Marea Bizi es un festival sonoro feminista que quiere poner en valor creaciones sonoras que están cambiando nuestro imaginario colectivo. Nació del deseo de compartir experiencias que necesitan pausa, atención y pensamiento como respuesta al frenesí visual en el que vivimos, y de hacerlo de manera colectiva, alejándose del individualismo.

Del 16 al 20 de noviembre, el festival, organizado por Hari, celebra su segunda edición en Erandio, Bilbao y Mungia con una invitación a crear, escuchar, participar y reflexionar en común. Su cita abierta al público en castellano será el jueves 19 de noviembre en La Sinsorga (Bilbao): una sesión de escucha y reflexión colectiva de la mano de María Arrieta Echebarria.

Escucha colectiva en Bilbao: «Con amor desde Caracas»

En el espacio cultural feminista La Sinsorga se escuchará Con amor desde Caracas, uno de los capítulos de la sexta temporada de Las Raras Pódcast. Valeria Artigas tiene cuatro años cuando se va exiliada de Chile. Durante dos décadas aprende a conocer y querer a su familia a través de casetes que se mandan de un país a otro. De adulta, Valeria descubre en esos casetes un registro que muestra que los afectos trascienden las fronteras.

La escucha invitará a reflexionar en torno a las herramientas que se desarrollan cuando se vive lejos de los afectos y las raíces para afrontar el desarraigo, con todo lo que este término implica. Las creadoras del pódcast acompañarán online esta reflexión.

Dinamiza la sesión María Arrieta Echebarria, licenciada en Ciencias Biológicas e integradora social.

Fecha: jueves 19 de noviembre de 2026
Hora: de 19:00 a 20:30
Lugar: La Sinsorga (Askao Kalea, 9, Bilbao)
Idioma: castellano
Entrada: actividad gratuita, entrada libre hasta completar aforo
Organiza: Hari, en colaboración con La Sinsorga

El resto del festival

Marea Bizi combina dos tipos de actividades: un taller sobre creación feminista y dos sesiones de escucha y reflexión colectiva.

El festival arranca el 16 de noviembre en Erandio con el taller «Herramientas para narrativas feministas en pódcast», impartido por la periodista y escritora Andrea Momoitio San Martín (Pikara Magazine, La Sinsorga) para el alumnado de primer curso de Producción del CIFP Tartanga. Un taller para aprender a pensar, investigar y construir relatos sonoros desde una perspectiva feminista: quién cuenta las historias, qué voces quedan fuera y cómo las decisiones narrativas pueden reproducir o cuestionar las relaciones de poder. Es una actividad cerrada al público.

El 20 de noviembre, en Mungia, la segunda escucha colectiva propone sumergirse en Exodus, ópera experimental de ciencia ficción feminista con música de Jon Sáenz y libreto de Hegoa Álvarez Zorroza. Guiará esta experiencia sensorial la escritora y guionista Garazi Albizua Castelao, con la presencia de Hegoa Álvarez Zorroza; después de la escucha habrá un espacio para compartir reflexiones y sensaciones entre público y creadoras, acompañado por el violín de Itxaso Díez López. Esta sesión es en euskera, con aforo limitado e inscripción previa.

Programa

Todas las actividades son gratuitas. El festival cuenta con la subvención de la Diputación Foral de Bizkaia (Igualdad) y la colaboración de CIFP Tartanga, La Sinsorga, Las Raras Pódcast, el Ayuntamiento de Mungia y Akelarre Abesbatza.

Más información en la web de Marea Bizi

Coop57 ha alcanzado en solo una hora su objetivo de captación de 2.000.000 de euros a través de la campaña de títulos participativos Ca(u)sa Común. La totalidad de la emisión se ha cubierto en un tiempo récord, en una respuesta colectiva que evidencia el interés y la capacidad de movilización de las personas y entidades que apuestan por poner sus ahorros al servicio de un modelo de vivienda alternativa.

En esta emisión han participado 248 personas, algunas de ellas socias de Coop57 y otras no, pero todas sensibilizadas con la problemática del acceso a la vivienda.

Los recursos obtenidos se destinarán a financiar proyectos de vivienda cooperativa, una de las líneas prioritarias de financiación de Coop57. Se trata de proyectos que apuestan por la propiedad colectiva, la gestión democrática y el acceso a la vivienda al margen de las lógicas especulativas del mercado inmobiliario.

La campaña, bajo el lema «Ganamos terreno a la especulación inmobiliaria», proponía una fórmula para convertir el ahorro individual en una herramienta colectiva de transformación social. La respuesta obtenida en tan solo una hora supera cualquier expectativa temporal y pone de manifiesto que existen recursos y voluntad colectiva para impulsar otras formas de hacer posible el derecho a la vivienda.

Una respuesta colectiva ante la crisis de la vivienda

Este logro llega en un momento especialmente significativo: a las puertas de la huelga general del 11 de noviembre para reclamar medidas frente a la crisis de acceso a la vivienda.

En un contexto en el que cada vez más personas tienen dificultades para acceder a un hogar digno, y en el que la vivienda sigue sometida a fuertes dinámicas especulativas, Coop57 reivindica la necesidad de construir alternativas reales. Alternativas que no se limiten a denunciar los problemas del modelo actual, sino que contribuyan a posibilitar otras formas de producir, gestionar y acceder a la vivienda.

El éxito de Ca(u)sa Común demuestra que los ahorros pueden tener un papel activo en esta transformación. Que el dinero puede alimentar la especulación, pero también puede servir para construir comunidad, sostener proyectos colectivos y garantizar el derecho a la vivienda.

En solo una hora, 2 millones de euros han dejado de ser una expectativa para convertirse en una herramienta al servicio de la vivienda cooperativa. Coop57 quiere agradecer la confianza y la implicación de todas las personas y entidades que han hecho posible este logro colectivo.

Poner el ahorro donde tenemos las ideas

Más allá de la emisión de títulos participativos, Coop57 ofrece otras maneras de ahorrar, con o sin permanencia y con distintas remuneraciones, que también permiten destinar el dinero a causas de transformación social. Coop57 cuenta ya con más de 6.000 socias colaboradoras que confían su ahorro en la cooperativa financiera ética y solidaria.

Una década de vivienda cooperativa en Coop57

El derecho a la vivienda está en el centro de la estrategia de Coop57 desde 2015, cuando, en su encuentro de socias de Zaragoza, decidió centrar su apuesta en financiar cooperativas de vivienda en cesión de uso, que garantizan la propiedad colectiva y procesos de decisión democráticos. Solo financia iniciativas de primera vivienda, enraizadas en su entorno, que den respuesta a otras necesidades más allá de la vivienda (trabajo, defensa del territorio, cuidados, consumos compartidos…) y que faciliten el acceso a personas con dificultades económicas.

Desde 2017, Coop57 ha concedido una treintena de préstamos a cooperativas de vivienda en cesión de uso por un total de 18.876.832 euros, en entornos urbanos (73,5 % del importe) y rurales (26,5 %, aunque suponen el 40 % de los proyectos), y cerca del 60 % de los recursos se ha destinado a rehabilitación. Estos proyectos suman 322 unidades de convivencia y han puesto bajo custodia cooperativa cerca de 32.000 m² construidos y más de 167 hectáreas de terreno, protegidos frente a la especulación inmobiliaria.

Más información sobre la campaña Ca(u)sa Común

Fuente: Coop57

“Si no puedes parar en el curro, para el carro”. No es un eslogan de Carro de Combate, aunque podría serlo. Con este lema, varias organizaciones, entre ellas la Confederación del Sindicato de Inquilinas (CSI), la ONG Justicia Alimentaria, la organización de consumidores Facua, Ecologistas en Acción y REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria, llaman a dejar de comprar para reforzar la huelga general por la vivienda y los salarios del próximo 11 de noviembre. «La huelga de consumo es la huelga de quienes no pueden hacer huelga en el trabajo», explican en su convocatoria.

Porque la vivienda no es lo único que ha subido por encima de los salarios. La cesta de la compra cuesta hoy un 40 % más que en 2019, mientras que el salario medio ha subido un 21,9 % en el mismo periodo, según la convocatoria. Mientras tanto, Mercadona, la mayor cadena de distribución del Estado, obtuvo unos beneficios de 1.729 millones de euros en 2025, un 25 % más que el año anterior.

Por ello, las organizaciones convocantes han pedido desde el pasado 28 de octubre que los miércoles antes de la huelga general no se compre nada en supermercados, hipermercados ni grandes cadenas, animando a trasladar el consumo a las tiendas de barrio y comercios pequeños. El 11 de noviembre se pide un paro total de las compras en consonancia con el paro laboral.

“El objetivo [de la huelga] es parar la producción, parar el país, y ahí el no-consumo tiene un rol muy importante, porque así no forzamos a los trabajadores de esos sectores a tener que estar dando servicio, a tener que trabajar y facilitamos también que el resto haga huelga”, asegura Carlos Entenza, adjunto a la secretaria confederal de Juventud de CCOO, en el podcast especial que Carro de Combate ha producido con motivo de la huelga en colaboración con el sindicato. “Es importante ver cómo se unen esas dos luchas y cómo entre todos conseguimos parar el país para que se escuche la voz de la mayoría trabajadora”, ha continuado.

“En el tema de la huelga, yo le explico a la gente que no trabaja porque está jubilada o por lo que sea: tu única forma de apoyar la huelga es ese día no consumir”, ha añadido Ana Etchenique, presidenta del Laboratorio de Investigación Ecosocial sobre Consumo, la organización que promueve el proyecto Carro de Combate. “La huelga de consumo es un complemento indispensable para una parte muy grande de la sociedad que necesita de estos avances que exigimos con la huelga”, ha asegurado.

En el podcast, Entenza recuerda además cuáles son los derechos principales de las personas trabajadoras el próximo 11 de noviembre. “Hay mucha gente que apoya la huelga, que apoya las reivindicaciones, no solo de la vivienda, también de los precios y los salarios, pero que se está pensando si secundar o no la huelga porque temen represalias laborales”, ha asegurado Entenza. “El primer derecho [que tienen las personas trabajadoras en un paro] es el derecho a hacer la huelga, que es un derecho constitucional y que no puede conllevar consecuencias negativas [en el trabajo]”, ha continuado. CCOO ha puesto además a disposición de todas las personas interesadas la página web huelga.ccoo.es donde resuelve las principales dudas y da la opción de suscribirse a la campaña de información que el sindicato ha lanzado.

En el podcast no sólo se habla de la convocatoria de huelga, sino también de los precedentes del uso del consumo como un acto político a lo largo de la historia. Porque el consumo como herramienta de protesta tiene una larga trayectoria y, aunque ya en la Edad Antigua se dieron los primeros episodios, no fue una estrategia habitual hasta la Revolución Industrial.

El significado del consumo: de malgastar a comprar

Durante la mayor parte de la historia, consumir fue visto con recelo. La misma palabra consumidor se originaría, hacia el siglo XV, con una connotación negativa: “aquel que despilfarra o malgasta”. Este significado entroncaría con su origen en la palabra latina consumere, que los romanos utilizaban para hablar de la acción de utilizar algo hasta que se agotaba. El diccionario de la Real Academia Española aún conserva esta definición de consumir y la primera acepción de la palabra que recoge es la de ‘destruir, extinguir’.

Al inicio de la I Revolución Industrial, ya se vislumbra un cambio en el significado de la palabra consumidor. Así, con la puesta en marcha de la maquinaria de producción, el término comienza a utilizarse para referirse a “aquel que utiliza bienes o artículos”, en oposición a la palabra productor. El propio Adam Smith se referiría a esa contraposición entre consumidor y productor en su conocida La Riqueza de las Naciones. “El consumo es el único fin y objetivo de toda producción; y el interés del productor debe ser atendido, sólo tanto como sea necesario para promover el del consumidor”, escribiría el economista y filósofo.

Pero serían los colonos británicos en América los que darían un nuevo significado al uso del consumo con motivaciones políticas. Así, las trece colonias iniciarían el primer gran boicot de la historia, cuyo hito sería el Motín del Té, en el que alrededor de un centenar de personas tirarían más de 300 fardos de té importados por la Compañía Británica de las Indias Orientales en la noche del 16 de diciembre de 1773.

Poco antes, ya habían aparecido algunos conatos de boicoteadores. Uno de ellos fue John Woolman, un personaje peculiar de su época, que dedicó su vida a luchar contra el sistema esclavista, que consideraba “una práctica inconsistente con la religión cristiana”. Predicando con el ejemplo, Woolman, un hombre polifacético que tuvo diversas ocupaciones a lo largo de su vida, se negó a escribir testamentos en los que se dejara a esclavos en herencia y, como sastre, nunca utilizaba telas teñidas, porque los tintes eran tóxicos para los trabajadores que los manipulaban, muchos de ellos esclavos. En un país forjado en los principios del liberalismo, Woolman también cerró su tienda de ropa porque consideró que ganaba demasiado dinero. Sus diarios, publicados en 1774, y otros escritos posteriores suyos supondrían una importante referencia para el movimiento abolicionista que, un siglo después, haría estallar otra guerra, esta vez entre los propios norteamericanos.

El origen de la palabra boicot

Durante casi un siglo al boicot no se le llamó boicot. No sería hasta finales del siglo XIX, cuando la historia del inglés Charles Cunningham Boycott daría la vuelta al mundo, acuñando el nuevo término.

Boycott, un administrador de fincas para una familia adinerada irlandesa, era una persona de temperamento fuerte, según los testimonios de la época, que se fue ganando las antipatías de los arrendatarios en un país en el que el descontento sobre la concentración de la tierra crecía por momentos. En un momento de malas cosechas, el conde para el que trabajaba Boycott se negó a aceptar la bajada de los arriendos que pedían los agricultores. Cuando Boycott comunicó la decisión, todos los trabajadores que ayudaban a Boycott se marcharon, dejando al agente solo al frente de las tierras. Finalmente, hasta el cartero se negó a llevarle cartas y Boycott fue completamente aislado. La campaña contra Boycott continuó incluso cuando éste dejó el condado de Mayo para irse a Dublín; allí, el hotel donde reservó una habitación recibió amenazas de acciones contra el establecimiento si alojaba al inglés.

La historia del ostracismo contra Charles Boycott saltó rápidamente a otros países y fue recibida con especial interés por los inventores originales de las campañas de ostracismo modernas: los estadounidenses. Así, en cuestión de semanas, el término boycott se incorporó al lenguaje corriente de la prensa del país, y en un par de años entró en los diccionarios. También los ingleses, de donde era originario Boycott, hablaron largo y tendido del administrador de fincas. La revista Vanity Fair, que entonces sólo se publicaba en Reino Unido, le dedicó una de sus famosas caricaturas.

Este interés por la historia de Boycott nació no sólo por la efectividad de la campaña contra el antiguo capitán inglés –Boycott tendría que abandonar Irlanda y moriría arruinado– sino por la necesidad de encontrar un término potente y fácil de recordar para un fenómeno que cada día se hacía más popular. Porque el boicot en Estados Unidos vivió una época dorada a finales del siglo XIX, hasta el punto de que se fundaron incluso periódicos, como The Boycotter, que informaban exclusivamente de este tipo de campañas.

Una de las organizaciones más activas en el uso de los boicots fueron los Knights of Labor (o Caballeros del Trabajo), una especie de sindicato que defendía mejoras laborales como la implantación de la jornada laboral de 8 horas. Uno de sus objetivos favoritos fueron los periódicos contra los que se promovieron no sólo boicots por las condiciones laborales de sus trabajadores –como en el caso del Atlanta Constitution en 1886– sino también por aceptar la publicidad de empresas marcadas en las listas negras.

El boicot sería clave en otros capítulos de la historia estadounidense, sobre todo en la lucha por los derechos civiles de las comunidades afroamericanas. Probablemente el boicot más conocido de todos es el de los autobuses de Montgomery iniciado en 1955 por Rosa Parks al negarse a cederle su asiento a una persona blanca. El arresto de la costurera y su posterior multa provocaron un movimiento de protesta del que emergieron algunas de las grandes figuras de la defensa de los derechos sociales en Estados Unidos de las próximas décadas, especialmente Martin Luther King.

De los boicots contra gobiernos a las multinacionales

Fuera de las fronteras estadounidenses, se gestaron otros boicots a lo largo del siglo XX. Uno de los más conocidos de la historia es el que se promovió para luchar contra el apartheid en Sudáfrica. Así, desde finales de los años 50, el Movimiento Anti-Apartheid llamó a bloquear las exportaciones sudafricanas y a no comprar en las empresas que hacían negocio en el país africano. Entre las empresas afectadas estuvo el banco Barclays, que se retiró del país en 1986 por la presión ejercida por la campaña.

Sin embargo, los boicots no siempre estuvieron dirigidos contra gobiernos. Nestlé sufrió la primera gran campaña de boicot contra una multinacional. Los ecos comenzarían en los años 30 del siglo pasado, cuando Cicely Williams, una pediatra formada en Oxford, descubrió en el Sudeste Asiático que, a diferencia de lo que había visto en África, la mortalidad infantil se cebaba especialmente con los recién nacidos y no con niños algo más mayores. Tras investigar, encontró una probable causa: el uso de leche condensada azucarada como sustituto de la leche materna que era promocionada por la multinacional Nestlé. Tres años después de su llegada, Williams pronunció un discurso en el Rotary Club de Singapur, cuyo presidente también era el presidente de Nestlé, titulado «Leche y asesinato», que llamaba a considerar las muertes por el uso de esta leche artificial como homicidios.

Poco después llegaba la Segunda Guerra Mundial, en la que Williams estuvo a punto de morir presa de los japoneses, y la denuncia contra Nestlé cayó en el olvido. Hasta 1973, cuando la revista New Internationalist publicó un artículo en el que detallaba las consecuencias del uso de la leche artificial en los países del Sur Global y las miles de muertes de bebés por el uso de agua no potable o la mala manipulación de los biberones. Un año después, el informe The Baby Killer, de la ONG War On Want, denunciaba las prácticas de la multinacional y preparaba el caldo de cultivo para el boicot.

Pero aún se necesitaría un paso más. Llegó en la propia Suiza, el país de origen de la multinacional alimentaria. Allí, una organización llamada Grupo de Trabajo del Tercer Mundo tradujo el informe de War on Want y lo tituló Nestlé mata bebés. La multinacional denunció a la organización y, aunque ganó la demanda en 1976, la sentencia instaba a Nestlé “a modificar sus métodos publicitarios de forma sustancial”.

El caso impulsó un boicot que se expandiría rápidamente por todo el mundo y que afectaría a otras empresas fabricantes de leche en polvo. En 1979 se creó la International Baby Food Action Network (IBFAN) como el principal motor del boicot y de la defensa de la lactancia materna. Uno de los principales logros del boicot fue la aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un código de conducta sobre la venta y promoción de leche de sustitución en 1981. A día de hoy, el boicot sigue siendo promovido por varias organizaciones, aunque ha sido suspendido en algunos periodos concretos, haciendo del boicot a Nestlé el más largo de la historia.

La campaña contra Nestlé supondría un cambio de rumbo en los boicots, que pasarían a centrarse en grandes multinacionales, dejando a los gobiernos en segundo plano. Un aviso previo de que las empresas se iban a convertir en el principal objetivo de este tipo de campañas se lanzó en los años 60 en los viñedos de California. Lo que empezó como una huelga promovida por los propios trabajadores, la mayoría migrantes filipinos que pedían mejores condiciones laborales, se convirtió en una campaña de boicot, primero en los mismos viñedos, donde los trabajadores se negaron a recoger y a cargar la uva en camiones o barcos, y después en las estanterías de tiendas y supermercados. El boicot obligó a los productores a firmar acuerdos con los sindicatos, mejorando los salarios y la cobertura sanitaria de los trabajadores.

Un nuevo impulso a este tipo de boicots se dio con la creación en 1997 de la organización United Students Against Sweatshops (USAS), una iniciativa surgida de las universidades estadounidenses para luchar contra la explotación laboral y los abusos en empresas que proveen a los centros educativos del país. Sin embargo, sus acciones han ido mucho más allá y algunas grandes marcas, como Nike, han estado en el centro de sus acciones. Así, su primer boicot a la gran marca deportiva en 2001 consiguió que una fábrica subcontratada readmitiera a varios trabajadores despedidos por su actividad sindical y que se creara un sindicato independiente en la maquila. Otra campaña, en 2010, consiguió que la marca pagara 1,5 millones de dólares en salarios atrasados a 1.800 trabajadores. Otros boicots han tenido como objetivo empresas de restauración, como Sodexo, u otras grandes del textil como Walmart, Abercrombie & Fitch o H&M tras el derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh. En el año 2000 USAS fundó además el Worker Rights Consortium (WRC), una organización de auditoría independiente que controla las condiciones laborales en fábricas textiles.

Las primeras huelgas de consumo

Aunque el boicot tiene una larga trayectoria, las huelgas que llaman a frenar completamente el consumo son más recientes. Porque si los boicots siempre han tenido objetivos muy claros, ya fueran gobiernos o empresas, las huelgas de consumo se han erigido más recientemente como un acto de protesta contra el sistema capitalista en general.

Una de las primeras campañas que llamaban a no comprar nada tuvo lugar en 1992, con el Día Internacional de No Comprar Nada (Buy Nothing Day o BND en inglés). Iniciado en Canadá, la propuesta pretende – hoy en día se sigue celebrando – ser una muestra del poder de los consumidores y una crítica a la sociedad del hiperconsumo. La fecha escogida para celebrarlo no puede ser más significativa: la misma que la del llamado Black Friday, el día con un mayor volumen de ventas de todo el año en países como Estados Unidos. En el Estado español, donde el Black Friday también se ha extendido, cada vez más organizaciones apoyan esta huelga de consumo anual, aunque probablemente quien la ha adoptado con mayor fuerza haya sido Ecologistas en Acción.

Ya en este siglo, se han convocado en España varias huelgas de consumo, en su mayoría relacionadas también con una huelga general. Así, en 2010 se convocó un parón de consumo con motivo de la huelga general convocada el 29 de septiembre en contra de la reforma laboral. Unos meses después, en diciembre de 2010, más de cien organizaciones respaldaron una jornada presentada como la primera huelga general de consumo de ámbito estatal. En 2012, también se convocaron jornadas de no-compras con motivo de las dos huelgas generales que se celebraron en marzo y en noviembre, y en marzo de 2018, la huelga feminista incluyó también una huelga de consumo.

Uno de los ejemplos más recientes, que ha retornado a los tintes de la política internacional de las primeras campañas de boicot, ha sido el de la Global Strike for Gaza, una huelga de consumo que se organizó el año pasado y que llamaba a no consumir los jueves, como protesta por el genocidio en Palestina. No es el único ejemplo de campañas de consumo como acto político relacionadas con la situación en Palestina. Inspirado en la lucha contra el apartheid sudafricano, el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) nació en 2005 con el objetivo de acabar con la ocupación de territorios palestinos por parte de Israel. Sus numerosas campañas de boicot han conseguido varios éxitos importantes, como la retirada de Veolia del mercado israelí en 2015 o el cierre de una fábrica de Sodastream en territorio ocupado. Más recientemente ha conseguido que Puma retirara el patrocinio a la Asociación de Fútbol de Israel en 2024, aunque la empresa alemana niega que la campaña contra ellos esté relacionada, y que el banco canadiense Scotiabank vendiera todas sus acciones en Elbit Systems, fabricante israelí de armamento, en febrero de 2026.

La próxima convocatoria de huelga podría ser una victoria más que añadir a la lista de triunfos del consumo, y de la huelga general, como acto político. “Espero que sea un éxito para la huelga y para todas las iniciativas que están convocadas alrededor de la huelga”, ha asegurado Carlos Entenza. “Espero también que sea un hito para la historia de este país y que a los fondos buitres les pase como a Charles Boycott y se tengan que ir del país”.

Imagen de apertura: Litografía representando el Motín del Té realizada en 1846 por Nathaniel Currier

Fuente: Carro de Combate

Cuando alguien nos pregunta de quién es la casa en la que vivimos, la respuesta suele descolocar: de nadie y de todas. El caserío con sus 600 metros cuadrados y las cuatro hectáreas de terreno que lo rodean son propiedad de la cooperativa. Las personas que lo habitamos tenemos una cesión de uso estable por tiempo indefinido, pero no es posible la venta, el alquiler, ni la especulación. Prescindir de la propiedad y el beneficio particular para apostar por estrategias colectivas sin ánimo de lucro es justo lo que mejora el acceso a la vivienda y permite disfrutar de todas las ventajas de la cooperación.

En un momento en que la vivienda está centrando los debates públicos y sociales, y que buena parte de una generación da por hecho que nunca tendrá una casa estable, creemos que merece la pena contar cómo llegamos hasta aquí y por qué este modelo permite muchas más posibilidades para el bienestar de las personas y la sociedad.

Buscamos crecer con acompañamiento mutuo

El sueño de Ametxe nació en 2017 de la inquietud de un grupo de familias en plena crianza que compartimos un proyecto educativo y un deseo: vivir juntas en el medio rural, apoyándonos, creciendo con más salud y aprendizaje en colectivo.

Empezamos a buscar caseríos y, entre las limitaciones y los problemas descubrimos la vivienda cooperativa en cesión de uso. Nos encajó enseguida. Permitía habitar un caserío grande entre varias familias de forma más asequible sin dividir ni buscar la propiedad individual. Esto cambió la lógica de fondo: la vivienda dejaba de ser un bien en el que acumular dinero, que se compra y se vende, para convertirse en un bien que se usa y se cuida. Y permite que cada día sea más asequible, también para las personas que puedan entrar después.

El 4 de julio de 2018 constituimos la cooperativa. Éramos las primeras en Euskadi, y eso tiene su cara amarga: nos tocó abrir camino con la administración pública, hacerles ver el interés social de las propuestas habitacionales que se proponen desde entidades de la sociedad civil organizada y la Economía Social y Solidaria. A menudo nos encontramos con personal público que bloquea las iniciativas en lugar de apoyarlas o encajarlas para que cumplan su función social.

Cómo funciona una casa sin propietarias

El modelo es sencillo de explicar. Para entrar, cada unidad de convivencia hace una aportación inicial al capital de la cooperativa, que recupera íntegra cuando se va con la aportación de la nueva unidad que llega. Después, cada mes pagamos una cuota de uso para que la cooperativa pague la hipoteca. Es algo parecido a un alquiler, pero a precio de coste y sin casero: el dinero no engorda el beneficio de nadie, solo sostiene el proyecto.

Como el inmueble nunca se divide ni se vende por partes, la cuota no sube al ritmo del mercado. Con los años, la distancia entre lo que pagamos y lo que costaría vivir en un lugar así en cualquier otro modelo se hace cada vez mayor. Y no solo para nosotras: quien entre dentro de veinte años lo hará en las mismas condiciones. Esa es, quizá, la idea más radical del modelo. No construimos una casa para nosotras, sino un hogar asequible que seguirá existiendo cuando ya no estemos.

Las decisiones se toman en asamblea, una unidad de convivencia, un voto. Pero en lugar de votar por mayorías, usamos el consentimiento aplicando la Sociocracia, ya que buscamos acoger las necesidades de todas las personas. Nos organizamos en comisiones (economía, acogida, comunicación…) y compartimos buena parte de la vida en espacios comunes: una gran cocina, el comedor, la despensa, la lavandería, una sala polivalente, habitaciones de invitados. En casa hay personas de un año y de más de setenta, y la idea es que sea un espacio finalista, para toda la vida.

Siete años de obstáculos

No vamos a pintarlo fácil, porque no lo ha sido. Compramos el caserío en marzo de 2019 y no pudimos empezar a rehabilitar hasta mayo de 2022. Entre medias hubo un largo proceso de trámites, requisitos y bloqueos administrativos que, en muchos momentos, rebasando lo exigible por normativa, parecían diseñados para que desistiéramos. Cuando por fin arrancó la obra, fueron 24 meses de tensión, imprevistos y también de trabajo colectivo: todo el rejuntado de la fachada y de los acabados interiores los hicimos con nuestras manos. En mayo de 2024 terminamos y empezamos a convivir. Lamentablemente, seguimos con el persistente bloqueo del Ayuntamiento a dar el fin de obra y validar la ejecución para la que dieron la licencia.

La financiación fue otra montaña. Consultamos a varias entidades y la respuesta de la banca convencional fue, en el mejor de los casos, tibia: nadie quería arriesgarse con algo que no conocía. Fiare Banca Etica que ya tenía experiencia con el modelo, comprendió el impacto social del proyecto y nos concedió el préstamo. Para completar el coste y evitar aumentar el capital que aportan las socias, lanzamos una campaña de financiación social con títulos participativos y abrimos la cooperativa a socias colaboradoras que, sin vivir aquí, quieren que el modelo exista y crezca por su finalidad social.

Recibimos una ayuda pública de Patrimonio de Bizkaia por rehabilitar un edificio histórico y por mejorar su eficiencia energética, como cualquier otra vivienda. Pero ninguna para apoyar y hacer más asequible lo que realmente estamos haciendo: generar vivienda social por debajo de los precios de mercado y de iniciativa comunitaria. Eso es lo que seguimos intentando cambiar.

Más que una casa

Ametxe no termina en la puerta. En la finca experimentamos con agroecología y sistemas agroforestales, recuperamos suelo y organizamos cursos abiertos para quien quiera aprender a producir alimentos regenerando el entorno. Acogemos visitas, participamos en charlas y recibimos a personas y grupos que están empezando. Y procuramos que nuestra economía cotidiana también sea coherente: la energía, con Goiener; las telecomunicaciones, con Izarkom; el dinero, con Fiare; los seguros, con Arç.

Lo que más nos satisface es la inspiración que genera en la gente conocer el proyecto. Cuando empezamos éramos una rareza. Hoy ya hay cinco proyectos habitados en la red Koobizitza en Euskadi, varios más en Navarra. A nivel estatal hay más de doscientas veinte iniciativas en marcha: cincuenta cooperativas en convivencia y otras ochenta en construcción o con suelo ya disponible, a los que siguen otros noventa proyectos en fases iniciales.

La vivienda también se puede construir fuera del mercado

Sabemos que la cesión de uso no es una respuesta inmediata para quien tiene una orden de desahucio. Estos proyectos llevan tiempo y la aportación inicial sigue dejando fuera a mucha gente. Por eso, como defiende Red Vivienda Cooperativa en su último posicionamiento, hacen falta las dos cosas a la vez: proteger hoy a quienes están en riesgo de perder su hogar y construir un parque de vivienda que no expulse a nadie mañana. Para que la cesión de uso sea una opción real para muchas más personas, es clave que las administraciones colaboren cediendo suelos, edificios, y aporten financiación a largo plazo y garantías.

No es una utopía. En Dinamarca las cooperativas de vivienda suman en torno a un 30% del parque residencial; en Alemania, alrededor de un 10%; en Uruguay, un 5% construido en solo cuatro décadas. Son países que decidieron que la vivienda podía gestionarse de otra manera, y que el impulso de las comunidades locales es clave para generar propuestas más adecuadas a las necesidades reales de las personas.

Ocho años después, seguimos construyendo vivienda social sin ánimo de lucro, creando comunidad y futuro en común en Gordexola. Y cada vez que alguien nos visita y se va pensando que esto también podría hacerse en su ciudad, pueblo o barrio, sentimos que el caserío ha recuperado su función.

Esta historia forma parte de la campaña Historias de ESSperanza de REAS Red de Redes, que recorre iniciativas pioneras de la economía social y solidaria que demuestran que otra forma de hacer economía es posible y está en marcha, y eso, es fuente de essperanza.

Un artículo de Rubén Méndez Cebrián, Secretaría Técnica del Grupo Estatal de Vivienda en REAS Red de Redes y socio habitante de Ametxe, para El Salto.

Fuente: El Salto

En la tercera edición de las Jornadas de Comercio Justo, la Red de Comercio Justo de Bizkaia apostó por tratar el tema de la industria textil con el formato habitual de mesa redonda con experiencias y talleres participativos.

Bajo el lema «Sin costuras ocultas, gardentasuna eta ehungintzaren duintasuna», el encuentro reunió en la Fundación Ede (Bilbao) a personas que disfrutaron de una jornada de experiencias y aprendizajes.

Para comenzar contaron con la presencia de tres mujeres muy potentes: Montserrat Alvarado y Karla Nohemy Ortiz de Perez, llegadas desde El Salvador. Con más de dos décadas de trayectoria, Mujeres Transformando es una organización feminista referente en la defensa de los derechos laborales de las trabajadoras de la maquila y bordadoras a domicilio en El Salvador.

Mujeres Transformando es una organización feminista salvadoreña que investiga y denuncia las condiciones de trabajo y vida de las trabajadoras de la industria textil en la maquila salvadoreña. Además, acompaña, asesora y forma a las mujeres. Dentro de los esfuerzos que la asociación ha realizado se encuentran: proyectos para fortalecer el liderazgo de las mujeres dentro del ejercicio sindical, investigaciones sobre las condiciones laborales de las mujeres dentro de las maquilas, denuncias a nivel nacional e internacional sobre los abusos que viven las mujeres dentro de las maquilas, propuestas para reformar la ley de zonas francas, y el desarrollo y publicación del Manual de Derechos Laborales.

En su intervención contaron cómo son las condiciones de trabajo en la maquila y las acciones y proyectos que desarrollan para visibilizar esta realidad, defender los derechos de las trabajadoras y sensibilizar a la sociedad. También hablaron de la conexión local-global y de qué estrategias y acciones concretas se pueden poner en marcha en el Norte global como consumidoras para exigir a las marcas que la ropa que vestimos se haga en unas condiciones dignas y respetando el medioambiente y los derechos humanos y laborales de las personas que trabajan en la industria textil.

También contaron con el aporte local por parte de Karina Perla, artista y creadora del taller Estudio 14, quien habló de todo lo que hay detrás de una prenda, y que a menudo permanece invisible: el conocimiento, el tiempo, la creatividad, el trabajo de las personas que lo hacen posible. Desde su mirada como artesana habló sobre la importancia de reconocer y valorar el trabajo de quienes diseñan, patronan y confeccionan, así como los retos de mantener vivos estos oficios y desarrollar una actividad artesana digna y sostenible. Invitó a reflexionar sobre que la moda sostenible no consiste únicamente en elegir materiales responsables, sino también en garantizar que las personas que hacen posible cada prenda sean reconocidas, respetadas y valoradas.

Como siempre, hubo una pausa con productos de comercio justo donde las personas asistentes pudieron charlar y coger energía para los talleres.

Tras la pausa comenzaron los talleres; ambos se llenaron dada la calidad de las personas que venían a impartirlos.

Por un lado, contaron con Airí Ferrer, coordinadora de Fashion Revolution Euskadi, que impartió la técnica del upcycling y enseñó a transformar materiales olvidados en piezas únicas y sostenibles. Explorando técnicas como el scrap, la superposición y el corte creativo, y poniendo manos a la obra, cada participante pudo crear su propia muestra llena de estilo y conciencia ambiental.

En el caso del taller de Textiles, de la mano de Adele Orcajada, las personas participantes descubrieron cómo crear materiales textiles a partir de ingredientes naturales como algas o residuos orgánicos.

A través de la experimentación práctica, exploraron el potencial de los biomateriales para transformar la industria de la moda.

Un taller para diseñar con la naturaleza y apostar por una moda más social y justa.

Como cierre de las jornadas, contaron con la participación de Itziar Garay y Rocío Salazar, quienes a través de la técnica de pensamiento visual recogieron en imágenes lo que había sido la jornada, lo cual sirvió para hacer un cierre claro y resumido que aunaba las ideas más importantes.

Fuente: Kidenda

Ante las elecciones generales del 29 de noviembre, la Alianza Residuo Cero ha hecho público un documento con diez propuestas para la próxima legislatura con las que iniciar una transformación hacia un nuevo modelo de producción y consumo con el que reducir la generación de residuos, fomentar la preservación de los recursos naturales y proteger la salud de las personas.

La entidad advierte de que muchas de las obligaciones ambientales aprobadas en los últimos años siguen sin aplicarse plenamente y reclama más control, transparencia y sanciones para garantizar su cumplimiento.

La organización considera que los próximos cuatro años representan una oportunidad para dar un impulso decisivo a la economía circular en España. Para ello, reclama situar la prevención y la reutilización en el centro de las políticas públicas y, especialmente, garantizar el cumplimiento efectivo de una legislación ambiental que, en demasiadas ocasiones, no se ha traducido en los resultados esperados.

España cuenta con un marco normativo que establece obligaciones y objetivos ambiciosos en materia de prevención de residuos, reducción de plásticos de un solo uso, reutilización y recogida separada. Sin embargo, numerosas medidas siguen pendientes de desarrollo o aplicación efectiva, mientras que los mecanismos de inspección y control resultan insuficientes.

«No podemos seguir aprobando leyes y fijando objetivos que después no se cumplen. La próxima legislatura debe ser la oportunidad para pasar de los compromisos a los resultados, garantizando que las administraciones y las empresas asuman sus responsabilidades. La ciudadanía necesita soluciones reales, no nuevas obligaciones que se queden sobre el papel», han señalado desde la Alianza Residuo Cero.

Cinco prioridades para avanzar hacia una economía verdaderamente circular

Entre las diez propuestas presentadas, la Alianza destaca cinco líneas de actuación fundamentales:

• Prevenir los residuos y reducir el consumo de recursos. Aplicar de manera efectiva las medidas de prevención contempladas en la Ley de Residuos y el Real Decreto de Envases, reducir los envases innecesarios y el sobreenvasado, impulsar la venta a granel y establecer medidas concretas para disminuir el consumo de materias primas y energía.
• Hacer de la reutilización una opción real y accesible. Extender los envases retornables, los sistemas de rellenado y las alternativas reutilizables. La Alianza reclama que se cumplan los objetivos de reutilización establecidos en la normativa y que se garantice una financiación suficiente para desarrollar estos sistemas, apoyando también al pequeño comercio.
• Proteger la salud frente a las sustancias tóxicas. Garantizar el cumplimiento efectivo de las restricciones al uso de sustancias peligrosas, como los bisfenoles y ftalatos, especialmente en los envases alimentarios. La organización reclama reforzar las inspecciones, sancionar los incumplimientos y promover alternativas más seguras, prestando especial atención a los colectivos vulnerables y a espacios como los comedores escolares.
• Garantizar el derecho a reparar y consumir de forma sostenible. Facilitar que reparar un producto sea más sencillo y económico que sustituirlo. Para ello, propone incentivos económicos a la reparación, acceso a piezas de recambio, apoyo a reparadores independientes y medidas contra la obsolescencia prematura y las prácticas comerciales engañosas.
• Asegurar que las leyes se cumplan. Establecer mecanismos eficaces de vigilancia, inspección y sanción, con responsabilidades claramente definidas entre las distintas administraciones. La Alianza reclama también transparencia sobre los resultados de las políticas de residuos, los datos de recogida y reciclaje y el cumplimiento de las obligaciones de las empresas.

La base del problema

Más allá de mejorar la gestión de los residuos, la Alianza defiende la necesidad de actuar sobre el modelo de producción y consumo que los genera. Actualmente, cada persona produce en España una media de 1,35 kilos de residuos municipales al día, casi media tonelada al año. Reducir esta cifra requiere facilitar el acceso a productos duraderos, reparables, reutilizables y libres de sustancias peligrosas, además de impulsar sistemas de producción que consuman menos materiales y energía.

La Alianza considera que esta transformación también ofrece oportunidades para fortalecer el comercio de proximidad, la economía social y solidaria y las actividades de reparación y reutilización, al tiempo que se reduce la dependencia de materias primas. «La economía circular empieza mucho antes de que un producto se convierta en residuo. Necesitamos cambiar la manera en que producimos y consumimos para que prevenir, reutilizar y reparar sean las opciones más fáciles y accesibles. Y necesitamos que las leyes que ya hemos aprobado sirvan realmente para impulsar ese cambio», ha destacado la organización.

Con estas diez propuestas, la Alianza Residuo Cero quiere contribuir al debate público y situar la prevención de residuos, la reutilización y la protección de la salud entre las prioridades de las políticas ambientales de los próximos años. «El verdadero avance no será aprobar más compromisos, sino conseguir que los que ya existen se cumplan y mejoren la vida de las personas y la salud del planeta».

Fuente: Alianza Residuo Cero

En torno al pasado 24 de octubre SETEM participó en varias de las acciones de calle que tuvieron lugar con motivo del 20 aniversario de la Campaña Banca Armada, junto a activistas del resto de organizaciones que forman parte de la campaña.

20 años de lucha contra la financiación de la industria armamentística

En un contexto de creciente rearme y remilitarización a nivel mundial, con más de 50 conflictos armados de alta intensidad y más de 130 conflictos en total, con el gasto militar creciendo de manera vertiginosa y la amenaza de la vuelta del servicio militar obligatorio en varias regiones del globo, es necesario señalar el papel activo de las entidades financieras en este complejo militar-industrial-financiero.

Por ello, y con motivo del 20 aniversario del comienzo de la campaña para denunciar la responsabilidad de las entidades bancarias en la financiación de la fabricación del armamento que se utiliza en las guerras y conflictos armados que asolan el mundo, activistas de la campaña contra la Banca Armada han salido de manera coordinada a las calles en Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona y Valencia para señalar al Banco Santander por sus vínculos con la industria armamentística.

Las armas no aparecen en el campo de batalla por sí solas. Detrás de su fabricación y comercialización existe una estructura financiera que proporciona créditos, inversiones y otros recursos a las empresas armamentísticas. Por eso, la campaña denuncia la responsabilidad de quienes hacen posible y se benefician del negocio de la guerra.

El Banco Santander lidera la inversión en empresas militares, empresas que desarrollan armamento nuclear y empresas que se lucran del genocidio en Gaza.

En 2025, el Santander lideró el ránking estatal de financiación armamentista y ocupó el puesto 22 a nivel internacional. Durante el período 2022-2024, la entidad invirtió más de 2.868 millones de dólares en empresas armamentísticas. A la vez, la entidad anunció unos beneficios de 14.101 millones de euros, récord histórico de la banca española.

Además de su papel como financiador de la industria bélica, según un informe de 2025 de «Don’t Bank on the Bomb», el Santander contribuye a la escalada militarista mundial con 4.527 millones de dólares a empresas implicadas en el desarrollo y modernización del armamento nuclear.

Y por si esto no fuera suficientemente grave, tal como recoge el informe La banca armada y su corresponsabilidad en el genocidio en Gaza, publicado por el Centre Delàs en 2024, el Santander ha financiado entre 2022 y 2024 con al menos 2.442 millones de dólares a empresas armamentísticas que fabrican y suministran armas al ejército israelí, armas que se ha probado que han sido utilizadas en el genocidio de Israel contra el pueblo palestino.

No colaboración con la Banca Armada. Pásate a las alternativas de las finanzas éticas y solidarias

Con esta acción en las sucursales del Santander, las y los activistas representaron una cola de personas que se acercan a la entidad para cerrar sus cuentas y retirar sus ahorros porque se niegan a que su dinero sirva para financiar la producción de armas destinadas a ser utilizadas en las guerras y en el genocidio contra la población palestina.

Por último, la campaña invita a la ciudadanía a informarse sobre qué financia su banco, retirar su dinero de la Banca Armada y apostar por alternativas de banca ética y finanzas solidarias. «¡Porque nuestro dinero no debe financiar la guerra ni el genocidio!».

Fuente: SETEM

¿Es posible organizar la economía de otra manera? Aunque poco visibles, durante dos siglos, millones de personas han demostrado que sí. Cooperativas, mutualidades, asociaciones y banca social han surgido para dar respuesta a necesidades que ni el mercado ni el Estado resolvían adecuadamente como trabajar, producir, consumir, ahorrar, acceder a una vivienda o protegerse colectivamente.

Esta obra recorre esas experiencias y muestra que, pese a su diversidad, comparten un mismo ADN basado en la primacía de las personas, la democracia económica, la igualdad social y la utilidad colectiva. Pero también plantea una pregunta crucial: ¿puede esta economía social y solidaria salir de los márgenes y convertirse en una fuerza de transformación en un contexto marcado por la crisis como el actual, caracterizado por las crecientes desigualdades, la concentración de poder, la revolución digital y la crisis climática? Para lograrlo, debe ganar escala, construir ecosistemas propios, articular actores y coaliciones, impulsar imaginarios colectivos y políticas públicas transformadoras, y extender sus principios a la economía en su conjunto.

El autor

Rafael Chaves Ávila es catedrático de Universidad en el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Economía de la Universitat de València. Preside la Comisión Científica de CIRIEC-España, fue miembro del Grupo de Expertos en Economía Social y Empresas Sociales (GECES) de la Comisión Europea entre 2018 y 2024 y es, desde 2026, miembro observador de la Task Force sobre Economía Social y Solidaria de Naciones Unidas (UNTFSSE).

Índice

• Capítulo 1. La necesidad de otra economía
  • ¿Para qué sirve la economía?
  • Cuando ni el mercado ni el Estado ofrecen respuestas adecuadas
  • Las personas se organizan para resolver sus propios problemas
  • La carta robada
• Capítulo 2. De las asociaciones obreras de producción y las cooperativas agrarias a las finanzas éticas, las comunidades energéticas y las cooperativas de plataforma: 200 años de experiencia de otra economía
  • Trabajar: empresas autogestionadas por los trabajadores
  • Organizar la economía popular e informal
  • Cooperativismo agroalimentario: producir y desarrollar el territorio
  • Consumidores organizados
  • Energía en manos de las personas, no de los oligopolios
  • Viviendas para las personas, no para especular
  • Ahorrar y financiar: banca cooperativa y finanzas éticas
  • Cuidar las personas dependientes desde el tercer sector
  • Educación cooperativa
  • Protegernos colectivamente: mutualismo de previsión social y cooperativismo sanitario
  • Participación y solidaridad: voluntariado en acción
  • Nuevas fronteras en la era de las transiciones climática y digital
• Capítulo 3. El ADN de la economía social: una economía para la democracia y la igualdad social
  • Diferentes pero iguales, con un ADN compartido basado en la democracia, igualdad social y utilidad social
  • Un universo de organizaciones diferentes
  • Una economía de gran dimensión presente en todo el mundo
• Capítulo 4. De los márgenes al centro del sistema: la economía social como fuerza de transformación
  • Tres funciones sistémicas y una pluralidad terminológica
  • Reparar, innovar y transformar
  • De la fragmentación, el particularismo y la reactividad a la articulación, la proactividad y el impulso transformador
  • Del nivel micro al nivel meso: articulación, complementariedades y ecosistemas
  • Exaptación e isomorfismo institucional invertido
  • Ganar también la batalla de las ideas y de los imaginarios
  • El papel del Estado y las alianzas entre actores
• Capítulo 5. Impulsar otra economía desde las políticas públicas
  • De las políticas para la economía social a transformar la economía desde la economía social
  • Políticas de primera y segunda generación
  • Otra economía es posible y ya está aquí

Autor: Rafael Chaves Ávila
Editorial: Tirant lo Blanch (Tirant Humanidades), colección Ágora
Edición: 1.ª edición, octubre de 2026
Páginas: 156
Idioma: castellano
ISBN papel: 9791370387105
ISBN ebook: 9791370387112
Formato: papel (impresión bajo demanda) y libro electrónico

Más información y compra en la web de Tirant lo Blanch

El jueves 26 de noviembre, SETEM Hego Haizea y Economistas sin Fronteras organizan en Donostia, en colaboración con el Aula de Economía Social y Solidaria de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU, el encuentro «Economía para la vida: mujeres, organización colectiva y autonomía», con la experiencia de Mujeres de Frente.

A través de sus experiencias, se reflexionará sobre las posibilidades del emprendimiento colectivo como herramienta de transformación social, así como sobre los impactos sociales y medioambientales de los actuales modelos de producción y consumo, especialmente en los sectores alimentario y textil.

El encuentro será también una oportunidad para acercarse a las propuestas que surgen desde los movimientos populares del Sur Global y compartir saberes en torno a la economía social y solidaria, el consumo crítico, responsable y transformador y las alternativas feministas al modelo económico dominante: un espacio de encuentro y diálogo para conocer otras formas de hacer economía, desde lo colectivo, los cuidados y la defensa de una vida digna para todas las personas.

Fecha: jueves 26 de noviembre de 2026
Hora: de 12:00 a 14:00
Lugar: Salón de actos de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU (Plaza de Oñati, 1, Donostia)
Organizan: SETEM Hego Haizea y Economistas sin Fronteras, en colaboración con el Aula de Economía Social y Solidaria de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU
Dirigido a: actividad abierta al alumnado universitario y al público general
Guardería: en caso de necesitar este servicio, se puede escribir a ecosfron.euskadi@ecosfron.org

Mujeres de Frente

Frente a un modelo económico que prioriza el beneficio individual y la acumulación de capital, existen experiencias que apuestan por otras formas de producir, consumir y organizar la economía. Iniciativas que nacen de la cooperación, el apoyo mutuo y la necesidad de construir alternativas que pongan la vida y los cuidados en el centro.

Este es el caso de Mujeres de Frente, una organización feminista popular y antirracista nacida en la cárcel de mujeres de Quito (Ecuador), que reúne a mujeres presas y no presas en un proceso de organización colectiva, investigación y acción feminista antipenitenciaria. Actualmente, conforman una amplia comunidad de cooperación y cuidado entre mujeres de distintas realidades, atravesadas por situaciones de desigualdad, precariedad y violencia.

Desde esta experiencia, Mujeres de Frente impulsa diferentes iniciativas de economía popular y feminista, como su Comedor Popular y Servicio de Catering y su Taller de Costura. Estos emprendimientos colectivos buscan generar oportunidades de trabajo digno, fortalecer la autonomía económica de las mujeres y construir alternativas de producción y consumo basadas en la solidaridad, la justicia social y el cuidado del entorno. La organización, con la que SETEM Hego Haizea mantiene relaciones de cooperación para el desarrollo, visitará Euskadi durante la última semana de noviembre.

Más información en la web de Economistas sin Fronteras

• El gasto habitacional dispara la tasa de pobreza laboral del 11,48% al 15,49%.
• Una de cada tres personas con trabajo que alquila a precio de mercado vive en la pobreza tras pagar la renta. La tasa alcanza el 34,08% frente al 10,22% entre quienes hacen frente a una hipoteca y el 7,95% entre quienes tienen su casa pagada.
• Tener menores aumenta especialmente el riesgo de vulnerabilidad: la pobreza laboral roza el 40% en familias con tres o más hijos e hijas y alcanza el 29,6% en hogares monoparentales.
• El impacto de los costes de la vivienda varía entre comunidades autónomas, con Madrid a la cabeza del aumento de la tasa de pobreza laboral, seguida de Cataluña y Murcia.
• De cara a las próximas elecciones generales, Oxfam Intermón reclama a las formaciones políticas que sitúen en el centro la lucha contra la desigualdad, actuando a favor del empleo digno y el acceso a una vivienda asequible.

Tener empleo ya no garantiza evitar la pobreza, especialmente cuando el coste habitacional absorbe una parte cada vez más elevada de los ingresos. Así lo evidencia el nuevo informe de Oxfam Intermón, que revela que el coste de la vivienda empuja a 770.000 personas trabajadoras más por debajo del umbral de la pobreza en España, elevando el total a cerca de tres millones.

Bajo el título «Cuando trabajar no es suficiente: el impacto del coste de la vivienda en la pobreza laboral», el informe calcula la situación de pobreza de las personas con empleo antes y después de hacer frente al alquiler, la hipoteca y otros pagos residenciales en el año 2024. Antes de descontarlos, el 11,48% de las personas trabajadoras se encuentra en situación de pobreza, alrededor de 2,2 millones. Una vez incorporado el coste de la vivienda, otras 770.000 personas con empleo caen por debajo del umbral, hasta acercar la cifra total a los 3 millones. La tasa se eleva así hasta el 15,49%, más de 4 puntos porcentuales.

Los datos se conocen en un momento en el que la vivienda ocupa el centro de la conversación social y política en España. Las movilizaciones ciudadanas de las últimas semanas han vuelto a poner sobre la mesa las consecuencias humanas de una crisis habitacional que va mucho más allá de perder una casa: también erosiona la capacidad de cientos de miles de hogares para sostener unas condiciones de vida dignas.

«Los desahucios son la cara más extrema de la crisis habitacional, pero no la única. Hay otra realidad menos visible: personas que trabajan y consiguen pagar a duras penas su casa cada mes, pero que después de hacerlo no disponen de ingresos suficientes para sostener una vida digna. La vivienda se está convirtiendo en uno de los factores que más empobrecimiento y desigualdad generan», explica Alejandro García-Gil, responsable de vivienda, empleo y de políticas sociales de Oxfam Intermón.

Cambio de rumbo

En este contexto, la aprobación de los decretos de vivienda en el Consejo de Ministros abre la oportunidad a cambiar el rumbo de la política de vivienda en España y dar respuesta a una crisis que se ha convertido en una emergencia social.

«No resuelven un problema estructural, pero suponen un primer paso para aliviar el sufrimiento de millones de personas y avanzar hacia un cambio de paradigma», añade García-Gil. «Un cambio que anteponga el derecho a la vivienda frente a la especulación, proteja a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, dé estabilidad a quienes viven de alquiler y ofrezca seguridad jurídica a las personas que son pequeñas propietarias que arriendan sus casas a precios asequibles».

El alquiler, la gran brecha

El impacto es especialmente intenso entre las personas que viven en alquiler a precio de mercado. Antes de pagar la vivienda, su tasa de pobreza laboral se sitúa ya en el 19,35%. Después de descontar el pago de la renta asciende a 34,08%, una diferencia de casi 15 puntos porcentuales y un incremento del 76% en términos relativos.

El alquiler es hoy uno de los principales generadores de desigualdad económica: una de cada tres personas trabajadoras que arrienda a precio de mercado queda por debajo del umbral de la pobreza después de pagarlo.

La situación contrasta con la de quienes viven en una casa en propiedad. Después de afrontar los gastos residenciales, la tasa alcanza el 10,22% entre quienes todavía pagan una hipoteca y el 7,95% entre quienes ya la tienen completamente pagada.

«Esta brecha ayuda a entender por qué el debate sobre vivienda ha desbordado el problema de acceso y se ha convertido en una cuestión central sobre desigualdad y condiciones de vida. Una política de vivienda efectiva debe permitir no solo conservar un techo, sino vivir dignamente debajo de él», señala el portavoz.

Crece la economía, pero la pobreza laboral se estanca

La presión de los costes residenciales se superpone a un problema que España arrastra desde hace años. La tasa de pobreza laboral apenas ha variado entre 2022 y 2024: pasó del 11,64% al 11,48%, una reducción de apenas 0,16 puntos. En el mismo periodo, el PIB creció más de un 6%.

Esto confirma que el crecimiento sostenido de la economía no se traduce en una reducción significativa de la pobreza entre las personas que trabajan. La brecha entre crecimiento económico y bienestar es tan profunda que, al ritmo actual de reducción de la tasa, España tardaría 59 años en alcanzar la media europea (8,2%).

Los datos muestran, además, importantes desigualdades dentro del mercado de trabajo. La pobreza laboral alcanza el 31,42% entre las personas trabajadoras de nacionalidad de países de fuera de la UE, frente al 8,71% entre quienes tienen nacionalidad española.

También afecta al 20,62% de quienes tienen un empleo a tiempo parcial, prácticamente el doble que entre quienes tienen jornada completa, y al 21,69% de las personas autónomas (11 puntos más que entre asalariados y asalariadas) revelando que el autoempleo es también una fuente de precariedad.

La pobreza laboral se concentra además en sectores esenciales y caracterizados por salarios bajos y menor capacidad de negociación: afecta al 27,48% de quienes trabajan en empleo doméstico y cuidados, el 26,24% en agricultura y al 21,17% en hostelería.

La composición del hogar marca otra brecha. La pobreza laboral alcanza el 39,5% de los hogares formados por dos adultos y tres o más menores y el 29% en los monoparentales, ocho de cada diez encabezados por mujeres. Incluso con dos personas adultas trabajando o formando parte del hogar, la presencia de menores eleva significativamente el riesgo de pobreza.

«Siempre se ha considerado que la mejor herramienta contra la pobreza era el empleo y este análisis demuestra que trabajar no es suficiente. La parcialidad involuntaria o el autoempleo condenan a la precariedad a una de cada diez personas trabajadoras», según Alejandro García-Gil.

«Si a eso le sumamos que los salarios están subiendo mucho menos que el precio de la vivienda se crea un cóctel de miseria donde se entrecruzan la pobreza laboral y los elevados costes residenciales hasta asfixiar económicamente a cientos de miles de hogares –explica el portavoz de Oxfam Intermón–. En consecuencia, las políticas de empleo y vivienda tienen que pensarse conjuntamente, si queremos que trabajar vuelva a ser una garantía frente a la pobreza».

La vivienda amplía las brechas autonómicas

Las diferencias entre comunidades autónomas son también significativas. Andalucía registra la tasa de pobreza laboral más elevada, con un 17,65%, seguida de la Comunidad Valenciana (16,95%) y Extremadura (16,54%). Pero el mapa cambia cuando se incorpora el coste de la vivienda. Los datos muestran que el impacto no es homogéneo en todo el territorio: Madrid es la comunidad donde más aumenta la pobreza laboral tras descontar los gastos residenciales. Pasa del 7,29% al 12,73%, un incremento de 5,44 puntos porcentuales. Le sigue Cataluña, donde la tasa sube del 7,90% al 12,86%, casi 5 puntos, y Murcia, en donde aumenta del 15,37% al 20,23%.

El efecto es todavía más intenso entre quienes alquilan a precio de mercado. Más de la mitad de las personas trabajadoras inquilinas de Castilla y León quedan por debajo del umbral después de pagar el alquiler (del 29,65% al 50,68%) y cerca de la mitad en Castilla-La Mancha (del 22,53% al 48,69%). En el País Vasco pasa del 12,98% al 31,07%, una subida de más de 18 puntos.

Próxima legislatura: vivienda asequible y empleo digno

Ante la convocatoria electoral, Oxfam Intermón pide a las formaciones políticas que sitúen en el centro la lucha contra la desigualdad, con medidas que logren que el trabajo permita sostener unas condiciones de vidas dignas y actuaciones capaces de reducir el peso que la vivienda tiene sobre los ingresos de los hogares.

Para ello, la organización propone en materia de empleo blindar por ley las actualizaciones del salario mínimo interprofesional para que las personas trabajadoras con peores salarios no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

Además, plantea aprobar definitivamente el Estatuto del Becario para proteger a los y las trabajadoras más jóvenes y desarrollar políticas activas de empleo para las personas en situación de paro de larga duración. Asimismo, considera necesario reforzar la negociación colectiva para que las clases medias recuperen capacidad adquisitiva ante la subida de precios.

En cuanto a vivienda digna, la organización pide a los grupos parlamentarios que escuchen el clamor de las movilizaciones por la vivienda y miren a Europa: es imprescindible para dar solución a la actual crisis que garantice la estabilidad del inquilinato con la aprobación de las renovaciones automáticas de los contratos de alquiler para que los hogares inquilinos no afronten desahucios invisibles cada cinco años.

No obstante, esta medida de protección en el corto plazo debe ir acompañada de otras de carácter estructural, como es la movilización y construcción de vivienda asequible y social para ampliar la oferta en España.

«La movilización social de estas semanas ha vuelto a recordar que la vivienda es una cuestión central para millones de personas. Las protestas expresan un malestar que las formaciones políticas no pueden ignorar: la dificultad creciente para cientos de miles de hogares de acceder a una casa, mantenerla y sostener unas condiciones dignas. La próxima legislatura debe situar en el centro la mejora material de la vida de la gente», concluye García-Gil.

Descarga el informe «Cuando trabajar no es suficiente: el impacto del coste de la vivienda en la pobreza laboral»

Fuente: Oxfam Intermón

Oxfam Intermón publica Cuando trabajar no es suficiente: el impacto del coste de la vivienda en la pobreza laboral, un análisis sobre la evolución de la tasa de pobreza laboral en España entre 2022 y 2024 que caracteriza los diferentes perfiles de personas trabajadoras en situación de pobreza y hace especial énfasis en cómo impacta la crisis de la vivienda entre las personas trabajadoras más vulnerables. El estudio continúa la línea de investigación que la organización inició hace dos años con el informe Pobreza laboral. Cuando trabajar no es suficiente para llegar a fin de mes.

El informe calcula la situación de pobreza de las personas con empleo antes y después de hacer frente al alquiler, la hipoteca y otros pagos residenciales. Antes de descontarlos, el 11,48% de las personas trabajadoras se encuentra en situación de pobreza, alrededor de 2,2 millones. Una vez incorporado el coste de la vivienda, otras 770.000 personas con empleo caen por debajo del umbral, hasta acercar la cifra total a los 3 millones, y la tasa se eleva hasta el 15,49%.

Principales conclusiones

• La pobreza laboral se ha cronificado: apenas ha variado entre 2022 y 2024 (del 11,64% al 11,48%), mientras el PIB crecía más de un 6%.
• El alquiler, la gran brecha: una de cada tres personas trabajadoras que alquila a precio de mercado queda en la pobreza después de pagar la renta (34,08%), frente al 10,22% entre quienes pagan una hipoteca y el 7,95% entre quienes tienen la casa pagada.
• Desigualdades en el mercado de trabajo: la pobreza laboral alcanza el 31,42% entre las personas trabajadoras de fuera de la UE, el 20,62% entre quienes trabajan a tiempo parcial y el 21,69% entre las personas autónomas, y se concentra en sectores esenciales como el empleo doméstico y los cuidados, la agricultura y la hostelería.
• Hogares con menores: la pobreza laboral roza el 40% en las familias con tres o más menores y llega al 29% en los hogares monoparentales.
• Diferencias territoriales: Madrid, Cataluña y Murcia son las comunidades donde más aumenta la pobreza laboral al descontar el coste de la vivienda.

Recomendaciones

El informe concluye que crecer no es suficiente y plantea diez recomendaciones:

1. Blindar una senda de subida del SMI vinculada al coste real de la vida.
2. Impulsar convenios sectoriales con salarios mínimos reales por encima del SMI en sectores de alta pobreza laboral.
3. Reducir la parcialidad involuntaria y garantizar horas suficientes de trabajo.
4. Reforzar la Inspección de Trabajo en los sectores con mayor pobreza laboral.
5. Proteger el trabajo autónomo de bajos ingresos.
6. Convertir la vivienda asequible en una política contra la pobreza laboral.
7. Contener los precios del alquiler en las zonas tensionadas.
8. Reforzar el apoyo económico a la crianza.
9. Regularizar, reconocer y proteger el trabajo de las personas migrantes.
10. Medir oficialmente la pobreza laboral antes y después de pagar la vivienda.

El análisis se basa en una explotación propia de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 del Instituto Nacional de Estadística (datos de renta de 2024).

Edita: Oxfam Intermón
Autoría: Alejandro García-Gil
Fecha: octubre de 2026
Páginas: 19

Más información sobre el informe en la noticia «El coste de la vivienda en España empuja a 770.000 personas trabajadoras más a la pobreza y eleva el total a cerca de 3 millones».

Descarga el informe (PDF) · Más información en la web de Oxfam Intermón

Fuente: Oxfam Intermón

¿Por qué cada vez cuesta más llegar a fin de mes, encontrar una vivienda, cuidar de nuestros mayores o simplemente tener tiempo para vivir? Estas preguntas, que forman parte de la vida cotidiana de miles de personas, estuvieron en el centro del coloquio «La reproducción social en crisis: trabajar, vivir y luchar en el capitalismo hoy», celebrado el 28 de octubre en Bilbao. Un encuentro que invitó a mirar la economía desde un lugar poco habitual: nuestras propias vidas.

El miércoles 28 de octubre, la Facultad de Economía y Empresa de la EHU, en la calle Elcano de Bilbao, acogió una conversación que fue mucho más allá de los números, los mercados o las grandes cifras económicas. Sobre la mesa había asuntos tan cotidianos como pagar el alquiler, preparar la comida, cuidar de una persona dependiente, criar a los hijos o encontrar un momento de descanso después de trabajar.

El encuentro, impulsado por Economistas sin Fronteras Euskadi en colaboración con el profesor Jon Las Heras, reunió a tres voces del pensamiento económico y social crítico: Amaia Pérez Orozco, economista y activista feminista, que ejerció de moderadora; Pedro Rey Araújo, economista e investigador especializado en marxismo y reproducción social; e Ira Hybris, militante transfeminista y pensadora comunista queer.

Patricia Solaun, de Economistas sin Fronteras, abrió la sesión recordando el propósito de la organización: acercar la economía crítica a la ciudadanía y ofrecer herramientas para comprender el sistema económico y pensar alternativas. Jon Las Heras destacó, por su parte, la importancia de abrir las puertas de la universidad a perspectivas que no siempre encuentran espacio en las facultades de Economía.

Y es que la pregunta que atravesó toda la tarde era tan sencilla de formular como difícil de responder: ¿cómo podemos organizar una sociedad en la que lo importante sea vivir dignamente y no estar permanentemente al servicio de la economía?

Una crisis que se nota en el bolsillo, pero también en el cuerpo

Amaia Pérez Orozco comenzó poniendo el foco en la urgencia del momento actual. Habló de crisis ecológica, precariedad y desigualdad, y de un mundo en el que cada vez resulta más difícil encontrar espacios verdaderamente seguros.

Su planteamiento partía de una contradicción fundamental: mientras el sistema económico necesita que las personas trabajen, consuman y mantengan funcionando la sociedad, sus propias dinámicas dificultan las condiciones necesarias para sostener la vida. Es lo que denominó el conflicto entre el capital y la vida. Dicho de forma sencilla: necesitamos una economía para vivir, pero muchas veces parece que vivimos únicamente para mantener funcionando la economía.

La vivienda es un buen ejemplo. Necesitamos un techo, pero la vivienda se ha convertido también en un negocio con el que obtener beneficios. Algo parecido ocurre con los cuidados, la energía y determinados servicios esenciales.

Pérez Orozco defendió que las luchas por la vivienda, los servicios públicos, el territorio, los salarios dignos o las redes de apoyo mutuo no son problemas aislados. Todas comparten un objetivo: defender las condiciones que hacen posible una vida digna.

¿Quién se ocupa de que podamos seguir viviendo?

Uno de los conceptos centrales del coloquio fue el de «reproducción social». Aunque suene complicado, la idea resulta bastante cercana. Cada mañana millones de personas salen a trabajar. Pero para que eso ocurra alguien ha tenido que comprar alimentos, cocinar, limpiar, lavar la ropa, cuidar a los niños o atender a las personas mayores y enfermas. Sin esas tareas, la sociedad simplemente no funcionaría.

Pedro Rey Araújo explicó que tradicionalmente buena parte de estos trabajos se han realizado dentro de los hogares, muchas veces sin remuneración y principalmente por mujeres. Sin embargo, propuso ampliar la mirada: la reproducción social no consiste únicamente en cuidar o realizar tareas domésticas, sino también en comprender cómo se organiza una sociedad para seguir existiendo.

Su explicación puso sobre la mesa una paradoja. En el capitalismo somos formalmente libres para decidir qué hacer con nuestra vida, pero la mayoría necesitamos vender nuestro tiempo a cambio de un salario para conseguir lo indispensable. Dedicamos buena parte del día a trabajar y después debemos encontrar tiempo y energía para hacer todo aquello que nos permite seguir viviendo.

Trabajamos para vivir, pero el trabajo nos deja cada vez menos tiempo para vivir

Además, recordó que incluso las tareas realizadas gratuitamente en casa dependen del mercado. Para cuidar a una persona enferma necesitamos tiempo, pero también alimentos, medicamentos, electricidad y una vivienda. Y todo eso cuesta dinero.

Por tanto, el mercado no se queda a la puerta de casa. Entra hasta la cocina.

La sensación permanente de no llegar a todo

La segunda parte del debate abordó una experiencia familiar para muchas personas: vivir con la sensación de ir siempre corriendo.

Pedro Rey Araújo recordó que durante las últimas décadas los salarios se han estancado en numerosos sectores, se han debilitado servicios públicos y muchos hogares necesitan dos ingresos para sostenerse. El resultado es una carrera interminable: trabajar, comprar, cocinar, limpiar, cuidar, organizar horarios y volver a empezar.

Pero introdujo una advertencia importante: tampoco conviene idealizar el pasado. Aquellas familias que podían mantenerse con un solo salario descansaban, con frecuencia, sobre una distribución profundamente desigual del trabajo doméstico, que recaía sobre las mujeres. No se trata de regresar a ese modelo, sino de repartir mejor las responsabilidades y liberar tiempo para todas las personas.

Ira Hybris amplió el análisis señalando que esta crisis no afecta a todo el mundo por igual. Las mujeres, las personas migrantes, racializadas, trans y otros colectivos discriminados suelen soportar una parte especialmente dura de sus consecuencias.

Puso como ejemplo las llamadas cadenas globales de cuidados: familias que contratan a otras personas, frecuentemente mujeres migrantes, para atender necesidades que no pueden cubrir por sí mismas. En ocasiones, esas trabajadoras dejan a sus propios familiares al cuidado de otras personas en sus países de origen. Así, una necesidad básica como cuidar puede acabar sostenida por una cadena de desigualdades.

Hybris también relacionó esta situación con el auge de discursos autoritarios que señalan a determinados colectivos como responsables de problemas sociales más amplios.

Advirtió de que el racismo, el machismo y los ataques contra las personas LGTBIQ+ no son simples disputas culturales: también pueden dividir a la población trabajadora y debilitar su capacidad de defender derechos comunes.

Frente a ello, reivindicó la importancia de conectar las luchas feministas, antirracistas, laborales y por la vivienda. Recordó la consigna «Si nosotras paramos, se para el mundo», que puso de manifiesto hasta qué punto los trabajos invisibles sostienen la economía. Para Hybris, defender los derechos de los colectivos más discriminados forma parte de la lucha por mejorar las condiciones de vida de toda la sociedad.

Tenemos lavadoras, pero seguimos sin tiempo

Uno de los momentos más sugerentes llegó cuando Pedro Rey Araújo planteó una pregunta aparentemente sencilla: si hoy tenemos lavadoras, frigoríficos, aspiradoras y multitud de aparatos que facilitan las tareas domésticas, ¿por qué seguimos dedicándoles tantas horas?

Según explicó, los estudios históricos sobre el uso del tiempo muestran que las mejoras tecnológicas no se han traducido necesariamente en una reducción equivalente del trabajo doméstico por persona. Entre las razones señaló el aumento de las exigencias de limpieza y el hecho de que vivimos en hogares cada vez más pequeños, donde cada familia organiza por separado sus compras, comidas y cuidados.

¿Y si compartiéramos más? El investigador planteó alternativas como comedores comunitarios, lavanderías compartidas, espacios públicos seguros para la infancia, viviendas que permitan distintas formas de convivencia y servicios de cuidados organizados colectivamente.

No se trataba de imponer una forma de vivir, sino de abrir posibilidades. ¿Por qué tiene que cocinar cada hogar por separado todos los días? ¿Por qué el cuidado de una criatura debe recaer exclusivamente sobre dos personas? ¿Por qué no diseñamos barrios que faciliten encontrarnos, ayudarnos y compartir responsabilidades?

Detrás de estas preguntas había una idea poderosa: la tecnología debería servir para ganar tiempo de vida, no únicamente para producir más y más deprisa.

De las ideas a la práctica: ¿qué podemos hacer?

La conversación no se quedó en el diagnóstico. También se habló de cómo organizarse para cambiar las cosas.

Ira Hybris defendió que las luchas laborales, feministas, ecologistas, antirracistas y por los derechos de las personas LGTBIQ+ no deberían caminar por separado, porque pueden reforzarse mutuamente. Puso ejemplos de movilizaciones en Argentina, Francia y Bélgica, donde las reivindicaciones por los derechos de las personas trans se vincularon con la defensa de la sanidad pública, la educación, el empleo y otras necesidades sociales. También destacó las movilizaciones por la vivienda y las organizaciones de trabajadoras del hogar como ejemplos de luchas capaces de reunir a personas con situaciones diferentes.

La idea era clara: no hace falta que todas las personas tengan los mismos problemas para defender juntas soluciones comunes.

Pedro Rey Araújo, por su parte, insistió en recuperar la capacidad colectiva de decidir cómo utilizamos nuestros recursos, nuestra tecnología y nuestro tiempo.

Ambos compartieron un horizonte de transformación profunda del sistema económico, aunque desde enfoques diferentes: Pedro puso más énfasis en el funcionamiento del capitalismo y sus contradicciones; Ira destacó la necesidad de construir movimientos amplios que incorporen las distintas experiencias de desigualdad y opresión.

El público también tenía mucho que decir

Tras las intervenciones llegó el turno de las preguntas y aportaciones del público. Una asistente procedente de Pereira, Colombia, recordó experiencias de comunidades indígenas y negras donde el cuidado infantil se organizaba de manera compartida. Su intervención permitió recuperar una idea que parece haberse perdido en muchas sociedades actuales: cuidar a los niños y niñas no tiene por qué ser una responsabilidad exclusiva de sus padres y madres.

Otras personas preguntaron por las comunidades energéticas, las viviendas colaborativas y los comedores colectivos. También surgió una cuestión fundamental: ¿qué papel deberían desempeñar las instituciones públicas para que estas alternativas no queden reservadas a quienes tienen recursos económicos?

Se recordaron experiencias históricas de comedores colectivos en países socialistas y se debatió cómo impulsar iniciativas comunitarias dentro del sistema económico actual sin reproducir las desigualdades que pretenden combatir.

Pedro Rey Araújo reconoció las posibilidades de estas propuestas, aunque advirtió de sus límites: ninguna comunidad puede funcionar completamente al margen del mercado. Incluso para instalar placas solares o desarrollar un proyecto cooperativo necesitamos materiales, recursos y financiación.

El debate también abordó el papel del Estado, las relaciones familiares, el trabajo sexual y la necesidad de que las teorías económicas ayuden a comprender y transformar los problemas cotidianos.

No hubo respuestas cerradas para todas las preguntas. Y quizá ahí residió una de las virtudes del encuentro: reconocer que construir alternativas exige discutir, experimentar y aprender colectivamente.

¿Y si empezáramos por recuperar nuestro tiempo?

Al finalizar la sesión, Amaia Pérez Orozco destacó la riqueza del intercambio entre las reflexiones teóricas y las propuestas políticas, e invitó a continuar el debate en las calles y las luchas sociales.

Durante dos horas, la Facultad de Economía y Empresa de Elkano se convirtió en un espacio para hablar de algo que a menudo queda fuera de los grandes debates económicos: el tiempo que necesitamos para vivir, las personas que nos cuidan y las condiciones que hacen posible nuestra existencia cotidiana.

El coloquio no ofreció una receta mágica para resolver la crisis de los cuidados, la precariedad laboral o el problema de la vivienda. Pero sí dejó una pregunta que merece llegar a nuestros barrios, centros de trabajo y hogares. Si somos capaces de producir tanta riqueza, desarrollar tecnologías extraordinarias y organizar actividades económicas a escala mundial, ¿por qué nos cuesta tanto garantizar algo tan básico como una vida digna para todas las personas?

Tal vez una parte de la respuesta esté en cambiar el orden de nuestras prioridades.

Porque, al fin y al cabo, la economía debería estar al servicio de la vida, y no la vida al servicio de la economía.

Fuente: Economistas sin Fronteras

El número 63 de los Dossieres EsF, la revista digital trimestral de Economistas sin Fronteras, correspondiente al otoño de 2026, lleva por título Blockchain y activos digitales: economía, impacto y futuro. Coordinado por José Manuel Amor Alameda (Afi, Analistas Financieros Internacionales) y Marta de la Cuesta González (UNED y Economistas sin Fronteras), ofrece una visión amplia y rigurosa de los principales retos y oportunidades que plantea el ecosistema de blockchain y los activos digitales. Para ello, Economistas sin Fronteras ha contado con la colaboración de Analistas Financieros Internacionales (Afi).

Este número monográfico analiza el impacto económico y social de blockchain y los activos digitales, abordando su evolución desde Bitcoin hasta la tokenización de activos, las finanzas descentralizadas y las monedas digitales de bancos centrales. El dossier examina sus aplicaciones y oportunidades en ámbitos como las infraestructuras financieras, la financiación de pymes y proyectos sostenibles, la inclusión financiera y las monedas sociales, así como los retos asociados a la sostenibilidad, la privacidad, la seguridad y la protección de los usuarios.

Asimismo, presta especial atención al papel de la regulación, la gobernanza y las instituciones para garantizar que la innovación tecnológica contribuya a una economía digital más eficiente, transparente, segura e inclusiva. El conjunto ofrece una visión crítica y accesible sobre las oportunidades, riesgos y transformaciones que plantean estas tecnologías para el futuro del dinero, los mercados y la economía.

Índice

• Presentación: Blockchain y activos digitales: economía, impacto y futuro. José Manuel Amor Alameda (Afi, Analistas Financieros Internacionales) y Marta de la Cuesta González (UNED y EsF).
• Qué es realmente blockchain: fundamentos técnicos explicados para no expertos. Alfonso González (consultor cuantitativo en Afi, Analistas Financieros Internacionales).
• De bitcoin a la tokenización: la innovación cripto se desplaza hacia la infraestructura financiera. Adrián Fernández y Javier Pino (Área de Análisis Económico y de Mercados de Afi).
• Tokenización de activos: eficiencia financiera e impacto social. Gonzalo López-Amor Gutiérrez (Área de Inversiones de Afi, Analistas Financieros Internacionales).
• El euro digital y las CBDCS: dinero público, derechos ciudadanos y riesgos sociales en la economía digital. Santiago Márquez Solís (Software Engineering Manager en Minsait, Indra Group).
• Tecnología y desigualdad: del sueño meritocrático al tecnofeudalismo. David Cano (socio de Afi, Analistas Financieros Internacionales).
• Criptoactivos y ESG: impactos ambientales, sociales y éticos. Jaime de la Morena y Natalia Puebla (Área de Sostenibilidad de Afi, Analistas Financieros Internacionales).
• Aplicaciones reales de blockchain en sectores públicos y privados. Víctor Hernández y José María Contreras (Afi, Analistas Financieros Internacionales).
• REC Barcelona: blockchain for social good. Innovación monetaria digital para la soberanía económica local. Susana Martín Belmonte (economista, activista y presidenta de Revo Prosperidad Sostenible).
• Estafas, mitos y el reto de construir confianza. Ignacio Vives de la Cortada y Alfonso González (Afi, Analistas Financieros Internacionales).
• El artículo recomendado: ¿Quién invierte en criptomonedas? Tres perfiles de inversores en los mercados financieros. Paula Lara Bueno (Universidad Pontificia Comillas, ICADE) y David Tercero-Lucas (Instituto de Investigación Tecnológica, Escuela de Ingeniería ICAI, Universidad Pontificia Comillas).
• Para saber más.

Edita: Economistas sin Fronteras
Coordinación: José Manuel Amor Alameda y Marta de la Cuesta González
Número: Dossieres EsF n.º 63, otoño 2026
Páginas: 64
ISSN: 2603-848X
Licencia: Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional

Descarga el dossier (PDF) · Más información en la web de Economistas sin Fronteras

Fuente: Economistas sin Fronteras

RuralidadESS vuelve, y esta vez para hablar de algo que preocupa en muchos pueblos: dónde y cómo vivir. Hay casas vacías, pero alquilar o comprar es complicado, y quienes quieren quedarse o llegar al medio rural se encuentran a menudo con la puerta cerrada. ¿Y si la vivienda cooperativa en cesión de uso fuera una de las llaves para abrirla?

De eso irá el sexto conversatorio del ciclo online con el que desde REAS Red de Redes y el Mercado Social promovemos la intercooperación en la economía social y solidaria rural: «Habitar en común: vivienda cooperativa en cesión de uso para construir territorio». Será el martes 17 de noviembre, de 12:00 a 14:00, y se puede seguir desde cualquier lugar.

Empezaremos poniendo el problema sobre la mesa y explicando en qué consiste el modelo: propiedad colectiva, derecho de uso estable, gestión democrática, sin especulación y con espacios y servicios compartidos. Hablaremos también de rehabilitar vivienda vacía, del suelo público y el patrimonio municipal, de la financiación, del relevo generacional y de cómo entenderse con los ayuntamientos.

Y, sobre todo, escucharemos a quienes ya lo están haciendo. Ametxe, en un caserío del siglo XVII de Gordexola (Bizkaia), fue la primera cooperativa de vivienda en cesión de uso de Euskadi; El Turrós, de Sostre Cívic, convive desde 2021 en una masía rodeada de bosque en Argelaguer (Girona); y Arterra Bizimodu, en Artieda (Navarra), reúne a una veintena de hogares en un antiguo edificio en desuso que acabaron comprando como cooperativa. Junto a ellos estarán dos proyectos que todavía están en camino y que nos contarán las dificultades reales de arrancar (el suelo, la financiación, el grupo motor o la normativa): Casa Énera, en el Pirineo aragonés, y A Silveira, un proyecto comunitario surgido de movimientos sociales y ecologistas que desde noviembre de 2025 vive en una casa grande de San Cristovo de Cea (Ourense), que está comprando y restaurando con bioconstrucción y trabajo propio, y que se organiza como cooperativa de usuarias y consumidoras con estructura sociocrática.

La sesión terminará con un espacio para compartir entre todas retos, aprendizajes y posibles alianzas. Si formas parte de un proyecto de vivienda cooperativa, estás pensando en impulsar uno o acompañas estos procesos desde una entidad o una administración, te esperamos.

Para participar solo hay que apuntarse en el formulario de inscripción. Tienes el programa completo y toda la información en la ficha del evento.

Fuente: Mercado Social

El ciclo de conversatorios online RuralidadESS, con el que desde REAS Red de Redes y el Mercado Social promovemos la intercooperación y el fortalecimiento de la economía social y solidaria en el ámbito rural, llega a su sexta sesión: «Habitar en común: vivienda cooperativa en cesión de uso para construir territorio».

¿Puede la vivienda cooperativa en cesión de uso ser una herramienta para facilitar el arraigo, recuperar espacios y construir comunidad en el medio rural? Te invitamos a conocer de primera mano cómo se está desarrollando este modelo en distintos territorios, qué retos plantea y qué oportunidades abre para quienes quieren vivir y emprender en el medio rural desde los valores de la Economía Social y Solidaria.

Fecha: martes 17 de noviembre de 2026
Hora: de 12:00 a 14:00
Modalidad: online
Organizan: REAS Red de Redes y Mercado Social
Inscripción: formulario de inscripción

Dirigido a: personas que forman parte de un proyecto de vivienda cooperativa, que están pensando en impulsar uno o que trabajan en una entidad o administración que acompaña estos procesos.

Introducción al modelo

Abriremos la sesión con una contextualización del problema de acceso a la vivienda en el medio rural: viviendas vacías, dificultades para alquilar o comprar y la llegada de nuevos habitantes. La vivienda es condición para desarrollar un proyecto de vida y, a la vez, un elemento de dinamización comunitaria. Veremos qué puede aportar la Economía Social y Solidaria y presentaremos el modelo de cooperativa de vivienda en cesión de uso: propiedad colectiva, derecho de uso estable, gestión democrática, no especulación, espacios y servicios compartidos y dimensión comunitaria.

También pondremos sobre la mesa cuestiones como la rehabilitación de vivienda vacía, el patrimonio municipal y el suelo público, la cesión de edificios, la financiación, el relevo generacional, la vivienda para jóvenes y personas trabajadoras, los cuidados y la relación con los ayuntamientos.

Experiencias

Proyectos consolidados

Nos contarán el proceso completo: conseguir el suelo o inmueble, formar el grupo, financiarlo, rehabilitar y vivir.

• Ametxe (Gordexola, Bizkaia): primera cooperativa de vivienda en cesión de uso constituida en Euskadi (2018). Vive en un caserío del siglo XVII rehabilitado entre 2022 y 2024, rodeado de 40.000 m² de terreno. Se sustenta en la vivienda cooperativa, la comunidad intergeneracional y una cultura regenerativa, con el apoyo de Fiare Banca Etica. Participa: Rubén Méndez Cebrián.
• El Turrós (Argelaguer, Girona): proyecto de Sostre Cívic en convivencia desde 2021, con una masía en una finca de 100 hectáreas de bosque. Lo habitan nueve personas adultas y tres menores, con decisiones por consenso en asamblea y una gestión forestal no extractivista. Financiado por Coop57. Participa: Mireia Font.
• Arterra Bizimodu (Artieda, Navarra): en marcha desde 2014 en un gran edificio en desuso y sus tierras. Tras diez años en alquiler con opción a compra, se constituyó en cooperativa y compró el lugar bajo el modelo de cesión de uso. Hoy reúne a unos 20 hogares, con soberanía alimentaria y energética, espacios para emprender y atención a los cuidados. Participan: Lorena Mompel y Genny Carraro.

Proyectos en proceso

Hablarán de las dificultades reales: suelo, financiación, grupo motor, administración, normativa…

• Casa Énera (Sobrarbe, Aragón): grupo de ocho personas consolidado en el verano de 2026 con la misión de crear un hogar comunitario en el Pirineo aragonés. Tras tres años buscando inmueble y terreno sin éxito, conviven desde hace un año en una casa de alquiler y tejen red en la comarca, ante una situación de vivienda alarmante en el Pirineo.
• A Silveira (San Cristovo de Cea, Ourense): proyecto comunitario gallego surgido de movimientos sociales y ecologistas, que desde noviembre de 2025 vive en una casa grande que está comprando y restaurando con bioconstrucción y trabajo propio. Se organiza como cooperativa de usuarias y consumidoras, con estructura sociocrática, y aspira a ser un espacio prefigurativo, autónomo y horizontal, conectado en red con su entorno. Participa: Artai Fontaíña Troitiño.

Para finalizar el encuentro abriremos un espacio de reflexión colectiva para compartir entre todas retos, aprendizajes y sinergias para poner en marcha proyectos de vivienda cooperativa en cesión de uso.

Programa

Puedes consultar las sesiones anteriores del ciclo en la página de RuralidadESS.

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Ante las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, REAS Red de Redes ha trasladado a las formaciones políticas el documento Políticas públicas para poner la vida en el centro. Propuestas de la Economía Social y Solidaria ante las elecciones generales de 2026, fruto del trabajo colectivo de las redes territoriales y sectoriales que forman parte de REAS.

Tras los avances de los últimos años, como la Ley 1/2026, integral de impulso de la economía social, y la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027, REAS plantea que la próxima legislatura sea la de pasar del reconocimiento a la consolidación, con cinco prioridades:

1. Democratizar la economía y las políticas públicas, codiseñando con las redes de la Economía Social y Solidaria la nueva Estrategia Española de Economía Social.
2. Garantizar un trabajo y una vida dignos, para que ningún contrato ni ayuda pública financie trabajo precario, y movilizar suelo público para vivienda pública y cooperativa en cesión de uso.
3. Reconocer las prácticas coherentes con la ESS, reformando la Ley de Contratos del Sector Público para que los criterios sociales y ambientales pesen al menos el 51 % de la valoración.
4. Asegurar una financiación estable, con un programa estatal plurianual de fomento de la Economía Social y Solidaria.
5. Fortalecer la cooperación público-comunitaria, mediante un marco estatal que habilite la coproducción entre administraciones y entidades.

Las propuestas se organizan en once ámbitos de transformación para una transición ecosocial justa —vivienda cooperativa, energía renovable, agroecología, cuidados, finanzas éticas, Mercado Social y Comercio Justo, empleo inclusivo, economía circular, territorio y bienes comunes, comunes digitales, y educación y cultura— y en cuatro palancas transversales: el marco normativo, la contratación pública responsable, la financiación estable y la gobernanza.

Descarga los documentos

El documento está disponible en dos versiones: una breve, con las medidas prioritarias (20 páginas), y la versión completa (36 páginas).

Medidas prioritarias (PDF) · Versión completa (PDF)

Más información en la noticia REAS Red de Redes presenta sus propuestas para las elecciones generales.

La Unidad de Género de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) publica el quinto número de su Serie Género y Desarrollo, Sostenibilidad con voz propia: alianzas feministas para un futuro habitable, coordinado por Marta Carballo de la Riva, Marta Pajarín García y Begoña Leyra Fatou.

La obra colectiva reúne once textos que, con enfoques y métodos muy diversos —el ensayo teórico, la etnografía militante, la investigación-acción con cooperativas, el análisis de poemas, la crítica de las plataformas digitales o el informe institucional—, tienen como hilo conductor la sostenibilidad de la vida y el conflicto capital-vida. El volumen recorre Europa y Asia Central, la España rural y gallega, Bolivia, Perú, México, Colombia, Argentina, Chile, Honduras, Brasil y Venezuela, y muestra cómo los retrocesos en los derechos de las mujeres van de la mano de la intensificación extractiva, por lo que cualquier agenda de sostenibilidad pasa por situar en el centro el cuidado de todas las vidas y repartir su responsabilidad.

Índice

Introducción. Marta Carballo de la Riva, Marta Pajarín García y Begoña Leyra Fatou.

1. La sostenibilidad de la vida: teoría bastarda y herramienta de lucha. Amaia Pérez Orozco.
2. Reapropiarnos de la vida: soberanía alimentaria y disputa por la libertad en el capitalismo neoliberal. Nazaret Castro Buzón.
3. Repensar las vulnerabilidades climáticas desde las experiencias del sector primario: voces desde las economías transformadoras. Concepción Piñeiro, Irene Iniesta Arandia y María Atienza de Andrés.
4. Bosques, agua, litio: feminismos ecoterritoriales contra el sacrificio. La experiencia del Diplomado de Mujeres Creando en Bolivia. Carolina Natalia Meloni González.
5. Mujeres que defienden la vida: luchas contra el extractivismo y por la justicia ambiental en América Latina. Enara Echart Muñoz y María del Carmen Villarreal Villamar.
6. Más allá del estancamiento: respuestas feministas y economía de los cuidados en Europa y Asia Central. Belén Sanz Luque.
7. Ecosistemas relacionales y colectivización de cuidados materiales y emocionales de la disidencia sexual desplazada. Inma Lozano Caro.
8. Más que legislar, sostener la dignidad colectiva frente al algoritmo patriarcal: la Ley Olimpia en América Latina. Marcela Hernández Oropa.
9. Poesía ilustrada y saberes situados: la prevención de la violencia de género como práctica pedagógica-artística en San Juan de Lurigancho, Perú. Angélica R. Sánchez Vera.
10. Ekekxs: contra-pedagogía iconográfica de la abundancia. Galería narrada de Violeta Quispe. Cecilia Carballo y Vanina Farber en diálogo con Violeta Quispe de Sarhua.
11. Auto trascendencia y psicología para la sostenibilidad. Propuesta de la Asociación Civil Verdelatierra para el cambio sostenible. Experiencia de casos. Lisbeth Bethelmy y Mayra Rincón Salazar.

Edita: Unidad de Género de la Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid
Coordinación: Marta Carballo de la Riva, Marta Pajarín García y Begoña Leyra Fatou
Año: 2026
Páginas: 113
ISBN: 978-84-09-92295-6

La publicación cuenta con el apoyo del Instituto de las Mujeres, que financia el proyecto «Feminismos y sostenibilidad: tejiendo perspectivas de cambio».

El capítulo 3, «Repensar las vulnerabilidades climáticas desde las experiencias del sector primario: voces desde las economías transformadoras», está firmado por Concepción Piñeiro (cooperativa Altekio), Irene Iniesta Arandia (Colectivo Fractal) y María Atienza de Andrés (compañera de REAS Red de Redes). El texto analiza las vulnerabilidades climáticas a partir de las voces de tres entidades gallegas de la economía social y solidaria. Recoge cómo viven los efectos del cambio climático, cómo afectan a su actividad y qué estrategias de adaptación han desarrollado, y pone en valor las prácticas feministas, comunitarias y territoriales basadas en la cooperación, la sostenibilidad y el cuidado mutuo.

Descarga la publicación (PDF, 6 MB)

Mañana, segundo miércoles de la campaña, piden no comprar en supermercados, hipermercados ni grandes cadenas, en una segunda huelga de compras más grande que la primera. El 11N, ninguna compra.

La huelga de compras crece. Lo que empezó el 27 de octubre como una alianza de cinco organizaciones reúne ya a 50 entidades de todo el Estado, que mañana, miércoles 4 de noviembre, llaman a dejar la compra en las grandes superficies y a hacerla en el mercado municipal, en la tienda de barrio, en la cooperativa o directamente a quien produce. Es la segunda huelga de compras, y las organizaciones llaman a que sea más grande que la primera, antes de la huelga general por la vivienda y el coste de la vida del 11 de noviembre, el día en que las organizaciones piden no hacer ninguna compra, ni en tiendas ni por internet.

Entre las 46 entidades que se han adherido a través del formulario de la campaña hay sindicatos como CCOO, UGT, la Confederación Intersindical, STACYL o Intersindical Valenciana; cooperativas de consumo y supermercados cooperativos como La Garbancita Ecológica, Ecosol o Pebre Roig; grupos ecologistas como Amigas da Terra, Ecoloxistas Galicia Atlántica e Verde o Conceyu Abiertu pola Transición Xusta; entidades de la economía solidaria y del mundo rural como REAS Extremadura, CERAI o el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos; asociaciones vecinales, colectivos feministas y comercios de barrio, desde librerías hasta papelerías. La lista completa está publicada en huelgaporlavivienda.org/compras.

Trabajar ya no da para llenar la nevera

La inflación se mantuvo en octubre en el 4,9%, según el dato adelantado del INE, y encadena tres meses por encima del 4%. La cesta de la compra cuesta hoy más de un 40% más que en 2019, mientras que el salario medio ha subido un 21,9% en el mismo periodo, según el último dato oficial del INE. Y los alimentos frescos se encarecen en España más que en el resto de Europa: en 2025 subieron de media un 6,1%, frente al 3,9% de la Unión Europea, según Eurostat.

La diferencia no se la queda quien produce. Del campo a la caja el precio se multiplica: en abril de 2025 la cebolla se pagaba al agricultor a 0,30 euros el kilo y se vendía a 2,25 euros, según el índice de precios en origen y destino de COAG. Mientras tanto, Mercadona cerró 2025 con un beneficio de 1.729 millones de euros, un 25% más que el año anterior, y una cuota de mercado del 28,5%.

Si no podemos pagar el alquiler, tampoco podemos comprar en la tienda del barrio

El pequeño comercio sufre la misma tenaza que las familias. Más de 13.500 pequeños negocios cerraron en 2025, según la organización de autónomos UPTA, que señala a la especulación inmobiliaria como causa. Según UATAE, el 43% de las autónomas que pagan un alquiler destinan a él entre el 25% y el 50% de sus ingresos netos, y para casi la mitad ya es su principal gasto. A la vez, el alquiler de vivienda sigue en máximos, con un precio medio de 15,1 euros el metro cuadrado en agosto, un 5,8% más que hace un año, según idealista.

«Cada euro que se nos va en el alquiler es un euro que dejamos de gastar en el barrio», recuerdan las organizaciones. Por eso la huelga de compras no va contra el pequeño comercio, sino a su favor: los miércoles, la compra se hace en la tienda de toda la vida. Y el 11N, el comercio de barrio también puede bajar la persiana.

No construir más, repartir lo que ya existe

Para los grupos ecologistas que se suman, la crisis de la vivienda y la crisis ecológica tienen la misma raíz: un modelo que convierte el territorio en mercancía. En España hay 3,8 millones de viviendas vacías, el 14,4% del parque, según el último censo del INE, mientras se sigue construyendo a costa del suelo y los ecosistemas. Y el 15,9% de los hogares no puede mantener su casa a una temperatura adecuada, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025. Rehabilitar lo que existe y adaptar las casas al calor y al frío es, para estas entidades, la única transición ecológica que pone la vida en el centro. Comprar en el mercado y a productoras cercanas, en lugar de en las grandes cadenas, es también una forma de defender el campo y acortar el camino de los alimentos.

Las entidades sociales, también al límite

El tercer sector conoce de primera mano lo que la vivienda está haciendo con la gente. El 45% de quienes viven de alquiler en España está en riesgo de pobreza o exclusión social, la tasa más alta de la Unión Europea, y uno de cada cuatro hogares sufre rasgos de exclusión residencial, según el IX Informe FOESSA de Cáritas. Las asociaciones, cooperativas y colectivos que sostienen la vida de los barrios pagan además alquileres cada vez más caros por sus locales. «No podemos pasarnos la vida recogiendo los pedazos que deja la crisis de la vivienda. Necesitamos recursos para acompañar a las personas, pero también cambios que impidan que la vivienda siga generando pobreza», defienden.

Cómo participar

Mañana, y el resto de miércoles hasta el 11N, las organizaciones piden no comprar en supermercados, hipermercados ni grandes cadenas. La huelga de compras es la huelga de quien no puede hacer huelga en el trabajo: precarias, autónomas, paradas, pensionistas, estudiantes y cuidadoras pueden sumarse dejando de comprar. No va contra las trabajadoras de los supermercados, a quienes invitan a sumarse a la huelga general.

El 11N, día de huelga general, piden no hacer ninguna compra. Para esa jornada, las organizaciones están coordinadas con los comités de huelga para habilitar puntos en cada barrio donde haya avituallamiento y descanso. Las entidades que aún quieran sumarse pueden hacerlo en huelgaporlavivienda.org/compras.

Declaraciones

«Ya no somos cinco, somos cincuenta. Cooperativas, ecologistas, comercios, vecinas y sindicatos diciendo lo mismo: el alquiler y la cesta de la compra nos están ahogando. Este miércoles lo vamos a notar en las cajas de las grandes superficies», ha señalado Aldo Reverte, de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas.

Javier Guzmán de Justicia Alimentaria: «Que comer bien sea un privilegio es una fracaso como sociedad. La rebaja de precios tiene que salir de los márgenes de la gran distribución, que llevan años incrementando como nunca sus márgenes y beneficios, y no del bolsillo de quien compra ni de quien produce».

Rubén Sánchez de FACUA: «Mientras las familias recortan en la compra, las grandes cadenas baten récords de beneficio. Tenemos derecho a saber cuánto se paga en el campo y cuánto se queda el supermercado. Y necesitamos que se pongan topes a los precios para frenar la especulación».

REAS Red de Redes: «Nuestro consumo tiene un enorme impacto. Con nuestro dinero, podemos validar un sistema económico generador de desigualdad o, por el contrario, podemos apostar por otro tipo de establecimientos, como el local, el cooperativo y el de la economía solidaria, que promueven un comercio justo que distribuye y relocaliza la riqueza. ».

Ecologistas en Acción: «Defender la vivienda es defender el territorio. No necesitamos construir más, sino repartir y rehabilitar lo que ya existe».

Sobre la huelga general del 11N

La huelga general por la vivienda y el coste de la vida del 11 de noviembre la convocan la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y sus sindicatos territoriales, junto con sindicatos de vivienda y sindicatos laborales como CGT, CNT, CCOO, UGT, ELA, LAB y CIG, entre otros. Los colectivos pueden adherirse en huelgaporlavivienda.org/adhesiones y organizarse en participa.huelgaporlavivienda.org.

Contacto de prensa: Eva García, comunicacion@poderinquilino.org

Fuentes de los datos: INE, IPC adelantado de octubre de 2026, recogido en The Objective; INE, evolución de la cesta de la compra desde 2019, recogida en Qué!; INE, último dato oficial del salario medio; Eurostat, inflación de alimentos frescos, recogida en El Español; índice de precios en origen y destino de COAG; resultados de Mercadona 2025; UPTA, cierres de pequeños negocios en 2025, en El Español; UATAE, alquiler de locales y autónomos; idealista, precio del alquiler en agosto de 2026; INE, Censo de Población y Viviendas 2021; INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2025; Cáritas y Fundación FOESSA, IX Informe FOESSA.

Ante las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, REAS Red de Redes ha hecho llegar a todas las formaciones políticas sus propuestas de políticas públicas. El documento, Políticas públicas para poner la vida en el centro, recoge el trabajo colectivo de las redes territoriales y sectoriales que forman parte de REAS.

Las propuestas llegan en un momento en que el acceso a la vivienda, la precariedad, la crisis de los cuidados y la emergencia climática están en el centro de las preocupaciones de la ciudadanía. Nacen de iniciativas que ya están dando respuesta a esas necesidades: vivienda cooperativa asequible, empleo digno, cuidados, energía renovable o alimentación sana y de proximidad. Con unas políticas públicas adecuadas, esas respuestas pueden llegar a mucha más gente.

Del reconocimiento a la consolidación

En los últimos años se han dado pasos importantes, como la Ley 1/2026, integral de impulso de la economía social, y la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027. Sin embargo, buena parte de esos avances sigue pendiente de desarrollo reglamentario y presupuestario.

Por eso, REAS plantea que la próxima legislatura sea la de pasar del reconocimiento a la consolidación, con cinco prioridades:
1. Democratizar la economía y las políticas públicas, codiseñando con las redes de la Economía Social y Solidaria la nueva Estrategia Española de Economía Social.
2. Garantizar un trabajo y una vida dignos, para que ningún contrato ni ayuda pública financie trabajo precario y para movilizar suelo público para vivienda pública y cooperativa en cesión de uso.
3. Reconocer las prácticas coherentes con la ESS, reformando la Ley de Contratos del Sector Público para que los criterios sociales y ambientales pesen al menos el 51 % de la valoración.
4. Asegurar una financiación estable, con un programa estatal plurianual de fomento de la Economía Social y Solidaria.
5. Fortalecer la cooperación público-comunitaria, mediante un marco estatal que habilite la coproducción entre administraciones y entidades.

Once ámbitos y cuatro palancas para una economía que ya está dando alternativas
Las propuestas del documento se organizan en once ámbitos de transformación para una transición ecosocial justa: vivienda cooperativa, energía renovable, agroecología, cuidados, finanzas éticas, Mercado Social y Comercio Justo, empleo inclusivo, economía circular, territorio y bienes comunes, comunes digitales, y educación y cultura. A ellos se suman cuatro palancas transversales para hacer posible el cambio: el marco normativo, la contratación pública responsable, la financiación estable y la gobernanza.

En el Estado español hay cerca de 120.000 entidades de economía social y solidaria, que sostienen 1,2 millones de empleos, y casi dos de cada tres no tienen ánimo de lucro. REAS Red de Redes reúne a 16 redes territoriales y 6 sectoriales, con más de 1.000 entidades y empresas y más de 176.000 personas implicadas.

La economía que necesitamos ya la están construyendo miles de organizaciones, empresas e iniciativas comunitarias en todos los territorios. Lo que falta son políticas públicas que la reconozcan, la acompañen y la hagan crecer.

Desde REAS Red de Redes invitamos a todas las formaciones políticas, y también a las organizaciones sociales, sindicales y vecinales, a conocer estas propuestas y a hacerlas suyas. Nacen de la práctica cotidiana de miles de iniciativas que ya están sosteniendo la vida en los territorios. Estamos abiertas al diálogo y a seguir construyendo conjuntamente unas políticas públicas que se diseñen, se desarrollen y se evalúen con quienes las hacen posibles. Porque las políticas que mejor responden a las necesidades de la ciudadanía son las que se coproducen.

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La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), Justicia Alimentaria y FACUA-Consumidores en Acción lanzan hoy una huelga de compras conjunta dentro de la huelga general por la vivienda y el coste de la vida del 11 de noviembre. Piden no comprar en supermercados, hipermercados ni grandes cadenas a partir de mañana, miércoles 28 de octubre, y el 4 de noviembre. El 11N, día de huelga general, llaman a no hacer ninguna compra. Mañana, miércoles 28 de octubre, será el primer día sin comprar en las grandes superficies, y la convocatoria se repetirá todos los miércoles hasta el 11N. Ese día, jornada de huelga general, las tres organizaciones piden no hacer ninguna compra, ni en tiendas ni por internet.

Las cuatro organizaciones coinciden en el diagnóstico: trabajar ya no garantiza llegar a fin de mes. El alquiler se come los salarios y la cesta de la compra no deja de subir, mientras unos pocos baten récords de beneficios con lo que necesitamos para vivir, un techo y un plato en la mesa.

La cesta sube mucho más que los sueldos

La cesta de la compra cuesta hoy más de un 40% más que en 2019, según datos del INE, mientras que el salario medio ha subido un 21,9% en el mismo periodo, según el último dato oficial del INE. La inflación general cerró septiembre en el 4,9%.

Mientras tanto, la mayor cadena de distribución del país, Mercadona, ganó 1.729 millones de euros en 2025, un 25% más que el año anterior. Y del campo a la caja el precio se multiplica: en abril de 2025 la cebolla se pagaba al agricultor a 0,30 euros el kilo y se vendía a 2,25 euros, según el índice de precios en origen y destino que elabora COAG.

Qué reclaman

Las organizaciones reclaman una bajada de los alquileres de un 50%, ligados a los ingresos, como pide la huelga general del 11N, y control de precios en la cesta de la compra, la energía y el transporte. Justicia Alimentaria propone además una cesta de alimentos básicos a precio justo, cuya rebaja salga de los beneficios de la gran distribución y no de quien produce. FACUA, por su parte, pide topes a los márgenes de beneficio de las grandes cadenas y doble etiquetado, para que se sepa lo que se paga en origen.

Cómo participar

Los miércoles, las organizaciones piden no comprar en supermercados, hipermercados ni grandes cadenas, y hacerlo en mercados municipales, en el comercio de barrio, en cooperativas o directamente a productoras. La huelga de compras no va contra el pequeño comercio ni contra las trabajadoras de los supermercados, a quienes invitan a sumarse a la huelga general. El 11N, el comercio de barrio también puede bajar la persiana.

«La huelga de compras es la huelga de quien no puede hacer huelga en el trabajo», explican. Precarias, autónomas, paradas, pensionistas, estudiantes y cuidadoras pueden sumarse dejando de comprar.

La CSI, Justicia Alimentaria y FACUA hacen también un llamamiento a colectivos, asociaciones, sindicatos, cooperativas, comercios y otras entidades para que se sumen a la campaña como firmantes a través del formulario de adhesión disponible en huelgaporlavivienda.org/compras. Las entidades firmantes aparecerán en la lista pública de la campaña y en las redes sociales de las organizaciones convocantes antes del 11N.

Declaraciones

«El casero y el patrón nos aprietan por los dos lados. Y en la caja del súper, también. Si dejamos de comprar a la vez, lo notan», ha señalado Aldo Reverte, de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas.

Para Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, «comer no puede ser un privilegio. La rebaja de precios tiene que salir de los beneficios de las grandes distribuidoras, no de quien produce los alimentos».

«Tenemos derecho a saber cuánto se paga en el campo y cuánto se queda la gran distribución», ha afirmado Rubén Sánchez, secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, que también reclama «topes a los márgenes de beneficio de las grandes cadenas».

Sobre la huelga general del 11N

La huelga general por la vivienda y el coste de la vida del 11 de noviembre la convocan la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y sus sindicatos territoriales, junto con sindicatos de vivienda y sindicatos laborales como CGT, CNT, CCOO, UGT, ELA, LAB y CIG, entre otros. Los colectivos pueden adherirse en huelgaporlavivienda.org/adhesiones y organizarse en participa.huelgaporlavivienda.org.

Imágenes de la campaña para su uso libre por los medios: imagen principal y imagen de datos.

** Lee el posicionamiento de REAS de cara al 11N aquí

Fuentes de los datos: INE, evolución de la cesta de la compra desde 2019, recogida en Qué!; INE, último dato oficial del salario medio; INE, IPC de septiembre de 2026; resultados de Mercadona 2025; índice de precios en origen y destino de COAG, abril de 2025.

Tras la edición de Bilbao en 2023, volvemos a reunir a las personas y entidades que impulsan y acompañan el emprendimiento en la Economía Social y Solidaria (ESS). Esta cuarta edición de C2C Conversaciones, aprendizaje e intercambio quiere ser un espacio de diálogo e intercambio entre profesionales, docentes de Formación Profesional y entidades de la ESS para profundizar en el fomento del emprendimiento vinculado a los cuidados.

Compartiremos estrategias y buenas prácticas en torno a tres ejes: la dignificación del trabajo de cuidados, la construcción de organizaciones habitables a partir del cuidado interno y el impulso de modelos de atención comunitarios y no mercantilizados. La jornada, organizada en colaboración con el Centro de Referencia Nacional de Atención Social, tiene también el objetivo de trasladar estos aprendizajes al currículo de emprendimiento de la FP, para fortalecer el tejido productivo y reproductivo de la ESS en los territorios.

Fecha: miércoles 18 de noviembre de 2026
Hora: de 9:00 a 18:30
Lugar: Ateneo La Maliciosa, C/ Peñuelas 12, Madrid
Modalidad: presencial (las sesiones plenarias de la mañana podrán seguirse en streaming)
Organiza: REAS Red de Redes, en colaboración con el Centro de Referencia Nacional de Atención Social
Inscripción: gratuita y con plazas limitadas, en el formulario de inscripción
Web de la jornada: economiasolidaria.org/c2c-2026

Dirigido a: profesionales, activistas y entidades que impulsan y acompañan el emprendimiento en la ESS, docentes y alumnado de Formación Profesional.

Contenidos y metodología

C2C Conversaciones parte del convencimiento de que, si analizamos de forma abierta y crítica nuestros recorridos (programas, actividades formativas, recursos, herramientas, protocolos…), podemos mejorar nuestra incidencia y fortalecer el tejido de la ESS. Las temáticas son fruto de la reflexión de las entidades que participan desde la primera edición, en 2015, y de las que se han ido sumando por el camino conformando el actual grupo motor de emprendimiento de la ESS.

La jornada combina sesiones plenarias y trabajo en grupos reducidos para favorecer la obtención de resultados concretos. Por la mañana habrá dos mesas: una primera mesa inspiradora sobre el marco público-comunitario de los cuidados, el cooperativismo, la economía feminista y los modelos comunitarios, y una mesa de diálogo entre docentes de FP, referentes de aulas de emprendimiento y entidades de la ESS sobre cómo llevar la realidad cooperativa y de los cuidados a los módulos de emprendimiento.

Después llegarán los talleres simultáneos por eje, con grupos mixtos de docentes, alumnado de FP y entidades de la ESS. En la primera franja se exploran los retos, experiencias y aprendizajes de cada eje; por la tarde, los mismos grupos trabajarán en un laboratorio práctico para co-construir propuestas concretas (contenidos, dinámicas, materiales) que puedan integrarse en los módulos de emprendimiento de la Formación Profesional.

Ejes temáticos

Eje 1. Dignificar el trabajo de cuidados: cooperativismo y condiciones laborales

El trabajo de cuidados es la actividad clave sobre la que se sostiene la vida, pero arrastra una precariedad histórica: escasos derechos laborales, regulación deficiente y salarios bajos, en un sector fuertemente feminizado, desprestigiado y, en buena parte, sostenido por mujeres migrantes. En este eje hablaremos de la economía solidaria y el cooperativismo como herramienta de dignificación: qué experiencias ya están funcionando, qué obstáculos encuentran y qué papel puede jugar la ESS para revertir la devaluación social y económica del trabajo de cuidados.

Dinamiza: Escuela de Emprendedoras Juana Millán.

Eje 2. Organizaciones habitables: el cuidado también hacia dentro

No es posible promover el cuidado hacia fuera sin cuidar también hacia dentro. Las organizaciones de la ESS se enfrentan al reto de construir estructuras, dinámicas y culturas internas coherentes con los valores que defienden: sostenibilidad de los equipos, gestión de los cuidados y las emociones, tiempos de trabajo compatibles con la vida y modelos de liderazgo no jerárquicos ni extractivos. En este eje exploraremos qué significa una organización habitable y qué prácticas concretas ayudan a construirla, desde la gestión cotidiana hasta el diseño organizativo.

Dinamizan: 50 Pés Consultoras y Germinando Iniciativas Socioambientales.

Eje 3. Modelos comunitarios y públicos: alternativas a la mercantilización

Frente a la tendencia a resolver la crisis de los cuidados a través del mercado, existen alternativas que sitúan a lo público y a lo comunitario en el centro: modelos de gestión público-comunitaria, redes vecinales, cooperativas de cuidados y otras fórmulas que reparten la responsabilidad del cuidado entre instituciones, comunidad y hogares, sin dejarla en manos exclusivamente privadas o lucrativas. En este eje analizaremos experiencias y modelos que ya están caminando en esa dirección, y qué papel puede jugar la ESS como aliada de lo público y lo comunitario.

Dinamizan: Asociación Otro Tiempo y REAS Balears.

Para cerrar, una persona coordinadora por eje presentará las conclusiones en plenaria y se hablará de los próximos pasos.

Programa

Después del encuentro se publicarán en la web de la jornada la relatoría con las conclusiones de esta cuarta edición y una guía didáctica dirigida al profesorado y alumnado de FP. Mientras tanto, puedes consultar la relatoría de 2023 (PDF).

Con el apoyo de: Unión Europea, Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, CRN de Atención Social, CIFP Son Llebre y Conselleria d’Educació i Universitats (Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa).

Inscríbete aquí · Consulta toda la información en la web de C2C 2026

El pasado 16 de octubre Madrid acogió el Foro Estatal Coopublic que llevaba el título «Administraciones que cooperan, territorios que avanzan». Un encuentro que puso el broche final a un ciclo de foros territoriales y espacios de intercambio para impulsar la coproducción de políticas públicas entre las administraciones y la Economía Social y Solidaria (ESS) y al que asistieron más de un centenar de personas. Tangente participó en la jornada como entidad dinamizadora de la sesión de trabajo por equipos y ha acompañado el desarrollo del proyecto en sus distintas fases mediante procesos de facilitación y participación.

Impulsado por REAS Red de Redes, Coopublic busca fortalecer la colaboración entre las instituciones públicas, las entidades de la ESS y la sociedad civil para diseñar políticas públicas más democráticas, conectadas con las necesidades de los territorios y orientadas al bien común.

Del diálogo a la construcción colectiva de propuestas

El foro estatal Coopublic, celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, reunió a representantes institucionales, redes de la economía solidaria y agentes sociales para compartir los aprendizajes del proceso y avanzar en propuestas concretas de cooperación público-comunitaria.

La jornada incluyó una mesa de debate político y social con representantes de distintas administraciones y organizaciones sociales, en la que se abordaron los retos y las oportunidades de incorporar la experiencia y el conocimiento de las comunidades a la elaboración de políticas públicas.

Entre las personas participantes estuvieron David Perejil, director de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Jaime Iglesias, comisionado especial para la Economía Social; Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales; y María Sintes Zamanillo, de la Oficina Española de Cambio Climático. También participaron representantes de REAS Red de Redes, Futuro en Común, Confederación Estatal Asociaciones Vecinales y la Comunidad de Práctica de Políticas Públicas de Altekio/Ecorredes. La mesa fue moderada por Sara Plaza, periodista de El Salto.

Tras el debate, las personas asistentes se organizaron en equipos de trabajo para identificar necesidades, compartir experiencias y definir estrategias que permitan avanzar hacia una colaboración más efectiva entre las administraciones y los agentes sociales. Tangente dinamizó este espacio de trabajo colectivo, facilitando el intercambio de ideas y la elaboración compartida de propuestas.

El objetivo de esta fase era trasladar las reflexiones del encuentro a medidas concretas que contribuyan a construir una hoja de ruta estatal para la coproducción de políticas públicas, aprovechando el conocimiento acumulado durante los encuentros previos.

Un proceso participativo desarrollado en distintas fases

La jornada presencial culminó un recorrido que había comenzado con cuatro foros territoriales celebrados en septiembre en Catalunya, País Valencià, Euskadi-Nafarroa y Balears, seguidos de un encuentro online para poner en común las aportaciones de los distintos territorios.

A lo largo de estas fases, el proyecto ha generado espacios para conectar experiencias, detectar obstáculos y compartir propuestas sobre cómo reforzar la colaboración entre las instituciones y las iniciativas comunitarias.

Tangente ha formado parte de este proceso en sus distintas etapas, aportando su experiencia en facilitación y diseño de procesos participativos. Este acompañamiento ha contribuido a crear espacios de diálogo y trabajo colectivo en los que diferentes agentes pueden poner en común sus conocimientos y avanzar hacia objetivos compartidos.

Coopublic parte de una idea central: las políticas públicas pueden responder mejor a los desafíos sociales, económicos y ambientales cuando se construyen con la participación de quienes conocen de primera mano las necesidades de los territorios y ya están desarrollando soluciones desde la comunidad.

El reto ahora es trasladar las conclusiones del ciclo a una hoja de ruta compartida que permita consolidar nuevas formas de cooperación público-comunitaria e incorporar la Economía Social y Solidaria como agente clave en la transformación de las políticas públicas.

Todos los recursos y noticias desarrolladas por Coopublic están disponibles en la página web.

La nota de prensa del evento publicada por REAS Red de Redes puede leerse aquí.

Fuente: Tangente

Desde REAS Red de Redes, dentro del servicio gratuito de asesoramiento a administraciones públicas en contratación pública responsable del proyecto COOPUBLIC, organizamos una sesión online sobre el Acuerdo Marco y el Sistema Dinámico de Adquisición, dos herramientas que simplifican las compras repetitivas y ahorran trámites. La impartirá Javier Mendoza, de la Universidad de La Laguna.

Cuando una administración necesita comprar lo mismo de forma periódica, como material de oficina, limpieza, suministros o servicios habituales, no tiene por qué empezar de cero cada vez. La Ley de Contratos del Sector Público ofrece herramientas de racionalización que permiten organizar estas compras, ahorrar tiempo y trámites y obtener mejores condiciones.

En esta sesión explicaremos, de forma práctica, dos de las más útiles:

• El Acuerdo Marco: un acuerdo con una o varias empresas que fija de antemano las condiciones (precios, calidad, plazos…) para los contratos que se irán realizando durante un periodo determinado.
• El Sistema Dinámico de Adquisición: un procedimiento totalmente electrónico que permanece abierto durante toda su vigencia, de modo que nuevas empresas pueden incorporarse en cualquier momento si cumplen los requisitos.

Veremos en qué se diferencian, cuándo conviene usar cada una y cómo aprovecharlas para incorporar criterios sociales, ambientales y de innovación, y para facilitar la participación de pymes, autónomos y entidades de la economía social.

Fecha: jueves 5 de noviembre de 2026
Hora: de 11:30 a 13:30 (hora peninsular)
Modalidad: online
Organiza: REAS Red de Redes (proyecto COOPUBLIC)
Imparte: Javier Mendoza, Universidad de La Laguna
Inscripción: gratuita, en este formulario

Dirigido a: personal técnico y responsable de contratación de entidades públicas, así como empresas y entidades interesadas en contratar con la administración.

Las plazas son limitadas. Si se cubren, se habilitará una lista de espera para valorar la realización de nuevas sesiones de asesoramiento.

Inscríbete aquí

Esta actividad cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. 

• Vivienda, crisis climática, cuidados y cultura centran un ebate que reclama marcos legales, financiación estable y reconocimiento para la cooperación público-comunitaria.
• Entre las líneas de acción se propone la creación de un Observatorio de coproducción público-comunitaria para fomentar políticas públicas basadas en las experiencias economía social y solidaria.

Más de 100 personas, entre responsables y personal técnico de la Administración pública y representantes de decenas de cooperativas, redes comunitarias y organizaciones sociales, se han reunido hoy en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en el Foro Estatal COOPUBLIC «Administraciones que cooperan, territorios que avanzan».

El encuentro, organizado por REAS Red de Redes, ha sentado en la misma mesa a representantes de los ministerios de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Trabajo y Economía Social; Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Cultura y Sanidad, con un objetivo común: pasar de las experiencias concretas a políticas públicas que se puedan aplicar, evaluar, replicar y proteger. La pregunta que ha atravesado toda la jornada es cómo mejorar las políticas públicas incorporando el conocimiento y las capacidades que ya existen en los territorios. Vivienda, transición energética, cuidados, alimentación o cultura son retos que ninguna institución puede afrontar en solitario, y en los que comunidades energéticas, cooperativas de vivienda, redes de cuidados o sistemas alimentarios de proximidad llevan años construyendo respuestas.

Seis territorios, un foro estatal

El foro ha cerrado un recorrido por Catalunya, País Valencià, Euskadi-Nafarroa, Illes Balears y Canarias, donde administraciones y entidades de la Economía Social y Solidaria han compartido durante meses experiencias de cooperación público-comunitaria. La jornada de hoy ha servido para poner en común esos aprendizajes y presentar los principales resultados del proyecto.

La apertura ha corrido a cargo de Zaloa Pérez, consejera de REAS Red, quien ha compartido la satisfacción de la amplia y favorable respuesta que ha tenido tanto el foro como el ciclo y el proyecto completo, que en los últimos años ha articulado a centenares de personas de las Administraciones y sociedad civil en formaciones, talleres y encuentros.

Parte de estos resultados han sido presentados por Joan Manuel Sánchez, de la cooperativa ILABSO-Olma, quien ha compartido el panel de políticas públicas locales recientemente publicado, estudio que analiza la presencia de la economía social y solidaria en la acción municipal. Joan ha compartido algunas de los principales resultados como que el 90% de los municipios participantes declara contar con alguna política de ESS, aunque solo la mitad la sitúa en la agenda «de forma clara y decidida». El 40% mantiene una relación estable con el tejido de ESS, pero apenas el 23% dispone de un diagnóstico. Las carencias de recursos son la principal barrera que arroja el estudio: Solo el 37% cuenta con personal específico y casi la mitad (47%) no ha formado a su plantilla en ESS. Ante estos datos Sánchez ha concluido que es necesario trabajar prioridades pero también conocimiento para llevarlas a cabo”.

A continuación José Luis Casadavante-Kois, del Foro Transiciones, ha presentado el estudio Llaves para una puerta que todavía no existen donde se define el modelo de cooperación público-comunitaria como el desarrollo de marcos de colaboración estables y transparentes entre administraciones y tejidos sociales, guiados por la ausencia de ánimo de lucro y por principios de justicia, equidad, universalidad y sostenibilidad. Por eso reclama un marco de relación diferenciado del que hoy rige con el tercer sector o el cooperativismo, una demanda que, según subraya, «no es una cuestión terminológica sino política». A partir de ahí, el estudio propone diez llaves para abrir esa puerta. Entre ellas figuran las innovaciones democráticas, como la ILP del Mar Menor, el refuerzo de la autoorganización comunitaria, la gestión ciudadana de equipamientos y los partenariados público-cooperativos, con ejemplos como Hernani Burujabe. El estudio cierra con una invitación a imaginar nuevas institucionalidades y a abrir «una gran conversación».

Cuatro ministerios y la sociedad civil, en la misma mesa

El plato fuerte de la mañana ha sido la mesa de debate político-social, en la que cuatro responsables de la Administración General del Estado han dialogado con representantes de redes de economía solidaria, movimiento vecinal y sociedad civil organizada en una mesa dinamizada por la periodista de El Salto, Sara Plaza.

David Perejil, director de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha subrayado que lo común y lo público comparten «una matriz común» ligada a los bienes públicos más esenciales, con «mucho espacio» para que la sociedad se apropie de ese marco. Ha señalado la Estrategia de Desarrollo Sostenible como una herramienta para construir un diagnóstico compartido y ha puesto la compra pública como ejemplo de cómo, dentro del marco rígido de las leyes, caben adaptaciones innovadoras que abren espacios sociales. Frente a la desigualdad y el cambio climático, ha defendido una economía que mire «más allá del PIB» y ha concluido que «la economía social y solidaria está creando bienestar».

Por su parte, Jaime Iglesias, comisionado especial para la Economía Social, ha agradecido a REAS que anticipe debates y obligue a las administraciones a «ponerse las pilas». Ha recordado que la economía social y solidaria «no es un sector, es una forma de hacer política» que debe estar presente en todos los ministerios, y ha citado ámbitos en los que ya es punta de lanza, como las comunidades energéticas o la vivienda cooperativa. En el terreno normativo, ha puesto en valor los PERTE como herramienta de financiación y la Ley integral de economía social, que eleva la reserva de contratos para estas entidades del 10% al 15%. Pero la ley, ha advertido, no basta por sí sola: muchas administraciones todavía no cumplen ese porcentaje, por lo que el reto ahora es dotarse de herramientas de fiscalización que garanticen su aplicación.

Desde la Oficina Española de Cambio Climático, María Sintes Zamanillo, jefa de servicio, ha puesto el foco en el papel de las comunidades locales ante una crisis climática cada vez más presente. Ha destacado experiencias de colaboración público-comunitaria en prevención de incendios y en restauración de ecosistemas. También ha subrayado el valor de las redes vecinales que vigilan, cuidan y median sobre el terreno, una labor que, a su juicio, resulta «fundamental para ampliar los recursos de las administraciones». Pero su reflexión de más calado ha sido sobre la gobernanza. El cambio climático obligará a tomar decisiones complejas sobre qué priorizar y a quién proteger, y esas decisiones tendrán una legitimidad muy distinta si se toman de forma compartida, como ya ocurre en algunos procesos colectivos sobre el retranqueo del litoral.

Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura, ha situado la relación entre la economía social y solidaria y los derechos culturales en un objetivo compartido: la profundización democrática. En un contexto de policrisis actual, donde las instituciones y la propia democracia están en cuestión, ha defendido que «no demos un paso atrás», sino que «redoblemos la apuesta». Para Beirak, la cultura no solo transforma los imaginarios: es «estratégica en la materialidad de los vínculos y la organización colectiva», porque ofrece el lenguaje para entender, interpretar e intervenir en la realidad. Por eso ha celebrado la noción expandida de lo público que propone el foro y la cooproducción pública-comunitaria, para que la administración esté «al servicio de lo que está fuera de la institución», algo que en cultura, ha concluido, no puede ser de otra manera.

La voz de la sociedad civil

Luigi Carinci, presidente de REAS Red de Redes, ha comenzado presentando la red no solo como una organización representativa, sino como un movimiento que defiende «otra forma de hacer economía». Desde ahí ha reivindicado su papel como motor de innovaciones que han ido más allá del marco normativo del momento y han abierto caminos hacia otros escenarios de intervención posibles. En este contexto, ha subrayado que la colaboración público-comunitaria es una herramienta clave para el cambio de modelo que se necesita. «Nuestra experiencia nos ha enseñado que ningún actor puede afrontar por sí solo los desafíos actuales», ha afirmado. «Si queremos una economía al servicio de la vida y del planeta, la colaboración no puede ser una excepción, sino una práctica habitual. De esa manera reforzamos las garantías de lo público y ampliamos nuestra capacidad colectiva para construirlo». Por ello, Carinci ha valorado el esfuerzo de las administraciones presentes por avanzar en esta dirección dentro de normativas pensadas con otros parámetros.

Belén Sánchez Rubio, del grupo motor de Futuro en Común, ha enmarcado el debate en la Agenda 2030, que plantea cambiar las formas de producir y consumir y mejorar la gobernanza. Su objetivo 17, ha recordado, pone precisamente las alianzas al servicio del resto de metas. En ese terreno, ha reconocido que se ha avanzado mucho en un modelo de gobernanza que puede ser un referente, y ha pedido que se mantenga y, sobre todo, que «trascienda a los territorios». Desde el análisis de coherencia de políticas ha reivindicado el papel de la economía social y solidaria, que, si se le aplica ese filtro, «lo cumple con creces», porque sus intervenciones no generan beneficios en un solo ámbito, sino en varios a la vez. El reto pendiente, a su juicio, es el codiseño, y para avanzar en él hace falta un marco legal que garantice la participación. Por eso ha reivindicado el concepto de «responsabilidad pública»: colaborar con la sociedad civil organizada no es una concesión, sino parte de la responsabilidad de las instituciones para asegurar una gobernanza participativa y transparente.

Jorge Nacarino, responsable de política institucional de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), ha suscrito la idea de la cooperación público-comunitaria como herramienta de profundización democrática. En un momento en que el capitalismo pone en duda el Estado de derecho, ha defendido que las administraciones comprometidas con la democracia deben responder avanzando. Estos marcos de colaboración entre instituciones y comunidad son, para él, el lugar para defender lo común en los barrios. Para que funcionen, ha insistido, hace falta un marco normativo que reconozca a las asociaciones vecinales como agentes de política pública. Tras más de 50 años de historia y una indefensión histórica frente a otros sectores, ha reclamado que todas las administraciones pongan recursos para sostener la capacidad de autoorganización de la sociedad civil. Su conclusión es que una cooperación público-comunitaria real pasa por dejar atrás una ciudadanía espectadora y construir un modelo en el que «las vecinas sean las protagonistas del cambio social».

Marta Abril, coordinadora de la Comunidad de Práctica de Políticas Públicas de Altekio/Ecorredes, ha señalado la importancia del trabajo en red, lógica que atraviesa toda la plataforma de Ecorredes. Desde ahí, ha puesto el foco en una figura a menudo olvidada: el personal técnico que muchas veces comparte la visión de la coproducción pero que «a veces está muy solo», sin respaldo político y sin saber cómo dar el paso. Para acompañarlo, Ecorredes ha impulsado seis comunidades de aprendizaje orientadas a la práctica en ámbitos como la vivienda, la alimentación o la sanidad para que las personas técnicas intercambian claves, estrategias y las «grietas del sistema» que permiten apoyar iniciativas comunitarias.

Hacia una hoja de ruta colectiva

Tras la mesa, el foro ha pasado a un espacio de diseño estratégico colectivo dinamizado por Altekio. Allí, personal técnico de las administraciones y entidades sociales se han sentado juntos para identificar qué herramientas hacen falta, qué obstáculos administrativos, jurídicos y políticos hay que superar y qué pasos concretos permitirán fortalecer la cooperación público-comunitaria.

Entre las ideas que el foro deja sobre la mesa destaca la propuesta, planteada por Kois desde el Foro Transiciones, de crear un observatorio de prácticas inspiradoras y normativas concretas de cooperación público-comunitaria. Ese observatorio recogería y daría visibilidad a lo que ya funciona en los territorios para que otras administraciones y comunidades puedan adaptarlo y replicarlo.

Estas conclusiones, junto con las recogidas en los foros territoriales, darán forma a una hoja de ruta compartida con las principales estrategias y medidas de cooperación público-comunitaria para el fomento de la Economía Social y Solidaria en todo el Estado.

• Esta jornada ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad subvencionada y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
• Así mismo, ha sido posible gracias a los trabajos de: Ana Maketa, 2+Dos, ecopapelería Milhojas, Rebel Streaming, El Fogón Verde, El círculo de Bellas Artes de Madrid y El salto.

El Barómetro hace una radiografía del sector de las finanzas éticas y solidarias en España y de su evolución desde 2008.

El Barómetro nace de la voluntad de mostrar la realidad de las finanzas éticas con un formato sencillo, integrador y riguroso. Quiere ser una herramienta para hacer accesible la información actualizada del sector para todas aquellas personas y entidades que estén interesadas en el mismo. Visibilizar los datos agregados de todos los ámbitos que integran las finanzas éticas es necesario para tener una visión global y ver su evolución en los últimos años.

El Barómetro 2026

Las finanzas éticas no son solo una manera diferente de gestionar el dinero: representan una apuesta por impulsar una economía productiva y transformadora, centrada en las personas y en el planeta. Este compromiso se refleja especialmente en sectores clave para la vida, como la vivienda, los cuidados, la energía y la alimentación.

Desde 2007, cuando se publicó la primera edición del Barómetro, el sector ha crecido tanto en volumen como en calidad: más servicios, más productos y más capacidad de responder a las necesidades de las economías transformadoras. En 2025 las cifras globales se mantienen estables y muestran un ecosistema diverso y más repartido: la base social sigue creciendo, el capital social se recupera, aumenta el número de proyectos financiados y buena parte de las entidades ganan volumen de actividad.

Actualmente, el ahorro ético se sitúa en 2.408 millones de euros, mientras que se han otorgado más de 1.850 millones de euros en préstamos destinados a proyectos transformadores, repartidos entre 10.861 proyectos. Además, casi 200 mil personas ya son usuarias y/o socias de las finanzas éticas, la cifra más alta desde 2018.

En cuanto al sector asegurador ético, gestiona más de 4 millones de pólizas, con un volumen de primas que supera los 1.500 millones de euros.

Edita: FETS – Finançament Ètic i Solidari
Autoría y coordinación: Observatorio de las Finanzas Éticas
Diseño y maquetación: Muntsa Busquets
Ilustraciones: Andrea Oliva
Datos: año 2025, 33 entidades
Páginas: 23

Descarga el Barómetro de las Finanzas Éticas 2026 (PDF) · Consulta la versión interactiva · Más información y ediciones anteriores

Lee la noticia: Las finanzas éticas ganan base social y refuerzan su apuesta por la vivienda

Más sobre el Observatorio de las Finanzas Éticas
El Observatorio es un espacio de encuentro entre los diferentes actores del sistema financiero ético del Estado, promovido y coordinado por FETS-Finançament Ètic i Solidari. Se dedica a la observación, el análisis y la elaboración de estudios, puntuales y periódicos, sobre las finanzas éticas y su impacto en la realidad socioeconómica catalana y española.

Fuente: FETS

• Casi 200.000 personas cubren sus necesidades financieras en España con este modelo, que tiene en cuenta las consecuencias sociales y ambientales de sus decisiones.
• El ahorro captado supera los 2.400 millones de euros, un 35% más que hace 10 años, garantizando a sus clientes que ese dinero no financiará guerras ni la crisis climática.
• El volumen de crédito concedido se ha duplicado en una década alcanzando los 1.856 millones de euros.
• Este dinero se ha destinado a 10.861 proyectos de la economía real, principalmente de vivienda, un 28%, pero también de los ámbitos social, ambiental y cultural.

Ya están disponibles los datos del Barómetro de las Finanzas Éticas 2026, el informe anual que desde 2007 radiografía la evolución de las finanzas éticas y solidarias en el Estado español. Elaborado por el Observatorio de las Finanzas Éticas de FETS-Finançament Ètic i Solidari, el informe analiza los datos de 2025 de 33 entidades: bancos, entidades financieras no bancarias, aseguradoras, mutualidades y corredurías. Todas estas entidades cumplen en alto grado los principios que las definen según el Escáner de las Finanzas Éticas o están registradas en el sello EthSI de los seguros éticos.

El análisis recoge la evolución de los principales datos del sector a lo largo de los últimos 10 años y refleja un sector robusto y consolidado. «El Barómetro demuestra que las finanzas éticas, lejos de ser una utopía teórica, son una realidad práctica. Hoy en día, casi 200.000 personas tienen su cuenta corriente, guardan sus ahorros, contratan un seguro o piden un préstamo con estas entidades», afirma Nina González, economista y coordinadora de FETS.

Los 2.408 millones de euros de ahorro depositados en estas entidades no se destinan a financiar actividades que vulneren los derechos humanos o ambientales. En cambio, las finanzas éticas destinaron 1.856 millones de euros en crédito a más de 10.000 proyectos de la economía real, que van desde la transición energética hasta la agricultura ecológica, pasando por la inserción laboral o la cultura.

Una apuesta colectiva por transformar la economía

El corazón del modelo son estos proyectos que, sin el apoyo de las finanzas éticas tendrían serias dificultades para ponerse en marcha o crecer. Son proyectos con un claro impacto positivo social y ambiental, pero que, por su volumen o su estructura económica, a menudo no resultan atractivos para la banca convencional, que solo tiene en cuenta la rentabilidad a la hora de decidir sus inversiones.

Destaca especialmente el sector de la vivienda, que concentra un 28,1% del volumen de crédito concedido en 2025. Entre estos proyectos encontramos gran variedad de modelos, como el cooperativismo de vivienda, proyectos de vivienda social, la rehabilitación o la compra con criterios de eficiencia energética.

Para FETS, los datos de este año confirman el sentido de fondo de las finanzas éticas. «Más allá de una opción de consumo individual, las finanzas éticas son una apuesta colectiva por la transformación de la economía y la sociedad», afirma Jordi Rojas, presidente de FETS. Y añade que, en un contexto de belicismo y rearme, «el sentido original de las finanzas éticas, que tus ahorros no contribuyan a financiar la industria de las armas, está más vigente que nunca».

Estabilidad en las cifras globales y un ecosistema más repartido

En 2025, 199.802 personas estaban vinculadas a las finanzas éticas, un 3,6% más que el año anterior, encadenando el tercer año consecutivo de crecimiento y alcanzando la cifra más alta desde 2018. Además, se trata de un crecimiento transversal: casi todas las entidades analizadas mantienen o amplían su base social.

El ahorro depositado en las entidades de finanzas éticas se sitúa en 2.408 millones de euros, una cifra similar a la del año anterior, que supone un incremento del 35% en la última década. Esta estabilidad del total, sin embargo, no explica por sí sola lo que ha ocurrido dentro del sector: las entidades de dimensión mediana y pequeña aumentaron un 11,6% el ahorro captado, hasta los 412 millones de euros. Por cada 100 euros de ahorro captado, las entidades destinaron 77 a créditos que hacen posibles proyectos transformadores con los que comparten valores.

Los préstamos concedidos suman 1.856 millones de euros, una cifra que duplica la de hace 10 años. Estos se distribuyen entre 10.861 proyectos repartidos por el conjunto de la geografía española. Por sectores, la vivienda continúa siendo el principal ámbito financiado en el Estado y gana aún más peso, con el 28,1% del crédito y 2.164 préstamos. Le siguen el sector social, con el 25,9%, y el de medio ambiente y transición energética, que concentra casi una quinta parte de la financiación. Completan la distribución la cultura, la educación y la agricultura y la alimentación.

Guillem Subirachs, coordinador del Observatorio y autor del informe, explica que el Barómetro dibuja un ecosistema variado y distribuido, «en el que los diferentes actores, en lugar de competir, se complementan». Y recuerda que «detrás de cada cifra están las realidades financiadas: proyectos arraigados, de la economía real, que cambian la vida de las personas».

Detrás de las cifras: vivienda y patrimonio cooperativo

Un ámbito donde esto se ve con claridad es el de la vivienda, el sector que recibe más financiación. Es el caso de Sostre Cívic, cooperativa catalana que impulsa la vivienda cooperativa en cesión de uso. En este modelo, la cooperativa mantiene la propiedad colectiva de los edificios y las personas socias disponen de un derecho de uso estable y asequible, sin especulación, y participan en las decisiones de forma democrática. Una alternativa a la compra y al alquiler que ha podido crecer con el apoyo de las finanzas éticas. «Han sido decisivas para hacer posible la vivienda cooperativa en cesión de uso. No sólo por coherencia con nuestros valores sino porque han entendido un modelo de propiedad cooperativa que no encaja en los esquemas de la banca convencional, pensados exclusivamente para el endeudamiento individual», afirma Jose Téllez, responsable de comunicación de la cooperativa.

Las finanzas éticas también están detrás de otra respuesta a la crisis inmobiliaria: cooperativas y entidades de la economía social y solidaria que compran sus sedes para ganar autonomía y protegerse de la especulación. La misma Sostre Cívic, junto a la correduría de seguros Arç, el medio Crític y la cooperativa de telecomunicaciones Som Connexió, ha comprado un espacio en el centro de Barcelona, mientras que el Grup ECOS, que reúne a 16 cooperativas, ha adquirido el local de 1.000 metros cuadrados de la calle Casp que ocupaba desde hacía quince años. «Las subidas del alquiler nos habrían acabado expulsando, la compra nos permite resistir y no seguir a merced del mercado. La apuesta de la patrimonialización no habría sido posible sin el esfuerzo combinado de las finanzas éticas», explica Guernica Facundo Vericat, coordinadora del Grup ECOS.

El sector asegurador ético supera los 1.500 millones en primas

El Barómetro dedica también un apartado al sector asegurador ético, formado por las entidades registradas en el sello europeo EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance). El sello valora la gestión ética de las organizaciones en sus inversiones y su responsabilidad social, así como su compromiso con la sostenibilidad social y ambiental y la transparencia.

En 2025, estas entidades gestionaron un volumen de primas de 1.538 millones de euros, un 10% más que el año anterior, lo que representa el 1,81% del total del sector asegurador español. Suman casi 4,1 millones de pólizas y 14 productos éticos certificados, que cubren necesidades muy diversas de personas y entidades, desde seguros de vehículo, salud o decesos hasta convenios colectivos o responsabilidad civil de entidades.

Consulta el Barómetro de las Finanzas Éticas 2026, con el informe en PDF y la versión interactiva.

Más sobre el Observatorio de las Finanzas Éticas
El Observatorio es un espacio de encuentro entre los diferentes actores del sistema financiero ético del Estado, promovido y coordinado por FETS-Finançament Ètic i Solidari. Se dedica a la observación, el análisis y la elaboración de estudios, puntuales y periódicos, sobre las finanzas éticas y su impacto en la realidad socioeconómica catalana y española.

Fuente: FETS

El encuentro, que se celebra el 16 de octubre de 9:30 a 14:30 horas, pone el broche final al Ciclo de Foros COOPUBLIC, un proceso que durante los últimos meses ha recorrido distintos territorios en formato online para recoger experiencias y propuestas sobre cómo administraciones y organizaciones sociales pueden impulsar juntas la Economía Social y Solidaria.

Con la colaboración de ILABSO-OLMA y Foro Transiciones, la jornada presentará los principales resultados del proyecto y abrirá un espacio de trabajo colectivo, dinamizado por Tangente Grupo Cooperativo, del que saldrán las estrategias y medidas concretas que conformarán esa hoja de ruta común.

El plato fuerte de la mañana será una mesa de debate político-social en la que participarán David Perejil, director de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Jaime Iglesias, comisionado especial para la Economía Social; Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales, y María Sintes Zamanillo, de la Oficina Española de Cambio Climático. Junto a ellos estarán Luigi Carinci, presidente de REAS Red de Redes; Belén Sánchez Rubio, del grupo motor de Futuro en Común; Jorge Nacarino, de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, y Marta Abril, de la Comunidad de Práctica de Políticas Públicas de Altekio/Ecorredes.

Por último, todas las personas participantes participarán de una sesión de trabajo grupal para, entre agentes públicos y sociales, construir una hoja de ruta para la cooproducción de política pública, siguiendo la estela y el trabajo del ciclo de foros territoriales de las pasadas semanas.

Quienes no puedan acercarse a Madrid pueden seguir toda la jornada en el directo que se emite a continuación.

Fuente: El Salto

El batir de las alas de una mariposa durante un desahucio puede desatar una tormenta en el conjunto del sistema político. Un pequeño acontecimiento puede amplificarse de forma imprevisible hasta generar enormes impactos a corto o medio plazo. La teoría del caos llama a este fenómeno Efecto Mariposa, aunque podría también ser Efecto Maricarmen.

El brutal desahucio, las acampadas y el movimiento social por el derecho a la vivienda han alterado el clima de resignación social, frenado la inercia institucional y evidenciado la existencia de una gran brecha entre las administraciones públicas y las demandas ciudadanas. Las masivas protestas se han traducido en cambios legales no aprobados y la caída del gobierno. El adelanto electoral puede dar lugar a un gobierno reaccionario, que profundice la erosión democrática que avanza mundialmente, o sostener precariamente a un gobierno progresista llamado a ser mucho más ambicioso.

A las puertas de una cita electoral determinante para nuestra democracia, no conviene engañarse respecto a la delicada situación política, económica o ecológica que tenemos. El Índice de Democracia que anualmente elabora The Economist, constata un retroceso global en la calidad democrática hasta sus niveles más bajos desde que se realiza, hace dos décadas. Incluso en aquellos países donde los formalismos y los procedimientos se mantienen con elevados estándares de calidad, hay una percepción negativa de la misma por parte de amplias capas de población. En paralelo, las autocracias consolidan un poder económico, político y poblacional sin precedentes, normalizando el autoritarismo como una manera legítima de gobierno y de llevar las relaciones internacionales.

Y sin embargo, nos parece un momento oportuno para reivindicar una profundización democrática, de la mano de innovaciones como la cooperación público-comunitaria. La experta en microbiología Susan Rosenberg ha estudiado cómo mientras las condiciones de vida son buenas las bacterias no tienen tasas de mutación excesivamente altas, porque sus estrategias adaptativas son acordes al entorno. En el momento en que el ambiente se vuelve hostil y escasean los recursos, la presión para que haya innovaciones hace que cambie el equilibrio entre riesgo y recompensa que, regula los procesos de mutación. La trama de la vida ante situaciones de emergencia es capaz de experimentar de forma más atrevida, nos toca arriesgar y hacer algo parecido para salvar la democracia.

Todo sendero comienza con unas primeras huellas

Llamamos cooperación público-comunitaria a las políticas que suponen el desarrollo de marcos de colaboración estables y transparentes entre las administraciones y los tejidos sociales, guiados por la ausencia de ánimo de lucro y los principios de justicia, equidad, universalidad y sostenibilidad. En la práctica, se trata de construir una noción expandida de lo público basada en la apropiación social y el reconocimiento de nuevas modalidades de gestión que promuevan la participación de la ciudadanía.

Resulta imprescindible impulsar un estatuto diferenciado de la cooperación público-privada, con la que una parte de la economía social y solidaria, el tercer sector y de los tejidos asociativos acaba identificándose, ante la ausencia de alternativas claras para nombrar las dinámicas de colaboración que establecen con las instituciones. No se trata de una disquisición terminológica sino de una cuestión política.

La cooperación público-comunitaria es una fórmula capaz de afectar a los procedimientos y la toma de decisiones, desplegando una elevada potencialidad transformadora que busca fortalecer de forma combinada la acción directa y la institucional. Un marco de relación en torno al que desarrollar políticas públicas no estadocéntricas y construir una autonomía de lo social que no reniegue de interactuar y coproducir políticas públicas con el Estado, como plantea un reciente informe que hemos elaborado desde el Foro Transiciones.

La propuesta se vertebra en cuatro grandes ejes de intervención, en torno a los cuales se están dando las principales iniciativas:

• El apoyo público a las dinámicas de autoorganización ciudadana y el fortalecimiento de una esfera pública no estatal.
• La gestión cívica de equipamientos e infraestructuras.
• El papel de la universidad y la promoción del enfoque pedagógico vinculado al Aprendizaje Servicio.
• El impulso de partenariados público-cooperativos y fomento de la economía social y solidaria.

Y lo más importante es que no se trata de propuestas fantasiosas, sino que dispersas por toda nuestra geografía hay decenas de experiencias y políticas públicas tremendamente inspiradoras. Ante problemas mayúsculos tenemos alternativas con minúscula. Y estas han sido posibles porque hay un catálogo de herramientas, más amplio de lo que imaginamos, para desplegar estos mecanismos de colaboración en la esfera local. Algunas fórmulas legales existen pero se encuentran infrautilizadas debido a una falta de voluntad política. Ya disponemos de las primeras huellas que marcan el camino, ahora toca recorrerlo mediante el compromiso político y el despliegue de nuevas fórmulas de colaboración.

No perseguir mariposas sino plantar jardines

La policrisis conlleva escenarios donde ninguna institución pública va a poder enfrentarse en solitario a los retos de implementar una nueva agenda capaz de reorientar hacia la justicia y la sostenibilidad el modelo socioeconómico y los estilos de vida. A la vez tampoco resulta creíble que las dinámicas autoorganizadas, por sí solas, vayan a ser capaces de generar los niveles de resiliencia necesarios con un carácter universalista.

Deberíamos partir de la convicción profunda de que nadie tiene en este momento suficientes conocimientos, recursos e instrumentos como para arrogarse el monopolio de hacer frente a los desafíos que tenemos por delante. En este contexto, la profunda reorganización del funcionamiento de nuestras sociedades sólo será viable en la medida en que se desarrolle un protagonismo ciudadano, alineado con políticas públicas transformadoras.

La cooperación público-comunitaria puede ser el marco desde el que alumbrar un nuevo paradigma de relación entre instituciones y sociedad civil organizada. Estrategias colectivas que enfaticen la cooperación y la conflictividad creativa, huyendo de la mera confrontación. Reconstruir vínculos y coproducir políticas capaces de cortocircuitar los asentados mecanismos de desconfianza recíproca. Impulsar experiencias prácticas de alto impacto capaces de entusiasmar y combatir la desafección.

Mañana 16 de octubre REAS Red de Redes organiza un foro en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde asociaciones vecinales, ONG y entidades de la economía solidaria compartirán sus inquietudes y demandas con representantes de distintos ministerios. La apuesta es escenificar un respaldo político de alto nivel a estos planteamientos; así como afinar una hoja de ruta desde la que desplegarlos.

No es un camino sencillo y no hay final feliz garantizado. Solo podremos salvar la democracia profundizándola y esta es una oportunidad para sembrar las semillas que permitirán normalizar en el futuro este tipo de fórmulas colaborativas. Nos tocará cuidar los brotes y defenderlos, hasta que crezca un jardín donde las mariposas puedan seguir aleteando juguetonamente, mientras desatan tempestades capaces de traer los profundos cambios que necesitamos.

Fuente: Público

• Red Vivienda Cooperativa valora positivamente las medidas de protección a los inquilinos, pero lamenta la falta de una apuesta estructural para ampliar el parque de vivienda social y asequible
• El Gobierno amplía los privilegios fiscales de las SOCIMI, muchas de ellas vinculadas a grandes fondos inmobiliarios, mientras mantiene una tributación más elevada para las cooperativas sin lucro
• El decreto destina 10.000 millones de euros a facilitar la compra de vivienda y rebaja el IVA de la vivienda protegida en venta, pero no el del alquiler social y la cesión de uso, dificultando así su expansión
• Las cooperativas denuncian que la priorización de las sociedades de capital frente a la economía social contradice los mandatos del Congreso, la legislación estatal y las recomendaciones europeas

Red Vivienda Cooperativa considera que el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, supone una oportunidad perdida para ampliar el parque de vivienda social y asequible a largo plazo. Aunque valora positivamente las medidas de protección frente a los desahucios y de mejora de las condiciones de las personas inquilinas, denuncia que las políticas destinadas a fomentar nueva vivienda siguen priorizando la propiedad individual y las sociedades inmobiliarias con ánimo de lucro, mientras dejan atrás el alquiler social, las cooperativas y el conjunto de la economía social.

Para la Red, la crisis habitacional requiere, además de medidas de protección y regulación del mercado, una apuesta estructural por ampliar el parque de vivienda social, especialmente de alquiler y en cesión de uso, mediante modelos de propiedad pública o colectiva que garanticen su asequibilidad a largo plazo. Según la red, “Sin este cambio de orientación, las medidas puntuales difícilmente permitirán superar el problema de fondo”.

Tres desequilibrios principales en el decreto y en las políticas de vivienda

Las cooperativas identifican tres de los principales desequilibrios del Real Decreto-ley y de las políticas de vivienda impulsadas por el gobierno:

• Más privilegios fiscales para las SOCIMI que para las cooperativas sin lucro. Las SOCIMI, muchas de ellas vinculadas a grandes fondos inmobiliarios, tributan con carácter general al 0 % en el Impuesto sobre Sociedades. El decreto amplía las condiciones para que también queden exentos los beneficios no distribuidos cuando gestionan alquiler asequible. En cambio, las cooperativas, que no reparten beneficios y reinvierten sus excedentes en vivienda asequible, mantienen un tipo del 20 %, con posibilidad de bonificaciones sujetas a exigentes requisitos. Esta desigualdad fiscal penaliza la promoción cooperativa: mientras una SOCIMI puede tributar al 0 %, una cooperativa sin ánimo de lucro soporta una tributación entre un 10% y un 20%, encareciendo el coste de la vivienda.
• Se prioriza la compra de vivienda frente al alquiler social. El Gobierno destina 10.000 millones de euros a la línea TU CASA, que ofrece préstamos públicos sin intereses para la compra de vivienda y no ofrece instrumentos equivalentes para cooperativas y entidades sociales. Además, amplía el IVA superreducido del 4 % a la venta de vivienda protegida permanente, favoreciendo su transmisión y la vivienda en propiedad, pero sorprendentemente no aplica esta reducción a la vivienda de alquiler social o en cesión de uso, cuyos costes soportan tipos entre el 10 % y del 21%. Esta desigualdad dificulta la asequibilidad de la vivienda social en alquiler y contradice la necesidad de ampliar el insuficiente parque de alquiler social y reducir su desequilibrio respecto a la vivienda en propiedad, alejándose de las prioridades del propio Plan Estatal de Vivienda y de las recomendaciones europeas.
• La economía social queda excluida de la financiación del ICO y de determinados instrumentos de financiación pública. El decreto refuerza una línea de avales del ICO de hasta 2.000 millones de euros para ampliar el parque de alquiler social o asequible, pero no incluye el modelo en cesión de uso, excluyendo este modelo cooperativo y contradiciendo la equiparación entre alquiler y cesión de uso del propio Plan Estatal de Vivienda. Paralelamente, las condiciones generales de la línea de financiación del ICO, vinculada al fondo España Crece, exigen que los beneficiarios sean sociedades de capital, excluyendo a las organizaciones de la economía social, sólo por su forma jurídica, también contradiciendo la propia Ley 5/2011 de Economía Social.

El Gobierno desatiende las propuestas del sector y aplaza el reconocimiento de los proveedores sociales de vivienda

Durante la elaboración del decreto, la Red propuso al Ministerio medidas para facilitar el desarrollo de vivienda social desde la economía social: una fiscalidad adecuada, fomentar el alquiler y cesión de uso, eliminar barreras de acceso al suelo y la financiación, y adaptar la normativa urbanística y de vivienda. Ninguna se ha incorporado, pese a ser medidas que buscan ampliar el parque de vivienda asequible y sin lucro.

Asimismo, diversas entidades sociales han reclamado el reconocimiento de los proveedores sociales de vivienda y una fiscalidad acorde con su función de interés general y con la ausencia o limitación del reparto de beneficios en la promoción y gestión de vivienda.

Sin embargo, el decreto establece un plazo de seis meses para regular mediante reglamento el reconocimiento de estos proveedores, mientras que las mejoras fiscales quedan pendientes de una futura reforma legal, ya que no pueden aprobarse por vía reglamentaria. La red denuncia que “mientras los beneficios fiscales para las sociedades inmobiliarias se aprueban de inmediato, el reconocimiento y el apoyo efectivo a las entidades sin ánimo de lucro siguen pendientes”.

Las cooperativas exigen un cambio en las políticas de vivienda

Ante esta situación, Red Vivienda Cooperativa reclama al Gobierno y a los grupos parlamentarios un cambio de rumbo y la adopción de medidas concretas:

• Corregir el trato fiscal profundamente injusto entre las SOCIMI y las cooperativas, reconociendo la función social de las entidades sin ánimo de lucro que reinvierten sus excedentes en vivienda social y asequible.
• Eliminar las barreras de acceso a la financiación del ICO y garantizar que las entidades de la economía social puedan acceder adecuadamente a los instrumentos públicos de fomento de la vivienda asequible.
• Reconocer y apoyar a las entidades de la economía social, incluidas cooperativas, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, como agentes fundamentales para ampliar y gestionar el parque de vivienda social y asequible.
• Agilizar la actuación de Casa 47 para movilizar suelo, edificios y patrimonio público en desuso mediante la colaboración con entidades de la economía social.
• Fomentar el alquiler social, extendiendo el IVA superreducido del 4% a la construcción de viviendas con protección permanente de alquiler o cesión de uso.

Red Vivienda Cooperativa iniciará acciones de comunicación y denuncia pública para visibilizar estas contradicciones y reclamar cambios efectivos en las políticas de fomento de la vivienda social y asequible. Asimismo, pide al Gobierno que abra un diálogo con el sector para incorporar sus propuestas y reconocer el papel fundamental de la economía social en la solución de la crisis de vivienda.

«Pedimos que las políticas públicas sean coherentes con sus propios objetivos. Si queremos ampliar el parque de vivienda asequible, hay que dejar de poner trabas a las entidades de la economía social y empezar a apoyar de verdad a quienes construimos vivienda sin ánimo de lucro y de interés general» se afirma desde la propia red.

Red de Vivienda Cooperativa es la entidad representativa de la vivienda cooperativa en cesión de uso y la organización reconocida por Housing Europe

La vivienda cooperativa en cesión de uso es un modelo donde la propiedad del inmueble permanece en la cooperativa, adjudicando el uso de la vivienda a las personas socias, a cambio principalmente de cuotas mensuales, en un modelo equivalente al alquiler pero a precio de coste y sin lucro. La cooperativa se gestiona democráticamente y, al no repartirse beneficios ni transmitirse las viviendas, se mantienen las viviendas fuera de la lógica especulativa permanentemente y asegura la asequibilidad a largo plazo.

Red Vivienda Cooperativa es la entidad representativa del sector de la vivienda cooperativa en cesión de uso en España. Articula más de 210 proyectos y diversas redes territoriales en todo el Estado. Es miembro de pleno derecho de Housing Europe, la Federación Europea de Vivienda Pública, Cooperativa y Social, que reúne a 44 federaciones nacionales y regionales y 16 organizaciones asociadas de 31 países, representando alrededor de 25 millones de viviendas. Asimismo, forma parte de REAS Red de Redes como su red sectorial de vivienda. REAS, referente estatal de la Economía Social y Solidaria, agrupa a más de 1.000 entidades y empresas y a unas 300.000 personas en todo el Estado.

Ampliar información

PDF: Valoración de Red Vivienda Cooperativa sobre las medidas del Real Decreto-ley 29/2026 destinadas a fomentar un parque de vivienda social y asequible a largo plazo

www.viviendacooperativa.red

Fuente: Red Vivienda Cooperativa

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián ha acogido en esta edición las producciones Sacamantecas y Sants. Ambos largometrajes, caracterizados por sus narrativas de marcado carácter social e histórico, han contado con la financiación de Fiare Banca Etica, reflejando las vías de colaboración entre el cine de autor español y las entidades de finanzas éticas.

Sacamantecas: Un asfixiante thriller histórico

Sacamantecas ha llegado a San Sebastián dirigida por David Pérez Sañudo y situada como uno de los títulos más esperados del año. Basada en hechos reales, la película reconstruye la figura y persecución de Juan Díaz de Garayo, el primer asesino en serie documentado en España a finales del siglo XIX.

Su reparto está encabezado por Antonio de la Torre en el rol del trágico personaje histórico y Patricia López Arnaiz como la mujer empeñada en buscar justicia por los crímenes de Vitoria, acompañados por Josean Bengoetxea y Eneko Sagardoy. La trama aborda la ola de crímenes en la provincia alavesa a través de una decidida investigación que desenmascara las tensiones de la época, disputas institucionales, supersticiones rurales y el trauma de una sociedad en transformación. Además, tras ser rodada en diversas locaciones del País Vasco y Burgos, la cinta destaca visualmente por su gran despliegue de caracterización y reconstrucción de época.

Sants: Drama íntimo y dilema moral

Por su parte, Sants, dirigida por Mikel Gurrea, explora el terreno del drama social con tintes de intriga mediante un elenco compuesto por Victoria Luengo, Ariadna Gil y Eulàlia Ramón. La trama sigue a Lali, quien, en medio del duelo por la inminente pérdida de su madre, se ve arrastrada a una espiral delictiva al integrarse en una banda especializada en el robo de figuras de arte religioso en iglesias y cementerios, ofreciendo una aproximación punzante sobre la vulnerabilidad, las ausencias familiares y las decisiones límite marcadas por la desesperación.

El impulso del crédito ético en el mundo audiovisual

Ambas obras cuentan con el respaldo del crédito ético lo que evidencia una tendencia al alza en la financiación del sector del cine mediante entidades de finanzas éticas. De esta manera, Fiare Banca Etica consolida su papel en el ecosistema cultural respaldando relatos de marcado acento social e histórico que ahora han dado el salto a festivales de primer nivel.

Fuente: Fiare Banca Etica

Las personas y entidades socias de Som Energia cuentan con un nuevo servicio: la Red de Empresas Instaladoras. Esta permite implantar medidas para avanzar hacia la autonomía energética, como instalar placas fotovoltaicas, sistemas de aerotermia o puntos de recarga de vehículos eléctricos. Lo podéis hacer de la mano de empresas instaladoras especializadas en soluciones energéticas y de confianza.

Con el servicio de la Red de Empresas Instaladoras (REI), Som Energia facilita a las personas socias el contacto directo con estas empresas que han sido validadas por la cooperativa y que han demostrado su solvencia técnica y económica. Se trata de empresas alineadas con sus valores para transformar el modelo energético.

Ventajas del servicio

El servicio de la REI ofrece a las personas y entidades socias de Som Energia cuatro grandes ventajas:

• Disfrutar de descuentos: por el hecho de estar asociado a Som Energia, las empresas de la REI ofrecen un 3% de descuento sobre su precio habitual de mercado.
• Ganar confianza a la hora de invertir en nuevas medidas energéticas: Som Energia valida las empresas que forman parte de la REI; no son unas empresas cualquiera, sino que trabajan con precios justos y materiales de calidad.
• Facilitar la aplicación de medidas para la soberanía energética hacia un modelo 100% renovable.
• Reducir el tiempo para buscar empresas profesionales calificadas con experiencia en instalaciones energéticas eficientes.

¿Cómo podéis solicitarlo?

Si le interesa contratar el servicio de la REI solo tenéis que rellenar este formulario con vuestros datos y Som Energia se encargará de hacerlos llegar a las empresas de vuestra zona. La empresa –o empresas por si queréis recibir diferentes propuestas– se pondrán en contacto con vosotros y os harán una propuesta sobre la medida que desea implantar, así como un presupuesto adaptado a las necesidades que tengáis. La propia empresa se encargará de la facturación, instalación y servicio postventa.

Recordad que podéis consultar si vuestro municipio ofrece bonificaciones fiscales para el autoconsumo en este buscador de la Fundación Renovables.

Quiero solicitar el servicio

Un servicio en expansión

Por el momento, el servicio da cobertura a toda Cataluña, el País Valenciano, el País Vasco, Navarra, Madrid, Aragón, La Rioja y Andalucía. En las Islas Baleares, está disponible en Eivissa y Formentera. Y en Castilla-La Mancha, en algunas zonas de Guadalajara y Toledo. El servicio de la REI está en fase de expansión y la cooperativa está trabajando para llegar a todas partes.

Servicios que ofrece la REI

• Instalaciones fotovoltaicas: montaje de paneles solares en cubiertas para generar energía renovable, tanto en el ámbito doméstico como en entidades y empresas.
• Instalaciones colectivas: proyectos de autoconsumo compartido en bloques de pisos, comunidades o urbanizaciones. Permite que la energía generada se distribuya entre las distintas viviendas y las zonas comunes.
• Mantenimiento de instalaciones: servicios de revisión preventiva, limpieza de paneles y optimización técnica para garantizar el rendimiento máximo y durabilidad de cualquier sistema fotovoltaico.
• Ampliaciones fotovoltaicas: rediseño y ampliación de sistemas solares existentes, incluyendo la instalación de nuevos paneles o la integración de componentes técnicos actualizados.
• Aerotermia y climatización: sistemas de alta eficiencia para la calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria que permiten sustituir el gas por una tecnología limpia y eléctrica.
• Puntos de recarga de vehículo eléctrico: instalación de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos o híbridos enchufables. Se adapta a las necesidades de potencia de cada garaje o aparcamiento.
• Baterías y almacenamiento: integración de sistemas de acumulación eléctrica conectados a los paneles solares para gestionar los excedentes y aprovechar la energía autogenerada en cualquier momento del día y de la noche.
• Sistemas de Back-up: elemento adicional que permite el funcionamiento de la instalación en modo «isla». Este sistema garantiza el suministro eléctrico básico en la vivienda o empresa en caso de corte en la red general.
• Gestión inteligente de la energía (IA): sistemas de optimización automática que utilizan la inteligencia artificial para decidir el mejor momento para consumir, cargar baterías o verter excedentes, maximizando la eficiencia económica de la instalación.

Descárgate la guía del servicio

Fuente: Som Energia

No son pocas las personas expertas que están advirtiendo de que las patologías relacionadas con la salud mental van a configurar una de las grandes pandemias del siglo XXI. Entre otras causas, el trabajo y las condiciones que se nos imponen en el mismo juegan un papel desencadenante o de estas patologías. Hay algo que no debemos olvidar: nadie elige, por ejemplo, la carga mental a la que está sometido en un trabajo. Le viene impuesta.

Si bien el sindicalismo de clase a nivel internacional lleva también años advirtiendo sobre la influencia de los riesgos psicosociales en la salud mental, en la actualidad se intenta tapar este hecho trasladando a la opinión pública un concepto sonoro e identificable: el absentismo. Los objetivos son tres: limitar la empatía de la clase trabajadora hacia las personas enfermas, fomentar que la gente aguante lo que le echen en el trabajo y no se atreva a pedir ayuda, y normalizar que quien se haya atrevido a pedir ayuda y se le haya prescrito una baja médica vuelva las mismas condiciones de trabajo que deterioraron su salud, en este caso mental, pero bien podría ser también la ergonómica. Es decir, se desvía el foco de las verdaderas causas: la causa ya no son las condiciones de trabajo sino la propia persona.

Esto último es muy importante para empresas y patronales, porque contribuye a erradicar la percepción de la necesidad de implantar nuevas medidas preventivas, con la inversión económica que conllevaría, para adaptar los puestos de trabajo a personas especialmente sensibles a un riesgo o que hayan estado de baja un periodo prolongado. Poco parece importar que estemos ante una obligación legal.

Y hablando de obligaciones legales, de cara a la galería la ley se cumple sólo en parte, porque en las empresas se hacen evaluaciones de riesgos psicosociales, pero en ocasiones con el único objetivo de decir que se han hecho. Identifican algunos riesgos de los puestos de trabajo, pero sin asignar medidas preventivas que protejan la salud mental.

En resumen, como las medidas que habría que aplicar no gustan o incomodan a las empresas, no se hace nada. La acción sindical para que esas medidas terminen por implantarse y disminuya, entre otras cosas, la carga mental derivada del trabajo es insustituible, como demuestran las experiencias llevadas a cabo por CCOO en empresas como Sanitas Barakaldo, Clequali SL, Láser Norte SA o en el grupo Quirón Salud.

Más de la mitad de las personas muertas en Euskadi mientras trabajaban en 2025 y 2026 no fallecieron debido a las causas más comunes, como caídas, golpes o atrapamientos, sino a fallos cardíacos y similares

Antes de continuar con nuestra explicación conviene, por su importancia, no pasar algo por alto: estamos hablando de muertes. La OIT cifra en 840.000 las personas que mueren al año debido a enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales asociados que se derivan de los riesgos psicosociales.

Cambian las formas de morir en el trabajo. En 2025 hubo en Euskadi 30 personas fallecidas en accidentes laborales (excluyendo los in itínere). La mitad, 15, no fallecieron debido a las causas más comunes, como caídas, golpes o atrapamientos, sino a fallos cardíacos y similares. En 2026, y mientras se escriben estas líneas, 26 personas han fallecido en su puesto de trabajo. 15 de ellas, este año y al menos de momento más de la mitad, por fallos cardíacos y similares.

Así las cosas, esa idea del absentismo que se pretende meter en la cabeza de la gente no casa con la realidad. El problema (y las muertes aparejadas) viene de otro lado. Según datos elaborados por el sindicato CCOO en 2026, en el conjunto del estado 436.000 personas trabajan semanalmente horas extra que no se les pagan, lo que equivale a 2,54 millones de horas. Cada una de estas personas realizaría una media de casi seis horas extra no pagadas a la semana.

A efectos de tiempo extra, añadamos las pagadas. Conociendo el paño empresarial, sobre todo en algunos sectores, y a la vista de otros datos que se han hecho públicos, en 2024 eran más las que no se pagaban que las pagadas. Pero datos más actualizados de 2026 aproximan el tema al fifty-fifty, al menos en términos de personas exprimidas.

Al salir más tarde del trabajo se dificulta la conciliación, se vulnera el derecho a una vida social y familiar normalizada, se disminuye el tiempo de ocio y de desconexión y se dificulta la planificación de diversos aspectos de la vida personal

En resumen, la cotidianeidad de no pocas personas es salir más tarde de su trabajo, con lo que esto implica: se dificulta la conciliación, se vulnera el derecho a una vida social y familiar normalizada, se disminuye el tiempo de ocio (¿sería distópico decir que en el futuro se desee plantear el ocio como un lujo, y no como un derecho?) y de desconexión, se dificulta la planificación de diversos aspectos de la vida personal, etc. Cosas todas ellas con incidencia directa en la salud mental de las personas, y contingencias ante las cuales las empresas estarían por ley obligadas a poner medidas.

Hagamos un análisis serio de la realidad, porque a la vista de los datos hay muchas empresas que no se preocupan ni de pagar esas horas extras. ¿Alguien piensa que se van a preocupar de los efectos que esas horas extras causan en la salud mental de las personas? Si ni siquiera las pagan, ¿cómo van a poner medidas porque te preocupe quién cuidará a tus hijos o hijas o a tus mayores? El problema no es que la gente esté de baja, sino por qué necesita estarlo. Y se ve poco interés en abordar este análisis.

La carga mental y el tiempo extra no son los únicos problemas. El reciente informe de la Fundación 1º de Mayo de CCOO “Violencia laboral en España. Principales resultados del estudio 2026” muestra que hay personas sufriendo determinados tipos de violencia en su entorno laboral. Más allá del acoso laboral y sexual se dan abusos, amenazas, insultos, gritos, intimidaciones y hasta agresiones físicas. El 30,7% de la población asalariada en el conjunto del estado trabaja en entornos en los que se ha producido violencia o acoso laboral, habiendo sufrido de forma directa episodios de ese tipo o habiéndolos presenciado. El 16,7% de las personas trabajadoras afirma haber sido víctima directa de violencia laboral.

El informe también muestra que estas situaciones se concentran en el sector servicios y en aquellos espacios que conllevan atención directa a clientela, pacientes o personas usuarias, destacándose el sector sanitario, la atención a personas mayores de edad, el comercio minorista, la hostelería o el sector educativo. Se trata de sectores en los que la presencia de mujeres es mayoritaria o muy mayoritaria según el caso. No en vano, el informe también muestra que el 18,3% de las mujeres asalariadas ha sufrido violencia en el trabajo, frente al 14,8% de los hombres.

Entre otros, por estos motivos es por lo que es importante defender que la prevención de riesgos laborales, por supuesto también en sus aspectos relacionados con la salud psicosocial, ha de regirse por una perspectiva de género que no siempre es tenida en cuenta por las empresas ni por los servicios de prevención. Si no se aplica no se podrá hablar de efectividad de las medidas preventivas que tienen que implantar las empresas, lo que redunda en el empeoramiento de la salud tanto física como mental de las mujeres trabajadoras.

Toca analizar otra problemática igualmente grave, y es que para prevenir daños y que no se deteriore la salud mental deberíamos tener un conocimiento real sobre cómo las condiciones de trabajo la deterioran. Esto no ocurre porque existe un subregistro en el reconocimiento de las patologías como la contingencia de origen profesional que son en muchos casos. Podemos intuir o incluso saber qué pasa, pero no contamos con un dimensionamiento oficial real del problema.

La falta de reconocimiento de los daños que las condiciones de trabajo pueden causar en la salud mental contribuye a restar potencial al ámbito preventivo

El informe “Precariedad laboral y salud mental. Conocimientos y políticas”, publicado en 2023 por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, relaciona directamente precariedad laboral y malas condiciones de trabajo con las patologías mentales y establece que el subregistro dificulta la prevención. Es lógico que si no se identifican debidamente las causas de una patología mental sea más difícil acertar con el tratamiento, sobre todo si estas causas están en el trabajo, donde se pasan normalmente ocho horas (y ya hemos dicho que alguna más) al día. Sin acertar con la tecla del tratamiento los síntomas se prolongarán en el tiempo, pudiendo llegar a cronificarse.

En parecidos términos se expresa el documento “Trabajo y salud mental: hoja de ruta para las administraciones sanitarias en España”, editado por el Ministerio de Sanidad en 2025. Éste afirma que la falta de reconocimiento de los daños que las condiciones de trabajo pueden causar en la salud mental contribuye a restar potencial al ámbito preventivo. Igualmente, señala que la identificación del trabajo como posible factor desencadenante o agravante del sufrimiento psíquico constituye un paso esencial en la atención clínica.

Desde instancias europeas también se reconoce esta falta de información, tal y como establece el Comité Económico y Social Europeo en su dictamen “Trabajo precario y salud mental” (2023/C228/05). Entre las propuestas se habla de la necesidad de mejorar los sistemas de información y vigilancia epidemiológica como paso previo al impulso a la investigación sobre la calidad del trabajo.

No se puede culpar de los daños psíquicos derivados del trabajo a las personas trabajadoras que están de baja médica, porque son las víctimas que pagan en términos de salud la mala gestión empresarial

La serpiente de Ouroboros se devora a sí misma por la cola, y esto es exactamente lo que está ocurriendo. Hacer que los daños psíquicos derivados del trabajo no se relacionen con éste fomenta que el problema no revierta en el entorno laboral en forma de medida preventiva. Esto hará que el problema sea cada vez más grande. No se puede culpar de esto a las personas trabajadoras que están de baja médica, porque son las víctimas que pagan en términos de salud la mala gestión empresarial.

No perdamos de vista algo que tiende a agravar la situación. Las propias características del sistema capitalista y la identidad que el trabajo contribuye a construir también hacen que más que como persona nos veamos como una marca. Este sentimiento, que termina por generar competitividad entre las personas y, por ello, perjudicando la salud mental, es azuzado por no pocas direcciones de personal, disfrazándolo en ocasiones de reto o motivación. Generar visiones de las personas en términos de rentabilidad termina por cosificarlas.

En un pasaje de “Al norte”, reciente y primera novela del secretario general de CCOO Unai Sordo (por cierto, muy recomendable por ser un ilustrativo catálogo de cómo condiciones y trayectorias laborales impactan en la vida de las personas), Osvaldo le traslada a Xabier que en su nuevo y distópico entorno laboral el salario es lo de menos, y que lo realmente importante es trabajar para poder seguir trabajando. Una cosificación absoluta de las personas, ignorando sus necesidades y borrando todo lo que en ellas hay de humano. Una lógica perversa que ya se está implantando.

Fuente: El Salto

En la sala del Palazzo Pubblico de Siena donde se reunía el gobierno de la ciudad, los frescos de Ambrogio Lorenzetti recordaban a quienes tomaban decisiones cuáles eran los efectos del buen gobierno. Hay un detalle que sigue llamando la atención siete siglos después: la muralla parte la escena por la mitad, y el campo ocupa tanto espacio como la ciudad. El bienestar urbano, venía a decir la pintura, depende inevitablemente del bienestar del territorio que lo alimenta. Recuperar esa conciencia de interdependencia entre lo urbano y lo rural, poniendo la alimentación en el centro, es buena parte del desafío que hoy tienen por delante las políticas públicas.

A raíz de la sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC —cuarta y última de un ciclo dedicado a sectores estratégicos para la acción público-comunitaria, tras las de vivienda, energía y finanzas—, conviene detenerse en algunas de las ideas que se pusieron sobre la mesa, porque dibujan un sector en el que las alternativas ya existen, están probadas y funcionan, pero en el que la colaboración con las administraciones sigue siendo muy desigual de un territorio a otro. José Luis Fernández Casadevante, «Kois», sociólogo, experto en soberanía alimentaria y miembro de la cooperativa Garúa, condujo la formación con una idea de fondo: no habrá transición ecosocial con alguna perspectiva de éxito sin un cambio profundo en la manera en que producimos, distribuimos y comemos.

Un sistema en el centro de casi todas las crisis

El diagnóstico con el que arrancó la sesión fue deliberadamente breve, pero contundente. Según los datos que compartió el ponente, el sistema alimentario explica en torno al 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado español, y hoy se invierten unas diez calorías de combustibles fósiles por cada caloría de alimento que llega al plato, en un territorio con el 74% de su superficie en riesgo de desertificación. A ello se suma la huella hídrica: alrededor del 80% del agua dulce que consumimos está ligada a la producción de alimentos, y entre un 15 y un 20% sale del país convertida en «agua virtual» a través de las exportaciones. La contaminación por fertilizantes y pesticidas de síntesis afecta a buena parte de las aguas subterráneas, hasta el punto de que más de 300 municipios no tienen acceso a agua potable en el grifo.

El retrato se completa con la pérdida de biodiversidad cultivada —un 75% de la diversidad genética agrícola desaparecida en el último siglo—, con una concentración de poder cada vez mayor —cuatro empresas controlan más de la mitad del mercado mundial de semillas y la gran distribución acapara el 92% de la superficie comercial alimentaria— y con un modelo de precios que no beneficia ni a quien produce ni a quien consume: el Índice de Precios en Origen y Destino que publica COAG muestra diferencias del 400 o el 500% en algunos productos. Y, en el otro extremo de la cadena, la desigualdad: en torno a un 13% de la población, unos seis millones de personas, vive en situación de inseguridad alimentaria, mientras que cuatro de cada diez niñas y niños presentan sobrepeso u obesidad. «Comer mal es muy barato», resumió Kois, para subrayar que la malnutrición tiene un componente de clase evidente.

Ecologizar, democratizar, relocalizar, reequilibrar

Frente a ese diagnóstico, la sesión propuso una brújula. El marco de referencia es el de una transición ecosocial justa —a menudo visualizada con la «economía del dónut» de Kate Raworth, ese espacio seguro y justo entre un suelo de necesidades sociales y un techo de límites ecológicos—, entendida como un proceso intergeneracional: si salir del modelo actual llevará décadas, lo urgente ahora es «dar un volantazo». Para orientarlo, cuatro puntos cardinales: ecologizar —o agroecologizar— el conjunto de la cadena, desde la finca hasta la gestión de residuos; democratizar un sistema dominado por muy pocos actores, devolviendo capacidad de decisión tanto a las instituciones como a las comunidades organizadas; relocalizar, satisfaciendo necesidades en proximidad; y reequilibrar el territorio, buscando las escalas adecuadas y mecanismos de solidaridad entre territorios. Todo ello, además, con la recuperación de una cultura alimentaria que se ha ido erosionando en las últimas décadas.

A esa brújula se suma un cambio en qué comemos, y no solo en cómo. La dieta de salud planetaria propuesta por la comisión EAT-Lancet —mayoritariamente vegetal, con una reducción de más de la mitad del consumo de carne roja y azúcar, cercana a una dieta mediterránea «de verdad»— es el punto de partida de un estudio en el que ha participado la investigadora Marta Rivera para Amigos de la Tierra. Sus conclusiones son elocuentes: con la superficie agraria existente, y asumiendo ese cambio de dieta, se podría producir el 99% de los alimentos que necesita la población del Estado, reduciendo un 84% el uso de combustibles, prescindiendo por completo de los pesticidas y recortando un 87% la contaminación del agua, a la vez que aumentaría la biodiversidad. La transición agroecológica, en definitiva, es técnicamente posible.

Público-comunitaria, no público-privada

El hilo conductor de las experiencias que se presentaron fue la cooperación público-comunitaria, que Kois propuso distinguir con claridad de la público-privada, esa fórmula que «nos han metido hasta en la sopa» y en la que el ánimo de lucro empresarial acaba primando sobre el interés general. Frente a ella, la definición que proponen desde el Foro Transiciones habla de marcos de colaboración estables y transparentes entre administraciones y tejidos sociales, guiados por la ausencia de ánimo de lucro y por los principios de justicia, equidad, universalidad y sostenibilidad. Nombrarse y defender ese estatuto propio, apuntó, es también una tarea política pendiente para la Economía Social y Solidaria.

De la finca al compost

La parte central de la sesión fue un recorrido por iniciativas que ya están en marcha a lo largo de toda la cadena alimentaria. Un primer paraguas es la Red de Municipios por la Agroecología, con una década de recorrido y ayuntamientos de colores políticos muy distintos, convertida en espacio de intercambio de políticas y de complicidad entre administraciones y organizaciones sociales.

En el terreno productivo, los parques agrarios —inspirados en experiencias italianas y desarrollados por primera vez en el Baix Llobregat— blindan el uso agrícola del suelo periurbano y acompañan a quienes producen en la comercialización conjunta, la creación de sellos de proximidad y la transición hacia manejos agroecológicos; hoy hay más de una decena repartidos por el Estado, con su propia red. Una vez protegido el suelo, los bancos de tierras ayudan a ponerlo en producción y a facilitar el relevo generacional, ya sea a escala de ciudad, como Basaldea en Vitoria-Gasteiz, o de pequeños municipios, como la red intermunicipal Terrae. Los espacios test agrarios, llegados de Francia, permiten a quienes quieren incorporarse al campo probar su proyecto tutorizados por agricultores consolidados antes de lanzarse por su cuenta, con tasas de éxito muy elevadas. Y la agricultura urbana, que ha pasado de 17 municipios con huertos en torno a 2010 a cerca de 400 en la actualidad, vale menos por los tomates que cosecha que por las relaciones y los conocimientos que cultiva.

En la logística y la comercialización, se citó la red estatal de centros logísticos agroecológicos que da protagonismo directo a las agrupaciones de productores y fomenta la intercooperación; la compra pública alimentaria para comedores escolares, universitarios u hospitalarios, que podría actuar como un auténtico «tractor» del cambio y que, en el caso de la alimentación escolar, llega a todos los perfiles de población; la recuperación de los mercados municipales como responsabilidad pública, frente a la tendencia de los nuevos desarrollos urbanos a delegar la alimentación en los supermercados; los mercados de venta directa codiseñados y cogobernados con asociaciones de productores y consumidores, como en Granada o Córdoba; los grupos de consumo; y el salto de escala que representan los supermercados cooperativos, con La Osa, en Madrid, como referente. Fuera de los canales convencionales, recordó el ponente, se vende ya en torno a un 21% de los productos alimentarios, una proporción que no tiene parangón en otras ramas de la economía.

Para cerrar el ciclo, el proyecto piloto de agrocompostaje impulsado por universidades valencianas, municipios y productores ecológicos para devolver al suelo residuos orgánicos de muy diverso origen, y las iniciativas de compostaje comunitario que ya funcionan en distintos municipios. Y, como experiencia más innovadora, el ensayo de seguridad social alimentaria que se desarrolla en Getafe con apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso y en complicidad con el ayuntamiento: las familias en situación de vulnerabilidad reciben una tarjeta con un saldo que solo pueden gastar en circuitos vinculados a la agroecología y la economía solidaria, como un supermercado cooperativo. Se trata, dijo Kois, de combinar el «dar de comer a la gente» con alimentar un cambio en el propio modelo. Durante el debate, las personas asistentes sumaron una pieza más a ese mapa: los bancos de semillas locales, clave para frenar la erosión genética.

Quién da el primer paso y cómo se convence a la administración

Una de las preguntas que más dio de sí fue de dónde surgen estas experiencias. Mayoritariamente, respondió el ponente, de las iniciativas comunitarias, donde hay una creatividad colectiva en permanente efervescencia que después busca complicidades institucionales. Pero no siempre. El programa Ecocomedores de Canarias nació de la propia administración agraria del archipiélago, que buscaba asegurar una salida estable a la producción local a través de los colegios y llegó a persuadir a productores para que dieran el salto a lo ecológico. Y el primer parque agrario se debe al empeño de un técnico de la Generalitat, Xavier Montasell, que conoció la experiencia italiana y se propuso trasladarla. Venga de abajo o de arriba, insistió, el rasgo diferencial de la cooperación público-comunitaria es que no suplanta a la ciudadanía organizada, sino que la incorpora activamente a la definición, la gestión y la evaluación de las políticas.

¿Y cómo convencer a una administración local reticente? Kois propuso tres claves. La primera, ser muy prácticos y poner el acento en los beneficios antes que en el marco ideológico: un comedor escolar agroecológico garantiza comercialización a quienes producen, mejora la nutrición, combate la inseguridad alimentaria, recupera cultura alimentaria y puede vincularse a huertos o compostaje en el propio centro. La segunda, medir: indicadores de impacto y herramientas como el retorno social de la inversión permiten traducir a un lenguaje que la administración entiende un valor que, de otro modo, recae invisible sobre los tejidos comunitarios. El objetivo no es abaratar los servicios, matizó, pero al no tener que generar márgenes empresariales estos modelos pueden resultar incluso más eficientes. Y la tercera, aliarse con el personal técnico, que permanece cuando los cargos políticos cambian y que sabe traducir las propuestas de los tejidos sociales a los marcos jurídicos e institucionales disponibles, ayudando a desactivar desconfianzas mutuas.

Lo que aún falta

La sesión dejó también a la vista los límites del momento actual. El primero tiene que ver con las condiciones de trabajo: ante una pregunta llegada desde el movimiento de comercio justo sobre derechos laborales y salarios dignos, el ponente reconoció que la preocupación forma parte del ADN de muchos proyectos agroecológicos —con una generación joven que habla de viabilidad vital y no solo económica, que cooperativiza y que incorpora una mirada feminista—, pero que los márgenes del sector son estrechos y la autoexplotación sigue presente. El segundo, el grado de implicación institucional, todavía muy desigual: en el caso de La Osa se limita a la cesión de un local público en condiciones favorables, mientras que en Francia ha habido apoyo directo a la capitalización de supermercados cooperativos, en Manresa uno de ellos se ha instalado dentro de un mercado municipal y en Hernani las cooperativas impulsadas en el marco de una planificación ecosocial integral se consideran servicio público y pueden recibir apoyo municipal hasta alcanzar la autosuficiencia. Muchos proyectos nacen descapitalizados, «a pulmón», y buena parte de su precariedad se explica precisamente por esa falta de respaldo inicial.

Como en las sesiones dedicadas a vivienda cooperativa, comunidades energéticas y finanzas éticas dentro del mismo ciclo, el mensaje de fondo volvió a repetirse al cierre: las herramientas existen y están probadas a lo largo de toda la cadena alimentaria. Lo que decide si se quedan en experiencias aisladas o se convierten en política alimentaria de verdad es que las administraciones asuman, como recordaba aquel fresco de Siena, que alimentar a la ciudad es una responsabilidad pública que no puede delegarse en el mercado, y que la mejor manera de ejercerla es junto a quienes ya están cultivando las alternativas.

¿Eres diputada, diputado o representante del Gobierno? Firma el compromiso Fossil Free Politics

La política climática no puede estar condicionada por quienes se benefician de la crisis energética y la emergencia climática

Durante décadas, la industria de los combustibles fósiles ha utilizado su poder económico y su capacidad de lobby para frenar, debilitar o retrasar medidas destinadas a reducir las emisiones y avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles.

A través de actividades de presión, campañas de lavado verde y la promoción de falsas soluciones, estas empresas han buscado proteger sus beneficios e intereses, con un gran coste para las personas y el planeta.

Esta influencia también afecta a nuestras democracias. Cuando quienes tienen un interés económico directo en mantener el modelo fósil disponen de un acceso privilegiado a quienes toman decisiones, pueden influir de forma desproporcionada en las políticas públicas y dificultar una transición energética justa y urgente.

Por eso es necesario poner límites claros a la influencia de la industria fósil en la política: quienes contribuyen a la crisis climática y continúan beneficiándose de ella no pueden tener una influencia privilegiada sobre las decisiones destinadas a resolverla.

¿Qué se pide?

Dos compromisos para una política libre de intereses fósiles:

1. Limitar las interacciones con la industria fósil
   Las reuniones y contactos con representantes de la industria de los combustibles fósiles deberán producirse únicamente cuando sean estrictamente necesarios para poder regular eficazmente esta industria y avanzar en la transición hacia las energías renovables.
2. Garantizar la transparencia
   Cuando estas interacciones sean necesarias, deberán realizarse de forma transparente. Siempre que sea posible, deberán desarrollarse mediante mecanismos que permitan el acceso público, como audiencias públicas, avisos previos y la publicación de los registros de las reuniones.

Se trata de evitar que una industria con enormes intereses económicos en mantener el modelo fósil tenga un acceso privilegiado a quienes toman las decisiones que deben transformar ese mismo modelo.

Una campaña europea

Este compromiso forma parte de la campaña europea Fossil Free Politics, que reclama una política libre de la influencia indebida de la industria de los combustibles fósiles.

La iniciativa cuenta con un compromiso específico dirigido a miembros del Parlamento Europeo para avanzar hacia una política libre de los intereses de la industria fósil.

Ahora la campaña quiere trasladar esta demanda al Estado español y que diputadas, diputados y representantes del Gobierno se sumen a este compromiso.

Conoce el compromiso Fossil Free Politics para miembros del Parlamento Europeo

El interés público por delante de los intereses fósiles

La transición energética necesita decisiones políticas libres de las presiones e intereses de la industria de los combustibles fósiles.

Las entidades impulsoras piden a quienes ocupan responsabilidades públicas que den un paso adelante y se comprometan con una política libre de la influencia de los combustibles fósiles.

Impulsa esta campaña

Red Estatal por el Derecho a la Energía (ReDE): Aeioluz · Alianza contra la Pobreza Energética · Federación de Consumidores y Usuarios CECU · Coalición por la Energía Comunitaria · Ecologistas en Acción · Ecoserveis · Energía Bonita · Enginyeria Sense Fronteres · Intiam Ruai · La Palma Renovable · Plataforma por un Nuevo Modelo Energético · Socaire · Torreblanca Ilumina · Unión Renovables · Xarxa per la sobirania energètica

Fuente: Enginyeria Sense Fronteres

El próximo año 2027 estará salpicado de elecciones, tanto generales como autonómicas y municipales. Los partidos políticos se afanan en la preparación de sus programas electorales y en la búsqueda de propuestas atractivas para la ciudadanía.

Como los lobbies de los poderosos estarán trabajando a tope, corresponde a la sociedad civil defender las ideas básicas de justicia social que aquellos atacan y pretenden seguir reduciendo.

Un ejemplo de buenas prácticas es la Plataforma por la Justicia Fiscal, de la que forman parte, además de Economistas sin Fronteras y otras relevantes ongs, los principales sindicatos y varias asociaciones sociales. Una plataforma que destaca entre las más representativas de la sociedad civil.

Esta plataforma viene proponiendo medidas fiscales de enorme calado e interés. Sin duda, como señala la plataforma, la política fiscal, en su doble vertiente de ingreso y gasto, es uno de los principales mecanismos con los que cuenta el Estado para garantizar la realidad de los derechos básicos de la ciudadanía y para poder paliar la desigualdad que genera el sistema económico vigente. El gasto y la inversión pública sustentan las políticas sociales que permiten aliviar la situación de las personas menos favorecidas y alentar la igualdad de oportunidades.

Por ello, los programas electorales deben recoger de forma destacada y prioritaria medidas encaminadas a conseguir una fiscalidad justa, progresiva y con capacidad recaudatoria suficiente para garantizar los derechos ciudadanos y las políticas sociales, así como para corregir la desigualdad. No bastan grandes y bonitas palabras sino concreciones palpables.

Lo primero que hay que recordar es la necesidad de alcanzar un nivel de presión fiscal similar al del resto de países de la eurozona (especialmente de los más avanzados) a través de la reducción de privilegios de determinadas rentas, patrimonios y actividades.

Hay que insistir: es falso el debate de subir o bajar impuestos. No hay que subir impuestos a la generalidad de la ciudadanía sino conseguir que paguen más los que hoy soportan una carga tributaria muy inferior a su capacidad de pago. En una frase: que rentistas y millonarios no paguen menos (ni absoluta ni relativamente) que quienes viven de su trabajo asalariado.

Por ello, el primer objetivo de cualquier programa en materia tributaria ha de priorizar que los ultrarricos contribuyan de acuerdo con su elevada capacidad de pago, es decir, en una proporción mucho mayor a la que actualmente soportan: los multimillonarios pagan proporcionalmente menos impuestos que la mayoría de la población. El 1% más rico soporta una presión tributaria total (24’1%) inferior a la que paga el 10% con menores ingresos (27’5%), y mucho menos que el 9% más rico que les sigue en la escala (38’9%), según datos de FEDEA.

Esos mismos colectivos privilegiados son los primeros en enriquecerse con contratos y ayudas públicas y en solicitar socorro cuando acaece alguna catástrofe.

Resulta difícil conseguir que los multimillonarios paguen lo justo en el IRPF. Podría avanzarse igualando el tratamiento de las rentas de trabajo y capital y limitando los incentivos y deducciones que les facilitan la elusión fiscal.

Pero es en la imposición patrimonial donde debe centrarse el primer esfuerzo. Dado que las herencias explican el 70% de las desigualdades existentes, es imprescindible implantar un impuesto sobre las grandes herencias con características semejantes al que se ha arbitrado sobre las grandes fortunas.

Es preciso revisar el mismo impuesto del patrimonio para que cumpla mejor su función de impuesto redistributivo y contribuya a reducir las desigualdades. En primer lugar, restringiendo el concepto de patrimonio profesional o empresarial y de las participaciones en entidades, que supone una merma muy importante en la base del impuesto, especialmente para los grandes contribuyentes. En segundo lugar, corrigiendo al alza de forma progresiva el techo de tributación conjunta con el IRPF, que genera desigualdades entre contribuyentes y permiten la evasión de las grandes fortunas.

El segundo esfuerzo ha de centrarse en las sociedades. La propiedad y los beneficios obtenidos por estas se concentran de forma manifiesta en los estratos más ricos de la población que, además, se escudan en ellas para ingenierías fiscales que les permiten eludir buena parte de sus obligaciones tributarias.

Es preciso consolidar (si no elevar) el tipo mínimo efectivo del 15% sobre el resultado contable de las empresas y grupos empresariales. También aquí la revisión drástica de todos los incentivos, compensaciones, deducciones y exenciones fiscales existentes que reducen la recaudación de forma significativa y poco equitativa, con escasa o nula aportación de valor económico o social y sesgo claramente favorable para las grandes empresas.

Hay que exigir la imposición sobre beneficios extraordinarios, ya sean «caídos del cielo» por factores externos a la pura actividad empresarial, ya sintomáticos de situaciones de poder monopolístico en mercados de escasa competencia.

Aunque desborda el marco nacional, hay que continuar impulsando el rediseño del sistema fiscal internacional para que logre que las grandes empresas tributen por la parte justa de beneficios reales que les corresponde, allí donde realizan sus operaciones y generan valor, sobre la base de toda su cadena de valor.

En esa línea, hay que acordar una definición exigente de refugios (paraísos) fiscales, un listado de territorios considerados como tales con base en esa definición y el establecimiento de sanciones por su uso y de otras medidas como la exclusión o penalización en la fijación de criterios para la contratación pública de empresas con presencia en refugios fiscales.

Hay que reforzar el impuesto a las transacciones financieras, para que se aplique ampliamente a la compraventa de acciones, bonos y derivados, que desincentive las prácticas financieras especulativas y garantice el destino social de los fondos que genere.

En el avance con la denominada imposición verde, debe incluirse el gravamen de los consumos suntuarios especialmente contaminantes.

Es preciso impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica, de forma que se reduzcan las desigualdades entre territorios y se incrementen los recursos de las Comunidades Autónomas, en las que recaen las principales competencias en las prestaciones sociales como educación, sanidad, dependencia o vivienda.

Es urgente revisar los incentivos y desincentivos del sistema tributario en relación con la vivienda, de forma que deje de favorecerse la demanda solvente por sí misma, se penalice la inversión especulativa y se acelere al máximo la cooperación entre administraciones y el crédito oficial para la urgente construcción de un parque público inalienable de vivienda de alquiler asequible.

Es esta una enumeración rápida de los aspectos que aparecen como más relevantes para un avance imprescindible hacia la equidad, la progresividad y la suficiencia de nuestro sistema fiscal. Porque sin justicia fiscal no hay justicia social. Y así deben recogerlo los programas electorales.

Juan A. Gimeno: rector emérito de la UNED, coordinador de la plataforma por la Justicia Fiscal y Vicepresidente de Economistas frente a la crisis.

Fuente: El Salto

Claudia Delso lleva años moviéndose entre la investigación urbana, la gestión cultural y la política institucional. Entre 2015 y 2022 fue concejala de Participación e Innovación Democrática, una experiencia que le dio una perspectiva poco común: la de quien ha estado dentro de la máquina intentando cambiarla. Hoy investiga en IDRA las formas de colaboración entre Administraciones y tejido social, y participó como ponente en el Eje 5 de las Jornadas de REAS Navarra para la Justa Distribución de la Riqueza, en el marco del proyecto COOPUBLIC de REAS Red de Redes, donde volverá a ser ponente con una charla inspiradora este viernes 9 de septiembre en un encuentro estatal online. Su diagnóstico es claro y sin concesiones: la coproducción público-comunitaria no es una concesión de la administración. Es una disputa.

Empecemos por el principio. ¿Cómo defines la coproducción público-comunitaria?
Creo que lo más útil es empezar por lo que no es, o por lo que no debería ser. La coproducción no es participación ciudadana, no se trata de que la administración deje opinar, llame para consultar y basta. Tampoco debería ser que la administración ceda un equipamiento de vez en cuando. Esos pequeños gestos son de mínimos, pero ya no son suficientes.

Vivimos en una momento de crisis múltiples, crisis superpuestas e interconectadas: el auge de las extremas derechas, las economías de guerra, el acaparamiento de los recursos, etc. Ante eso, las respuestas simples no funcionan. No sirven las respuestas tecnócratas como tampoco sirven las respuestas que provienen exclusivamente del mercado. En todo esto hay algo que es evidente y es que las administraciones públicas por si solas no están siendo capaces de dar respuesta a los retos de nuestra época.

Entonces la coproducción público-comunitaria es, una respuesta pero es ante todo, una disputa. Una disputa sobre quién produce lo público. Tenemos que concienciarnos de que desde las ESS y las economías comunitarias, estamos haciendo una función pública. Tenemos que dejar de pedir permiso para que se nos reconozca y exigirlo, quizás con más contundencia.

¿Una disputa frente a qué exactamente?
Frente al acaparamiento. Hemos perdido el control colectivo sobre bienes esenciales: la vivienda, la alimentación, la energía, la salud, la cultura. Y para recuperar ese control hay que democratizar la economía. Y para democratizar la economía hay que planificar de forma plural. Ahí es exactamente donde entra la colaboración público-cooperativa-comunitaria: como una forma de planificación económica que subordina los recursos a finalidades sociales, democráticas y ecológicas.

No es una sustitución de lo público. Es un trabajar con, pero desde un lugar de reconocimiento mutuo. Esa es la diferencia clave.

¿Qué cambia en la política pública cuando la ESS entra en toda la concepción del proceso?
Cambia la lógica económica y democrática que hay detrás. Cambia quién ejecuta. Cambia qué entendemos por valor. Y se produce una transformación institucional que es real, aunque lenta.

Las colaboraciones público-cooperativas-comunitarias generan soberanía económica, retorno social y nuevas formas de ciudadanía económica en un sentido muy amplio. Y los valores que aporta la economía social —arraigo territorial, sostenibilidad, cuidados, gobernanza democrática, resiliencia comunitaria— tienen que poder medirse. Tenemos que ser capaces de imaginar indicadores de reciprocidad, indicadores ambientales, etc. Existen herramientas como el balance comunitario, que ya se está aplicando en Barcelona en los equipamiento de gestión comunitaria que camina en esta dirección.

Pero también hay que hacer autocrítica: demasiadas veces las relaciones público-comunitarias han respondido a soluciones contingentes, fruto de la presión vecinal y social en un momento dado. Conseguimos una cesión porque había masa crítica suficiente para picar piedra. Eso no puede ser el modelo. Hay que exigir acción pública planificada y decidida, no victorias puntuales que desaparecen con el siguiente gobierno. Y también tenemos que ser conscientes de las diferencias que existen según el contexto. No existen las mismas condiciones de partida en una ciudad como Barcelona con toda su tradición cooperativista y colectiva que en el contexto del que yo vengo, Galicia, en el que décadas de gobierno del PP dificultan sobremanera la consolidación de este tipo de colaboraciones público-cooperativas-comunitarias, a medio-largo plazo.

CEPES, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, organiza el webinar «Talento en transformación: sectores y empleos emergentes. Competencias clave para la Economía Social del futuro», una mirada al futuro del empleo en la Economía Social.

El mercado de trabajo está experimentando una profunda transformación impulsada por la digitalización, la transición ecológica y los cambios demográficos, dando lugar a nuevos sectores emergentes, perfiles profesionales híbridos y competencias cada vez más transversales y digitales. En este contexto, la Economía Social afronta el reto de anticipar estas tendencias para reforzar su competitividad, garantizar la adaptación de sus organizaciones y seguir generando empleo de calidad e inclusivo.

El webinar ofrece una visión integral sobre el futuro del empleo en la Economía Social: los principales sectores y ocupaciones emergentes, las competencias más demandadas, el papel de las soft skills, las oportunidades que ofrece el Sistema de Formación para la recualificación del talento y la utilidad de los observatorios como herramientas de análisis y prospectiva.

Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026
Hora: de 10:00 a 11:15 h
Modalidad: online, desde aulacepes.es. Con interpretación en lengua de signos
Organiza: CEPES
Inscripción: gratuita y previa, en el formulario de inscripción

Dirigido a:

• Personas directivas y responsables de recursos humanos, formación, empleo e innovación de entidades y empresas de la Economía Social.
• Personal técnico de organizaciones representativas del sector.
• Profesionales de la orientación, la intermediación laboral y el desarrollo de talento.
• Entidades de formación y administraciones públicas interesadas en las tendencias de empleo y competencias.
• Personas interesadas en conocer los sectores, perfiles y competencias que marcarán el futuro del trabajo en la Economía Social.

Objetivos

• Analizar las principales tendencias que están transformando el empleo y la actividad económica, con especial atención a los sectores emergentes y su impacto en la Economía Social.
• Identificar los perfiles profesionales y las competencias clave que marcarán el futuro del trabajo, incluyendo capacidades transversales, digitales y de adaptación al cambio.
• Ofrecer claves prácticas para que las organizaciones de la Economía Social anticipen necesidades de talento, orienten sus decisiones y refuercen su competitividad.
• Dar a conocer recursos, herramientas e iniciativas del Sistema de Formación que apoyen la recualificación y el desarrollo del talento.

Programa

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La sostenibilidad agrícola se ha transformado en un factor estratégico obligatorio para las empresas europeas debido a la convergencia de la crisis climática, la volatilidad financiera y un marco regulatorio de la Unión Europea cada vez más estricto. Las cadenas de suministro globales ya no pueden tratar el compromiso ambiental y social como una opción voluntaria, sino como un requisito indispensable para la continuidad del negocio y el acceso al mercado.

La distribución del valor y del riesgo en el comercio internacional es profundamente desigual, lo que condena a los pequeños agricultores del Sur global a una situación de extrema vulnerabilidad económica. Aunque conectan diariamente a millones de consumidores con productos básicos como el café, el cacao o el azúcar, los ingresos que perciben suelen ser insuficientes para cubrir los costes mínimos de una producción sostenible y hacer frente a las oscilaciones de los precios del mercado.

Las cadenas de suministro agrícolas afrontan una transformación radical debido a la crisis climática, la volatilidad de los mercados y el endurecimiento regulatorio de la Unión Europea (CSRD, CSDDD, EUDR). Esta realidad ha convertido la sostenibilidad, antes un compromiso voluntario, en una obligación estratégica y legal para las empresas de España y Portugal.

Fairtrade Ibérica actúa como un conector estratégico entre pequeños agricultores del Sur global y el mercado ibérico, implementando un modelo de comercio justo basado en el Precio Mínimo y la Prima Fairtrade para asegurar la viabilidad económica y social. Con la certificación independiente de FLOCERT, la organización facilita el cumplimiento de las nuevas regulaciones europeas, como la CSDDD y el EUDR, garantizando la trazabilidad y la sostenibilidad en las cadenas de suministro. El modelo Fairtrade se consolida así como una herramienta indispensable tanto para la justicia social en origen como para la mitigación de riesgos regulatorios en las empresas europeas.

Las cadenas de suministro agrícolas afrontan una transformación radical debido a la crisis climática, la volatilidad de los mercados y el endurecimiento regulatorio de la Unión Europea (CSRD, CSDDD, EUDR).

Fairtrade evoluciona de un sello de certificación a una plataforma integral de transformación social y ambiental. Esta hoja de ruta internacional reconfigura las prioridades globales para abordar de forma directa las causas estructurales de la pobreza rural y la vulnerabilidad en origen, dotando a las cooperativas agrícolas de las herramientas necesarias para resistir las crisis climáticas y financieras del mercado contemporáneo.

Elegir productos con el Sello Fairtrade implica apostar por un modelo económico global basado en la dignidad, la transparencia y el respeto por el planeta.

Autor: Álvaro Goicoechea, Director de Fairtrade Ibérica.

Fuente: Bio Eco Actual

Algunas de las señas de identidad fundamentales de las economías feministas, ecológicas y solidarias (en adelante economías FES) son su funcionamiento democrático, su redistribución de la riqueza dentro y fuera de las empresas, y su vocación de contribuir al equilibrio ecosistémico. El desarrollo real de estos tres ejes (democracia, justicia y sostenibilidad) requiere trascender el capitalismo, lo que a su vez pasa por articular sociedades alrededor de los comunalismos.

Las economías FES dentro del capitalismo

Viviendo como vivimos en una sociedad y una economía capitalista, discernir qué es el capitalismo puede resultar de perogrullo, pero no lo es. No es fácil identificar la esencia del sistema que articula nuestras vidas.

El capitalismo es una organización socioeconómica que se articula alrededor del mercado. Las personas no producimos los bienes y servicios que necesitamos y deseamos, sino que los tenemos que comprar. Dicho de otro modo, un elemento esencial del capitalismo es que la personas no tenemos autonomía económica.

Este mercado es altamente competitivo. Cada una de las personas y de las empresas que participan en él luchan entre sí por su supervivencia. Una empresa que no coloque su mercancía, termina quebrando. Una persona que no venda su fuerza de trabajo, acaba en la miseria.

Esto no quiere decir que el mercado no tenga ningún tipo de reglas. Las tiene, pero la mayoría son regulaciones que no alteran el marco competitivo. Por ejemplo, fijar unos mínimos estándares de calidad no limita la lucha entre las empresas. Del mismo modo, pactar unas condiciones laborales basales en los convenios colectivos no garantiza el empleo, sino que permite que este sea menos precario o duro.

En todo caso, sí hay reglas que permiten desmercantilizar, al menos parcialmente, algunos bienes y servicios. Por ejemplo, quienes trabajan en la administración pública han tenido que competir por su puesto de trabajo a través de unas oposiciones, pero, una vez que lo consiguen, no tienen que continuar esa disputa social. O quienes acceden a los servicios públicos lo hacen sin mediación monetaria directa. En todo caso, en realidad los servicios públicos están dentro de la lógica mercantil en nuestro contexto. En primer lugar, porque pivotan sobre un ecosistema de empresas privadas como proveedoras. Pero, sobre todo, porque su financiación depende de fondos públicos, fondos que a su vez se obtienen mediante impuestos y préstamos financieros, que a su vez están anclados a mercados capitalistas.

Se podría decir que esto no tiene que ser necesariamente así, que el Estado es capaz de crear su propio dinero sin recurrir al mercado. No es este el lugar para discutir en profundidad la Teoría Monetaria Moderna que propone esta autonomía, pero en esencia esto no es posible en el capitalismo porque la creación de valor que respalda la creación de dinero se realiza en el proceso productivo mediante el trabajo humano sobre la naturaleza. Crear dinero que no esté respaldado por el valor producido por el trabajo humano es un ejercicio que genera burbujas financieras que, tarde o temprano, terminan por estallar.

Retomemos el hilo de la lucha por la supervivencia en el capitalismo. Una consecuencia de esto es la acumulación, porque los entes que compiten en el mercado tienen más posibilidades de éxito cuanto más capital son capaces de acumular y movilizar. No hace falta recurrir al egoísmo para explicar la acumulación en el capitalismo.

Y no solo la acumulación, sino la falta de capacidad real de tomar decisiones. Aunque existen agentes sociales con mayor poder que otros, incluso estos están compelidos a orientar sus estrategias a las exigencias de la competitividad: maximizar el beneficio. Así, el capitalismo es un sistema que se reproduce sin que ningún poder político o empresarial tenga control profundo sobre su dinámica (otra cosa es que las élites obtengan provecho de dicha dinámica).

Como el capitalismo obliga a empresas y personas a competir incesantemente para sobrevivir, esa supervivencia pasa por concentrar capital y el capital se genera en el proceso productivo a través del trabajo humano sobre los bienes naturales, la explotación laboral y la degradación ecológica no son una opción en el sistema, sino una necesidad.

Esta pulsión socio y ecocida se puede moderar mediante normativas, como un salario mínimo digno, un tope de horas de trabajo a la semana, la prohibición de los medios de producción más contaminantes o la obligación de reducir los desechos más dañinos. Que esto se consiga depende de la correlación de fuerzas sociales. Pero, en todo caso, este tipo de medidas chocan al menos con dos límites dentro del capitalismo.

El primero es que la competitividad obliga a un incremento incesante de las ventas. Las mercancías pueden producirse en condiciones más o menos dignas y respetuosas con el medio, pero si esta producción crece es inevitable que los impactos ambientales en un planeta finito también lo hagan, pues no hay actividad económica que no requiera de materia y energía. Además, en el capitalismo industrial no vale cualquier tipo de materia y energía: el sistema está unido al uso masivo de los combustibles fósiles y de minerales, y no puede tener una base renovable (ni siquiera en China). Es decir, la degradación ecosistémica no es una opción, ya que poner límites fuertes a la producción significa entrar en crisis.

El segundo límite es que la falta de autonomía económica de la población hace que sea un agente de su propia explotación. Cuando hay que elegir entre comer y tener un empleo con bajas condiciones laborales y ecológicas, la elección está clara. De este modo, una y otra vez, aparecen territorios donde desplazar la producción para revertir los procesos exitosos de lucha sindical, las huelgas son reventadas por esquiroles o la población de los territorios más empobrecidos pide la instalación de las fábricas más contaminantes. Y ni siquiera es necesario que la elección sea entre el hambre y el empleo. Al ser el capitalismo un sistema generador de fuertes desigualdades, esto produce en los seres humanos un intento sostenido por medrar, lo que pasa necesariamente por conseguir recursos económicos.

No es que sean inútiles las luchas sindicales y ecologistas y que no puedan tener éxitos, que desde luego son necesarias y los tienen, pero son como la maldición de Sísifo: una carrera sin fin en la que los avances son seguidos de retrocesos. Es un trabajo que nunca lleva a una sociedad realmente justa, democrática y sostenible si no se rompe con el sistema capitalista. Y la piedra es tanto más pesada cuanto más global sea la economía (más fácil es encontrar nuevos territorios «dispuestos» a altas tasas de explotación), más desigual (más incentivo a aumentar los niveles de consumo de las poblaciones más empobrecidas) y más cerca de los límites ambientales (más escasez y por lo tanto más posición competitiva para quien atesora esos bienes). Justo las condiciones que se dan en la actualidad.

Una última consecuencia de la competitividad y de la falta de autonomía de la población es que los trabajos productivos priman sobre los reproductivos, los de cuidados, ya que son los primeros los que generan capital, los que sostienen la competitividad de una empresa, y no así la mayoría de los segundos. Por eso en el capitalismo los cuidados, por más que son imprescindibles para que todo funcione, están en los escalafones más bajos de remuneración, cuando la tienen, y valoración social. Y, la misma razón que empuja a rebajar las salvaguardas ambientales y laborales, presiona de manera constante a centrar los esfuerzos en los trabajos productivos y no en los de cuidados. En todo caso, esto no es solo cuestión del capitalismo, sino también del patriarcado y el colonialismo. Los tres sistemas operan de manera sinérgica.

Dicho todo esto con un ejemplo. En una cooperativa se ha podido conseguir que la propiedad de la empresa sea de quienes trabajan en ella, la actividad tenga sentido ecosocial, la toma de decisiones sea democrática, se primen los cuidados, no existan escalas salariales y el superávit revierta en la mejora social y ecológica. Sin embargo, todo esto, dentro del marco de la economía capitalista, solo se podrá sostener mientras la empresa sea competitiva. Si deja de serlo, las personas socias decidirán que se reducen el sueldo, recortarán la atención a los cuidados, cambiarán las líneas de negocio hacia otras menos ecosociales (o por lo menos buscarán incrementar las ventas, sea esto necesario o no socialmente) y/o parte de las personas socias dejarán de recibir un sueldo porque no hay trabajo para ellas. Y esta decisión, por más que se tome en una asamblea, no será realmente democrática, pues vendrá impuesta por el mercado. Alternativamente, esa cooperativa podría sostener sus condiciones gracias a que se encuentra en un territorio enriquecido del planeta que succiona recursos materiales, energéticos, humanos y monetarios del resto en base a relaciones de explotación.

Esto no es un ejercicio de nihilismo. Las luchas sociales que han conseguido dentro del marco del capitalismo mejoras socioecológicas son necesarias. Es indudablemente mejor para la vida que la economía FES crezca, incluso dentro de una sociedad de mercado, pues ralentiza el poder destructor del capitalismo y abre posibilidades a cambios realmente transformadores.

En conclusión, aunque es habitual sostener que plantear el fin del capitalismo es un programa de máximos poco realista, puede ser que lo que no sea realista sea defender que se van a poder realizar avances significativos hacia la justicia, la democracia y la sostenibilidad dentro de él. Salir del capitalismo sería un programa de mínimos.

La economía FES fuera del capitalismo

Si el capitalismo es una sociedad de mercado en la que las personas han perdido su autonomía económica y requieren de dinero para sobrevivir, una economía no capitalista debe estar articulada alrededor de la autonomía, la desmercantilización y la desmonetización. Esto es imposible conseguirlo en solitario, por lo que hacerlo dentro de parámetros FES requiere del comunalismo.

¿Por qué comunalista y no estatalista? Conocemos experiencias históricas de Estados que, a través de un sistema de servicios públicos han reducido el espacio del mercado avanzando hacia sociedades menos desiguales. Sin embargo, aunque se trata de un avance indudable, es un recorrido que choca con tres límites infranqueables.

El primero es que una concepción de la satisfacción de las necesidades de este tipo no avanza hacia la autonomía. Ni la económica ni la política, pues ambas dependen del Estado. Supedita la capacidad de decisión y acción a la correlación de fuerzas estatal y desplaza hacia el control del Estado las opciones de acción. En una sociedad comunal, no solo son las comunidades las que tienen la autonomía política y económica, sino que solo dependen de ellas y sus relaciones con otras. El campo de juego son las propias comunidades y no un terreno ajeno.

Un terreno ajeno que no es neutral. Y este es el segundo límite infranqueable. En la dilatada historia del Estado han existido formatos muy distintos. También una miriada de intentos de hacerlo una herramienta que estructurase sociedades justas y democráticas. Fruto de esto, desde luego han existido Estados más deseables que otros, pero no hay ningún ejemplo de un Estado justo, democrático y sostenible. Tras 6.000 años de intentarlo, tal vez es el momento de reconocer que una estructura que escinde la toma de decisiones de la sociedad (una de las características estructurales del Estado), no puede alumbrar sociedades realmente ecosociales.

El tercer límite es que en la actualidad Estado y capitalismo forman una dupla profundamente interrelacionada. Una dupla en la que, además, el capitalismo es quien marca el paso. Lo hace porque el funcionamiento del Estado depende del mercado para algo tan básico como su financiación y, por lo tanto, su capacidad de acción. Como se apuntaba antes, del buen funcionamiento de la reproducción del capital dependen los impuestos y la emisión de deuda.

De este modo, la meta tiene que ser superar el salario y el mercado como formas dominantes de la economía garantizando colectivamente la subsistencia. Para ello, un elemento central es la construcción de autonomía comunitaria. Esta se potencia en la medida que los proyectos consiguen sostenibilidad ambiental (cierran los ciclos de la materia pudiendo reducir sus necesidades de aportes externos, usan energías y materiales renovables locales que están a su alcance, etc.); están menos especializados o, dicho de otra forma, tienen una actividad económica más variada y por lo tanto son más autosuficientes; tejen redes de apoyo mutuo con otras unidades de producción; o se basan en la frugalidad.

Dentro de la construcción de autonomía, el control de los medios de producción es clave. Control en forma de propiedad comunal, por ejemplo de la tierra o de las herramientas. Pero también en forma de conocimiento: capacidad de construir y reparar las herramientas, competencia para llevar a cabo los procesos productivos, etc.

Por ello, el aparato técnico que permite un control profundo de los medios de producción solo puede estar basado en técnicas humildes acopladas al funcionamiento de la naturaleza. No en técnicas altamente sofisticadas, que solo pueden desarrollarse en sociedades jerárquicas. Primero, porque el conocimiento concentrado en pocas manos es una herramienta de poder que es complicado que no termine utilizándose. Segundo, porque la tecnología compleja requiere de grandes cadenas globales de producción, pues se alimenta de recursos que están diseminados por lugares muy distintos del globo. Lo lejano, y por lo tanto parcialmente opaco, es fuente potencial de explotación. En tercer lugar, el modelo extractivista que requiere la tecnología compleja es imposible que no produzca degradación ecológica. No existe la minería sostenible.

El control de los medios de producción no es solo cuestión de la propiedad y del conocimiento, sino también de los modos de gestión. Es más, la gestión colectiva puede resultar más significativa que el tipo de propiedad formal. Un ejemplo son los huertos comunitarios establecidos en terrenos municipales o privados. De hecho, los bienes comunes se caracterizan fundamentalmente por su gestión comunal.

El control de los medios de producción puede ser un éxito efímero o no darse nunca si no existe también autonomía en la defensa. Esta defensa debe ser efectiva, aplicar el mínimo grado de violencia posible para el contexto social existente y que esta sea siempre menor que la de los organismos de poder, propiciando una desescalada de la violencia.

La cuestión no es solo el control de los medios de producción, sino de la vida en general. Saber cómo cuidar a las personas, cómo regular conflictos y organizarnos colectivamente, cómo poner en marcha mecanismos de reflexión y toma de decisiones democráticas, etc. Bajo esta óptica se hace necesaria la integración de la producción y la reproducción en una sola unidad económica. No se deben desligar unos trabajos de otros, ya que ambos se encuentran indisociablemente unidos. Es más, los reproductivos son imprescindibles para que pueda realizarse cualquier trabajo productivo. Son esenciales.

Una sociedad de comunidades autónomas no implica que no pueda existir ningún tipo de mercado. Lo que significa es que no son sociedades «de mercado», sino «con mercado». En una economía de este tipo no se produce para la venta, sino para el uso. Solo se vierten al mercado los excedentes. Un ejemplo serían las huertas rurales en las que la población lleva a la plaza lo que le sobra. En sociedades «con mercado», este es solo un complemento de la vida y debe estar regulado democráticamente por normativas que primen la satisfacción universal de las necesidades básicas de la población con respeto de los límites ambientales.

Algunos de esos mercados se pueden articular alrededor de la donación y la reciprocidad no monetizada, pero estos sistemas requieren del conocimiento y la confianza. Donde esto no existe, hacen falta monedas. El tipo de moneda que articule estos mercados no es irrelevante. Estas sería deseable que no puedan servir como reserva de valor para no facilitar la acumulación, y que tengan límites en su creación anclados a los planetarios.

Asociada a la construcción de autonomía mediante la desmercantilización está la desalarización. En las sociedades capitalistas se distinguen tres grandes tipologías de trabajos: el empleo, los trabajos de cuidados y los trabajos productivos no salarizados, en muchos casos comunitarios. Una economía que construya autonomía consiste en reducir la primera tipología a costa de las otras dos con enfoques FES.

Esto no quiere decir que los trabajos comunales o de cuidados en el ámbito familiar no puedan estar atravesados por relaciones de poder, que desde luego que pueden. Hacer un tránsito desde el capitalismo hacia economías comunales requiere, al tiempo, una transición fuera del patriarcado y del colonialismo. Esta es una transición posible: mientras no existe un capitalismo FES, sí conocemos comunidades y familias con relaciones mayoritarias de apoyo mutuo y solidaridad.

Pero la construcción de autonomía comunal es siempre relativa en el marco de nuestra ecodependencia. Es autonomía de las relaciones de poder impuesto, pero no de la trama de la vida. Analizar la economía bajo el prisma ecologista implica su integración armónica dentro de la lógica de funcionamiento de los ecosistemas. Si los ecosistemas centran su esfuerzo no en el crecimiento, sino en el cierre de ciclos usando energía solar, maximizando la diversidad y con altas tasas de cooperación, las economías humanas necesitan hacer lo mismo.

Una sociedad de este tipo no es una sociedad sin instituciones, sino con otro tipo de instituciones diferentes a las del mercado y el Estado. Dos bases de estas instituciones son que sean comunitarias y tengan como foco el bien común en armonía con el resto de la vida. Continuemos construyéndolas.

Luis González Reyes participa en varias experiencias de la economía feminista, ecológica y solidaria como Garúa, Entrepatios, FUHEM, el Arenero o el GAK Las Carolinas.

Fuente: Alternativas Económicas

La Escuela de Movilidad Sostenible presenta en un acto online su primer libro, Mover la Movilidad, una obra colectiva escrita por más de una veintena de profesionales y entidades que responden, cada una desde una dimensión de la movilidad, a una misma pregunta: ¿cómo cambiar la manera en la que miramos y actuamos sobre la movilidad?

La presentación quiere ser un diálogo abierto y distendido sobre el reto que plantea el libro: cómo transformar de manera profunda las características y dinámicas de nuestros sistemas de movilidad, yendo más allá de paliativos.

Fecha: lunes, 26 de octubre de 2026
Hora: de 18:00 a 19:30 h
Modalidad: online, a través de Zoom
Organiza: Escuela de Movilidad Sostenible
Inscripción: formulario de inscripción

El libro también se presenta en un acto presencial en Barcelona el viernes 16 de octubre, de 18:00 a 19:30 h, en el Hub Social Barcelona (C/ Girona 34). La inscripción para ambos actos se hace en el mismo formulario.

La versión digital del libro se puede descargar de forma gratuita y la versión impresa estará a la venta en librerías a partir del 19 de octubre.

Inscríbete aquí · Consulta el libro en Recursos

¿Cómo cambiar la manera en la que miramos y actuamos sobre la movilidad?

Os presentamos el primer libro publicado por la Escuela de Movilidad Sostenible. Con una visión poliédrica en los temas y voces, y desde el pensamiento creativo y crítico, Mover la Movilidad aborda cómo transformar de manera profunda las características y dinámicas de nuestros sistemas de movilidad, yendo más allá de paliativos para reducir sus aspectos más perjudiciales sin modificar las lógicas con las que se construyen y funcionan.

Te invitamos a acompañarnos en este apasionante viaje para dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo cambiar la manera en la que miramos y actuamos sobre la movilidad?

De la mano de más de una veintena de profesionales y entidades excepcionales y comprometidas: Laura Llavina Jurado, Lídia Pérez Sánchez, Mercè Taberna Torres, Josep Bohigas Arnau, Carmen Duce Díaz, Manuel Calvo Salazar, Sílvia Casorrán Martos, Mercedes Vidal Lago, Manuel Valdés López, Col·lectiu Punt 6, Eixample Respira, Revolta Escolar, Xarxa Bicibús de Barcelona, Maite Peris Colom, Núria Pérez Sans, Ana Solà Carreras, Xosé Manuel Tato Camino, Juan Carlos Escudero Achiaga, Xavier Bach Coma, Eloi Guinjoan Cesena, Lídia Padrós Prats, David Balbás Alonso, Vanessa Maxé Navarro y Moisés Pombo Fernández.

Actos de presentación

Os invitamos a participar en los actos de presentación del libro. Nos gustaría mucho poder contar con vosotros y vosotras para hacer un diálogo abierto y distendido respecto al reto que proponemos en el libro: cómo mover la movilidad.

• Acto presencial en Barcelona: viernes, 16 de octubre, de 18:00 a 19:30 h, en el Hub Social Barcelona (C/ Girona 34). Después, hasta las 20:30 h, habrá espacio para hacer un brindis y comentar de manera informal.
• Acto online: lunes, 26 de octubre, de 18:00 a 19:30 h, a través de Zoom. Más información en la agenda.

Inscripciones

Versión impresa

La venta de la versión impresa en librerías estará disponible a partir del 19 de octubre. Puntos de venta:

• La Ciutat Invisible (Barcelona)
• Ciclandia (Gijón)

Primera edición: septiembre de 2026
Páginas: 200; fotografías e ilustraciones a color
ISBN: 978-84-10421-45-5
Depósito legal: B 20156-2026
Edita: Escuela de Movilidad Sostenible
Licencia: Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0

Versión digital

La versión digital se puede descargar de forma gratuita en la web de la Escuela de Movilidad Sostenible.

Descarga el libro (PDF) · Más información

Fuente: Escuela de Movilidad Sostenible

El Salto cumple nueve años y los celebra mirando hacia atrás, pero también hacia todo lo que queda por delante. Desde 2017, este medio cooperativo ha acompañado buena parte de las luchas y transformaciones sociales de los últimos años, desde las movilizaciones por unas pensiones dignas y las huelgas feministas hasta las luchas por la vivienda, la emergencia climática, los servicios públicos, los derechos laborales y de las personas migrantes.

A lo largo de este recorrido, El Salto ha tratado de estar allí donde estaban pasando las cosas y poner el periodismo al servicio de quienes protagonizan esos cambios. En 2019, por ejemplo, siguió de cerca el auge del movimiento climático y sus grandes movilizaciones; durante la pandemia de 2020 puso el foco en las redes de apoyo mutuo, la situación de los barrios, el personal sanitario o el abandono de las personas mayores. En los años posteriores, sus coberturas han abordado el impacto de la inflación, la crisis energética, los desahucios y la turistificación, así como las movilizaciones contra el genocidio en Gaza.

Pero estos nueve años no hablan solo de los temas que El Salto ha cubierto. También hablan de una forma diferente de hacer periodismo: como proyecto cooperativo, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva, sostenido fundamentalmente por su comunidad de socias y socios y sin financiación de empresas del Ibex 35.

Esta forma de entender la comunicación comparte muchos de los principios que impulsan a la Economía Social y Solidaria: poner a las personas en el centro, construir proyectos colectivos y democráticos y generar alternativas frente a los modelos económicos y mediáticos dominantes.

Nueve años después, El Salto sigue apostando por un periodismo independiente capaz de acompañar y explicar las luchas sociales y de contribuir a construir una sociedad más justa. Y para poder seguir haciéndolo necesita ampliar su comunidad y alcanzar las 12.000 personas socias.

Desde REAS celebramos estos nueve años de camino compartido y animamos a nuestra comunidad a conocer el proyecto y a apoyarlo.

Conoce El Salto y hazte socia o socio: https://www.elsaltodiario.com/

Consulta la noticia completa con el repaso a algunos de los momentos más destacados de estos años:

En REAS Red de Redes hemos puesto en marcha una nueva página web dedicada a las aplicaciones que nacen dentro de la Economía Social y Solidaria o que trabajan para ella. Desde hace años, distintas cooperativas, redes y asociaciones desarrollan herramientas digitales propias para buscar trabajo, consumir, emprender o colaborar con otras entidades. Muchas veces estos proyectos son poco conocidos fuera de su entorno más cercano, y por eso hemos querido reunirlos en un mismo sitio.

La página arranca con cuatro iniciativas:

• UpmeUp es un portal de empleo que pone en contacto a profesionales con entidades de la economía social y tiene en cuenta los valores de unas y otras, no solo el currículum.
• Mercado Social permite conocer las entidades de los mercados sociales de distintos territorios, consultar su balance social y acceder a ventajas como persona consumidora.
• El Nido, impulsada por Economistas sin Fronteras, funciona como una red social para quienes emprenden o quieren consolidar un proyecto en la ESS.
• Fem Lliga ayuda a las organizaciones a encontrarse según lo que necesitan y lo que pueden ofrecer, para que intercooperen.

Cada aplicación tiene su ficha, con una explicación breve y los enlaces para entrar en ella o descargarla en el móvil. Todas comparten algo que nos importa: se han creado desde la economía solidaria y la mayoría con software libre, como alternativa a las grandes plataformas comerciales.

Queremos que esta página siga creciendo con nuevas herramientas, así que si conoces o impulsas alguna, nos encantará saberlo.

Visita la página de Apps de la Economía Solidaria

La preocupación social por los desahucios y por la dificultad de acceder a una vivienda exige respuestas inmediatas. Ninguna persona debería perder su hogar sin una alternativa digna. Es necesario proteger a quienes viven de alquiler y evitar que las subidas de precio o los usos fraudulentos del alquiler expulsen a las personas de sus casas y sus barrios.

Apoyamos a quienes se organizan para defender su vivienda. Su movilización hace visible una inseguridad que a menudo se vive en soledad y que empieza antes de cualquier procedimiento judicial: cuando llega una subida imposible de asumir, cuando se acerca el fin de un contrato o cuando ya no existe una vivienda accesible en el entorno donde se ha construido una vida.

Las medidas urgentes son imprescindibles. También debemos preguntarnos qué viviendas encontrarán las próximas generaciones. Si cada crisis se afronta sin ampliar un parque residencial estable, seguiremos interviniendo cuando muchas personas ya estén a punto de perder su hogar.

Desde Red Vivienda Cooperativa defendemos una política capaz de hacer las dos cosas: proteger ahora y crear vivienda asequible de forma duradera. Esto requiere aumentar la vivienda pública de gestión directa y sumar la capacidad de entidades sociales sin ánimo de lucro y comunidades organizadas. El objetivo debe ser que el suelo, la financiación y las ayudas públicas de hoy sigan produciendo hogares asequibles dentro de décadas.

Los casos recientes de expulsión residencial obligan también a preguntarnos qué prácticas favorecen la fiscalidad y las ayudas a la vivienda. Estos instrumentos deberían promover la asequibilidad duradera, proteger a quienes ya habitan los inmuebles y evitar que su revalorización dependa de expulsar a sus residentes.

La vivienda cooperativa en cesión de uso puede contribuir a ese objetivo. El inmueble es de propiedad cooperativa y se gestiona colectivamente, las personas residentes disponen de un derecho de uso estable y las cuotas se destinan a sostener los costes del proyecto. Con reglas que impidan la venta individual y la apropiación privada de las plusvalías, las viviendas pueden permanecer al servicio de quienes las habitan y de quienes llegarán después.

Sabemos que esta fórmula no realoja por sí sola a quien afronta mañana un desahucio. Promover o rehabilitar viviendas lleva tiempo, y la aportación inicial sigue excluyendo a muchas personas. Para que la cesión de uso sea una opción real para más hogares, las administraciones deben facilitar suelo e inmuebles, financiación a largo plazo, garantías y ayudas que reduzcan los costes de entrada y aseguren la inclusión. También pueden apoyar la adquisición y rehabilitación de edificios existentes, con garantías para sus residentes.

Este planteamiento coincide con una preocupación que atraviesa el debate europeo. Housing Europe ha pedido convertir el crecimiento del parque público, cooperativo y social permanentemente asequible en un objetivo estructural. También ha señalado que la vivienda liderada por la comunidad necesita pasar de iniciativas aisladas a sistemas capaces de sostenerse y crecer. Desde RVC queremos aportar la experiencia de las cooperativas de cesión de uso en el Estado español a ese aprendizaje compartido.

La respuesta a la emergencia habitacional se medirá por las personas que logren conservar hoy su hogar. La política de vivienda también deberá medirse por cuántos hogares públicos, sociales y cooperativos permanecen asequibles año tras año. Para avanzar en ambas tareas hacen falta decisión pública, recursos y participación de la sociedad organizada.

A la ciudadanía se le repite que tiene que comer mejor. Más frutas y verduras, más legumbres, más alimentos frescos y menos productos ultraprocesados. Lo dicen las autoridades sanitarias. Lo dicen las profesionales de la salud. Lo dicen las guías alimentarias.

Pero hay una pregunta que casi nunca se hace: ¿quién puede permitirse comer así?

Firma por un sistema alimentario que permita comer bien. A precio justo y para todas. Personas y organizaciones pueden sumarse a la propuesta a través de los formularios de adhesión individual y de entidades de Justicia Alimentaria.

Porque mientras se recomienda mejorar la alimentación, llenar la cesta de la compra con alimentos saludables se ha convertido para muchas familias en un esfuerzo económico cada vez mayor. Y esta contradicción no es un problema individual. Es un problema del sistema alimentario.
No se puede seguir trasladando a las personas toda la responsabilidad sobre lo que comen cuando las reglas del mercado hacen que comer bien resulte más difícil.

La alimentación saludable no puede ser un lujo.

Una alimentación saludable no debería depender del nivel de renta.

Sin embargo, para una familia con dificultades económicas, llenar la cesta de productos frescos puede significar renunciar a otras necesidades básicas. Y cuando el presupuesto aprieta, los alimentos baratos, muy disponibles y fuertemente promocionados suelen ser precisamente aquellos cuyo consumo las autoridades sanitarias recomiendan limitar.

Esto no es una elección libre en igualdad de condiciones.

Según Justicia Alimentaria, durante demasiado tiempo se han construido las políticas alimentarias alrededor de una idea muy sencilla: el consumidor debe elegir mejor.
Pero ¿qué ocurre con los precios? ¿Qué ocurre con las promociones? ¿Qué ocurre con la distribución de los espacios en los supermercados? ¿Qué ocurre con las estrategias comerciales? ¿Qué ocurre con los márgenes? ¿Qué ocurre con la publicidad dirigida a las familias y a la infancia?

Si se quiere transformar la alimentación, hay que transformar también el entorno en el que se toman las decisiones.

Por eso proponen 100 alimentos saludables a precio justo.

Desde Justicia Alimentaria quieren abrir un debate y construir una propuesta concreta: que las grandes cadenas de distribución garanticen permanentemente una cesta amplia de alimentos saludables vendidos a precio de coste, sin trasladar el coste a profesiones de la agricultura, ganadería y proveedoras de alimentación.

La propuesta parte de una idea sencilla.

Los supermercados ya utilizan sus diferentes márgenes comerciales para construir su oferta y su estrategia de precios. Lo que plantean es que una parte limitada de esos márgenes se utilice para hacer más accesibles los alimentos esenciales para una alimentación saludable.

No se trata de que las personas que trabajan en el campo cobren menos.

No se trata de precarizar a quienes producen los alimentos.

No se trata de financiar la medida con dinero público.

Se trata de actuar sobre la distribución y sobre la forma en que se construyen los precios en la cadena alimentaria.

Y proponen hacerlo de manera transparente, con criterios nutricionales claros y con una cesta suficientemente amplia y diversa: frutas, verduras, legumbres, alimentos básicos y otros productos compatibles con las recomendaciones oficiales de alimentación saludable.

100 alimentos saludables. 100 alimentos a precio justo. 100 alimentos que permitan que comer bien no sea un privilegio.

Que nadie tenga que elegir entre salud y bolsillo

Hay algo profundamente injusto en un sistema en el que una familia puede encontrar miles de productos alimentarios en un supermercado, pero tiene dificultades para llenar su cesta con aquellos alimentos que debería consumir con mayor frecuencia.

La alimentación es uno de los principales determinantes de la salud. Y, por tanto, garantizar el acceso a una alimentación saludable no puede quedar reducido a campañas de educación nutricional.

No basta con decirle a una familia que coma mejor. Hay que hacer posible que pueda hacerlo.

Y eso exige intervenir sobre los precios, sobre la oferta y sobre las estrategias comerciales de las grandes cadenas de distribución.

Una propuesta que también debe proteger a quienes producen

Esta iniciativa no pretende enfrentar a quién consume y a quién produce.

Al contrario.

La organización no acepta la falsa disyuntiva entre alimentación saludable y renta agraria.

Una alimentación diferente necesita también agricultores y ganaderas que puedan vivir dignamente de su trabajo.

Por eso cualquier mecanismo para abaratar determinados alimentos saludables debe impedir que el coste termine repercutiendo sobre quienes los producen.

La transformación alimentaria no puede hacerse a costa de los eslabones más débiles de la cadena.

El supermercado también es política alimentaria

Durante años se ha considerado el supermercado como un espacio neutral.

No lo es.

Lo que se encuentra a la entrada, lo que está a la altura de los ojos, lo que aparece en promoción, lo que tiene descuentos, lo que se publicita, lo que ocupa más espacio y lo que se puede comprar a un precio asequible forma parte del entorno alimentario.

Y ese entorno condiciona la alimentación.

Por eso Justicia Alimentaria cree que ha llegado el momento de hablar de política alimentaria también dentro de los supermercados.

No se pueden dejar en manos exclusivamente de las empresas decisiones que tienen consecuencias sobre la salud de millones de personas.

Construir una alianza

En Francia, una iniciativa de estas características ha conseguido reunir a 42 organizaciones de ámbitos muy diferentes: organizaciones de consumidores, entidades sociales, organizaciones de salud, medioambientales, asociaciones de familias, sindicatos y organizaciones de lucha contra la pobreza, entre otras. La coalición está reclamando que una cesta de alimentos saludables pueda venderse permanentemente a precio de coste y ha acompañado esta reivindicación con una propuesta legislativa. Justicia Alimentaria cree que en España se puede hacer algo parecido.

Porque este no es un problema exclusivamente de agricultores.

Ni de consumidores.

Ni de salud pública.

Ni de pobreza.

Ni de medio ambiente.

Es un problema del sistema alimentario.

Y, precisamente por eso, necesita una respuesta colectiva.

Desde Justicia Alimentaria quieren impulsar una alianza por 100 alimentos saludables a precio justo y hacen un llamamiento a organizaciones sociales, de consumidores, de salud pública, de familias, sindicales, ambientales, de defensa de la agricultura familiar, profesionales de la nutrición y la salud, asociaciones contra la pobreza y todas aquellas entidades que quieran formar parte de ella.

Quieren sentarse, debatir la propuesta, mejorarla y convertirla en una reivindicación compartida.

Porque saben que una transformación de esta magnitud no la va a conseguir una organización sola.

La conseguirán si son capaces de construir una mayoría social que diga algo muy sencillo: comer bien no puede ser un privilegio de quien puede pagarlo.

Firma por un sistema alimentario que permita comer bien. A precio justo y para todas. Personas y organizaciones pueden sumarse a la propuesta a través de los formularios de adhesión individual y de entidades de Justicia Alimentaria.

Fuente: Justicia Alimentaria

Coop57 ha firmado un nuevo acuerdo de garantías con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) en el marco del programa europeo InvestEU para el emprendimiento social. Este nuevo acuerdo es un paso importante para Coop57, ya que las garantías del FEI refuerzan su solvencia, le permiten financiar más proyectos y garantizar, todavía más, el ahorro de las socias de la cooperativa.

El FEI es una institución de la Unión Europea que desarrolla diferentes programas para facilitar el acceso al crédito a pequeñas y medianas empresas y entidades de la economía social y solidaria. Lo hace ofreciendo garantías a bancos y entidades financieras como Coop57 para que puedan conceder préstamos en mejores condiciones.

El acuerdo prevé la creación de un fondo de garantía que permite a la cooperativa sostener el riesgo de su actividad financiera de manera compartida y, por tanto, reducir de manera significativa el potencial impacto negativo de posibles impagos.

En términos prácticos, estas garantías aseguran que una parte del riesgo de los préstamos quede cubierta por el FEI. Si en algún momento no se pudiera devolver algún préstamo, esta garantía asumiría una parte importante.

El objetivo final de estas garantías es reforzar la actividad habitual de Coop57 en el impulso de proyectos que trabajen por la transformación social y que se gestionen de forma transparente, participativa y comunitaria. Por eso, más allá del impacto económico, el acuerdo también supone un reconocimiento de su solidez y trayectoria como herramienta de financiación ética y cooperativa, y consolida este tipo de colaboraciones. Al mismo tiempo, es un ejemplo de que las instituciones europeas pueden destinar recursos a entidades de finanzas éticas comprometidas con la economía social y solidaria.

Anteriormente, Coop57 ya contó con el apoyo del FEI en el marco del programa EaSI (2020), un primer acuerdo con una duración de cinco años que le daba acceso a un fondo de avales para cubrir parte del riesgo de los préstamos que concedía. Ahora, este nuevo acuerdo actualiza y da continuidad a aquel primer convenio, adaptándolo al nuevo marco de InvestEU.

Esta operación cuenta con el apoyo de la Unión Europea en el marco del Fondo InvestEU.

Fuente: Coop57

Paz con Dignidad y su Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) organizan en Bilbao las Jornadas Internacionales «Palestina: economía del genocidio y empresas cómplices». Las jornadas nacen para analizar el papel de las empresas y los actores económicos en el contexto de la colonización y el genocidio del pueblo palestino, abordando sus responsabilidades desde una perspectiva jurídica, económica, política y social.

Será un espacio para escuchar de primera mano a personas activistas y expertas palestinas, analizar casos concretos, compartir conocimientos y experiencias y explorar colectivamente vías de acción, denuncia y exigencia de responsabilidades.

Fecha: lunes 5 y martes 6 de octubre de 2026
Hora: lunes 5, de 16:00 a 20:15 h; martes 6, de 9:30 a 20:30 h
Lugar: Bilborock, Muelle de la Merced, 1, Bilbao
Modalidad: presencial, con traducción simultánea
Organiza: Paz con Dignidad – OMAL
Inscripción: formulario de inscripción (gratuita)
Programa: descargar el programa completo (PDF)
Contacto: palestina_jardunaldiak@omal.info

Programa

Inscríbete aquí · Descarga el programa (PDF)

Después de un recorrido de más de un año desde la Conferencia Más Allá del Crecimiento en septiembre de 2025 y la plenaria del Foro Social en febrero de 2026, llega el Primer Encuentro del Acuerdo Ecosocial Más Allá del Crecimiento, que tendrá lugar en Sevilla los días 2 y 3 de octubre.

En un momento marcado por las consecuencias más evidentes de la crisis ecosocial, en forma de guerras, incendios, crisis de vivienda y salud, acaparamiento de tierras por fondos privados de inversión y el genocidio que continúa en Palestina, el encuentro se plantea no solo para resistir, sino también para trabajar en propuestas que aborden las causas, transitando más allá del crecimiento y del capitalismo. Se trabajarán propuestas en torno a los conflictos identificados por el Pacto Alimentario, del Agua y la Biodiversidad y por el Pacto de Salud Integral y Bienestar Comunitario, con la metodología común del Foro Social.

Fecha: viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026
Hora: viernes, de 15:30 a 20:30 h; sábado, de 9:30 a 19:00 h (y cena y espacio cultural a las 20:00 h)
Lugar: viernes, Parlamento de Andalucía (Hospital de las Cinco Llagas); sábado, sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, C/ Blanco White, 5, Sevilla
Modalidad: presencial
Organiza: Foro Social Más Allá del Crecimiento
Inscripción: en la página del encuentro en Decidim («Unirse al encuentro»)

Programa

Inscríbete en Decidim · Lee la noticia sobre el encuentro

Este año la Semana Europea de la Movilidad repite el lema “Movilidad para todas” y pone el foco en la equidad entre generaciones. Necesitamos urgentemente transformar nuestras ciudades y movilidades para dar respuesta a las diferentes necesidades que tenemos a lo largo de nuestro ciclo de vida.

Una de las etapas que a veces queda en tierra de nadie es la adolescencia. Una etapa clave donde se forjan hábitos, construimos nuestra identidad y buscamos la libertad: salir del paraguas de nuestra familia y empezar a conquistar nuestros propios espacios.

Pero, ¿qué ocurre cuando llegamos a esa etapa sin haber aprendido a movernos de forma autónoma? Hay adolescentes que entran en secundaria sin haber ido nunca solos al colegio, salido por el barrio o jugado cerca de casa sin vigilancia.

A esto se suma una ciudad zonificada y monofuncional que no ha pensado que los espacios han de acoger también sus necesidades.

Hay dos ideas clave para construir ciudades que incluyan a la adolescencia: Seguridad no significa ausencia de riesgo. En lugar de limitar su autonomía porque existen peligros, debemos transformar las condiciones que los generan: velocidades, cruces, calles…

Y cambiar la mirada sobre la infancia y la adolescencia y dejar de lado la sobreprotección. Necesitamos confiar en su capacidad para resolver situaciones, tomar decisiones y participar en la vida de la ciudad.

Porque una ciudad para todas las personas debe tener lugares donde podamos encontrarnos, convivir y compartir entre generaciones.

En este marco, desde la Escuela de Movillidad comparten estos estos cursos y convocatorias:

CURSOS

Movilidad para todas las personas: género, edad y cuidados. Inicio: 29 septiembre.

Con Zaida Muxí, Marta Román, Laura Pérez, Montserrat García, Sara Ortiz, Col·lectiu Punt6.

Movilidad para todas las personas: género, edad y cuidados. Inicio: 29 septiembre.

Con Zaida Muxí, Marta Román, Laura Pérez, Montserrat García, Sara Ortiz, Col·lectiu Punt6.

Digitalización y datos en la movilidad sostenible.
Inicio: 30 septiembre.

Con Maite Pérez, Núria Pérez Sans, Ramon Pruneda, Manel Pons.

Gobernanza y participación ciudadana en la movilidad sostenible. Inicio: 1 octubre. 

Con Roser Casanovas, Mercedes Vidal, Amancay Villalba, Anabel Gulías, Luciano Ibarra, Eixample Respira, Som Mobilitat, Som Ecologística, Juventud por el Clima, Col·lectiu Punt6.

Movilidad al trabajo y de grandes centros de actividad. Modalidad asíncrona.

Con Juan Carlos Escudero, Manel Ferri, Mar Fernández Lorente, David Balbás Alonso, Marc Nadal Agustí, Alberto Puivecino Lobera, Rafael Requena, Manuel Riera Díaz.

EVENTOS

¡Ven a la presentación de Rowan March en Barcelona!

Participaremos en la presentación de la novela de Jaime Novo. Un thriller social para hablar de tecnología, vigilancia, bicis, en definitiva, del futuro de nuestras ciudades.

David Balbás Alonso (Escuela) participará en la presentación junto a Jaime Novo.

10 de septiembre a las 18:00 h en Bicihub Barcelona

Ver más

Jornada sobre descarbonización y electrificación de la movilidad

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, participamos en la jornada organizada por por la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, AMB, Ajuntament de Barcelona y ATM.

17 de septiembre | 9:00–17:30 en Espai Francesca Bonnemaison, Barcelona
Inscripciones

Jornada técnica sobre la Ley de Movilidad Sostenible

Elaboramos junto a COAMBA esta jornada para conocer las claves de la nueva normativa, profundizar en sus principales aspectos socioambientales y, reflexionar sobre las oportunidades que abre para ambientólogos y ambientólogas.

14 de septiembre | 10:00–11:30 h Online, a través de Zoom

Inscripciones