Sesión de asesoramiento para Administraciones Públicas

Desde REAS Red de Redes, en el marco del servicio gratuito de asesoramiento en contratación pública responsable que estamos realizando dentro del proyecto COOPUBLIC, ponemos en marcha otra sesión específica sobre contratación pública estratégica.

Este espacio de asesoramiento que tiene además un carácter formativo, tiene como objetivo compartir herramientas, enfoques y orientaciones prácticas que ayuden a las AAPP a entender el uso de la contratación pública como apoyo a los objetivos de las políticas públicas y para que puedan integrar criterios sociales, medioambientales y éticos en sus procesos de compra.

La sesión será impartida por Marc Vilanova, de FACTO Cooperativa y Santiago Lesmes de Par en Par

Las plazas son limitadas. En caso de completarse el aforo, se habilitará una lista de espera para valorar la organización de nuevas sesiones de asesoramiento.

Actividad exclusiva para Administraciones Públicas.

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Sesión de asesoramiento para Administraciones Públicas

Desde REAS Red de Redes, en el marco del servicio gratuito de asesoramiento en contratación pública responsable que estamos realizando dentro del proyecto COOPUBLIC, ponemos en marcha una sesión específica sobre planificación y seguimiento en la contratación pública.

Este espacio de asesoramiento tiene como objetivo compartir herramientas, enfoques y orientaciones prácticas que ayuden a las AAPP a mejorar la planificación de la contratación, el seguimiento de los contratos y la organización de los procesos internos vinculados a la contratación pública.

La sesión será impartida por Marc Vilanova, de FACTO Cooperativa, y estará orientada al intercambio de experiencias y a la resolución de cuestiones concretas planteadas por las personas participantes.

Las plazas son limitadas. En caso de completarse el aforo, se habilitará una lista de espera para valorar la organización de nuevas sesiones de asesoramiento.

Actividad exclusiva para Administraciones Públicas.

REAS Balears realiza el seguimiento de la contratación pública social y presenta propuestas de mejora para favorecer la actividad de las empresas de inserción a las que representa.

La finalidad de los contratos reservados es promover el empleo de las personas con discapacidad y en situación o riesgo de exclusión social. La disposición adicional cuarta de la ley 9/2017, de contratos del sector público, establece que las comunidades autónomas y entidades locales fijarán porcentajes mínimos de reserva de contratos. Esta obligación se concreta en normas y acuerdos del Govern y de los consejos insulares de Mallorca, Eivissa y Menorca.

El informe presenta los resultados de los contratos reservados analizados e incluye propuestas de mejora en las que es necesario insistir para aprovechar el marco normativo favorable y avanzar en la contratación pública social en favor de la actividad que desarrollan las empresas de inserción.

En 2025 encontramos una consolidación de la contratación pública social con importantes incrementos en los importes adjudicados como contratos reservados que se han de poner en valor.

Así y todo, también hay margen para mejorar la calidad de la contratación pública social, ya que seguimos detectando deficiencias y carencias que limitan el impacto de la contratación pública social sobre la creación de empleo para colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral:

La contratación reservada se concentra en pocos servicios; hay poca diversificación de actividades, lo que limita su alcance.
No se ha desarrollado suficientemente la contratación reservada diferenciada para empresas de inserción, que sólo han recibido adjudicaciones de ayuntamientos, sin ninguna adjudicación ni del Govern ni de los consejos insulares.
Aún se puede mejorar mucho en la aplicación de criterios de adjudicación que favorezcan la mejor relación calidad-precio: se ha producido una ligera mejora de la valoración de los criterios de calidad, pero la oferta económica continúa teniendo mucho más peso.
Se mantiene la adjudicación de contratos por importes sensiblemente inferiores al presupuesto de licitación, así como contratos desiertos por una mala configuración del presupuesto del contracto.

RESULTADOS

En 2025 el conjunto de administraciones de Illes Balears ha adjudicado 51 contratos o lotes reservados por un importe de 11.431.876 €, con un incremento del 50% en relación a 2024. El Govern ha adjudicado el 52,3% de los importes, los consejos insulares el 7,7% y los ayuntamientos el 40,0%.

La evolución anual de los importes adjudicados por tipo de institución muestra que si en 2024 fue especialmente significativo el fuerte incremento de los importes adjudicados por parte de ayuntamientos, en 2025 el protagonista de los incrementos en los importes adjudicados ha sido el Govern.

En 2025 el Govern de les Illes Balears ha adjudicado 28 contratos o lotes reservados por un importe de 5.976.951 €, lo que representa el 0,75% de los importes adjudicados en todo tipo de contratos.

En el caso del Govern, estamos ante un salto cualitativo en la contratación reservada, con un fuerte incremento en relación a años anteriores, del 262% en relación a 2024.

El informe también analiza:

Objetos contractuales adjudicados

• Se mantiene la concentración de importes reservados adjudicados en pocos objetos contractuales de años anteriores: sólo tres servicios, de jardinería, de recepción, conserjería y control de accesos y de recogida y reciclaje, suponen el 80% de los importes adjudicados.

Entidades adjudicatarias

• Los centros especiales de empleo son la principal tipología de entidad beneficiaria, con el 85% de los importes, y se desconoce si todos los centros especiales de empleo beneficiarios son de iniciativa social como es preceptivo.
• Ni el Govern ni los consejos insulares han adjudicado ningún contrato a empresas de inserción.

Valoración de la oferta económica

• La puntuación media de la oferta económica ha sido del 80,7% con una ligera reducción en favor de los criterios de calidad.
• En el 35% de las licitaciones el precio supone el 100% de los criterios de adjudicación.
• Hay buenas prácticas de criterios de adjudicación que priorizan la calidad, con baremaciones de la oferta económica inferiores al 50% o adjudicación por fases con mínimos de calidad para continuar en el proceso selectivo.

En relación a los aspectos económicos, también continuamos detectando con preocupación contratos reservados adjudicados a un precio muy inferior al presupuesto base de licitación, por debajo del 80%.

ESTUDIO DE CASOS

Ponemos el acento en aspectos relevantes que queremos destacar de la contratación pública social en 2025:

Licitaciones de recogida y tratamiento de textil usado

• Además de las obligaciones de reserva derivadas de la normativa sobre residuos, prestamos atención a cómo contemplen las licitaciones el pago del servicio para garantizar la viabilidad de esta actividad que históricamente han realizado entidades sociales de inserción, y que actualmente vive una situación de colapso sin precedentes por la saturación del mercado de ropa de mala calidad, la caída de precios y el incremento de costes.
• Gracias a la campaña de sensibilización realizada por las entidades sociales de inserción, cada vez más ayuntamientos pagan por el servicio con precios unitarios para cubrir los costes reales de recogida, transporte y tratamiento.

Contratos de gestión de residuos declarados desiertos

• Cuatro contratos de gestión de residuos de ayuntamientos han quedado desiertos por falta de licitadores o por su exclusión por motivos técnicos.
• Una correcta configuración de los presupuestos de los contratos y de sus requisitos técnicos mediante consultas a los operadores económicos podría evitar estas situaciones.

PROPUESTAS  

¿Cómo impulsar y mejorar la calidad de la contratación pública social?

• Planificar la diversificación de objetos contractuales susceptibles de reserva mediante consultas a los operadores económicos.
• Potenciar reservas diferenciadas para empresas de inserción en el caso del Govern y los consejos insulares.
• Introducir mejoras en relación a los itinerarios de inserción para evitar el intrusismo de entidades promovidas o participadas por empresas mercantiles y hacer públicos los registros oficiales de empresas de inserción y de centros especiales de empleo de iniciativa social.
• Mejorar la formación y el seguimiento con la participación del sector.

Aspectos económicos para hacer realidad el principio de la mejor relación calidad-precio:

• Incluir todos los costes en el presupuesto de licitación para evitar que los contratos queden desiertos por falta de licitadores, incluyendo los costos laborales y de los itinerarios de inserción.
• Diseñar criterios de adjudicación que prioricen la calidad: baremación de la oferta económica del 50% o inferior y adjudicación por fases con mínimos del baremo de calidad para continuar en el proceso selectivo cuando sea de aplicación.
• Evitar las bajas temerarias y la sobrevaloración de las bajadas de precio revisando las fórmulas matemáticas utilizadas en la valoración de las ofertas y los umbrales y justificaciones de las reducciones temerarias de precio.

Más información:

Informe contratos reservados Illes Balears 2025: https://mercatsocial.org/descarregues/606/informes/234285/contratos-reservados-illes-balears-2025

Anexos: https://mercatsocial.org/descarregues/207/informes/234283/contratos-reservados-illes-balears-2025-anexo

Publicamos el informe Textile Watch: La necesidad de un mecanismo de monitoreo, con la intención de analizar la compra pública textil catalana e identificar oportunidades para que las administraciones públicas ejerzan su capacidad de influencia y cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Con esta investigación damos los primeros pasos para implementar estructuras de monitoreo en la contratación pública catalana en el sector textil. Son muchos los departamentos y organismos de la Generalitat de Catalunya, así como otras administraciones locales, que adquieren productos textiles.

Sabemos que la industria textil se caracteriza por una fuerte subcontratación: el origen de las materias primas y las fábricas donde se producen se encuentran principalmente en países del Sur Global. Además, el seguimiento de la trazabilidad del producto en el sector textil es especialmente complejo.

Las empresas externalizan a países del Sur Global sus costes sociales y ambientales, y minimizan los costes de producción a costa de no garantizar los derechos laborales en sus cadenas de valor. La globalización de la economía y la liberalización del comercio han
hecho que las cadenas de suministro se vuelvan muy largas, complejas y poco transparentes, dificultando conocer las vulneraciones de derechos que se producen.

Esto afecta a las personas consumidoras individuales, pero también, y en mayor medida, a las administraciones públicas que tienen un gran peso en la compra de productos. La contratación pública representa un 14% del PIB de la Unión Europea y, en Cataluña, representa más del 30% del total del gasto público. Solo durante el año 2024, la Generalitat de Catalunya y su sector público han adjudicado 16.529 contratos que representan un importe total de más de 4.121 millones de €. Las administraciones tienen la capacidad de influir en los comportamientos de las empresas a través de la contratación pública y deben tener en cuenta este comportamiento al formalizar nuevos contratos. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP) permite y promueve que se introduzcan aspectos sociales, ambientales y laborales como criterios de adjudicación y como condiciones especiales de ejecución.

Para llevar a cabo la investigación, se ha analizado la contratación textil en Cataluña con un enfoque extraterritorial, la procedencia geográfica de los productos textiles en la compra pública catalana y los riesgos para los principales países de origen: Pakistán, India y Bangladesh. Asimismo, el informe presenta un breve análisis estrictamente jurídico de las normas aplicables con implicaciones para la contratación pública en el sector textil y se
analiza el actual momento político de la Unión Europea respecto a las nuevas perspectivas normativas.

El informe, elaborado por el CEDAT con ayuda de la Universidad de Sussex, se enmarca en el proyecto de SETEM Catalunya, financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo: “Traçant camí cap a la justícia global”.

Una de las principales recomendaciones que se desprende del informe es la importancia de incluir cláusulas de transparencia en las licitaciones, que permitan saber dónde se fabrican los productos que se compran en Cataluña. Este sería un primer paso imprescindible para poder conocer los riesgos asociados. A medio plazo, se podría ir más allá e incluir cláusulas que exijan a los contratistas realizar un seguimiento y monitoreo continuo sobre sus proveedores, que garantice que respetan los derechos humanos y el medio ambiente. Las administraciones deberían entonces prever procedimientos de control del cumplimiento de las condiciones de ejecución sociales y ambientales. El desarrollo de una iniciativa de seguimiento y mejora de la contratación pública socialmente responsable en el sector textil (Textile Watch) permitiría conectar compradores públicos y organizaciones de la sociedad civil de los países de fabricación y facilitar esta labor.

Descarga el informe en catalán

Descarga el resumen ejecutivo en catalán

Descarga el resumen ejecutivo en inglés

Os presentamos la “Guía Interactiva para la Contratación y Compra Pública Responsable de productos y servicios de la Economía Social y Solidaria (ESS)”, una herramienta pensada para ayudar a las Administraciones Públicas a comprar de una manera más consciente, justa y sostenible.

El objetivo de esta guía es acompañar al personal técnico y a las personas responsables de la contratación pública en la toma de decisiones que tengan en cuenta no solo el precio, sino también el impacto social y ambiental de los productos y servicios que se contratan.

Gracias a su formato interactivo, la guía permite entender de forma sencilla cómo la contratación pública puede convertirse en una palanca de cambio, contribuyendo al cuidado del entorno, al fortalecimiento de la economía local y a la promoción de condiciones de trabajo dignas. Comprar bien también es una forma de generar bienestar colectivo. Además, la guía acerca a las Administraciones Públicas a la oferta real de productos y servicios de las entidades que forman parte de REAS Red de Redes y de sus Mercados Sociales, visibilizando a empresas y organizaciones que trabajan desde los valores de la Economía Social y Solidaria: cooperación, equidad, sostenibilidad y compromiso con las personas y el territorio.

En definitiva, esta guía quiere ser una invitación a repensar la compra pública como una herramienta con capacidad de transformar la sociedad, demostrando que es posible satisfacer las necesidades públicas al mismo tiempo que se impulsa un modelo económico más justo, solidario y respetuoso con el planeta.

ACCEDE AQUÍ A LA GUÍA INTERACTIVA

Si tienes cualquier sugerencia de mejora por favor escríbenos a clausulassociales@reas.red

La contratación pública es una de las principales palancas de transformación económica y social. En España representa el 11,5 % del PIB y cerca del 15 % en el conjunto de la Unión Europea (Fuente: OIRESCON), lo que la convierte en una herramienta estratégica para impulsar modelos más justos, sostenibles y responsables.

En este contexto, REAS Red de Redes celebró una nueva sesión del ciclo de foros sobre Contratación Pública Responsable (CPR), impulsado desde 2023 por el grupo de trabajo de CPR de la red. La sesión de 2025 tuvo como objetivo actualizar el marco normativo europeo y analizar la aplicación práctica de criterios sociales y ambientales en sectores estratégicos como el comercio justo y la vivienda cooperativa en cesión de uso.

Del marco normativo europeo a la aplicación real

La sesión fue inaugurada por Javier Mendoza, quien realizó un recorrido por la evolución de la Directiva Europea de Contratación Pública, destacando el cambio de enfoque introducido desde 2014: no solo importa qué se compra, sino también cómo se compra.

Mendoza subrayó la necesidad de definir con precisión los criterios de calidad en los contratos públicos y explicó cómo algunas administraciones, como las de Cataluña, ya están incorporando criterios sociales y ambientales en el propio objeto del contrato. No obstante, señaló importantes desafíos en su implementación efectiva: aunque la ley obliga a incluir estos criterios, con frecuencia los pliegos no los desarrollan adecuadamente.

Asimismo, explicó que los tribunales no suelen cuestionar la legitimidad de los criterios sociales, sino la falta de justificación técnica de su aplicación, especialmente en aspectos relacionados con mejoras salariales y condiciones laborales.

Contratos reservados y oportunidades para la economía social

Otro de los puntos clave fue el análisis de los contratos reservados. Mendoza aclaró que los centros especiales de empleo y determinadas iniciativas sociales pueden acceder a este tipo de contratación, mientras que las iniciativas mercantiles han quedado excluidas tras una reciente resolución del Tribunal Supremo.

También detalló las opciones disponibles para las entidades de la economía social, como los contratos contemplados en la disposición adicional 48, limitados a servicios sociales, culturales y de salud, con una duración máxima de tres años, así como la posibilidad de reservar lotes específicos para empresas de inserción o centros especiales de empleo.

Criterios éticos y comercio justo en la contratación pública

En el bloque dedicado a los criterios éticos, David Comet presentó un recorrido por el trabajo del movimiento de comercio justo desde 2004 para incorporar estos principios en la normativa de contratación pública.

Recordó hitos importantes como la sentencia Norola de 2012 y las enmiendas normativas de 2017, pero señaló que, pese a los avances legales, los criterios sociales y ambientales siguen siendo voluntarios en la práctica. En este sentido, destacó la preocupación expresada por el Parlamento Europeo ante la falta de una implementación efectiva.

Como contrapunto, Comet compartió experiencias exitosas, como las del Ayuntamiento de Madrid y la Universidad de Valencia, que han logrado integrar criterios de comercio justo en sus contratos públicos, demostrando que su aplicación es viable cuando existe voluntad política.

Vivienda cooperativa: una alternativa desde la contratación pública responsable

El último bloque estuvo dedicado al sector de la vivienda, con la intervención de Javier Blanco, quien defendió que los recursos públicos no deberían contribuir al enriquecimiento del mercado inmobiliario privado.

Blanco planteó tres premisas fundamentales para una contratación pública responsable en vivienda:

• Evitar la venta de suelo público al mercado libre.
• Limitar las ayudas públicas para impedir el aumento de los precios de la vivienda.
• Garantizar una supervisión pública permanente.

Asimismo, presentó el modelo de cooperativas de vivienda en cesión de uso, una propuesta que redefine la vivienda como un bien de uso y no como un activo especulativo, poniendo el acceso a la vivienda en el centro.

Cierre y perspectivas de futuro

En el cierre de la sesión, David Comet y Javier Blanco compartieron reflexiones sobre cómo difundir y consolidar buenas prácticas. Comet insistió en la necesidad de compromisos políticos firmes y obligaciones concretas, más allá de criterios voluntarios, señalando que la difusión solo es efectiva cuando las administraciones se comprometen explícitamente a utilizar productos de comercio justo.

Por su parte, Blanco reconoció que los modelos de vivienda basados en la economía social y solidaria aún enfrentan importantes desafíos, especialmente en comparación con sectores más consolidados como el comercio justo. Sin embargo, subrayó que cada proyecto exitoso fortalece y visibiliza el movimiento.

Próximos pasos

Desde REAS se anunció la continuidad del ciclo de foros el próximo año, con la posibilidad de ampliarlo a otros sectores estratégicos como la energía renovable y las finanzas éticas. Además, se prevé la organización de sesiones formativas específicas orientadas a distintos sectores, con el objetivo de seguir impulsando una contratación pública verdaderamente responsable.

El próximo 20 de noviembre de 12 a 14h se llevará a cabo el seminario online: “La nueva contratación pública responsable: del marco europeo a la práctica sectorial” organizado por REAS Red de Redes. Este webinario pretende continuar con el ciclo de foros iniciado en 2023 para seguir avanzando y profundizando en aspectos que potencien la contratación pública, desde la perspectiva de la Economía Social y Solidaria, como una herramienta jurídica que permita el logro de objetivos sociales, ambientales y de innovación.

Objetivos de la sesión

Desde REAS Red de Redes y, en concreto, desde el grupo de trabajo de contratación pública responsable, organizamos este seminario con el objetivo de ofrecer un espacio de formación y encuentro en torno a aspectos técnicos y prácticos de la contratación pública responsable. En concreto, el objetivo de esta sesión es formar a personal técnico y responsable de contratación de las administraciones públicas, así como a entidades de la economía social y solidaria, sobre la transposición y aplicación práctica de la Directiva Europea de Contratación Pública, poniendo el foco en los criterios sociales y ambientales así como en sectores estratégicos como la vivienda o el comercio justo.

A quién va dirigido

Este Ciclo de Foros está dirigido al personal técnico y políticos de las entidades y organismos del sector público, personas de las redes y empresas de la Economía Social y Solidaria así como Agentes sociales (sindicatos, ONGD, Asociaciones, etc.).

Programa de la sesión

Durante la primera parte de la sesión, centrada en la nueva Directiva Europea, contaremos con una ponencia introductoria a cargo de Javier Mendoza, Docente en la Universidad de La Laguna, miembro del Observatorio de Compra Pública Responsable y con una gran experiencia en Contratación Pública.

En la segunda parte del webinar contaremos con ponencias de personas referentes en sectores estratégicos como el comercio justo y la vivienda cooperativa en cesión de uso, que hablarán de los avances y retos de la contratación pública responsable desde una perspectiva sectorial. Una cita imprescindible para quienes apuestan por modelos transformadores. Durante esta parte, se abrirá un espacio de preguntas con el objetivo de crear un debate con el público asistente.

ACCEDE AQUÍ AL PROGRAMA COMPLETO

Al finalizar, las personas participantes podrán:

• Comprender las bases legales de la contratación pública responsable en el marco de la Directiva Europea.
• Identificar criterios y herramientas para aplicar cláusulas sociales y ambientales.
• Conocer ejemplos concretos de aplicación en sectores estratégicos.
• Entender el rol y las oportunidades de la economía social en los procesos de compra pública.

ACCEDE directamente al FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Esta sesión será grabada y se subirá posteriormente al canal de youtube de REAS Red de Redes. En ESTE ENLACE podéis acceder directamente a los vídeos de la sesiones anteriores.

Ya puedes inscribirte a las V Jornadas de Contratación Pública Responsable de Canarias, que este año se celebrarán el miércoles 12 de noviembre en el Espacio Canarias7, en Las Palmas de Gran Canaria, en formato mixto: presencial y streaming. Esta nueva edición será de un solo día intensivo, en horario de mañana y tarde, para facilitar la conciliación y el desplazamiento de quienes nos visiten desde otras islas.

Organizado por el Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias que promueve Red Anagos con la financiación de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, el evento se ha consolidado como la cita anual para el personal y responsables del sector público canario y empresas sociales. Es un espacio de intercambio, formación y reflexión sobre cómo la Contratación Pública Responsable puede ser utilizada para promover la justicia social y la sostenibilidad ambiental, especialmente desde la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017.

En esta ocasión abordaremos cómo impulsar la Agenda 2030 desde la Contratación Pública, conoceremos varios casos de éxito de contratos reservados a empresas sociales, y contaremos con dos talleres prácticos: IA aplicada a la contratación pública, por Juan Carlos Meliá y Aplicación de cláusulas sociales con perspectiva de género, por Pilar Batet.

¡No te lo pierdas! Inscríbete ya aquí: ENLACE

Sesión 1: Introducción a la Contratación Estratégica. martes 20 de mayo, 10-11:30
Impartida por Luigi Carinci (B·live) explicará los fundamentos normativos y el contexto actual de la contratación estratégica, analizando políticas públicas clave y objetivos sociales.

Sesión 2: Planificación Estratégica. Jueves 22 de mayo, 10-11:30
A cargo de Marc Vilanova (Facto Cooperativa) abordará el diseño de pliegos, división en lotes y reserva de mercado para entidades sociales, incluyendo consultas previas de mercado.

Sesión 3: Aplicación Práctica de la Contratación Pública Estratégica. Martes 27 de mayo, 10-11:30. Formación realizada por David Comet (Ideas Cooperativa) donde mostrará cómo integrar criterios sociales y ambientales, con casos prácticos de éxito en contratación pública con impacto social.

Objetivos de la formación

• Proporcionar los fundamentos de la Contratación Pública Estratégica.
• Contextualizar las actuaciones en contratación pública dentro de los objetivos sociales comunes
• Profundizar en la aplicación de criterios sociales y ambientales en los procedimientos de contratación
• Conocer experiencias prácticas para la implementación efectiva de la contratación estratégica

La formación es gratuita y se realizará en formato virtual. Las inscripciones pueden realizarse a través del siguiente enlace:

(Versió en català: https://mercatsocial.org/noticies/reas-balears-proposa-millores-contractacio-publica-social/)

La Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REAS Balears) presenta el informe anual de seguimiento de la contratación pública social en Illes Balears, sobre los contratos reservados para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social de 2024 del Govern, los consejos insulares y los ayuntamientos. REAS Balears realiza el seguimiento de la contratación pública social y presenta propuestas de mejora para favorecer la actividad de las empresas de inserción a las que representa.

La finalidad de los contratos reservados es promover el empleo de las personas con discapacidad y en situación o riesgo de exclusión social. La disposición adicional cuarta de la ley 9/2017, de contratos del sector público, establece que las comunidades autónomas y entidades locales fijarán porcentajes mínimos de reserva de contratos. Esta obligación se concreta en normas y acuerdos del Govern y de los consejos de Mallorca, Eivissa y Menorca.

El informe presenta los resultados de los contratos reservados analizados e incluye propuestas de mejora en las que es necesario insistir para aprovechar el marco normativo favorable y avanzar en la contratación pública social en favor de la actividad que desarrollan las empresas de inserción.

RESULTADOS

En 2024 el Govern de les Illes Balears ha adjudicado 14 contratos o lotes reservados por un importe de 1.650.127 €, lo que representa el 0,36% de los importes adjudicados en todo tipo de contratos, con un incremento del 37,8% en relación a 2023.

La evolución anual de los contratos reservados adjudicados por el Govern muestra que a pesar del incremento del último año no se ha llegado a los valores máximos de 2019 y 2021:

De los contratos reservados del Govern de les Illes Balears también queremos destacar:

• La Junta Consultiva de Contratación Administrativa no ha publicado este año el informe de seguimiento del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 3 de enero de 2022 referido a las obligaciones relativas a los contratos reservados, cosa que si hizo el año anterior.
• El análisis de los contratos reservados adjudicados por órgano de contratación que realizamos pone de manifiesto un nivel muy desigual de implantación: sólo hemos identificado contratos reservados adjudicados en 5 de las 11 consejerías y 2 de los 45 entes del sector público instrumental del Govern.

En 2024 el conjunto de administraciones de Illes Balears ha adjudicado 32 contratos o lotes reservados por un importe de 7.604.290 €, con un fuerte incremento del 138,5% en relación a 2023.

Este importante crecimiento se produce sobre todo por el espectacular incremento del 287,7% en los importes adjudicados por parte de ayuntamientos, con dos grandes licitaciones que suponen casi la mitad de los importes adjudicados por todas las instituciones.

El informe también analiza:

• Los objetos contractuales adjudicados, con una gran concentración en pocos servicios que pone de manifiesto la necesidad de diversificar las actividades susceptibles de reserva.
• Las entidades adjudicatarias. La valoración de la participación diferenciada de empresas de inserción y de centros especiales de empleo pone de manifiesto que las empresas de inserción sólo han tenido adjudicaciones de ayuntamientos y se advierte que existe riesgo de intrusismo por parte de entidades promovidas o participadas por empresas mercantiles.
• Los porcentajes de valoración de la oferta económica, con una puntuación media del 84,2% y del 92,4% en el caso del Govern, con un empeoramiento de los criterios economicistas en la valoración de las ofertas en detrimento de la calidad.

Finalmente se muestran casos concretes de malas prácticas a evitar:

• Contratos reservados adjudicados a un precio muy inferior al presupuesto base de licitación.
• Contratos de gestión de residuos que no tienen en cuenta la reserva recogida en la ley estatal de residuos.
• Contratos de jardinería que dificultan o impiden la participación de empresas de inserción.

PROPUESTAS

Para impulsar y mejorar la contratación pública social y aprovechar su potencial en favor de la actividad que desarrollan las empresas de inserción, REAS Balears propone:

En España la contratación pública representa cerca del 15% del PIB, lo que la convierte en un instrumento clave para impulsar modelos de producción y consumo más equitativos y sostenibles. En este contexto, la Contratación Pública Estratégica (CPE) cobra especial importancia al permitir que las administraciones públicas integren criterios sociales, medioambientales y éticos en sus procesos de compra.

Para impulsar la implementación de la CPE, Facto, IDEAS y B-Live, entidades que promueven el proyecto Plataforma de la Contratación Estratégica, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, van a lanzar en colaboración con REAS Red de Redes un programa de formación y asesoramiento dirigido tanto a entidades de la ESS como a Administraciones Públicas.

Próximas actividades: save the date!

• 25 de abril – Webinar “La contratación pública estratégica”, sesión de introducción a la CPE dirigida a entidades de la ESS y Administraciones Públicas en la que, también, se darán a conocer los objetivos y actividades del programa.
• Formaciones para entidades de la ESS: 19 de mayo, 23 de mayo, 26 de mayo.
• Formaciones para Administraciones Públicas: 20 de mayo, 22 de mayo, 27 de mayo.
• 5 de junio: Jornada de cierre en Zaragoza: Encuentro semipresencial donde se compartirán experiencias y aprendizajes sobre la aplicación de la CPE y la vinculación a la Economía Social y Solidaria. Esta jornada se celebrará dentro del 30º aniversario de REAS Red de Redes con la colaboración de REAS Aragón.

El próximo 19 de diciembre de 12 a 14h se llevará a cabo el conversatorio online: “La Contratación Pública en la Economía Social y Solidaria: Principales claves para las empresas de la ESS” organizado por REAS Red de Redes. Este conversatorio de carácter formativo es una actividad complementaria a los ciclos de foros que organizamos desde 2023.

Objetivos de la sesión

Ofrecer un espacio de formación en torno a aspectos clave de la contratación pública responsable desde la óptica de las empresas e iniciativas de la Economía Social y Solidaria.

A quién va dirigido

Profesionales de las redes y empresas de la Economía Social y Solidaria de todo el Estado.

Programa de la sesión

Durante la primera parte de la sesión contaremos con participación de Jaime Pintos Santiago, Doctor en Derecho, Máster en Derecho de la Contratación Pública, abogado experto en contratación pública y Socio-Director de la firma Jaime Pintos Abogados & Consultores, que realizará una charla formativa sobre las principales claves de la Contratación Pública Responsable desde un punto de vista práctico.

Durante la segunda parte de la sesión se abrirá un espacio para dudas y cuestiones sobre la temática para poder identificar acciones en el futuro que posibiliten la cobertura de necesidades del tejido productivo de la ESS en torno a la CPR.

ACCEDE directamente al FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Esta sesión será grabada y se compartirá posteriormente.

Compra pública responsable en las Islas Baleares: encuentro para difundir buenas prácticas

Esta jornada, que cuenta con el apoyo de la Consellería de Familias y Asuntos Sociales, tiene como objetivo compartir y promover las mejores prácticas en la compra pública responsable de las Islas Baleares.

Durante la jornada, podréis conocer la situación actual de la contratación en las Islas Baleares y su potencial de mejora. Además, la Consellería de Economía, Hacienda e innovación y el Ayuntamiento de Manacor expondrán ejemplos de buenas prácticas y licitaciones. Para completar la jornada, contaremos con una muestra de microteatro a cargo de las personas usuarias de la Fundación Deixalles y del Casal Petit, que representarán como la compra pública es clave y tiene un gran potencial transformador de la sociedad.

PROGRAMA:

9:00 – Presentación
9:30 – Situación Actual de la Compra Pública (Jordi López, REAS Balears)
10:00 – Microteatro
10:30 – Descanso y Refrigerio
11:00 – Buenas Prácticas en la Administración (Mª Matilde Martínez, Consellería de Economía, Hacienda e innovación)
11:30 – Buenas Prácticas en la Administración (Sebastià Llodrà y Antoni Pascual, Ayuntamiento de Manacor; Maria Jaume, Deixalles Servicios Ambientales)
12:00 – Clausura (Xesca Martí, Fundación Deixalles)

Inscripciones: ENLACE

Por tercer año consecutivo, la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REAS Balears) presenta un informe de seguimiento de la contratación pública social en Illes Balears, en concreto sobre contratos reservados para programas de empleo protegido (empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social).

El primer informe, publicado en julio de 2022, analizaba los contratos reservados del Govern de les Illes Balears en el período del 24/07/2017 al 31/03/2022.

El segundo informe, publicado en marzo de 2023, analizaba los contratos reservados de todas las instituciones de Illes Balears (Govern, consejos insulares y ayuntamientos) en 2022.

En este tercer informe se da continuidad al seguimiento de la contratación pública reservada de todas las instituciones de Illes Balears, analizando los datos de 2023.

REAS Balears realiza el seguimiento de la contratación pública social y presenta propuestas de mejora para favorecer la actividad de las empresas de inserción a las que representa.

La finalidad de los contratos reservados es promover el acceso al empleo de las personas con discapacidad y en situación o riesgo de exclusión social, y están regulados en la disposición adicional cuarta de la ley 9/2017, de contratos del sector público, en la que se establece que las comunidades autónomas y entidades locales fijarán porcentajes mínimos de reserva de contratos.

Esta obligación legal se concreta en diferentes normas y acuerdos del Govern de les Illes Balears y de los consejos insulares de Mallorca, Menorca y Eivissa.

Como en los informes anteriores, además de los resultados más relevantes de los contratos reservados analizados, se incluyen propuestas de mejora en las que es necesario insistir para aprovechar el marco normativo favorable y avanzar en la contratación pública social en favor de la actividad que desarrollan las empresas de inserción.

RESULTADOS

En el caso del Govern de les Illes Balears, en 2023 se han adjudicado 19 contratos o lotes reservados a programas de empleo protegido por un importe de 1.197.805 €, lo que representa el 0,21% de los importes adjudicados en todo tipo de contratos.

La evolución anual de los contratos reservados adjudicados por el Govern muestra un preocupante decrecimiento desde 2019 (sin tener en cuenta el 2020 atípico de pandemia):

Un Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de enero de 2022 establece un 10% como porcentaje mínimo de reserva para determinados contratos de servicios y suministros. En 2024, por primera vez, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa ha publicado un informe de seguimiento de dicho Acuerdo, referido a las obligaciones relativas a los contratos reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción:

En relación al Govern, también analizamos los contratos reservados adjudicados por órgano de contratación, lo que permite mostrar el nivel muy desigual de implantación de los contratos reservados en sus diferentes consejerías y entes del sector público instrumental.

Si consideramos el conjunto de instituciones de Illes Balears, los contratos reservados del Govern han supuesto en 2023 un 37,56% del total de los importes a programas de empleo protegido:

En total, el conjunto de instituciones públicas de Illes Balears han adjudicado 3.189.017 € como contratos reservados en 2023, con una reducción del 15,66% en relación a los 3.781.291 € adjudicados en 2022.

El informe también analiza los principales servicios que son objeto de la contratación reservada, las entidades adjudicatarias, valorando la participación diferenciada de empresas de inserción y de centros especiales de empleo de iniciativa social, y también el porcentaje de valoración de la oferta económica para determinar si se tienen en cuenta criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, tal como contempla la normativa.

Finalmente se muestran casos concretos de contratos reservados adjudicados a un precio muy inferior al presupuesto base de licitación, una mala práctica a evitar contraria al principio de la mejor relación calidad-precio como criterio de adjudicación.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Conclusiones:

• Encontramos una reducción de los importes adjudicados como contratos reservados, de más del 15% en relación a 2022, atribuible en buena parte a la disminución de los importes adjudicados por parte del Govern.
• Celebramos que por primera vez el Govern realice un informe sobre la aplicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de enero de 2022 referido a las obligaciones relativas a los contratos reservados, donde se pone de manifiesto el bajo grado de cumplimiento de los objetivos de reserva de contratos por parte de las empresas y entidades del sector público instrumental del Govern.
• Se mantiene la concentración de la mayor parte de los importes reservados adjudicados en pocos objetos contractuales.
• En cuanto a las entidades adjudicatarias, las empresas de inserción prácticamente sólo tienen adjudicaciones de contratos reservados por parte de ayuntamientos, sin ninguna adjudicación por parte de los consejos insulares y con un peso residual en las adjudicaciones del Govern. Y seguimos sin saber si hay centros especiales de empleo empresariales que se benefician de la reserva de contratos, en contra de lo que prevé la normativa.
• Se mantienen las barreras para la generalización de la adjudicación de los contratos sobre la base de la mejor relación calidad-precio, y detectamos con preocupación la adjudicación de diversos contratos reservados por un importe muy inferior al presupuesto base de licitación.

Propuestas:

• Incorporar a los contratos reservados las recomendaciones de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, especialmente las referidas a la inclusión de itinerarios de inserción sociolaboral al objeto del contrato, a la realización de consultas al mercado para determinar su viabilidad y a la planificación de la contratación reservada.
• Generalizar la reserva diferenciada de contratos o lotes reservados para empresas de inserción y para centros especiales de empleo de iniciativa social atendiendo a sus peculiaridades, especialmente en relación a sus obligaciones salariales.
• Mejorar el diseño de los criterios de adjudicación para favorecer una mejor relación calidad-precio, y evitar bajas temerarias con adjudicaciones por importes muy inferiores al presupuesto base de licitación, que no permiten incluir todos los costes de acuerdo con su precio de mercado, incluyendo los costes salariales.
• Mejorar la formación del personal que interviene en procesos de contratación y el seguimiento de la contratación pública social a través de órganos participativos.

Más información:

• Informe contratos reservados 2023
• Informe contrates reservados 2023 (anexo)

Año: Marzo 2024

Autorías:

• David Comet-Herrera, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
• Lucía Benítez-Eyzaguirre, Universidad de Cádiz.

Resumen:

El sistema de información y comunicación de la contratación pública en España, articulado principalmente mediante la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), presenta serias carencias con relación a la aplicación del principio de transparencia para un buen gobierno. Particularmente, su sistema de búsqueda es poco intuitivo y está dirigido a usuarios con altos conocimientos sobre estos procesos administrativos, lo que no facilita la comprensión y accesibilidad a la información y documentación publicada a toda la ciudadanía. Por consiguiente, puede afirmarse que la usabilidad y accesibilidad de esta plataforma es deficiente. Por ello, se hace necesario y urgente revisar esta herramienta digital con el ánimo de mejorar tanto su interfaz como su sistema de búsqueda, como elemento central y más relevante para los usuarios, en pro de facilitar el acceso a la información (especialmente, a los pliegos administrativos y técnicos, las empresas adjudicatarias, el montante de los contratos, etc.). A nuestro entender, se trataría de hacer de esta plataforma una herramienta sencilla, rápida e intuitiva, que ofrezca información útil que garantice una mayor transparencia de los procesos de contratación pública, a la par que contribuya al buen funcionamiento del sector público y a la erradicación de posibles prácticas corruptas. Por último, debe ampliar la información sobre la consideración de clausulado social y ambiental en los contratos públicos, por ser esta una de las principales finalidades de la propia Ley de Contratos del Sector Público, junto a la publicidad, la transparencia, la no discriminación y la igualdad de trato, entre otras, que no puede quedar invisibilizada.

Palabras clave: contratación pública, comunicación, desarrollo sostenible, transparencia

Ya puedes inscribirte para participar en las Jornadas de Fomento de la Contratación Pública Responsable que se celebrarán los próximos días 11 y 12 de abril, en el Centro Cultural de Maspalomas, organizadas por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana con la colaboración del Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias.

 Aquí tienes el enlace para reservar tu plaza  https://bit.ly/fomento-contratacion-publica-responsable

Recuerda que serán unas jornadas presenciales, de 9 a 14 horas, dirigidas a personal de las administraciones públicas, en especial, a quienes trabajan en el ámbito de la contratación o la compra de productos y servicios, y también a Empresas Sociales (Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social).

En esta página web tienes información detallada del programa para estos dos días de trabajo y podrás conocer a los ponentes que nos ayudarán a comprender y a aplicar los recursos vinculados a la Contratación Pública Responsable.

Si tienes algún problema con la inscripción, puedes contactar con la organización de las jornadas enviando un correo electrónico a  direccion@plazagrande.com.

Xornada técnica de xestión de cooperativas, 13 decembro

A Xornada é unha actividade do programa de colaboración que EspazoCoop realiza coa Deputación Provincial da Coruña durante 2023, e terá lugar o día 13 de decembro no Pazo de Mariñán en Bergondo, A Coruña, de 9.30 a 14.30 horas.

En “Achégate ás cooperativas cunha ollada experta” vanse a abordar aspectos específicos de xestión de empresas cooperativas, a través da conformación de 2 Mesas temáticas e a presentación dunha Conferencia marco previa ás mesmas.

[ A Xornada tratará aspectos laborais, fiscais e de contratación pública responsable en cooperativas ]

A Ponencia marco a cargo de David Pino Merlo, exporá a temática “Ecosistema de desenvolvemento sostible: o cooperativismo galego”, como paso previo ás Mesas que se desenvolven sobre xestión de cooperativas.

Na primeira Mesa Temática do Programa abordaranse aspectos laborais e fiscais mediante un debate entre persoas experimentas do eido público e a realidade cooperativa ao redor dos aspectos do novo réxime de persoas autónomas e como afecta ás cooperativas de traballo, e as peculiaridades da fiscalidade cooperativa.

A segunda Mesa Temática tratará a contratación pública responsable: a súa situación actual, tendencias do mercado de compra pública, oportunidades e alternativas para as cooperativas (contratacións reservadas, lotes, etc.). Abordarase esta temática nun debate entre asociacións de cooperativas de Andalucía, a administración pública, e experiencias cooperativas.

Para ambas mesas abrirase tamén un espazo para o diálogo co público asistente.

Que obxetivos ten:

• Mellorar o nivel de coñecemento e información sobre aspectos de xestión especiais que afectan ás empresas cooperativas.
  Intercambiar e facer rede con persoas, organismos, entidades implicadas e actores esenciais das temáticas a abordar de fiscalidade, laboral e contratación pública responsable para cooperativas.
• Coñecer potencialidades e experiencias en compra pública.
• Contribuír á mellora da xestión, o acceso ao mercado público, e á consolidación das empresas cooperativas galegas.

A Xornada está destinada para persoal das Administracións Públicas, Colexios profesionais, Asesorías e Consultorías, Cooperativas socias de EspazoCoop, Cooperativas galegas en xeral, Persoal e organizacións de prescrición do modelo empresarial cooperativo: Axentes de desenvolvemento local, Técnicos de emprego, Técnicos de concellos, etc., e outro público interesado.

[ Programa ]

Máis concretamente, o Programa, que se desenvolve de 9.30 a 14.30 horas, ten previsto despois da Recepción de asistentes, iniciar coa Benvida institucional a cargo da presidenta da Unión de Cooperativas EspazoCoop, Ana Olveira Blanco. A seguir, a Ponencia Marco “Ecosistema de desenvolvemento sostible: o cooperativismo galego” con David Pino Merlo.

A continuación, arrancará o debate da Mesa Temática de Laboral e Fiscal, para tratar A cotización do Reta das persoas socias traballadoras con Mª Dolores Folgado Romeu, Asesoría Xurídica da Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Traballo Asociado (FVECTA), nesta mesa tamén se tratará a Protección fiscal das cooperativas, con José Javier LaFuente, Inspector de Facenda do Estado, e Un caso práctico: Tratamento fiscal do gasto de desprazamentos, con Alicia Lorenzo Ucha e Mónica Martínez Gigirín, de AUSUM Asesores e Avogados.

Despois dunha Pausa Café, continuará a Xornada coa Mesa Temática de Contratación Pública Responsable, para tratar Alternativas e boas prácticas en compra pública responsable, con Gabriel Sánchez Bárcena e Joana Moreno, da Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (FAECTA), e con Julia Vázquez Silvarrey, Xefa de Sección de Promoción Económica e Social da Deputación de Lugo. Tamén se presentarán Boas prácticas en contratación pública responsable: A propiedade intelectual de proxectos do sector cultural, con Rocío Anahi Mena Jiménez, de Gabeiras Asociados S. Coop. Mad.

Ao remate da segunda mesa está prevista a Clausura por parte do presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e a presidenta da Unión de Cooperativas EspazoCoop, Ana Olveira Blanco.

A partir das 14.30 h. ofrecerase un Xantar ao público asistente por cortesía da Deputación Provincial da Coruña.

[ Inscrición ]

Fai clic para consultar o Programa e realizar a INSCRICIÓN en liña:

Programa – Cartel – Inscrición

Organiza e coordina: Unión de Cooperativas EspazoCoop – www.espazo.coop

A pesar de que la ley de contratos de 2007 ya regulaba los contratos reservados, su impacto en la compra pública ha sido menor de lo esperado como lo atestiguan tanto los informes de la OIResCON como los distintos análisis realizados desde las entidades sociales. Antes de continuar, quizás será necesario aclarar que un contrato reservado es una licitación como cualquier otra pero que tiene la peculiaridad de que solo pueden participar determinadas tipologías de empresas sociales.

El objetivo de este pequeño texto es analizar las principales novedades en este campo, centrándonos en cinco cuestiones de las que se desarrollarán los aspectos más importantes y que pueden tener más impacto.  Vamos allá.

1. La limitación de participación solo para centros especiales de empleo de iniciativa social

Lo primero que debemos abordar es uno de los puntos que más fricciones ha causado en el mundo de la reserva de contratos. La Ley 9/2017 incorporó la figura de los centros especiales de empleo de iniciativa social (no definió como se llaman el resto) y limitó a estos, junto con las empresas de inserción, la posibilidad de optar por contratos o lotes reservados.

Ello provocó una reacción por parte del resto de centros especiales de empleo (llamémoslos mercantiles) que escaló hasta llegar a una consulta preliminar al TJUE. Pues bien, este tribunal realizó una extraña mezcla de aceptar que esa limitación era válida, pero devolver la pelota al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, órgano que había promovido la consulta.

Este decidió lo contrario, que no estaba justificada la división y se convirtió en el primer órgano que resolvía en este sentido, ya que los distintos tribunales de contratación, entre ellos el OARC vasco, se habían pronunciado de manera favorable. Por lo tanto, podríamos decir que el marcador, a falta de la resolución de cuatro recursos de casación por parte del Tribunal Supremo que debería poner fin a las interpretaciones, todavía es favorable a los centros especiales de empleo de iniciativa social (concretamente 3 a 1 en lo que a Tribunales Superiores se refiere).

2. La disposición adicional 48ª, un unicornio jurídico

El segundo tema de interés es si dentro de la disposición adicional 48ª que regula contratos de servicios sociales, culturales y de salud a los que solo pueden presentarse empresas de la Economía Social (aunque no lo diga así directamente), puede aún limitarse la participación en función de ánimo de lucro.

En este caso, la respuesta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha sido un rotundo no para el caso de una licitación donde se limitaba la participación a entidades de protección animal sin ánimo de lucro. El razonamiento, acertado, del Tribunal es que el ánimo o no de lucro no aparece por ningún lado en la DA 48ª y que una empresa que lo tenga, pero que reparta sus beneficios en función de la participación, por ejemplo, una cooperativa, no puede quedar excluida.

3. La reserva de la reserva

¿Es posible reservar un contrato solo para una de las dos tipologías de entidades? Esa es la tercera pregunta que tiene una respuesta en la práctica (donde se hace de manera frecuente) y varias en las resoluciones de los tribunales.

En la parte positiva se encuentra el Tribunal Administrativo de Contratos de Canarias, que en su resolución 36/2020 dice que “Corresponde al órgano de contratación la facultad de determinar que licitaciones reserva a las empresas de inserción o a los Centros Especiales de Empleo, con la única limitación de que el objeto de las mismas sea compatible con la reserva a favor de éstas”.

En el otro extremo se encuentra el TARCRC que en su resolución 937/2020 le da la vuelta a un recurso de un centro especial de empleo mercantil y lo estima no en base a que pueda participar (que no puede) sino que anula la licitación diciendo que debería haberse reservado a empresas de inserción. La resolución obvia que se trata de un lote reservado, regulado en el artículo 99 donde se establece claramente un “o”, en vez del “y” que aparece en la DA 4ª.

Independientemente de la opinión de los tribunales, una buena práctica para evitar estos problemas es tener un buen acuerdo de gobierno en el que se especifique este extremo, lo cual dota a la administración contratante de una herramienta que puede usar después.

4. ¿Qué pasa con la subcontratación?

La subcontratación con empresas de inserción y centros especiales de empleo es uno de los aspectos que se explicitan en el artículo 145 de la LCSP. Sin embargo, como todo criterio de adjudicación, tiene que ser justificado y no basta simplemente con ponerlo para que sea válido, tal y como ha recordado el Tribunal de Canarias.

Además, atendiendo a las resoluciones 287/2021 y la más reciente 262/2023 del Tribunal de Madrid, hay otros dos aspectos que deben tenerse en cuenta: el primero es que no se puede establecer una subcontratación obligatoria, ya que esto es potestad del adjudicatario. Lo que si parece ser válido es que, en caso de que se subcontrate, se haga una parte con las entidades sociales beneficiarias de la reserva.

La segunda resolución aclara que el mero hecho de contemplar la subcontratación como condición especial de ejecución no convierte un contrato en reservado, ya que ello no limita la participación y no sigue el procedimiento general que se recoge en la Ley 9/2017.

De este modo, si bien la subcontratación puede ser una buena estrategia para potenciar la participación de la Economía Social, no ha de perderse de vista que han de respetarse los principios y líneas de actuación que rigen sobre ella de manera general, para que no haya problemas al establecerla.

5. La ley 7/2022: la fuerza del lobby social

Una de las mayores novedades en cuanto a la reserva de contratos es la Disposición Adicional decimonovena que establece que en cuanto a las obligaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos textiles y de muebles y enseres “al menos el 50% del importe de adjudicación deberá ser objeto de contratación reservada a Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo de iniciativa social autorizados para el tratamiento de residuos”. Este precepto, que cuenta con un gran potencial para aumentar la participación de las empresas sociales en la compra pública, ha sido la base para algunas resoluciones interesantes que merece la pena analizar, si bien brevemente.

En primer lugar, existe una estrategia, acertada en opinión del autor de este artículo, de presentar recursos cuando los concursos de residuos. Ambas pertenecen al TARC y aluden a concursos dentro de la Comunidad Valenciana pero tratan temas diferentes. Por un lado, el Recurso 989/2023 resuelve una reclamación de una entidad social sobre un contrato donde no se había hecho la división en lotes ni reservado nada del mismo. Frente a esta situación, dice el Tribunal que deberán hacerse ambas cosas.

Por otro lado, el recurso 981/2023 analiza un recurso de una empresa mercantil que se queja de que se limite la competencia al reservar un 50 %. Frente a esto, el Ayuntamiento responde que se ha limitado a aplicar la legislación vigente, cuestión que confirma el Tribunal desestimando el recurso.

Conclusión: Pasos hacia delante y cambio de foco

Como conclusión del análisis anterior podría concluirse que existen cuestiones pendientes dentro de los contratos reservados (quién puede participar), que se han dado pasos adelante (la ley 7/2022) y que los mecanismos complementarios de los contratos reservados aún necesitan puesta a punto.

Un último punto sobre el que se podría avanzar, y que se relaciona con la famosa “vinculación al objeto contractual” es precisamente el cambio en la descripción de los objetos del contrato. Los tribunales de contratación han señalado en numerosas ocasiones que la discrecionalidad técnica opera también aquí, y las experiencias de Cataluña o las Palmas de Gran Canarias introduciendo dentro de sus objetos contractuales aspectos socio-ambientales que se quieren potenciar señalan la senda por la que se podría transitar.

Imagen: depositphotos.com.

Las III Jornadas de Contratación Pública Responsable de Canarias, celebradas los días 6 y 7 de noviembre, despertaron el interés de más de 500 personas, entidades sociales y administraciones públicas de toda España, que pudieron profundizar, durante dos intensas sesiones de trabajo, en esta potente herramienta para promover la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad.

Red Anagos, organizó este encuentro, a través de su iniciativa Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias, que cuenta con el apoyo de ADEICAN y EAPN Canarias y la financiación de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias.

Durante las jornadas se puso de manifiesto el enorme potencial y, a la vez, el escaso desarrollo que están teniendo en las islas las fórmulas de contratación pública reservada a empresas sociales a las que obliga la Disposición Cuarta de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, desde hace ya cinco años.

A día de hoy, solo 9 ayuntamientos (de un total de 88) y 3 cabildos (de siete) han reservado contratos con alguna empresa social (empresas de inserción o centros especiales de empleo de iniciativa social), y el Gobierno de Canarias está aún lejos de cumplir con el 2% de reserva fijado en sus presupuestos anuales. Estas cifras indican que apenas un 14% de las administraciones locales canarias reserva licitaciones o lotes de contratos a empresas sociales.

Así lo muestran los resultados preliminares del I Informe de Situación de Contratación Pública Responsable de Canarias, elaborado por el Observatorio, y que puso de manifiesto la presidenta de Red Anagos, Alicia Silva, durante la inauguración de estas jornadas, en las que personas expertas de las administraciones, las empresas sociales, el ámbito académico y el jurídico abordaron las oportunidades para dar el necesario impulso a la compra pública responsable en Canarias.

La inauguración contó con la participación del viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil; la presidenta de la Red Anagos, Alicia Silva; la presidenta de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (ADEICAN), Eugenia de León, y el presidente de Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias (EAPN Canarias), Juan Carlos Lorenzo.

Un gasto público de 780.000 euros frente a 60 millones potenciales

El informe presentado revela también un gasto público de 3,9 millones de euros en estos cinco años entre todas las administraciones y entidades públicas de Canarias, con un total de 39 contratos reservados y efectivamente adjudicados. Esta cifra se traduciría en una inversión media anual de 780.000 euros, que quedan aún muy lejos de los 60 millones de euros que se ha estimado que en el archipiélago se podría alcanzar si se desplegara todo el potencial que tiene la reserva de contratos a empresas sociales.

Durante las jornadas se abordaron también los importantes retos que afrontan las Empresas Sociales, como la diversificación de los servicios que prestan y de los productos que ofrecen para poder aprovechar todo el potencial que ofrece la reserva de contratos establecida en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público y, a la vez, ser más competitivas en su relación con el sector privado.

Tradicionalmente se asocia a estas empresas con la prestación de servicios de mantenimiento, jardinería o limpieza, pero son muchos los ámbitos en los que pueden ofrecer su trabajo y, de hecho, ya lo ofrecen, lo que permite ampliar el número de empresas sociales y, en consecuencia, las oportunidades de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad, a través del empleo.

La importancia de fortalecer los nexos y la comunicación entre los servicios públicos de contratación y las empresas sociales ha sido una de las cuestiones en las que más se ha incidido durante estas jornadas. Se echa en falta información clara y actualizada de los productos y servicios que ofrecen estas empresas y de su capacidad para ofertarlos a la administración a través de la figura de la reserva de contratos o lotes de contratos u otras herramientas de la Contratación Pública Responsable (inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en las licitaciones, contratos menores).

Repercusión económica y social

En este encuentro se presentó también un informe sobre la repercusión socioeconómica de las empresas de inserción en Canarias y en España. Las empresas de inserción tienen el objetivo de promover la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo; solo pueden ser promovidas por entidades sin ánimo de lucro y ofrecen un empleo durante un período de tiempo limitado a un máximo de 3 años. En Canarias, el año pasado las empresas de inserción generaron al menos 605 puestos de trabajo, según los datos del propio sector.

El retorno económico y social de los empleos en estas empresas está cuantificado en 7.300 euros por cada puesto de trabajo a jornada completa, en concepto de Seguridad Social o rentas de inserción que se dejan de percibir. En Canarias, con una facturación superior a los 7,5 millones de euros, su principal fuente de ingresos son clientes del sector privado, con 4,6 millones sobre 2,8 del sector público.

Un programa intenso y dinámico

Estas III Jornadas han contado con la participación de Concepción Campos Acuña, experta en gestión pública, que habló sobre La integridad como eje de la Contratación Pública Responsable en la gestión de los Fondos Next Generation EU. Además, Jaime Gómez-Obregón, ingeniero activista en favor de la transparencia política en la contratación del sector público, intervino para relatar las dificultades con las que se encuentra la ciudadanía en general a la hora de relacionarse con las administraciones públicas y las carencias que existen en materia de transparencia, entre otros asuntos.

Por su parte, Laura Melián, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la ULL, abordó en su ponencia los derechos laborales en la contratación pública responsable. La nueva Ley de Residuos y la obligación de reserva de contratos a Empresas Sociales fue el objeto de la ponencia que compartieron Carmen Aja, directora de la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS) y Felipe Hernández. Coordinador del Departamento Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral de Ataretaco.

Asimismo, se organizaron dos talleres en los que se trabajó sobre las claves para introducir de manera eficaz condiciones especiales de ejecución en los pliegos de contratación, a cargo de Javier Mendoza, profesor de Economía de la ULL y experto en Compra Pública Responsable; y sobre la forma efectiva de concurrir a licitaciones públicas, dirigido por Juan Carlos García, abogado especialista en contratación pública y socio del despacho Melián Abogados.

Las Jornadas de Contratación Pública Responsable se consolidan en su tercera edición, con más de 500 personas inscritas, como punto de encuentro para compartir experiencias, conocer más en profundidad a las empresas sociales y evaluar también los pasos que se van dando para avanzar en esta materia. El Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias prevé celebrar en Gran Canaria el próximo encuentro.

Els propers 30 de novembre i 1 de desembre se celebraran les VI Jornades de Compra Pública Socialment Responsable, sota el títol “La urgència d’una mirada global amb Justícia Social als processos de transició ecològica”.

En un context en què s’estan evidenciant els canvis dràstics que està patint el planeta a causa de l’emergència climàtica i els seus impactes sobre els territoris d’arreu del món, des de les institucions supranacionals i locals, fins a les organitzacions de base de tot el món, es considera fonamental enfrontar la descarbonificació de les economies.

En aquesta 6a edició de les jornades, organitzada pel Grup de Compra Pública Socialment Responsable de Catalunya (GCPSR), es presentaran les oportunitats normatives actuals que poden servir per garantir el compliment dels drets humans i del medi ambient en les cadenes de valor. També es farà una crida a les administracions públiques i a la ciutadania sobre la importància que té posar la mirada, des de la coherència de polítiques, als processos de transició ecològica que s’estan proposant des del nord global.

El próximo 29 de noviembre de 9:30 a 13.30h tendrá lugar las Jornadas “Claves para la participación de pequeñas y medianas empresas para la contratación pública”

Las jornadas se realizarán en el Edificio Moneo de la ciudad de Murcia y contará con la participación de personas expertas en Contratación pública de ámbito local y Nacional. Éstas jornada están organizadas por Reas Murcia junto al Ayuntamiento de Murcia a través de su. concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo.

El objetivo de las jornadas es ofrecer un espacio de formación y encuentro en torno a aspectos técnicos y prácticos de la contratación pública responsable como son la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en los pliegos de compra y contratación de las administraciones, la reserva de mercados a entidades de la Economía Social y los hitos importantes en las licitaciones públicas que permiten el avance hacia una contratación pública más responsable.

Este Ciclo de Foros está dirigido al personal técnico y políticos de las entidades y organismos del sector público, personas y empresas, así como Agentes sociales (sindicatos, ONGD, Asociaciones, etc.).

Programa

9.30 h Bienvenida e inauguración a cargo de:

• María de las Mercedes Bernabé Pérez, Concejala Delegada de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo
• Paula Gorini, Presidenta de REAS Murcia

9.45h. Ponencia “La actualidad legislativa de la Contratación Pública Responsable” Interviene:

• Alfonso Sánchez García, profesor del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia

Presenta: Luigi Carinci, Consejero de Contratación Pública Responsable de REAS Red de Redes

10.30 h. Mesa redonda “Buenas practicas en las Administraciones y los Entes Públicos” Intervienen:

• Antonio Pallarés Boluda, Jefe del Servicio de contratación del Ayto de Murcia
• Paloma López-izquierdo Botín, Directora de la Dirección de Coordinación y Acciones Institucionales Grupo Tragsa
• J. David Pérez-Aradros Ochoa, Técnico de Administración General en el Servicio de Contratación y Responsable de Fondos Europeos del Ayto de Huesca

Modera: Paula Gorini, Presidenta de REAS Murcia

11.30 h Pausa café

12 h. Mesa redonda “El acceso de las PYMES en la contratación pública, una decisión estratégica” Intervienen:

• María José  Puche Baño, Presidenta de OMEP, Organización Murciana de Mujeres Empresarias, Profesionales y Directivas
• Alejandro Campillo, director de servicio de Feycsa, Centro Especial de Empleo
• José Manuel García Marrero, Presidente de ADEIMUR, (Asociación de Empresas de Inserción de la Región de Murcia)
• Luigi Carinci, Consejero de Contratación Pública Responsable de REAS Red de Redes

Modera: Matilde López de Haro Jefa de promoción económica.

ACCEDE directamente al FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

El próximo 9 de noviembre de 12 a 13.30h tendrá lugar el Foro Online sobre Contratación Pública Responsable: “La modificación legislativa como oportunidad: La licitación de los servicios de recogida y tratamiento de residuos”

Esta tercera y última sesión forma parte del Ciclo de foros de Contratación Pública Responsable y Economía Social y Solidaria: “Nuevas oportunidades y retos tras los cinco años de la entrada en vigor de la LCSP” que estamos organizando desde REAS Red de Redes.

Objetivos de la sesión

Desde REAS Red de Redes y, en concreto, desde el grupo de trabajo de contratación pública responsable, organizamos este ciclo de Foros con el objetivo de ofrecer un espacio de formación y encuentro en torno a aspectos técnicos y prácticos de la contratación pública responsable como son la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en los pliegos de compra y contratación de las administraciones, la reserva de mercados a entidades de la Economía Social o los hitos importantes en las licitaciones públicas que permiten el avance hacia una contratación pública más responsable.

A quién va dirigido

Este Ciclo de Foros está dirigido al personal técnico y políticos de las entidades y organismos del sector público, personas de las redes y empresas de la Economía Social y Solidaria así como Agentes sociales (sindicatos, ONGD, Asociaciones, etc.).

En este enlace puedes acceder a toda la información

ACCEDE directamente al FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Esta sesión será grabada y se subirá posteriormente al canal de youtube de REAS Red de Redes.

Para la realización de esta actividad se ha contado con la colaboración del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Los próximos días 6 y 7 de noviembre nos reuniremos en las III Jornadas de Contratación Pública Responsable de Canarias para continuar impulsando, a través de los contratos que licitan las administraciones públicas, la creación de oportunidades sociolaborales dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad.

Nos veremos en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), en Santa Cruz de Tenerife.

Las III Jornadas de Contratación Pública Responsable de Canarias están organizadas por Red Anagos, a través del Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias. Cuentan con el apoyo de EAPN-C y ADEICAN, el asesoramiento de la Fundación General de la Universidad de La Laguna y la financiación del Gobierno de Canarias.

Programa completo, panel de ponentes y toda la info en contratacionresponsablecanarias.org.

INSCRÍBETE

Materiales relacionados con el primero de los tres foros sobre Contratación Pública Responsable que organiza REAS RdR en este último cuatrimestre de 2023. Esta primera cita versó sobre “Acercamiento a la contratación pública responsable: Inclusión de criterios sociales y ambientales”.

Puedes leer y descargar aquí.

El próximo 18 de Octubre de 12 a 13.30h tendrá lugar el Foro Online sobre Contratación Pública Responsable: “Nuevos hitos en la reserva de contratos”

Esta sesión forma parte del Ciclo de foros de Contratación Pública Responsable y Economía Social y Solidaria: “Nuevas oportunidades y retos tras los cinco años de la entrada en vigor de la LCSP” que estamos organizando desde REAS Red de Redes.

Objetivos de la sesión

Desde REAS Red de Redes y, en concreto, desde el grupo de trabajo de contratación pública responsable, organizamos este ciclo de Foros con el objetivo de ofrecer un espacio de formación y encuentro en torno a aspectos técnicos y prácticos de la contratación pública responsable como son la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en los pliegos de compra y contratación de las administraciones, la reserva de mercados a entidades de la Economía Social o los hitos importantes en las licitaciones públicas que permiten el avance hacia una contratación pública más responsable.

A quién va dirigido

Este Ciclo de Foros está dirigido al personal técnico y políticos de las entidades y organismos del sector público, personas de las redes y empresas de la Economía Social y Solidaria así como Agentes sociales (sindicatos, ONGD, Asociaciones, etc.).

En este enlace puedes acceder a toda la información

ACCEDE directamente al FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Esta sesión será grabada y se subirá posteriormente al canal de youtube de REAS Red de Redes

Para la realización de esta actividad se ha contado con la colaboración del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Desde REAS Red de Redes promovemos una contratación que esté guiada por criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental. Las condiciones de trabajo dignas, el respeto a los derechos humanos, la inclusión de colectivos desfavorecidos, el respeto al medio ambiente o la igualdad de género son algunos de los valores que pueden garantizarse a través de la inclusión de los criterios sociales y medioambientales en la contratación. En otras palabras, apostamos por la contratación y compra pública responsable para conseguir objetivos sociales y ambientales comunes.

Para ello, es necesario pasar de una contratación instrumental a los procesos de licitación a una contratación estratégica, un cambio de praxis que las administración públicas deben asumir y liderar. Conscientes de la trascendencia de la contratación como instrumento para la mejora del entorno, creemos fuertemente en la colaboración con los entes y entidades públicas para acompañar e impulsar este cambio y la mejora de los procesos de contratación, a través de la formación, el intercambio de información y el seguimiento. En este sentido, desde REAS Red de Redes llevamos años realizando acciones para promover una contratación pública responsable desde la óptica de la Economía Social y Solidaria.

Con este ciclo de foros realizado por personas expertas en contratación pública responsable pretendemos seguir avanzando y profundizando en aspectos técnicos y prácticos para facilitar la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en los pliegos de compra y contratación pública y abordar los principales hitos y novedades en temas como las reservas de mercado o las licitaciones, todo ello desde una mirada retrospectiva a los últimos cinco años tras la entrada en vigor en 2018 de la LCSP.

A quién va dirigido

Este Ciclo de Foros está dirigido al personal técnico y políticos de las entidades y organismos del sector público, personas de las redes y empresas de la Economía Social y Solidaria así como Agentes sociales (sindicatos, ONGD, Asociaciones, etc.).

Programa de los Foros

• 1º FORO 21 de Septiembre de 12 a 13.30h
• 2º FORO 18 de Octubre de 12 a 13.30h
• 3º FORO 9 de Noviembre de 12 a 13.30h

Accede a más información e inscripciones aquí

Para la realización de esta actividad se ha contado con la colaboración del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El próximo 21 de septiembre de 12 a 13.30h  tendrá lugar el Foro Online sobre Contratación Pública Responsable: “Acercamiento a la contratación pública responsable: Inclusión de criterios sociales y ambientales”

Esta sesión forma parte del Ciclo de foros de Contratación Pública Responsable y Economía Social y Solidaria: “Nuevas oportunidades y retos tras los cinco años de la entrada en vigor de la LCSP” que estamos organizando desde REAS Red de Redes.

Objetivos de la sesión

Desde REAS Red de Redes y, en concreto, desde el grupo de trabajo de contratación pública responsable, organizamos este ciclo de Foros con el objetivo de ofrecer un espacio de formación y encuentro en torno a aspectos técnicos y prácticos de la contratación pública responsable como son la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en los pliegos de compra y contratación de las administraciones, la reserva de mercados a entidades de la Economía Social o los hitos importantes en las licitaciones públicas que permiten el avance hacia una contratación pública más responsable.

A quién va dirigido

Este Ciclo de Foros está dirigido al personal técnico y políticos de las entidades y organismos del sector público, personas de las redes y empresas de la Economía Social y Solidaria así como Agentes sociales (sindicatos, ONGD, Asociaciones, etc.).

En este enlace ya está disponible más información sobre la primera sesión

ACCEDE directamente al PROGRAMA y al FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Esta sesión será grabada y se subirá posteriormente al canal de youtube de REAS Red de Redes

Para la realización de esta actividad se ha contado con la colaboración del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Evolución negativa en los importes adjudicados por parte del Govern: se necesita un nuevo impulso para aprovechar el marco normativo favorable.

La Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears) hace seguimiento de la contratación pública social y propone mejoras para favorecer la actividad económica de las empresas de inserción a las que representa. Las empresas de inserción, reguladas por la ley 44/2007, tienen por objeto la integración y la formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario, a través de la realización de actividades económicas de producción de bienes y servicios.

Concretamente, REAS Balears analiza los contratos reservados de instituciones de Illes Balears para programas de empleo protegido (empresas de inserción y/o centros especiales de empleo de iniciativa social); cuya finalidad es promover el acceso al empleo de las personas con discapacidad y en situación o riesgo de exclusión social, facilitando el acceso de los programas de empleo protegido a la contratación pública.

REAS Balears presentó públicamente el 5 de julio de 2022 un informe de seguimiento de los contratos reservados del Govern de les Illes Balears entre julio de 2017 y marzo de 2022.

Ahora, en este segundo informe de seguimiento de la contratación pública social, se analizan los contratos reservados adjudicados en 2022 por parte de las diferentes instituciones de Illes Balears: Govern, consejos insulares y ayuntamientos.

Además de los resultados más relevantes de los contratos reservados analizados, el informe incluye propuestas de mejora en las que es necesario insistir para avanzar en la contratación pública social aprovechando el marco normativo favorable. Tanto a nivel europeo, como estatal y también en el Govern de Illes Balears y en los consejos insulares de Mallorca, Menorca y Eivissa existe normativa sobre contratación pública que contempla la reserva de contratos para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social.

Ya es hora que se mejore la aplicación de la normativa sobre contratos reservados en favor de la actividad de las empresas de inserción y de su contribución a la inclusión y la cohesión social.

RESULTADOS

En el caso del Govern de les Illes Balears, en 2022 se han adjudicado 20 contratos o lotes reservados a programas de empleo protegido por un importe de 1.478.842 €, lo que representa el 0,25% de los importes adjudicados en todo tipo de contratos.

La evolución anual de los contratos reservados adjudicados por el Govern de les Illes Balears muestra que no sigue el ritmo deseado:

Si cogemos el conjunto de instituciones de Illes Balears, los importes de los contratos reservados del Govern suponen el 39,11% del total de los importes de los contratos reservados adjudicados a programas de empleo protegido en 2022 (ver informe adjunto en donde se detalla un cuadro)

El informe analiza los principales servicios objeto de los contratos reservados, las entidades adjudicatarias, con la participación diferenciada de empresas de inserción y de centros especiales de empleo, y también la ponderación de la oferta económica, para valorar si se tienen en cuenta criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, tal como establece la normativa.

Finalmente se muestran casos concretos de malas prácticas en relación a los criterios económicos:

• Contrato reservado adjudicado al precio hora del personal más bajo.
• Lotes reservados desiertos por insuficiencia del presupuesto base de licitación.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Conclusiones:

• La contratación pública social en Illes Balears presenta aún un gran potencial de crecimiento, y su evolución no sigue el ritmo deseado. Necesita un nuevo impulso para aprovechar el marco normativo favorable.
• Existe una concentración de importes reservados adjudicados en pocos objetos contractuales: los servicios de jardinería, de hotelería y catering y de recogida y reciclaje de residuos suponen cerca de las dos terceras partes de los importes.
• En cuanto a las entidades adjudicatarias, no ha habido ningún contrato reservado adjudicado a empresas de inserción por parte del Govern ni de los consejos insulares. Sólo los ayuntamientos han adjudicado contratos reservados a empresas de inserción.
• Aún hay barreras para la generalización de la adjudicación de los contratos sobre la base de la mejor relación calidad-precio, y se licitan contratos con presupuestos base de licitación que no permiten cubrir costes.

Propuestas:

• Generalizar la planificación de la contratación pública social con consultas preliminares de mercado a empresas de inserción para la determinación de los objetos contractuales susceptibles de reserva.
• Generalizar la reserva diferenciada de contratos o lotes para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social.
• Mejorar el diseño de los presupuestos base de licitación para incluir los costes reales y de los criterios de adjudicación para favorecer una mejor relación calidad-precio.
• Mejorar la formación del personal de la administración que interviene en procesos de contratación.

Adjuntos:

• Informe contratos reservados 2022
• Informe contrates reservados 2022 (anexo)

Versió en català: https://mercatsocial.org/noticies/informe-seguiment-contractes-reservats-2022-reas/

La II Feria de Contratación Pública Responsable de Canarias se celebró el lunes 28 y martes 29 de noviembre en formato online. Unas jornadas que, organizadas por el Observatorio de la Contratación Pública Responsable de Canarias, se colocaron como un espacio para profundizar en los datos sobre la situación de la compra pública en el Archipiélago y dar a conocer las herramientas disponibles para que las Administraciones Públicas cumplan correctamente con la Ley de Contratos del Sector Público. Ambas jornadas se desarrollaron con éxito con más de 350 personas inscritas y la asistencia de 100 administraciones públicas distintas.

La primera jornada, celebrada el lunes 28, fue inaugurada por Javier Bermúdez, director general de Derechos Sociales e Inmigración; Alicia Silva, presidenta de Red Anagos; Eugenia de León, presidenta de ADEICAN; y Juan Carlos Lorenzo, presidente de EAPN Canarias. Silva dio la bienvenida al resto de participantes poniendo sobre la mesa el objetivo de la Feria: “necesitamos que desde la Administración Pública entiendan que estas medidas de contratación, que tienen en cuenta criterios sociales y medioambientales, pueden servir de escudo social”. Así, la presidenta de la Red canaria de entidades de promoción e inserción socio-laboral remarcó cómo una Contratación Pública Responsable “facilita visiblemente la labor de integración de personas que están en mayor situación de vulnerabilidad”.

Aunque la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) recoge la obligación de las administraciones públicas de reservar contratos a empresas sociales, el nivel de cumplimiento es muy bajo. Durante su intervención, Javier Bermúdez hizo visible la raíz de esta problemática: “Las principales dificultades vienen de la falta de conocimiento del personal técnico de estas herramientas que ofrece la LCSP, como la reserva de contratos, para la inclusión social”.

Así, la II Feria de Contratación Pública Responsable de Canarias se reafirmó como un espacio para mejorar el nivel de profesionalización del personal técnico público a través de talleres -en nivel inicial y avanzado-, mesas para compartir experiencias y foros para resolver dudas. Estas actividades continuaron durante la mañana de hoy, martes 29 de noviembre, y se complementaron con propuestas de mejora desde las instituciones públicas. Gemma Martínez, viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, adquirió durante su intervención el compromiso de la creación de un “órgano transversal formado por las consejerías del Gobierno de Canarias y las entidades y empresas sociales para mantener la comunicación interna y facilitar la concertación social”. La viceconsejera afirmó que “la creación de esta comisión es fundamental para poner en conocimiento a las Administraciones Públicas locales de cuál es la legislación vigente y cómo cumplirla” y espera que se ponga en funcionamiento próximamente.

Sobre el Observatorio

El Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias es un proyecto impulsado por Red Anagos, la Red canaria de entidades de promoción e inserción socio-laboral. Nace como un órgano con carácter crítico, de apoyo, transparente e independiente que vela por el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público. Así se convierte en un nuevo espacio para el debate, la investigación, el intercambio de ideas y la promoción de otra manera de hacer gasto público, que tiene cada vez más en cuenta el valor social y medioambiental de las compras y contrataciones de la Administración Pública y no solo el coste más bajo.

La II Feria de Contratación Pública Responsable de Canarias es el primer proyecto enmarcado en la actividad del Observatorio. En las próximas semanas, el órgano presentará su página web, en la que los usuarios podrán acceder a diferentes recursos y herramientas, así como a toda la actualidad vinculada a su actividad. En 2023 se abrirán nuevas líneas de trabajo que incluyen la investigación sobre el impacto de la contratación pública y su relación con los ODS, un servicio de asesoramiento para las AAPP y el sector privado, y un foro de la Contratación Pública Responsable.

La II Feria de la Contratación Pública Responsable de Canarias está organizada por el Observatorio de Contratación Pública de Canarias, proyecto a su vez impulsado por Red Anagos. Cuenta con el apoyo de EAPN-C y ADEICAN, el asesoramiento de la FGULL y la financiación del Gobierno de Canarias.

Participación de REAS Murcia en la Feria de Empleo y Emprendimiento

Curso sobre Contratación y compra pública responsable

El pasado 8 de septiembre, Red Anagos participó en la mesa redonda “Los retos de la contratación pública estratégica” dentro de las “Jornadas para Administraciones Locales. Una visión adaptada a los nuevos tiempos”, organizada por el Cabildo de Tenerife, resaltando el papel fundamental que juegan las empresas sociales en la Contratación Pública, y presentando el ‘Catálogo de Servicios de Empresas de Iniciativa Social de Canarias’, una herramienta que agiliza la labor a las Administraciones Públicas para caminar hacia una Contratación Pública Responsable.

Estas jornadas, organizadas por el Cabildo Insular de Tenerife, en colaboración con la FECAM, la FECAI y la Fundación Democracia y Gobierno Local y dirigidas al sector público, se celebraron los días 8 y 9 de septiembre en el Auditorio de Tenerife y abordaron, a través de ponencias, mesas redondas y talleres interactivos, cuestiones sobre Contratación Pública Responsable, gestión de recursos y los fondos Next Generation.

Junto a Red Anagos participaron en la mesa redonda Humberto Gutiérrez García, Jefe Funcional del Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife, y Jorge Sánchez, en representación de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (ADEICAN), quien enfatizó el papel que desempeñan las empresas sociales en la Contratación Pública: empresas que priorizan a las personas, generan oportunidades de empleo con valores y fomentan la economía local. Eduardo J. Calderón Piñero, vicepresidente de Red Anagos, resaltó en la mesa “el poder de cambio social que poseen las Administraciones Públicas y el impacto positivo que supone que ejerzan un uso responsable de la Contratación y/o Compra Pública”.

Esta mesa estuvo dinamizada por Javier Mendoza Jiménez, Profesor de Economía de la Universidad de La Laguna y experto en Contratación Pública Responsable, quien cerró el espacio de diálogo resaltando que ”la contratación pública supone un gasto anual entre el 15 y 20% del Producto Interior Bruto, más que el turismo a nivel nacional” y animando a las personas presentes a ejercer una buena praxis de la gestión de los fondos públicos.

Artículo de Jordi López del Grupo de trabajo de Compra Pública Responsable de REAS Red de Redes

Las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social son empresas no lucrativas promovidas por entidades del tercer sector que ejercen su función en favor de la inclusión a través de la realización de actividades económicas de producción de bienes o servicios. Analizamos el compromiso de las administraciones públicas ante éstas en sus contrataciones.

Utilizar la contratación pública en favor de la inclusión es coherente con la dimensión estratégica de la contratación pública, como instrumento de mercado clave en apoyo de objetivos sociales. El trabajo que desarrollan las empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social permite que personas pasivas perceptoras de prestaciones pasen a ser cotizantes activas, generando un retorno económico para las arcas públicas.

A pesar de las oportunidades que ofrece la contratación pública reservada, estamos muy lejos de aprovechar este potencial. La ley de contratos recoge la obligatoriedad de establecer un porcentaje determinado de contratos como reservados, pero al no concretar esta obligación deja su desarrollo al albur de cada administración. Pero incluso en administraciones que han apostado por concretar dicha obligación mediante normas propias, en la práctica nos encontramos con dificultades y retos que impiden aprovechar plenamente su potencial.

El caso de Illes Balears como ejemplo

A raíz de la publicación en el portal de transparencia de toda la actividad de contratación de la Comunidad Autónoma entre julio de 2017 y marzo de 2022, la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REAS Balears) ha hecho seguimiento de los contratos reservados adjudicados. Los resultados no son alentadores.

El Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2016, por el que se establecen directrices para la inclusión de cláusulas de carácter social en la contratación de la Comunidad Autónoma, fijó un 3% de reserva de contratos. Posteriormente, el 3 de enero de 2022, se aprobó un nuevo acuerdo, en el que se fija un porcentaje mínimo de reserva de contratos del 10%, tomando como referencia en este caso no el conjunto de la contratación sino un listado de contratos de servicios y suministros recogidos en un anexo.

Frente a un objetivo del 3% de reserva, en el período analizado se han adjudicado 77 contratos o lotes reservados sobre un total de 16.010 adjudicaciones. Eso supone tan sólo el 0,48% de todos los contratos o lotes adjudicados y un 0,21% de la totalidad de los importes adjudicados. Por tanto, en importes adjudicados sólo se ha alcanzado el 7,1% del objetivo marcado. También resulta llamativo que de los 77 contratos o lotes reservados adjudicados no se haya producido ninguna adjudicación a empresas de inserción, y que no todos los centros especiales de empleo adjudicatarios hayan sido de iniciativa social, tal como establece la normativa.

Otro aspecto analizado ha sido la baremación de la oferta económica, con una media del 85% sobre el total de la puntuación. La baremación de la oferta económica es importante no sólo porque la ley de contratos públicos establece que su adjudicación se realizará utilizando una pluralidad de criterios sobre la base de la mejor relación calidad-precio, de acuerdo con criterios económicos y cualitativos. También porque si el precio es el criterio de adjudicación predominante, las empresas de inserción no pueden competir en precio con los centros especiales de empleo porque por su regulación aplican convenios con tablas salariales superiores.

Este caso de los criterios de adjudicación ejemplariza las dificultades a las que se enfrenta la contratación pública social. Ya sea por inercia, por falta de personal o por falta de interés, es habitual que las administraciones públicas elaboren sus contratos haciendo “copy paste” de pliegos anteriores, a pesar del cambio de paradigma que supone la normativa actual sobre contratación pública: mejor relación calidad-precio como criterio de adjudicación, incorporación transversal y preceptiva de criterios sociales y ambientales, obligatoriedad de reserva de contratos…

Conclusiones extrapolables

El desarrollo normativo es condición necesaria pero no suficiente para la aprovechar el potencial de la contratación pública en favor de la inclusión social. Del análisis de la contratación pública reservada del Gobierno de las Illes Balears se pueden extraer conclusiones y propuestas de mejora que sin duda son válidas para el conjunto de administraciones públicas españolas.

Las administraciones públicas en todos sus niveles deben fijar objetivos propios de reserva de contratos. Estos porcentajes para ser realistas deben centrarse en las actividades económicas que desarrollan las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social. Pero las políticas en favor de la contratación pública social no se pueden basar sólo en desarrollo normativo; se requiere un compromiso y esfuerzo activo en diversos ámbitos: planificación, consultas preliminares, creación de registros de proveedores sociales, formación, elaboración de procedimientos, instrucciones y modelos de pliegos, seguimiento…

También es necesario generalizar las reservas diferenciadas para centros especiales de empleo de iniciativa social y para empresas de inserción atendiendo a sus características y regulación específica, especialmente a sus diferentes condiciones salariales derivadas de los convenios colectivos que aplican; así como comprobar que las empresas licitadoras cumplen los requisitos y estén inscritas en los registros correspondientes, en particular que los centros especiales de empleo sean de iniciativa social.

En relación a los aspectos económicos, los presupuestos de licitación deben incluir los costos salariales según convenio, así como los costes indirectos derivados de las medidas de formación, apoyo y acompañamiento a la inserción, y rechazar por temerarias las ofertas que no reflejen estos costes; y el diseño de los criterios de adjudicación han de mejorar la valoración de los aspectos de calidad para conseguir una mejor relación calidad-precio.

Finalmente, es necesario establecer sistemas de control y verificación de los requisitos sociales y ambientales contemplados como criterios de adjudicación o condiciones especiales de ejecución para que no acaben siendo papel mojado.

La contratación pública socialmente responsable es uno de los temas que ha cobrado fuerza en los últimos cambios legislativos y políticas públicas. Tanto la LCSP como diversas políticas han tratado de contribuir a una sociedad más justa y sostenible a través del uso de la contratación pública como un instrumento de cambio de las administraciones, las empresas y la sociedad. Sin embargo, no es una transición fácil: complejidad técnica, inercias organizativas o preocupación sobre la seguridad jurídica hacen que su crecimiento no sea tan rápido como se pudiera desear.

En el programa de hoy hablamos con Luigi Carinci, de la Red de Economía Alternativa y Sostenible (REAS), que a través de su proyecto contratacionpublicaresponsable.org trata de facilitar a todo tipo de administraciones la apuesta por este modelo. Con él hablamos de políticas públicas, estrategia, técnica, asesoría y cultura organizativa. Este podcast está realizado por el equipo de Gobierto, que ha creado Gobierto Contratación: una solución que permite gestionar el ciclo de vida de la contratación de organismos públicos integrando sus procesos con toda la información de las diferentes plataformas de contratación.

También puede verlo en vídeo:

A raíz de la publicación en el portal de transparencia del Gobierno de las Illes Balears de toda la actividad de contratación de la comunidad autónoma entre el 24/07/2017 y el 31/03/2022[1], la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REAS Balears) ha hecho seguimiento de la contratación pública social, en concreto de los contratos reservados adjudicados a programas de empleo protegido (empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social).

La ley 9/2017 de contratos del sector público establece que las administraciones fijarán porcentajes mínimos de reserva de contratos a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, a fin de favorecer el acceso al empleo de personas con discapacidad y en situación o riesgo de exclusión social.

Y en las Illes Balears, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2016 para la inclusión de cláusulas sociales en la contratación, fijó un porcentaje de reserva del 3%. Posteriormente, un nuevo Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de enero de 2022 modificó este porcentaje al 10%, pero sólo en relación a determinadas categorías de contratos recogidas en un anexo.

A través del análisis de los contratos reservados adjudicados y en función de los resultados obtenidos, REAS Balears propone mejoras para favorecer la contratación pública social a través de contratos reservados para las empresas de inserción a las que representa.

Los resultados más relevantes de los contratos reservados del Govern son:

• En el periodo julio 2017 – marzo de 2022 el Gobierno de las Illes Balears ha adjudicado 77 contratos o lotes reservados, el 0,48% de la totalidad de los contratos adjudicados, por un importe de 6.133.303 €, el 0,21% de la totalidad de los importes adjudicados en todo tipo de contratos.
• En relación al objetivo del 3% de contratos reservados fijado en el acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2016, se ha alcanzado un porcentaje del 7,1%.
• La evolución anual en el número e importes adjudicados como contratos o lotes reservados sigue una tendencia positiva entre 2018 y 2019, cae en 2020 a causa de la pandémica, y no se acaba de recuperar en 2021 a los niveles anteriores a la pandemia.
• Se han analizado los servicios y suministros adjudicados como contratos o lotes reservados, ya que su identificación en función de las actividades económicas que desarrollan los programas de empleo protegido es fundamental para garantizar su éxito.
• En cuanto a los órganos de contratación, hay un nivel muy desigual en la implantación de los contratos reservados en las diferentes consejerías y organismos del Govern.
• En cuanto a las entidades adjudicatarias de los contratos reservados, no ha habido ninguna adjudicación a empresas de inserción y no todos los centros especiales de empleo adjudicatarios eran de iniciativa social (no lucrativos), tal como es preceptivo.
• En relación a los criterios de adjudicación, a pesar que la normativa establece que se han de basar en la mejor relación calidad-precio, la oferta económica continúa siendo el principal criterio de adjudicación, con una valoración media de la oferta económica del 85%.

En función de los resultados obtenidos, REAS Balears propone mejoras para favorecer la contratación pública social a través de los contratos reservados:

• En relación a los objetivos de reserva de contratos, es más adecuado que el porcentaje de reserva se refiera a objetos contractuales más alineados con las actividades económicas de las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social, tal como contempla el nuevo Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de enero de 2022.
• Las políticas en favor de la contratación pública social no se pueden basar sólo en el desarrollo normativo; se requiere un esfuerzo proactivo que incluya: planificación de la contratación pública social, consultas preliminares de mercado, formación y sensibilización del personal, elaboración de procedimientos, instrucciones internas y modelos de pliegos…
• Generalizar las reservas diferenciadas para centros especiales de empleo de iniciativa social y para empresas de inserción atendiendo a sus características y regulación específica, tal como prevé el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de enero de 2022.
• Comprobar en el procedimiento de adjudicación que las empresas licitadoras cumplan los requisitos para acceder a contratos reservados y estén inscritas en los registros correspondientes, tal como prevé el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de enero de 2022.
• Diseñar criterios de adjudicación que mejoren la valoración de los aspectos de calidad, para conseguir una mejor relación calidad-precio.
• Constituir la Comisión de asesoramiento y seguimiento de cláusulas sociales y medioambientales prevista en el artículo catorceavo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de enero de 2022.

[1] https://www.caib.es/sites/transparencia/es/activitat_contractual/

Artículo de Albert Castillo de CAES

“Una gran desconocida y una herramienta muy potente”. Así describían la CPR Amanda Ortega y Onditz Portabella, técnicas de Opcions especializadas en este ámbito, en un reportaje publicado el 2020. ¡Y no es para menos! Se calcula que la compra de bienes y servicios por parte de las administraciones públicas supone el 14% del PIB del estado español. Una cifra que podría ascender hasta el 20%, según algunos estudios

Actualmente, la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 (LCSP) supone un marco legal favorable para la CPR, ya que obliga a las administraciones a “incorporar de manera transversal y preceptiva criterios sociales y ambientales, siempre y cuando guarde relación con el objeto del contrato.” En otras palabras, las personas técnicas y políticas están obligadas, por ley, a tener en cuenta criterios sociales y ambientales en los procesos de contratación pública.

El conjunto de la ESS y las Finanzas Éticas tenemos muy claro que este nuevo marco legal y la incorporación de estos criterios en la contratación pública supone una gran oportunidad si queremos avanzar hacia una sociedad más solidaria y respetuosa con las personas y el medio ambiente. Al fin y al cabo, la ciudadanía tenemos el derecho (y el deber) de pedir una rendición de cuentas a las administraciones públicas, fiscalizar los contratos que se hacen con el dinero público (nuestro dinero) y exigir a las personas responsables un claro compromiso con la sostenibilidad.

Además, la CPR implica una coyuntura favorable para la ESS. Tenemos una ventana para reivindicarnos como una red de empresas y organizaciones que ofrecemos bienes y servicios de calidad (también) para las administraciones, siempre poniendo el cuidado de las personas y los ecosistemas en el centro de nuestras actividades económicas.

¿Somos capaces de imaginarnos un pequeño porcentaje de la quinta parte del PIB que supone la compra pública circulando dentro de los mercados sociales? ¿Qué cambios radicales supondría para la sociedad? ¿Y si aspiramos a que una pequeña parte de este dinero sirva de motor para proyectos transformadores, solidarios y sostenibles?

Con este objetivo, la ESS ha impulsado distintas iniciativas que promueven las buenas prácticas en la contratación pública. El portal Contrata Responsable de REAS Red de Redes (REAS RdR), la colección Guías prácticas para la CPR de REAS Euskadi o el banco de recursos de buenas prácticas de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) son buena prueba de ello.

La ESS ha sido capaz de articular un sistema integral de Finanzas Éticas que abarca los servicios bancarios, el crédito, los seguros y un conjunto de instrumentos de divulgación, educación y validación las prácticas financieras éticamente orientadas.

En línea con lo anterior, Financiación Ética y Solidaria (FETS) publicó a finales de 2021 la Guía para la contratación pública de servicios financieros éticos y solidarios con el objetivo que las administraciones públicas puedan incorporar prácticas éticas y comprometidas con la sostenibilidad a través de la contratación pública de servicios financieros.

El sello EthSI y su papel en la CPR

¿Y los seguros éticos y solidarios? ¿Qué instrumentos ya existentes podemos poner a disposición que permitan al sector público llevar a cabo un consumo más consciente y responsable? Onditz Portabella nos recordaba en este mismo blog que si la CPR se complica, debemos hacerla más fácil. Por suerte, los seguros éticos y solidarios ya disponemos de una herramienta útil y con un largo recorrido que sirve para identificar las buenas prácticas dentro del sector asegurador: el sello EthSI.

Este sello es un certificado con más de una década de trayectoria. El 2008 el Observatorio de las Finanzas Éticas (promovido por FETS) desarrolló esta certificación y desde entonces un comité independiente formado por personas expertas vinculadas a la ESS y la sociedad civil evalúa si distintas entidades y productos disponen de los requisitos para ostentar el distintivo. Los aspectos que el comité tiene en cuenta están relacionados con el comportamiento ético de las organizaciones, la responsabilidad social, la inversión ética, así como la transparencia y su vinculación con la ESS y con entidades de las Finanzas Éticas, entre otros.

En 2020, algunos ayuntamientos catalanes como Monistrol de Calders (Barcelona) o Capafonts (Tarragona) ya contrataron seguros gestionados éticamente a través de contratos menores. Pero no ha sido hasta finales de 2021 que una administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Mataró, ha incorporado el sello EthSI como un criterio puntuable en dos licitaciones. A finales de febrero se notificó la resolución de los contratos públicos en los que la gestión ética y solidaria de los servicios de seguro ha sido determinante. Arç Cooperativa, parte del proyecto de intercooperación para la promoción del seguro ético CAES, será la correduría que gestionará estos contratos.

Esta apuesta se trata de una petición histórica del sello EthSI que pedía “incorporar más allá de los criterios técnicos, criterios éticos, sociales y ambientales” puntuables en las pautas de adjudicación. Desde el Observatorio de las Finanzas Éticas, se valora este hecho como un hito para una certificación nacida de la sociedad civil organizada. “Que el distintivo sirva para fomentar el consumo responsable dentro de las administraciones públicas y contribuya a dar mayor coherencia en las políticas es una muy buena noticia”, declara Sergi Salavert, coordinador del sello.

Al fin y al cabo, lo que demuestra esta resolución es que, con la voluntad política necesaria, se pueden poner en valor aspectos éticos, sociales y ambientales en las pautas de adjudicación de un contrato de seguro durante la elaboración de un concurso público.

Si reivindicamos unos seguros gestionados éticamente y promovemos que personas, entidades y organizaciones practiquen un consumo consciente cuando escojan un producto y entidad aseguradora, podemos exigir que la administración pública tenga en cuenta estos mismos criterios para el desarrollo de proyectos de contratación.

Seguros gestionados éticamente para un proyecto social y cooperativo

Otro de los aspectos más relevantes de la resolución de estas dos licitaciones del Ayuntamiento de Mataró es que supone el broche final a un círculo virtuoso entre administraciones públicas, ciudadanía, ESS y empresas mercantiles dispuestas a avanzar en materia de sostenibilidad social y ambiental.

Los seguros adjudicados corresponden al proyecto Lloguem! Yes, We Rent!. Se trata de una iniciativa impulsada por el consistorio catalán para la promoción de la vivienda de alquiler asequible en la ciudad. Con este proyecto, el ayuntamiento hace de puente entre personas propietarias e inquilinas, organizadas a través de Bloc Cooperatiu, la primera cooperativa de inquilinas de Europa, facilitando la rehabilitación de fincas antiguas, estableciendo mecanismos de seguridad para el cobro de los alquileres e incidiendo en el mercado de alquiler de la localidad promoviendo unos precios más asequibles.

El proceso de creación de la cooperativa de inquilinas ha contado con el acompañamiento de otras entidades referentes de la ESS y el cooperativismo, como la Fundació Unió de Cooperadores de Mataró, el Colectivo Ronda o la cátedra de Economía Social del TecnoCampus.

El Ayuntamiento de Mataró ha demostrado como una administración puede ejercer de agente económico tejiendo redes entre empresas y entidades de la ESS, ciudadanía y empresas convencionales a través de políticas públicas que tengan como objetivo el bienestar de la ciudadanía.

Por su parte, las entidades de las Finanzas Éticas, en este caso Arç Cooperativa, nos integramos como un elemento más este engranaje formado por la ciudadanía organizada, la ESS y la administración para promover una vivienda de alquiler asequible a través de una gestión ética y solidaria de los seguros a partir de criterios de CPR.

Como defendían Portabella y Ortega, la CPR supone un cambio de paradigma para que la “contratación pública ocupe el lugar que le corresponde como un instrumento político para el logro de la sostenibilidad económica, social y ambiental”. De este modo, se estable una coherencia entre la gestión de las decisiones de contratación y los objetivos de política pública.

Como reconoce Luigi Carinci, consejero de Contratación Pública de REAS Red de Redes, “esta inclusión de criterios éticos representa un avance significativo hacía una contratación más responsable y un hito en la toma en consideración de la certificación EthSI como referencia para la administración”.

Más allá de estar orgullosas de este hito, las entidades de las Finanzas Éticas y la ESS tenemos la obligación de leer esta noticia como una nueva oportunidad. Debemos seguir trazando estrategias de difusión y sensibilización y mantener nuestra apuesta formativa en el mayor número de ámbitos posibles.

Si los seguros éticos son una palanca de cambio y existe una oportunidad de impulsarlos a través de la CPR es nuestra responsabilidad liderar esta lucha para que las instituciones públicas, conscientes de su papel como agente socioeconómico, pongan en marcha políticas activas con carácter transformador. Al fin y al cabo, se trata de fortalecer una economía solidaria que sitúe a las personas, las comunidades y el territorio en el centro del circuito económico como única alternativa viable hacia la sostenibilidad.

Onditz Portabella, técnica de proyectos en Compra Pública Responsable en Opcions, profundiza en las implicaciones de esta práctica para el fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria (ESS), el bienestar de la ciudadanía y los principales retos para extenderla al conjunto de las administraciones públicas. Desde Opcions, Onditz y su equipo desarrollan proyectos de consultoría, investigación y formación dirigidos a la promoción y extensión de prácticas y valores de consumo responsable y de economía social y cooperativa. Una entrevista realizada por el Ajuntament de Barcelona.

En el noviembre de hace dos años, preparaste con Amanda Ortega el artículo Compra Pública Responsable: un buen tomate que puso esta práctica en la agenda de muchas personas. Así pues, ¿por qué es un buen tomate?

Teníamos un objetivo muy claro de redactar un artículo de sensibilización de compra pública que pudiera llegar a todo tipo de publico. Normalmente, cuando hablas de compra pública y sobre todo “pública” parece que haya connotaciones muy negativas detrás. La manera de romper en ese momento fue buscar un título que pueda que sorprendiera a mucha gente.

Y, sí, creemos que es un buen tomate. Es decir, la compra pública es un tema muy importante. Detrás de todos esos tecnicismos que utilizamos habitualmente en los trabajos profesionales, la compra pública está muy presente en el día día de ti y de mi, como ciudadanas, como organizaciones y que nos afecta.

Este trabajo que disteis a conocer lo continuasteis durante todo el 2021 desde Opcions, pero el trabajo viene de más allá. ¿Cuál ha sido el proceso? ¿Qué evolución habéis visto?

En Opcions hace tiempo que trabajamos el tema de la Compra Pública, los primeros trabajos son del 2018, 2019. De hecho, también trabajamos con Reas Red de Redes el tema de las modificaciones de la ley de contratación del sector público del 2017. Sí, que es cierto, que en el 2021 como cooperativa hubo una respuesta muy fuerte para poder trabajar todo el tema de la compra pública. Y lo hemos hecho de muchas maneras.

Hemos hecho estudios. Hemos hecho artículos de sensibilización. Hemos hecho asesoramientos. Hemos participado en jornadas como la que organizó REAS: las oportunidades y retos en la convergencia de ESS y las Administraciones Públicas. Hay un interés general para dar importancia a la compra y contratación pública responsable, hay muchos actores que han puesto el tema sobre la mesa, hubo un momento en noviembre que había hasta tres jornadas a nivel estatal sobre compra pública.

¿Crees que este interés más general se refleja en una mejor acogida por parte de las administraciones públicas de esta conversación? Estamos en otra fase o es todavía muy incipiente en esta parte de la relación?

Con estas cosas debemos ser pacientes por que la administración al final es una maquinaria que va muy lenta. Todavía es pronto para extraer resultados de los trabajos realizados en el 2021. Pero sí que vamos por el buen camino para continuar haciendo presión y poder ver los resultados más adelante.

Nos queda trabajo para hacer y poder acercar la compra pública a diferentes ámbitos por que no es sólo una cosa de la Economía Social y Solidaria, o del ámbito de cooperación o las empresas de inserción, sino que puede afectar a muchos otros ámbitos económicos. Hay diferentes personas a nivel político, incluso técnico que no acaban de conocer las potencialidades que tiene la CPR y la ESS en nuestros territorios.

¿Qué hace falta para hacer este paso entonces?

Después de todos estos encuentros, hemos de ser capaces de establecer un diálogo entre diferentes agentes, ya seamos personas técnicas, personas políticas, personas de un background más bien jurídico o que provengan de la responsabilidad social…hemos de establecer conversaciones que nos hagan avanzar hacia la compra pública con un paso fuerte y firme, que no sea solamente una moda sino que tengamos una visión amplia y de largo plazo.

De hecho desde Opciones habéis analizado que lo que ha hecho durante estos años que no es una cosa de ahora y habéis elaborado un particular top ten de buenas prácticas en compra y contratación ? ¿Qué destacarías?

Estamos contentas y orgullosas de este trabajo, porque además salió de la colaboración que realizamos con SETEM des de hace años y con el Ayuntamiento de Barcelona de Justicia Global. Propusimos una ficha donde en la que recoger la información de las diferentes buenas prácticas que habíamos detectado. En este sentido, no es un trabajo concreto, sino que es el resumen de los últimos años de los diferentes trabajos que hemos realizado con diferentes administraciones y que queríamos compartir para que puedan ser útiles.

Es un top ten, pero no hay una jerarquía. No hay un pliego o licitación perfecta, hemos buscado una diversidad de ámbitos, por que hemos analizado las materialidades: diferentes impactos y maneras de potenciarlo o reducirlo a nivel de la licitación. También hemos buscado que hubiera diferentes maneras de introducir las cláusulas ambientales, sociales y de buen gobierno en estos contratos. Es decir, que se pudieran ver diferentes maneras de actuar. Por último queríamos que hubiera diversidad en el territorio. El Ayuntamiento de Barcelona puede tener mucho volumen de buenas prácticas, pero hay otros territorios, muchos otros municipios que con menos recursos también pueden incluir cláusulas sociales, ambientales y de buen gobierno.

De alguna manera, si lo comparamos con un tomate, podríamos decir que podemos cocinar el tomate de diversas maneras, pero siempre puede salir una buena receta.

La metáfora del tomate continua, así como las tareas de sensibilización de Opcions. Habéis publicado siete artículos explicando diferentes detalles de la Compra Pública Responsable. (Diversidad de tomates. Capítulo 1, La transparencia del tomate. Capítulo 2, Competencia entre tomates. Capítulo 3,¿A que precio hemos de pagar los tomates?. Capítulo 4.Tomates, más allá de nuestros ojos. Capítulo 5. Vender tomates con humo. Capítulo 6.Demasiadas imágenes para un tomate. Capítulo 7). ¿Cómo sintetizarías esta serie de publicaciones?

Son una herramienta para sensibilizar no solo al público técnico sobre Compra Pública, sino también para la ciudadanía. Los artículos también dan respuesta a según que imaginarios que nos íbamos encontrando, tenemos un marco legal favorable que no nos limita pero que no conoce mucha gente. El tema de sí des de la ESS trabajamos bien por que no nos contratan? Por que no contratan a persona de aquí al lado? O porqué siempre se decide por precio? Explicamos por que tenemos asimiladas en el imaginario humano de lo que es la compra pública y qué es lo que está pasando realmente.

Hablando de territorios, está la Xarxa de Municipis per la Economía Social y Solidaria (XMESS) y el trabajo en red que hacen también en materia de contratación y compra pública responsable. ¿Cómo valoras el trabajo que están realizando?

Se ha notado en los últimos años que es un grupo creciente de municipios que están sobre todo, muy motivados por compartir los problemas que pueden encontrar en sus territorios y encontrar soluciones conjuntas.

LA XMESS trabajó con el Colegio de Secretarios e Interventores, por ejemplo, que es muy interesante también des de nuestra perspectiva por busca una alianza y una complicidad para potenciar y multiplicar la Compra Pública. Es una visión muy innovadora por que sale des de su ámbito, des de su especialidad, de su problema concreto para ir más allá, para tener estas visiones a largo plazo de las que hablábamos antes.

Otra de las cosas que pensábamos que se tenía que hacer y que finalmente, la XMESS también lo hizo junto la Xarxa d’Economia Solidària (XES), fue lr a los 140 encuentros entre personas de diferentes ayuntamientos y entidades de la ESS. Por que una de las debilidades que detectamos es el desconocimiento de los unos de los otros. Y esta fue una manera innovadora de darnos a conocer y poner en valor la profesionalidad del sector.

Dentro de esta necesidad de poner en valor la profesionalización, entra el Directorio en línea de Empresas de Economía Social, una herramienta para la búsqueda de empresas y entidades de la ESS y favorecer la compra pública social en el marco de la aplicación del decreto de contratación sostenible del Ayuntamiento de Barcelona. También el Plan Impulso de la ESS 2021-23, como la Estrategia #ESSBCN2030 contemplan contribuir en el aumento del peso de la contratación y copra pública responsable en la ESS. ¿Cómo lo ves y que haría falta para continuar avanzando?

Las acciones como el directorio son muy interesantes. Nosotras hemos trabajo directamente y cuando el directo tenga suficientemente rodaje y esté actualizado puede ser una herramienta útil para todas. Por que muestra que igual faltan ámbitos para desarrollar dentr0 de la ESS, pero que tenemos otros que pueden desarrollar trabajos en muchos otros. Por lo tanto, nos puede servir para eliminar el desconocimiento que hay en las unidades de contratación.

Además, para nosotras, nos puede ayudar a saber con quien podemos colaborar, o como podemos intercooperar, o incluso como consumidoras. Y será una cosa útil, no solo a nivel del Ayuntamiento de Barcelona, sino por que al final se traspasarán las fronteras del municipio. Pero le falta todavía rodaje. Le falta usabilidad.

Cuando hablamos de qué deberíamos hacer para continuar avanzando, también hemos de conocer bien cuáles son nuestros límites de los que se puede hacer des del nivel municipal, des de nuestras entidades. Hay cosas que tenemos que hacer de manera conjunta, por que el directorio tenga unas mejoras igual tenemos que esperar a la ley de economía social catalana, un registro de entidades de economía social, de los Centros Especiales de Trabajo de Iniciativa Social, de cosas que no podemos definir n, nosotras de manera independiente, de manera autónoma o creando una herramienta. Además hay inercias en el sistema del mercado capitalista que tampoco podemos frenar des del Ayuntamiento, hemos de saber bien cuáles son nuestras limitaciones para evitar generar frustraciones y no caer en la desmotivación.

Para no caer en la desmotivación, ¿nos puedes explicar si se pueden mitigar estas inercias des de la política municipal?

Podríamos hablar de Arbucies que es un caso ejemplar. El Ayuntamiento de Arbúcies está construyendo un nuevo banco de viviendas sociales para la gente del municipio y hay una condición de que el suministro de energía se ha de hacer a través de energía renovable. Esta pequeña condición ya limitaba el acceso a las tres empresas que dominan el mercado eléctrico. Puede que no tenga un impacto internacional, ni será la transformación por la que estamos luchando, pero es un paso. Es una manera de mitigar, mínimo a nivel del municipio, y así poder reducir las dependencias que tenemos de según que empresas que parecen ser las únicas que pueden ofrecer un servicio. Hablo de energía eléctrica, pero podría hablar de los servicios de limpieza viaria, de la recogida de residuos, de los servicios de atención social….Podemos encontrar varias cosas y maneras de buscar alternativas a las grandes empresas que son las que se están llevando el mercado de la Administración Pública, que a nivel estatal es un 23,5 % del PIB y hacerlo más equitativo, más accesible a las ESS y a las pequeñas y medianas empresas.

¿Qué tipo de trabajo queréis hacer en este 2022 para reforzar lo que habéis hecho en el 2021?

Por un lado, construir herramientas concretas que puedan ser útiles para todo el mundo, ya sea a nivel de consumidor como de Administración Pública. Y por otro lado, nos gustaría continuar trabajando acompañando administraciones, a diferentes entidades, en promoción del consumo responsable, pero no sólo en la promoción, sino en la aplicación concreta. Sería interesante reforzar el trabajo en red con las administraciones y entidades para extender, todavía más, la contratación y compra pública responsable.

IDEAS lanza un nuevo curso de formación online para entidades públicas, privadas y entidades de economía social, totalmente actualizado y gratuito: “La compra pública ética como política de desarrollo sostenible: inclusión de cláusulas éticas y de Comercio Justo en los contratos públicos”.

Este nuevo curso, que se impartirá en dos ediciones online en febrero y marzo de 2022, tiene el objetivo de formar y capacitar al personal técnico y político para facilitar la implementación de una política de contratación pública responsable, que considere criterios sociales y éticos para contribuir al Desarrollo Sostenible. Toda la información en este  enlace

Contratación Pública Ética: parte fundamental de la contratación pública responsable

La Contratación Pública Ética es parte fundamental de la contratación responsable y se refiere a los procesos de contratación que introducen criterios éticos relativos al cumplimiento de convenciones internacionales y estándares sobre condiciones laborales dignas, salarios mínimos, derechos de los trabajadores o lucha contra el trabajo infantil.

En este sentido, el sector público tiene un papel trascendental dado que las compras y contrataciones públicas representan alrededor de un 18% del PIB en España, lo cual tiene una enorme influencia en las formas de producción y gestión empresarial. Prueba de ello es que la Agenda 2030 insta a los gobiernos a garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, promoviendo prácticas de contratación de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.

La contratación sostenible es un factor determinante para alcanzar un verdadero modelo de Desarrollo Sostenible; por ello, en los últimos años se está llevando a cabo una labor de difusión, aceptación e implementación de la contratación pública responsable y ya se cuentan por decenas a las entidades del sector público y entidades de economía social que, en su papel como consumidoras, consideran criterios de tipo ético, social y ambiental en sus procesos de contratación y compra, con exitosos resultados.

Seguir profundizando en las posibilidades que ofrece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para incorporar criterios éticos y responsables en la contratación y compra será uno de los objetivos de este curso, pues para garantizar el éxito de la Contratación Responsable es esencial la formación y capacitación de los/as responsables de las diferentes entidades del sector público, privado y de la economía social sobre cómo pueden implementarla con las posibilidades que ofrece la actual normativa.

IDEAS organización pionera en el Comercio Justo y la Economía Solidaria

IDEAS es una de las organizaciones pioneras en el Comercio Justo y la Economía Solidaria en España, con amplia experiencia en consumo responsable y en el desarrollo de acciones de investigación, formación y sensibilización. Desde 2004 IDEAS coordina a nivel estatal el proyecto europeo Public Affairs (Compra Pública Ética) que tiene como objetivo fomentar la inserción de criterios de sociales y de Comercio Justo en la contratación pública. Desde entonces, IDEAS se ha convertido en un referente en compra pública responsable, desarrollando labores de consultoría técnica y contribuyendo eficazmente a que numerosas administraciones locales, regionales y la Administración General del Estado integren criterios responsables en su contratación. Además, desde hace varios años forma parte del grupo de trabajo de contratación pública responsable de REAS Red de Redes que tiene como una de sus líneas de trabajo prioritarias el despliegue de una contratación pública responsable

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Información y contacto: comprapublicaetica@ideas.coop

Esta guía tiene por objeto proponer y facilitar la inclusión de criterios de responsabilidad social y medioambiental en la contratación pública a través de procesos y productos ecológicos y kilómetro 0, promoviendo así un beneficio medioambiental evidente.

Se exponen de manera didáctica las diferentes posibilidades que ofrece la legislación de contratos públicos para proponer un clausulado con plenas garantías legales y técnicas susceptible de ser incorporado en los pliegos de contratación, planteando un procedimiento pautado, aportando un análisis jurídico y mostrando diversos ejemplos.

Dada la grave crisis ecológica que nuestro planeta soporta, la incorporación de criterios medioambientales y ecológicos en la contratación pública no debería constituir una posibilidad, sino un deber manifiesto y prioritario.

Por ello, desde REAS Euskadi, con la publicación de esta guía, proponemos a las administraciones públicas que incluyan estos criterios de responsabilidad ambiental a la hora de contratar sus obras, servicios y suministros conforme a las diferentes opciones técnicas y jurídicas existentes.

Podéis descargar la publicación aquí.

El pasado 14 de diciembre tuvo lugar la Jornada de Contratación Pública Responsable y Economía Social y Solidaria: “Oportunidades y retos en la convergencia con las administraciones”, evento virtual que ha tenido como objetivo dar a conocer la nueva web, una herramienta para facilitar la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en los pliegos de compra y contratación pública.

En esta entrevista hablamos con…

Javier Mendoza: Doctor en Economía, profesor de la Universidad de la Laguna (ULL) y enamorado de la contratación pública. Ha asesorado a entidades públicas, privadas y de la economía social en cuanto a la reserva de contratos y participa en varios proyectos financiados por el Gobierno de Canarias para la mejora de la contratación pública.

Sandra Vicente: Miembro fundadora de la plataforma Open Generation EU, que trabaja para garantizar la trasparencia y el acceso a la información en la gestión y repartición de los fondos europeos.

Jordi López: Presidente del Mercat Social Illes Balears y secretario técnico de REAS Balears.

Betlem Parès: Persona de referencia de la XMESS (Red de Municipios por la Economía Social y Solidaria) en la Oficina de Promoción Económica par el apoyo a la creación, consolidación y crecimiento de iniciativas de ESS.

Onditz Portabella: Técnica experta en compra pública responsable en OPCIONS. Ha acompañado organizaciones del sector privado y público en la evaluación del impacto de programas educativos y a la incorporación de consideraciones ambientales, sociales y de buen gobierno en la toma de decisiones.

Raúl Contreras: fundador de Nittúa dedicada a la innovación socio-económica. Impulsor y cofundador de redes de cooperación en el sector de las finanzas éticas, empresas de inserción, centros especiales de empleo y consumo responsable.

¿Cómo se vislumbra el futuro de la contratación pública en el Estado Español?

Javier:  La contratación pública se encuentra en una encrucijada. Nunca antes ha sido tan importante para la recuperación pero debe afrontarlo con una dotación de recursos tradicionalmente menguada y además con una complejidad legislativa que no ayuda. Desde el punto de vista optimista, apostaría por una simplificación de procesos para “digerir” todos los fondos que vienen y que se suman a los que hay que ejecutar de manera corriente.

Además, la tendencia desde la Comisión Europea parece ser la de poner el foco en la evaluación, y ahí existe una oportunidad para evaluar lo que se está haciendo bien y lo que no y, sobre todo, mejorar la reputación de la contratación pública y la medida de su impacto social, ambiental y económico.

Hablemos de los Next Generation: ¿Cómo se vincula con la contratación pública?

Sandra: Los fondos Next Generation EU (NGEU) son y serán una gran inyección de dinero que, según se nos ha dicho, servirán para dinamizar la economía del país y hacerla más resiliente, justa y verde para el futuro próximo. Así, ver cómo se van a llevar a cabo la ejecución de esos fondos va a ser clave para ver qué se entiende desde el Gobierno por “resiliencia” y “justicia”.

Estos fondos se van a materializar, en parte, en forma de ayudas directas, y en otra parte en forma de proyectos que van a desarrollar diversas empresas. La gran bandera de la recuperación van a ser los PERTE (colaboraciones público-privadas de toda la vida). Ver cómo se van a llevar a cabo estas adjudicaciones también va a ser determinante. Quién y por qué se lleva el dinero. Para hacer qué y cómo. En base a la decisión de quién y bajo la vigilancia de quién. Son demasiadas preguntas que, a día de hoy todavía no tienen respuesta, ya que en el Real Decreto Ley 36/2020, según el cual se regula la gestión de los NGEU, se establecían una serie de mecanismos (escasos) para garantizar la transparencia que no se están cumpliendo. Por ello, desde plataformas como Open Generation EU, nos asusta que estemos enfrentando esta gran inyección de dinero a ciegas, teniendo que confiar a la fuerza en un Gobierno que está centralizando las decisiones.

¿Qué dificultades se tienen en los municipios a la hora de implementar cláusulas sociales y ambientales? 

Jordi: La principal dificultad con la que se encuentran los ayuntamientos son las inercias administrativas y la falta de medios, lo que provoca que muchas veces elaboren los pliegos de contratación haciendo “copy paste” de pliegos anteriores sin tener en cuenta el cambio de paradigma en la contratación pública que suponen la directiva europea de 2024 y la ley de contratos de 2017 (criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, incorporación transversal y preceptiva de criterios sociales y ambientales, obligatoriedad de reservar contratos para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social…). También hemos detectado carencias en la planificación de la contratación pública con criterios sociales y en la formación del personal que interviene en los procesos de contratación, la falta de procedimientos e instrucciones técnicas y de seguimiento del impacto de las políticas de compra pública responsable, y el desconocimiento de las actividades económicas de las empresas y organizaciones de economía social y solidaria y del Tercer Sector Social (y la falta de registros de proveedores sociales).

Betlem:  Destacaría las siguientes dificultades: La principal es entender la Compra Pública Responsable como una política pública y cómo tal necesita de un posicionamiento político general. A partir de este posicionamiento, transmitir a toda la organización la importancia de la misma. Al mismo tiempo, la necesidad de hacer un trabajo conjunto entre los servicios de contratación, de secretaría y de intervención con los servicios que prestan los servicios o tienen necesidades de compras y de contratación, desde la planificación de la contratación hasta la decisión de qué tipo de contratación se hace ( reservado, etc…) y compartir cuáles son las cláusulas sociales y ambientales más adecuadas para cada contrato. En este trabajar juntos saber contar con profesionales externos expertos en clausulas sociales y ambientales. Entender que es cosa de todos y entender su importancia y sus impactos. También destaco la necesidad de hacer un seguimiento y evaluación de las contrataciones realizadas. Por último destacar que los municipios necesitan poder compartir experiencias y de ahí la importancia de la Asociación de Municipios para la Economía Social y Solidaria de Catalunya como punto de encuentro.

¿Qué beneficios aporta la economía solidaria a la administración?

Onditz:  La economía social y solidaria (ESS) huye de la visión clásica economicista para observar que la práctica productiva de sus entidades tienen beneficios que son difíciles de cuantificar económicamente pero que tienen mucho valor. La ESS muestra que otra manera de hacer economía es real y que la práctica de ésta comporta beneficios sociales y ambientales a nuestro entorno. La ESS puede aportar esa visión en la que se cuidan los procesos, más allá de la lógica resultadista del beneficio económico.

Cuando se habla de contratación pública muchas veces se piensa en el ámbito urbano ¿Qué pasa en el mundo rural?

Raúl: El medio rural no ha sido contemplado como una realidad singular en ningún momento. La redacción de la ley contiene exigencias formales que hacen imposible de facto que un pequeño municipio pueda cumplir, por ejemplo la separación entre el responsable del contrato y el gestor del expediente, la constitución de una mesa de contratación, la gestión digital sin una conexión estable,… Tampoco su singularidad le ha valido para tener una consideración diferencial como si tienen los barrios de acción preferente y situarse con una ventaja positiva en los contratos públicos. Básicamente los municipios rurales, pequeños, se han visto penalizados por las cargas de la ley y excluidos de sus beneficios diferenciales al no considerarlos una realidad singular.

¿Se os quedó algo en el tintero para una futura jornada? ¿Y en esta entrevista? 

Una jornada específica sobre otros procedimientos, ¿Qué pasa con la contratación menor? Hay más flexibilidad pero menor transparencia.

De la mano de Jaime Aznar, gerente, Laura Tenza, integradora social y dos miembros de la Junta Directiva de la Asociación, ha conocido el proceso que sigue el residuo textil en la entidad, así como el impacto positivo social, ambiental y económico que genera su gestión.

Tras visualizar el vídeo “La fábrica de las segundas oportunidades”, desde Proyecto Lázaro le han transmitido su agradecimiento por “el gran apoyo que supone Labora en el desarrollo de procesos de inserción sociolaboral para personas en situación o riesgo de exclusión social, destacando la excelente comunicación y el esfuerzo compartido con los profesionales del Servicio Valenciano de Empleo”.

De este modo, desde Proyecto Lázaro destacan que “Nomdedéu coincide con nosotros en la importancia de potenciar recursos como el nuestro, que alivian la carga de trabajo de los Servicios Sociales y acompañan itinerarios individualizados de mejora sociolaboral para personas que, sin este tipo de intervención, tendrían muy difícil acceder a un empleo normalizado, es decir, pasar de ser asistidas por el sistema a ser contribuyentes”.

Es un concepto y una definición que también lo podemos aplicar a la existencia de sellos y certificados de productos que tienen el objetivo de garantizar a la persona consumidora una compra de acuerdo con valores de sostenibilidad social y ambiental.

La ecofatiga y los sellos y certificados de productos

Los sellos y las certificaciones existen para facilitar y hacer de filtro del consumo de este tipo de productos. Detrás de la imagen y el aval de terceros, capacitan a la persona consumidora a entender que detrás de aquel producto hay unas características (comercio justo, producto ecológico, libre de tóxicos, respeto a los Derechos Humanos, etc.). Pero, las personas consumidoras, sean físicas o jurídicas, se encuentran delante de una gran cantidad de sellos y certificados, que pueden ser contraproducentes. Y, no, no es un escenario catastrofista (es totalmente real), tenemos suficiente conocimiento por saber los impactos ambientales, sociales y económicos del modelo de consumo mayoritario.

la mayoría de sellos y certificaciones son creados desde el Norte Global y muchos de ellos además están creados por la propia industria

Durante el estudio Los impactos económicos, ambientales y sociales en la gestión de los comedores de las universidades públicas de Barcelona, uno de los aprendizajes es que si bien es cierto que los estándares de certificación de un producto (sellos y certificaciones) nos pueden facilitar un consumo crítico y de comercio justo, también es cierto que crean interrogantes sobre su fiabilidad. La mayoría de sellos y certificaciones son creados desde el Norte Global y muchos de ellos además están creados por la propia industria que a la vez es denunciada por la vulneración de derechos. Son susceptibles de duda simplemente por dónde y quién los crea, y también de las posibles relaciones con campañas de greenwashing de las diferentes industrias.

La cantidad de sellos que existen en el mercado, la carencia de rigor de los mismos o la laxitud de las auditorías que hay detrás de muchos de ellos, contribuye a la confusión de las personas consumidoras que ante la duda del axioma: certificado-sostenible social y ambientalmente y una sensación de poco impacto en sus actuaciones, decide no adquirir productos certificados. De un exceso de información y un exceso de sellos el resultado se consigue la anulación efectiva de los mismos.

Los sellos y la administración

La confusión existente entre la multiplicidad de sellos y certificaciones es una rémora tanto por el consumo individual como de las administraciones. En el caso de la administración, el hecho de requerir que las empresas licitadoras cumplan con determinados sellos o requisitos similares a los que se piden a los sellos, tendría que ser garantía suficiente para satisfacer el cumplimiento de aspectos sociales y ambientales requeridos en la provisión de bienes y servicios de la administración. En este sentido, la investigación y la sistematización de sellos y certificaciones que garantizaran el origen y la debida diligencia en la provisión de productos es muy necesaria, facilitaría la rendición de cuentas a las consumidoras y así como facilitaría las medidas de seguimiento en los casos de compra y contratación pública.

¿Cómo sabemos la fiabilidad de los sellos?

En la actualidad existen iniciativas que nos pueden orientar sobre la fiabilidad de los sellos y certificados que existen en el mercado, como es el caso del proyecto suizo Labelo Info, en que los sellos y certificados logren una puntuación partiendo de la evaluación de tres criterios diferentes: nivel de transparencia, nivel de control y de certificación independiente.

En una línea similar, el proyecto Challenge the Label de ISEAL, nos propone un sistema de evaluación para poder determinar la fiabilidad de determinados sellos, y aunque no está aplicado en casos concretos, puede ser referencia para poder hacer la sistematización de los sellos y certificados más usuales en nuestros productos y servicios:

• Claridad: los sellos certificados tienen que ser directos y claros, sin aspectos que puedan desorientar o confundir al consumidor.
• Preciso: los sellos tienen que partir de la base del cumplimiento de unos criterios que tienen que ser muy definidos y cuantificados y de la existencia de una base de información consultable sobre esta.
• Relevante: los criterios tienen que ser significativos de los impactos generales y no una visión parcial de la misma.
• Transparencia: la información generada del sello o certificación tiene que ser de fácil y libre acceso.
• Robustez: existencia de controles sobre el uso de los sellos y certificaciones y que este esté hecho por terceras partes, ONG.

Hay que hacer una tarea de evaluación de los sellos y certificaciones existentes en la actualidad que permitan su uso efectivo por las consumidoras individuales como por la administración pública. No se puede poner al mismo nivel el compromiso de una declaración unilateral sobre el cumplimientos de unos requisitos que no son realmente evaluados por nadie a experiencias como Electronics Watch donde hay una monitorización directa de las cadenas de suministro de electrónica y se aseguran el cumplimiento de los derechos laborales para los compradores de los productos de electrónica.

En este enlace puedes ver todos los artículos que forman parte de este “A fondo”

Artículo de Javier Mendoza Jiménez, Doctor en Economía y profesor de la Universidad de La Laguna para El Diario.es

Dos suelen ser los motivos por los que la contratación pública suele saltar a la palestra de los medios de información: se le relaciona con una operación policial por un caso de corrupción o se inaugura algo a lo que acude una nutrida representación de cargos políticos. En los últimos meses, a raíz de la crisis sanitaria en la que todavía estamos, la importancia de esta política, que no debe olvidarse representa entre un 15 y un 20% del PIB y es el principal instrumento de gasto sobre todo para las pequeñas y medianas entidades públicas (tomo prestado el término PYMEL que he visto reflejado en Twitter), se ha acrecentado fruto de dos necesidades: agilizar las compras durante la pandemia y aprovechar los fondos europeos que vendrán para hacer algo más que otra política de gasto de efecto champagne (o cava por promocionar el producto nacional).

Es precisamente esa concepción, el de la compra pública como gasto, la que ha actuado como lastre a la hora de aprovechar el potencial de más de 200 mil millones de € anuales para generar cambios reales y que la administración pública pase a ser la locomotora y deje el papel de vagón de carbón que simplemente alimenta el tren, pero no decide dónde va.

Relacionado con lo anterior, desde principios del siglo XXI toma cada vez más fuerza el concepto de compra pública sostenible, que, de manera similar a lo que pasa con la Economía Social, va dividiéndose en distintas familias y se le van añadiendo diversos apellidos para intentar recoger toda su complejidad. De este modo, podemos encontrarnos con la compra pública social, que hace referencia a la inclusión de criterios que favorezcan tanto unas condiciones salariales dignas a las personas que ejecutan los contratos como un impacto en la comunidad, la compra pública verde, que aborda los aspectos ambientales, y más recientemente con la compra pública sostenible, que se alinea con el término más conocidos de desarrollo sostenible. Junto a ello, y con un poco más de fantasía, se riza el rizo hablando de compra pública socialmente responsable – con un Plan aprobado en 2019 del que nada se sabe – o de la compra pública ecológica, del que se está, tomando el libro de Eduardo Mendoza, sin noticias de Gurb.

Para dar un poco de orden a este breve artículo, vayamos a los orígenes de la compra pública sostenible (por usar el término que nos permita hilar esta breve reflexión). Podríamos remontarnos a la Estrategia Europa 2020, que hablaba de una contratación pública estratégica para lograr los objetivos allí recogidos, o mencionar los diferentes Libros Verdes de la Comisión Europea, las Directivas e incluso la Ley de Contratos en vigor en España, pero con todos ellos no estaríamos captando la esencia de todo este cambio.

Personalmente, y aunque parezca sorprendente, yo sitúo el origen del convencimiento de que la compra pública puede ser una herramienta estratégica para el desarrollo en 1852. Sí, hace 169 años ya existían leyes de contratos que intentaban regular el complejo panorama de la compra pública. El 29 de febrero de 1852 se público en la Gaceta de Madrid la Ley de Contratos sobre servicios públicos cuyo fin era establecer ciertas trabas saludables, evitando los abusos fáciles de cometer en una materia de peligrosos estímulos, y de garantir á la Administración contra los tiros de la maledicencia. Lo maravilloso de esta ley, además de tener solo 3 páginas de extensión, es que dejaba meridianamente claro que La Administración al celebrar contratos no debe proponerse una sórdida ganancia, abusando de las pasiones de los particulares, sino averiguar el precio real de las cosas y pagar por ellas lo que sea justo.

Ese reto de pagar por las cosas lo que sea justo se mantiene en la situación presente, que contempla una compra pública soportando sobre sus hombres el papel de dinamizar el desarrollo del país pero que se encuentra infradotada de personal y donde los datos para conocer si las cosas se están haciendo bien brillan por su ausencia. En época de big data, quizás debería darse un paso atrás y empezar a pensar en dominar el normal data en la administración a la hora de analizar las cosas.

Pero basta de panoramas sombríos, la idea de esta reflexión no es solo mostrar el camino recorrido, sino también un futuro posible. Y esa utopía para realistas que diría Rutger Bregman (aunque este autor se refiera a la Renta Básica) puede construirse sobre la base de tres preguntas que deben responder los responsables de la compra pública: ¿Qué?, ¿cómo? y, ¿para qué?

La respuesta a la primera de todas, ¿qué? suele estar relativamente clara ya que viene implícita en eso que se llama objeto del contrato y que define básicamente los servicios, suministros y/u obras que necesita la administración contratante. La segunda pregunta ¿Cómo? podría relacionarse también con la pregunta ¿a quién? y se refiere a las empresas que van a ejecutar el servicio. La Ley 9/2017 da algunos pasos en este sentido y establece, entre otras cosas, que las empresas que no cumplan la ley de igualdad y la obligación de tener un 2% de personas con discapacidad en la plantilla no puedan participar.

De igual manera, ese ¿cómo? está conectado con el tipo de productos y servicios que queremos en nuestras licitaciones, y aquí se encuentran aspectos recogidos en el artículo 145 de la Ley de Contratos como: producción ecológica, comercio justo, fomento del empleo estable, del empleo femenino, etc. Se trata, usando una metáfora alimenticia, de no comprar solo el yogurt de marca blanca natural, sino de incluir entre los requerimientos que tenga determinados sabores, que no haya explotación infantil en su producción y otras cosas de similar naturaleza.

Partiendo de esa base, para mirar al futuro falta responder una pregunta: ¿para qué?. Y en este momento es dónde entran en juego las estrategias de desarrollo sostenible que tanto se pregonan pero que están tristemente ausentes de los objetos contractuales de la compra pública. No he visto (y mira que he mirado) pliegos de contratación que hagan referencia ni a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (donde la compra pública está recogida en la meta 12.7), ni a estrategias que haya desarrollado el propio órgano de contratación. Algunas excepciones pueden encontrarse, por ejemplo, en licitaciones de la Generalitat de Catalunya, en la que se deja claro en los objetos contractuales que se quieren promover criterios sociales y ambientales.

Las continuas actualizaciones legislativas, tanto nacionales como comunitarias, dejan claro que el camino a seguir es el de una compra pública que contribuya de manera decidida al desarrollo sostenible, dónde se tengan en cuenta criterios sociales, ambientales y éticos para decidir quién debe ejecutar el contrato. Sin embargo, todavía quedan varios obstáculos por salvar: la falta de seguridad jurídica y una actitud conservadora de ciertos Tribunales de Contratación contrarios a determinados criterios sociales como la mejora de condiciones de empleo, la necesidad de medir los resultados conseguidos (yo empecé la tesis intentando responder la pregunta ¿Cuánto empleo se genera con la compra pública? y 6 años después en ello estoy todavía aunque la haya acabado), y la tan ansiada profesionalización de todos los agentes que participan.

Así que otra contratación pública (mejor) es posible. Tenemos la caja de herramientas a nuestra disposición, una legislación favorable a los cambios, una oportunidad de experimentar con los fondos europeos, un marco conceptual internacionalmente aceptado como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una ciudadanía deseosa de ver cambios, incluso unas elecciones en un horizonte no muy lejano. Dar a la compra pública la importancia que se merece por peso productivo y por potencial multiplicador redundará en beneficio de la sociedad, y allanará el camino para el desarrollo sostenible.

Mira que era fácil comprar el tomate, pero hay tantas variedades, tantos orígenes, tantas presentaciones y, en definitiva, tantos atributos que acompañan un “simple tomate”… Y, ahora que la compra y contratación pública se basa en la selección de la oferta más ventajosa teniendo en cuenta la relación calidad-precio (capítulo 1), se nos complica la cosa. Y no solo por el hecho que se tienen que buscar los criterios para hacer esta selección, sino también por el hecho que de alguna manera se tiene que garantizar que la empresa contratada por la administración siga sirviendo aquella calidad durante el tiempo que dure el contrato, sea de obras, servicio o suministro. En este control del cumplimiento de la calidad del contrato se conoce como seguimiento, pero ya podemos avanzar que se trata de un mal endémico de la compra y contratación pública a nivel local, autonómico, estatal y europeo.

Las normas del juego

Uno de los primeros problemas del seguimiento del contrato lo podemos encontrar en la misma elaboración de las normas del juego. El precio tiene que continuar siendo uno de los criterios a tener en cuenta y que tiene que dar puntos, puesto que al final es la contraprestación que dará la administración a la adjudicataria. Pero, además de esto, los poderes adjudicadores pueden incorporar en la licitación los aspectos sociales y ambientales como en las diferentes fases del contrato, tanto en la fase de preparación, la fase de adjudicación o la fase de ejecución. La coherencia entre todas estas es un elemento clave para el éxito de una buena licitación, así como diseñarlo de forma que aquellos aspectos que se incorporen tengan una efectividad real en la ejecución del contrato. De nada sirve redactar unos pliegues con múltiples cláusulas sociales y ambientales si estas no tienen una aplicación efectiva. Y, a la vez, si nos centramos solo al incorporar las cláusulas en la preparación y adjudicación no nos servirá de nada si no hay un seguimiento en su ejecución.

Algunas de estas licitadoras ya presentan proyectos sin muchas intenciones de cumplir las medidas sociales y ambientales

Son bastantes las voces que se escuchan sobre el incumplimiento, o más bien la carencia de seguimiento, de los contratos adjudicados a las empresas. Y con razón, si una empresa ha estado adjudicataria de un contrato afirmando el cumplimiento de los aspectos sociales y ambientales del contrato, es coherente requerir una rendición de cuentas de que estas medidas se estén aplicando y que no queden solo como una simple declaración de intenciones. De hecho, es un problema en cuanto que implica que la contratación en cuestión también dejaría de tener los objetivos estratégicos horizontales. Además, se desdibuja la situación de igualdad de oportunidades por la presentación de ofertas, si algunas de estas licitadoras ya presentan proyectos sin muchas intenciones de cumplir las medidas sociales y ambientales teniendo en cuenta la falta de seguimiento y control efectiva. De alguna manera, este hecho facilitaría hacer bajas en el precio y este indicador volvería a ser el decisorio de las adjudicaciones.

Por lo tanto, el diseño de los órganos de contratación tiene que ser coherente con el bien o servicio a licitar y tiene que ir acompañado de criterios de verificación, de indicadores que muestren que se logran los objetivos marcados. El seguimiento del contrato tiene que ir más allá de las reuniones de coordinación, del cumplimiento de los mínimos legales a poder ser un sistema de rendición de cuentas de las empresas adjudicatarias a la administración. ¿A que parece sencillo? Pues, el problema rae en el hecho que la incorporación de cláusulas ambientales o sociales son más costosas, y de costosas en muchos sentidos.

La aplicación

Por un lado, existe la resistencia de las empresas tradicionales a incorporar los aspectos sociales y ambientales, en cuanto que se han basado en una visión exclusivamente economicista, y la inclusión de estos aspectos la pueden ver como una limitación a su principio de autonomía empresarial y sobre todo como un coste añadido al cual no están habituadas. Esto puede acabar derivando en una hiperjudicialización del proceso y las administraciones, así como aquellas empresas que tienen más capacidad, tendrán que ser conscientes que en la incorporación de cláusulas ambientales y sociales efectivas con carácter innovador, pueden ser sujetos de impugnaciones por parte de las empresas. La existencia de resoluciones de los tribunales de contratación pública son una fuente por la justificación de posteriores licitaciones en otros municipios que verán en la jurisprudencia un argumentario fuerte para poder incorporar en sus licitaciones sin el temor a que los procesos queden parados. Y, aquí un aspecto importante, una impugnación de un servicio esencial puede ser muy problemático por la administración y por eso existe un freno en la incorporación de los aspectos ambientales y sociales. Un sector que fue sensible, pero en el que ha habido muchos avances, es el del sector de la energía, tal como se puede consultar en el estudio La inclusión de aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno a la contratación pública.

Las personas que trabajan en la redacción de los pliegues tienen que ser conocedoras de otros muchos aspectos para lograr los objetivos estratégicos de la compra y contratación pública

Por otro lado, la complejidad en la compra y contratación pública ha aumentado de manera considerable, por lo cual el personal y los recursos disponibles en la actualidad son insuficientes. No tener que centrarse en el precio implica que las personas que trabajan en la redacción de los pliegues tienen que ser conocedoras de otros muchos aspectos para lograr los objetivos estratégicos de la compra y contratación pública. En este sentido, la profesionalización de la figura de la persona técnica de compra y contratación pública es esencial, y así se recoge también a nivel de UE en la recomendación de la comisión sobre la profesionalización de la contratación pública.

En conclusión

Si el precio no es un indicador válido de calidad, tenemos que ver reflejadas en la compra y contratación pública la inclusión de aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno. Pero, esta no tiene que quedar reducida a una inclusión que sea una declaración de intenciones o que no sea efectiva. Vale más la aplicación de una cláusula donde haya una serie de indicadores de seguimiento y de logro de los objetivos, que una licitación donde estos aspectos queden anulados por el peso que se le han dado o por la carencia de seguimiento de estos. Hay resistencias tanto externas (hiperjudicialización) como internas (carencia de profesionalización), pero como hemos comentado en otras ocasiones, también hace falta que desde las diferentes entidades y la ciudadanía hagamos presión para pedir procesos transparentes para poder hacer seguimiento de los contratos otorgados y la existencia de penalizaciones aplicables por aquellas empresas que incurran en incumplimientos de contrato.

La contratación pública representa aproximadamente el 18,5% del PIB de nuestro país; este volumen económico tiene una influencia importantísima en nuestras formas de producción y modelo de desarrollo. Tal como indica la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, es necesario ejercer una Contratación Pública Responsable, incorporando consideraciones de tipo social y medioambiental en las compras y contrataciones públicas, con el objetivo de transformar nuestro modelo de producción y consumo hacia formas más sostenibles y equitativas de desarrollo.

Desde REAS Red de Redes defendemos una contratación pública que ponga los intereses de las personas por encima del coste, una contratación que esté guiada por criterios de sostenibilidad económica, cultural, social y ambiental. Las condiciones de trabajo dignas, el respeto a los derechos humanos, la inclusión de colectivos desfavorecidos, el respeto al medio ambiente o la igualdad de género son algunos de los valores que pueden garantizarse en la contratación pública a través de la implementación de cláusulas sociales y medioambientales. En otras palabras, apostamos por la contratación pública responsable para transformar nuestra economía. 

Para ello, es necesario pasar de una contratación instrumental a los procesos de licitación a una contratación estratégica, un cambio de praxis que las administración públicas deben asumir y liderar. Conscientes de la trascendencia de la contratación como instrumento para la mejora del entorno, creemos fuertemente en la colaboración con los entes y entidades públicas para acompañar e impulsar este cambio y la mejora de los procesos de contratación, a través de la formación, el intercambio de información y el seguimiento.

Con motivo de las acciones que venimos implementando durante este año 2021, desde REAS Red de Redes y, en concreto, desde el grupo de trabajo de contratación pública responsable, organizamos una Jornada para dar a conocer la nueva web, una herramienta que tiene como objetivo facilitar la incorporación de cláusulas sociales en los pliegos de compra y contratación pública de las administraciones.

La Jornada que organizamos tiene por principal objetivo dar a conocer la nueva web, una herramienta para facilitar la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en los pliegos de compra y contratación pública.

A quién va dirigida

Esta Jornada está dirigida al personal de las entidades y organismos del sector público, personas y grupos promotores que están emprendiendo en Economía Social y Solidaria, empresas de la Economía Social y Solidaria (ESS) y Agentes sociales (sindicatos, ONGD, Asociaciones, etc.).

Accede a más información e inscripciones aquí

Seguimos con más típicos y tópicos sobre la compra y contratación pública. ¿Por qué los espárragos son peruanos? ¿Por qué la ropa de mi Ayuntamiento está hecha en Malasia?

Seguro que en algún momento habéis buscado el origen de los alimentos que consumís o habéis mirado las etiquetas de la ropa que lleváis, sí, ¿no? Y si sois personas que tenéis incorporado en vuestro consumo, el consumo de ropa ética, quizás evitáis la compra en según qué establecimientos y con según qué etiquetas. No es el tema que nos toca, pero productos de consumo habitual como la ropa tienen un alto impacto ambiental. Además del impacto ambiental, a menudo la confección de ropa está hecha en países con un alto riesgo de vulneración de Derechos Humanos, y los impactos sociales también son muy elevados, como se puede consultar en la campaña Roba Neta.

Es muy importante que la responsabilidad de la Administración se extienda a los proveedores de bienes y servicios de la misma

En el caso de la ropa, hablamos de los contratos de suministros . Una vez justificada la necesidad, la Administración tendrá que desarrollar los pliegues de prescripciones administrativas y técnicas que regulan las características del proceso y del suministro. Y es aquí donde sería importante incorporar los aspectos para poder determinar las condiciones con las cuales se quiere el suministro. Y, en el caso de la ropa como otros sectores, es muy importante que la responsabilidad de la Administración se extienda a los proveedores de bienes y servicios de la misma, y que esto quede reflejado en los expedientes de contratación.

La responsabilidad de la administración

¿Por qué se pide que haya esta extensión de la responsabilidad de la Administración en la compra y la contratación pública? Este junio se cumplieron diez años de la aprobación de los principios de Empresa y Derechos Humanos (más conocidos como los principios de Ruggie), en los cuales se establecen también los nexos entre el Estado, las empresas y los derechos humanos. Los estados tendrán que adoptar medidas para proteger las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas de su propiedad, tendrán que supervisar que se cumple con las obligaciones internacionales de derechos humanos cuando contraten empresas. Finalmente, y muy importante, los estados tendrán que promover el respeto a los derechos humanos con las empresas en las cuales realizan la compra y la contratación. En definitiva, los estados podrán establecer las bases sobre las cuales se tendrá que hacer el contrato.

Las compañías son responsables y objetos de sanción cuando estén implicadas en el no respeto a los derechos humanos y el medio ambiente

En esta línea, en marzo del 2021, el Parlamento aprueba un informe de fomento de una Directiva en materia de diligencia debida en derechos humanos y medio ambiente, en la cadena de suministro, con la idea de adoptar medidas vinculantes en la UE para asegurar que las compañías son responsables y objetos de sanción cuando estén implicadas en el no respeto a los derechos humanos y el medio ambiente. Una vez aprobada la Directiva (prevista para finales del 2022), los diferentes Estados miembros tendrán que hacer su transposición al ordenamiento jurídico interno.

Recordemos que…

Detrás de la opacidad actual de las cadenas de suministro hay un alto riesgo de trabajo forzoso, trabajo infantil, contaminación ambiental o delitos financieros. Y, no hace falta que sea ropa, puesto que las vulneraciones de derechos humanos también pueden estar detrás de consumos de productos masivos como el plátano, el atún o el azúcar, tal como analizamos en el estudio: Los impactos económicos, ambientales y sociales en la gestión de los comedores las universidades públicas de Barcelona.

Y en cuanto que detrás de cada producto puede haber un alto riesgo de impacto, existen portales como CSR Risk Check que nos pueden orientar sobre los impactos en una gran variedad de productos y servicios; así como una serie de sellos y certificaciones que pueden ayudar a la compra y contratación de servicios (capítulo 6). A un nivel diferente, podemos encontrar la propuesta de ley de creación de un Centro de Empresa y Derechos Humanos para velar por la internacionalización de las empresas de la economía catalana.

La compra pública en el marco internacional

Si aterrizamos de nuevo en la compra pública, y teniendo en cuenta el marco internacional y el impacto que este tendrá, está claro que la no vulneración de los Derechos Humanos en la compra y contratación pública es fundamental y tiene que ser presente en la acción como consumidora de las administraciones públicas en todas sus áreas, siendo un aspecto transversal. El respeto a los Derechos Humanos no solo afecta las áreas de cooperación y de justicia global sino que a todos los niveles y áreas de la actuación de las administraciones. La compra pública acontece también una política al desarrollo y una herramienta de coherencia de políticas.

Uno de los problemas detectados es la carencia de conciencia por amplia parte de la población y también de la Administración. Para cambiar nuestras maneras de consumo tenemos que ser conscientes del problema y de los impactos generados por nuestro consumo. Si obviamos el conjunto de problemáticas que hay detrás del consumo difícilmente cambiaremos nuestras pautas de consumo, y lo mismo pasa con las administraciones. Si en el momento de hacer una compra y contratación no hay la reflexión y la identificación de los impactos positivos y negativos que puede tener aquella contratación difícilmente actuaremos de manera consecuente. Por lo tanto, el primer paso es aceptar los impactos y la responsabilidad que tienen nuestros actos tanto a nivel individual como de grupo. Esto tiene que ir acompañado de un control y de penalizaciones en relación con las empresas que durante la ejecución de contratos hayan estado responsables de violaciones de derechos humanos. Por este motivo, hay que presionar porque marcos legales de obligado cumplimiento como la diligencia debida sean totalmente efectivos.

El próximo 14 de diciembre de 12 a 14h tendrá lugar una Jornada Online sobre Contratación Pública Responsable: “Oportunidades y Retos actuales: convergencias entre la Economía Social y Solidaria y las Administraciones”

Objetivos de la Jornada

Con motivo de las acciones que venimos implementando durante este año 2021, desde REAS Red de Redes y, en concreto, desde el grupo de trabajo de contratación pública responsable, organizamos esta Jornada para daros a conocer la nueva web, una herramienta que tiene como objetivo facilitar la incorporación de cláusulas sociales en los pliegos de compra y contratación pública de las administraciones.

Además, durante la jornada tendrá lugar una charla en torno a la Ley de Contratos del Sector Público y su recorrido en los últimos cuatro años desde su aprobación,  así como una mesa redonda en torno a los retos y oportunidades actuales de la Contratación Pública Responsable en el contexto actual.

A quién va dirigida

Esta Jornada está dirigida al personal de las entidades y organismos del sector público, personas y grupos promotores que están emprendiendo en Economía Social y Solidaria, empresas de la Economía Social y Solidaria y Agentes sociales (sindicatos, ONGD, Asociaciones, etc.).

En este enlace ya está disponible más información sobre la jornada así como el formulario de inscripción.

Además también podrás seguir la sesión desde el canal de youtube de REAS Red de Redes

Una de las líneas de trabajo del Ekonopolo es impulsar políticas públicas -particularmente en el Ayuntamiento de Bilbao- alineadas con las propuestas de la economía social y solidaria. Una de ellas es el desarrollo de una política y una práctica de Compra Pública Responsable (CPR), como un instrumento de promoción de la cohesión social y de una economía local más equitativa, inclusiva y sostenible.

La incorporación de criterios sociales y ambientales en los procesos de contratación abre un espacio de oportunidad con un enorme potencial para orientar su impacto positivo, fomentar la responsabilidad pública y promover la innovación y eficiencia de la compra pública.

Con este fin, los pasados 14 y 19 de octubre se celebraron sendos talleres formativos en los que participaron alrededor de 40 personas de diferentes áreas y organismos municipales, en los que se presentaron las posibilidades y oportunidades que existen en este ámbito, contando para ello con el jurista y experto en la materia Santiago Lesmes.

En la apertura del primer taller, Xabier Ochandiano, Concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo en Ayuntamiento de Bilbao, señaló algunos pasos dados en esta materia como el acuerdo de reserva de mercado para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social o la participación en la red de ciudades por el comercio justo y resaltó, asimismo, la importancia de dar nuevos pasos en el impulso de la CPR en el conjunto de las áreas y organismos municipales.

El precio continúa siendo uno de los elementos decisorios más importantes para las consumidoras, nos guste o no, y es el que casi siempre es visible en nuestros ojos. Es sobre el precio que las tiendas y comercios nos interpelan con descuentos y ofertas tentadoras. Pero, despacio, vamos cogiendo hábitos de compra que quieren más información sobre el precio del producto.

No es suficiente solo saber el precio del tomate, sino que queremos conocer su origen, su variedad, si es ecológico, o lo compramos según la simpatía por el establecimiento o por la comodidad. Estos valores que incorporamos como cálculo de decisión en nuestras acciones de compra también las tiene que hacer la Administración. Es lo que decimos los criterios de adjudicación, es decir, las normas que tienen que quedar muy claras con los expedientes de compra y contratación porque todas las empresas puedan participar en condiciones de igualdad.

Ahora bien, ¿por qué esta importancia del precio?

Históricamente nos hemos basado en una visión economicista creyendo que el precio era bastante significativo para valorar la calidad de los bienes y servicios. A pesar de esto, los resultados de esta reducción al criterio precio no ha llevado a una mejora de la calidad de los servicios y tampoco ha supuesto una gestión eficiente de los recursos de la administración.

La competencia en precio de las licitadoras supone una competencia a la baja de la oferta económica y, cuando se busca exclusivamente bajas económicas, las estrategias que se pueden usar pueden tener impactos negativos con aspectos de los bienes y servicios, como por ejemplo la calidad de los materiales, en las condiciones de las personas que trabajan, en la calidad del proceso técnico, en irregularidades en las cadenas de suministro, etc. Competir en precio y escoger en precio es, en la mayoría de los casos, contrario en la búsqueda de la oferta de calidad, puesto que no incorpora el coste de las externalidades negativas que hará más ineficiente la compra y contratación. La inclusión de aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno en los criterios de adjudicación puede mejorar en la búsqueda de bienes y servicios que sean más eficientes y que no generen estas externalidades negativas.

Competir en precio y escoger en precio es, en la mayoría de los casos, contrario en la búsqueda de la oferta de calidad

Además, y en positivo, la visión economicista nos lleva a pensar que si el gasto público en compra y contratación es alrededor del 14% en la UE, la administración tiene poder decisorio como clienta de las diferentes organizaciones que quieran acontecer proveedoras de la misma. Son muchos los recursos que se destinan y por este motivo los estándares mínimos de calidad tienen que venir definidos por los poderes adjudicadores, quienes tienen que marcar cuáles son los estándares de calidad y con qué condiciones vuelan esta provisión del bien o servicio en el momento de definir sus necesidades de compra. A través de la LCSP la Administración es quien tiene la capacidad de asentar las bases de los estándares de calidad.

Si el gasto de la Administración Pública tiene que ser eficiente y económica, el precio ya no tendría que ser el indicador para hacer mover la balanza hacia una licitadora o alguna otra, y todavía menos si este no está relacionado con otros aspectos ambientales y sociales vinculados al bien o servicio que se quiera contratar por parte de la Administración.

El debate, pues, es un debate vivo.

Es cierto que muy a menudo el precio ha sido el elemento decisorio, pero no se puede negar que hay un marco legal favorable que marca el favorecimiento de otros criterios de igual o mayor importancia como es la relación entre la calidad y el precio. Por lo tanto, tendríamos que ir viendo cómo el precio deja de ser el elemento único o desestabilizador en los criterios de adjudicación.

De hecho, el cambio de perspectiva de la LCSP es de nuevo muy relevante. Si antes el marco legal era una normativa para regular el gasto público, las directivas europeas y la Ley 9/2017 ( LCSP) son una herramienta de inversión por su vertiente de política estratégica, como queda claro en el artículo 1.3. de la Ley.

Apuntamos dos de los elementos incorporados a la LCSP que facilitan esta transición y que tienen como objetivo reducir los aspectos negativos de la consideración exclusiva de los factores económicos.

En el caso de que la Administración reciba una oferta susceptible de ser inviable, tiene que permitir a la empresa licitadora justificar su viabilidad

Por un lado, se obliga a los poderes adjudicadores de servicios sociales o de carácter intelectual a utilizar una pluralidad de criterios con un mínimo del 51% de la puntuación relacionada con la calidad. Sin embargo, si el precio es común a todas las compras y contratación pública (arte 2 LCSP), los criterios de adjudicación de calidad no son válidos para todo tipo de contratación. Se tienen que cumplir determinados aspectos, tienen que quedar claros y se tienen que justificar en cada caso (art. 116.4 de la LCSP), vinculándose al objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio adquirido (art. 145 LCSP). Por ejemplo, en las licitaciones podremos diferenciar entre los criterios económicos/cualitativos y criterios automáticos/ y de juicio de valor, los cuales permiten incorporar y especificar las puntuaciones de adjudicación en varios indicadores de calidad y aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno (ASG).

Por otro lado, se incorporan en los expedientes las ofertas anormalmente bajas y la posibilidad de rechazar las mismas si no se consideran justificadas o se basan en el incumplimiento de obligaciones sociales, laborales o ambientales, tal como se incorpora en el preámbulo de la LCSP y que se desarrolla en el articulado. En el supuesto de que la Administración reciba una oferta susceptible de ser inviable, tiene que permitir a la empresa licitadora justificar su viabilidad. Cuando, además del precio, haya una pluralidad de criterios, será en cada expediente de contratación donde se tendrá que especificar qué se consideró o no como baja temeraria.

Como ya se ha descrito en otros capítulos, tenemos la normativa favorable

Pero la aplicación efectiva de la misma no es del todo efectiva y todavía encontramos licitaciones en las cuales el precio es el único elemento decisorio de la adjudicación. Por ejemplo, hay casos que a pesar de utilizar una pluralidad de criterios, el diseño de estos incurra en errores en los cuales los criterios de calidad no tienen un efecto significativo ni en la adjudicación ni ejecución de servicio; o bien otros casos en los cuales se incluyen criterios automáticos evaluables económicamente, pero que no están incluidos en el presupuesto del expediente, también conocidas como mejoras gratuitas.

Vuelve a ser vital el papel que tenemos desde la sociedad civil, desde las entidades de la economía social y solidaria, desde las pequeñas y medianas empresas de hacer tareas para exigir la aplicación efectiva de la normativa porque esta pueda tener los efectos positivos esperados, tanto en cuanto a la inclusión de los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno como para facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas en los procesos de licitación pública. Transparencia y datos abiertos vuelven a ser clave para poder hacer el seguimiento de las acciones de los poderes adjudicadores