La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 18 de septiembre una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno al “desarrollo de la normativa en materia de contratación pública con medidas para la implantación generalizada del Comercio Justo y la Compra Pública Ética en las administraciones públicas, organismos autónomos y demás entes públicos estatales“. Además también pide que se involucre a “aquellas empresas que se benefician de contrataciones o subcontrataciones [de la Administración General del Estado]” al objeto de cumplir con “estándares de compra empresarial responsable, considerando los criterios sociales y medioambientales a la hora de contratar bienes o servicios“.

Con ello se da un nuevo paso en el apoyo a la implementación de los criterios de Comercio Justo en las administraciones públicas españolas, y se reconoce la importancia de la compra pública ética que ya han hecho otros organismos internacionales como el Parlamento Europeo ha mostrado en reiteradas ocasiones la conveniencia de apostar por el Comercio Justo en las compras públicas.

La proposición aprobada se trata de una enmienda a una proposición no de ley presentada inicialmente por el grupo Mixto a instancia del diputado Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Si (ERC-SI). Dicha proposición ya fue presentada hace dos Legislaturas por la diputada de ERC Laia Cañigueral. Previamente había sido consensuada con la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, en concreto con el grupo de Expertos e Incidencia Política.

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