Políticas Públicas

Tomates, más allá de nuestros ojos. Capítulo 5.

¿Qué pasa con todos los bienes y servicios que en algún momento de su proceso de diseño y de producción están realizados en países de fuera de la UE?

Fuente:OPCIONS

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Seguimos con más típicos y tópicos sobre la compra y contratación pública. ¿Por qué los espárragos son peruanos? ¿Por qué la ropa de mi Ayuntamiento está hecha en Malasia?

Seguro que en algún momento habéis buscado el origen de los alimentos que consumís o habéis mirado las etiquetas de la ropa que lleváis, sí, ¿no? Y si sois personas que tenéis incorporado en vuestro consumo, el consumo de ropa ética, quizás evitáis la compra en según qué establecimientos y con según qué etiquetas. No es el tema que nos toca, pero productos de consumo habitual como la ropa tienen un alto impacto ambiental. Además del impacto ambiental, a menudo la confección de ropa está hecha en países con un alto riesgo de vulneración de Derechos Humanos, y los impactos sociales también son muy elevados, como se puede consultar en la campaña Roba Neta.

Es muy importante que la responsabilidad de la Administración se extienda a los proveedores de bienes y servicios de la misma

En el caso de la ropa, hablamos de los contratos de suministros . Una vez justificada la necesidad, la Administración tendrá que desarrollar los pliegues de prescripciones administrativas y técnicas que regulan las características del proceso y del suministro. Y es aquí donde sería importante incorporar los aspectos para poder determinar las condiciones con las cuales se quiere el suministro. Y, en el caso de la ropa como otros sectores, es muy importante que la responsabilidad de la Administración se extienda a los proveedores de bienes y servicios de la misma, y que esto quede reflejado en los expedientes de contratación.

La responsabilidad de la administración

¿Por qué se pide que haya esta extensión de la responsabilidad de la Administración en la compra y la contratación pública? Este junio se cumplieron diez años de la aprobación de los principios de Empresa y Derechos Humanos (más conocidos como los principios de Ruggie), en los cuales se establecen también los nexos entre el Estado, las empresas y los derechos humanos. Los estados tendrán que adoptar medidas para proteger las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas de su propiedad, tendrán que supervisar que se cumple con las obligaciones internacionales de derechos humanos cuando contraten empresas. Finalmente, y muy importante, los estados tendrán que promover el respeto a los derechos humanos con las empresas en las cuales realizan la compra y la contratación. En definitiva, los estados podrán establecer las bases sobre las cuales se tendrá que hacer el contrato.

Las compañías son responsables y objetos de sanción cuando estén implicadas en el no respeto a los derechos humanos y el medio ambiente

En esta línea, en marzo del 2021, el Parlamento aprueba un informe de fomento de una Directiva en materia de diligencia debida en derechos humanos y medio ambiente, en la cadena de suministro, con la idea de adoptar medidas vinculantes en la UE para asegurar que las compañías son responsables y objetos de sanción cuando estén implicadas en el no respeto a los derechos humanos y el medio ambiente. Una vez aprobada la Directiva (prevista para finales del 2022), los diferentes Estados miembros tendrán que hacer su transposición al ordenamiento jurídico interno.

Recordemos que…

Detrás de la opacidad actual de las cadenas de suministro hay un alto riesgo de trabajo forzoso, trabajo infantil, contaminación ambiental o delitos financieros. Y, no hace falta que sea ropa, puesto que las vulneraciones de derechos humanos también pueden estar detrás de consumos de productos masivos como el plátano, el atún o el azúcar, tal como analizamos en el estudio: Los impactos económicos, ambientales y sociales en la gestión de los comedores las universidades públicas de Barcelona.

Y en cuanto que detrás de cada producto puede haber un alto riesgo de impacto, existen portales como CSR Risk Check que nos pueden orientar sobre los impactos en una gran variedad de productos y servicios; así como una serie de sellos y certificaciones que pueden ayudar a la compra y contratación de servicios (capítulo 6). A un nivel diferente, podemos encontrar la propuesta de ley de creación de un Centro de Empresa y Derechos Humanos para velar por la internacionalización de las empresas de la economía catalana.

La compra pública en el marco internacional

Si aterrizamos de nuevo en la compra pública, y teniendo en cuenta el marco internacional y el impacto que este tendrá, está claro que la no vulneración de los Derechos Humanos en la compra y contratación pública es fundamental y tiene que ser presente en la acción como consumidora de las administraciones públicas en todas sus áreas, siendo un aspecto transversal. El respeto a los Derechos Humanos no solo afecta las áreas de cooperación y de justicia global sino que a todos los niveles y áreas de la actuación de las administraciones. La compra pública acontece también una política al desarrollo y una herramienta de coherencia de políticas.

Uno de los problemas detectados es la carencia de conciencia por amplia parte de la población y también de la Administración. Para cambiar nuestras maneras de consumo tenemos que ser conscientes del problema y de los impactos generados por nuestro consumo. Si obviamos el conjunto de problemáticas que hay detrás del consumo difícilmente cambiaremos nuestras pautas de consumo, y lo mismo pasa con las administraciones. Si en el momento de hacer una compra y contratación no hay la reflexión y la identificación de los impactos positivos y negativos que puede tener aquella contratación difícilmente actuaremos de manera consecuente. Por lo tanto, el primer paso es aceptar los impactos y la responsabilidad que tienen nuestros actos tanto a nivel individual como de grupo. Esto tiene que ir acompañado de un control y de penalizaciones en relación con las empresas que durante la ejecución de contratos hayan estado responsables de violaciones de derechos humanos. Por este motivo, hay que presionar porque marcos legales de obligado cumplimiento como la diligencia debida sean totalmente efectivos.

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