humanos”.

Más información: informe y enlaces a infografías.

Las economías de plataforma han revolucionado la forma en que las empresas prestan servicios y venden productos. Las plataformas digitales como Uber, Glovo y Amazon han cambiado la forma en que consumimos y producimos bienes y servicios. Sin embargo, estos modelos económicos también han dado lugar a vulneraciones de derechos sociales, y tienen un impacto ambiental considerable. Las empresas que operan en estas plataformas a menudo eluden regulaciones laborales e incorporan en su manera de operar prácticas agresivas, que atentan contra la soberanía de las ciudades. Para contrarrestar estos problemas, que analizamos en el informe “Vulneraciones de derechos sociales e impacto ambiental del consumo digital” y que se presenta el próximo 9 de marzo, la contratación pública puede desempeñar un papel fundamental.

En el contexto de las economías de plataforma, la contratación pública puede utilizarse para establecer requisitos sociales y ambientales en las licitaciones y reducir la capacidad de las empresas que son contratadas por las administraciones de infringir los derechos de los y las  trabajadoras y el impacto en el medio ambiente en el ejercicio del contrato. Sin embargo, no se ha detectado hasta ahora que estas empresas tengan una participación directa en la contratación pública, así que la acción que se puede tomar la contratación pública se focaliza en otros aspectos.

En este sentido, las administraciones pueden fomentar la creación y consolidación de cooperativas y empresas sociales que ofrezcan servicios similares a los de las plataformas digitales, pero que sean propiedad y estén dirigidas por las personas trabajadoras y la comunidad.

Como hemos analizado desde el ODESC anteriormente, la condición de empresa de la economía social y solidaria (ESS) o sin ánimo de lucro puede usarse como un criterio de valoración en las licitaciones, y hemos detectado que se ha usado como criterio de favorecimiento en caso de empate técnico.

Además, la actual Ley de Contratos Públicos, transponiendo las Directivas europeas, ha establecido una importante herramienta para el apoyo a la Economía Social: la reserva de contratos.

Este instrumento permite limitar la concurrencia de empresas en las licitaciones públicas, estableciendo que presenten ofertas solamente las empresas de la Economía Social. La Ley desarrolla dos tipos de reserva: una referente a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción que puede aplicarse a cualquier tipo de contrato, y otra reserva referida a otras entidades de la Economía Social, limitada a algunos tipos de contrato. Respecto esta segunda provisión, las cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones cumplen los requisitos establecidos en la Ley para concurrir a las licitaciones que se encuentren bajo esta reserva. Específicamente, los servicios postales de correos, de paquetes, y de entrega de comida a domicilio están incluidos en los tipos de servicio a los que se pueden realizar reservas de contrato para este tipo de empresas de la Economía Social y Solidaria (ESS). Por lo tanto, se podría limitar que en las licitaciones de estos servicios pudieran concurrir solo agentes de la ESS.

También se puede facilitar la participación de las cooperativas de plataforma en el diseño de las licitaciones. Señalan desde cooperativas de mensajería que se han publicado licitaciones de reparto donde se requiere tener vehículos de tracción motor como motocicletas o furgonetas en servicios que podrían realizarse de formas más sostenibles, como la bicicleta. Dado que muchas economías de plataforma optan solamente por este tipo de movilidad, es necesario repensar la necesidad de introducir vehículos a motor como condición obligatoria para licitar, impulsando así la participación de la ESS, así como apostando por una movilidad más sostenible.

En resumen, la contratación pública puede desempeñar un papel clave en la limitación de las vulneraciones de derechos sociales y ambientales que causan las economías de plataforma, fomentando las iniciativas en la economía social y solidaria, a través de criterios de valoración, reservas de contrato y en el mismo diseño de las licitaciones.

Si estás interesado/ada en las vulneraciones de derechos que llevan a cabo las economías de plataforma y las distribuidoras digitales, así como su impacto ambiental, acompáñanos en la presentación de la informe “Vulneraciones de derechos sociales e impacto ambiental del consumo digital” el día 9 de marzo a las 16:00 h en Barcelona (Enlace para inscribirse)

Nuevo número de “La Sartén por el mango” con los artículos de:

• “Consumismo como cuestión social” de Julia Esteve.
• “Inflación: causas y consecuencias del aumento de precios”  de Asier Arbizu
• “Periodismo y mundo laboral: demasiada teoría pero poca práctica y trabajo” de Rocío Fuentes.

La sartén por el mango es una revista de creación colectiva sobre economía y derechos humanos, feminismos, ecología y equidad.

Desde las entidades coordinadoras (Economistas Sin Fronteras y Pandora Mirabillia) creen que abordar los temas económicos desde estas perspectivas es fundamental para comprender bien cómo funciona el modelo económico actual y cuáles son sus consecuencias para las personas y el planeta, y también para conocer e imaginar alternativas y nuevas formas de hacer economía que pongan en el centro la vida.

Organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables, de la que forma parte la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y a cuyas peticiones se ha adherido REAS Red de Redes desde sus inicios, han exigido al Gobierno cumplir con su compromiso de aprobar la ley de Protección de los Derechos Humanos, de la Sostenibilidad y de la Diligencia Debida en las Actividades Empresariales Transnacionales, antes del fin de esta legislatura.

Pese a existir un anteproyecto de ley redactado desde mayo de 2022, no se ha avanzado en los trámites. Tal situación pone en riesgo real la aprobación de la ley.

Las organizaciones, preocupadas ante la inacción se han concentrado ante el Palacio de la Moncloa donde han entregado una carta en la que también se ha adherido REAS Red de Redes, dirigida al Gobierno y a los ministerios proponente y coproponentes de la ley, exigiendo que se aceleren los trámites para aprobar la ley y cumplir así con los compromisos asumidos. Además, han desplegado una pancarta con el lema “Derechos para las personas, reglas para las empresas. Por una ley YA”, en señal de descontento.

Es urgente que España apruebe esta ley para exigir que las empresas cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y medio ambiente en cualquier lugar del mundo.

La ley también es crucial para garantizar la reparación a las víctimas de sus abusos o negligencias. Cientos de miles de personas están sufriendo las consecuencias de actuaciones empresariales que violan derechos humanos y que suponen graves problemas medioambientales en todo el mundo. Esas personas no pueden esperar más. Seguir demorando el proceso de tramitación de la ley perpetúa una situación extrema, sin consecuencias para las empresas ni reparación para las víctimas.

En el acto han participado Alberto Abad presidente de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Ricardo Loy, secretario general de Manos Unidas, Franc Cortada, director de Oxfam Intermón, Cristina Muñoz, directora de Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Rebeca Collado, vocal junta directiva de REDES, Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC, Eva Saldaña directora ejecutiva de Greenpeace, Sara García, secretaria de acción sindical y empleo de USO, José Díaz de Argote, empresas y RSC de Entreculturas, Gerardo Ríos, empresas y derechos humanos Amnistía Internacional y Martín Iriberri director de Alboan. Han leído un comunicado y hecho entrega de una carta dirigida al Gobierno y a los ministerios proponente y coproponentes de la ley, exigiendo que se agilicen los trámites para aprobar la ley y cumplir así con los compromisos asumidos.

Con la aprobación de esta ley España tiene la oportunidad única de liderar junto a los países europeos que ya cuentan con legislación como Francia, Alemania y Noruega, el proceso de negociación del borrador de directiva de Debida Diligencia de las Empresas en Materia de Sostenibilidad, presentado por la Comisión Europea en febrero de este año y ser un referente de cara a la Presidencia Española de la Unión Europea que asume en junio de 2023.

En estas últimas semanas, activistas representantes de la Plataforma por Empresas Responsables, han realizado actos simbólicos en las subdelegaciones de gobierno en varias ciudades españolas para mostrar el descontento de la sociedad civil ante la demora injustificada del Gobierno en la tramitación de una ley necesaria que responsabiliza a las empresas que abusan de los impactos sobre las personas y el planeta.

¿Por qué es necesario aprobar una ley que proteja a las personas y el planeta frente a las empresas que abusan?

Las acciones de las empresas en cualquier lugar del planeta tienen un importante impacto en los derechos de las personas y el medioambiente.

La creciente globalización de las cadenas de valor hace urgente y necesario establecer normas claras para que las empresas asuman sus responsabilidades en la prevención, mitigación o reparación de cualquier vulneración de los derechos humanos o medioambientales. Sin embargo, no existe en España una ley al respecto, quedando a la voluntariedad de las empresas.

Tragedias como el derrumbamiento del edificio Rana Plaza (Bangladés) y otras producidas en talleres textiles que trabajan para empresas españolas multinacionales muestran las condiciones laborales indignas y que ponen en riesgo la integridad de los trabajadores y trabajadoras. Empresas como Prosegur, denunciada por intimidación, coacción y discriminación a líderes sindicales, y vulneraciones de derechos laborales y sindicales como el derecho de huelga y a la negociación colectiva en países como Brasil, Colombia, Perú y Paraguay; o CAF, cuya construcción del tren ligero en territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel contribuye a violaciones de derechos humanos de la población palestina; o el proyecto de la hidroeléctrica de ACS en Guatemala, que afecta a una población de 29.000 indígenas quekchí, todos ellos denunciados ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE,  son algunos de los ejemplos documentados de cómo la falta de una ley de debida diligencia, que obligue a las empresas a prevenir, identificar, mitigar y rendir cuentas de su impacto, puede tener graves consecuencias sobre la población y el medio ambiente en algunos países.

Es necesario seguir reclamando una mejora laboral para los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo. Vivimos y somos parte de un sistema levantado sobre la pobreza y la explotación de las personas más vulnerables, cuya situación se ha visto agravada por la pandemia de la Covid-19.

Las prácticas laborales en sectores como el textil, la alimentación o la electrónica están todavía lejos de cumplir los estándares necesarios para garantizar unas condiciones de vida dignas de las personas que trabajan en ellas. Mientras que las empresas transnacionales se lucran, miles de personas, mayoritariamente mujeres, trabajan en condiciones de esclavitud: jornadas de 14 horas, salarios de miseria, carencia de las mínimas condiciones de seguridad en las fábricas y restricciones a la hora de organizar se colectivamente para poder exigir unas condiciones laborales dignas. Estas industrias globales se fundamentan en la subcontratación de la producción en fábricas de países de bajos ingresos que carecen de sistemas de protección social, o si los tienen son insuficientes, y con normativas en materia de derechos humanos poco estrictas. Este sistema permite a las grandes empresas trasladar la responsabilidad y coste del cumplimiento de las normas de protección de derechos humanos, laborales y medioambientales a sus proveedores. Un mismo proveedor puede trabajar para diferentes marcas, que a su vez pueden subdividir su producción en infinidad de proveedores haciendo difícil saber quién produce dónde, y quién trabaja para quién.

Desde las administraciones públicas se compran productos de todos los sectores de actividad (infraestructuras, electrónica, alimentación, limpieza, textil, etc.) y ciclos de vida que van mucho más lejos del territorio estatal. Debemos exigir mejoras de las condiciones laborales para las personas que fabrican los productos que consumimos, sea donde se fabriquen. Es hora de que nos responsabilizamos de las condiciones de producción aunque estén fuera de nuestras fronteras.

El poder de la compra pública

En Cataluña, desde 2012, se está avanzando en un proceso que está permitiendo a administraciones públicas, organizaciones de justicia global y universidades, dar continuidad a la iniciativa social que busca incorporar la compra pública ética como prenda imprescindible para la coherencia de políticas en el ámbito de las administraciones: el Grupo de Compra Pública Socialmente Responsable. Es importante hacer llegar el mensaje a las empresas y que sepan que sus compradores, sean individuos o administraciones públicas, se preocupan por las condiciones en las que se producen sus compras. Incluir cláusulas ambientales, sociales y de gobernanza, y aumentar la transparencia de los procesos de contratación, puede ayudar a reducir los impactos negativos asociados a la compra y contratación públicas.

Más allá de lo que podamos hacer la sociedad civil para denunciar este sistema abusivo, y exigir que se pare la impunidad del poder corporativo a través de distintos mecanismos, las administraciones públicas tienen también capacidad para cambiar esta realidad. En todo el mundo, la compra que se realiza por parte de las administraciones públicas representa un gasto de más de 1.000 millones de euros anuales, que representa el 14% del PIB. En España, representa un 18,5% del PIB total. Es evidente con estas cifras que la compra pública tiene un gran potencial como mecanismo para promover el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales y la coherencia de políticas.

Los retos son grandes. Tal y como pone de manifiesto el informe elaborado por la Clean Clothes Campaign “Pongamos la Justicia de Moda”, las iniciativas no vinculantes legalmente y los compromisos voluntarios de las marcas, no protegen los Derechos Humanos de las personas trabajadoras ni consiguen hacer justicia. De hecho, cuando se cumplen ya casi los 10 años desde la adopción de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP), ha quedado demostrado que la dependencia de un marco voluntario ha resultado insuficiente e ineficaz para proteger los derechos humanos de los impactos adversos de las conductas empresariales.

Tal y como declara Muriel Treibich, de la Oficina Internacional de la Campaña Ropa Limpia, «Hacemos un llamamiento a los responsables políticos para que adopten un enfoque global. Los requisitos de diligencia debida en materia de derechos humanos deben abarcar toda la cadena de valor, incluidos los sistemas de trabajo semiformal e informal, así como la subcontratación no oficial y el trabajo a domicilio. Además, solicitamos mecanismos claros de aplicación, sanciones adecuadas y exigencias de responsabilidad civil y penal. Las personas trabajadoras cuyos derechos sean violados tendrán acceso a un recurso efectivo. También pedimos una transparencia obligatoria y otra serie de medidas complementarias».

Estas y otras demandas forman parte de las aportaciones que hemos realizado organizaciones de la sociedad civil como la Plataforma por Empresas Responsables, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo o la campaña Ropa Limpia Internacional en la consulta pública previa del Anteproyecto de ley de protección de los derechos humanos de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales, el pasado mes de marzo. La ley de diligencia debida propuesta por la Comisión Europea para acabar con la impunidad empresarial y obligar a las empresas de la UE a respetar los Derechos Humanos a lo largo de toda su cadena de suministro, es esencial para garantizar una conducta empresarial responsable respetando derechos humanos y asegurando que las víctimas de abusos empresariales tengan acceso a justicia y reparación. Sin embargo, consideramos que la propuesta de ley de diligencia debida se queda corta en varios aspectos que serían necesarios tener en cuenta al redactar la norma, para evitar que se reduzca su alcance.

Las propuestas han ido desde la importancia de reducir el rango estipulado en lo referente al tamaño de las empresas afectadas por la ley, hasta consideraciones sobre cómo facilitar la prevención y la reparación de abusos laborales cuando éste se han cometido fuera de las nuestras fronteras y teniendo en cuenta que, como ya hemos comentado anteriormente, la falta de transparencia hace que la propia trabajadora pueda desconocer para qué transnacional está en última instancia trabajando. Es necesario, por tanto, abordar los problemas de cómo probar los hechos y cómo reclamar compensación. Como Kan Matsuzaki, Secretario General Adjunto de Industrial Global Union explicó “Hay que implicar a los propios trabajadores y trabajadoras en la diligencia debida. Sin los sindicatos no puede aplicarse la diligencia debida”. Las voces de las personas trabajadoras deben ser escuchadas para saber cuál es la realidad en las fábricas donde trabajan y para poder dar seguimiento.

Creemos que la compra pública puede tener un papel esencial en la aplicación de esta ley y el proceso comienza por reclamar a las empresas trazabilidad y transparencia, aumentar el diálogo con los proveedores a través, por ejemplo, de consultas previas de mercado, y implementar medidas de seguimiento de contratos con iniciativas como Electronics Watch, organización independiente de monitorización que facilita el seguimiento de la producción a través de socios en los países de producción. Tal y como comenta Kristin Tallbo, estratega de sostenibilidad de la Central de Compras de Adda en Suecia “Los compradores públicos están obligados a supervisar el objeto del contrato, esto implica que las declaraciones generales de las marcas no son de valor para nosotros. Debemos ser capaces de seguir el objeto de la contratación, el producto en sí, así que necesitamos conocer la dirección de la fábrica y el informe exacto de auditoría de esta fábrica“. El intercambio de experiencias y de lecciones aprendidas entre unidades de contratación de administraciones públicas de diferentes países será clave para conseguir un sistema más justo para todas las personas trabajadoras tanto del Sur como del Norte Global. Para saber más, no se pierdan los seminarios online que organiza Electronics Watch sobre diligencia debida y compra pública.

Por otro lado, es interesante poner de relieve el trabajo que se lleva a cabo en este sentido desde las empresas de la Economía Social y Solidaria. Como cada primavera, se lanza la campaña estatal #Revela tus principios: Haz Auditoría y Balance Social para poner en valor los principios que guían sus prácticas empresariales. Podemos profundizar así en las prácticas que llevan a cabo las empresas de la ESS no sólo en materia de transparencia y compromiso de mejora, sino también de cara al creciente reconocimiento de las Administraciones de este tipo de herramientas y prácticas.

El pasado 14 de febrero, el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030 publicó una consulta pública como paso previo a la redacción de un anteproyecto de Ley que garantice la protección de los derechos humanos y ambientales en las actividades de las empresas multinacionales. Esta consulta pública está abierta a la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales, quienes pueden enviar sus aportaciones y documentación en relación al anteproyecto de dicha Ley. El plazo para participar finaliza hoy 3 de marzo.

Ante ello, REAS Red de Redes ha enviado un texto con propuestas que recoge las reivindicaciones de la Coordinadora de Comercio Justo y las de la Plataforma por Empresas Responsables así como aportes propios en materia de contratación pública responsable.

Cuáles son las propuestas y reivindicaciones que suscribimos desde REAS Red de Redes

Las cadenas de suministro mundiales se caracterizan por la desigualdad de poder entre sus distintos eslabones, lo que genera un reparto del valor desigual e injusto. Desde la CECJ piensan que la futura Ley debe “garantizar un impacto positivo a lo largo de las cadenas de suministro para las pequeñas organizaciones agrícolas y artesanas del Sur Global y para sus trabajadores y trabajadoras”. Además, creen que la debida diligencia de las empresas es un paso ineludible que el mercado está exigiendo, y, por tanto, que es necesario regular para garantizar criterios de cumplimiento y de valoración.

Sobre los objetivos de la futura norma, de manera específica la ley debe:

• Obligar a las empresas a desarrollar los planes de debida diligencia, así como sancionar el incumplimiento de esta obligación. Esta obligación debe abarcar a empresas todos los tamaños y de todos los sectores, y debe incluir orientaciones complementarias para sectores específicos de alto riesgo para los derechos humanos.
• Asegurar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas que han sufrido la vulneración de los derechos humanos y medioambientales.
• Nombrar una autoridad competente, con medios adecuados, que vele por su aplicación.

Entre los aspectos concretos de la Ley se destacan:

• Aborde las prácticas comerciales, ya que en las cadenas de suministro mundiales son habituales malas prácticas como plazos de entrega insuficientes, cambios de última hora en los pedidos, precios por debajo de los costes de producción sostenible y reclamaciones de calidad fraudulentas, lo que contribuye a la violación de los derechos humanos.
• Refiera a los salarios e ingresos dignos como derechos humanos y como condiciones previas para otros derechos humanos y para la protección del medio ambiente.
• Incorpore la perspectiva de género, ya que, en muchas ocasiones, las mujeres sufren los efectos adversos de las actividades empresariales de manera diferente y desproporcionada.

Además, desde REAS también destacamos:

• Abordar en la legislación la contratación pública y la relación contractual de las empresas con la administración considerando su impacto social y ambiental directo e indirecto a la largo de toda la prestación contractual y a posteriori de la misma, con particular énfasis en los derechos humanos y laborales. Los compradores públicos se han visto implicados en graves abusos contra los derechos humanos, como el tráfico de personas y la esclavitud moderna, en sectores como la agricultura, la pesca y los servicios de limpieza.
• Exigir la publicación de las relaciones contractuales de las empresas con la administración pública y los criterios establecidos para garantizar la protección y la promoción de los derechos humanos.

¿Quieres participar?

Si como organización o como persona particular quieres participar en este proceso, puedes hacerlo remitiendo este documento con las propuestas de la CECJ y las de REAS (o modificándolo) o las de la Plataforma por Empresas Responsables al correo gabinete2030@mdsocialesa2030.gob.es siguiendo las indicaciones del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el día de hoy 3 de marzo de 2022.

El pasado 14 de febrero, el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030 publicó una consulta pública como paso previo a la redacción de un anteproyecto de Ley que garantice la protección de los derechos humanos y ambientales en las actividades de las empresas multinacionales. Esta consulta pública está abierta a la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales, quienes pueden enviar sus aportaciones y documentación en relación al anteproyecto de dicha Ley. El plazo para participar finaliza el 3 de marzo.

Ante ello, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo ha remitido un texto con propuestas que recogen tanto las reivindicaciones de la Plataforma por Empresas Responsables, entidad de la que formamos parte, y también del movimiento de Comercio Justo internacional.

Las propuestas y reivindicaciones del movimiento del Comercio Justo

Entre los aspectos que la CECJ hemos incluido en nuestras propuestas, destacan:

Nuestro planteamiento de partida es que las cadenas de suministro mundiales se caracterizan por la desigualdad de poder entre sus distintos eslabones, lo que genera un reparto del valor desigual e injusto.

La CECJ pensamos que la futura Ley debe “garantizar un impacto positivo a lo largo de las cadenas de suministro para las pequeñas organizaciones agrícolas y artesanas del Sur Global y para sus trabajadores y trabajadoras”.

Además, creemos que la debida diligencia de las empresas es un paso ineludible que el mercado está exigiendo, y, por tanto, que es necesario regular para garantizar criterios de cumplimiento y de valoración.

Sobre los objetivos de la futura norma, consideramos que de manera específica la ley debe:

• Obligar a las empresas a desarrollar los planes de debida diligencia, así como sancionar el incumplimiento de esta obligación. Esta obligación debe abarcar a empresas todos los tamaños y de todos los sectores, y debe incluir orientaciones complementarias para sectores específicos de alto riesgo para los derechos humanos.
• Asegurar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas que han sufrido la vulneración de los derechos humanos y medioambientales.
• Nombrar una autoridad competente, con medios adecuados, que vele por su aplicación.

Entre los aspectos concretos, planteamos la pertinencia de que la Ley aborde las prácticas comerciales, ya que en las cadenas de suministro mundiales son habituales malas prácticas como plazos de entrega insuficientes, cambios de última hora en los pedidos, precios por debajo de los costes de producción sostenible y reclamaciones de calidad fraudulentas, lo que contribuye a la violación de los derechos humanos.

Pensamos que es necesario que la Ley se refiera a los salarios e ingresos dignos como derechos humanos y como condiciones previas para otros derechos humanos y para la protección del medio ambiente.

Sin ingresos y salarios dignos, las cadenas de suministro nunca podrán ser verdaderamente sostenibles.

Asimismo, pensamos que es necesario que esta Ley incorpore la perspectiva de género, ya que, en muchas ocasiones, las mujeres sufren los efectos adversos de las actividades empresariales de manera diferente y desproporcionada.

Francia, Alemania y Noruega ya tienen leyes de debida diligencia

Países como Francia, Alemania y Noruega ya cuentan con leyes de debida diligencia que regulan la actividad de las empresas a lo largo de toda la cadena de producción en cualquier lugar del mundo. Otros como Holanda, Austria, Bélgica o Luxemburgo están desarrollando procesos políticos en este sentido.

Además, la Comisión Europea tiene previsto aprobar próximamente una directiva europea sobre la materia. Este texto ha venido retrasándose en varias ocasiones.

Un vídeo para entender los abusos de las empresas y la ley de debida diligencia

En este vídeo, elaborado por la European Coalition for Corporate Justice y adaptado a castellano por la Plataforma por Empresas Responsables), se explica de manera muy clara y breve la necesidad de acabar con los abusos de derechos humanos y ambientales de las empresas, y la importancia de leyes para evitarlos:

¿Quieres participar?

Si como organización o como persona particular quieres participar en este proceso, puedes hacerlo remitiendo este documento con nuestras propuestas (o modificándolo) o las de la Plataforma por Empresas Responsables al correo gabinete2030@mdsocialesa2030.gob.es siguiendo las indicaciones del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, antes del 3 de marzo de 2022.

La sartén por el mango es una revista de creación colectiva en la que escribimos sobre economía y derechos humanos, feminismos, ecología y equidad.

Creemos que abordar los temas económicos desde estas perspectivas es fundamental para comprender bien cómo funciona el modelo económico actual y cuáles son sus consecuencias para las personas y el planeta, y también para conocer e imaginar alternativas y nuevas formas de hacer economía que pongan en el centro la vida.

En esta nueva edición podrás disfrutar de interesantes artículos en las tres secciones de la revista: Las grietas, Una mirada global y Alternativas. Temas diversos y de plena actualidad en https://lasartenporelmango.org/ 

EQUIPO

Coordinación: Economistas sin Fronteras y Pandora Mirabilia

Redacción:

• Asier Arbizu
• Jesús Carlos Avecilla
• Raquel Cunalata
• Alicia Gallego
• Jorge García Ruiz
• Elena Hernández
• Cristina López
• Eduardo Martín
• Florencia Mieles
• Iris Paez
• Carles Paré
• Maryam Salem
• Luis Sordo
• Jaime Vinuesa
• Ander Zabala

Organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables como la Coordinadora Estatal de Comercio Justo – entidad socia de REAS Red de Redes-, han instado al Gobierno español a que aborde sin dilación y antes del fin de esta legislatura, el compromiso adquirido de llevar a cabo una Ley de Debida Diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales, petición a la que nos adherimos desde REAS Red de Redes.

En una carta abierta dirigida al presidente y a las tres vicepresidentas del Gobierno, la Plataforma por las Empresas Responsables, que representan a más de 530 entidades sociales, han expresado su preocupación por la falta de acción del ejecutivo en emprender una ley que establezca la obligación a las empresas españolas de respetar los derechos humanos y medioambientales en su cadena de valor y que asimismo garantice el acceso a la justicia de las víctimas cuyos derechos hayan sido vulnerados.

Hace ya cuatro años que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas mostró su preocupación por los vacíos del ordenamiento jurídico español y recomendó a España adoptar medidas legislativas en este sentido.

Tanto los partidos del Gobierno de coalición, que incluyeron en sus programas electorales la promesa de una ley de este tipo, como el propio Gobierno español, han hecho especial énfasis en la implicación activa del sector privado en la defensa y promoción de los derechos humanos y el cumplimiento del principio de debida diligencia, sin embargo las promesas sólo permanecen en el papel. Hasta la fecha los socios de gobierno no parece que estén trabajando en este sentido y se desconocen los pasos concretos para presentar un borrador de ley.

Mientras tanto, países como Francia, Alemania y Noruega ya han aprobado una legislación de debida diligencia y otros como Luxemburgo, Austria, Bélgica y Holanda tienen procesos legislativos en marcha. También antes del fin de 2021 la Comisión Europea publicará el primer borrador de directiva de “Gobierno Corporativo Sostenible” que regulará la debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales y que será obligatoria para las empresas europeas.

Este contexto internacional brinda la oportunidad a España de convertirse en referente en el liderazgo y la promoción de los derechos humanos, haciendo de ello un carácter distintivo de las empresas españolas en el exterior. Para ello, España debe abordar sin dilación, antes del fin de esta legislatura, la promesa de llevar a cabo una Ley de Debida Diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales e implementar así la recomendación de las Naciones Unidas.

“En la actualidad hay empresas en España que de manera voluntaria abordan este enfoque en su modelo de negocio y de gestión, pero siguen siendo una minoría. La ausencia de regulaciones adecuadas y la falta de consecuencias por la gestión negligente de los derechos humanos y los impactos ambientales en las cadenas de valor globales significa que hay pocos incentivos para que las empresas aborden esos impactos”, declaró Isabel Tamarit, portavoz de la Plataforma por las Empresas Responsables.

La Plataforma por las Empresas Responsables aboga por una ley que además de establecer la obligación de que las empresas respeten los derechos humanos y medioambientales en su cadena de valor, asegure mecanismos de rendición de cuentas y el acceso a la justicia de las víctimas cuyos derechos hayan sido vulnerados.

Aquí puedes consultar las peticiones y a la propuesta técnica de la Plataforma por las Empresas Responsables.

El pasado mes de junio se presentó públicamente la Plataforma de Empresas Responsables que ha sido formada por un grupo de organizaciones (Alboan, Alianza por la Solidaridad, Amnistía Internacional, Anesvad, Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Economistas sin Fronteras, Enlázate por la Justicia, Entreculturas, Greenpeace, Fundadeps, Observatorio de Responsabilidad Corporativa y el sindicato USO) con la finalidad de lograr la aprobación de una ley que obligue a las empresas a garantizar la protección de los Derechos Humanos y el medio ambiente en su actividad tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La Coordinadora de Comercio Justo, una de las redes sectoriales socia de REAS, también se ha adherido a la Plataforma.

En concreto, desde la Plataforma piden que la Ley establezca:

• La adopción de una obligación formal de debida diligencia para las empresas españolas y para las que operen en el mercado español.
• La adopción de un sistema de sanciones e infracciones para las empresas que incumplan la obligación anterior, sin necesidad de esperar a que se produzca el daño.
• Permitir el acceso a la justicia para todas las personas que hayan sido víctimas de vulneraciones de derechos humanos y medioambientales.
• Nombrar una autoridad competente e independiente para vigilar el cumplimiento de la Ley.
• Transparencia y cumplimiento de la Ley sobre información no financiera.

Esta ley garantizará que las empresas españolas y empresas extranjeras que operen dentro de nuestras fronteras, respeten los derechos humanos y medioambientales en el ejercicio de sus actividades y a lo largo de su cadena de valor y además garantizaría el acceso a la justicia de las víctimas de esos abusos. Esta Ley se enmarca en Directiva Europea que está a punto de aprobarse en el 2021 y que exigirá a las empresas a desarrollar planes para identificar, prevenir, detener y mitigar los impactos reales y potenciales en derechos humanos y medioambientales causados por la actividad empresarial.

A nivel europeo ya hay precedentes de aprobación de leyes en Francia que aprobó una Ley en este sentido en 2017 y Alemania y Noruega que acaban de hacerlo en junio de 2021. También hay procesos políticos abiertos en la misma materia en Austria, Bélgica, Finlandia, Luxemburgo y Holanda.

En este enlace se puede acceder al manifiesto completo y a la propuesta técnica.

REAS defiende una contratación pública responsable

Desde REAS Red de Redes trabajamos para el fomento, impulso y promoción de una contratación pública responsable para que sea una herramienta para la consecución de valores como la redistribución de la riqueza, la justicia, igualdad y la cohesión social; Las instituciones públicas contratan a empresas para dar respuesta a las necesidades de bienes y servicios públicos y son las encargadas de preparar los términos de estos contratos, adjudicarlos, supervisar su cumplimiento y rescindirlos. Las condiciones de trabajo dignas, el respeto a los derechos humanos, la inclusión de colectivos desfavorecidos, el respeto al medio ambiente o la igualdad de género son algunos de los valores que pueden garantizarse en la contratación pública a través de la implementación de cláusulas sociales y medioambientales.

Jolas bat, esperientzia bat, froga bat… hori dena eta askoz gehiago. Etorri, bizi, saiatu, gozatu eta lortu HARIMAKILA-tik ihes egiten.

2-5 pertsonen talde bat osatu eta erreserba ezazu tokia, Arropa Garbia Kanpainan oinarritutako escape room-erako.

Irailaren 24tik azaroaren 28ra arte
Ordizian

HARIMAKILA moldagarria den proiektu artistiko bat da. Bere helburua Asian ehungintzan lan egiten duten langileen giza eskubideen urraketaren inguruan eta Arropa Garbia Kanpainak sustatzen dituen baloreen inguruan hausnarketa egitea eta sentsibilizazioa lortzea da.

Nahiz eta ehungintzan lan egiten duten langileen eskubideen urraketa jendartean nahiko zabalduta dagoen errealitate bat den, Europako kontsumitzaileen eta Asia, Latinoamerika eta Afrikako ekoizleen artean dagoen  distantzia fisiko eta kulturalak askotan hau ahaztera eramaten gaitu gure erosketak egitera goazenean “erosketa lekua” hautatu behar dugunean.

La Federación Aragonesa de Solidaridad cumplió 25 años el 28 de noviembre. 25 años trabajando por la Justicia Social, defendiendo los Derechos Humanos, impulsando el desarrollo sostenible, tejiendo redes y transformando el mundo.

La actual presidenta de FAS, Ceren Gergeroglu, leyó estas palabras durante la celebración:

Me siento afortunada de poder estar acompañada de todas vosotras aquí, un día tan especial para nuestra Federación Aragonesa de Solidaridad. Estamos aquí, en la casa de la ciudadanía aragonesa, en este palacio de la Alegría <<como era llamado antiguamente>>  para celebrar nuestro 25 aniversario.

La FAS nació, en 1994 con el objetivo de ser punto de referencia e interlocutor válido entre la sociedad aragonesa y las administraciones públicas para la solidaridad; la solidaridad entendida como una expresión colectiva y como un valor de la sociedad aragonesa.

Y hoy tengo el orgullo de agradecer a todas las personas que estuvieron presentes en sus comienzos y a las que han estado en su trayectoria durante estos 25 años sentando sus bases, contribuyendo, sumando esfuerzos y esperanzas que han construido la Federación que tenemos hoy.

Hasta el día de hoy, a la FAS se nos han concedido cuatro premios y reconocimientos:

• Medalla al Mérito Social y Premio de Voluntariado en categoría de Internacional y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Aragón,
• Hija Predilecta de la Ciudad de Zaragoza  y Estrella de Europa del Ayuntamiento de Zaragoza

Hoy con nuestras 46 ONGDs, somos casi 15.000 personas voluntarias, 120.000 socias, 23.000 donantes.

Hoy estamos en 40 países llegando a 730.000 personas beneficiarias a través de nuestros proyectos.

Hoy tenemos una FAS aún más fuerte, más resistente y consistente en lo que hacemos:

• la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, Transformación Social,
•  la sensibilización y la promoción de la participación ciudadana,
• el Código de Conducta de las ONG, el Comercio Justo…

Desde la FAS miramos al futuro con orgullo por nuestras raíces y con esperanza por nuestras convicciones. Desde la FAS nos reivindicamos como “promotoras de un discurso de cambio”. En los cambios constantes, conservamos lo más admirable, lo más precioso: el trabajo conjunto y plural, de manera coordinada y con participación de sus organizaciones miembro a través de grupos de trabajo, comisiones, asambleas…

A su vez, tampoco cambio nuestro “¿por qué?”. Estamos por la justicia social global y local, por la justicia climática y medioambiental, por la justicia de género, por la defensa de los Derechos Humanos, por tejer redes hacia un mundo más justo, por promover una ciudadanía global, crítica, inclusiva, activa que se compromete en la construcción de una sociedad solidaria, equitativa… Por eso estamos.

En estos 25 años, cambió la agenda global y puso nuevas metas y fechas. Tenemos otro objetivo hasta 2030. Cambiaron nuestros retos pero nuestro convencimiento para paliar la pobreza y la desigualdad a través de políticas públicas coherentes, fuertes y visibles no ha cambiado. La Cooperación al Desarrollo es ahora más necesaria que nunca (es más apoyada que nunca) como una herramienta clave en el desarrollo sostenible y la coherencia de políticas, en dialogo con colectivos, actores, movimientos… interiorizando el cambio y estableciéndose como una política social pública, como un instrumento principal para garantizar la cohesión social.

Y nosotras, las organizaciones, estamos implicadas en esto. No hemos sido, no somos, ni seremos espectadoras de esta política porque somos quienes la realizamos junto para, por y con las personas, estén donde estén poniendo la paz, el cuidado de la vida y el planeta en el centro.

Me siento afortunada. Es mi segunda vez en la que tengo el honor de dirigirme en un acto en las Cortes Aragón. La primera vez, en el año 2018, nombré a “Platón” y su definición de los gobernantes. Según Platón, ellos eran las personas más justas, encargadas de la justicia en la ciudad, conocían la idea del bien y de la justicia, tenían un alma de oro.

Hoy quiero recordar que en ese día se firmó un pacto por la Cooperación al Desarrollo por parte de todos los grupos políticos de las Cortes de Aragón y apelo a sus compromisos y voluntades para cumplirlo. Porque sin duda la solidaridad es parte del alma de oro de cualquier sociedad.

Hagamos lo que debemos hacer hoy, como se hacen las cosas relevantes de la vida: con esperanza y valentía, como decía un compañero. Es lo que aprendimos en el camino a lo largo de cada uno de estos 25 años, es lo que somos y por eso estamos.

Enpresa-nazioartekotzea gaur egun goraka doan administrazio publikoen apostu bat da, norberaren lurraldean jatorrizko etxea daukaten enpresek merkatuak harrapatzearen bitartez ehun ekonomikoa dinamizatzea helburutzat duena, alegia. Enpresa “propioen” kanpora ateratzearen sustapena gero eta gehiago irudikatzen da azkenengo urteetan pairatzen ari garen krisialdi egoerari aurre egiteko bide pribilegiatu gisa. Apostu estrategiko honetan, megaproiektuek berebiziko rola jokatzen dute, hauen izaera transnazionalizatu eta korporatibizatua dala eta. Megaproiektu hauek inpaktu erabat kaltegarriak eragiten dituzte ezartzen diren lurralde eta komunitateen gain: kutsadura eta inpaktu sozioanbientalak, errepresioa eta herri mugimenduaren kriminalizazioa, ustelkeria, komunitateen lekualdaketa masiboak, etb.

Internazionalizazioaren aldeko apostu hau gure inguruko gobernantza-esparru eta maila guztietan onartzen da, bai europar batasunean, bai estatu mailan, eta baita ere estatuz azpiko gobernuen politika publikoetan modu oso adierazgarrian. Euskal erakunde publikoen kasua da, azkenengo urteetan, maila autonomiko zein foraletan, honako logika politiko-enpresarialak pribilegiatzen ari direlarik espresuki eta modu aktiboan.

Hori horrela izanda, ezinbestekotzat jotzen dogu politika hauen izaera, inpaktuak eta alternatiben inguruko hausnarketa bultzatzea Euskal Herri mailan.

Hausnarketa hau irekitzeko, azaroaren 7 eta 8an Bilbon (EHUko Elkano Ekonomia eta Enpresa Fakultateko Gradu-Aretoan, Elkano kalea 21) “Megaproiektuak, enpresa-nazioartekotzea eta herri-erresistentziak” Nazioarteko Jardunaldi hauek antolatu ditugu.

Doako izen-ematea hurrengo helbidean: gorka.martija@omal.info

Ekintza ikusgarri hori Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia eta eragozpen fiskalaren plataformak gauzatu dute. Hori izan da gastu militarraren aurrean eragozpen fiskala sustatzeko kanpainaren hasiera eta, bide batez, gerra eta militarismoaren ondorioak ikusarazi nahi izan dituzte ere.

Como ejemplo del despilfarro en gasto militar, la construcción de este buque ha costado el equivalente a siete hospitales como el de Urduliz  y su mantenimiento anual tiene un coste igual a la construcción de seis escuelas.

La acción ha consistido en una parodia, en la se ha simbolizado cómo las instituciones destinan gran parte de los impuestos de la ciudadanía a fines socialmente injustos y nocivos, como los gastos militares y la guerra.

Ekintzaren protagonistek salatu dute hegazkin-ontzi hori gure kostaldeetan porturatuta egoteak gastu militarren gehiegikeria erakusten duela. 2019an, Estatuak 31.830,82 milioi euro gastatuko ditu militarismora bideratutako sailetan, hots, 700 eurotik gora pertsona bakoitzeko.

“Dirutza hori gure zergetatik dator”, adierazi du ekintzaileetako batek, “horregatik, aurten berriro irekiko ditugu Eragozpen Fiskalerako bulegoak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan; bertan dohainik laguntzen diogu jendeari bidegabekeria horri desobeditzen eta haien zergak beste ekintza sozialetara bideratzen, eraldatzaile eta solidarioak diren alternatibak eraikitzeko lan egiten duten ekintzetara”

Según las organizaciones promotoras, los ejércitos y las guerras provocan muerte y destrucción, suponen la violación de los derechos humanos y son la mayor causa de desplazamientos de personas, por eso han defendido “la Objeción Fiscal como una herramienta que nos empodera personal y colectivamente y nos permite ser protagonistas en la construcción de una sociedad más justa”. 

La acción ha tenido lugar a escasa distancia del puerto de Santurtzi,  donde la naviera Bahri cargaba armas para la guerra de Yemen, hasta que diferentes acciones como esta, que expresaban el rechazo de la sociedad bizkaina al negocio de la guerra, consiguieron que esta naviera traficante de armas no volviera a cargar más armas en este puerto.

Ongi Etorri Errefuxiatuak eta Euskadin eragozpen fiskalaren kanpainaren alde egiten duten erakundeak: Argitan, Asociación Vasca de Apoyo a Fiare, Bake-Ekintza Antimilitarista Taldea, CEAR Euskadi, Ekologistak Martxan, ESK, Kakitzat, KEM-MOC Bilbao, Mugarik Gabe, Mundubat, Setem Hego Haizea, REAS, Medicus Mundi Araba, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Posada de los Abrazos

{“preview_thumbnail”:”/sites/default/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/7NppnJC8I9k.jpg?itok=imfgat3-“,”video_url”:”https://youtu.be/7NppnJC8I9k”,”settings”:{“responsive”:1,”width”:”854″,”height”:”480″,”autoplay”:0},”settings_summary”:[“Embedded Video (Adaptable).”]}

Ekintza ikusgarri hori Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia eta eragozpen fiskalaren plataformak gauzatu dute. Hori izan da gastu militarraren aurrean eragozpen fiskala sustatzeko kanpainaren hasiera eta, bide batez, gerra eta militarismoaren ondorioak ikusarazi nahi izan dituzte ere.

Como ejemplo del despilfarro en gasto militar, la construcción de este buque ha costado el equivalente a siete hospitales como el de Urduliz  y su mantenimiento anual tiene un coste igual a la construcción de seis escuelas.

La acción ha consistido en una parodia, en la se ha simbolizado cómo las instituciones destinan gran parte de los impuestos de la ciudadanía a fines socialmente injustos y nocivos, como los gastos militares y la guerra.

Ekintzaren protagonistek salatu dute hegazkin-ontzi hori gure kostaldeetan porturatuta egoteak gastu militarren gehiegikeria erakusten duela. 2019an, Estatuak 31.830,82 milioi euro gastatuko ditu militarismora bideratutako sailetan, hots, 700 eurotik gora pertsona bakoitzeko.

“Dirutza hori gure zergetatik dator”, adierazi du ekintzaileetako batek, “horregatik, aurten berriro irekiko ditugu Eragozpen Fiskalerako bulegoak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan; bertan dohainik laguntzen diogu jendeari bidegabekeria horri desobeditzen eta haien zergak beste ekintza sozialetara bideratzen, eraldatzaile eta solidarioak diren alternatibak eraikitzeko lan egiten duten ekintzetara”

Según las organizaciones promotoras, los ejércitos y las guerras provocan muerte y destrucción, suponen la violación de los derechos humanos y son la mayor causa de desplazamientos de personas, por eso han defendido “la Objeción Fiscal como una herramienta que nos empodera personal y colectivamente y nos permite ser protagonistas en la construcción de una sociedad más justa”. 

La acción ha tenido lugar a escasa distancia del puerto de Santurtzi,  donde la naviera Bahri cargaba armas para la guerra de Yemen, hasta que diferentes acciones como esta, que expresaban el rechazo de la sociedad bizkaina al negocio de la guerra, consiguieron que esta naviera traficante de armas no volviera a cargar más armas en este puerto.

Ongi Etorri Errefuxiatuak eta Euskadin eragozpen fiskalaren kanpainaren alde egiten duten erakundeak: Argitan, Asociación Vasca de Apoyo a Fiare, Bake-Ekintza Antimilitarista Taldea, CEAR Euskadi, Ekologistak Martxan, ESK, Kakitzat, KEM-MOC Bilbao, Mugarik Gabe, Mundubat, Setem Hego Haizea, REAS, Medicus Mundi Araba, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Posada de los Abrazos

• Priorizar la contratación de servicios a aquellas empresas con un comportamiento respetuoso con el medio ambiente y los derechos humanos es una herramienta poderosa para cambiar el mundo.
• En la Agenda 2030 de Naciones Unidas se incluyó en 2015 una meta para promover prácticas de compra pública sostenibles.
• En España, la Ley de contratos ha de ser considerada una política capaz de acelerar el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Ministerio de Hacienda adelantó recientemente que se priorizará en los contratos públicos a las empresas con planes sociales y de igualdad para sus empleados. La intención es aprovechar los casi 16.000 millones de euros anuales que destina el Gobierno a la compra de bienes o a la contratación de obras y servicios para incentivar mejoras sociales, planes de igualdad y medidas de fomento de la sostenibilidad en el sector privado.

El gasto de las administraciones públicas representa en el conjunto de la Unión Europea cerca del 16% del Producto Interior Bruto (PIB). Miles de millones de euros movilizados desde el ayuntamiento más pequeño hasta el Gobierno, pasando por diputaciones, comunidades autónomas y la estructura administrativa europea. Una poderosa herramienta que puede ejercer una enorme influencia en el mercado y contribuir a que un comportamiento más sostenible de las empresas se convierta en una ventaja competitiva.

Hay tres grandes pilares que conforman lo que se conoce como Compra Pública Responsable: la compra social que fomenta la inserción socio laboral de personas con capacidades diversas o en riesgo de exclusión, promueve la igualdad de género, etc.; la compra ética que apoya iniciativas de Comercio Justo que garantizan condiciones laborales dignas en toda la cadena de producción y suministro, sobre todo en países empobrecidos; y la compra verde que busca minimizar el impacto ambiental mediante la reducción del consumo de recursos y de generación de residuos, promoviendo alternativas que incorporan productos reciclados o que provienen de recursos renovables.

Numerosas administraciones llevan más de una década incorporando estos criterios en sus prácticas de contratación, buscando una mayor coherencia institucional y una mayor eficacia en la consecución de objetivos ambientales y sociales. Así, por ejemplo, se han habilitado máquinas expendedoras con café, cacao o té de comercio justo, se utiliza papel reciclado, se subcontrata personal centros especiales de empleo, etc.

Para ello, se hace uso de herramientas como las cláusulas sociales o la reserva de mercados. Desde 2011, nuestro país cuenta con una Ley de Economía Social que delimita lo que se entiende por tal y pone las bases para el impulso de medidas que fomenten a las entidades de economía social, con especial atención a las que apoyen el empleo en los sectores más desfavorecidos y con arraigo en su territorio. Se trata de garantizar así que nadie se quede atrás.

Además, el pasado 9 de marzo entró en vigor la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público, una legislación que permite y favorece que se consideren cláusulas sociales y ambientales para que las administraciones puedan comprar de forma más responsable y hacer avanzar la igualdad de oportunidades, la dignidad del empleo, la cohesión social y la sostenibilidad. Esta ley es el resultado de años de trabajo e incluye muchas de las enmiendas presentadas por Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y otras entidades al proyecto de ley presentado en diciembre del año anterior.

La compra pública responsable y la Agenda 2030

En la Agenda 2030, aprobada por los Estados miembros de Naciones Unidas hace ya casi tres años, se incluyó, entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), el garantizar modalidades de producción y consumo responsables. Y esto se concretó, entre otras, en una meta, en la que se habla de promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.

En España, la Ley de contratos, y las medidas que contiene para impulsar tanto la economía social como la Compra Pública Responsable, ha de ser considerada precisamente como una política con capacidad de acelerar el progreso con rapidez y crear sinergias con otras medidas para alcanzar los ODS. Es decir, entraría en lo que el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030, del Gobierno español, denomina “políticas palanca” y Naciones Unidas, “aceleradores”.

Así se reconocía en el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 aprobado en el Consejo de Ministros del 29 de junio al incluir la Economía Social como una política palanca y la compra pública como una medida transformadora. En este sentido, se anunciaba, además, que en 2019 se dispondrá de una metodología piloto para alinear los Presupuestos Generales del Estado y los ODS.

Con esta acertada decisión, se abre una puerta para que toda esa ingente corriente de personas y entidades que apostamos por la economía alternativa y solidaria en sus diversas versiones podamos sumarnos a la apuesta por los ODS. No solo las ONG de Desarrollo, sino también los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, las cooperativas energéticas, las entidades de comercio justo o de banca ética. Es decir, todos aquellos que operamos desde la convicción de que la actividad económica tiene que estar subordinada a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible e inclusivo, por encima de otros intereses.

Es, asimismo, un reto necesario pensar las compras de bienes y la contratación de obras y servicios públicos desde el enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Si hace años ya señalábamos que las concejalías de deportes debían comprar material deportivo a organizaciones de Comercio Justo y no a empresas denunciadas por utilizar mano de obra infantil, ahora hemos de añadir la exigencia de que los fondos municipales estén en banca ética y no en bancos o cajas de ahorro que desahucian.

No es el premio a una existencia de sacrificio como enseña la doctrina cristiana, sino un futuro alcanzable y deseable para la sociedad actual.

Entre los pueblos tupí-guaraní, que se extienden por gran parte de América del Sur y principalmente en los estados de Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina, existe el mito de la Tierra sin Mal. Habla de un territorio que puede entenderse como del más allá, pero que también se puede encontrar en el más acá, en el tiempo y espacio físico de los vivos. Así, estos pueblos persiguen constantemente la búsqueda de esa tierra y el mito explica las constantes migraciones de éstos a lo largo de su historia.

Algunos pensarán inmediatamente que la Tierra sin Mal podría ser también el paraíso cristiano, pero como ya hemos dicho, entre los tupí-guaraní la creencia es que ese mundo también puede encontrarse en el tiempo de la vida y no solo después de la muerte. No es el premio a una existencia de sacrificio como enseña la doctrina cristiana, sino un futuro alcanzable y deseable para la sociedad actual.

Es sin duda un mito, pero podría ser igualmente un anhelo para todos los pueblos de la tierra. De esta tierra castigada en los inicios del siglo XXI por guerras, injusticias, insultantes desigualdades y muertes sin sentido. Pensar, por ejemplo, una Tierra sin Mal para el pueblo palestino que hoy sufre en su propio territorio el genocidio a manos del estado judío mientras la comunidad internacional, especialmente la llamada occidental, la que se considera cuna de la civilización, de la democracia y de los derechos humanos, mira para otro lado. Una Europa errática, dividida e hipócrita que balbucea palabras huecas que piden a Israel contención en el uso de la fuerza; sarcasmo evidente si no fuera por los cientos de hombres y mujeres palestinos asesinados en las últimas semanas sin contención alguna. Igualmente, y por extensión y cercanía para la práctica totalidad de la región, donde el intervencionismo ciego de occidente, en especial desde la llamada primera guerra del golfo, no ha traído sino sufrimiento, muerte y desolación para pueblos como el afgano, iraquí, sirio o libio. Naciones destruidas que se han convertido en estados fallidos donde hoy las milicias, la corrupción y los intereses económicos priman en la vida de sus poblaciones obligándolas a mal vivir o, si les es posible, a iniciar el horrible camino de la emigración que luego choca con los muros europeos (además del racismo y xenofobia) o con la fosa común en que esa Europa ha convertido el mar Mediterráneo.

Una Tierra sin Mal será para el pueblo saharaui la vuelta a sus territorios de donde se vio obligado a salir tras la entrega a Marruecos de los mismos por parte de la antigua metrópoli española en los últimos estertores del dictador. Una tierra sin mal que ni tan siquiera pueden disfrutar aquellos miles de saharauis que no pudieron o no quisieron salir de su territorio y hoy sufren el hostigamiento y represión brutal de la nueva colonia que supone la monarquía alauita, mientras Europa disfruta y explota el rico banco de pesca sahariano o los fosfatos de Fos Bucraa en ese Sahara ocupado.

Europa es recorrida en los últimos años por las pulsiones y medidas más férreas del neoliberalismo que no generan sino precariedad, empobrecimiento y eliminación de derechos laborales

Pero sin salir aún del continente africano podemos también aludir a ese mito que buscarían la práctica totalidad de los pueblos de África, si consiguiesen que los intereses geoestratégicos y económicos de las antiguas colonias europeas desaparecieran. Tras siglos de explotación esclavista y colonial y cuando estos pueblos consiguieron las independencias a mediados del siglo XX, éstas se convirtieron en duros espejismos. Salieron las administraciones políticas y militares coloniales y fueron inundados por los intereses económicos de las transnacionales europeas que han convertido el llamado continente negro en un erial de explotación, muerte y destrucción a mayor gloria de los renovados intereses neocoloniales. Y cuando esta pérdida de esperanza de vida digna se hace triste realidad, miles y miles de personas buscan la Tierra sin Mal en la vieja Europa; y encuentran concertinas, vallas y muros, miseria, violaciones o expulsiones en caliente de esa hipotética Tierra sin Mal.

Por otra parte, de forma similar ocurre en el continente americano cuando millones de hombres y mujeres se aventuran a arriesgar su vida en la búsqueda de esa promesa de Tierra sin Mal caminando hacia el lejano norte. Atraviesan países y regiones intentando llegar a los Estados Unidos y encuentran mafias, trata de personas, extorsiones, violaciones, asesinatos mientras hacen el duro camino hasta alcanzar lo que hoy ya quiere ser un nuevo muro de separación del norte enriquecido con la América Latina empobrecida expuesta a su vez a los mercados y a la explotación sistemática de la naturaleza y de sus recursos naturales allí conservados. Porque lo que no quieren reconocer las transnacionales y oligarquías locales en América Latina es que son precisamente los territorios de los pueblos indígenas y campesinos los que mayoritariamente son expoliados y explotados en sus recursos naturales a cambio solo de un mayor empobrecimiento y violación continua de los derechos colectivos de quienes durante miles de años supieron manejar esos espacios sin mayores agresiones a la naturaleza, sintiéndose no dueños de la misma, sino parte de ella.  

Y aunque ya hemos citado a la vieja Europa como responsable de muchas de las desgracias que ocurren en otros continentes, y como ingrata anfitriona que cierra la puerta a quienes por ello se vieron obligados a abandonar su tierra, también podemos hablar de ella respecto a sus naturales. Europa es recorrida en los últimos años por las pulsiones y medidas más férreas del neoliberalismo que no generan sino precariedad, empobrecimiento y eliminación de derechos laborales, sociales y políticos de sus propios pueblos. La excusa de la crisis económica ha servido a las élites económicas y políticas tradicionales europeas para acabar con gran parte del estado de derechos adquiridos en estos ámbitos, consecuencia de décadas de luchas. Igualmente, les ha servido a estas mismas élites para pujar al alza por actitudes xenófobas y racistas que persiguen alentar las tendencias de extrema derecha hasta el paroxismo. Y así, parafraseando las primeras palabras del Manifiesto Comunista se podría decir que el viejo continente vuelve a estar en grave riesgo de que un fantasma lo recorra, pero ahora será nuevamente el fascismo, y la Tierra sin Mal que un día pretendió ser se convierta muy al contrario en la tierra del mal. 

Pero tras este breve repaso igual la imposibilidad que hoy pareciera extenderse por el mundo para encontrar ese mito buscado no es tal y éste reside en elementos mucho más alcanzables, no utópicos, con la determinación de las grandes mayorías. Quizás empezando por entender que uno de los mayores problemas para encontrar la Tierra sin Mal que enfrenta la humanidad no es la lucha contra la pobreza sino contra la extrema concentración de la riqueza y de la ambición sin límite y a cualquier precio que se encuentra en cada vez menos manos. Estas segundas serían la causa de la primera y si las erradicáramos estaríamos dando un paso de gigante para lograr ese objetivo de que todos y todas alcanzáramos el buen vivir en una verdadera Tierra sin Mal.

Utópico dirán muchos, iluso comentarán otros, catastrofista quizás los terceros pero nosotros y nosotras podríamos responder que incontestablemente urgente.

EHUko Garapenerako Lankidetzarako Bulegoa eta Hegoa ikastaro monografiko bat antolatzen ari dira elkarlanean. Ikastaroa apirilaren 12tik maiatzaren 10era eskainiko da Leioan, ostegunero, arratsaldez.  EHUko ikasleei, GGKEtako kideei eta gai hauetan interesa duten pertsonei zuzentzen zaie.

Izen-emateari buruzko informazioa EHUko Garapenerako Lankidetzarako webgunean aurkituko duzue eta ikastaroari buruzko beste hainbat xehetasun aurkitu ditzakezue  2017/18ko ikastaro monografikoen barruan “Talleres prácticos en cooperación al desarrollo”” izenburuarekin agertzen den orrian.

Izen-ematea (on line)

Han pasado casi 10 años desde el estallido de la crisis financiera, y creemos que éste es un buen momento para reflexionar sobre qué hemos aprendido y qué ha cambiado – si es que lo ha hecho – en la manera de enseñar y de aprender economía. Os queremos pues invitar al debate sobre el modelo de educación económica actual, con el que abriremos estas jornadas estatales. Además, desde hace algunos años han emergido diversas experiencias, propuestasy recursos educativos que nos demuestran que no sólo es posible otra economía (justa, social y solidaria) sino que también lo es enseñarla. Este encuentro estatal pretende conectar, visibilizar y reforzar otras maneras de enseñar economía a los y las jóvenes, que esperamos sean de vuestro interés.

Objetivos

• Fomentar el debate sobre el modelo actual de educación económica, reflexionando sobre los enfoques y las metodologías predominantes en las aulas
   
• Plantear alternativas para una educación económica crítica y plural
   
• Visibilizar y compartir experiencias y recursos educativos para el impulso de las finanzas éticas en el aula
   
• Impulsar un espacio de encuentro entre profesorado y entidades interesadas en trabajar las finanzas éticas en el aula

¿A quién nos dirigimos?

• Profesorado de Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y Universidades
   
• Entidades de finanzas éticas
   
• Entidades educativas
   
• Entidades de la economía social y solidaria

Comparte tu experiencia

Queremos publicar un dosier de experiencias en el que se recojan los diferentes recursos y propuestas para impulsar las finanzas éticas en las aulas. Será el punto de partida del espacio de encuentro que tendrá lugar el sábado 21, durante el cual reflexionaremos sobre los retos de futuro, los obstáculos y las necesidades para construir una red participativa de profesorado y entidades.  Si conoces o has llevado a cabo alguna experiencia educativa en finanzas éticas que consideres interesante por cuestiones de contenido, metodología o el interés mostrado por los y las estudiantes, agradeceremos mucho que nos la compartas. Rellena la Ficha de experiencias antes del 8 de abril. ¡Muchas gracias!

Programa

Inscripciones- Hasta el 4 de abril

Marina zerbitzari gazte bat da, eta abeslaria izan nahi du; Orlando, berriz, inprimategi baten jabea da. Biak etorkizuna elkarrekin bizitzeko planak egiten ari dira. Orlando bat-batean hiltzen denean, Marinak aurre egin beharko dio Orlandoren familiari eta gizarteari, benetan zer den erakusteko: emakume konplexua, indartsua, zintzoa… zoragarria.

Chile/España 2017
104 minutu

Globalizazioaz asko hitz egin eta idatzi da. 28. #MgE Dosierrak gai horren oinarrizko alderdi bat aztertu du: alegia, nolabait zuzentzen eta gobernatzen ari diren eta, hala izatekotan, zeintzuk diren hori egiten ari izan daitezkeen edo hori egin nahi duten eragileak. Dosierra gaztelaniaz eta euskaraz dago.

Globalizazioaren gobernua izeneko dosierrean eduki askotariko testuak bildu dira, baina guztiak ez datoz bat. Izan ere, gai kolektiboen gobernantzaren arazoa jorratzeko dagoen ikuspegi aniztasuna islatzen dute. Modu berean, analisirako hainbat ikuspuntu daude eta, ondorioz, erraz egiaztatu daiteke kezka anitz daudela, bai eta arazo berak oso zabalak direla ere.

MgE dosierrak ekonomia-jardueraren dimentsio sozial nagusiei buruzko analisirako, hausnarketarako eta eztabaidarako proposamen bat dira. Hiru hiletik behin argitaratzen dira, eta zenbaki bakoitzak gai monografiko bat lantzen du, diziplinartekoak izan nahi duten hainbat kolaborazio barnean hartuta.

Itxura denez, globalizazioa ez da kontrolik gabeko prozesu anarkiko bat, ez bere osotasunean, behintzat; zenbait eragilek bera zuzentzen ahalegintzen ari dira. Nazioarteko erakundeak, estatuak, enpresak, GGKE-ak… Zer rol dauka horietako bakoitzak? 

Galdera hori erantzuten saiatuko dira martxoaren 1ean egongo den mahai inguruan, arratsaldeko 18:30etan Ekonomisten Euskal Elkargoaren egoitzan (Rodríguez Arias Kalea 4, Bilbo).

José Ángel Moreno (Mugarik Gabeko Ekonomialariak)
Jose Ramón Mariño (ATTAC)
Júlia Martí (OMAL)

Mintegi hau sozializatzeko eta eztabaidarako gunea da; ekonomia egiteko, bizitza antolatzeko, natura eta lurraldearekin harremanak izateko, eta sarean lan egiteko alternatibetaz aritzeko. Bestelako aukerak eraikitzeko orduan guztiok hartu behar dugu parte. Hori dela eta, mintegia irekita dago eragile sozialak, publikoak, pribatuak eta unibertsitateentzat. ALBOAN eta LANKI erakundeok, COMPARTE sarearekin batera, antolatzen dugu. COMPARTE Latinoamerikako 9 herrialdetako 15 gizarte-erakundek eta ALBOANek osatua dago, eta ezagutzak, ikaskuntzak eta praktikak partekatu nahi ditu, garapen iraunkorreko aukerak sortzen laguntzeko.

Izen-ematea martxoaren 2a (ostirala) baino lehen: egin klik lotura honetan.

https://alboan.civi-go.net/civicrm/event/info?reset=1&id=25

La aprobación, tres años después de su primer borrador, del nuevo Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, es un paso positivo pero claramente insuficiente para evitar que se produzcan vulneraciones sobre los Derechos Humanos.

Así lo han señalado hoy organizaciones como el Observatorio de RSC, Amnistía Internacional, la Coordinadora de ONG por el Desarrollo, Enlázate por la Justicia, Greenpeace, Coordinadora Estatal de Comercio Justo y la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos que han mostrado además su disconformidad con la opacidad y ausencia de participación en la fase de relanzamiento del Plan.

“El propósito y la finalidad principal de un Plan de Acción no debe ser exclusivamente la sensibilización o el fortalecimiento de la ventaja competitiva de las empresas españolas sino prevenir, minimizar, y abordar los potenciales abusos de derechos humanos cometidos por las empresas españolas y reforzar los mecanismos sancionatorios y de reparación para las víctimas de estos abusos”, ha declarado el representante de las organizaciones firmantes.

“Este Plan debería contener medidas concretas para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional en materia de derechos humanos”, añade.

Las organizaciones lamentan además que el Plan de Acción desaproveche la oportunidad de clarificar conceptos y de promover medidas que establezcan ciertas obligaciones para las empresas, a pesar de que, por ejemplo, el concepto de debida diligencia aparece recogido varias veces a lo largo del texto, pero siempre en referencia a cuestiones que descansan en la voluntariedad y no en medidas normativas o de carácter obligatorio.

Otra de los temas cuya ausencia destaca en el Plan de Acción es la referida a la aplicación extraterritorial de las obligaciones del Estado en relación con los derechos humanos, el texto se limita únicamente a declarar que “el Estado espera de las empresas españolas, en España y en el extranjero, un comportamiento conforme con su responsabilidad de respetar los derechos humanos”.

Asimismo, son muy pocas las medidas que establecen un periodo de realización determinado o que de manera específica apuntan cómo se conseguirá el objetivo indicado así como el órgano u órganos encargados o las personas o grupos a los que se dirigirá de manera efectiva la medida.

Igualmente preocupante resulta el hecho de que no se establezca asignación presupuestaria propia para el desarrollo de las medidas establecidas en el plan puede suponer una seria dificultad para la consecución de dichas medidas.

Un pequeño paso adelante

Sin embargo, las organizaciones firmantes valoran positivamente la estrategia de revisión y de supervisión del propio Plan de Acción, que establece, entre otras cosas, que la duración de éste será de 3 años y que cumplidos dos años desde la aprobación del Plan, la Comisión de Seguimiento que se creará con el fin de supervisar el funcionamiento del mismo llevará a cabo una evaluación de su impacto en relación con la prevención, mitigación y remedio de las posibles vulneraciones de derechos humanos. Asimismo, asegura que, a partir de esa evaluación, la propia Comisión impulsará la redacción de una versión actualizada del Plan que deberá estar lista antes de transcurridos los tres años de duración del mismo.

“A pesar de todo, es necesario que se establezcan formalmente los cauces adecuados para que los diversos actores afectados –representantes de la sociedad civil, empresas, sindicatos universidades, etc.– tal como expresamente prevé el Plan de Acción, puedan participar directamente en el proceso de evaluación y hacer contribuciones al mismo”, recuerdan las organizaciones.

Más información

Tras la adopción en 2011 de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la Comisión Europea lanzó una petición a todos los Estados Miembro para la introducción de medidas que implementasen a nivel nacional estos principios. Asimismo, en los últimos años varios organismos tanto de Naciones Unidas, del Consejo de Europa o de la OCDE han emitido recomendaciones a los Estados orientadas a la necesidad de mejora de la rendición de cuentas y el acceso a la reparación para las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas así como al establecimiento de medidas concretas para que estas respeten de manera efectiva los derechos humanos tanto dentro como fuera de su territorio nacional.

Las organizaciones han recordado al Gobierno español que la creación de este Plan no es suficiente, ya que debería tomar una serie de medidas. Entre otras, la de revisar el Plan de Acción en el plazo de un año, aprobar un proyecto de ley que contenga obligaciones detalladas en materia de respeto de derechos humanos que ostentan las empresas domiciliadas en territorio español, en el marco de sus operaciones en España y en terceros países. Para ello deberá realizar un diagnóstico sobre las políticas, legislación e instrumentos existentes y su coherencia con los Principios Rectores y proponer las reformas necesarias, medida incluida en versiones anteriores del Plan.

Camper, Prada y Birkenstock están entre las marcas objetivo de una petición online

Para una gran parte del sector de la moda, divulgar datos sobre las cadenas de suministro es algo incómodo. Muchas de las empresas continúan escondiendo sus prácticas comerciales aunque proclaman que poseen altos estándares y mecanismos de garantía de Responsabilidad Social. Ha llegado la hora de que esa información sea pública y la responsabilidad efectiva.

La iniciativa impulsada por la Campaña Ropa Limpia Cambia Tus Zapatos está promoviendo una petición online para exigir a las marcas globales que publiquen los nombres y las direcciones de todos sus proveedores, se alejen del uso de productos químicos peligrosos y garanticen condiciones de trabajo justas y seguras para las personas que hacen sus zapatos.

Estas marcas tienen todavía camino que recorrer hasta la transparencia según el informe de Cambia Tus Zapatos ‘Derechos laborales pisoteados’. En el caso de Camper, que no colaboró con ese estudio el 2015 y no publicaba en ese momento ninguna información respecto a su responsabilidad de respetar los derechos humanos,  la campaña ya ha conseguido que dé los primeros pasos y publique una lista con sus principales proveedores y otra con las sustancias peligrosas que se manipulan en la producción.  Una prueba más de que la presión pública funciona. Sin embargo, Cambia Tus Zapatos continúa presionando a Camper para que cumpla con el total de las demandas de la petición y sigue a la espera de recibir respuesta por parte de la empresa a estas cuestiones.

Camper sigue ocultando un porcentaje de sus fábricas, seguramente las que menos escrutinio reciben por parte de la marca,  así como los talleres y el personal a domicilio subcontratados por las fábricas. Tampoco informa sobre los progresos realizados en el abandono de productos químicos peligrosos utilizados en el curtido del cuero sobretodo, como el Cromo, que figuran en su lista. Por último, falta también que rindan cuentas sobre sus actuaciones para garantizar el respeto de todas las normas de salud y seguridad, así como de otros derechos humanos como los salarios dignos y la libertad de asociación, a base de publicar los resultados de las auditorías a sus proveedores y las medidas correctivas que Camper haya impulsado en consecuencia.

La transparencia es una poderosa herramienta para promover que las empresas del sector rindan cuentas acerca de los derechos laborales en las cadenas de suministro globales. “Si sabemos qué marcas están comprando en las fábricas, podemos responsabilizar y alertar a las marcas sobre los problemas relacionados con los derechos laborales u otras vulneraciones en sus fábricas proveedoras. Al mismo tiempo los trabajadores y las trabajadoras estarán mejor preparadas para plantear preocupaciones sobre los salarios y la seguridad en las fábricas a las marcas y reclamar indemnizaciones cuando sea necesario” declara Eva Kreisler, coordinadora de la Campaña Ropa Limpia.

Foto de GMB Akash

Los productos se distribuirán entre las 40 familias que utilizarán el servicio

La Fundación Gizakia Herritar ha presentado el proyecto “Despensa Solidaria”, que ofrecerá tres días por semana cestas básicas a los usuarios, quienes tendrán la posibilidad de confeccionar su propia cesta de forma “proporcionada”.

En rueda de prensa, el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha valorado que “Despensa Solidaria” marca “una línea muy notable de innovación social” en lo que es “la distribución de alimentos hacia los sectores necesitados”.

Por su parte, el presidente de la fundación, Patxi Lasa, ha explicado que dos nutricionistas asesorarán en el contenido de las cestas ya que hay “unidades familiares con niños de pocos meses” y “unidades con niños que casi son adolescentes”.

Las familias elegirán sus productos en “una negociación pactada”, es decir, que se distribuirán los productos entre las 40 unidades familiares que utilizarán el servicio.

“La posibilidad de elección de las familias va a ser bastante superior a la que era antes, pero siempre dentro de ese encuadre, asesorado por las dietistas y la valoración que se haga de esa unidad familiar”, ha remarcado Lasa.

La responsable del recurso Cesta Básica, Dori Iriarte, ha señalado que la idea del proyecto surge de “la necesidad de que el reparto que hacíamos tenía que ser de otra manera”.

“Hasta ahora se presentaba un pack de cesta básica y se entregaba, pero ni las familias tenían capacidad de elegir los productos que se querían llevar ni la atención que podíamos realizar era individualizada”, ha sostenido.

Ha destacado que desde el año 2012 han repartido 2.795 cestas básicas a 210 familias diferentes y han llegado a más 800 personas beneficiadas, de las que un 62 por ciento eran menores.

La coordinadora de proyectos del París 365, Eliana Alemán, ha presentado el local, ubicado en el Paseo de Anelier, que ofrecerá el servicio, y que pretende ser “otro modelo de reparto de alimentos del que ya veníamos haciendo”.

“La idea es normalizar un poco más el reparto de alimentos, dar un margen a las personas para que puedan confeccionar su cesta básica en función de sus prioridades, hábitos nutricionales y las cantidades que necesitan”, ha incidido Alemán.

Ha destacado que los usuarios pagarán dos euros al mes y podrán acceder al servicio los lunes, miércoles y viernes de 9.30 a 13.30 horas, ya que antes el reparto se daba cada quince días y se pagaba un euro.

El hecho de que acudan “semanalmente”, ha sostenido Alemán, permite que “los productos frescos o próximos a caducar se puedan llevar en el momento y las familias puedan tener productos de más calidad” y “que no haya aglomeraciones”.

La coordinadora ha explicado que con el nuevo local se pretende también que “voluntarios y familias tengan un espacio de relación y lo asuman como propio” así como “generar un espacio educativo”.

“Se va a complementar con cursos en alimentación saludable o aprovechamiento de los productos de la huerta navarra y que sea un espacio de economía solidaria para generar un circuito de solidaridad”, ha remarcado.

Alemán ha incidido en el papel de las entidades que aportan sus donaciones como las Huertas Solidarias Sangüesinas, la Asociación Solidaria Gabarderal, la Ikastola Paz de Ziganda y los Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra, entre otros.

Por Carlos Askunze de Reas Euskadi en publicación sobre Economía Solidaria y Derechos Humanos

Es un hecho constatable que, especialmente en los últimos años y al albur de las consecuencias de la crisis multidimensional del sistema capitalista, la economía social y solidaria (ESS) ha ido adquiriendo un mayor protagonismo público. La proliferación de diversas iniciativas alternativas, el crecimiento de las redes de economía solidaria y su reconocimiento como movimiento social,

la intervención cada vez más significativa en sectores estratégicos y vedados históricamente a estas prácticas (finanzas, energías, comunicación…), el incremento del interés académico y universitario en estas temáticas, así como el mostrado por parte de organizaciones sociales y políticas, son ejemplos que muestran la actualidad de la ESS.

Este hecho no se explicaría sin el crecimiento de la indignación que el capitalismo está generando en sectores amplios de la ciudadanía, así como en la autoorganización de cada vez más personas que impulsan cotidiana y colectivamente propuestas alternativas. Pero no hay que olvidar que otros factores han influido en esta realidad, entre los que cabe citar el crecimiento como movimiento sociopolítico y económico de estas experiencias en América Latina, así como su institucionalización y regulación legislativa en varios países que tratan de impulsar propuestas alternativas al neoliberalismo, el creciente reconocimiento social e institucional de esta realidad emergente en diferentes países europeos, su inclusión en las agendas políticas del ciclo de movilización altermundista y del Foro Social Mundial y, especialmente en nuestros entornos, el trabajo que vienen desarrollando desde hace más de dos décadas REAS-Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria.

Pero con ser cierto este protagonismo, es evidente que nos encontramos también en una coyuntura que suele denominarse políticamente como una «ventana de oportunidad» para el impulso de propuestas novedosas, innovadoras y alternativas, en este caso en la esfera económica. Es decir, la ESS ha crecido en nuestro entorno en visibilidad y en impacto, pero es muchísimo mayor el potencial que encierran sus propuestas: la ESS sigue siendo una visión y una práctica todavía insuficientemente extendida.

Cabe, por tanto, identificar aquellos retos que aparecen como indispensables para desplegar el potencial de crecimiento de la ESS que, resumidamente, podríamos agrupar en dos ámbitos prioritarios: fortalecer el movimiento de la ESS como sujeto político-económico y crecer en agregación ciudadana comprometida con nuevas formas de hacer y practicar economía.

En primer lugar es necesario fortalecer el movimiento social de la ESS como sujeto capaz de formular y desarrollar propuestas políticas, así como un sector que crezca en impacto económico. Enfrentar esta doble dimensión implica, al menos:

• Construir discurso y conocimiento al servicio de las prácticas alternativas de la ESS, tejiendo alianzas con ámbitos dedicados a la investigación, así como con las corrientes de economías críticas como la feminista y la ecológica.
  
• Fortalecer el trabajo en red a todos los niveles (local, nacional, estatal e internacional) priorizando la construcción de sujeto político de referencia.
  
• Desarrollar propuestas de políticas públicas que transformen la economía, interlocutando para ello con otros agentes y movimientos económicos, sociales y políticos.
  
• Promover la intercooperación como herramienta eficaz para el crecimiento y sostenimiento de iniciativas a menudo fragilizadas, especialmente relacionando las iniciativas en los diferentes ámbitos del ciclo económico (finanzas, producción, comercio y consumo).
  
• Impulsar espacios para el impulso del emprendimiento colectivo en ESS, fomentando la creación y/o reconversión de iniciativas económicas.

El potencial de crecimiento de la ESS radica también en la capacidad del movimiento de agregar a un mayor número de ciudadanos y ciudadanas que apoyen activa y conscientemente la construcción de espacios económicos alternativos, bien con sus recursos, con su militancia o con su trabajo. Especialmente cabe destacar en este sentido cuatro retos:

• Dedicar mayores recursos a iniciativas educativas, de sensibilización ciudadana y comunicación que permitan incorporar a nuevos sectores de la población a las iniciativas de la ESS.
  
• Impulsar la agregación ciudadana a través de propuestas de consumo crítico, consciente y transformador en espacios cooperativos (finanzas éticas, energías alternativas, alimentación, comunicación, etc.)
  
• Construir redes de mercado social de ESS, donde se genere una comunidad de organizaciones y de ciudadanía capaz de autogestionarse la producción y consumo de cada vez más servicios y productos desconectados del mercado capitalista.
  
• Desarrollar formas asociativas alternativas de intercambio y relación comercial (monedas sociales, bancos del tiempo, trueque, etc.).

Asumir estos retos y darles respuesta desde la inteligencia colectiva y el trabajo cooperativo es la tarea principal que tiene el movimiento de la ESS si quiere aprovechar las oportunidades que ofrece la coyuntura actual para impulsar el crecimiento de su impacto político y económico. No olvidemos que con ello podemos contribuir significativamente a la construcción de una economía más justa y solidaria que ponga en su centro la sostenibilidad de una vida digna y feliz para todas las personas.

La Unión Europea está comprometida, según el artículo 3.5 del Tratado de Lisboa, con la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos en sus relaciones con el resto del mundo.

Estas relaciones pasan por la ayuda oficial al desarrollo y por las políticas comerciales, y no siempre hay coherencia entre estos dos elementos. Los lugares de trabajo que fomenta el libre comercio en los países más empobrecidos, como vemos en los sectores del textil y el calzado, muy a menudo no cumplen con los convenios fundamentales internacionales en materia de derechos humanos y laborales.

En el contexto del Año Europeo para el Desarrollo 2015 la campaña europea Cambia Tus Zapatos está organizando un total de 12 People’s Meetings que están teniendo lugar en diferentes ciudades europeas para que la ciudadanía pueda discutir y elevar sus opiniones sobre estas cuestiones. Concretamente queremos discutir:

¿Cómo pueden mejorarse las políticas de desarrollo y comercio de la UE para apoyar los valores y principios de la UE respecto a la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos y laborales?

¿Qué información necesitamos para jugar un papel positivo como consumidores/as y ciudadanos/as?

El evento cuenta con la colaboración de la Universidad Pública de Navarra y se celebrará en el Campus de Arrosadia, Edificio El Sario, Aula 04, el 16 de diciembre a de 9h a 14:30h.

Para ayudarnos a esta reflexión, contaremos con el input de Tom Kucharz de Ecologistas en Acción, Ana Etchenique de la Confederación de Consumidores y Usuarios, y Beatriz Plaza del Observatorio de Multinacionales en América Latina, entre otras personas del ámbito político, académico y empresarial. Podéis ver el programa completo aquí.

A partir de las discusiones de este y los otros 11 People’s Meetings, la campaña elaborará un único informe de orientación política que presentaremos a las instituciones europeas en Bruselas para contribuir a la agenda de desarrollo post-2015.

¡El evento está abierto al público y os animamos a participar!

Por Jordi García Jane en el prólogo de la publicación “Economía Solidaria y Derechos Humanos”

Vincular la economía solidaria con un enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos, tal como se propone este trabajo, es una tarea importante para la propia economía solidaria, en una coyuntura de fuertes oportunidades para crecer como la que está viviendo.

El enfoque basado en los derechos humanos es inherente a la economía solidaria, pero hacer emerger lo implícito contribuirá a dotar de mayor coherencia, aun, a sus prácticas y a mejorar su capacidad de influencia en la sociedad y en las políticas públicas.

El enfoque de derechos cuestiona radicalmente la desigualdad entre las personas, bien sea por su clase, por su género o por su etnia, por citar tres de las principales fuentes de desigualdad en la distribución de los trabajos y de los recursos económicos y políticos en nuestras sociedades. Promover dicho enfoque supone reivindicar el papel de las políticas públicas para garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos, unas políticas que, además, deben ser diseñadas y ejecutadas, no sobre los sujetos, sino con ellos.

Por consiguiente, el enfoque de derechos consiste en orientar la acción pública hacia cubrir las necesidades de todas las personas (alimentación, vivienda, sanidad, educación y movilidad, pero también participación, comunidad y ocio), y consiste también en promover la implicación de los mismos sujetos en dichos procesos para que se apropien de sus derechos y, en el proceso, aprendan, se empoderen y se vuelvan mejores personas.

Pues bien, de todo eso trata también la economía solidaria, o la economía social y solidaria, como prefiero adjetivarla. Porque la economía social y solidaria es, precisamente, autoorganización de la ciudadanía para resolver sus necesidades mediante iniciativas económicas regidas por los valores de cooperación, democracia, igualdad, solidaridad y sostenibilidad; unas iniciativas que se construyen combinando los diversos principios económicos: el mercado, la reciprocidad, la redistribución, la planificación y la autarquía o autosuficiencia.

Hoy en día, la economía social y solidaria se ha ido consolidando en todas las regiones del mundo, desde que, en su versión actual, empezara a desarrollarse en las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado como una reacción a la fase actual del capitalismo que padecemos, la neoliberal.

Para ceñirnos a las prácticas de economía social y solidaria que se asientan en los distintos pueblos que conforman hoy el Estado español, podemos afirmar que ya existen multitud de iniciativas de este género que abarcan todas las fases del ciclo económico. Tenemos prácticas de economía social y solidaria en la producción agraria, industrial y de servicios, en la comercialización, en el consumo, en el crédito, en la moneda, en la distribución del excedente, en la gestión de los recursos; son las miles de iniciativas de trabajo cooperativo, comercialización justa, consumo responsable, finanzas éticas, monedas comunitarias, distribución solidaria o de los comunes.

Especialmente en estos años de crisis, desde 2008, la economía social y solidaria está siendo una gran fuente de innovación. No es casualidad, sus propias características la llevan a innovar. Porque la economía solidaria surge del contacto directo con las necesidades de la gente y es obra de la misma gente; porque la economía solidaria es voluntad de crear, iniciativa, participación y cooperación, cuatro ingredientes imprescindibles para que nazca la innovación.

Es por ello que, en estos últimos años, asistimos a una expansión de los espacios de economía social y solidaria. Ya no son sólo las cooperativas de trabajo, las empresas de inserción o las finanzas éticas, sino que se les añaden, por ejemplo, los bancos de tiempo, las monedas sociales y los huertos comunitarios.

La economía social y solidaria está aportando nuevas soluciones en educación con los grupos de crianza compartida y las escuelas libres; en agricultura con los huertos comunitarios urbanos y las empresas de agricultura social; en el mundo rural con los bancos de tierras y la recuperación de pueblos abandonados; en alimentación saludable con las innumerables variedades de cooperativas y grupos de consumo agroecológico; en sectores estratégicos como la energía con Som Energia y Goiener, como las telecomunicaciones, con Eticom, o como los medios de comunicación con La Marea, Alternativas Económicas o Crític; en los canales de distribución y sensibilización con las ferias de economía solidaria y los mapas de consumo responsable y de economía solidaria como el Pam a Pam; o en la recuperación de equipamientos culturales como el Teatro de Barrio en Madrid o los cines Zoco en Majadahonda y Cineciutat en Palma de Mallorca.

Esta extraordinaria riqueza aparece en el estudio que presentamos, tanto cuando se habla de la presencia de la economía social y solidaria en los distintos sectores económicos, como cuando se repasa el panorama de ésta en los distintos territorios.

La economía social y solidaria vive un período de ebullición. Ya no es algo marginal, ni tampoco simple economía de supervivencia. Empieza a acumular la suficiente experiencia y masa crítica para ensayar cómo cambiar de escala y pasar del nivel micro (el emprendimiento solidario) al nivel meso (su articulación municipal o comarcal), para presionar sobre los gobiernos a fin de que implanten políticas públicas que la desarrollen, para movilizarse por otras reglas de juego junto con los demás movimientos sociales emancipadores, para entrar en diálogo fecundo con las otras economías críticas (feminista, ecologista, humanista, marxista, libertaria) y construir entre todas un nuevo imaginario, un nuevo paradigma económico alternativo al patriarcal-capitalista-productivista.

Sin duda, esa acumulación de experiencias y de masa crítica la necesitará, la necesitaremos, para enfrentarnos con éxito al aumento de las privatizaciones y las desregulaciones, es decir, al robo y la desposesión ejercidas sin tregua por las élites económicas y financieras, armadas con las políticas neoliberales de la troika y, si no lo evitamos, muy pronto también con el TTIP; pero también para afrontar las amenazas cada día más visibles del cambio climático y el fin de los recursos fósiles. Quienes dirigen, más o menos, esa máquina de dolor y destrucción que llamamos, por simplificar, capitalismo siguen envalentonados, la codicia les ciega y eso les hace todavía más peligrosos. Las mujeres y los hombres que encarnamos la economía social y solidaria debemos unir nuestros esfuerzos con el resto de personas conscientes para pararlos y parar la máquina, al mismo tiempo que vamos construyendo ya desde abajo el mundo distinto que anhelamos.

Balún Canán (Tienda del comercio Justo de Tudela), el Grupo de Trabajo de Solidaridad con el Pueblo Palestino, Mundubat, y un buen numero de entidades colaboradoras, han organizado las actividades que podéis encontrar en el cartel adjunto para el mes de Noviembre.

Hay dos charlas, dos proyecciones, una concentración y una exposición de fotos que estará todo el mes de Noviembre en seis puntos diferentes, Letras a la Taza, Amadeus, Burcon, De Risa y de Oro, Yin y Centro Cívico de La Rúa.

Crowdfunding en apoyo a personas defensoras de DDHH del Pueblo Saharaui.

Colabora y difunde.

[CAST] «FLORES DEL SÁHARA»
Equipos audiovisuales para visibilizar las vulneraciones de derechos humanos en el Sahara

http://goteo.cc/sahara

La campaña «FLORES DEL SÁHARA» generará herramientas e información veraz sobre las sucesivas y diversas vulneraciones de derechos humanos (DDHH) contra el pueblo Saharaui.

El Sáhara Occidental ha sufrido durante los últimos cuarenta años la ilegal y brutal ocupación del Reino de Marruecos, quien viola sistemáticamente derechos fundamentales de la población saharaui. Una ocupación que contraviene la legalidad internacional e innumerables resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La ONU reconoce el Derecho de Autodeterminación del Pueblo Saharaui.

La campaña «FLORES DEL SÁHARA» está impulsada por MUNDUBAT en coordinación con la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) y otras organizaciones que apoyan a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

El objetivo de la Campaña consiste en apoyar a las Personas Defensoras de los DDHH Saharauis con videocámaras y distintas herramientas tecnológicas. Estos equipos facilitarán la documentación ágil de las sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos. Además servirán para contar la memoria histórica de las cuatro generaciones de mujeres y hombres del Pueblo Saharaui durante los 40 años de expulsión y ocupación de sus territorios.

[EUS] «SAHARAKO LOREAK»
[#SAHARAkoLOREAK] Giza eskubideen defendatzaileei bideo-kameren eta grabazio-ekipamenduaren bidez laguntzea

https://goteo.org/project/flores-del-sahara?lang=eu

«SAHARAKO LOREAK» kanpainan, Saharako Herriaren giza eskubideen (GGEE) era guztietako urraketa etengabeei buruzko benetako informazioa eta tresnak sortuko dira.

Azken berrogei urteotan, Mendebaldeko Saharan, Marokoko Erresumako legez kanpoko okupazio ankerra izan da nagusi, eta, bertan, Saharako Herriaren oinarrizko eskubideak urratzen dira etengabe. Okupazio hori, gainera, nazioarteko legezkotasunaren eta Nazio Batuetako Segurtasun Kontseiluaren nahiz Batzar Nagusiaren ezin konta ahala ebazpenen aurkakoa ere bada. NBEk Saharako Herriaren Autodeterminaziorako Eskubidea aitortzen du.

«SAHARAKO LOREAK» kanpaina MUNDUBATek bultzatu du Saharako Preso eta Desagertuen Senideen Elkartearen (AFAPREDESA) eta Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoari (SEAD) laguntzen dioten beste erakunde batzuen koordinaziopean.

Kanpainak Saharako giza eskubideen defendatzaileei lagundu nahi die bideo-kameren eta zenbait tresna teknologikoren bidez. Ekipamendu horiei esker, hain zuzen ere, giza eskubideen urraketa etengabeak dokumentatu ahal izango dituzte arinago. Gainera, Saharako Herriko emakume eta gizonen lau belaunaldiren oroimen historikoa ere azaldu ahal izango dute 40 urteko kanporaketan eta okupazioan.

[CAT] «FLORS DEL SÀHARA»
[#FLORSdelSÀHARA] Equips audiovisuals per visibilitzar les vulneracions de drets humans al Sàhara

http://goteo.org/project/flores-del-sahara?lang=ca

La campanya «FLORS DEL SÀHARA» generarà eines i informació veraç sobre les successives i diverses vulneracions de drets humans (DDHH) contra el poble Sahrauí.

El Sàhara Occidental ha patit durant els últims quaranta anys la il·legal i brutal ocupació del Regne del Marroc, qui viola sistemàticament drets fonamentals de la població sahrauí. Una ocupació que contravé la legalitat internacional i innombrables resolucions de l’Assemblea General i del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. L’ONU reconeix el Dret d’Autodeterminació del Poble Sahrauí.

La campanya «FLORS DEL SÀHARA» està impulsada per Mundubat en coordinació amb l’Associació de Familiars de Presos i Desapareguts Sahrauís (AFAPREDESA) i altres organitzacions que donen suport a la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD).

L’objectiu de la campanya consisteix a donar suport a les Persones Defensores dels Drets Humans Sahrauís amb càmeres de vídeo i diferents eines tecnològiques. Aquests equips han de facilitar la documentació àgil de les sistemàtiques violacions dels drets humans. A més serviran per explicar la memòria històrica de les quatre generacions de dones i homes del Poble Sahrauí durant els 40 anys d’expulsió i ocupació dels seus territoris.

[ENG] «FLOWERS OF SÁHARA»
[#FlowersofSahara] Help to the defenders of human rights with video cameras and recording equipment

https://goteo.org/project/flores-del-sahara?lang=en

The campaign «FLORES DEL SÁHARA» will generate awareness about the successive and diverse human rights violations against the Saharan people.
During the last 40 years, the Western Sahara has suffered an illegal and brutal occupation under the King of Morocco, who has systematically violated the Saharan people’s basic human rights. This occupation contravenes international law along with innumerable resolutions from both the General Assembly and the Security Council of the United Nations.

The campaign «FLORES DEL SÁHARA» was created by MUNDUBAT in coordination with the Association of Relatives of Lost and Missing Saharans (AFAPREDESA) and other organizations that assist the Sahrawi Arab Democratic Republic.

The objective of this campaign is to help the defenders of human rights in the Sahara with video cameras and other technological assets. This equipment will facilitate the documentation of systematic human rights violations. Further, it will serve to record the memory of four generations of Saharan women and men who lived during the 40 years of exile and occupation of their territories.

COLABORA  EN DIFUSIÓN

TUITEOS DE EJEMPLO (valido para Whatsapp)

#FLORESdelSAHARA – Apoya a las personas defensoras de los DDHH en el Sáhara. https://goteo.org/project/flores-del-sahara?lang=es
—
#SAHARAkoLOREAK – Saharako herriaren giza eskubideen defendatzaileak lagundu ditzagun! https://goteo.org/project/flores-del-sahara?lang=eu
—
#FLOWERSofSAHARA – Supporting human rights defenders of the Saharawi people! https://goteo.org/project/flores-del-sahara?lang=en
—
#FLORSdelSÀHARA – Dóna suport a les Persones Defensores dels Drets Humans Sahrauís
http://goteo.org/project/flores-del-sahara?lang=ca

RECURSOS Y AUTOFOTOS (SELFIES) DE APOYO A LA CAMPAÑA

https://goteo.org/project/flores-del-sahara/updates/5873

– – –

NOTAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA, FINANZAS ÉTICAS, CULTURA LIBRE Y SOFTWARE LIBRE:
El colectivo promotor de esta campaña, Mundubat, pertenece a REAS Euskadi y Reas Navarra. Esta campaña se desarrolla en una plataforma de Conocimiento abierto y finanzas éticas y transparentes como goteo; los principales contenidos e interacciones se desarrollan en sistemas operativos y programas de Software Libre y los contenidos y recursos se liberan con licencias Libres.

El Observatorio DESC, la Xarxa de Economía Solidaria (XES) y la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) presentan una publicación online interactiva que vincula los derechos humanos, económicos, sociales y culturales con distintas experiencias de economía social y solidaria en el territorio español:

economiayderechos.observatoridesc.org

La web permite navegar recorriendo dos itinerarios. Por un lado, uno para descubrir el sector de la Economía Social y Solidaria (ESS) a través de una treintena de artículos que abordan la relación de este sistema económico con los derechos humanos y su presencia en sectores diversos como la vivienda, alimentación, energía, cultura o las finanzas, así como su desarrollo en el territorio español e internacional y los retos a los que enfrenta. Por otro lado, se puede navegar por un catálogo de 115 experiencias -cooperativas, asociaciones e iniciativas informales- que se pueden filtrar por derecho, sector o territorio, haciendo aflorar relaciones existentes pero poco conocidas.

El enfoque de derechos implica un cambio radical de valores y prácticas, equiparable al que plantea la ESS, que aborda la economía desde un punto opuesto al actual. Por lo tanto, el enfoque de derechos y la ESS no son más que dos caras de la misma moneda. Un modelo de economía no puede definirse como social y solidario sin tener en cuenta los derechos humanos, al mismo tiempo que los derechos humanos no pueden concebir una economía sin que sea social y solidaria. En consecuencia, incorporar el enfoque de derechos no es más que ser conscientes de esta interrelación e intentar potenciarla.

Este proyecto ha sido posible gracias a la participación de más una treintena de expertas, además de un incalculable grupo de colaboradoras -coordinadoras, delegadas territoriales, evaluadoras, proveedoras, cooperativistas, miembros de redes, trabajadoras, activistas…- que han compartido su experiencia y aprendizaje, en algunos casos fruto de años de trabajo, y en otros, de la frescura e ilusión del comienzo.

1. Democracia, solidaridad, respeto por la dignidad humana

Existe una estrecha vinculación entre los principios que guían la economía social y solidaria (ESS) y los derechos humanos. El enfoque de derechos implica un cambio radical de valores y prácticas, equiparable al que plantea la ESS, que aborda la economía desde un punto opuesto al actual. No son más que dos caras de la misma moneda. Un modelo de economía no puede definirse como social y solidario sin tener en cuenta los derechos humanos, al mismo tiempo que los derechos humanos no pueden concebir una economía sin que sea social y solidaria.

Los dos ámbitos comparten valores, ideales y prácticas. En primer lugar, encontramos la democracia como lugar común. Entendida como un sistema de gestión comunitario, de respeto y de toma de decisiones, atraviesa la ESS en toda su amplitud, mientras que el respeto por los derechos humanos parte indiscutiblemente de la democracia como premisa.

Otros de los valores que se comparten son la cooperación, el compromiso, el apoyo mutuo, la equidad o la solidaridad. Todos ellos se ponen en práctica por medio de las actividades diarias de la ESS, así como en la manera de concebir y gestionar la propia economía. La ESS se basa en el bienestar de las personas y su entorno, en lugar de la acumulación de riqueza. Se promueve además un consumo responsable y una repartición equitativa de los beneficios. Los derechos humanos, por su parte, son el medio básico por el cual las personas podemos desarrollarnos en libertad y dignidad. La realización de los derechos está presente en cada aspecto cotidiano de nuestras vidas.

Todos estos valores y prácticas abordan desde una perspectiva interesante la dignidad humana, epicentro de los derechos humanos y punto central de conexión entre éstos y la ESS.

2. Ferias como espacios y herramientas de visibilidad

Los derechos humanos y la ESS se encuentran también en espacios físicos como jornadas, ferias y congresos. Si nos maravilla la creciente afluencia y participación en la Feria de Economía Solidaria de Catalunya (FESC) cada año -este octubre celebraremos la IV edición-, cuando abrimos los ojos al resto del estado también vemos una extensa trayectoria, como los ejemplos de Idearia en Córdoba o la VI Feria de Mercado Social de Aragón.

El pasado fin de semana -25 y 26 de septiembre- hemos participado en la apertura de esta última estableciendo puentes entre los derechos humanos y la economía social y solidaria. A pesar de ser conscientes que la ESS ya incorpora los derechos humanos en su ADN, en esta feria se ha querido hacer explícito.

Esta aportación surge de la colaboración durante dos años entre el Observatorio DESC, la Xarxa d’Economia Solidària (XES) y REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria, que han trabajado para desarrollar el enfoque de derechos en la ESS. El proyecto ha culminado con la elaboración de una publicación virtual que permite ligar desde la teoría y la práctica 115 experiencias de todo el estado.

Las ferias son una de las principales herramientas de visibilización del sector y una forma de acercar esta otra economía a un público más amplio. Ante grandes infraestructuras y presupuestos como los destinados al Mobile World Congress o a la Feria del Automóvil, las Ferias de Economía Social y Solidaria consiguen unos resultados y un impacto difíciles de imaginar con los pocos recursos de los que se dispone. Esto es debido a la implicación e intercooperación de los diferentes proyectos y muy especialmente a su capacidad de autogestión.

3. El ‘mercado social’

Uno de los efectos de la crisis económica de los últimos años es la pérdida de poder adquisitivo y la desactivación y descapitalización de la economía local y el pequeño comercio en beneficio de las grandes corporaciones, una tendencia manifiesta y explícita de los mercados de consumo neoliberales. La riqueza y la producción se concentra todavía más en menos manos, con la consecuente pérdida generalizada de derechos económicos por parte de la ciudadanía. Y lo que es más grave, las decisiones que llevan a esta situación son tomadas por unas pocas élites a través del sistema financiero globalizado y de las instancias internacionales gubernamentales, cooptadas por las grandes corporaciones.

Pero la crisis deja también otros efectos significativos, como el crecimiento exponencial del número de personas y organizaciones que creemos que otra forma de producir, consumir, distribuir, ahorrar y gobernarnos es posible.

Los mercados sociales son una expresión de este cambio de conciencia, y consisten en una forma de organización de la actividad económica que se basa en la democracia, la intercooperación, la carencia de ánimo de lucro y la orientación a las personas, al medio ambiente y al bien común.

Los mercados sociales los promueven, con especial eficacia, por un lado las entidades de la economía cooperativa, social y solidaria -entre las que cuentan cooperativas, asociaciones, fundaciones, redes e iniciativas informales de autogestión-, y por otro lado los y las consumidoras responsables.

Los mercados sociales y la economía solidaria son, por lo tanto, una forma de organizar la economía, las relaciones de producción, de trabajo y de consumo, que tienen en cuenta los derechos humanos. En la medida que nuestros derechos son interdependientes e indivisibles, poder satisfacer nuestras necesidades -como trabajo, vivienda, energía, sanidad, educación, comunicaciones, cuidados o la alimentación- de manera responsable, es a la vez una manera de hacer efectivos estos derechos.

Autoría del artículo DESC y XES

Por Alejandra Villaseñor Goyzueta (Economistas sin Fronteras)

“El presidente del Eurogrupo ha subrayado hoy la recuperación económica de España, pero ha recordado al Gobierno que todavía falta “mucho por hacer”, puesto que si bien España ha hecho muchas reformas, todavía se puede hacer mucho en asuntos como el mercado laboral”. En medio de la actual embestida del sistema capitalista que llaman “crisis”, el discurso de los poderes políticos y económicos se ha manifestado especialmente virulento en torno a la incompatibilidad entre el estado de bienestar y un sistema de producción eficiente. Frases como “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” intentan centrar el discurso desde ese enfoque.

Los derechos laborales en sus diferentes facetas han sido blanco especialmente frecuente de toda clase de reclamos y recomendaciones técnicas desde los grandes organismos económicos europeos e internacionales.

Parece un silogismo lógico que la eficiencia en la producción y distribución de bienes y servicios es insostenible frente a un sistema laboral organizado en torno a los derechos laborales que forman parte del estado de bienestar que había prevalecido en Europa. En términos simples, las personas, en nuestra faceta trabajadora, no nos adaptamos lo suficiente al sistema.

Llegados a este punto se hace indispensable reflexionar y replantearse estas consideraciones. Entre otros muchos motivos porque no parece una solución con amplia aceptación ciudadana como se ha demostrado en el reciente referéndum griego, ni tampoco ha traído los resultados esperados según puede apreciarse de la tasa de paro creciente y sostenida en España.

Si el resultado no es lo pretendido y ni siquiera puede calificarse de positivo, parece oportuno revisar el proceso de argumentación que existe detrás. Quizás es el camino y no el objetivo, el que requiere de un cambio.

De inicio se echa en falta un elemento importante en la discusión que es la consideración de que los derechos laborales, incluyendo aquellos relacionados con la Seguridad Social, son derechos fundamentales, reconocidos a nivel nacional e internacional. Efectivamente, el derecho al trabajo y a disfrutar de los beneficios del  sistema nacional de Seguridad Social, son derechos recogidos por la Constitución Española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Estos derechos al igual que el derecho a la educación, a la salud, a un medioambiente, o a una vivienda, pertenecen a los llamados Derechos Económicos Sociales y Culturales, en una clasificación que los distingue de los derechos clásicos, denominados civiles y políticos.

La implementación de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) ha sido polémica, desde el momento en que fueron incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La falta de consenso incluía la profundidad del papel del Estado en la definición y ejecución de acciones que pudieran conducir al progreso social, así como la participación del mercado, diferencia sostenida entre los países del bloque soviético y los países occidentales. Otro punto de desacuerdo fue sostenido por las naciones en vías de desarrollo en el sentido de que los países más pobres estaban obligados sólo a un cumplimiento progresivo de los DESC y que resultaría injusto que su desempeño al respecto fuera medido conforme a los estándares de los países más industrializados.  Finalmente, también fue discutida la cooperación internacional y si existía algún tipo de obligación por parte de los Estados más ricos, de apoyar a los más pobres en el cumplimiento de los DESC en sus respectivos países, especialmente en temas como educación, alimentación y vivienda.

La discusión continúa desde entonces, los Estados se resisten a aceptar la verdadera naturaleza de derechos fundamentales de los DESC, lo que implica por su parte obligaciones positivas de hacer: obligaciones de respeto, obligaciones de protección y obligaciones de cumplimiento. Este enfoque, enfatizado en las obligaciones de los Estados, visibiliza la noción de los DESC no como simples principios programáticos sino como derechos legalmente vinculantes, y cuya violación por tanto, era plenamente posible.  Esto es lo que se ha intentado en el caso de España, que si bien reconoce los DESC en el Título correspondiente a los derechos fundamentales, más adelante los califica como “principios rectores de la política social y económica”

Se advierte que el debate es de plena vigencia en España, donde los llamados “recortes” justamente afectan a los DESC. Efectivamente, se pretende demostrar que la reactivación del sistema productivo y la sostenibilidad del sistema, requieren desde el recorte de prestaciones laborales, hasta la instalación de un cementerio nuclear como principal fuente de trabajo en una región, pasando por la reducción del acceso a las prestaciones sanitarias y la falta de inversión en el sistema de educación.

Todas estas medidas son flagrantes violaciones de derechos fundamentales y como tal deben ser visibilizadas. Se esquiva presentar con claridad que varios de los intereses en juego son verdaderos derechos humanos.

En consecuencia la afirmación de que el estado de bienestar es incompatible con un sistema de producción eficiente, podríamos traducirla en que la observancia de los derechos fundamentales es incompatible con el sistema económico de producción que prevalece actualmente,

De esta manera, podemos deducir que el camino no está en recortar el estado de bienestar, es decir, el modelo que democráticamente se ha decidido para adaptar las políticas públicas a los estándares de derechos fundamentales que cualquier ser humano requiere y merece. Efectivamente, es el modelo neoliberal, sus medidas económicas y su marco legislativo, el que debe adaptarse a esos estándares de dignidad.

La quiebra está en un sistema económico donde el mercado y la maximización de beneficios se hacen prevalecer sobre las personas y sus necesidades. La eficiencia en la producción y la distribución es posible en un marco respetuoso del ser humano, donde se tome conciencia de que la satisfacción de sus necesidades y la conciliación con su vida privada, deben ser el centro de la economía.

Existen otras economías que pueden hacerlo posible. En el contexto de esta reflexión y desde hace ya varios años, ha aparecido la denominada Economía Social y Solidaria. La Economía Solidaria nace del tronco común de la Economía Social y supone un intento de repensar las relaciones económicas desde unos parámetros diferentes. Es una alternativa a la lógica del capital, la mercantilización creciente de las esferas públicas y privadas, y la búsqueda del máximo beneficio. La Economía Solidaria persigue construir relaciones de producción, distribución, consumo y financiación basadas en la justicia, cooperación, la reciprocidad y la ayuda mutua..

En consecuencia, podemos concluir que efectivamente, el actual sistema económico neoliberal ha llegado a un punto de claro enfrentamiento con las obligaciones del Estado de respetar, proteger y cumplir con sus mandatos en torno a los derechos fundamentales, cuestión que hasta el momento en Europa se respondía a través del modelo del estado del bienestar.

Esta conclusión nos lleva a exigir a los poderes públicos el replanteamiento del sistema económico vigente, el verdadero punto que desequilibra esta ecuación. No será mediante la profundización en las medidas de libre mercado como se conseguirá armonizar todos los elementos en juego. El cambio deberá provenir del fortalecimiento y promoción de alternativas económicas distintas como es la Economía Social y Solidaria.

Reforma, cambio, medidas urgentes, no todo es igual.

El proyecto de fortalecimiento de la Red estatal de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Red de Redes) celebra su tercer encuentro plenario en Gure Sustraiak, Ollo (Navarra)

Una vez más, el pasado 2 de marzo, representantes del Observatorio DESC, REAS Red de Redes, LabCoop, las secciones territoriales de REAS Aragón, Euskadi, Madrid y Navarra, y la Xarxa de Economía Solidaria de Cataluña, se reunieron en el albergue Gure Sustraiak, en la localidad de Ollo (Navarra) – un precioso pueblecito a 30 minutos de Pamplona situado en el valle donde nace el río Irazu – para seguir avanzando en el proyecto de “Fortalecimiento de la Red de Economía Solidaria Española”, financiado por el programa Ciudadanía Activa del mecanismo financiero del espacio económico europeo 2009-2014 EEA Grants y gestionado por la plataforma de ONG de Acción Social.

Este tercer encuentro se celebró, a propuesta de REAS Navarra, en Gure Sustraiak, un proyecto cooperativo integrado por 11 socias de trabajo, que combinan dos albergues de turismo rural (uno de ellos totalmente adaptado a personas con diversidades funcionales) con una granja escuela y un centro de acogida pre-laboral para personas con discapacidades mentales. En este entorno privilegiado pasamos la jornada trabajando sobre el análisis territorial de la ESS en los territorios participantes (Navarra, Euskadi, Madrid, Aragón y Cataluña) y sobre los próximos pasos a dar.

Por primera vez se empieza a constatar que la visión de enfoque de derechos aporta a la ESS y al mercado social, un punto de vista diferente al que estamos acostumbradas, y sobre todo, acerca nuestro discurso a un lenguaje más comprensible para la ciudadanía, tal como lo expresaron algunas de las personas asistentes al encuentro que ya están incorporando el enfoque de derechos en sus charlas. De hecho, el enfoque de derechos ya ha pasado a formar parte del orden del día de la mayoría de los territorios participantes, en muchos casos de forma explícita.

Durante  la dinámica sobre análisis territorial se puso de manifiesto una vez más la creciente complejidad y diversidad de experiencias, iniciativas y visiones que conviven en el universo de la ESS en el estado español. En los últimos 3 años ha crecido exponencialmente el número de eventos e iniciativas organizadas directamente por, para y desde las redes de ESS. También se constata un importante cambio de orientación en los planteamientos estratégicos de la red, incorporando de forma explícita un rol de sujeto político, o apostando fuerte por el mercado social como estrategia compartida, creciendo en calidad y cantidad los vínculos institucionales con otros actores y sectores clave de la sociedad civil, tanto públicos como privados.

En estos momentos el proyecto entra en una nueva fase centrada en la producción de una publicación digital y de material audiovisual. Uno de los productos que se elaborará consiste en un vídeo-reportaje de 20 minutos sobre “estrategias y herramientas de construcción de mercado social”. Conseguir captar toda esta diversidad y heterogeneidad de experiencias e iniciativas en los materiales a publicar es sin duda uno de los siguientes grandes retos.  Otro de los grandes retos a trabajar es generar, de forma colaborativa, conocimientos procomunes basados en la memoria histórica y estado actual de la ESS en el estado español. Por ello, más de 20 personas de todo el territorio español están colaborando en la redacción de la publicación digital.

Porque otra economía no solo es posible sino que ya es una realidad!

Información de anteriores encuentros:

• Se pone en marcha un proyecto de fortalecimiento de REAS Red de Redes promovido por el Observatori DESC, la XES y REAS
  
• “La economía solidaria, una economía al servicio de los derechos humanos”

El proyecto de fortalecimiento de la Red estatal de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Red de Redes) celebra su segundo encuentro plenario en el marco de la 3º Feria de Economia Solidaria de Barcelona

Con la participación de representantes del Observatori DESC, REAS RdR, LabCoop, Etcs, las secciones territoriales de REAS Aragón, Cataluña, Euskadi, Madrid y Navarra, más la XES de Cataluña, los pasados 27 y 28 de octubre se celebró el segundo gran encuentro del proyecto “Fortalecimiento de la Red de Economía Solidaria Española” , financiado por el programa Ciudadanía Activa del mecanismo financiero del espacio económico europeo 2009-2014 EEA Grants que en el caso de España es gestionado por la plataforma de ONG de Acción Social.

El encuentro se desarrolló en el marco de la 3ª Fira de Economía Solidaria de Barcelona organizada por la XES. y se concretizó en dos sesiones de cuatro horas cada una, en los locales del grupo cooperativo ECOS.

La primera sesión se focalizó en la selección de experiencias, teniendo en cuenta los criterios consensuados por todos los territorios participantes. Estos criterios toman en cuenta diversos aspectos clave como:

Mercado Social, según sea una iniciativa de producción, distribución, consumo, financiación o incidencia socio-cultural, o bien combine varios de estos elementos.

• Escala, diferenciando entre «micro», si se trata de una experiencia cuya actividad incide a nivel local, o «macro» si es de nivel estatal o inter-regional.
  
• Tipo de organización, en función de si se trata de iniciativa «formal» con personalidad  jurídica propia, una iniciativa informal desarrollada en el seno de una organización formal, o una iniciativa «informal».
  
• Ámbito de incidencia de la actividad, en función de si se trata de una iniciativa desarrollada en el ámbito rural o urbano.
  
• Temporalidad, viabilidad o sostenibilidad en el tiempo de la iniciativa.
  
• Equilibrio territorial, procurando que todos los territorios se vean representados en la muestra de experiencias seleccionadas.
  
• Valores de democracia económica, acción eco-socio-política, igualdad y replicabilidad, considerados clave para la preselección de experiencias.

 Cada uno de los cinco territorios participantes presentó en profundidad seis experiencias, las cuales cumplian varios de los criterios anteriores. Las experiencias presentadas fueron:

• Por Navarra: Gaztelan, Plataforma de entidades sociales (PES), Alterbús, Albergue de Ollo, París 365 y Traperos de Emaús
  
• Por Euskadi: Goteo, Kidenda, Emaús Fundación Social, Agintzari, Oikocredit y Goiener.
  
• Por Aragón: Desmontando a la Pili, Arropa2, EcoRed, Frixen, La pantera Rosa y las XX Jornadas de Economía Solidaria
  
• Por Madrid: Grupo TANGENTE, El teatro del Barrio, El solar de Antonio Grilo, Garaldea, Traficantes de Sueños y el Mercado de San Fernando
  
• Por Cataluña: Projecte GRIPIA, OCMs, Iacta, Pam a Pam, Tarpuna sccl, Ateneo cooperativo La Base

El análisis del universo de las experiencias propuestas así como del contexto de cambio y crecimiento en el que se encuentra sumergido el sector de la Economía Social y Solidaria, nos ha llevado a varias conclusiones reveladoras:

• el sistema de valores compartidos, referenciados e inspirados en la Carta de principios de la Economía Solidaria, se ha consolidado a lo largo de la ultima década y articula y cohesiona la esencia del sector tanto a nivel de Red de Redes como a nivel de territorios.
  
• en estos momentos de cambio y crecimiento, la red se manifiesta mas diversa y heterogénea que nunca, coexistiendo diversas visiones diferentes del sector
  
• a nivel de redes la intercooperación es de baja intensidad y no aprovecha todo su potencial, pero en cambio a nivel de organizaciones existe mucha mas actividad transversal que la que se percibe superficialmente.
  
• existe un elevado grado de transferibilidad de prácticas y conocimientos  entre territorios (ferias, balance o auditoria social, monedas sociales, intercooperación económica entre organizaciones, etc.)
  
• en general las redes y las organizaciones que las forman sufren especialmente los recortes sociales del gobierno, y no disponen de los recursos económicos y humanos suficientes para hacer frente a las demandas sociales y a las reformas internas necesarias para hacer frente a la nueva etapa.

 La segunda sesión se focalizó en trabajar el imaginario de la publicación que se prevé editar al final del proyecto. Durante este proceso de construcción colectiva se puso de manifiesto la complejidad del sector y del momento que estamos viviendo. Se llegó a consensuar los principales objetivos de la publicación y a dibujar un mapa conceptual que procura cruzar el enfoque de derechos, con los elementos transversales, sectoriales y territoriales de la Economía Solidaria.

Se trata de construir un relato y un panorama actualizados del sector el cual, tras su nacimiento hace un par de décadas, ha dejado la infancia atrás y entra en su etapa de pubertad, sintiendo la necesidad de seguir construyendo su propia identidad si cabe con más fuerza, intensidad, rebeldía y combatividad.

Como laboratorio de praxis socio económicas busca, a menudo de forma planificada, y muchas veces de forma intuitiva, aplicar lógicas diferentes para encontrar soluciones a las problemáticas sociales y económicas actuales generadas por el modelo económico dominante, y es en este sentido que la Economía Solidaria despliega todo su potencial innovador y se manifiesta como un modelo socio-económico capaz de ofrecer respuestas y soluciones concretas, a la vez que empieza a incidir y a entrar en sinergia con otros ámbitos sociales y civiles, como el jurídico, el cultural, el político, el psicológico o el antropológico entre otros, empezando a configurarse y a hacerse un sitio como una economia al servicio de los derechos humanos.

El formato con el que expresar esta complejidad es el siguiente gran reto a superar en el marco del proyecto, dando paso a la fase de producción y edición de la publicación y los vídeos. Se prevé su presentación en la Feria de Economía Solidaria de Catalunya de 2015.

El siguiente encuentro se realizará coincidiendo con la próxima Feria de Economía Solidaria de Navarra que se celebrará en Pamplona el 18 y 19 de abril de 2015.

Visita a las instalaciones del GRUPO ECOS antes de comenzar el segundo encuentro (Foto propia)

El Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado en Ginebra, una resolución histórica para establecer un grupo de trabajo intergubernamental bajo el mandato de elaborar un instrumento internacional legalmente vinculante que obligue a las grandes transnacionales y a otros inversores a cumplir las normas para proteger los derechos humanos.

La coalición de movimientos sociales, que instaba a la ONU a aprobar el acuerdo vinculante durante la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, considera esta decisión como una victoria sin precedentes para las víctimas de las violaciones de derechos humanos y los movimientos sociales.

Las organizaciones sociales del Estado español presentes en Ginebra (Amigos de la Tierra, Col•lectiu RETS, Ecologistas en Acción, Observatorio de las Multinacionales en América Latina – Paz con Dignidad, Observatorio de la Deuda en la Globalización y HEGOA-Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional) señalan que “gracias a la movilización social, a la resistencia de las organizaciones afectadas por la violación sistemática de derechos humanos, se ha conseguido este logro”.

Más de 610 organizaciones de 95 países forman parte de la alianza, que exigía la creación de un grupo de trabajo intergubernamental para elaborar en el plazo de dos años normas internacionales vinculantes para acabar con los abusos de las multinacionales que operan sin respetar los derechos humanos, presentada por Ecuador y Sudáfrica.

El acuerdo ha salido adelante con 20 países a favor, 14 en contra y 13 abstenciones. Durante la votación ha quedado en evidencia qué países ponen los intereses privados de unas pocas empresas por encima del interés general, como los países de la Unión Europea, o Estados Unidos y Japón, y cuáles defienden los derechos humanos.

La Unión Europea y Estados Unidos, que rechazaron el acuerdo, no sólo han confirmado su desprecio por las leyes internacionales de Derechos Humanos, sino que han convertido a sus gobiernos en cómplices de las violaciones de derechos humanos perpetradas por las multinacionales.

Los crímenes contra la humanidad, cometidos por empresas transnacionales, ni pueden suceder, ni pueden quedar impunes. Es una demanda de las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos y de una gran parte de las organizaciones y movimientos sociales del mundo.

A pesar de la noticia positiva, la alianza de la sociedad civil considera que el resultado del grupo de trabajo dependerá de dar continuidad a la presión de la sociedad civil y a las movilizaciones. “Esta votación ha sido sólo la victoria de una batalla parcial”, añaden.

Esta semana en Ginebra, también se celebraba Tribunal Permanente de los Pueblos donde se han presentado 12 casos de violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por grandes empresas, como Chevron-Texaco en Ecuador, Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, la suiza-inglesa Glencore Xstrata en 7 países, Lonmine en Sudáfrica, Cocacola en Colombia y el caso de una empresa española, Hidralia, en Guatemala.

Notas:

[1] El 7 de mayo de 2014, una alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil conocida como la Alianza del Tratado (Treaty Alliance), que representa a más de 500 grupos, exhortó a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a que apoyen en junio una iniciativa que daría inicio a un proceso para establecer un tratado internacional para enfrentar las violaciones de derechos humanos perpetradas por empresas transnacionales. Por más información: http://www.foei.org/es/prensa/archivo-por-tema/justicia-economica-resistencia-al-neoliberalismo-prensa/groups-call-for-un-treaty-to-tackle-corporate-human-rights-violations/

[2] El nuevo informe “Defendemos el medioambiente, defendemos los derechos humanos” se encuentra disponible en: http://www.foei.org/resources/publications/publications-by-subject/human-rights-defenders-publications/we-defend-the-environment-we-defend-human-rights/

[3] En el Consejo de Derechos Humanos, un grupo de 84 países propuso en septiembre de 2013 el establecimiento de un marco normativo y de aplicación que sea jurídicamente vinculante para las empresas, lo cual representa un reclamo histórico de los movimientos de derechos humanos y Amigos de la Tierra Internacional.

En AlterNativa3 creemos en las personas. Consideramos que el Comercio Justo es una buena herramienta para trabajar en la creación  de una sociedad que priorice  el respeto a los Derechos Humanos por encima del beneficio económico.

Hoy 10 de Diciembre, se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de la ONU en 1948.

Queremos celebrar este día con todos los que día a día trabajamos para conseguir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sea  algo más que una lista de buenas intenciones, el camino es largo pero la meta nos abre la puerta a un futuro en el que nos gustaría habitar.

¡Hay alternativas! Desde AlterNativa3 os proponemos algunas pequeñas acciones para ir avanzando.

• Consume y regala comercio justo, utiliza el poder que como consumidor tienes. Encontrarás una ámplia gamma de productos biológicos de Comercio Justo en: www.justonline.es
  
• Sensibiliza e informa en tu entorno cercano de la importancia de consumir responsablemente. Encontrarás abundante información sobre el Comercio Justo, sus productos y productores en nuestra web
  
• Participa en proyectos que ayudan a comunidades de origen a mejorar sus condiciones de vida. Como por ejemplo el proyecto: Educación para comunidades rurales de Nicaragua

 ¡Paso a paso todos juntos podemos cambiar las reglas!