Publicamos el informe Textile Watch: La necesidad de un mecanismo de monitoreo, con la intención de analizar la compra pública textil catalana e identificar oportunidades para que las administraciones públicas ejerzan su capacidad de influencia y cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Con esta investigación damos los primeros pasos para implementar estructuras de monitoreo en la contratación pública catalana en el sector textil. Son muchos los departamentos y organismos de la Generalitat de Catalunya, así como otras administraciones locales, que adquieren productos textiles.

Sabemos que la industria textil se caracteriza por una fuerte subcontratación: el origen de las materias primas y las fábricas donde se producen se encuentran principalmente en países del Sur Global. Además, el seguimiento de la trazabilidad del producto en el sector textil es especialmente complejo.

Las empresas externalizan a países del Sur Global sus costes sociales y ambientales, y minimizan los costes de producción a costa de no garantizar los derechos laborales en sus cadenas de valor. La globalización de la economía y la liberalización del comercio han
hecho que las cadenas de suministro se vuelvan muy largas, complejas y poco transparentes, dificultando conocer las vulneraciones de derechos que se producen.

Esto afecta a las personas consumidoras individuales, pero también, y en mayor medida, a las administraciones públicas que tienen un gran peso en la compra de productos. La contratación pública representa un 14% del PIB de la Unión Europea y, en Cataluña, representa más del 30% del total del gasto público. Solo durante el año 2024, la Generalitat de Catalunya y su sector público han adjudicado 16.529 contratos que representan un importe total de más de 4.121 millones de €. Las administraciones tienen la capacidad de influir en los comportamientos de las empresas a través de la contratación pública y deben tener en cuenta este comportamiento al formalizar nuevos contratos. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP) permite y promueve que se introduzcan aspectos sociales, ambientales y laborales como criterios de adjudicación y como condiciones especiales de ejecución.

Para llevar a cabo la investigación, se ha analizado la contratación textil en Cataluña con un enfoque extraterritorial, la procedencia geográfica de los productos textiles en la compra pública catalana y los riesgos para los principales países de origen: Pakistán, India y Bangladesh. Asimismo, el informe presenta un breve análisis estrictamente jurídico de las normas aplicables con implicaciones para la contratación pública en el sector textil y se
analiza el actual momento político de la Unión Europea respecto a las nuevas perspectivas normativas.

El informe, elaborado por el CEDAT con ayuda de la Universidad de Sussex, se enmarca en el proyecto de SETEM Catalunya, financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo: “Traçant camí cap a la justícia global”.

Una de las principales recomendaciones que se desprende del informe es la importancia de incluir cláusulas de transparencia en las licitaciones, que permitan saber dónde se fabrican los productos que se compran en Cataluña. Este sería un primer paso imprescindible para poder conocer los riesgos asociados. A medio plazo, se podría ir más allá e incluir cláusulas que exijan a los contratistas realizar un seguimiento y monitoreo continuo sobre sus proveedores, que garantice que respetan los derechos humanos y el medio ambiente. Las administraciones deberían entonces prever procedimientos de control del cumplimiento de las condiciones de ejecución sociales y ambientales. El desarrollo de una iniciativa de seguimiento y mejora de la contratación pública socialmente responsable en el sector textil (Textile Watch) permitiría conectar compradores públicos y organizaciones de la sociedad civil de los países de fabricación y facilitar esta labor.

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