La semana pasada acudimos a la presentación de RE-VISTE, el nuevo Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor en el que están los grandes productores de textil y calzado que operan en nuestro país; Inditex, Decathlon, H&M, Ikea, Kiabi, Mango, Tendam, Sprinter, El Corte Inglés y Primark. Era una cita con mucha expectación, ya que desde el anuncio de su creación en enero de 2023, todo el sector esperaba conocer detalles de esta asociación para la gestión del residuo textil sobre cómo y cuándo comenzará su actividad.

De momento, Re -viste es el primer sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor en textil que se ha conformado en nuestro país, y todo apunta a que será el que tenga mayor impacto en la gestión. Aunque puede que se conformen otros, como es el caso de Gerescal, un SCRAP conformado específicamente para la gestión de los residuos del calzado; con quien AERESS ya ha estado en contacto y cuenta con cauce de colaboración.

En el encuentro que tuvo lugar en la Real Fábrica de Tapices en Madrid, se abordaron las oportunidades y desafíos de este nuevo sistema de gestión circular de residuos textiles y calzado, que aunque se ha constituido con algo de antelación a que entre en vigor la normativa, “llega tarde al partido” como destacó Jose Luís Gallego, naturalista y escritor que participó en el evento con una charla inspiradora. La industria textil en las dos últimas décadas se ha convertido en una de las más contaminantes y de las más intensivas en  el uso del suelo y del  agua. Y es que el reto de manejar el volumen de estos residuos es tan incierto como complejo. Por un lado, el crecimiento estimado de la producción en el sector textil y por tanto el aumento del residuo generado (se estima que en 2030 aumente un 48% el volumen de estos residuos). Y por otro, el impasse normativo a la espera de que salga el Real Decreto que debe transponer la normativa europea sobre la responsabilidad ampliada del productor.   Esto hace que Re-viste tenga más dudas que respuestas hasta la publicación de dicho Real Decreto, prevista como pronto para abril de 2025. Además, una vez publicado, existe un periodo de carencia de entre “doce y treinta meses” hasta que las empresas deban empezar a pagar por lo que ponen en el mercado y hasta que deban empezar a recoger.

Según las palabras de Juan Ramón Meléndez, director general de la Asociación para la Gestión del Residuo Textil: “la intención del SCRAP es seguir fielmente la jerarquía del residuo, es decir, primero reutilización y después reciclaje”. En la presentación también se destacó que Re-viste nace con vocación de: Utilidad, integración y servicio. Y en este sentido, su director general apuntó la importancia de complementar lo que ya se ha construido, conscientes del trabajo y experiencia de las entidades que llevan operando en la gestión de residuos textiles desde hace ya muchas décadas, y tener en cuenta todo lo que ya funciona de manera apropiada. Siempre incidiendo en un funcionamiento transparente,  la trazabilidad y el reporte de todas las etapas de la cadena de valor del residuo textil debe seguir siendo clave.

Lo más destacado fue el anuncio de que llevarán a cabo una prueba piloto que dará comienzo en 2025 y que permitirá evaluar la efectividad y la operatividad del sistema.

Se realizará en seis municipios españoles: dos urbanos (de más de 50.000 habitantes), dos rurales (de menos de 5.000 habitantes) y dos semiurbanos (entre 5.000 y 50.000 habitantes), con características diversas, entre ellas la insularidad. En total, se dará cobertura a entre 250.000 y 300.000 habitantes, según sus cálculos. Y los canales de recogida incluirán la instalación de contenedores en vía pública y en puntos limpios municipales. Y además, se habilitarán puntos de recogida en espacios privados como centros comerciales, tiendas, colegios y parroquias, facilitando la participación ciudadana.

El evento contó con un panel con representantes de las diferentes partes interesadas:

• Marta Gómez Palenque, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, destacó la importancia del marco de la Ley 7/2022, del Real Decreto y de la Directiva Marco Residuos. Y expresó la demanda de que el SCRAP sea el instrumento para la transición a la circularidad del sector y que la transparencia y reporte de datos de su actividad sean absolutos.
• Cristina Montalvá, directora general de Igualdad y Políticas Locales de la FEMP. Destacó la importancia de ofrecer un buen servicio de recogida (4 o 5% de los residuos sólidos recogidos son textiles) y de la financiación de los scraps a los ayuntamientos. Para lo que  es fundamental que el SCRAP conozca las necesidades de los mismos y puedan trabajar en coordinación, como ya están haciendo para la organización del piloto de gestión.
• Albert Alberich, director de Moda re (Cáritas) destacó la urgencia ante un momento de gran inestabilidad en Europa del mercado textil que requiere tomar medidas para evitar el colapso. También indicó la necesidad de evitar malas prácticas, de priorizar la clasificación y que la operativa de este nuevo sistema sea previsible, que dé estabilidad a las entidades sociales dedicadas a la gestión del residuo textil.
• Ana Rodes, directora de Sostenibilidad de Recover, subrayó la importancia de la coordinación de todos los agentes y del fomento de las prácticas de ecodiseño, para lo que es necesario educación y formación de los profesionales (equipos de diseño, compras, retailers…).
• Carmen Redondo, directora de Relaciones Institucionales de Hispacoop, añadió a todo lo anterior la importancia de no perder el foco en el cumplimiento del objetivo para el que se ha creado RE-VISTE y en que la transparencia va generar la confianza de los consumidores, mostrando preocupación sobre los costes que va a suponer este cambio a la ciudadanía. Además incidió en que el sistema sea participativo para todos los actores involucrados y en el apoyo a la sensibilización.

Contenerización, recogida, clasificación, reutilización y reciclaje son las fases del proceso del textil que gestionará Re-Viste. Estas se realizarán en coordinación con los ayuntamientos, con los que se lanzarán concursos públicos para contratar empresas adjudicatarias de una o de varias fases. Para la fase de recogida, es posible que se plantee  un “sistema coordinado” a través de cuatro vías. Las dos primeras vías corresponden al entorno municipio y serán contenedores en la vía pública y los puntos limpios que los ayuntamientos tienen en diferentes ciudades (Re-viste calcula que será necesaria la instalación de un contenedor por cada 1.200 habitantes de España). La tercera y cuarta vía, en cambio, están fuera del ámbito municipal y son las tiendas de las marcas y puntos de recogida como parroquias, colegios o centros comerciales. En la fase de tratamiento y clasificación, las empresas adjudicatarias deberán hacerse cargo de la selección de los residuos, separándolos entre prendas que puedan tener una nueva vida y aquellos residuos que deban ser destinados a reciclaje. Esta fracción de residuo será vendido por parte de Re-Viste a empresas recicladoras, teniendo en cuenta criterios económicos y técnicos.

A todas luces, el reto que tiene este SCRAP por delante es pluridimensional, afectará a todos los agentes implicados en todas las fases de la cadena de valor del textil. Desde la posición de las entidades de economía social y solidaria, que llevan décadas trabajando en la  gestión del residuo textil (todas juntas representan más del 60% del total de lo que se recoge en nuestro país), confiamos en que el Real Decreto fije unas normas claras y directas para regular la actividad del SCRAP que garantice el buen funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos marcados.Para ello es fundamental, tal como se expuso en su presentación, que RE-VISTE mantenga su  vocación de complementar el sistema actual. Y para ello,  deberá apoyar a las entidades de la economía social en las mejoras y preparación necesaria ante el crecimiento del volumen de recogida y tratamiento del textil, y deberá abrir su estructura organizacional a la participación real, en la que exista un espacio o comité de “partes de interesadas”, compuesto por entidades locales, asociaciones ambientales, de consumidores y asociaciones de gestores de residuos de las empresas de sociales, para garantizar una actividad y participación abierta y transparente. De esta manera, la transición a la circularidad será verdaderamente sostenible y justa sin dejar a nadie atrás.