En base a este apoyo, reproducimos la declaración e invitamos a todas las redes y entidades del movimiento de la Economía Solidaria a sumarse y darle difusión.

El Tratado de la Carta de la Energía (TCE) es un obstáculo para alcanzar la transición energética que debe ser eliminado. Las organizaciones de la sociedad civil que firmamos esta carta hacemos un llamamiento a las y los líderes políticos de todos los países europeos para que prioricen las políticas climáticas, para que sean firmes con sus compromisos climáticos y, por tanto, para que inicien la salida del TCE, a más tardar, durante la celebración de la COP-26.

Los países europeos aspiran a estar a la vanguardia de la lucha climática, la Unión Europea (UE) ha adoptado compromisos climáticos ambiciosos y el Reino Unido es el país anfitrión de la COP-26. Sin embargo, forman parte de un tratado que protege las inversiones en combustibles fósiles y que permite a las compañías energéticas demandar a los Estados ante tribunales privados por medidas climáticas imprescindibles. Un fuerte consenso de la comunidad científica nos dice que continuar con la explotación de los combustibles fósiles es incompatible con unas buenas condiciones de vida en la Tierra en tan sólo unas décadas.

El TCE -ratificado en 1994, en un contexto muy diferente al actual- está blindando inversiones en petróleo, carbón y gas por valor de miles de millones de euros. Solo en Europa, la infraestructura fósil protegida por este tratado asciende a 344.600 millones de euros, más del doble del presupuesto anual de la UE. La protección de fuentes de energía que deben eliminarse de forma progresiva es incompatible con la ambición climática del Pacto Verde Europeo y del Acuerdo de París para limitar el calentamiento global a 1,5ºC.

El actual “proceso de modernización” del TCE -iniciado en 2009- está destinado al fracaso. Para asegurar que el Tratado no amenace el umbral de 1,5ºC o incluso el de 2ºC, es necesario introducir cambios significativos. Pero es poco probable que se alcancen estos cambios ya que se requiere la unanimidad de todos los países miembro del TCE. En el mejor de los casos, este proceso conducirá a otros 10-20 años de protección de combustibles fósiles. En el peor, las negociaciones se prolongarán durante muchos años más para después fracasar, dejando el clima del planeta a merced de la industria fósil. No podemos permitir que esto ocurra, necesitamos que todas las políticas e inversiones públicas sean coherentes y estén claramente orientadas hacia una transición energética justa.

El TCE disuade a los Gobiernos de tomar decisiones valientes: cualquier intento de cambiar las políticas o las subvenciones públicas en el sector energético puede dar lugar a demandas millonarias o incluso multimillonarias que se pagan con el dinero de las arcas públicas. A principios de año, la empresa alemana RWE demandó al gobierno holandés por adoptar una ley para eliminar las centrales eléctricas de carbón en 2030 y reclamó una indemnización de 1.400 millones de euros. Lo mismo ocurrió en otros países europeos: Italia fue demandada cuando rechazó un nuevo permiso de exploración petrolífera en alta mar, igual que Eslovenia cuando solicitó un estudio de impacto ambiental a una empresa de fracking. Hungría también fue demandada al reducir los precios de la electricidad para luchar contra la pobreza energética.

Los Gobiernos no pueden tener las manos atadas ante la emergencia climática. Tienen que ser libres para deshacerse de las garras de la industria fósil y para adoptar medidas encaminadas a transformar la economía y a adaptarse a los impactos de la crisis climática. Pero todo esto no es posible con el TCE, es un callejón sin salida.

El próximo mes de noviembre, los Gobiernos se reunirán en Glasgow para adoptar nuevas medidas climáticas más ambiciosas. El TCE no es compatible con este objetivo. Más de un millón de ciudadanos y ciudadanas de toda Europa han apoyado en lo que va de año una petición para pedir a la UE la salida del TCE.

Hoy, más de XXX organizaciones medioambientales, climáticas, de desarrollo, consumidoras/os, sindicatos, organizaciones jóvenes y activistas, pedimos a todos los gobiernos europeos y la UE que abandonen el TCE durante la COP-26 y que detengan su expansión en los países del Sur Global.

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