• Vivienda, crisis climática, cuidados y cultura centran un ebate que reclama marcos legales, financiación estable y reconocimiento para la cooperación público-comunitaria.
• Entre las líneas de acción se propone la creación de un Observatorio de coproducción público-comunitaria para fomentar políticas públicas basadas en las experiencias economía social y solidaria.

Más de 100 personas, entre responsables y personal técnico de la Administración pública y representantes de decenas de cooperativas, redes comunitarias y organizaciones sociales, se han reunido hoy en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en el Foro Estatal COOPUBLIC «Administraciones que cooperan, territorios que avanzan».

El encuentro, organizado por REAS Red de Redes, ha sentado en la misma mesa a representantes de los ministerios de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Trabajo y Economía Social; Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Cultura y Sanidad, con un objetivo común: pasar de las experiencias concretas a políticas públicas que se puedan aplicar, evaluar, replicar y proteger. La pregunta que ha atravesado toda la jornada es cómo mejorar las políticas públicas incorporando el conocimiento y las capacidades que ya existen en los territorios. Vivienda, transición energética, cuidados, alimentación o cultura son retos que ninguna institución puede afrontar en solitario, y en los que comunidades energéticas, cooperativas de vivienda, redes de cuidados o sistemas alimentarios de proximidad llevan años construyendo respuestas.

Seis territorios, un foro estatal

El foro ha cerrado un recorrido por Catalunya, País Valencià, Euskadi-Nafarroa, Illes Balears y Canarias, donde administraciones y entidades de la Economía Social y Solidaria han compartido durante meses experiencias de cooperación público-comunitaria. La jornada de hoy ha servido para poner en común esos aprendizajes y presentar los principales resultados del proyecto.

La apertura ha corrido a cargo de Zaloa Pérez, consejera de REAS Red, quien ha compartido la satisfacción de la amplia y favorable respuesta que ha tenido tanto el foro como el ciclo y el proyecto completo, que en los últimos años ha articulado a centenares de personas de las Administraciones y sociedad civil en formaciones, talleres y encuentros.

Parte de estos resultados han sido presentados por Joan Manuel Sánchez, de la cooperativa ILABSO-Olma, quien ha compartido el panel de políticas públicas locales recientemente publicado, estudio que analiza la presencia de la economía social y solidaria en la acción municipal. Joan ha compartido algunas de los principales resultados como que el 90% de los municipios participantes declara contar con alguna política de ESS, aunque solo la mitad la sitúa en la agenda «de forma clara y decidida». El 40% mantiene una relación estable con el tejido de ESS, pero apenas el 23% dispone de un diagnóstico. Las carencias de recursos son la principal barrera que arroja el estudio: Solo el 37% cuenta con personal específico y casi la mitad (47%) no ha formado a su plantilla en ESS. Ante estos datos Sánchez ha concluido que es necesario trabajar prioridades pero también conocimiento para llevarlas a cabo”.

A continuación José Luis Casadavante-Kois, del Foro Transiciones, ha presentado el estudio Llaves para una puerta que todavía no existen donde se define el modelo de cooperación público-comunitaria como el desarrollo de marcos de colaboración estables y transparentes entre administraciones y tejidos sociales, guiados por la ausencia de ánimo de lucro y por principios de justicia, equidad, universalidad y sostenibilidad. Por eso reclama un marco de relación diferenciado del que hoy rige con el tercer sector o el cooperativismo, una demanda que, según subraya, «no es una cuestión terminológica sino política». A partir de ahí, el estudio propone diez llaves para abrir esa puerta. Entre ellas figuran las innovaciones democráticas, como la ILP del Mar Menor, el refuerzo de la autoorganización comunitaria, la gestión ciudadana de equipamientos y los partenariados público-cooperativos, con ejemplos como Hernani Burujabe. El estudio cierra con una invitación a imaginar nuevas institucionalidades y a abrir «una gran conversación».

Cuatro ministerios y la sociedad civil, en la misma mesa

El plato fuerte de la mañana ha sido la mesa de debate político-social, en la que cuatro responsables de la Administración General del Estado han dialogado con representantes de redes de economía solidaria, movimiento vecinal y sociedad civil organizada en una mesa dinamizada por la periodista de El Salto, Sara Plaza.

David Perejil, director de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha subrayado que lo común y lo público comparten «una matriz común» ligada a los bienes públicos más esenciales, con «mucho espacio» para que la sociedad se apropie de ese marco. Ha señalado la Estrategia de Desarrollo Sostenible como una herramienta para construir un diagnóstico compartido y ha puesto la compra pública como ejemplo de cómo, dentro del marco rígido de las leyes, caben adaptaciones innovadoras que abren espacios sociales. Frente a la desigualdad y el cambio climático, ha defendido una economía que mire «más allá del PIB» y ha concluido que «la economía social y solidaria está creando bienestar».

Por su parte, Jaime Iglesias, comisionado especial para la Economía Social, ha agradecido a REAS que anticipe debates y obligue a las administraciones a «ponerse las pilas». Ha recordado que la economía social y solidaria «no es un sector, es una forma de hacer política» que debe estar presente en todos los ministerios, y ha citado ámbitos en los que ya es punta de lanza, como las comunidades energéticas o la vivienda cooperativa. En el terreno normativo, ha puesto en valor los PERTE como herramienta de financiación y la Ley integral de economía social, que eleva la reserva de contratos para estas entidades del 10% al 15%. Pero la ley, ha advertido, no basta por sí sola: muchas administraciones todavía no cumplen ese porcentaje, por lo que el reto ahora es dotarse de herramientas de fiscalización que garanticen su aplicación.

Desde la Oficina Española de Cambio Climático, María Sintes Zamanillo, jefa de servicio, ha puesto el foco en el papel de las comunidades locales ante una crisis climática cada vez más presente. Ha destacado experiencias de colaboración público-comunitaria en prevención de incendios y en restauración de ecosistemas. También ha subrayado el valor de las redes vecinales que vigilan, cuidan y median sobre el terreno, una labor que, a su juicio, resulta «fundamental para ampliar los recursos de las administraciones». Pero su reflexión de más calado ha sido sobre la gobernanza. El cambio climático obligará a tomar decisiones complejas sobre qué priorizar y a quién proteger, y esas decisiones tendrán una legitimidad muy distinta si se toman de forma compartida, como ya ocurre en algunos procesos colectivos sobre el retranqueo del litoral.

Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura, ha situado la relación entre la economía social y solidaria y los derechos culturales en un objetivo compartido: la profundización democrática. En un contexto de policrisis actual, donde las instituciones y la propia democracia están en cuestión, ha defendido que «no demos un paso atrás», sino que «redoblemos la apuesta». Para Beirak, la cultura no solo transforma los imaginarios: es «estratégica en la materialidad de los vínculos y la organización colectiva», porque ofrece el lenguaje para entender, interpretar e intervenir en la realidad. Por eso ha celebrado la noción expandida de lo público que propone el foro y la cooproducción pública-comunitaria, para que la administración esté «al servicio de lo que está fuera de la institución», algo que en cultura, ha concluido, no puede ser de otra manera.

La voz de la sociedad civil

Luigi Carinci, presidente de REAS Red de Redes, ha comenzado presentando la red no solo como una organización representativa, sino como un movimiento que defiende «otra forma de hacer economía». Desde ahí ha reivindicado su papel como motor de innovaciones que han ido más allá del marco normativo del momento y han abierto caminos hacia otros escenarios de intervención posibles. En este contexto, ha subrayado que la colaboración público-comunitaria es una herramienta clave para el cambio de modelo que se necesita. «Nuestra experiencia nos ha enseñado que ningún actor puede afrontar por sí solo los desafíos actuales», ha afirmado. «Si queremos una economía al servicio de la vida y del planeta, la colaboración no puede ser una excepción, sino una práctica habitual. De esa manera reforzamos las garantías de lo público y ampliamos nuestra capacidad colectiva para construirlo». Por ello, Carinci ha valorado el esfuerzo de las administraciones presentes por avanzar en esta dirección dentro de normativas pensadas con otros parámetros.

Belén Sánchez Rubio, del grupo motor de Futuro en Común, ha enmarcado el debate en la Agenda 2030, que plantea cambiar las formas de producir y consumir y mejorar la gobernanza. Su objetivo 17, ha recordado, pone precisamente las alianzas al servicio del resto de metas. En ese terreno, ha reconocido que se ha avanzado mucho en un modelo de gobernanza que puede ser un referente, y ha pedido que se mantenga y, sobre todo, que «trascienda a los territorios». Desde el análisis de coherencia de políticas ha reivindicado el papel de la economía social y solidaria, que, si se le aplica ese filtro, «lo cumple con creces», porque sus intervenciones no generan beneficios en un solo ámbito, sino en varios a la vez. El reto pendiente, a su juicio, es el codiseño, y para avanzar en él hace falta un marco legal que garantice la participación. Por eso ha reivindicado el concepto de «responsabilidad pública»: colaborar con la sociedad civil organizada no es una concesión, sino parte de la responsabilidad de las instituciones para asegurar una gobernanza participativa y transparente.

Jorge Nacarino, responsable de política institucional de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), ha suscrito la idea de la cooperación público-comunitaria como herramienta de profundización democrática. En un momento en que el capitalismo pone en duda el Estado de derecho, ha defendido que las administraciones comprometidas con la democracia deben responder avanzando. Estos marcos de colaboración entre instituciones y comunidad son, para él, el lugar para defender lo común en los barrios. Para que funcionen, ha insistido, hace falta un marco normativo que reconozca a las asociaciones vecinales como agentes de política pública. Tras más de 50 años de historia y una indefensión histórica frente a otros sectores, ha reclamado que todas las administraciones pongan recursos para sostener la capacidad de autoorganización de la sociedad civil. Su conclusión es que una cooperación público-comunitaria real pasa por dejar atrás una ciudadanía espectadora y construir un modelo en el que «las vecinas sean las protagonistas del cambio social».

Marta Abril, coordinadora de la Comunidad de Práctica de Políticas Públicas de Altekio/Ecorredes, ha señalado la importancia del trabajo en red, lógica que atraviesa toda la plataforma de Ecorredes. Desde ahí, ha puesto el foco en una figura a menudo olvidada: el personal técnico que muchas veces comparte la visión de la coproducción pero que «a veces está muy solo», sin respaldo político y sin saber cómo dar el paso. Para acompañarlo, Ecorredes ha impulsado seis comunidades de aprendizaje orientadas a la práctica en ámbitos como la vivienda, la alimentación o la sanidad para que las personas técnicas intercambian claves, estrategias y las «grietas del sistema» que permiten apoyar iniciativas comunitarias.

Hacia una hoja de ruta colectiva

Tras la mesa, el foro ha pasado a un espacio de diseño estratégico colectivo dinamizado por Altekio. Allí, personal técnico de las administraciones y entidades sociales se han sentado juntos para identificar qué herramientas hacen falta, qué obstáculos administrativos, jurídicos y políticos hay que superar y qué pasos concretos permitirán fortalecer la cooperación público-comunitaria.

Entre las ideas que el foro deja sobre la mesa destaca la propuesta, planteada por Kois desde el Foro Transiciones, de crear un observatorio de prácticas inspiradoras y normativas concretas de cooperación público-comunitaria. Ese observatorio recogería y daría visibilidad a lo que ya funciona en los territorios para que otras administraciones y comunidades puedan adaptarlo y replicarlo.

Estas conclusiones, junto con las recogidas en los foros territoriales, darán forma a una hoja de ruta compartida con las principales estrategias y medidas de cooperación público-comunitaria para el fomento de la Economía Social y Solidaria en todo el Estado.

Acceder al vídeo de la presentación y el debate institucional en este vídeo.

• Esta jornada ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad subvencionada y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
• Así mismo, ha sido posible gracias a los trabajos de: Ana Maketa, 2+Dos, ecopapelería Milhojas, Rebel Streaming, El Fogón Verde, El círculo de Bellas Artes de Madrid y El salto.

El Barómetro hace una radiografía del sector de las finanzas éticas y solidarias en España y de su evolución desde 2008.

El Barómetro nace de la voluntad de mostrar la realidad de las finanzas éticas con un formato sencillo, integrador y riguroso. Quiere ser una herramienta para hacer accesible la información actualizada del sector para todas aquellas personas y entidades que estén interesadas en el mismo. Visibilizar los datos agregados de todos los ámbitos que integran las finanzas éticas es necesario para tener una visión global y ver su evolución en los últimos años.

El Barómetro 2026

Las finanzas éticas no son solo una manera diferente de gestionar el dinero: representan una apuesta por impulsar una economía productiva y transformadora, centrada en las personas y en el planeta. Este compromiso se refleja especialmente en sectores clave para la vida, como la vivienda, los cuidados, la energía y la alimentación.

Desde 2007, cuando se publicó la primera edición del Barómetro, el sector ha crecido tanto en volumen como en calidad: más servicios, más productos y más capacidad de responder a las necesidades de las economías transformadoras. En 2025 las cifras globales se mantienen estables y muestran un ecosistema diverso y más repartido: la base social sigue creciendo, el capital social se recupera, aumenta el número de proyectos financiados y buena parte de las entidades ganan volumen de actividad.

Actualmente, el ahorro ético se sitúa en 2.408 millones de euros, mientras que se han otorgado más de 1.850 millones de euros en préstamos destinados a proyectos transformadores, repartidos entre 10.861 proyectos. Además, casi 200 mil personas ya son usuarias y/o socias de las finanzas éticas, la cifra más alta desde 2018.

En cuanto al sector asegurador ético, gestiona más de 4 millones de pólizas, con un volumen de primas que supera los 1.500 millones de euros.

Edita: FETS – Finançament Ètic i Solidari
Autoría y coordinación: Observatorio de las Finanzas Éticas
Diseño y maquetación: Muntsa Busquets
Ilustraciones: Andrea Oliva
Datos: año 2025, 33 entidades
Páginas: 23

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Lee la noticia: Las finanzas éticas ganan base social y refuerzan su apuesta por la vivienda

Más sobre el Observatorio de las Finanzas Éticas
El Observatorio es un espacio de encuentro entre los diferentes actores del sistema financiero ético del Estado, promovido y coordinado por FETS-Finançament Ètic i Solidari. Se dedica a la observación, el análisis y la elaboración de estudios, puntuales y periódicos, sobre las finanzas éticas y su impacto en la realidad socioeconómica catalana y española.

Fuente: FETS

• Casi 200.000 personas cubren sus necesidades financieras en España con este modelo, que tiene en cuenta las consecuencias sociales y ambientales de sus decisiones.
• El ahorro captado supera los 2.400 millones de euros, un 35% más que hace 10 años, garantizando a sus clientes que ese dinero no financiará guerras ni la crisis climática.
• El volumen de crédito concedido se ha duplicado en una década alcanzando los 1.856 millones de euros.
• Este dinero se ha destinado a 10.861 proyectos de la economía real, principalmente de vivienda, un 28%, pero también de los ámbitos social, ambiental y cultural.

Ya están disponibles los datos del Barómetro de las Finanzas Éticas 2026, el informe anual que desde 2007 radiografía la evolución de las finanzas éticas y solidarias en el Estado español. Elaborado por el Observatorio de las Finanzas Éticas de FETS-Finançament Ètic i Solidari, el informe analiza los datos de 2025 de 33 entidades: bancos, entidades financieras no bancarias, aseguradoras, mutualidades y corredurías. Todas estas entidades cumplen en alto grado los principios que las definen según el Escáner de las Finanzas Éticas o están registradas en el sello EthSI de los seguros éticos.

El análisis recoge la evolución de los principales datos del sector a lo largo de los últimos 10 años y refleja un sector robusto y consolidado. «El Barómetro demuestra que las finanzas éticas, lejos de ser una utopía teórica, son una realidad práctica. Hoy en día, casi 200.000 personas tienen su cuenta corriente, guardan sus ahorros, contratan un seguro o piden un préstamo con estas entidades», afirma Nina González, economista y coordinadora de FETS.

Los 2.408 millones de euros de ahorro depositados en estas entidades no se destinan a financiar actividades que vulneren los derechos humanos o ambientales. En cambio, las finanzas éticas destinaron 1.856 millones de euros en crédito a más de 10.000 proyectos de la economía real, que van desde la transición energética hasta la agricultura ecológica, pasando por la inserción laboral o la cultura.

Una apuesta colectiva por transformar la economía

El corazón del modelo son estos proyectos que, sin el apoyo de las finanzas éticas tendrían serias dificultades para ponerse en marcha o crecer. Son proyectos con un claro impacto positivo social y ambiental, pero que, por su volumen o su estructura económica, a menudo no resultan atractivos para la banca convencional, que solo tiene en cuenta la rentabilidad a la hora de decidir sus inversiones.

Destaca especialmente el sector de la vivienda, que concentra un 28,1% del volumen de crédito concedido en 2025. Entre estos proyectos encontramos gran variedad de modelos, como el cooperativismo de vivienda, proyectos de vivienda social, la rehabilitación o la compra con criterios de eficiencia energética.

Para FETS, los datos de este año confirman el sentido de fondo de las finanzas éticas. «Más allá de una opción de consumo individual, las finanzas éticas son una apuesta colectiva por la transformación de la economía y la sociedad», afirma Jordi Rojas, presidente de FETS. Y añade que, en un contexto de belicismo y rearme, «el sentido original de las finanzas éticas, que tus ahorros no contribuyan a financiar la industria de las armas, está más vigente que nunca».

Estabilidad en las cifras globales y un ecosistema más repartido

En 2025, 199.802 personas estaban vinculadas a las finanzas éticas, un 3,6% más que el año anterior, encadenando el tercer año consecutivo de crecimiento y alcanzando la cifra más alta desde 2018. Además, se trata de un crecimiento transversal: casi todas las entidades analizadas mantienen o amplían su base social.

El ahorro depositado en las entidades de finanzas éticas se sitúa en 2.408 millones de euros, una cifra similar a la del año anterior, que supone un incremento del 35% en la última década. Esta estabilidad del total, sin embargo, no explica por sí sola lo que ha ocurrido dentro del sector: las entidades de dimensión mediana y pequeña aumentaron un 11,6% el ahorro captado, hasta los 412 millones de euros. Por cada 100 euros de ahorro captado, las entidades destinaron 77 a créditos que hacen posibles proyectos transformadores con los que comparten valores.

Los préstamos concedidos suman 1.856 millones de euros, una cifra que duplica la de hace 10 años. Estos se distribuyen entre 10.861 proyectos repartidos por el conjunto de la geografía española. Por sectores, la vivienda continúa siendo el principal ámbito financiado en el Estado y gana aún más peso, con el 28,1% del crédito y 2.164 préstamos. Le siguen el sector social, con el 25,9%, y el de medio ambiente y transición energética, que concentra casi una quinta parte de la financiación. Completan la distribución la cultura, la educación y la agricultura y la alimentación.

Guillem Subirachs, coordinador del Observatorio y autor del informe, explica que el Barómetro dibuja un ecosistema variado y distribuido, «en el que los diferentes actores, en lugar de competir, se complementan». Y recuerda que «detrás de cada cifra están las realidades financiadas: proyectos arraigados, de la economía real, que cambian la vida de las personas».

Detrás de las cifras: vivienda y patrimonio cooperativo

Un ámbito donde esto se ve con claridad es el de la vivienda, el sector que recibe más financiación. Es el caso de Sostre Cívic, cooperativa catalana que impulsa la vivienda cooperativa en cesión de uso. En este modelo, la cooperativa mantiene la propiedad colectiva de los edificios y las personas socias disponen de un derecho de uso estable y asequible, sin especulación, y participan en las decisiones de forma democrática. Una alternativa a la compra y al alquiler que ha podido crecer con el apoyo de las finanzas éticas. «Han sido decisivas para hacer posible la vivienda cooperativa en cesión de uso. No sólo por coherencia con nuestros valores sino porque han entendido un modelo de propiedad cooperativa que no encaja en los esquemas de la banca convencional, pensados exclusivamente para el endeudamiento individual», afirma Jose Téllez, responsable de comunicación de la cooperativa.

Las finanzas éticas también están detrás de otra respuesta a la crisis inmobiliaria: cooperativas y entidades de la economía social y solidaria que compran sus sedes para ganar autonomía y protegerse de la especulación. La misma Sostre Cívic, junto a la correduría de seguros Arç, el medio Crític y la cooperativa de telecomunicaciones Som Connexió, ha comprado un espacio en el centro de Barcelona, mientras que el Grup ECOS, que reúne a 16 cooperativas, ha adquirido el local de 1.000 metros cuadrados de la calle Casp que ocupaba desde hacía quince años. «Las subidas del alquiler nos habrían acabado expulsando, la compra nos permite resistir y no seguir a merced del mercado. La apuesta de la patrimonialización no habría sido posible sin el esfuerzo combinado de las finanzas éticas», explica Guernica Facundo Vericat, coordinadora del Grup ECOS.

El sector asegurador ético supera los 1.500 millones en primas

El Barómetro dedica también un apartado al sector asegurador ético, formado por las entidades registradas en el sello europeo EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance). El sello valora la gestión ética de las organizaciones en sus inversiones y su responsabilidad social, así como su compromiso con la sostenibilidad social y ambiental y la transparencia.

En 2025, estas entidades gestionaron un volumen de primas de 1.538 millones de euros, un 10% más que el año anterior, lo que representa el 1,81% del total del sector asegurador español. Suman casi 4,1 millones de pólizas y 14 productos éticos certificados, que cubren necesidades muy diversas de personas y entidades, desde seguros de vehículo, salud o decesos hasta convenios colectivos o responsabilidad civil de entidades.

Consulta el Barómetro de las Finanzas Éticas 2026, con el informe en PDF y la versión interactiva.

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El Observatorio es un espacio de encuentro entre los diferentes actores del sistema financiero ético del Estado, promovido y coordinado por FETS-Finançament Ètic i Solidari. Se dedica a la observación, el análisis y la elaboración de estudios, puntuales y periódicos, sobre las finanzas éticas y su impacto en la realidad socioeconómica catalana y española.

Fuente: FETS

El encuentro, que se celebra el 16 de octubre de 9:30 a 14:30 horas, pone el broche final al Ciclo de Foros COOPUBLIC, un proceso que durante los últimos meses ha recorrido distintos territorios en formato online para recoger experiencias y propuestas sobre cómo administraciones y organizaciones sociales pueden impulsar juntas la Economía Social y Solidaria.

Con la colaboración de ILABSO-OLMA y Foro Transiciones, la jornada presentará los principales resultados del proyecto y abrirá un espacio de trabajo colectivo, dinamizado por Tangente Grupo Cooperativo, del que saldrán las estrategias y medidas concretas que conformarán esa hoja de ruta común.

El plato fuerte de la mañana será una mesa de debate político-social en la que participarán David Perejil, director de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Jaime Iglesias, comisionado especial para la Economía Social; Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales, y María Sintes Zamanillo, de la Oficina Española de Cambio Climático. Junto a ellos estarán Luigi Carinci, presidente de REAS Red de Redes; Belén Sánchez Rubio, del grupo motor de Futuro en Común; Jorge Nacarino, de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, y Marta Abril, de la Comunidad de Práctica de Políticas Públicas de Altekio/Ecorredes.

Por último, todas las personas participantes participarán de una sesión de trabajo grupal para, entre agentes públicos y sociales, construir una hoja de ruta para la cooproducción de política pública, siguiendo la estela y el trabajo del ciclo de foros territoriales de las pasadas semanas.

Quienes no puedan acercarse a Madrid pueden seguir toda la jornada en el directo que se emite a continuación.

Fuente: El Salto

• Red Vivienda Cooperativa valora positivamente las medidas de protección a los inquilinos, pero lamenta la falta de una apuesta estructural para ampliar el parque de vivienda social y asequible
• El Gobierno amplía los privilegios fiscales de las SOCIMI, muchas de ellas vinculadas a grandes fondos inmobiliarios, mientras mantiene una tributación más elevada para las cooperativas sin lucro
• El decreto destina 10.000 millones de euros a facilitar la compra de vivienda y rebaja el IVA de la vivienda protegida en venta, pero no el del alquiler social y la cesión de uso, dificultando así su expansión
• Las cooperativas denuncian que la priorización de las sociedades de capital frente a la economía social contradice los mandatos del Congreso, la legislación estatal y las recomendaciones europeas

Red Vivienda Cooperativa considera que el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, supone una oportunidad perdida para ampliar el parque de vivienda social y asequible a largo plazo. Aunque valora positivamente las medidas de protección frente a los desahucios y de mejora de las condiciones de las personas inquilinas, denuncia que las políticas destinadas a fomentar nueva vivienda siguen priorizando la propiedad individual y las sociedades inmobiliarias con ánimo de lucro, mientras dejan atrás el alquiler social, las cooperativas y el conjunto de la economía social.

Para la Red, la crisis habitacional requiere, además de medidas de protección y regulación del mercado, una apuesta estructural por ampliar el parque de vivienda social, especialmente de alquiler y en cesión de uso, mediante modelos de propiedad pública o colectiva que garanticen su asequibilidad a largo plazo. Según la red, “Sin este cambio de orientación, las medidas puntuales difícilmente permitirán superar el problema de fondo”.

Tres desequilibrios principales en el decreto y en las políticas de vivienda

Las cooperativas identifican tres de los principales desequilibrios del Real Decreto-ley y de las políticas de vivienda impulsadas por el gobierno:

• Más privilegios fiscales para las SOCIMI que para las cooperativas sin lucro. Las SOCIMI, muchas de ellas vinculadas a grandes fondos inmobiliarios, tributan con carácter general al 0 % en el Impuesto sobre Sociedades. El decreto amplía las condiciones para que también queden exentos los beneficios no distribuidos cuando gestionan alquiler asequible. En cambio, las cooperativas, que no reparten beneficios y reinvierten sus excedentes en vivienda asequible, mantienen un tipo del 20 %, con posibilidad de bonificaciones sujetas a exigentes requisitos. Esta desigualdad fiscal penaliza la promoción cooperativa: mientras una SOCIMI puede tributar al 0 %, una cooperativa sin ánimo de lucro soporta una tributación entre un 10% y un 20%, encareciendo el coste de la vivienda.
• Se prioriza la compra de vivienda frente al alquiler social. El Gobierno destina 10.000 millones de euros a la línea TU CASA, que ofrece préstamos públicos sin intereses para la compra de vivienda y no ofrece instrumentos equivalentes para cooperativas y entidades sociales. Además, amplía el IVA superreducido del 4 % a la venta de vivienda protegida permanente, favoreciendo su transmisión y la vivienda en propiedad, pero sorprendentemente no aplica esta reducción a la vivienda de alquiler social o en cesión de uso, cuyos costes soportan tipos entre el 10 % y del 21%. Esta desigualdad dificulta la asequibilidad de la vivienda social en alquiler y contradice la necesidad de ampliar el insuficiente parque de alquiler social y reducir su desequilibrio respecto a la vivienda en propiedad, alejándose de las prioridades del propio Plan Estatal de Vivienda y de las recomendaciones europeas.
• La economía social queda excluida de la financiación del ICO y de determinados instrumentos de financiación pública. El decreto refuerza una línea de avales del ICO de hasta 2.000 millones de euros para ampliar el parque de alquiler social o asequible, pero no incluye el modelo en cesión de uso, excluyendo este modelo cooperativo y contradiciendo la equiparación entre alquiler y cesión de uso del propio Plan Estatal de Vivienda. Paralelamente, las condiciones generales de la línea de financiación del ICO, vinculada al fondo España Crece, exigen que los beneficiarios sean sociedades de capital, excluyendo a las organizaciones de la economía social, sólo por su forma jurídica, también contradiciendo la propia Ley 5/2011 de Economía Social.

El Gobierno desatiende las propuestas del sector y aplaza el reconocimiento de los proveedores sociales de vivienda

Durante la elaboración del decreto, la Red propuso al Ministerio medidas para facilitar el desarrollo de vivienda social desde la economía social: una fiscalidad adecuada, fomentar el alquiler y cesión de uso, eliminar barreras de acceso al suelo y la financiación, y adaptar la normativa urbanística y de vivienda. Ninguna se ha incorporado, pese a ser medidas que buscan ampliar el parque de vivienda asequible y sin lucro.

Asimismo, diversas entidades sociales han reclamado el reconocimiento de los proveedores sociales de vivienda y una fiscalidad acorde con su función de interés general y con la ausencia o limitación del reparto de beneficios en la promoción y gestión de vivienda.

Sin embargo, el decreto establece un plazo de seis meses para regular mediante reglamento el reconocimiento de estos proveedores, mientras que las mejoras fiscales quedan pendientes de una futura reforma legal, ya que no pueden aprobarse por vía reglamentaria. La red denuncia que “mientras los beneficios fiscales para las sociedades inmobiliarias se aprueban de inmediato, el reconocimiento y el apoyo efectivo a las entidades sin ánimo de lucro siguen pendientes”.

Las cooperativas exigen un cambio en las políticas de vivienda

Ante esta situación, Red Vivienda Cooperativa reclama al Gobierno y a los grupos parlamentarios un cambio de rumbo y la adopción de medidas concretas:

• Corregir el trato fiscal profundamente injusto entre las SOCIMI y las cooperativas, reconociendo la función social de las entidades sin ánimo de lucro que reinvierten sus excedentes en vivienda social y asequible.
• Eliminar las barreras de acceso a la financiación del ICO y garantizar que las entidades de la economía social puedan acceder adecuadamente a los instrumentos públicos de fomento de la vivienda asequible.
• Reconocer y apoyar a las entidades de la economía social, incluidas cooperativas, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, como agentes fundamentales para ampliar y gestionar el parque de vivienda social y asequible.
• Agilizar la actuación de Casa 47 para movilizar suelo, edificios y patrimonio público en desuso mediante la colaboración con entidades de la economía social.
• Fomentar el alquiler social, extendiendo el IVA superreducido del 4% a la construcción de viviendas con protección permanente de alquiler o cesión de uso.

Red Vivienda Cooperativa iniciará acciones de comunicación y denuncia pública para visibilizar estas contradicciones y reclamar cambios efectivos en las políticas de fomento de la vivienda social y asequible. Asimismo, pide al Gobierno que abra un diálogo con el sector para incorporar sus propuestas y reconocer el papel fundamental de la economía social en la solución de la crisis de vivienda.

«Pedimos que las políticas públicas sean coherentes con sus propios objetivos. Si queremos ampliar el parque de vivienda asequible, hay que dejar de poner trabas a las entidades de la economía social y empezar a apoyar de verdad a quienes construimos vivienda sin ánimo de lucro y de interés general» se afirma desde la propia red.

Red de Vivienda Cooperativa es la entidad representativa de la vivienda cooperativa en cesión de uso y la organización reconocida por Housing Europe

La vivienda cooperativa en cesión de uso es un modelo donde la propiedad del inmueble permanece en la cooperativa, adjudicando el uso de la vivienda a las personas socias, a cambio principalmente de cuotas mensuales, en un modelo equivalente al alquiler pero a precio de coste y sin lucro. La cooperativa se gestiona democráticamente y, al no repartirse beneficios ni transmitirse las viviendas, se mantienen las viviendas fuera de la lógica especulativa permanentemente y asegura la asequibilidad a largo plazo.

Red Vivienda Cooperativa es la entidad representativa del sector de la vivienda cooperativa en cesión de uso en España. Articula más de 210 proyectos y diversas redes territoriales en todo el Estado. Es miembro de pleno derecho de Housing Europe, la Federación Europea de Vivienda Pública, Cooperativa y Social, que reúne a 44 federaciones nacionales y regionales y 16 organizaciones asociadas de 31 países, representando alrededor de 25 millones de viviendas. Asimismo, forma parte de REAS Red de Redes como su red sectorial de vivienda. REAS, referente estatal de la Economía Social y Solidaria, agrupa a más de 1.000 entidades y empresas y a unas 300.000 personas en todo el Estado.

Ampliar información

PDF: Valoración de Red Vivienda Cooperativa sobre las medidas del Real Decreto-ley 29/2026 destinadas a fomentar un parque de vivienda social y asequible a largo plazo

www.viviendacooperativa.red

Fuente: Red Vivienda Cooperativa

Las personas y entidades socias de Som Energia cuentan con un nuevo servicio: la Red de Empresas Instaladoras. Esta permite implantar medidas para avanzar hacia la autonomía energética, como instalar placas fotovoltaicas, sistemas de aerotermia o puntos de recarga de vehículos eléctricos. Lo podéis hacer de la mano de empresas instaladoras especializadas en soluciones energéticas y de confianza.

Con el servicio de la Red de Empresas Instaladoras (REI), Som Energia facilita a las personas socias el contacto directo con estas empresas que han sido validadas por la cooperativa y que han demostrado su solvencia técnica y económica. Se trata de empresas alineadas con sus valores para transformar el modelo energético.

Ventajas del servicio

El servicio de la REI ofrece a las personas y entidades socias de Som Energia cuatro grandes ventajas:

• Disfrutar de descuentos: por el hecho de estar asociado a Som Energia, las empresas de la REI ofrecen un 3% de descuento sobre su precio habitual de mercado.
• Ganar confianza a la hora de invertir en nuevas medidas energéticas: Som Energia valida las empresas que forman parte de la REI; no son unas empresas cualquiera, sino que trabajan con precios justos y materiales de calidad.
• Facilitar la aplicación de medidas para la soberanía energética hacia un modelo 100% renovable.
• Reducir el tiempo para buscar empresas profesionales calificadas con experiencia en instalaciones energéticas eficientes.

¿Cómo podéis solicitarlo?

Si le interesa contratar el servicio de la REI solo tenéis que rellenar este formulario con vuestros datos y Som Energia se encargará de hacerlos llegar a las empresas de vuestra zona. La empresa –o empresas por si queréis recibir diferentes propuestas– se pondrán en contacto con vosotros y os harán una propuesta sobre la medida que desea implantar, así como un presupuesto adaptado a las necesidades que tengáis. La propia empresa se encargará de la facturación, instalación y servicio postventa.

Recordad que podéis consultar si vuestro municipio ofrece bonificaciones fiscales para el autoconsumo en este buscador de la Fundación Renovables.

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Un servicio en expansión

Por el momento, el servicio da cobertura a toda Cataluña, el País Valenciano, el País Vasco, Navarra, Madrid, Aragón, La Rioja y Andalucía. En las Islas Baleares, está disponible en Eivissa y Formentera. Y en Castilla-La Mancha, en algunas zonas de Guadalajara y Toledo. El servicio de la REI está en fase de expansión y la cooperativa está trabajando para llegar a todas partes.

Servicios que ofrece la REI

• Instalaciones fotovoltaicas: montaje de paneles solares en cubiertas para generar energía renovable, tanto en el ámbito doméstico como en entidades y empresas.
• Instalaciones colectivas: proyectos de autoconsumo compartido en bloques de pisos, comunidades o urbanizaciones. Permite que la energía generada se distribuya entre las distintas viviendas y las zonas comunes.
• Mantenimiento de instalaciones: servicios de revisión preventiva, limpieza de paneles y optimización técnica para garantizar el rendimiento máximo y durabilidad de cualquier sistema fotovoltaico.
• Ampliaciones fotovoltaicas: rediseño y ampliación de sistemas solares existentes, incluyendo la instalación de nuevos paneles o la integración de componentes técnicos actualizados.
• Aerotermia y climatización: sistemas de alta eficiencia para la calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria que permiten sustituir el gas por una tecnología limpia y eléctrica.
• Puntos de recarga de vehículo eléctrico: instalación de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos o híbridos enchufables. Se adapta a las necesidades de potencia de cada garaje o aparcamiento.
• Baterías y almacenamiento: integración de sistemas de acumulación eléctrica conectados a los paneles solares para gestionar los excedentes y aprovechar la energía autogenerada en cualquier momento del día y de la noche.
• Sistemas de Back-up: elemento adicional que permite el funcionamiento de la instalación en modo «isla». Este sistema garantiza el suministro eléctrico básico en la vivienda o empresa en caso de corte en la red general.
• Gestión inteligente de la energía (IA): sistemas de optimización automática que utilizan la inteligencia artificial para decidir el mejor momento para consumir, cargar baterías o verter excedentes, maximizando la eficiencia económica de la instalación.

Descárgate la guía del servicio

Fuente: Som Energia

En la sala del Palazzo Pubblico de Siena donde se reunía el gobierno de la ciudad, los frescos de Ambrogio Lorenzetti recordaban a quienes tomaban decisiones cuáles eran los efectos del buen gobierno. Hay un detalle que sigue llamando la atención siete siglos después: la muralla parte la escena por la mitad, y el campo ocupa tanto espacio como la ciudad. El bienestar urbano, venía a decir la pintura, depende inevitablemente del bienestar del territorio que lo alimenta. Recuperar esa conciencia de interdependencia entre lo urbano y lo rural, poniendo la alimentación en el centro, es buena parte del desafío que hoy tienen por delante las políticas públicas.

A raíz de la sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC —cuarta y última de un ciclo dedicado a sectores estratégicos para la acción público-comunitaria, tras las de vivienda, energía y finanzas—, conviene detenerse en algunas de las ideas que se pusieron sobre la mesa, porque dibujan un sector en el que las alternativas ya existen, están probadas y funcionan, pero en el que la colaboración con las administraciones sigue siendo muy desigual de un territorio a otro. José Luis Fernández Casadevante, «Kois», sociólogo, experto en soberanía alimentaria y miembro de la cooperativa Garúa, condujo la formación con una idea de fondo: no habrá transición ecosocial con alguna perspectiva de éxito sin un cambio profundo en la manera en que producimos, distribuimos y comemos.

Un sistema en el centro de casi todas las crisis

El diagnóstico con el que arrancó la sesión fue deliberadamente breve, pero contundente. Según los datos que compartió el ponente, el sistema alimentario explica en torno al 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado español, y hoy se invierten unas diez calorías de combustibles fósiles por cada caloría de alimento que llega al plato, en un territorio con el 74% de su superficie en riesgo de desertificación. A ello se suma la huella hídrica: alrededor del 80% del agua dulce que consumimos está ligada a la producción de alimentos, y entre un 15 y un 20% sale del país convertida en «agua virtual» a través de las exportaciones. La contaminación por fertilizantes y pesticidas de síntesis afecta a buena parte de las aguas subterráneas, hasta el punto de que más de 300 municipios no tienen acceso a agua potable en el grifo.

El retrato se completa con la pérdida de biodiversidad cultivada —un 75% de la diversidad genética agrícola desaparecida en el último siglo—, con una concentración de poder cada vez mayor —cuatro empresas controlan más de la mitad del mercado mundial de semillas y la gran distribución acapara el 92% de la superficie comercial alimentaria— y con un modelo de precios que no beneficia ni a quien produce ni a quien consume: el Índice de Precios en Origen y Destino que publica COAG muestra diferencias del 400 o el 500% en algunos productos. Y, en el otro extremo de la cadena, la desigualdad: en torno a un 13% de la población, unos seis millones de personas, vive en situación de inseguridad alimentaria, mientras que cuatro de cada diez niñas y niños presentan sobrepeso u obesidad. «Comer mal es muy barato», resumió Kois, para subrayar que la malnutrición tiene un componente de clase evidente.

Ecologizar, democratizar, relocalizar, reequilibrar

Frente a ese diagnóstico, la sesión propuso una brújula. El marco de referencia es el de una transición ecosocial justa —a menudo visualizada con la «economía del dónut» de Kate Raworth, ese espacio seguro y justo entre un suelo de necesidades sociales y un techo de límites ecológicos—, entendida como un proceso intergeneracional: si salir del modelo actual llevará décadas, lo urgente ahora es «dar un volantazo». Para orientarlo, cuatro puntos cardinales: ecologizar —o agroecologizar— el conjunto de la cadena, desde la finca hasta la gestión de residuos; democratizar un sistema dominado por muy pocos actores, devolviendo capacidad de decisión tanto a las instituciones como a las comunidades organizadas; relocalizar, satisfaciendo necesidades en proximidad; y reequilibrar el territorio, buscando las escalas adecuadas y mecanismos de solidaridad entre territorios. Todo ello, además, con la recuperación de una cultura alimentaria que se ha ido erosionando en las últimas décadas.

A esa brújula se suma un cambio en qué comemos, y no solo en cómo. La dieta de salud planetaria propuesta por la comisión EAT-Lancet —mayoritariamente vegetal, con una reducción de más de la mitad del consumo de carne roja y azúcar, cercana a una dieta mediterránea «de verdad»— es el punto de partida de un estudio en el que ha participado la investigadora Marta Rivera para Amigos de la Tierra. Sus conclusiones son elocuentes: con la superficie agraria existente, y asumiendo ese cambio de dieta, se podría producir el 99% de los alimentos que necesita la población del Estado, reduciendo un 84% el uso de combustibles, prescindiendo por completo de los pesticidas y recortando un 87% la contaminación del agua, a la vez que aumentaría la biodiversidad. La transición agroecológica, en definitiva, es técnicamente posible.

Público-comunitaria, no público-privada

El hilo conductor de las experiencias que se presentaron fue la cooperación público-comunitaria, que Kois propuso distinguir con claridad de la público-privada, esa fórmula que «nos han metido hasta en la sopa» y en la que el ánimo de lucro empresarial acaba primando sobre el interés general. Frente a ella, la definición que proponen desde el Foro Transiciones habla de marcos de colaboración estables y transparentes entre administraciones y tejidos sociales, guiados por la ausencia de ánimo de lucro y por los principios de justicia, equidad, universalidad y sostenibilidad. Nombrarse y defender ese estatuto propio, apuntó, es también una tarea política pendiente para la Economía Social y Solidaria.

De la finca al compost

La parte central de la sesión fue un recorrido por iniciativas que ya están en marcha a lo largo de toda la cadena alimentaria. Un primer paraguas es la Red de Municipios por la Agroecología, con una década de recorrido y ayuntamientos de colores políticos muy distintos, convertida en espacio de intercambio de políticas y de complicidad entre administraciones y organizaciones sociales.

En el terreno productivo, los parques agrarios —inspirados en experiencias italianas y desarrollados por primera vez en el Baix Llobregat— blindan el uso agrícola del suelo periurbano y acompañan a quienes producen en la comercialización conjunta, la creación de sellos de proximidad y la transición hacia manejos agroecológicos; hoy hay más de una decena repartidos por el Estado, con su propia red. Una vez protegido el suelo, los bancos de tierras ayudan a ponerlo en producción y a facilitar el relevo generacional, ya sea a escala de ciudad, como Basaldea en Vitoria-Gasteiz, o de pequeños municipios, como la red intermunicipal Terrae. Los espacios test agrarios, llegados de Francia, permiten a quienes quieren incorporarse al campo probar su proyecto tutorizados por agricultores consolidados antes de lanzarse por su cuenta, con tasas de éxito muy elevadas. Y la agricultura urbana, que ha pasado de 17 municipios con huertos en torno a 2010 a cerca de 400 en la actualidad, vale menos por los tomates que cosecha que por las relaciones y los conocimientos que cultiva.

En la logística y la comercialización, se citó la red estatal de centros logísticos agroecológicos que da protagonismo directo a las agrupaciones de productores y fomenta la intercooperación; la compra pública alimentaria para comedores escolares, universitarios u hospitalarios, que podría actuar como un auténtico «tractor» del cambio y que, en el caso de la alimentación escolar, llega a todos los perfiles de población; la recuperación de los mercados municipales como responsabilidad pública, frente a la tendencia de los nuevos desarrollos urbanos a delegar la alimentación en los supermercados; los mercados de venta directa codiseñados y cogobernados con asociaciones de productores y consumidores, como en Granada o Córdoba; los grupos de consumo; y el salto de escala que representan los supermercados cooperativos, con La Osa, en Madrid, como referente. Fuera de los canales convencionales, recordó el ponente, se vende ya en torno a un 21% de los productos alimentarios, una proporción que no tiene parangón en otras ramas de la economía.

Para cerrar el ciclo, el proyecto piloto de agrocompostaje impulsado por universidades valencianas, municipios y productores ecológicos para devolver al suelo residuos orgánicos de muy diverso origen, y las iniciativas de compostaje comunitario que ya funcionan en distintos municipios. Y, como experiencia más innovadora, el ensayo de seguridad social alimentaria que se desarrolla en Getafe con apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso y en complicidad con el ayuntamiento: las familias en situación de vulnerabilidad reciben una tarjeta con un saldo que solo pueden gastar en circuitos vinculados a la agroecología y la economía solidaria, como un supermercado cooperativo. Se trata, dijo Kois, de combinar el «dar de comer a la gente» con alimentar un cambio en el propio modelo. Durante el debate, las personas asistentes sumaron una pieza más a ese mapa: los bancos de semillas locales, clave para frenar la erosión genética.

Quién da el primer paso y cómo se convence a la administración

Una de las preguntas que más dio de sí fue de dónde surgen estas experiencias. Mayoritariamente, respondió el ponente, de las iniciativas comunitarias, donde hay una creatividad colectiva en permanente efervescencia que después busca complicidades institucionales. Pero no siempre. El programa Ecocomedores de Canarias nació de la propia administración agraria del archipiélago, que buscaba asegurar una salida estable a la producción local a través de los colegios y llegó a persuadir a productores para que dieran el salto a lo ecológico. Y el primer parque agrario se debe al empeño de un técnico de la Generalitat, Xavier Montasell, que conoció la experiencia italiana y se propuso trasladarla. Venga de abajo o de arriba, insistió, el rasgo diferencial de la cooperación público-comunitaria es que no suplanta a la ciudadanía organizada, sino que la incorpora activamente a la definición, la gestión y la evaluación de las políticas.

¿Y cómo convencer a una administración local reticente? Kois propuso tres claves. La primera, ser muy prácticos y poner el acento en los beneficios antes que en el marco ideológico: un comedor escolar agroecológico garantiza comercialización a quienes producen, mejora la nutrición, combate la inseguridad alimentaria, recupera cultura alimentaria y puede vincularse a huertos o compostaje en el propio centro. La segunda, medir: indicadores de impacto y herramientas como el retorno social de la inversión permiten traducir a un lenguaje que la administración entiende un valor que, de otro modo, recae invisible sobre los tejidos comunitarios. El objetivo no es abaratar los servicios, matizó, pero al no tener que generar márgenes empresariales estos modelos pueden resultar incluso más eficientes. Y la tercera, aliarse con el personal técnico, que permanece cuando los cargos políticos cambian y que sabe traducir las propuestas de los tejidos sociales a los marcos jurídicos e institucionales disponibles, ayudando a desactivar desconfianzas mutuas.

Lo que aún falta

La sesión dejó también a la vista los límites del momento actual. El primero tiene que ver con las condiciones de trabajo: ante una pregunta llegada desde el movimiento de comercio justo sobre derechos laborales y salarios dignos, el ponente reconoció que la preocupación forma parte del ADN de muchos proyectos agroecológicos —con una generación joven que habla de viabilidad vital y no solo económica, que cooperativiza y que incorpora una mirada feminista—, pero que los márgenes del sector son estrechos y la autoexplotación sigue presente. El segundo, el grado de implicación institucional, todavía muy desigual: en el caso de La Osa se limita a la cesión de un local público en condiciones favorables, mientras que en Francia ha habido apoyo directo a la capitalización de supermercados cooperativos, en Manresa uno de ellos se ha instalado dentro de un mercado municipal y en Hernani las cooperativas impulsadas en el marco de una planificación ecosocial integral se consideran servicio público y pueden recibir apoyo municipal hasta alcanzar la autosuficiencia. Muchos proyectos nacen descapitalizados, «a pulmón», y buena parte de su precariedad se explica precisamente por esa falta de respaldo inicial.

Como en las sesiones dedicadas a vivienda cooperativa, comunidades energéticas y finanzas éticas dentro del mismo ciclo, el mensaje de fondo volvió a repetirse al cierre: las herramientas existen y están probadas a lo largo de toda la cadena alimentaria. Lo que decide si se quedan en experiencias aisladas o se convierten en política alimentaria de verdad es que las administraciones asuman, como recordaba aquel fresco de Siena, que alimentar a la ciudad es una responsabilidad pública que no puede delegarse en el mercado, y que la mejor manera de ejercerla es junto a quienes ya están cultivando las alternativas.

¿Eres diputada, diputado o representante del Gobierno? Firma el compromiso Fossil Free Politics

La política climática no puede estar condicionada por quienes se benefician de la crisis energética y la emergencia climática

Durante décadas, la industria de los combustibles fósiles ha utilizado su poder económico y su capacidad de lobby para frenar, debilitar o retrasar medidas destinadas a reducir las emisiones y avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles.

A través de actividades de presión, campañas de lavado verde y la promoción de falsas soluciones, estas empresas han buscado proteger sus beneficios e intereses, con un gran coste para las personas y el planeta.

Esta influencia también afecta a nuestras democracias. Cuando quienes tienen un interés económico directo en mantener el modelo fósil disponen de un acceso privilegiado a quienes toman decisiones, pueden influir de forma desproporcionada en las políticas públicas y dificultar una transición energética justa y urgente.

Por eso es necesario poner límites claros a la influencia de la industria fósil en la política: quienes contribuyen a la crisis climática y continúan beneficiándose de ella no pueden tener una influencia privilegiada sobre las decisiones destinadas a resolverla.

¿Qué se pide?

Dos compromisos para una política libre de intereses fósiles:

1. Limitar las interacciones con la industria fósil
   Las reuniones y contactos con representantes de la industria de los combustibles fósiles deberán producirse únicamente cuando sean estrictamente necesarios para poder regular eficazmente esta industria y avanzar en la transición hacia las energías renovables.
2. Garantizar la transparencia
   Cuando estas interacciones sean necesarias, deberán realizarse de forma transparente. Siempre que sea posible, deberán desarrollarse mediante mecanismos que permitan el acceso público, como audiencias públicas, avisos previos y la publicación de los registros de las reuniones.

Se trata de evitar que una industria con enormes intereses económicos en mantener el modelo fósil tenga un acceso privilegiado a quienes toman las decisiones que deben transformar ese mismo modelo.

Una campaña europea

Este compromiso forma parte de la campaña europea Fossil Free Politics, que reclama una política libre de la influencia indebida de la industria de los combustibles fósiles.

La iniciativa cuenta con un compromiso específico dirigido a miembros del Parlamento Europeo para avanzar hacia una política libre de los intereses de la industria fósil.

Ahora la campaña quiere trasladar esta demanda al Estado español y que diputadas, diputados y representantes del Gobierno se sumen a este compromiso.

Conoce el compromiso Fossil Free Politics para miembros del Parlamento Europeo

El interés público por delante de los intereses fósiles

La transición energética necesita decisiones políticas libres de las presiones e intereses de la industria de los combustibles fósiles.

Las entidades impulsoras piden a quienes ocupan responsabilidades públicas que den un paso adelante y se comprometan con una política libre de la influencia de los combustibles fósiles.

Impulsa esta campaña

Red Estatal por el Derecho a la Energía (ReDE): Aeioluz · Alianza contra la Pobreza Energética · Federación de Consumidores y Usuarios CECU · Coalición por la Energía Comunitaria · Ecologistas en Acción · Ecoserveis · Energía Bonita · Enginyeria Sense Fronteres · Intiam Ruai · La Palma Renovable · Plataforma por un Nuevo Modelo Energético · Socaire · Torreblanca Ilumina · Unión Renovables · Xarxa per la sobirania energètica

Fuente: Enginyeria Sense Fronteres

El próximo año 2027 estará salpicado de elecciones, tanto generales como autonómicas y municipales. Los partidos políticos se afanan en la preparación de sus programas electorales y en la búsqueda de propuestas atractivas para la ciudadanía.

Como los lobbies de los poderosos estarán trabajando a tope, corresponde a la sociedad civil defender las ideas básicas de justicia social que aquellos atacan y pretenden seguir reduciendo.

Un ejemplo de buenas prácticas es la Plataforma por la Justicia Fiscal, de la que forman parte, además de Economistas sin Fronteras y otras relevantes ongs, los principales sindicatos y varias asociaciones sociales. Una plataforma que destaca entre las más representativas de la sociedad civil.

Esta plataforma viene proponiendo medidas fiscales de enorme calado e interés. Sin duda, como señala la plataforma, la política fiscal, en su doble vertiente de ingreso y gasto, es uno de los principales mecanismos con los que cuenta el Estado para garantizar la realidad de los derechos básicos de la ciudadanía y para poder paliar la desigualdad que genera el sistema económico vigente. El gasto y la inversión pública sustentan las políticas sociales que permiten aliviar la situación de las personas menos favorecidas y alentar la igualdad de oportunidades.

Por ello, los programas electorales deben recoger de forma destacada y prioritaria medidas encaminadas a conseguir una fiscalidad justa, progresiva y con capacidad recaudatoria suficiente para garantizar los derechos ciudadanos y las políticas sociales, así como para corregir la desigualdad. No bastan grandes y bonitas palabras sino concreciones palpables.

Lo primero que hay que recordar es la necesidad de alcanzar un nivel de presión fiscal similar al del resto de países de la eurozona (especialmente de los más avanzados) a través de la reducción de privilegios de determinadas rentas, patrimonios y actividades.

Hay que insistir: es falso el debate de subir o bajar impuestos. No hay que subir impuestos a la generalidad de la ciudadanía sino conseguir que paguen más los que hoy soportan una carga tributaria muy inferior a su capacidad de pago. En una frase: que rentistas y millonarios no paguen menos (ni absoluta ni relativamente) que quienes viven de su trabajo asalariado.

Por ello, el primer objetivo de cualquier programa en materia tributaria ha de priorizar que los ultrarricos contribuyan de acuerdo con su elevada capacidad de pago, es decir, en una proporción mucho mayor a la que actualmente soportan: los multimillonarios pagan proporcionalmente menos impuestos que la mayoría de la población. El 1% más rico soporta una presión tributaria total (24’1%) inferior a la que paga el 10% con menores ingresos (27’5%), y mucho menos que el 9% más rico que les sigue en la escala (38’9%), según datos de FEDEA.

Esos mismos colectivos privilegiados son los primeros en enriquecerse con contratos y ayudas públicas y en solicitar socorro cuando acaece alguna catástrofe.

Resulta difícil conseguir que los multimillonarios paguen lo justo en el IRPF. Podría avanzarse igualando el tratamiento de las rentas de trabajo y capital y limitando los incentivos y deducciones que les facilitan la elusión fiscal.

Pero es en la imposición patrimonial donde debe centrarse el primer esfuerzo. Dado que las herencias explican el 70% de las desigualdades existentes, es imprescindible implantar un impuesto sobre las grandes herencias con características semejantes al que se ha arbitrado sobre las grandes fortunas.

Es preciso revisar el mismo impuesto del patrimonio para que cumpla mejor su función de impuesto redistributivo y contribuya a reducir las desigualdades. En primer lugar, restringiendo el concepto de patrimonio profesional o empresarial y de las participaciones en entidades, que supone una merma muy importante en la base del impuesto, especialmente para los grandes contribuyentes. En segundo lugar, corrigiendo al alza de forma progresiva el techo de tributación conjunta con el IRPF, que genera desigualdades entre contribuyentes y permiten la evasión de las grandes fortunas.

El segundo esfuerzo ha de centrarse en las sociedades. La propiedad y los beneficios obtenidos por estas se concentran de forma manifiesta en los estratos más ricos de la población que, además, se escudan en ellas para ingenierías fiscales que les permiten eludir buena parte de sus obligaciones tributarias.

Es preciso consolidar (si no elevar) el tipo mínimo efectivo del 15% sobre el resultado contable de las empresas y grupos empresariales. También aquí la revisión drástica de todos los incentivos, compensaciones, deducciones y exenciones fiscales existentes que reducen la recaudación de forma significativa y poco equitativa, con escasa o nula aportación de valor económico o social y sesgo claramente favorable para las grandes empresas.

Hay que exigir la imposición sobre beneficios extraordinarios, ya sean «caídos del cielo» por factores externos a la pura actividad empresarial, ya sintomáticos de situaciones de poder monopolístico en mercados de escasa competencia.

Aunque desborda el marco nacional, hay que continuar impulsando el rediseño del sistema fiscal internacional para que logre que las grandes empresas tributen por la parte justa de beneficios reales que les corresponde, allí donde realizan sus operaciones y generan valor, sobre la base de toda su cadena de valor.

En esa línea, hay que acordar una definición exigente de refugios (paraísos) fiscales, un listado de territorios considerados como tales con base en esa definición y el establecimiento de sanciones por su uso y de otras medidas como la exclusión o penalización en la fijación de criterios para la contratación pública de empresas con presencia en refugios fiscales.

Hay que reforzar el impuesto a las transacciones financieras, para que se aplique ampliamente a la compraventa de acciones, bonos y derivados, que desincentive las prácticas financieras especulativas y garantice el destino social de los fondos que genere.

En el avance con la denominada imposición verde, debe incluirse el gravamen de los consumos suntuarios especialmente contaminantes.

Es preciso impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica, de forma que se reduzcan las desigualdades entre territorios y se incrementen los recursos de las Comunidades Autónomas, en las que recaen las principales competencias en las prestaciones sociales como educación, sanidad, dependencia o vivienda.

Es urgente revisar los incentivos y desincentivos del sistema tributario en relación con la vivienda, de forma que deje de favorecerse la demanda solvente por sí misma, se penalice la inversión especulativa y se acelere al máximo la cooperación entre administraciones y el crédito oficial para la urgente construcción de un parque público inalienable de vivienda de alquiler asequible.

Es esta una enumeración rápida de los aspectos que aparecen como más relevantes para un avance imprescindible hacia la equidad, la progresividad y la suficiencia de nuestro sistema fiscal. Porque sin justicia fiscal no hay justicia social. Y así deben recogerlo los programas electorales.

Juan A. Gimeno: rector emérito de la UNED, coordinador de la plataforma por la Justicia Fiscal y Vicepresidente de Economistas frente a la crisis.

Fuente: El Salto

Claudia Delso lleva años moviéndose entre la investigación urbana, la gestión cultural y la política institucional. Entre 2015 y 2022 fue concejala de Participación e Innovación Democrática, una experiencia que le dio una perspectiva poco común: la de quien ha estado dentro de la máquina intentando cambiarla. Hoy investiga en IDRA las formas de colaboración entre Administraciones y tejido social, y participó como ponente en el Eje 5 de las Jornadas de REAS Navarra para la Justa Distribución de la Riqueza, en el marco del proyecto COOPUBLIC de REAS Red de Redes, donde volverá a ser ponente con una charla inspiradora este viernes 9 de septiembre en un encuentro estatal online. Su diagnóstico es claro y sin concesiones: la coproducción público-comunitaria no es una concesión de la administración. Es una disputa.

Empecemos por el principio. ¿Cómo defines la coproducción público-comunitaria?
Creo que lo más útil es empezar por lo que no es, o por lo que no debería ser. La coproducción no es participación ciudadana, no se trata de que la administración deje opinar, llame para consultar y basta. Tampoco debería ser que la administración ceda un equipamiento de vez en cuando. Esos pequeños gestos son de mínimos, pero ya no son suficientes.

Vivimos en una momento de crisis múltiples, crisis superpuestas e interconectadas: el auge de las extremas derechas, las economías de guerra, el acaparamiento de los recursos, etc. Ante eso, las respuestas simples no funcionan. No sirven las respuestas tecnócratas como tampoco sirven las respuestas que provienen exclusivamente del mercado. En todo esto hay algo que es evidente y es que las administraciones públicas por si solas no están siendo capaces de dar respuesta a los retos de nuestra época.

Entonces la coproducción público-comunitaria es, una respuesta pero es ante todo, una disputa. Una disputa sobre quién produce lo público. Tenemos que concienciarnos de que desde las ESS y las economías comunitarias, estamos haciendo una función pública. Tenemos que dejar de pedir permiso para que se nos reconozca y exigirlo, quizás con más contundencia.

¿Una disputa frente a qué exactamente?
Frente al acaparamiento. Hemos perdido el control colectivo sobre bienes esenciales: la vivienda, la alimentación, la energía, la salud, la cultura. Y para recuperar ese control hay que democratizar la economía. Y para democratizar la economía hay que planificar de forma plural. Ahí es exactamente donde entra la colaboración público-cooperativa-comunitaria: como una forma de planificación económica que subordina los recursos a finalidades sociales, democráticas y ecológicas.

No es una sustitución de lo público. Es un trabajar con, pero desde un lugar de reconocimiento mutuo. Esa es la diferencia clave.

¿Qué cambia en la política pública cuando la ESS entra en toda la concepción del proceso?
Cambia la lógica económica y democrática que hay detrás. Cambia quién ejecuta. Cambia qué entendemos por valor. Y se produce una transformación institucional que es real, aunque lenta.

Las colaboraciones público-cooperativas-comunitarias generan soberanía económica, retorno social y nuevas formas de ciudadanía económica en un sentido muy amplio. Y los valores que aporta la economía social —arraigo territorial, sostenibilidad, cuidados, gobernanza democrática, resiliencia comunitaria— tienen que poder medirse. Tenemos que ser capaces de imaginar indicadores de reciprocidad, indicadores ambientales, etc. Existen herramientas como el balance comunitario, que ya se está aplicando en Barcelona en los equipamiento de gestión comunitaria que camina en esta dirección.

Pero también hay que hacer autocrítica: demasiadas veces las relaciones público-comunitarias han respondido a soluciones contingentes, fruto de la presión vecinal y social en un momento dado. Conseguimos una cesión porque había masa crítica suficiente para picar piedra. Eso no puede ser el modelo. Hay que exigir acción pública planificada y decidida, no victorias puntuales que desaparecen con el siguiente gobierno. Y también tenemos que ser conscientes de las diferencias que existen según el contexto. No existen las mismas condiciones de partida en una ciudad como Barcelona con toda su tradición cooperativista y colectiva que en el contexto del que yo vengo, Galicia, en el que décadas de gobierno del PP dificultan sobremanera la consolidación de este tipo de colaboraciones público-cooperativas-comunitarias, a medio-largo plazo.

CEPES, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, organiza el webinar «Talento en transformación: sectores y empleos emergentes. Competencias clave para la Economía Social del futuro», una mirada al futuro del empleo en la Economía Social.

El mercado de trabajo está experimentando una profunda transformación impulsada por la digitalización, la transición ecológica y los cambios demográficos, dando lugar a nuevos sectores emergentes, perfiles profesionales híbridos y competencias cada vez más transversales y digitales. En este contexto, la Economía Social afronta el reto de anticipar estas tendencias para reforzar su competitividad, garantizar la adaptación de sus organizaciones y seguir generando empleo de calidad e inclusivo.

El webinar ofrece una visión integral sobre el futuro del empleo en la Economía Social: los principales sectores y ocupaciones emergentes, las competencias más demandadas, el papel de las soft skills, las oportunidades que ofrece el Sistema de Formación para la recualificación del talento y la utilidad de los observatorios como herramientas de análisis y prospectiva.

Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026
Hora: de 10:00 a 11:15 h
Modalidad: online, desde aulacepes.es. Con interpretación en lengua de signos
Organiza: CEPES
Inscripción: gratuita y previa, en el formulario de inscripción

Dirigido a:

• Personas directivas y responsables de recursos humanos, formación, empleo e innovación de entidades y empresas de la Economía Social.
• Personal técnico de organizaciones representativas del sector.
• Profesionales de la orientación, la intermediación laboral y el desarrollo de talento.
• Entidades de formación y administraciones públicas interesadas en las tendencias de empleo y competencias.
• Personas interesadas en conocer los sectores, perfiles y competencias que marcarán el futuro del trabajo en la Economía Social.

Objetivos

• Analizar las principales tendencias que están transformando el empleo y la actividad económica, con especial atención a los sectores emergentes y su impacto en la Economía Social.
• Identificar los perfiles profesionales y las competencias clave que marcarán el futuro del trabajo, incluyendo capacidades transversales, digitales y de adaptación al cambio.
• Ofrecer claves prácticas para que las organizaciones de la Economía Social anticipen necesidades de talento, orienten sus decisiones y refuercen su competitividad.
• Dar a conocer recursos, herramientas e iniciativas del Sistema de Formación que apoyen la recualificación y el desarrollo del talento.

Programa

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La sostenibilidad agrícola se ha transformado en un factor estratégico obligatorio para las empresas europeas debido a la convergencia de la crisis climática, la volatilidad financiera y un marco regulatorio de la Unión Europea cada vez más estricto. Las cadenas de suministro globales ya no pueden tratar el compromiso ambiental y social como una opción voluntaria, sino como un requisito indispensable para la continuidad del negocio y el acceso al mercado.

La distribución del valor y del riesgo en el comercio internacional es profundamente desigual, lo que condena a los pequeños agricultores del Sur global a una situación de extrema vulnerabilidad económica. Aunque conectan diariamente a millones de consumidores con productos básicos como el café, el cacao o el azúcar, los ingresos que perciben suelen ser insuficientes para cubrir los costes mínimos de una producción sostenible y hacer frente a las oscilaciones de los precios del mercado.

Las cadenas de suministro agrícolas afrontan una transformación radical debido a la crisis climática, la volatilidad de los mercados y el endurecimiento regulatorio de la Unión Europea (CSRD, CSDDD, EUDR). Esta realidad ha convertido la sostenibilidad, antes un compromiso voluntario, en una obligación estratégica y legal para las empresas de España y Portugal.

Fairtrade Ibérica actúa como un conector estratégico entre pequeños agricultores del Sur global y el mercado ibérico, implementando un modelo de comercio justo basado en el Precio Mínimo y la Prima Fairtrade para asegurar la viabilidad económica y social. Con la certificación independiente de FLOCERT, la organización facilita el cumplimiento de las nuevas regulaciones europeas, como la CSDDD y el EUDR, garantizando la trazabilidad y la sostenibilidad en las cadenas de suministro. El modelo Fairtrade se consolida así como una herramienta indispensable tanto para la justicia social en origen como para la mitigación de riesgos regulatorios en las empresas europeas.

Las cadenas de suministro agrícolas afrontan una transformación radical debido a la crisis climática, la volatilidad de los mercados y el endurecimiento regulatorio de la Unión Europea (CSRD, CSDDD, EUDR).

Fairtrade evoluciona de un sello de certificación a una plataforma integral de transformación social y ambiental. Esta hoja de ruta internacional reconfigura las prioridades globales para abordar de forma directa las causas estructurales de la pobreza rural y la vulnerabilidad en origen, dotando a las cooperativas agrícolas de las herramientas necesarias para resistir las crisis climáticas y financieras del mercado contemporáneo.

Elegir productos con el Sello Fairtrade implica apostar por un modelo económico global basado en la dignidad, la transparencia y el respeto por el planeta.

Autor: Álvaro Goicoechea, Director de Fairtrade Ibérica.

Fuente: Bio Eco Actual

Algunas de las señas de identidad fundamentales de las economías feministas, ecológicas y solidarias (en adelante economías FES) son su funcionamiento democrático, su redistribución de la riqueza dentro y fuera de las empresas, y su vocación de contribuir al equilibrio ecosistémico. El desarrollo real de estos tres ejes (democracia, justicia y sostenibilidad) requiere trascender el capitalismo, lo que a su vez pasa por articular sociedades alrededor de los comunalismos.

Las economías FES dentro del capitalismo

Viviendo como vivimos en una sociedad y una economía capitalista, discernir qué es el capitalismo puede resultar de perogrullo, pero no lo es. No es fácil identificar la esencia del sistema que articula nuestras vidas.

El capitalismo es una organización socioeconómica que se articula alrededor del mercado. Las personas no producimos los bienes y servicios que necesitamos y deseamos, sino que los tenemos que comprar. Dicho de otro modo, un elemento esencial del capitalismo es que la personas no tenemos autonomía económica.

Este mercado es altamente competitivo. Cada una de las personas y de las empresas que participan en él luchan entre sí por su supervivencia. Una empresa que no coloque su mercancía, termina quebrando. Una persona que no venda su fuerza de trabajo, acaba en la miseria.

Esto no quiere decir que el mercado no tenga ningún tipo de reglas. Las tiene, pero la mayoría son regulaciones que no alteran el marco competitivo. Por ejemplo, fijar unos mínimos estándares de calidad no limita la lucha entre las empresas. Del mismo modo, pactar unas condiciones laborales basales en los convenios colectivos no garantiza el empleo, sino que permite que este sea menos precario o duro.

En todo caso, sí hay reglas que permiten desmercantilizar, al menos parcialmente, algunos bienes y servicios. Por ejemplo, quienes trabajan en la administración pública han tenido que competir por su puesto de trabajo a través de unas oposiciones, pero, una vez que lo consiguen, no tienen que continuar esa disputa social. O quienes acceden a los servicios públicos lo hacen sin mediación monetaria directa. En todo caso, en realidad los servicios públicos están dentro de la lógica mercantil en nuestro contexto. En primer lugar, porque pivotan sobre un ecosistema de empresas privadas como proveedoras. Pero, sobre todo, porque su financiación depende de fondos públicos, fondos que a su vez se obtienen mediante impuestos y préstamos financieros, que a su vez están anclados a mercados capitalistas.

Se podría decir que esto no tiene que ser necesariamente así, que el Estado es capaz de crear su propio dinero sin recurrir al mercado. No es este el lugar para discutir en profundidad la Teoría Monetaria Moderna que propone esta autonomía, pero en esencia esto no es posible en el capitalismo porque la creación de valor que respalda la creación de dinero se realiza en el proceso productivo mediante el trabajo humano sobre la naturaleza. Crear dinero que no esté respaldado por el valor producido por el trabajo humano es un ejercicio que genera burbujas financieras que, tarde o temprano, terminan por estallar.

Retomemos el hilo de la lucha por la supervivencia en el capitalismo. Una consecuencia de esto es la acumulación, porque los entes que compiten en el mercado tienen más posibilidades de éxito cuanto más capital son capaces de acumular y movilizar. No hace falta recurrir al egoísmo para explicar la acumulación en el capitalismo.

Y no solo la acumulación, sino la falta de capacidad real de tomar decisiones. Aunque existen agentes sociales con mayor poder que otros, incluso estos están compelidos a orientar sus estrategias a las exigencias de la competitividad: maximizar el beneficio. Así, el capitalismo es un sistema que se reproduce sin que ningún poder político o empresarial tenga control profundo sobre su dinámica (otra cosa es que las élites obtengan provecho de dicha dinámica).

Como el capitalismo obliga a empresas y personas a competir incesantemente para sobrevivir, esa supervivencia pasa por concentrar capital y el capital se genera en el proceso productivo a través del trabajo humano sobre los bienes naturales, la explotación laboral y la degradación ecológica no son una opción en el sistema, sino una necesidad.

Esta pulsión socio y ecocida se puede moderar mediante normativas, como un salario mínimo digno, un tope de horas de trabajo a la semana, la prohibición de los medios de producción más contaminantes o la obligación de reducir los desechos más dañinos. Que esto se consiga depende de la correlación de fuerzas sociales. Pero, en todo caso, este tipo de medidas chocan al menos con dos límites dentro del capitalismo.

El primero es que la competitividad obliga a un incremento incesante de las ventas. Las mercancías pueden producirse en condiciones más o menos dignas y respetuosas con el medio, pero si esta producción crece es inevitable que los impactos ambientales en un planeta finito también lo hagan, pues no hay actividad económica que no requiera de materia y energía. Además, en el capitalismo industrial no vale cualquier tipo de materia y energía: el sistema está unido al uso masivo de los combustibles fósiles y de minerales, y no puede tener una base renovable (ni siquiera en China). Es decir, la degradación ecosistémica no es una opción, ya que poner límites fuertes a la producción significa entrar en crisis.

El segundo límite es que la falta de autonomía económica de la población hace que sea un agente de su propia explotación. Cuando hay que elegir entre comer y tener un empleo con bajas condiciones laborales y ecológicas, la elección está clara. De este modo, una y otra vez, aparecen territorios donde desplazar la producción para revertir los procesos exitosos de lucha sindical, las huelgas son reventadas por esquiroles o la población de los territorios más empobrecidos pide la instalación de las fábricas más contaminantes. Y ni siquiera es necesario que la elección sea entre el hambre y el empleo. Al ser el capitalismo un sistema generador de fuertes desigualdades, esto produce en los seres humanos un intento sostenido por medrar, lo que pasa necesariamente por conseguir recursos económicos.

No es que sean inútiles las luchas sindicales y ecologistas y que no puedan tener éxitos, que desde luego son necesarias y los tienen, pero son como la maldición de Sísifo: una carrera sin fin en la que los avances son seguidos de retrocesos. Es un trabajo que nunca lleva a una sociedad realmente justa, democrática y sostenible si no se rompe con el sistema capitalista. Y la piedra es tanto más pesada cuanto más global sea la economía (más fácil es encontrar nuevos territorios «dispuestos» a altas tasas de explotación), más desigual (más incentivo a aumentar los niveles de consumo de las poblaciones más empobrecidas) y más cerca de los límites ambientales (más escasez y por lo tanto más posición competitiva para quien atesora esos bienes). Justo las condiciones que se dan en la actualidad.

Una última consecuencia de la competitividad y de la falta de autonomía de la población es que los trabajos productivos priman sobre los reproductivos, los de cuidados, ya que son los primeros los que generan capital, los que sostienen la competitividad de una empresa, y no así la mayoría de los segundos. Por eso en el capitalismo los cuidados, por más que son imprescindibles para que todo funcione, están en los escalafones más bajos de remuneración, cuando la tienen, y valoración social. Y, la misma razón que empuja a rebajar las salvaguardas ambientales y laborales, presiona de manera constante a centrar los esfuerzos en los trabajos productivos y no en los de cuidados. En todo caso, esto no es solo cuestión del capitalismo, sino también del patriarcado y el colonialismo. Los tres sistemas operan de manera sinérgica.

Dicho todo esto con un ejemplo. En una cooperativa se ha podido conseguir que la propiedad de la empresa sea de quienes trabajan en ella, la actividad tenga sentido ecosocial, la toma de decisiones sea democrática, se primen los cuidados, no existan escalas salariales y el superávit revierta en la mejora social y ecológica. Sin embargo, todo esto, dentro del marco de la economía capitalista, solo se podrá sostener mientras la empresa sea competitiva. Si deja de serlo, las personas socias decidirán que se reducen el sueldo, recortarán la atención a los cuidados, cambiarán las líneas de negocio hacia otras menos ecosociales (o por lo menos buscarán incrementar las ventas, sea esto necesario o no socialmente) y/o parte de las personas socias dejarán de recibir un sueldo porque no hay trabajo para ellas. Y esta decisión, por más que se tome en una asamblea, no será realmente democrática, pues vendrá impuesta por el mercado. Alternativamente, esa cooperativa podría sostener sus condiciones gracias a que se encuentra en un territorio enriquecido del planeta que succiona recursos materiales, energéticos, humanos y monetarios del resto en base a relaciones de explotación.

Esto no es un ejercicio de nihilismo. Las luchas sociales que han conseguido dentro del marco del capitalismo mejoras socioecológicas son necesarias. Es indudablemente mejor para la vida que la economía FES crezca, incluso dentro de una sociedad de mercado, pues ralentiza el poder destructor del capitalismo y abre posibilidades a cambios realmente transformadores.

En conclusión, aunque es habitual sostener que plantear el fin del capitalismo es un programa de máximos poco realista, puede ser que lo que no sea realista sea defender que se van a poder realizar avances significativos hacia la justicia, la democracia y la sostenibilidad dentro de él. Salir del capitalismo sería un programa de mínimos.

La economía FES fuera del capitalismo

Si el capitalismo es una sociedad de mercado en la que las personas han perdido su autonomía económica y requieren de dinero para sobrevivir, una economía no capitalista debe estar articulada alrededor de la autonomía, la desmercantilización y la desmonetización. Esto es imposible conseguirlo en solitario, por lo que hacerlo dentro de parámetros FES requiere del comunalismo.

¿Por qué comunalista y no estatalista? Conocemos experiencias históricas de Estados que, a través de un sistema de servicios públicos han reducido el espacio del mercado avanzando hacia sociedades menos desiguales. Sin embargo, aunque se trata de un avance indudable, es un recorrido que choca con tres límites infranqueables.

El primero es que una concepción de la satisfacción de las necesidades de este tipo no avanza hacia la autonomía. Ni la económica ni la política, pues ambas dependen del Estado. Supedita la capacidad de decisión y acción a la correlación de fuerzas estatal y desplaza hacia el control del Estado las opciones de acción. En una sociedad comunal, no solo son las comunidades las que tienen la autonomía política y económica, sino que solo dependen de ellas y sus relaciones con otras. El campo de juego son las propias comunidades y no un terreno ajeno.

Un terreno ajeno que no es neutral. Y este es el segundo límite infranqueable. En la dilatada historia del Estado han existido formatos muy distintos. También una miriada de intentos de hacerlo una herramienta que estructurase sociedades justas y democráticas. Fruto de esto, desde luego han existido Estados más deseables que otros, pero no hay ningún ejemplo de un Estado justo, democrático y sostenible. Tras 6.000 años de intentarlo, tal vez es el momento de reconocer que una estructura que escinde la toma de decisiones de la sociedad (una de las características estructurales del Estado), no puede alumbrar sociedades realmente ecosociales.

El tercer límite es que en la actualidad Estado y capitalismo forman una dupla profundamente interrelacionada. Una dupla en la que, además, el capitalismo es quien marca el paso. Lo hace porque el funcionamiento del Estado depende del mercado para algo tan básico como su financiación y, por lo tanto, su capacidad de acción. Como se apuntaba antes, del buen funcionamiento de la reproducción del capital dependen los impuestos y la emisión de deuda.

De este modo, la meta tiene que ser superar el salario y el mercado como formas dominantes de la economía garantizando colectivamente la subsistencia. Para ello, un elemento central es la construcción de autonomía comunitaria. Esta se potencia en la medida que los proyectos consiguen sostenibilidad ambiental (cierran los ciclos de la materia pudiendo reducir sus necesidades de aportes externos, usan energías y materiales renovables locales que están a su alcance, etc.); están menos especializados o, dicho de otra forma, tienen una actividad económica más variada y por lo tanto son más autosuficientes; tejen redes de apoyo mutuo con otras unidades de producción; o se basan en la frugalidad.

Dentro de la construcción de autonomía, el control de los medios de producción es clave. Control en forma de propiedad comunal, por ejemplo de la tierra o de las herramientas. Pero también en forma de conocimiento: capacidad de construir y reparar las herramientas, competencia para llevar a cabo los procesos productivos, etc.

Por ello, el aparato técnico que permite un control profundo de los medios de producción solo puede estar basado en técnicas humildes acopladas al funcionamiento de la naturaleza. No en técnicas altamente sofisticadas, que solo pueden desarrollarse en sociedades jerárquicas. Primero, porque el conocimiento concentrado en pocas manos es una herramienta de poder que es complicado que no termine utilizándose. Segundo, porque la tecnología compleja requiere de grandes cadenas globales de producción, pues se alimenta de recursos que están diseminados por lugares muy distintos del globo. Lo lejano, y por lo tanto parcialmente opaco, es fuente potencial de explotación. En tercer lugar, el modelo extractivista que requiere la tecnología compleja es imposible que no produzca degradación ecológica. No existe la minería sostenible.

El control de los medios de producción no es solo cuestión de la propiedad y del conocimiento, sino también de los modos de gestión. Es más, la gestión colectiva puede resultar más significativa que el tipo de propiedad formal. Un ejemplo son los huertos comunitarios establecidos en terrenos municipales o privados. De hecho, los bienes comunes se caracterizan fundamentalmente por su gestión comunal.

El control de los medios de producción puede ser un éxito efímero o no darse nunca si no existe también autonomía en la defensa. Esta defensa debe ser efectiva, aplicar el mínimo grado de violencia posible para el contexto social existente y que esta sea siempre menor que la de los organismos de poder, propiciando una desescalada de la violencia.

La cuestión no es solo el control de los medios de producción, sino de la vida en general. Saber cómo cuidar a las personas, cómo regular conflictos y organizarnos colectivamente, cómo poner en marcha mecanismos de reflexión y toma de decisiones democráticas, etc. Bajo esta óptica se hace necesaria la integración de la producción y la reproducción en una sola unidad económica. No se deben desligar unos trabajos de otros, ya que ambos se encuentran indisociablemente unidos. Es más, los reproductivos son imprescindibles para que pueda realizarse cualquier trabajo productivo. Son esenciales.

Una sociedad de comunidades autónomas no implica que no pueda existir ningún tipo de mercado. Lo que significa es que no son sociedades «de mercado», sino «con mercado». En una economía de este tipo no se produce para la venta, sino para el uso. Solo se vierten al mercado los excedentes. Un ejemplo serían las huertas rurales en las que la población lleva a la plaza lo que le sobra. En sociedades «con mercado», este es solo un complemento de la vida y debe estar regulado democráticamente por normativas que primen la satisfacción universal de las necesidades básicas de la población con respeto de los límites ambientales.

Algunos de esos mercados se pueden articular alrededor de la donación y la reciprocidad no monetizada, pero estos sistemas requieren del conocimiento y la confianza. Donde esto no existe, hacen falta monedas. El tipo de moneda que articule estos mercados no es irrelevante. Estas sería deseable que no puedan servir como reserva de valor para no facilitar la acumulación, y que tengan límites en su creación anclados a los planetarios.

Asociada a la construcción de autonomía mediante la desmercantilización está la desalarización. En las sociedades capitalistas se distinguen tres grandes tipologías de trabajos: el empleo, los trabajos de cuidados y los trabajos productivos no salarizados, en muchos casos comunitarios. Una economía que construya autonomía consiste en reducir la primera tipología a costa de las otras dos con enfoques FES.

Esto no quiere decir que los trabajos comunales o de cuidados en el ámbito familiar no puedan estar atravesados por relaciones de poder, que desde luego que pueden. Hacer un tránsito desde el capitalismo hacia economías comunales requiere, al tiempo, una transición fuera del patriarcado y del colonialismo. Esta es una transición posible: mientras no existe un capitalismo FES, sí conocemos comunidades y familias con relaciones mayoritarias de apoyo mutuo y solidaridad.

Pero la construcción de autonomía comunal es siempre relativa en el marco de nuestra ecodependencia. Es autonomía de las relaciones de poder impuesto, pero no de la trama de la vida. Analizar la economía bajo el prisma ecologista implica su integración armónica dentro de la lógica de funcionamiento de los ecosistemas. Si los ecosistemas centran su esfuerzo no en el crecimiento, sino en el cierre de ciclos usando energía solar, maximizando la diversidad y con altas tasas de cooperación, las economías humanas necesitan hacer lo mismo.

Una sociedad de este tipo no es una sociedad sin instituciones, sino con otro tipo de instituciones diferentes a las del mercado y el Estado. Dos bases de estas instituciones son que sean comunitarias y tengan como foco el bien común en armonía con el resto de la vida. Continuemos construyéndolas.

Luis González Reyes participa en varias experiencias de la economía feminista, ecológica y solidaria como Garúa, Entrepatios, FUHEM, el Arenero o el GAK Las Carolinas.

Fuente: Alternativas Económicas

La Escuela de Movilidad Sostenible presenta en un acto online su primer libro, Mover la Movilidad, una obra colectiva escrita por más de una veintena de profesionales y entidades que responden, cada una desde una dimensión de la movilidad, a una misma pregunta: ¿cómo cambiar la manera en la que miramos y actuamos sobre la movilidad?

La presentación quiere ser un diálogo abierto y distendido sobre el reto que plantea el libro: cómo transformar de manera profunda las características y dinámicas de nuestros sistemas de movilidad, yendo más allá de paliativos.

Fecha: lunes, 26 de octubre de 2026
Hora: de 18:00 a 19:30 h
Modalidad: online, a través de Zoom
Organiza: Escuela de Movilidad Sostenible
Inscripción: formulario de inscripción

El libro también se presenta en un acto presencial en Barcelona el viernes 16 de octubre, de 18:00 a 19:30 h, en el Hub Social Barcelona (C/ Girona 34). La inscripción para ambos actos se hace en el mismo formulario.

La versión digital del libro se puede descargar de forma gratuita y la versión impresa estará a la venta en librerías a partir del 19 de octubre.

Inscríbete aquí · Consulta el libro en Recursos

¿Cómo cambiar la manera en la que miramos y actuamos sobre la movilidad?

Os presentamos el primer libro publicado por la Escuela de Movilidad Sostenible. Con una visión poliédrica en los temas y voces, y desde el pensamiento creativo y crítico, Mover la Movilidad aborda cómo transformar de manera profunda las características y dinámicas de nuestros sistemas de movilidad, yendo más allá de paliativos para reducir sus aspectos más perjudiciales sin modificar las lógicas con las que se construyen y funcionan.

Te invitamos a acompañarnos en este apasionante viaje para dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo cambiar la manera en la que miramos y actuamos sobre la movilidad?

De la mano de más de una veintena de profesionales y entidades excepcionales y comprometidas: Laura Llavina Jurado, Lídia Pérez Sánchez, Mercè Taberna Torres, Josep Bohigas Arnau, Carmen Duce Díaz, Manuel Calvo Salazar, Sílvia Casorrán Martos, Mercedes Vidal Lago, Manuel Valdés López, Col·lectiu Punt 6, Eixample Respira, Revolta Escolar, Xarxa Bicibús de Barcelona, Maite Peris Colom, Núria Pérez Sans, Ana Solà Carreras, Xosé Manuel Tato Camino, Juan Carlos Escudero Achiaga, Xavier Bach Coma, Eloi Guinjoan Cesena, Lídia Padrós Prats, David Balbás Alonso, Vanessa Maxé Navarro y Moisés Pombo Fernández.

Actos de presentación

Os invitamos a participar en los actos de presentación del libro. Nos gustaría mucho poder contar con vosotros y vosotras para hacer un diálogo abierto y distendido respecto al reto que proponemos en el libro: cómo mover la movilidad.

• Acto presencial en Barcelona: viernes, 16 de octubre, de 18:00 a 19:30 h, en el Hub Social Barcelona (C/ Girona 34). Después, hasta las 20:30 h, habrá espacio para hacer un brindis y comentar de manera informal.
• Acto online: lunes, 26 de octubre, de 18:00 a 19:30 h, a través de Zoom. Más información en la agenda.

Inscripciones

Versión impresa

La venta de la versión impresa en librerías estará disponible a partir del 19 de octubre. Puntos de venta:

• La Ciutat Invisible (Barcelona)
• Ciclandia (Gijón)

Primera edición: septiembre de 2026
Páginas: 200; fotografías e ilustraciones a color
ISBN: 978-84-10421-45-5
Depósito legal: B 20156-2026
Edita: Escuela de Movilidad Sostenible
Licencia: Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0

Versión digital

La versión digital se puede descargar de forma gratuita en la web de la Escuela de Movilidad Sostenible.

Descarga el libro (PDF) · Más información

Fuente: Escuela de Movilidad Sostenible

La jornada «La Economía Social en entornos rurales de Reto Demográfico» se celebrará el viernes 2 de octubre, de 9:30 a 18:30 h, en San Román de Cervantes (Os Ancares, Lugo).

La organiza el Ministerio de Trabajo y Economía Social y reunirá a administraciones públicas y a entidades de la economía social con actividad o interés en el medio rural, así como a personas emprendedoras, agentes de desarrollo local, grupos de acción local, organizaciones agrarias, redes de desarrollo rural y proyectos de innovación social y territorial. Se compartirán experiencias sobre creación de empleo, mantenimiento de servicios y lucha contra la despoblación, con el objetivo de avanzar en estrategias compartidas que refuercen la cohesión territorial y social. Entre los ámbitos que se abordarán están la economía de los cuidados y la economía plateada, las industrias culturales y creativas, el empleo verde y la bioeconomía, y el relevo generacional en actividades ligadas al territorio.

Fecha: viernes 2 de octubre de 2026
Hora: de 9:30 a 18:30 h
Lugar: San Román de Cervantes (Os Ancares, Lugo)
Modalidad: presencial
Organiza: Ministerio de Trabajo y Economía Social
Inscripción: formulario de inscripción
Programa: descargar el programa completo (PDF)

Programa

Inscríbete aquí · Descarga el programa (PDF)

El Salto cumple nueve años y los celebra mirando hacia atrás, pero también hacia todo lo que queda por delante. Desde 2017, este medio cooperativo ha acompañado buena parte de las luchas y transformaciones sociales de los últimos años, desde las movilizaciones por unas pensiones dignas y las huelgas feministas hasta las luchas por la vivienda, la emergencia climática, los servicios públicos, los derechos laborales y de las personas migrantes.

A lo largo de este recorrido, El Salto ha tratado de estar allí donde estaban pasando las cosas y poner el periodismo al servicio de quienes protagonizan esos cambios. En 2019, por ejemplo, siguió de cerca el auge del movimiento climático y sus grandes movilizaciones; durante la pandemia de 2020 puso el foco en las redes de apoyo mutuo, la situación de los barrios, el personal sanitario o el abandono de las personas mayores. En los años posteriores, sus coberturas han abordado el impacto de la inflación, la crisis energética, los desahucios y la turistificación, así como las movilizaciones contra el genocidio en Gaza.

Pero estos nueve años no hablan solo de los temas que El Salto ha cubierto. También hablan de una forma diferente de hacer periodismo: como proyecto cooperativo, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva, sostenido fundamentalmente por su comunidad de socias y socios y sin financiación de empresas del Ibex 35.

Esta forma de entender la comunicación comparte muchos de los principios que impulsan a la Economía Social y Solidaria: poner a las personas en el centro, construir proyectos colectivos y democráticos y generar alternativas frente a los modelos económicos y mediáticos dominantes.

Nueve años después, El Salto sigue apostando por un periodismo independiente capaz de acompañar y explicar las luchas sociales y de contribuir a construir una sociedad más justa. Y para poder seguir haciéndolo necesita ampliar su comunidad y alcanzar las 12.000 personas socias.

Desde REAS celebramos estos nueve años de camino compartido y animamos a nuestra comunidad a conocer el proyecto y a apoyarlo.

Conoce El Salto y hazte socia o socio: https://www.elsaltodiario.com/

Consulta la noticia completa con el repaso a algunos de los momentos más destacados de estos años:

En REAS Red de Redes hemos puesto en marcha una nueva página web dedicada a las aplicaciones que nacen dentro de la Economía Social y Solidaria o que trabajan para ella. Desde hace años, distintas cooperativas, redes y asociaciones desarrollan herramientas digitales propias para buscar trabajo, consumir, emprender o colaborar con otras entidades. Muchas veces estos proyectos son poco conocidos fuera de su entorno más cercano, y por eso hemos querido reunirlos en un mismo sitio.

La página arranca con cuatro iniciativas:

• UpmeUp es un portal de empleo que pone en contacto a profesionales con entidades de la economía social y tiene en cuenta los valores de unas y otras, no solo el currículum.
• Mercado Social permite conocer las entidades de los mercados sociales de distintos territorios, consultar su balance social y acceder a ventajas como persona consumidora.
• El Nido, impulsada por Economistas sin Fronteras, funciona como una red social para quienes emprenden o quieren consolidar un proyecto en la ESS.
• Fem Lliga ayuda a las organizaciones a encontrarse según lo que necesitan y lo que pueden ofrecer, para que intercooperen.

Cada aplicación tiene su ficha, con una explicación breve y los enlaces para entrar en ella o descargarla en el móvil. Todas comparten algo que nos importa: se han creado desde la economía solidaria y la mayoría con software libre, como alternativa a las grandes plataformas comerciales.

Queremos que esta página siga creciendo con nuevas herramientas, así que si conoces o impulsas alguna, nos encantará saberlo.

Visita la página de Apps de la Economía Solidaria

La preocupación social por los desahucios y por la dificultad de acceder a una vivienda exige respuestas inmediatas. Ninguna persona debería perder su hogar sin una alternativa digna. Es necesario proteger a quienes viven de alquiler y evitar que las subidas de precio o los usos fraudulentos del alquiler expulsen a las personas de sus casas y sus barrios.

Apoyamos a quienes se organizan para defender su vivienda. Su movilización hace visible una inseguridad que a menudo se vive en soledad y que empieza antes de cualquier procedimiento judicial: cuando llega una subida imposible de asumir, cuando se acerca el fin de un contrato o cuando ya no existe una vivienda accesible en el entorno donde se ha construido una vida.

Las medidas urgentes son imprescindibles. También debemos preguntarnos qué viviendas encontrarán las próximas generaciones. Si cada crisis se afronta sin ampliar un parque residencial estable, seguiremos interviniendo cuando muchas personas ya estén a punto de perder su hogar.

Desde Red Vivienda Cooperativa defendemos una política capaz de hacer las dos cosas: proteger ahora y crear vivienda asequible de forma duradera. Esto requiere aumentar la vivienda pública de gestión directa y sumar la capacidad de entidades sociales sin ánimo de lucro y comunidades organizadas. El objetivo debe ser que el suelo, la financiación y las ayudas públicas de hoy sigan produciendo hogares asequibles dentro de décadas.

Los casos recientes de expulsión residencial obligan también a preguntarnos qué prácticas favorecen la fiscalidad y las ayudas a la vivienda. Estos instrumentos deberían promover la asequibilidad duradera, proteger a quienes ya habitan los inmuebles y evitar que su revalorización dependa de expulsar a sus residentes.

La vivienda cooperativa en cesión de uso puede contribuir a ese objetivo. El inmueble es de propiedad cooperativa y se gestiona colectivamente, las personas residentes disponen de un derecho de uso estable y las cuotas se destinan a sostener los costes del proyecto. Con reglas que impidan la venta individual y la apropiación privada de las plusvalías, las viviendas pueden permanecer al servicio de quienes las habitan y de quienes llegarán después.

Sabemos que esta fórmula no realoja por sí sola a quien afronta mañana un desahucio. Promover o rehabilitar viviendas lleva tiempo, y la aportación inicial sigue excluyendo a muchas personas. Para que la cesión de uso sea una opción real para más hogares, las administraciones deben facilitar suelo e inmuebles, financiación a largo plazo, garantías y ayudas que reduzcan los costes de entrada y aseguren la inclusión. También pueden apoyar la adquisición y rehabilitación de edificios existentes, con garantías para sus residentes.

Este planteamiento coincide con una preocupación que atraviesa el debate europeo. Housing Europe ha pedido convertir el crecimiento del parque público, cooperativo y social permanentemente asequible en un objetivo estructural. También ha señalado que la vivienda liderada por la comunidad necesita pasar de iniciativas aisladas a sistemas capaces de sostenerse y crecer. Desde RVC queremos aportar la experiencia de las cooperativas de cesión de uso en el Estado español a ese aprendizaje compartido.

La respuesta a la emergencia habitacional se medirá por las personas que logren conservar hoy su hogar. La política de vivienda también deberá medirse por cuántos hogares públicos, sociales y cooperativos permanecen asequibles año tras año. Para avanzar en ambas tareas hacen falta decisión pública, recursos y participación de la sociedad organizada.

A la ciudadanía se le repite que tiene que comer mejor. Más frutas y verduras, más legumbres, más alimentos frescos y menos productos ultraprocesados. Lo dicen las autoridades sanitarias. Lo dicen las profesionales de la salud. Lo dicen las guías alimentarias.

Pero hay una pregunta que casi nunca se hace: ¿quién puede permitirse comer así?

Firma por un sistema alimentario que permita comer bien. A precio justo y para todas. Personas y organizaciones pueden sumarse a la propuesta a través de los formularios de adhesión individual y de entidades de Justicia Alimentaria.

Porque mientras se recomienda mejorar la alimentación, llenar la cesta de la compra con alimentos saludables se ha convertido para muchas familias en un esfuerzo económico cada vez mayor. Y esta contradicción no es un problema individual. Es un problema del sistema alimentario.
No se puede seguir trasladando a las personas toda la responsabilidad sobre lo que comen cuando las reglas del mercado hacen que comer bien resulte más difícil.

La alimentación saludable no puede ser un lujo.

Una alimentación saludable no debería depender del nivel de renta.

Sin embargo, para una familia con dificultades económicas, llenar la cesta de productos frescos puede significar renunciar a otras necesidades básicas. Y cuando el presupuesto aprieta, los alimentos baratos, muy disponibles y fuertemente promocionados suelen ser precisamente aquellos cuyo consumo las autoridades sanitarias recomiendan limitar.

Esto no es una elección libre en igualdad de condiciones.

Según Justicia Alimentaria, durante demasiado tiempo se han construido las políticas alimentarias alrededor de una idea muy sencilla: el consumidor debe elegir mejor.
Pero ¿qué ocurre con los precios? ¿Qué ocurre con las promociones? ¿Qué ocurre con la distribución de los espacios en los supermercados? ¿Qué ocurre con las estrategias comerciales? ¿Qué ocurre con los márgenes? ¿Qué ocurre con la publicidad dirigida a las familias y a la infancia?

Si se quiere transformar la alimentación, hay que transformar también el entorno en el que se toman las decisiones.

Por eso proponen 100 alimentos saludables a precio justo.

Desde Justicia Alimentaria quieren abrir un debate y construir una propuesta concreta: que las grandes cadenas de distribución garanticen permanentemente una cesta amplia de alimentos saludables vendidos a precio de coste, sin trasladar el coste a profesiones de la agricultura, ganadería y proveedoras de alimentación.

La propuesta parte de una idea sencilla.

Los supermercados ya utilizan sus diferentes márgenes comerciales para construir su oferta y su estrategia de precios. Lo que plantean es que una parte limitada de esos márgenes se utilice para hacer más accesibles los alimentos esenciales para una alimentación saludable.

No se trata de que las personas que trabajan en el campo cobren menos.

No se trata de precarizar a quienes producen los alimentos.

No se trata de financiar la medida con dinero público.

Se trata de actuar sobre la distribución y sobre la forma en que se construyen los precios en la cadena alimentaria.

Y proponen hacerlo de manera transparente, con criterios nutricionales claros y con una cesta suficientemente amplia y diversa: frutas, verduras, legumbres, alimentos básicos y otros productos compatibles con las recomendaciones oficiales de alimentación saludable.

100 alimentos saludables. 100 alimentos a precio justo. 100 alimentos que permitan que comer bien no sea un privilegio.

Que nadie tenga que elegir entre salud y bolsillo

Hay algo profundamente injusto en un sistema en el que una familia puede encontrar miles de productos alimentarios en un supermercado, pero tiene dificultades para llenar su cesta con aquellos alimentos que debería consumir con mayor frecuencia.

La alimentación es uno de los principales determinantes de la salud. Y, por tanto, garantizar el acceso a una alimentación saludable no puede quedar reducido a campañas de educación nutricional.

No basta con decirle a una familia que coma mejor. Hay que hacer posible que pueda hacerlo.

Y eso exige intervenir sobre los precios, sobre la oferta y sobre las estrategias comerciales de las grandes cadenas de distribución.

Una propuesta que también debe proteger a quienes producen

Esta iniciativa no pretende enfrentar a quién consume y a quién produce.

Al contrario.

La organización no acepta la falsa disyuntiva entre alimentación saludable y renta agraria.

Una alimentación diferente necesita también agricultores y ganaderas que puedan vivir dignamente de su trabajo.

Por eso cualquier mecanismo para abaratar determinados alimentos saludables debe impedir que el coste termine repercutiendo sobre quienes los producen.

La transformación alimentaria no puede hacerse a costa de los eslabones más débiles de la cadena.

El supermercado también es política alimentaria

Durante años se ha considerado el supermercado como un espacio neutral.

No lo es.

Lo que se encuentra a la entrada, lo que está a la altura de los ojos, lo que aparece en promoción, lo que tiene descuentos, lo que se publicita, lo que ocupa más espacio y lo que se puede comprar a un precio asequible forma parte del entorno alimentario.

Y ese entorno condiciona la alimentación.

Por eso Justicia Alimentaria cree que ha llegado el momento de hablar de política alimentaria también dentro de los supermercados.

No se pueden dejar en manos exclusivamente de las empresas decisiones que tienen consecuencias sobre la salud de millones de personas.

Construir una alianza

En Francia, una iniciativa de estas características ha conseguido reunir a 42 organizaciones de ámbitos muy diferentes: organizaciones de consumidores, entidades sociales, organizaciones de salud, medioambientales, asociaciones de familias, sindicatos y organizaciones de lucha contra la pobreza, entre otras. La coalición está reclamando que una cesta de alimentos saludables pueda venderse permanentemente a precio de coste y ha acompañado esta reivindicación con una propuesta legislativa. Justicia Alimentaria cree que en España se puede hacer algo parecido.

Porque este no es un problema exclusivamente de agricultores.

Ni de consumidores.

Ni de salud pública.

Ni de pobreza.

Ni de medio ambiente.

Es un problema del sistema alimentario.

Y, precisamente por eso, necesita una respuesta colectiva.

Desde Justicia Alimentaria quieren impulsar una alianza por 100 alimentos saludables a precio justo y hacen un llamamiento a organizaciones sociales, de consumidores, de salud pública, de familias, sindicales, ambientales, de defensa de la agricultura familiar, profesionales de la nutrición y la salud, asociaciones contra la pobreza y todas aquellas entidades que quieran formar parte de ella.

Quieren sentarse, debatir la propuesta, mejorarla y convertirla en una reivindicación compartida.

Porque saben que una transformación de esta magnitud no la va a conseguir una organización sola.

La conseguirán si son capaces de construir una mayoría social que diga algo muy sencillo: comer bien no puede ser un privilegio de quien puede pagarlo.

Firma por un sistema alimentario que permita comer bien. A precio justo y para todas. Personas y organizaciones pueden sumarse a la propuesta a través de los formularios de adhesión individual y de entidades de Justicia Alimentaria.

Fuente: Justicia Alimentaria

El Casino de Carballo y la Rede polo Decrecemento en Carballo organizan el XV Encuentro Ibérico de Moedas Sociais e Complementarias, que este año se celebra en Carballo (A Coruña) los días 10 y 11 de octubre, con la colaboración del Concello de Carballo.

El I Encuentro de Monedas Sociales y Complementarias se celebró en 2012 en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), con 16 monedas representadas, y allí se acordó mantener un encuentro anual, que desde entonces se ha celebrado en distintos lugares de la península. Desde la edición de Lisboa de 2025 es un encuentro ibérico. La organización a cargo de los colectivos locales hace que cada edición sea diferente, vinculada a la realidad del territorio, a la moneda social de cada lugar y al contexto social del momento.

Fecha: sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026
Lugar: Edificio Fórum, Carballo (A Coruña)
Modalidad: presencial
Organizan: Casino de Carballo y Rede polo Decrecemento en Carballo. Colabora: Concello de Carballo
Inscripción: formulario de inscripción
Contacto: rededecrecementocarballo@gmail.com

Dirigido a: personas vinculadas al activismo social y a proyectos de economía social y monedas complementarias, muchas de ellas implicadas directamente en la creación y gestión de estas iniciativas, y personas del ámbito académico y de la investigación interesadas en estudiar y analizar estas experiencias. Además, un grupo de participantes habituales ha coincidido en muchas de las ediciones, creando una red de relaciones y colaboración bastante consolidada.

Uno de los principales valores del Encuentro es el intercambio directo de experiencias reales: conocer proyectos que están funcionando en distintos territorios, compartir dificultades y soluciones y generar nuevas colaboraciones entre personas y colectivos que trabajan en el ámbito de las monedas sociales y complementarias.

Inscripción y logística

El formulario de inscripción recoge la información necesaria para planificar la logística:

• Cuántas personas van a asistir y qué días.
• Quiénes se quedarán a comer en el lugar del Encuentro (almuerzos del sábado y del domingo, y sesión lúdica con música tradicional el sábado por la noche) y el tipo de dieta.
• Si se busca alojamiento o transporte. Hay un documento para compartir alojamiento y transporte entre particulares.

El sábado por la tarde se celebrará además el I Mercado Ecosocial, propuesto por las personas del proyecto RIAS.

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Coop57 ha firmado un nuevo acuerdo de garantías con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) en el marco del programa europeo InvestEU para el emprendimiento social. Este nuevo acuerdo es un paso importante para Coop57, ya que las garantías del FEI refuerzan su solvencia, le permiten financiar más proyectos y garantizar, todavía más, el ahorro de las socias de la cooperativa.

El FEI es una institución de la Unión Europea que desarrolla diferentes programas para facilitar el acceso al crédito a pequeñas y medianas empresas y entidades de la economía social y solidaria. Lo hace ofreciendo garantías a bancos y entidades financieras como Coop57 para que puedan conceder préstamos en mejores condiciones.

El acuerdo prevé la creación de un fondo de garantía que permite a la cooperativa sostener el riesgo de su actividad financiera de manera compartida y, por tanto, reducir de manera significativa el potencial impacto negativo de posibles impagos.

En términos prácticos, estas garantías aseguran que una parte del riesgo de los préstamos quede cubierta por el FEI. Si en algún momento no se pudiera devolver algún préstamo, esta garantía asumiría una parte importante.

El objetivo final de estas garantías es reforzar la actividad habitual de Coop57 en el impulso de proyectos que trabajen por la transformación social y que se gestionen de forma transparente, participativa y comunitaria. Por eso, más allá del impacto económico, el acuerdo también supone un reconocimiento de su solidez y trayectoria como herramienta de financiación ética y cooperativa, y consolida este tipo de colaboraciones. Al mismo tiempo, es un ejemplo de que las instituciones europeas pueden destinar recursos a entidades de finanzas éticas comprometidas con la economía social y solidaria.

Anteriormente, Coop57 ya contó con el apoyo del FEI en el marco del programa EaSI (2020), un primer acuerdo con una duración de cinco años que le daba acceso a un fondo de avales para cubrir parte del riesgo de los préstamos que concedía. Ahora, este nuevo acuerdo actualiza y da continuidad a aquel primer convenio, adaptándolo al nuevo marco de InvestEU.

Esta operación cuenta con el apoyo de la Unión Europea en el marco del Fondo InvestEU.

Fuente: Coop57

Guardabosques, el centro de formación ecosocial impulsado por Ecooo Energía Ciudadana S. Coop. en la aldea de Donelle (Sober, Lugo), organiza en colaboración con Mondragon Team Academy (MTA), la Unidad de Emprendimiento de Mondragon Unibertsitatea, el curso «Del reto al cambio: emprender e innovar en colectivo».

Es una experiencia intensiva de cuatro días para personas con inquietudes emprendedoras e intraemprendedoras (que quieren innovar desde dentro de un proyecto ya existente). Con la metodología Design Thinking, las personas participantes aprenderán a comprender en profundidad los desafíos que quieren abordar, generar ideas de forma colaborativa, construir prototipos y validar soluciones con potencial de impacto, trabajando sobre retos reales que aportan ellas mismas y desde una perspectiva centrada en las personas y el territorio.

Fecha: del jueves 19 al domingo 22 de noviembre de 2026
Hora: del jueves 19 a las 18:00 h al domingo 22 a las 14:30 h
Lugar: Guardabosques, Donelle, Sober (Lugo). Recogida desde Monforte de Lemos
Modalidad: presencial, con alojamiento y pensión completa (dieta vegetariana)
Organiza: Guardabosques (Ecooo Energía Ciudadana S. Coop.), en colaboración con Mondragon Team Academy
Docentes: Josune Prieto y Aitor García (Mondragon Team Academy)
Plazas: 30, por orden de inscripción
Precio: 390 € por persona; 375 € si reservas antes del 8 de octubre. 290 € (275 € con pronto pago) para personas de la Ribeira Sacra, sin pernocta. 5 % de descuento para Guardabosques y Madrinas
Inscripción: en la web de Guardabosques, con una reserva de plaza de 90 €, hasta el 25 de octubre
Más información: dossier completo del curso (PDF)

Dirigido a: profesionales de cooperativas y entidades de economía social y solidaria que quieran impulsar procesos de innovación en sus organizaciones; personas emprendedoras o con una idea de proyecto que quieran desarrollarlo en equipo; profesionales de ONG y del tercer sector; personas vinculadas a la innovación social o el desarrollo territorial, y personas interesadas en generar proyectos colectivos con impacto positivo.

Programa

Antes del curso se enviará un breve cuestionario a las personas participantes para conocer sus retos, expectativas y necesidades y adaptar los contenidos al grupo. No hace falta tener un proyecto completamente definido: se puede participar con una idea, un reto de una organización o una inquietud que se quiera explorar.

Inscríbete aquí · Descarga el dossier completo (PDF)

La Red de Economía Alternativa y Solidaria de Galicia (REAS Galicia) organiza la jornada «La Economía Social y Solidaria para una cultura sostenible y comunitaria» en el marco de la Red Eusumo. Una jornada de conversaciones, grupos de trabajo y una gala abierta para conectar proyectos culturales, tejido local y economía social y solidaria.

Fecha: viernes, 2 de octubre de 2026
Hora: de 10:00 a 19:00 h
Lugar: Centro de Emprendimiento A Estación Cultural, Vedra (A Coruña)
Modalidad: presencial
Organiza: REAS Galicia, en el marco de la Red Eusumo
Inscripción: formulario de inscripción
Más información: comunicacion_reasgz@reasnet.com

Programa

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Después de un recorrido de más de un año desde la Conferencia Más Allá del Crecimiento en septiembre de 2025 y la plenaria del Foro Social en febrero de 2026, llega el Primer Encuentro del Acuerdo Ecosocial Más Allá del Crecimiento, que tendrá lugar en Sevilla los días 2 y 3 de octubre.

En un momento marcado por las consecuencias más evidentes de la crisis ecosocial, en forma de guerras, incendios, crisis de vivienda y salud, acaparamiento de tierras por fondos privados de inversión y el genocidio que continúa en Palestina, el encuentro se plantea no solo para resistir, sino también para trabajar en propuestas que aborden las causas, transitando más allá del crecimiento y del capitalismo. Se trabajarán propuestas en torno a los conflictos identificados por el Pacto Alimentario, del Agua y la Biodiversidad y por el Pacto de Salud Integral y Bienestar Comunitario, con la metodología común del Foro Social.

Fecha: viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026
Hora: viernes, de 15:30 a 20:30 h; sábado, de 9:30 a 19:00 h (y cena y espacio cultural a las 20:00 h)
Lugar: viernes, Parlamento de Andalucía (Hospital de las Cinco Llagas); sábado, sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, C/ Blanco White, 5, Sevilla
Modalidad: presencial
Organiza: Foro Social Más Allá del Crecimiento
Inscripción: en la página del encuentro en Decidim («Unirse al encuentro»)

Programa

Inscríbete en Decidim · Lee la noticia sobre el encuentro

Este año la Semana Europea de la Movilidad repite el lema “Movilidad para todas” y pone el foco en la equidad entre generaciones. Necesitamos urgentemente transformar nuestras ciudades y movilidades para dar respuesta a las diferentes necesidades que tenemos a lo largo de nuestro ciclo de vida.

Una de las etapas que a veces queda en tierra de nadie es la adolescencia. Una etapa clave donde se forjan hábitos, construimos nuestra identidad y buscamos la libertad: salir del paraguas de nuestra familia y empezar a conquistar nuestros propios espacios.

Pero, ¿qué ocurre cuando llegamos a esa etapa sin haber aprendido a movernos de forma autónoma? Hay adolescentes que entran en secundaria sin haber ido nunca solos al colegio, salido por el barrio o jugado cerca de casa sin vigilancia.

A esto se suma una ciudad zonificada y monofuncional que no ha pensado que los espacios han de acoger también sus necesidades.

Hay dos ideas clave para construir ciudades que incluyan a la adolescencia: Seguridad no significa ausencia de riesgo. En lugar de limitar su autonomía porque existen peligros, debemos transformar las condiciones que los generan: velocidades, cruces, calles…

Y cambiar la mirada sobre la infancia y la adolescencia y dejar de lado la sobreprotección. Necesitamos confiar en su capacidad para resolver situaciones, tomar decisiones y participar en la vida de la ciudad.

Porque una ciudad para todas las personas debe tener lugares donde podamos encontrarnos, convivir y compartir entre generaciones.

En este marco, desde la Escuela de Movillidad comparten estos estos cursos y convocatorias:

CURSOS

Movilidad para todas las personas: género, edad y cuidados. Inicio: 29 septiembre.

Con Zaida Muxí, Marta Román, Laura Pérez, Montserrat García, Sara Ortiz, Col·lectiu Punt6.

Movilidad para todas las personas: género, edad y cuidados. Inicio: 29 septiembre.

Con Zaida Muxí, Marta Román, Laura Pérez, Montserrat García, Sara Ortiz, Col·lectiu Punt6.

Digitalización y datos en la movilidad sostenible.
Inicio: 30 septiembre.

Con Maite Pérez, Núria Pérez Sans, Ramon Pruneda, Manel Pons.

Gobernanza y participación ciudadana en la movilidad sostenible. Inicio: 1 octubre. 

Con Roser Casanovas, Mercedes Vidal, Amancay Villalba, Anabel Gulías, Luciano Ibarra, Eixample Respira, Som Mobilitat, Som Ecologística, Juventud por el Clima, Col·lectiu Punt6.

Movilidad al trabajo y de grandes centros de actividad. Modalidad asíncrona.

Con Juan Carlos Escudero, Manel Ferri, Mar Fernández Lorente, David Balbás Alonso, Marc Nadal Agustí, Alberto Puivecino Lobera, Rafael Requena, Manuel Riera Díaz.

EVENTOS

¡Ven a la presentación de Rowan March en Barcelona!

Participaremos en la presentación de la novela de Jaime Novo. Un thriller social para hablar de tecnología, vigilancia, bicis, en definitiva, del futuro de nuestras ciudades.

David Balbás Alonso (Escuela) participará en la presentación junto a Jaime Novo.

10 de septiembre a las 18:00 h en Bicihub Barcelona

Ver más

Jornada sobre descarbonización y electrificación de la movilidad

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, participamos en la jornada organizada por por la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, AMB, Ajuntament de Barcelona y ATM.

17 de septiembre | 9:00–17:30 en Espai Francesca Bonnemaison, Barcelona
Inscripciones

Jornada técnica sobre la Ley de Movilidad Sostenible

Elaboramos junto a COAMBA esta jornada para conocer las claves de la nueva normativa, profundizar en sus principales aspectos socioambientales y, reflexionar sobre las oportunidades que abre para ambientólogos y ambientólogas.

14 de septiembre | 10:00–11:30 h Online, a través de Zoom

Inscripciones

Abrir una cuenta corriente, contratar una póliza de seguros, financiar la tesorería municipal: son gestiones tan rutinarias que rara vez se piensan como una decisión política. Y sin embargo, según con quién se firmen, empujan el dinero público hacia un modelo financiero u otro.

A raíz de una sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC —tercera de un ciclo de cuatro encuentros dedicados a sectores estratégicos para la acción público-comunitaria, junto a vivienda, energía y alimentación—, conviene detenerse en algunas de las ideas que se pusieron sobre la mesa, porque retratan bien un sector ya consolidado que, aun así, sigue teniendo que pelear su espacio dentro de la contratación pública, pliego a pliego.

Guillem Subirachs y Sergi Salavert, del equipo técnico de FETS – Finançament Ètic i Solidari, condujeron la formación con una idea de fondo: las finanzas éticas ya no son una rareza testimonial, sino un ecosistema consolidado con casi treinta años de recorrido, y el reto ahora es que la administración pública aprenda a mirarlo.

Un sector que nació diciendo «con mi dinero, no»

El origen del movimiento se remonta a los años sesenta, ligado a la oposición a la guerra de Vietnam y al régimen del apartheid en Sudáfrica: colectivos que empezaron a exigir saber, y decidir, en qué se invertía su dinero. De ahí nace el principio más conocido del sector, el de exclusión —nada de armamento, nada de energía nuclear, nada de proyectos con impactos sociales o ambientales negativos—, aunque las finanzas éticas se definen hoy por bastante más que por lo que rechazan: también por comprometerse a canalizar el ahorro hacia proyectos con impacto positivo, por la transparencia sobre dónde va ese dinero, por la participación democrática de las personas socias en la gestión de las entidades, y por aplicar hacia dentro los mismos principios que exigen hacia fuera.

Con esos cinco criterios, FETS analiza los principales bancos y cooperativas de crédito del Estado español a través de su Escáner de las Finanzas Éticas; solo un puñado de entidades —entre ellas Coop57, Fiare Banca Ética, Oikocredit y Triodos Bank— supera el umbral de cumplimiento que la asociación considera necesario para hablar propiamente de banca ética.

Menos presente en el imaginario colectivo que los préstamos o las cuentas de ahorro, el sector asegurador forma también parte de este ecosistema, y ahí nace el sello EthSI, que certifica que una mutualidad, compañía o correduría trabaja según principios de mutualidad, equidad y transparencia. Un sello pensado, en un primer momento, como guía para la ciudadanía, pero que puede convertirse también en una herramienta de contratación pública.

Una ley que excluye la tesorería, y eso puede ser una ventaja

La Ley de Contratos del Sector Público deja fuera de su ámbito a los servicios de financiación y tesorería, mientras que sí regula los de inversión y seguros. A primera vista parece un vacío incómodo, pero puede leerse también como una oportunidad: da a los ayuntamientos más margen para negociar directamente con entidades de finanzas éticas, con mayor flexibilidad y sin la rigidez de un pliego estándar, aunque sin renunciar a los principios de concurrencia y transparencia que deberían regir cualquier contratación pública. La contrapartida es que, al no ser un proceso público, muchas de estas experiencias quedan invisibles si nadie se encarga de contarlas.

Cuando el servicio sí entra en la ley —los seguros, sobre todo—, ocurre justo lo contrario: todo el proceso se publica, y eso lo hace mucho más fácil de consultar y de replicar en otro municipio. La clave, en ese caso, está en vincular el objeto del contrato con criterios sociales, fiscales y ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida del servicio, y en aprovechar la posibilidad legal de dividir la licitación en lotes: las finanzas éticas pueden ser complementarias a la banca convencional, pero rara vez están en condiciones de asumir por sí solas un contrato entero.

Mataró y el 20% que sí se pudo pedir

El ejemplo más citado durante la sesión fue el del Ayuntamiento de Mataró, que en una licitación de sus pólizas de seguros repartió la puntuación en un 80% para la oferta económica y un 20% para estar en posesión del sello EthSI o un equivalente. La cláusula funcionó porque no era excluyente —de no haberse presentado ninguna entidad certificada, la licitación no se habría invalidado— y porque estaba bien justificada en relación con el propio objeto del contrato. En la práctica, la aseguradora adjudicataria no tenía el sello, pero sí la correduría que gestionaba el proceso, lo que bastó para activar ese 20%.

Un gesto administrativo relativamente pequeño, en definitiva, con un efecto nada menor: orienta hacia el sector ético una parte del gasto público y manda una señal clara al mercado sobre qué prácticas se quieren premiar. Y también un ejemplo de que este tipo de criterios de adjudicación, tan fáciles de impugnar cuando no están bien fundamentados, sí resisten cuando se construyen con cuidado —algo más sencillo, se apuntó, en un municipio de tamaño medio que en una gran capital, donde hay muchos más intereses puestos sobre el mismo contrato.

Otros ayuntamientos —Barcelona, Castellón o Donostia, además del propio Mataró— han conseguido financiar parte de su tesorería a través de entidades de finanzas éticas, pero en todos los casos fue posible porque existía una relación previa entre administración y entidad. Las finanzas éticas no funcionan como un proveedor de urgencia: no pueden presentarse a un concurso relámpago sin haber tenido antes ningún contacto con el territorio.

Más allá del pliego: formar, sensibilizar, construir relación

Antes de llegar a la contratación propiamente dicha, la sesión insistió en un mapa más amplio de lo que una administración puede hacer para fomentar las finanzas éticas en su territorio: fijar un diagnóstico y una hoja de ruta, formar tanto al personal técnico como al político, avanzar de forma progresiva hacia una operativa financiera propia con entidades éticas, y trabajar la sensibilización ciudadana —desde visibilizar los proyectos ya financiados en el territorio hasta organizar rutas sobre el impacto del sistema financiero en las ciudades o catas de productos de la banca ética, actividades que FETS repite cada año en distintos formatos—. A todo ello se suma fortalecer el tejido económico y social local mediante encuentros entre entidades de finanzas éticas y de la Economía Social y Solidaria de un mismo territorio, pensados precisamente para que la relación exista antes de que llegue la urgencia de una licitación.

Una ley favorable, pero una voluntad política imprescindible

Como en las sesiones dedicadas a energía o a vivienda cooperativa dentro del mismo ciclo, el mensaje de fondo volvió a repetirse al cierre: existen ya herramientas maduras —un escáner que mide bancos, un sello que certifica seguros, una guía jurídica pensada para copiarse directamente en un pliego— para que lo público mueva su dinero de otra manera. Lo que falta, con frecuencia, no es la herramienta sino la decisión de usarla. Sin una voluntad política clara, los tiempos se dilatan y ni la mejor guía técnica basta para que finanzas éticas y administración acaben encontrándose; con ella, como demuestra Mataró, un simple 20% en un pliego de seguros puede bastar para empezar a cambiar hacia dónde va el dinero público.

El próximo 16 de octubre, de 9:30 a 14:00 h, el Círculo de Bellas Artes de Madrid se convertirá en el epicentro del cierre del Ciclo de Foros COOPUBLIC, impulsado por REAS Red de Redes. Para participar es preciso inscribirse aquí.

Tras el recorrido por Catalunya, País Valencià, Euskadi-Nafarroa, Balears y Canarias, llega el momento de poner en común los aprendizajes de todo un ciclo de encuentros territoriales entre administración pública y entidades de la Economía Solidaria en un Foro Estatal presencial sin precedentes; un ejercicio de cooperación y trabajo conjunto de cooproducción entre agentes institucionales y sociales.

La pregunta que atraviesa todo el encuentro
¿Cómo mejorar las políticas públicas incorporando el conocimiento, las capacidades y las experiencias que ya existen en los territorios? Vivienda, transición energética, cuidados, alimentación, cultura… son retos que ninguna institución puede afrontar en solitario. Son cientos las cooperativas, redes comunitarias y organizaciones sociales que llevan años tejiendo respuestas concretas: comunidades energéticas, cooperativas de vivienda, redes de cuidados, proyectos culturales comunitarios, sistemas alimentarios de proximidad, iniciativas de finanzas éticas.

COOPUBLIC y este foro nacen para abrir ese espacio de encuentro e interlocución entre responsabilidad institucional, conocimiento técnico y experiencia social organizada, con un objetivo claro: pasar de las experiencias concretas a políticas públicas que se puedan aplicar, evaluar, replicar y proteger.

Un cartel de altura para el debate político-social

• David Perejil, director de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
• Jaime Iglesias, comisionado especial para la Economía Social
• María Sintes Zamanillo, jefa de servicio de la Oficina Española de Cambio Climático,
• Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales
• Luigi Carinci, presidente de REAS Red de Redes
• Belen Sánchez Rubio, grupo motor Futuro en común
• Jorge Nacarino, responsable de política institucional en la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales.
• Marta Abril, coordinadora de Políticas Públicas de Altekio/ Ecorredes

Del debate a la acción: diseño estratégico colectivo
Tras la mesa político-social, el foro no se queda en la fotografía institucional. Se abrirá un espacio de diseño estratégico colectivo para identificar qué herramientas se necesitan, qué obstáculos hay que superar y qué pasos concretos permitirán fortalecer este modelo de cooperación público-comunitaria — un trabajo que se traducirá en una hoja de ruta compartida para todo el Estado.

Una llamada especial a quienes hacen política pública cada día

REAS Red de Redes quiere contar especialmente con profesionales de las administraciones que trabajan en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas. Su experiencia es clave para que el debate no se quede en señalar buenas prácticas, sino que ayude a entender qué condiciones administrativas, jurídicas y políticas hacen posible llevarlas a la acción pública real.

Y también es una invitación directa a la sociedad civil organizada: si las comunidades ya están generando soluciones públicas, el reto es preguntarse cómo reconocemos, protegemos y ampliamos esa capacidad colectiva. .

Un encuentro que reúne en una misma sala a ministros, secretarías de Estado, direcciones generales y redes de economía solidaria y movimientos sociales. Si te interesa el futuro de la cooperación público-comunitaria y quieres ser parte activa en ésta es la cita que no te puedes perder.

16 de octubre | 9:30–14:30 h
Círculo de Bellas Artes, Madrid
Inscripción obligatoria aquí.

💻 ¿No puedes venir a Madrid? ¡Síguelo en directo por streaming!
👉 https://www.youtube.com/watch?v=EkLMP6C_gZ0

REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria organiza la 4ª edición de C2C Conversaciones, Aprendizaje e Intercambio de promotoras/es de la ESS, un encuentro que este año pone el foco en los Cuidados y el Emprendimiento en la Economía Social y Solidaria, con la colaboración del Centro de Referencia Nacional de Atención Social.

El encuentro se celebrará en Madrid el próximo 18 de noviembre y reunirá a iniciativas y promotoras de emprendimiento en el ámbito de la ESS, así como docentes y alumnado de Formación Profesional vinculados al ámbito de la Atención Social.

Han pasado tres años desde la última edición de C2C, celebrada en Bilbao en 2023, y en esta ocasión el encuentro pone el foco en un terreno que atraviesa a toda la ESS: la dignificación del trabajo de cuidados, el cuidado también hacia dentro de las propias organizaciones, y los modelos comunitarios frente a la mercantilización de la vida.

El programa

La jornada arrancará con una mesa inspiradora sobre cuidados y trabajo digno en la ESS, seguida de un diálogo entre ESS y Formación Profesional sobre cómo integrar la realidad cooperativa y de cuidados en los módulos de emprendimiento. A continuación, el encuentro dará paso a talleres simultáneos organizados en torno a tres ejes temáticos:

• Dignificación del trabajo de cuidados, sobre cooperativismo y condiciones laborales dignas.
• Organizaciones habitables, sobre cómo construir organizaciones que apliquen el cuidado también hacia dentro.
• Enfoque comunitario, sobre modelos públicos y comunitarios frente a la mercantilización de los cuidados.

Estos talleres darán paso a un laboratorio práctico en el que los grupos, formados por docentes, alumnado y entidades de la ESS, co-construirán propuestas concretas para llevar a las aulas de emprendimiento de la Formación Profesional, con el objetivo de generar materiales didácticos que acerquen los valores del cooperativismo y los cuidados a las futuras generaciones de profesionales del sector.

Con este encuentro, REAS Red de Redes y el Centro de Referencia Nacional de Atención Social buscan tender puentes entre la Economía Social y Solidaria y la Formación Profesional, y fortalecer el tejido productivo y reproductivo de la ESS en los diferentes territorios.

Más información e inscripciones AQUÍ

C2C Conversaciones: Cuidados y Emprendimiento en la Economía Social y Solidaria — Un puente hacia la Formación Profesional: Encuentro para profesionales, docentes de FP y entidades de la ESS sobre cómo dignificar el trabajo de cuidados, construir organizaciones habitables y avanzar hacia modelos comunitarios de cuidado.

Organiza:  REAS Red de Redes, con la colaboración del Centro de Referencia Nacional de Atención Social.

Cuándo: 18 de noviembre de 9.30 a 18.30h

Dónde: Ateneo La Maliciosa C/Peñuelas 12, Madrid.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: ENLACE

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA JORNADA EN ESTA WEB: ENLACE

Sesión de asesoramiento para Administraciones Públicas

Desde REAS Red de Redes, en el marco del servicio gratuito de asesoramiento en contratación pública responsable que estamos realizando dentro del proyecto COOPUBLIC, ponemos en marcha otra sesión específica sobre contratación pública estratégica.

Este espacio de asesoramiento que tiene además un carácter formativo, tiene como objetivo compartir herramientas, enfoques y orientaciones prácticas que ayuden a las AAPP a entender el uso de la contratación pública como apoyo a los objetivos de las políticas públicas y para que puedan integrar criterios sociales, medioambientales y éticos en sus procesos de compra.

La sesión será impartida por Marc Vilanova, de FACTO Cooperativa y Santiago Lesmes de Par en Par

Las plazas son limitadas. En caso de completarse el aforo, se habilitará una lista de espera para valorar la organización de nuevas sesiones de asesoramiento.

Actividad exclusiva para Administraciones Públicas.

INSCRÍBETE AQUÍ

El resultado de las últimas elecciones autonómicas, en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, ha puesto de actualidad el término «prioridad nacional», condición impuesta por la extrema derecha para investir presidentes autonómicos a los candidatos del Partido Popular.

Dicha prioridad consiste, básicamente, en dar prioridad a las personas de nacionalidad española, frente a las de origen migrantes, en el acceso a los servicios públicos y las ayudas. Todo ello, bajo la premisa de que no existe recursos suficientes para satisfacer las necesidades de la ciudadanía ante la percepción generalizada de la paulatina precarización de las condiciones de vida que sufre gran parte de la población.

Sin embargo, se puede tratar de combatir esta problemática apostando por otras prioridades…

Capítulo 1: El autobús turístico

A menudo, cuando vuelvo de trabajar, y cambio del tren al metro en un pequeño intercambiador de la periferia de Madrid, veo pasar algún autobús turístico de esos rojos de dos pisos. Supongo que, a esas horas, habrá dejado de dar servicio y se dirigirá a las cocheras que la empresa tenga en alguna zona alejada del centro.

Y es que, aunque los turistas disfruten fundamentalmente del centro de las ciudades y de los barrios más atractivos, sus impactos, de alguna manera, se hacen patentes en toda la urbe, condicionando, en mayor o menor medida, la vida de todos sus habitantes.

La masificación turística ha cambiado la configuración de las ciudades. Transformación que comienza en los barrios más céntricos, donde la sustitución de viviendas por pisos turísticos u hoteles desplaza a la población local, contribuyendo, junto a otras causas, a la insoportable subida del precio de la vivienda que se va trasladando hacia la periferia. Además, los barrios céntricos, al igual que las infraestructuras relacionadas con el turismo (aeropuertos que se amplían, nuevas líneas de tren de alta velocidad…) reciben grandes inversiones que luego no llegan a zonas más periféricas, y de origen más humilde, o a medios de transporte que vertebran la ciudad, como las redes de cercanías o metro.

Por contra, la riqueza generada por el turismo se distribuye de forma muy desigual, siendo acaparada, sobre todo, por los grandes intermediarios, como las centrales de reservas de plazas hoteleras y de apartamentos turísticos, las grandes compañías aéreas, las cadenas de hoteles, de establecimientos de hostelería… Y sí, es cierto que genera numerosos puestos de trabajo, pero también lo es que, en muchos casos, son estacionales y precarios.

Todo ello ha dado lugar a masivas movilizaciones en los territorios más afectados por los impactos del turismo, donde la población pone en cuestión un modelo que, además de generar grandes afecciones ambientales, impacta contra las condiciones de vida de una parte importante de la población. Piden poner límite a una actividad que ha crecido exponencialmente en los últimos años y actuar contra sus excesos (como los numerosos pisos turísticos ilegales) e impactos.

El trasfondo de estas demandas está en la necesidad de que las políticas que se desarrollen den prioridad a la población local (al margen de orígenes, nacionalidades, o colores de piel), que habita las ciudades y pueblos y que desarrolla su proyecto vital allí, frente a personas que realizan visitas esporádicas y, sobre todo, frente a grandes empresas que acumulan descomunales beneficios con este modelo.

Capítulo 2: Las patatas migrantes

Paro un momento de trabajar, hoy en casa, para poner a cocer unas judías verdes. Me doy cuenta de que no tengo una patata para echarle, por lo que me toca bajar a comprar. En un barrio periférico, como el mío, no hay fruterías, es más, apenas hay pequeño comercio. La falta de locales comerciales, en un modelo en el que predominan las urbanizaciones cerradas, así como la rápida implantación de supermercados y del gran centro comercial, han dado pocas oportunidades a este tipo de negocios.

Descarto ir al Mercadona, ya que me parece el colmo de la desfachatez que vendan patatas originarias del estado genocida de Israel, por lo que me dirijo al Ahorramás. Allí encuentro, tanto patatas a granel, como en redes de distintos tipos. Sin embargo, me voy fijando en el origen de cada tipo de patata y compruebo que todas ellas proceden de Francia.

El hecho en sí no está en que las patatas vengan de otro país, sino en que creo que debería darse prioridad, o me gustaría tener la opción yo de dársela a la hora de consumir, al producto local, al que se produce en el entorno donde luego se comercializa, reduciendo distancias de transportes. Igualmente, frente a las grandes explotaciones enfocadas a la exportación, se debería dar prioridad a las pequeñas y familiares, que representan un reparto más equitativo de la riqueza, generan más empleo y fijan población en el medio rural.

También, haciendo hincapié en ese reparto de la riqueza más justo, y en la supervivencia del medio rural y de la actividad del sector primario, se debería dar prioridad a modelos de distribución que paguen precios justos en origen, y que, como las grandes cadenas de distribución, sean de capital español o no, no aprovechen su peso en el mercado para fijar precios que arruinan al productor. Modelos de distribución, como el del pequeño comercio que, en proporción a su facturación, generan más puestos de trabajo, contribuyen a dar vida y seguridad a los barrios…

Capítulo 3: Los nuevos reyes magos de la sonrisa

Paseo por mi barrio un domingo por la mañana, me fijo en varios mensajeros de Amazon que aprovechan la sombra de un edificio para ordenar y distribuirse distintos paquetes que van a repartir. No sé si esa forma de trabajar responde a una situación extraordinaria, o si es algo habitual. El caso es que ese grupo de jóvenes, el último eslabón de la cadena de distribución, está trabajando un domingo para que podamos recibir en casa, en tiempo récord, cualquier bien que podemos pedir con la facilidad de un «clic».

Trabajo en el que se reciben grandes presiones por cumplir con las exigentes rutas de distribución, y que durante un tiempo fue desarrollado por la denominada figura de los falsos autónomos, a través del programa Amazon Flex. Tras las distintas condenas que recibió la compañía por la aplicación de la Ley Ryder, actualmente, las funciones de reparto han sido externalizadas mediante una cuestionable red de subcontratas y empresas de trabajo temporal. Un sistema que exime de responsabilidades a Amazon, a la vez que precariza las condiciones laborales de l@s trabajador@s.

Aparte, son muchos los impactos que la actividad de Amazon provoca, como concentración de la riqueza, destrucción del pequeño comercio, y vaciado de los barrios, congestión de las ciudades, empobrecimiento de los estados, al reducir al máximo el pago de los impuestos correspondientes a sus beneficios, graves impactos ambientales…

Por todo ello, las políticas públicas, además de legislar para garantizar condiciones laborales justas para tod@s y establecer modelos de distribución equitativos, deberían dar prioridad a los tipos de negocio cuyo impacto sobre el medioambiente es menor, a los que pagan los impuestos que corresponden a su actividad…

Como hemos visto, en los ejemplos anteriores, hablamos de la necesidad de políticas que apuesten por la prioridad ciudadana y local, evitando sesgos excluyentes. Evitando criterios xenófobos y clasistas y evitando enfrentar a la clase trabajadora, son necesarias políticas que vayan a la raíz del problema, el modelo económico que genera una obscena concentración de la riqueza que no tiene límites.

Sin duda, el contexto no es favorable para poder revertir aquellas políticas que precarizan nuestra vida, pero ello no puede ser la excusa para recurrir en falacias como la «prioridad nacional», que se vale del sentimiento de desesperanza y que sólo sirve para perpetuar la situación. El único camino, por tanto, es tratar de avanzar hacia situaciones más justas.

Para ello, debemos ser conscientes de que la política es una herramienta mucho más amplia que la práctica institucional, y que muchos de los actos que realizamos a diario son igualmente una forma de marcar unas prioridades, de hacer política y de luchar por el mundo que queremos.

Dentro de estas prácticas, siempre nos gusta reivindicar el consumo como una herramienta política que puede contribuir en este sentido. Las prioridades que aplicamos en nuestros criterios de consumo, las decisiones que tomamos en nuestras compras, las alternativas colectivas que ponemos en marcha, o en las que participamos, constituyen una herramienta de transformación más.

De acuerdo a prioridades, como la ciudadana y la local, debemos partir del criterio de reciprocidad, tratando de apostar por opciones de consumo que garanticen condiciones laborales justas como las que queremos recibir como trabajador@s, optando por formas de turismo que reduzcan su impacto como las que gustaría ver en el territorio donde vivimos…

Conforme a ello, son importantes las formas de consumo que combaten la concentración de la riqueza, y que contribuyen al bienestar común pagando los impuestos que les corresponde, para lo cual, podemos recurrir al pequeño comercio, a l@s pequeñ@s productor@s y/o a canales justos de distribución. Las formas de consumo que apuestan por el respeto al medio ambiente, pudiendo optar por formas de producción ecológicas y de distribución local. Aquellas que proporcionan condiciones laborales justas, evitando empresas que producen en países con legislaciones laborales laxas o que explotan a sus trabajad@s…

Igualmente, son fundamentales, frente al depredador sistema deslocalizado que concentra la riqueza, las formas de consumo local que actúa sobre aquello que está a nuestro alcance, logrando transformaciones reales en nuestro entorno.

Fuente: Consumo que suma en El salto

El antiguo recinto de la fábrica de cerveza Kindl, en el barrio de Neukolln en Berlín, es uno de esos sitios de coworking e innovación que se definiría fácilmente como moderno. Espacios abiertos, lamas de madera, azulejos rojos y una zona de encuentro creada a base de coloridos muebles amarillos definen lo que ahora es la sede del Impact Hub Berlin.

Sin embargo, el estudio que lo diseñó asegura haberlo construido mirando al pasado. “¿Cómo va a ser arcaico algo tan de futuro como la arquitectura circular?”, pregunto. La arquitecta responde: “Antes, para levantar una muralla, se extraían piedras de un sitio cercano. Y cuando la ciudad crecía, se usaban esos mismos bloques de piedra para construir edificios. Así lo hicieron griegos, romanos y egipcios, y nosotros, hasta hace relativamente poco. En los últimos 20 años, en cambio, la construcción se ha convertido en una verdadera máquina de hacer basura”.

Kim Le Roux fundó LXSY Architecture junto a su compañera Margit Sichrovsky. Habían estudiado juntas en la Universidad Técnica de Berlín y, al terminar, ambas sabían que no querían trabajar en un estudio de arquitectura estándar. “Queríamos crear un proyecto con conciencia e impacto social. ¿Y puede la arquitectura marcar la diferencia? Creíamos que sí, y así fue como empezamos”, explica Le Roux. No lo hicieron todo de golpe, sino poco a poco. Pasaron años desde su fundación en 2015 hasta que en 2022 recibieron un encargo del Impact Hub Berlín –con quienes previamente ya habían trabajado– para crear lo que ellas llamaron La Casa Circular.

Dar nueva vida a los materiales

Es un proyecto construido en un 70% con materiales reutilizados. “Fuimos de obra en obra y vimos dónde estaban derribando edificios para ver lo que nos podía servir. Encontramos muchísimos materiales, desde los menos atractivos como bandejas para cables y tubos de ventilación, hasta las viejas placas de madera del mítico club berlinés Kater Blau”, detalla Le Roux. Casi cada objeto tiene una segunda vida: azulejos recuperados, ventanas, puertas, lámparas e incluso sofás.

El despacho ha ido creciendo y ahora trabajan en él una veintena de personas, casi todas mujeres. Una de ellas es Irene Arrieta, una arquitecta española que defiende que lo revolucionario de la arquitectura circular consiste en transformar el proceso creativo: “Hemos perdido la costumbre de observar los recursos a nuestro alrededor y pensar cómo usarlos de manera óptima. Hoy la industria parece creer que todo vale, incluso traer materiales de la otra parte del mundo. Nosotras ofrecemos otra respuesta: nos preguntamos si tiene sentido construir así y cómo hacerlo mejor”.

Irene Arrieta aplica este principio en un proyecto en Baviera, en colaboración con la Universidad y con el Ministerio Público de Vivienda de Alemania, para renovar un edificio del departamento de Finanzas de Kelheim. Consiste, por ahora, en explorar qué materiales serían más convenientes de utilizar para ese edificio y después para otras viviendas públicas según criterios de circularidad. “Es un proceso muy gratificante: aprendes sobre materiales y también del intercambio con ingenieros. Que el sector público te pida una evaluación como esta indica que quieren empezar a pensar diferente sobre cómo construir”, explica.

La idea es probar materiales desde madera y paja hasta elementos reutilizados, en once proyectos piloto que podrían marcar un nuevo estándar. La capacidad de transformación es la gran ventaja de trabajar con el sector público. Mientras los proyectos privados permiten actuar con rapidez, el sector público puede consolidar el cambio a largo plazo. “Si estos proyectos funcionan dentro del presupuesto y con buenos resultados, pueden convertirse en referencia y abrir el camino a otros arquitectos”, dice Arrieta.
Retos de la reutilización

La reutilización presenta desafíos. Uno de los principales es la certificación de los materiales recuperados: muchos elementos pierden su validez al desmontarse, aunque sigan siendo funcionales. Resolver este vacío legal sería clave para escalar la circularidad.

La transformación no depende solo de los estudios de arquitectura ni de los clientes, que en muchos casos sí están dispuestos a pagar más. La industria de materiales sigue siendo el eslabón más lento: muchas empresas continúan produciendo con recursos nuevos porque su modelo de negocio se basa en la producción continua. Algunas, sin embargo, empiezan a adaptarse. Firmas como Derix –especializada en estructuras de madera– o Schüco, en carpinterías, han incorporado sistemas para recuperar y reutilizar sus productos cuando un edificio se demuele.

“Todavía es un proceso costoso y afecta a los márgenes de beneficio, pero no habrá alternativa. Pensar en la reutilización debe formar parte del proceso de construcción”, subrayan las arquitectas.

De hecho, los datos son alarmantes. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente indica que el sector de la construcción representa alrededor del 37% de las emisiones energéticas globales de dióxido de carbono (CO2).

En España, los avances son incluso más lentos. Según Arrieta, Alemania lleva años de ventaja en políticas y proyectos circulares. Algunas iniciativas en Baleares y Catalunya empiezan a experimentar con materiales locales y reutilizados, aunque de forma aislada.

El estudio también insiste en la necesidad de tener en cuenta el coste climático: el impacto ambiental asociado a la producción de nuevos materiales. “A veces construir circularmente parece más caro, pero el ahorro climático es real. Ese coste no lo paga el cliente, lo pagamos todos”, recuerda Arrieta.

Mirar el futuro con optimismo

Ambas son optimistas sobre el futuro de la arquitectura circular. “No hay otro camino. Los recursos son finitos y la contaminación global nos empuja hacia la circularidad, nos guste o no”, dice Irene Arrieta. Kim Le Roux se imagina una ciudad del futuro en la que cada edificio tenga un gemelo digital: un modelo 3D con toda la información de sus materiales. De ese modo, cuando un inmueble se renueve, los elementos retirados podrían volver al mercado para ser reutilizados. “Sería un paso hacia una ciudad verdaderamente circular”, analiza la arquitecta, que ve muy posible que su visión de la construcción se imponga alguna vez como una realidad.

Fuente: Climática

Álvaro Porro conoce de cerca la evolución de la economía social y solidaria y, especialmente, el camino recorrido para hacer de las políticas públicas una herramienta de impulso y transformación. Economista y vinculado durante años a este ámbito desde la administración y los movimientos sociales, actualmente es Director de economía social de Barcelona activa (agencia de desarrollo local de Ayuntamiento de Barcelona). Porro reflexiona sobre cómo ha cambiado la relación entre la ESS y las instituciones, qué se ha conseguido y cuáles son los retos para consolidar este modelo.

Esta entrevista parte del artículo «ESS: una dècada avançant amb vent a favor», publicado por Porro en la sección Tornaveu de Cooperació Catalana (núm. 500, septiembre de 2025), en el que analiza este recorrido y plantea algunas claves para afrontar el nuevo ciclo.

Empecemos por el principio. ¿Cómo llegaste tú a la economía social y solidaria?
Pues no fue por la vía académica, la verdad. Estudié Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid en los años noventa, incluido un año de Erasmus en Ámsterdam, y en todo ese tiempo nunca escuché el concepto de economía social ni se mencionó la cooperativa como forma empresarial en ninguna asignatura. Tampoco la encontraba como lector habitual de prensa: ni en las secciones económicas ni en ningún otro espacio. No existía ningún servicio público ni departamento institucional dedicado a esto. Fue a través de mi implicación en movimientos sociales donde descubrí otras maneras de hacer economía y empresa. Y no creo que fuera una experiencia únicamente personal; creo que refleja el escasísimo nivel de visibilidad que tenía la economía social en la sociedad de los noventa y los dos mil.

Han pasado más de veinte años desde entonces. ¿Cómo describirías el cambio?
Sin ser una transformación radical, sí han sido diez años de cambios sustantivos a muchos niveles. La economía social y solidaria ha ganado presencia, visibilidad y legitimidad como referente alternativo, y ahí han pesado varios factores: culturales, generacionales, sociológicos y políticos. El ciclo del 15M y el Procés en Catalunya, la entrada de nuevas sensibilidades políticas en las instituciones, cambios culturales más profundos y también dinámicas de confluencia dentro de la propia ESS. En ese sentido la expansión de las políticas públicas de promoción de la ESS ha sido un factor importante al menos en Barcelona y Cataluña.

Ahí entra el caso de Barcelona, que citas como referencia. ¿Qué se ha hecho concretamente?
Algunos de los llamados “Ayuntamientos del Cambio” de 2015 apostaron fuerte por desarrollar la economía social. En Barcelona, por ejemplo, se han dedicado 40 millones de euros en diez años, figuras políticas especializadas, referentes claros dentro del gobierno municipal, y departamentos y equipos técnicos tanto en el Ayuntamiento como en Barcelona Activa. Hoy esos dispositivos ofrecen servicios y programas por los que pasan 3.000 personas y más de 500 organizaciones y empresas cada año, con líneas de subvención y crédito ya consolidadas. Y todo esto sin contar la construcción participativa, entre Ayuntamiento y tejido social, de un marco que a diez años vista trasciende gobiernos y mandatos concretos: la Estrategia de Ciudad de ESS 2030.

Mencionas también el contraste con Madrid. ¿Por qué unos territorios sostienen el impulso y otros no?
Es un contraste muy claro. En Madrid ese impulso fue desmantelado por ataques políticos, muchas veces basados en falacias, que desacreditaban la economía social presentándola como una “economía ideológica”. En Barcelona, en cambio, la combinación de un tejido de ESS fuerte, una inversión pública significativa y un trabajo político transversal consolidó una política de promoción económica estable y difícilmente reversible. La estrategia de ciudad de Ess 2030 tuvo apoyo casi unánime al plenario municipal. Esa dinámica se extendió también a otros municipios catalanes con la creación de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, y de forma especialmente decidida en la Generalitat de Catalunya, que incrementó mucho el presupuesto y peso político en este ámbito de una forma sin precedentes para un gobierno autonómico. De ahí salieron la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, las Comunalitats, la convocatoria de proyectos Singulars y, más recientemente, la ley catalana de economía social y solidaria, que ahora está en trámite parlamentario.

¿Y a nivel estatal y europeo se ha notado ese mismo impulso?
Sí, y de forma bastante simbólica: el Ministerio de Trabajo pasó a llamarse Ministerio de Trabajo y Economía Social. Se han creado cargos específicos de alto nivel, se ha actualizado la ley española de economía social, y ha habido un PERTE que, por primera vez, ha destinado recursos significativos a la ESS en todo el Estado. La Unión Europea también ha mostrado signos de apoyo, incrementando fondos y dándole más visibilidad y representación institucional aunque ahora parece en retroceso.

Hablabas antes de un contexto favorable. Pero en tu texto también adviertes de un giro reciente. ¿Qué ha cambiado?
Este desarrollo se dio en un contexto sociocultural favorable. Recuerdo una ponencia muy inspiradora de Pere Rusiñol (director de la publicación Alternativas Economicas) en la primera Febrerada de 2023, donde mostraba con datos cómo en diez años se habían generado corrientes de opinión y accion de valores cercanos a la Ess como la relocalización productiva o el auge de los valores en el mundo corporativo. Así como cuestionado paradigmas que parecían inamovibles como la austeridad en la UE, además de la desconfianza de buena parte de la sociedad hacia el capitalismo y la consiguiente exigencia de responsabilidad empresarial. Rusiñol señalaba que ese escenario representaba una oportunidad histórica. Pero en solo dos años el panorama ha cambiado drásticamente. Lo que parecía viento de cola se ha convertido en ráfagas en contra. Antes la amenaza parecía estar en el greenwashing o en la cooptación de valores que impedían nutrir la economía social; hoy han irrumpido actores culturales y políticos de gran impacto que, sin complejos, promueven valores opuestos que alteran por completo las reglas del juego.

Con ese viento en contra, ¿cómo puede seguir avanzando la ESS?
Mi tesis es que no solo podemos avanzar, sino que es más necesario que nunca hacerlo. Pero para conseguirlo hace falta más estrategia, método y táctica. La ESS ha demostrado en momentos históricos que se adapta, crece y se consolida; ahora el reto es mantener el rumbo incluso cuando el viento sopla en contra.

En términos prácticos, ¿qué significa eso? ¿Consolidar lo que ya existe o buscar un salto de escala?
Las dos cosas. Lo esencial ahora es hacer viables los proyectos empresariales que ya existen y generar las condiciones de irreversibilidad y autonomía necesarias para que resistan y puedan dar un salto de escala. Y ese proceso, de hecho, ya se está produciendo: muchas cooperativas han pasado de tener menos de diez personas a tener veinte, treinta, cincuenta o más, con fusiones de alto nivel como la de Abacus y Som. Pero es igual de importante fortalecer los ecosistemas mediante articulaciones sectoriales y territoriales: las cooperativas de segundo grado como Ecos, Som IT, Som Serveis, Més Equipaments, Som Audiovisual, Ecohub o La Dotzena; las redes territoriales como Impuls Cooperatiu de Sants, Cooperasec o XES Sant Andreu; y herramientas compartidas con impacto en todo el ecosistema, como Digitest, Up me Up o Tandem Go.

Hablas también de infraestructuras físicas, de espacios. ¿Por qué son tan importantes?
Porque refuerzan la soberanía organizativa. Los hubs o polos de ESS que han surgido en Barcelona y otros municipios —como Bloc4BCN, La Komunal o el Grup Ecos— demuestran que esto es posible, consolidando la presencia territorial y simbólica del sector. Y a esto hay que sumar un frente que no podemos eludir: la digitalización. La actual dinámica de plataformización, automatización e inteligencia artificial obliga a la ESS a afrontarla de forma decidida, y ahí ya hay iniciativas relevantes como el Digitest y los servicios de digitalización de Barcelona Activa, el TechBloc en Bloc4, M4Social en el Tercer Sector o el proceso Mosaic de cooperativas tecnológicas.

¿Y el talento? Porque atraer y retener personas parece otro reto de fondo.
Totalmente. Todo esto tiene que ir de la mano de la necesaria atracción de personas jóvenes que se incorporan al mercado laboral, y también de profesionales que buscan alternativas a la empresa convencional, sobre todo en ámbitos tan estratégicos como la tecnología, la gestión financiera o la dirección organizativa. Pero atraer no basta, también hay que retener el talento, y eso exige condiciones laborales dignas: horarios conciliables, salarios competitivos —incluyendo retribuciones en especie—, espacios de trabajo agradables y estables, y entornos humanos y organizativos que resulten atractivos.

Mencionas que este cambio de vientos se da en un mundo con múltiples desafíos. ¿Qué papel puede jugar la ESS ahí?
Ante esos desafíos, la ESS tiene que poder ofrecer respuestas y propuestas comprensibles, atractivas y accesibles. El giro en la dinámica globalizadora del comercio plantea tanto desafíos como oportunidades para las iniciativas de proximidad, y la propia guerra cultural en torno a valores contrarios a los de la ESS puede abrir espacios que atraigan a personas y grupos que se sienten amenazados y buscan alternativas alineadas con sus principios. La transición ecológica y energética ligada a la crisis climática, la tensa relación entre lo urbano y lo rural, la epidemia de soledad y salud mental, la emergencia migratoria o el cambio de paradigma en las relaciones y equilibrios de género no pueden verse sino como oportunidades para que la ESS sea parte irrenunciable —y seductora— de la solución.

Pero eso exige salir de la propia burbuja del sector, ¿no?
Exacto, exige buscar alianzas con el pequeño comercio, las pymes, los autónomos, las personas migradas, los movimientos feministas, ecologistas y territoriales, y con los servicios públicos. Y también con ese emprendimiento social o economía de impacto que hace inversión responsable, porque puede permitir al movimiento acceder a recursos y ecosistemas que a menudo no están disponibles para la economía social tradicional.

Para cerrar: ¿qué estructuras y políticas concretas hacen falta para sostener este ciclo?
Yo apuntaría varias líneas. Aumentar los espacios de encuentro —ferias, congresos— y las alianzas con otros ecosistemas, como la FESC, el Congrés de Cooperativisme, la Febrerada o UIESCOOP en Barcelona, y también polinizar espacios que no son de ESS pero con los que podemos mezclarnos, como BIZ Barcelona o el Saló de l’Ocupació o la Enseñanza. Esto debería acompañarse de una mayor confluencia de la ESS en la AESCAT u otros espacios de tercer o cuarto grado, además de fortalecer las articulaciones territoriales y dinamizar las federaciones y entidades representativas del sector. Y, respecto a los medios de comunicación, reforzar los propios —Alternativas Económicas, Crític o Jornal— a la vez que ganamos presencia en los generalistas y en las redes sociales, con un discurso claro y accesible. Y ya en el ámbito institucional, construir irreversibilidad y transversalidad, tal como recoge la Estrategia de ESS de Ciudad, con espacios de trabajo y gobernanza que hoy son motores del ecosistema a distintos niveles. Entre ellos, la ley catalana de ESS, actualmente en trámite, o la XMESS, que nos inspiran a construir políticas públicas sólidas, transversales y difícilmente reversibles.

** Esta entrevista espera alimentar el debate para el encuentro sobre cooproducción y política pública del 16 de octubre en Madrid como evento final del ciclo de Foros “Administraciones que cooperan, territorios que avanzan”. 

** Fuente: MeCambio en El salto.

El Estado español está trabajando en la transposición de la Directiva europea sobre el derecho a reparar, a través de la Ley de Consumo Sostenible, liderada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El borrador de la futura Ley incorpora algunas medidas para facilitar la reparación de productos, combatir la obsolescencia programada, mejorar la información que reciben las personas consumidoras e introducir incentivos para reparar en lugar de sustituir. Aunque el texto supone un avance y recoge algunas propuestas plenteadas por la sociedad civil, algunas cuestiones clave, como una definición más clara de los “precios razonables de reparación” o la aplicación de incentivos fiscales, entre otras, siguen sin tenerse en cuenta. Lo explica Claudia Bosch, coordinadora de la campaña Electrónica Justa en SETEM Catalunya.

La Directiva sobre normas comunes para fomentar la reparación de bienes (Directiva (UE) 2024/1799 —comúnmente conocida como la Directiva sobre el derecho a reparar—, aprobada en 2024, exige a los Estados miembros que tengan lista su transposición antes del 31 de julio de 2026.

En España, esta transposición la está liderando el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y se ha agrupado con la transposición de la Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica (Directiva (UE) 2024/82). Esta combinación dará lugar a la futura Ley de Consumo Sostenible, que por ahora es un anteproyecto de ley, que no cumplirá el plazo de transposición del 31 de julio de 2026.

Diversas organizaciones locales, algunas de ellas miembros de la coalición Right to Repair Europe, han seguido muy de cerca esta transposición con el fin de abogar por la integración de mecanismos eficaces que promuevan el derecho a la reparación y que aprovechen al máximo las oportunidades que ofrece la Directiva para legislar a favor de un mejor acceso a los criterios de reparabilidad, las piezas de recambio, la información sobre reparaciones y los servicios de reparación, y hacer que reparar sea una opción más asequible.

Desde 2023 hemos mantenido una serie de reuniones con el Ministerio, hemos llevado a cabo una campaña con motivo del Día Internacional de la Reparación para impulsar estas reivindicaciones, hemos participado en la consulta pública sobre la ley que se abrió durante el verano de 2025, y celebramos una reunión final el pasado mes de febrero.

Aspectos positivos y negativos del último borrador de la Ley sobre el derecho a la reparación 

El Ministerio se ha mostrado en general receptivo a las demandas de la sociedad civil, aunque algunas se han encontrado con limitaciones impuestas por otros ministerios, y con el miedo de presentar un borrador demasiado ambicioso que corriera el riesgo no de no ser votado por las fuerzas más conservadoras del Congreso.

Hacemos aquí un resumen de lo más destacado:

Prácticas desleales y engañosas

Los aspectos a tener en cuenta para considerar una práctica desleal por engañosa abarcaran también a partir de ahora las características medioambientales de los bienes y servicios y en concreto su circularidad, durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad. Además, añade nuevas prácticas expresamente prohibidas, asociadas a la obsolescencia programada temprana de los bienes, como por ejemplo:

• Ocultar a las personas consumidoras el hecho de que una actualización de software pueda afectar negativamente al funcionamiento de bienes con elementos digitales o el uso de contenidos o servicios digitales.
• Presentar como necesaria una actualización de software que solo mejore características de funcionalidad, pero no sea necesaria para garantizar la conformidad del producto.
• Realizar cualquier comunicación comercial en relación con un bien que contenga una característica introducida para limitar su durabilidad, a pesar de que el empresario disponga de información sobre la característica y sus efectos en la durabilidad del bien.
• Afirmar falsamente que, en condiciones normales de uso, un bien tiene una durabilidad determinada en términos de tiempo o intensidad de uso, o presentar un bien como no susceptible de reutilización o no apto para la segunda mano sin ser cierto.
• Presentar un bien como apto para la reparación cuando no lo sea.
• Inducir a las consumidoras a creer que sus bienes no pueden repararse debido a una reparación o inspección previas por parte de un reparador/a independiente o un/a usuario/a final, o a falsas afirmaciones de que dicha reparación o inspección genera riesgos relacionados con la seguridad.
• Inducir a la consumidora o usuaria a sustituir, rellenar o reponer los elementos fungibles de un bien antes de lo que resulte necesario por razones técnicas.
• Ocultar información sobre el deterioro de la funcionalidad de un bien cuando se utilicen elementos fungibles, piezas de recambio o accesorios no suministrados por el productor original, o afirmar falsamente que se producirá dicho deterioro.

Más información y más claridad para las usuarias y consumidoras

• Sobre la garantía: El borrador prevé clarificar la información sobre la garantía legal de conformidad y la garantía comercial de durabilidad para evitar confusiones entre los y las consimidoras y usuarias, mediante una etiqueta armonizada a nivel de la Unión Europea de la garantía comercial, y un aviso armonizado sobre la garantía legal de conformidad.
• Información requerida en servicios de comparación de bienes y servicios: Este tipo de servicios deberán facilitar información sobre el método de comparación, los bienes y servicios objeto de la comparación y los proveedores de dichos bienes y servicios, así como las medidas impuestas para mantener dicha información actualizada. Esto incluye también comparaciones sobre aspectos de circularidad, como la durabilidad, reparabilidad o reciclabilidad. Con esta medida se protege a la ciudadanía y se evita que estas comparaciones sean confusas o engañosas.

Formulario europeo de información sobre la reparación

Los y las reparadoras pueden, de forma voluntaria, utilizar el formulario europeo de información gratuito sobre la reparación. El formulario recogerá la siguiente información:

1. Las características principales del servicio de reparación.
2. La identidad del reparador o reparadora y los datos de contacto.
3. El precio de la reparación.
4. La modalidad de la prestación del servicio de reparación y el plazo para prestar el servicio.

Esto permitirá a las personas consumidoras valorar y comparar los diferentes servicios de reparación: la medida pretende mejorar la confianza en los servicios de reparación, aportando más información previamente a la reparación.

Reparar antes que sustituir

Los fabricantes tendrán la obligación de ofrecer una reparación a las personas consumidoras de los productos cubiertos por la Directiva por el Derecho a Reparar dentro de la garantía legal. Cuando la persona escoja la reparación, se ampliará la garantía doce meses, lo cual es una manera de incentivar la elección de esta opción en vez de la sustitución.

Además, la reparación será gratuita (incluyendo los gastos de envío, transporte, mano de obra o materiales) o ‘a un precio razonable’. No se ha conseguido que el borrador sea más explícito o defina mejor lo que se considera un precio razonable.

La reparación deberá llevarse a cabo en un “plazo razonable” a partir del momento “en que el empresario haya sido informado por el consumidor o usuario de la falta de conformidad.”, y realizarse “sin mayores inconvenientes para el consumidor o usuario, habida cuenta de la naturaleza de los bienes o de los contenidos o servicios digitales y de la finalidad que tuvieran para el consumidor o usuario.”

El fabricante podrá cumplir esta opción de reparar por sí mismo o a través de una empresa subcontratada, salvo que “la reparación fuera imposible”. Cuando el fabricante esté establecido fuera de la Unión Europea, se aplicará un esquema de ‘responsabilidad en cascada’, y será su representante autorizado en la Unión Europea quien cumplirá con esta obligación o, en caso de no existir esta figura, el importador, o en defecto de los anteriores, el distribuidor.

Los fabricantes no se podrán negar a reparar un producto alegando que otros reparadores o cualquier otra persona han efectuado una reparación previa.

El borrador explicita que queda prohibido incrementar los precios de los repuestos al aplicarlos en las reparaciones, y que la lista de precios de los repuestos deberá estar a disposición del público, así como la del resto de servicios aparejados, debiéndose diferenciar en la factura los diferentes conceptos.

Los fabricantes que comercialicen piezas de recambio y herramientas para los productos cubiertos por la Directiva por el Derecho a Reparar ofrecerán dichas piezas de recambio y herramientas a un ‘precio razonable que no disuada de la reparación’. De nuevo, no se ha conseguido que el borrador incluya una definición más clara sobre qué se considera un ‘precio razonable’.

Además, se podrán proporcionar bienes reacondicionados como bienes de sustitución mientras dure la reparación de un producto, y también en caso de que la persona consumidora escoja la sustitución en vez de la reparación.

Bono a la reparación

El borrador incluye también una de las principales demandas de las entidades: un bono a la reparación, parecido al que ya está en funcionamiento en Francia. El coste económico de las reparaciones es una de las principales barreras a la reparación. Este bono permitirá incentivar la reparación, ya que reducirá la factura del servicio para la ciudadanía.

Serán los propios productores y, en su caso, los representantes autorizados, importadores o comercializadores, de forma individual o en asociación, a través de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (RAP) quienes aporten esta financiación. Este bono solo se podrá utilizar para la reparación de aquellos productos cubiertos por la Directiva por el Derecho a Reparar.

Pese a la demanda de las entidades de cubrir el mismo porcentaje de la reparación independientemente de la antigüedad del producto, esta demanda no se ha incluido. Así pues, el borrador define el siguiente esquema de financiación:

a) Durante los dos años posteriores al vencimiento del plazo de garantía legal de conformidad o garantía comercial correspondiente, la contribución a la financiación de los costes de reparación será del 20%.

b) Durante el tercer año, la contribución a la financiación de los costes de reparación será del 10%.

c) Durante el cuarto año, la contribución a la financiación de los costes de reparación será del 5%.

Para beneficiarse de esta reducción, las personas consumidoras deberán acudir a un servicio de reparación inscrito en la Plataforma europea en línea de reparaciones, que deberá garantizar que la reparación no se debe a un mal uso del producto. Los reparadores y reparadoras descontarán directamente este porcentaje del precio de la reparación en el formulario europeo de información sobre la reparación.

Posteriormente, el reparador o reparadora podrá solicitar el reintegro de este porcentaje a los productores – o en su defecto a los representantes autorizados, importadores o comercializadores – quienes deberán abonarlo en un plazo máximo de 30 días desde la solicitud.

Los productores publicarán anualmente los importes destinados a financiar las reparaciones, la lista de servicios de reparación a los que han transferido los importes y la cantidad de bienes reparados, así como el número de solicitudes rechazadas. Esto proporcionará datos relevantes para evaluar el impacto del bono, y también para supervisar en qué medida los productores rechazan hacer la cofinanciación y el porqué.

Las entidades hemos propuesto también una política fiscal favorable, como por ejemplo una reducción del IVA a los productos de segunda mano o reacondicionados, pero esta medida no ha quedado recogida por el borrador ya que no ha sido aceptada por otros ministerios.

Plataforma en línea sobre reparación

En España se ha optado por la creación de una sección nacional en la interfaz común de la plataforma europea en línea recogida en la Directiva pro el Derecho a Reparar. Esta sección no solo incluirá servicios de reparación, sino también tiendas de bienes reacondicionados, compradores de bienes defectuosos para su reacondicionamiento o iniciativas de reparación participativas como los “repair café”. La inclusión de esta variedad de actores en la plataforma también ha sido una de las demandas de la entidades que ha salido adelante, y que pensamos que favorecerá dar a conocer dichas iniciativas a la ciudadanía, y por ende su apoderamiento y conocimientos sobre reparación.

PRÓXIMOS PASOS

En estos momentos, este último borrador se encuentra en fase de tramitación en el marco del procedimiento TRIS (Sistema de Información sobre Reglamentación Técnica) de la Comisión Europea. Por lo tanto, aún existe una última oportunidad para participar en la consulta pública, que permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre de 2026, y reforzar el apoyo a los puntos positivos de la ley, así como pedir la reformulación de aquellos puntos más débiles.

Posteriormente, el borrador se llevará al Congreso para su votación definitiva.

El número 62, correspondiente al verano de 2026, de los Dossieres EsF, coordinado en esta ocasión por Juan Torres López analiza de forma multidisciplinar el impacto sobre la economía mundial del segundo mandato de Donald Trump.

La publicación recoge contribuciones de un grupo plural de autores que abordan, desde ángulos distintos pero complementarios, cuestiones fundamentales para comprender lo que está sucediendo: los efectos de las políticas de Trump, la lógica profunda que las mueve y los posibles futuros a los que conducen. El eje central es la economía, pero la ventana está abierta a la política, la ideología, la energía, el medio ambiente, la historia y la arquitectura institucional, sin las cuales la economía no se puede entender.

Reproducimos a continuación la Presentación del número, a cargo de su coordinador, Juan Torres López:

TRUMP 2.0: LA ECONOMÍA DEL DESORDEN Y DE LA GUERRA DE UN IMPERIO EN DECLIVE

Cuando Donald Trump tomó posesión por segunda vez como presidente de Estados Unidos, la sensación generalizada fue que el mundo se ponía patas arriba. Y no fue una impresión equivocada.

En pocos meses, la arquitectura del orden internacional que había gobernado las relaciones económicas entre países durante ocho décadas comenzó a crujir estrepitosamente. Las reglas del comercio internacional se vinieron abajo y los acuerdos fueron sustituidos de un día para otro por la coacción y el lenguaje de la fuerza. Las alianzas se tambalearon, los consensos saltaron por los aires y los organismos multilaterales quedaron bajo sospecha. En medio de conflictos diversos que nacían casi a diario, las dudas sobre el tipo de nuevo orden que pudiera consolidarse entre los escombros del anterior crecieron sin que se dispusiera de respuestas certeras.

Incluso Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, un organismo habitualmente muy seguro de todo lo que dice y hace, reconocía a mediados de junio de 2026 la situación de perturbación generalizada en la que se encuentra la economía mundial: «El mundo no está preparado para enfrentar las crisis cada vez más frecuentes que se están acumulando».

En este contexto, hay una trampa en la que es fácil caer cuando se desea analizar lo que está ocurriendo tras la segunda llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos: creer que la perturbación se debe exclusivamente a su peculiar personalidad. Es decir, que lo que está ocurriendo en este su segundo mandato es una simple anomalía, un accidente de la historia, un interregno estrambótico que pasará cuando, antes o después, deje de ser presidente. Y, por tanto, que basta con esperar a que el ciclo termine para que las cosas vuelvan a su cauce.

Este dossier nace precisamente de la convicción de que lo que está sucediendo con Trump no se puede entender sin comprender lo que hay detrás de su persona y el contexto en que se desarrolla su presidencia. En concreto, grupos de interés económico, energético, tecnológico, financiero y mediáticos muy poderosos, y una fase del capitalismo contemporáneo que lleva décadas gestándose y que ha encontrado en él su forma de gestión más descarnada, ruidosa y conflictiva, pero no la única ni necesariamente la última.

Después de varias décadas de políticas neoliberales que han logrado concentrar el ingreso, la riqueza y el poder en los niveles quizá más grandes de toda la historia humana, se ha consolidado como dominante un nuevo tipo de capitalismo de carácter extractivo, acaparador y cuyo rasgo más definitorio no es que deteste al Estado, como se repite con frecuencia, sino que lo necesita y lo quiere para sí. Sus negocios centrales, necesitan leyes que blinden sus monopolios y anulen a sus competidores, guerras que les aseguren suministros y desarrollen sus negocios, y recortes fiscales y regalías sin límite. Necesitan, en una palabra, capturar el Estado y eso ha llevado al capitalismo de nuestra época a ser cada vez más literalmente incompatible con la democracia real, como paladinamente reconoció Peter Thiel, uno de sus más conocidos representantes: «Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles».1

A esa tensión estructural entre el capitalismo rentista y la democracia se añade un segundo proceso que la agudiza: el declive relativo de Estados Unidos como potencia dominante y el ascenso de China como alternativa real.

La economía estadounidense viene perdiendo peso de forma continua en la producción, el comercio mundial y el sistema monetario mundial, mientras que al mismo tiempo China escalaba posiciones hasta situarse en la vanguardia de sectores que ahora son los motores y determinantes del progreso económico.

Es la conjunción de estos procesos, las contradicciones del capitalismo de nuestro tiempo y la crisis de hegemonía de la potencia que lo ha encabezado durante ochenta años, y no la mera personalidad de Trump, lo que realmente está poniendo patas arriba al mundo. Lo que estamos viviendo no es un interregno puntual, sino la transición hacia otro orden que se está produciendo a través del desorden.

Es por ello que, para entender este momento, son precisos análisis de luces largas y de amplio espectro. Los marcos convencionales, los que miran un solo fenómeno a la vez, los que reducen la causa de todo lo que ocurre a un factor o a un personaje, no están sirviendo ni para descubrir lo que de verdad ocurre, ni para poder tomar medidas eficaces ante la nueva situación. Se necesitan análisis que crucen la economía con la historia, la geopolítica con la ideología, la energía con la política y todo ello con el medio ambiente, la arquitectura institucional y las relaciones de poder, y los valores. Y se necesitan perspectivas diversas, porque ninguna mirada singular alcanza a ver todo el panorama que se ha de analizar.

Con ese propósito nace este dossier de Economistas sin Fronteras. Recoge contribuciones de un grupo plural de autores que abordan, desde ángulos distintos pero complementarios, las cuestiones que nos han parecido fundamentales para comprender lo que está ocurriendo en la economía mundial durante esta segunda presidencia de Trump: los efectos de sus políticas, la lógica profunda que las mueve y los posibles futuros a los que conducen. El eje central es la economía, pero la ventana está abierta a la política, la ideología, la energía, el medio ambiente, la historia y la arquitectura institucional, sin las cuales la economía no se puede entender.

Contenido del dossier

El dossier se abre con un análisis de las políticas económicas internas del segundo mandato de Trump que Carles Manera examina como una presidencia que avanza hacia el precipicio social. La política arancelaria, el ataque sistemático a la Reserva Federal, los recortes masivos en investigación, sanidad y vivienda, el enriquecimiento personal del presidente y de su entorno, y el aumento acelerado de la desigualdad configuran un cuadro en el que la volatilidad y la incertidumbre no son efectos secundarios. Son el resultado previsible de unas políticas que transfieren renta y poder hacia los ya más poderosos, mientras la mayoría de la población absorbe los costes.

A continuación, Ignacio Muro examina las razones profundas del nuevo desorden mundial, rastreando cómo el entrelazamiento entre Silicon Valley, Wall Street y el Pentágono, junto a las industrias extractivas tradicionales, ha configurado un nuevo bloque de poder cuya lógica trasciende con mucho al propio Trump. La crisis del COVID, la emergencia tecnológica china y la evolución de las grandes corporaciones hacia un capitalismo cada vez más extractivo y dependiente de la captura del Estado explican por qué este momento no es un episodio pasajero sino un cambio sistémico que busca imponer un régimen de servidumbre sobre los aliados y frenar el ascenso de China como potencia dominante.

Jorge Pérez se adentra en la crisis del Sistema Monetario Internacional, y analiza el dilema estructural que ya Keynes anticipó en 1943 y que hoy se manifiesta con toda su crudeza: el privilegio exorbitante del dólar como moneda de reserva mundial es, al mismo tiempo, la fuente del poder financiero de Estados Unidos y la trampa que lo condena a un endeudamiento sin límite y a una desindustrialización progresiva. El artículo recorre las alternativas históricas y actuales, desde el bancor de Keynes hasta las criptomonedas, las monedas estables y las monedas digitales de los bancos centrales, mostrando que las opciones más viables son también las que exigen mayor multilateralismo, justamente lo contrario de lo que Trump está dispuesto a aceptar.

Xulio Ríos traza con rigor la evolución de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China a lo largo de tres presidencias, mostrando cómo lo que comenzó como una disputa comercial en el primer mandato de Trump se ha convertido en el marco estructurante de toda la política internacional contemporánea. El artículo analiza la paradoja central de esta rivalidad: pese a la intensidad de la presión ejercida por Washington, China no se ha debilitado, sino que ha acelerado su autosuficiencia tecnológica y consolidado su resiliencia económica. La cumbre de Pekín de mayo de 2026 se examina como un posible punto de inflexión, aunque más probable como estabilización táctica dentro de una rivalidad que ninguna de las dos partes puede ni resolver ni llevar hasta sus últimas consecuencias.

Daniel Fuentes examina el impacto de las políticas climáticas de Trump sobre la transición verde en Europa, analizando cómo la retirada estadounidense de los compromisos climáticos internacionales, la eliminación de controles medioambientales y el impulso masivo a los combustibles fósiles no solo agravan la crisis climática global sino que alteran las condiciones de competencia en las que Europa trata de avanzar en su propia transición energética, con consecuencias que afectan a la industria, el empleo y la soberanía energética del continente.

Nahia Sanzo analiza la geopolítica del primer año trumpista a través del petróleo y la energía, mostrando que el control de los flujos energéticos globales es el hilo conductor que da coherencia a intervenciones que de otro modo parecerían dispersas o caóticas. El bloqueo naval a Venezuela, la guerra contra Irán, el apoyo a los ataques ucranianos sobre la infraestructura petrolera rusa y la subordinación estratégica de Europa responden a una misma lógica: garantizar que el petróleo que necesita China no fluya fuera del control de Washington, y que los aliados europeos queden atados a la energía, el armamento y la tecnología estadounidenses como precio de su seguridad.

Yayo Herrero sitúa el trumpismo en el marco más amplio de la contradicción entre capital y vida, analizando la irrupción de la ultraderecha como una respuesta distópica a la crisis ecosocial. Cuando siete de los nueve límites planetarios han sido ya superados y la policrisis ecosocial golpea de forma desigual pero creciente a la mayoría de la población, la extrema derecha ofrece chivos expiatorios, crueldad espectacularizada y acaparamiento violento de recursos como respuesta. Frente a esa vía distópica, el artículo propone las claves de una transición ecosocial justa basada en la suficiencia, la redistribución y la garantía de una vida digna para todas las personas, reconociendo que tal alternativa exige una transformación cultural y política de gran calado que todavía no tiene la organización suficiente para imponerse.

El dossier se cierra con un artículo de Juan Torres que intenta responder a las tres grandes preguntas que articulan el conjunto de lo analizado: por qué ha surgido el trumpismo como expresión funcional del capitalismo rentista y del declive imperial estadounidense, para qué sirve realmente más allá de su retórica populista, y qué cabe esperar que venga después de él. La respuesta a esta última pregunta es tan incierta como incómoda. En el mejor de los casos, otro presidente gestionando el mismo declive estructural con instrumentos similares; en el peor, alguien con los mismos objetivos pero menos escrúpulos y más rodaje. Pero seguirá existiendo el trumpismo sin Trump si en un horizonte próximo no se abordan las causas estructurales que lo han hecho necesario para el sistema, si no se toman posiciones de fuerza frente a los grupos oligárquicos que están capturando las instituciones y si no se llevan a cabo reformas profundas en la gobernanza, en el modo de producir y en el reparto de los recursos, la riqueza y el poder.

No pretendemos ofrecer respuestas definitivas a un fenómeno que está vivo y sucediendo en este preciso momento. Lo que ofrecemos son claves de análisis, perspectivas de largo alcance y herramientas para ayudar a descubrir y explicar con mayor claridad un tiempo que desconcierta precisamente porque se nos presenta con fenómenos, formas y problemas diferentes a los tradicionales y que nos obligan a pensar también de otro modo.

La transición energética se ha instalado en el debate público no como una opción entre varias, sino como una obligación que ya no admite demora: la dependencia de los combustibles fósiles, agravada por los límites de acceso a esos recursos que ha dejado en evidencia la guerra de Irán, convive con un consenso cada vez más amplio sobre la necesidad de cambiar de modelo energético. Pero ese cambio no es un simple relevo de una fuente por otra. Sustituir un combustible versátil, acumulable y de alto rendimiento por recursos intermitentes, dependientes del territorio y necesitados de aceptación social, obliga a repensar no solo la tecnología, sino quién decide, quién produce y quién se beneficia de la energía. Las comunidades energéticas —ese conjunto de fórmulas jurídicas que permiten a la ciudadanía y a las administraciones producir, gestionar y compartir energía de forma colectiva— son, en ese sentido, tanto una respuesta técnica como una apuesta política.

A raíz de una sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC, dedicada a la coproducción de políticas públicas para una transición energética justa, conviene detenerse en algunas de las ideas que se pusieron sobre la mesa, porque retratan bien un modelo que avanza, pero que sigue necesitando de un marco legal más definido y de una implicación institucional que todavía no es la norma. Alfonso García Márquez, socio trabajador de la cooperativa Goiener y expresidente de la Unión de Energías Renovables, condujo la formación con una tesis de fondo: el reto energético es demasiado grande para abordarlo en solitario, y las comunidades son, precisamente, la herramienta pensada para compartirlo.

Un marco legal que aún no termina de cerrarse

El paquete normativo que sostiene a las comunidades energéticas procede de dos directivas europeas —la de renovables y la del mercado de la electricidad—, trasladadas ambas a la ley española del sector eléctrico. Ambas definen a las comunidades como entidades jurídicas de participación abierta y voluntaria, controladas por personas físicas, pymes o administraciones locales, y orientadas a generar beneficios ambientales, económicos o sociales en su entorno antes que rentabilidad financiera. Sin embargo, como señaló García Márquez, “todavía no se ha terminado de trasponer el ordenamiento jurídico español” en cuanto a qué figura concreta debe adoptar una comunidad. En la práctica, admitió, “la definición de comunidad energética te corresponde como un guante con las características de una cooperativa”, pero conviven en el Estado comunidades constituidas bajo formatos muy distintos, desde cooperativas hasta comunidades de montes con naturaleza de simple sociedad civil. Esa ambigüedad no es un obstáculo menor: mientras el decreto pendiente no llegue, cada territorio negocia sobre la marcha qué entidad jurídica encaja con sus objetivos.

El autoconsumo como puerta de entrada, no como sustituto

Antes de constituir una comunidad propiamente dicha, existe una herramienta más ágil y menos exigente: el autoconsumo compartido, que permite repartir la energía producida entre varios puntos de consumo mediante un simple acuerdo privado, sin necesidad de crear ninguna entidad jurídica. Un reciente Real Decreto, aprobado a raíz de la guerra de Irán, ha ampliado el radio permitido para acogerse a esta figura de los 2 km anteriores hasta los 5 km, para instalaciones fotovoltaicas y eólicas de menos de 5 MW. Esa ampliación, explicó García Márquez, permite a los ayuntamientos “aprovechar espacios infrautilizados” y sumar como beneficiarias a “viviendas sociales, comercios, centros educativos o deportivos” alejados de la instalación, optimizando así la inversión pública. El mismo decreto ha modificado la ley reguladora de las bases del régimen local para incorporar de forma explícita, entre las competencias propias de los municipios, la promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía, lo que despeja buena parte de la inseguridad jurídica que hasta ahora rodeaba la cesión de cubiertas municipales. Con todo, García Márquez fue claro sobre los límites de esta vía: el autoconsumo reparte energía, pero no transforma gobernanza; su finalidad “es el reparto energético”, mientras que la de una comunidad energética “es la transformación social y energética local”.

El ayuntamiento como facilitador, no como propietario del proceso

Uno de los ejes que más recorrió la sesión fue el papel de la entidad local: ni ausente ni al mando, sino facilitadora. García Márquez insistió en que la voluntad política para impulsar una comunidad debe ser transversal —incluyendo también a la oposición—, porque el proyecto “no es cuestión de un periodo legislativo, sino que es algo que se va a quedar ahí”. El ayuntamiento, señaló, puede aportar recursos para reuniones, habilitar una oficina de información energética, ceder cubiertas o destinar parte del presupuesto anual al desarrollo de la comunidad; pero puede hacerlo con distintos grados de compromiso, desde una cesión puntual hasta una aportación económica simbólica como socio más, o una implicación plena como socio promotor.

Ese equilibrio entre autonomía ciudadana y participación institucional generó parte del debate más productivo de la sesión. Un asistente que está impulsando una comunidad energética ciudadana sin participación municipal planteó una duda que probablemente comparten muchos proyectos en marcha: hasta qué punto conviene sumar al ayuntamiento cuando eso implica compartir también la gestión del dinero. García Márquez respondió sin rodeos: “vosotros como ciudadanos estáis convencidos de que queréis sacar adelante esta comunidad […] pues nosotros seguimos adelante”, y recordó que la adhesión a una comunidad es siempre voluntaria, también para la administración, que “si ve que las cosas se hacen de una forma correcta […] permanecerá ahí, y si no, siempre puede decir: yo me voy”. Salvador, de una asociación murciana, preguntó si una cooperativa de vivienda colaborativa podría adherirse a una comunidad energética ya existente o constituir la suya propia; la respuesta fue que ambas vías son posibles, y que lo decisivo no es la forma jurídica sino dotar al proyecto de “viabilidad técnica y económica” sostenida en el tiempo.

Lo que aún falta

De la sesión se desprenden también los límites del momento actual. Falta, en primer lugar, un decreto estatal que cierre definitivamente qué entidades jurídicas pueden constituirse como comunidad energética, lo que hoy obliga a cada territorio a moverse en una zona gris. Falta también una mayor disposición de los ayuntamientos a implicarse en fórmulas cooperativas: acostumbrados a relaciones institucionales que exigen compromisos económicos elevados, muchos siguen siendo reacios a participar en estructuras donde su voto vale lo mismo que el de cualquier otra persona socia. Y falta, sobre todo, resolver una tensión de fondo que el propio ponente señaló como advertencia: reducir la factura energética “muchas veces sirve de motivo para empujar a las personas” a construir una comunidad, “pero no debería ser el motivo principal que nos mueva”. El motivo de fondo, insistió, debería ser otro: acercar las energías renovables al territorio, apropiarse de su producción y avanzar hacia una soberanía energética que, aun limitada por la existencia del mercado, sitúe las decisiones dentro de la comunidad y no en las grandes empresas.

El debate, en cualquier caso, apuntó en una dirección clara: cuantas más herramientas —autoconsumo compartido, cesión de cubiertas, participación societaria, apoyo técnico— sea capaz de combinar una entidad local con el tejido ciudadano organizado, más sólida y duradera resultará la transición energética justa que ambas partes dicen perseguir.

Ha sido un año largo, de esos que se cuentan en encuentros, boletines, campañas y muchas horas compartidas. Así que, como manda la tradición, durante estas semanas de agosto levantamos el pie del acelerador. No cerramos del todo, pero sí bajamos el ritmo para recuperar fuelle.

Seguiremos por aquí, atentas a lo importante, aunque puede que tardemos un poquito más de lo habitual en responder correos y mensajes. Si algo no es urgente, seguramente pueda esperar a la vuelta: nos lo agradeceréis vosotras y nos lo agradeceremos nosotras.

Aprovechamos también para hacer eso que casi nunca da tiempo durante el curso: pararnos a pensar. Ordenar ideas, mirar el año con perspectiva y preparar con calma lo que viene en economía solidaria, que promete. Porque a veces el mejor trabajo se hace justo cuando parece que no se está haciendo nada, a la sombra de un árbol y sin prisa.

Mientras tanto, os deseamos un buen verano, sea cual sea vuestra receta: un buen libro, un chapuzón, caminos nuevos por explorar, buena compañía o el placer sencillo de no hacer absolutamente nada. Que cada quien recargue como más le apetezca.

Nos reencontramos a finales de agosto, con las ganas renovadas y algún proyecto bajo el brazo. Cuidaos mucho y disfrutad. ¡Nos vemos a la vuelta!

Un informe de CC OO reveló que tan solo se habían solicitado 2.444 bajas durante los primeros 15 meses de aplicación de la ley que incluye las bajas por reglas dolorosas. Álvaro Minguito.

Tres años después de la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva, apenas hay trabajadoras que soliciten el permiso por reglas incapacitantes. El miedo al despido y a la discriminación, el estigma que sigue envolviendo a las patologías menstruales o el retraso en los diagnósticos explican en buena parte este escenario regresivo.

Lidia tenía 17 años cuando pudo por primera vez poner nombre al cúmulo de dolores intensos e incapacitantes que sentía cada mes a la llegada de la menstruación. Los calambres interminables, cefaleas, contracciones en el abdomen, dolor en la zona lumbar o los desmayos eran consecuencia de una patología crónica que actualmente sufre entre el 10 y el 15 % de la población femenina en edad fértil: la endometriosis.

Días antes de acudir a su centro médico para hacerse las pruebas ginecológicas había tenido que quedarse en cama mientras sus compañeros de instituto salían de excursión. Aquel día se dio cuenta de que “algo no iba bien” en su cuerpo, que lo que a ella le ocurría no tenía nada que ver con las leves molestias que sus amigas narraban los días en que menstruaban. “Noté un dolor tan fuerte que incluso los ibuprofenos no me hacían efecto y de repente me puse a vomitar por la calle porque no aguantaba, ahí ya dije, hay que hacer algo”, recuerda en conversación con El Salto.

El diagnóstico que le dieron a esta mallorquina que hoy tiene 28 años en la Clínica Juaneda, de Palma, fue determinante porque le permitió descifrar qué era aquello que le impedía llevar una vida normal mes a mes, pero el ritmo acelerado de un sistema que rara vez permite detenerse ha condicionado cada paso de su vida desde entonces.

Hoy hace un año que trabaja en una empresa de turismo y, pese a que su enfermedad la incapacita parcialmente de forma regular, nunca se ha atrevido a solicitar la baja laboral por dolor menstrual, un derecho que figura en la legislación española desde hace tres años. Se refiere a la Ley Orgánica 1/2023 por la que se modifica la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, una reforma impulsada desde el Ministerio de Igualdad de entonces Irene Montero (Unidas Podemos).

Este avance legislativo histórico permitía por primera vez reconocer como situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes “aquellas bajas laborales en caso de menstruación incapacitante secundaria, así como la situación posterior a la interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, y el embarazo desde el día primero de la semana trigésima novena”. El requisito principal para obtener el permiso no era otro que contar con un diagnóstico médico que asocie la regla dolorosa a alguna enfermedad menstrual. Por primera vez la dismenorrea —menstruaciones dolorosas— en cualquiera de sus manifestaciones era considerada legalmente causa de baja laboral por incapacidad temporal (IT).

Para garantizar que la norma sería aplicada con efectividad y sin discriminación alguna, la ley no exigía períodos mínimos de cotización previa para ser beneficiaria. Se cubría con una prestación económica abonada por la Seguridad Social desde el primer día. Asimismo, cada proceso de baja se consideraría “nuevo sin computar a los efectos del período máximo de duración de la situación de su incapacidad temporal, y de su prórroga”.

“Sabía que iba a pasarlo fatal por el dolor, pero aún así preferí empastillarme y aguantar como sea antes que pedir la baja por miedo a la reacción de los jefes, que son todos hombres”, cuenta Lidia

A pesar de ser conocedora de que podía disfrutar de este tipo de permiso, Lidia recuerda que, cuando entró a trabajar en la empresa, prefirió aguantar: “Sabía que iba a pasarlo fatal por el dolor, pero aún así preferí empastillarme y aguantar como sea antes que pedir la baja por miedo a la reacción de los jefes, que son todos hombres y están muy poco concienciados con estas cuestiones”.

Su caso no es anecdótico sino que representa una tendencia al alza entre las mujeres, las cuales sienten una gran reticencia a emplear estos permisos que les corresponden por derecho. Es lo que recoge un informe de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, que pone de relieve que muchas mujeres rehúsan, por distintos motivos, acogerse a la baja cuando su cuerpo les implora parar una y otra vez. En total se pidieron tan solo 2.444 bajas durante los primeros 15 meses de aplicación de la ley, unas cifras “insignificantes” a ojos de este sindicato en comparación con los 8,8 millones de procesos de bajas por contingencia común que tuvieron lugar en todo el 2023.

Detrás de estos números tan modestos se esconden una multiplicidad de factores, desde el retraso en los diagnósticos —que puede demorarse entre seis y ocho años de media— hasta el profundo estigma que sigue rodeando a la menstruación en un sistema estructuralmente androcéntrico. Además, las reglas dolorosas no tienen siempre asociada una patología orgánica subyacente previamente diagnosticada, como ocurre con la adenomiosis o presencia de tejido endometriósico en el espesor del útero, difícil de identificar a través de pruebas.

Escasa sensibilización social

A todos los efectos, la ley daba respuesta a un reguero de demandas sociales que venía haciendo hace tiempo el movimiento feminista ya que, según el Ministerio de Igualdad, seis millones de trabajadoras están en edad de menstruar. De entre todas ellas, una investigación perteneciente la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social revela que entre el 50 y el 90 % padece reglas dolorosas. Estas se deben no solo a patologías como la endometriosis —quizás la más conocida de entre este tipo de enfermedades— sino a otras como la adenomiosis (tejido endometrial en el espesor del útero), pólipos u ovarios poliquísticos o a distintas afecciones del sistema reproductivo.

La citada investigación pone de manifiesto, en este sentido, que todavía pervive entre las mujeres una concepción vergonzosa en relación a estados biológicos como la menstruación o la menopausia. Condiciones que a menudo “producen trastornos en la salud y que impiden trabajar con regularidad” mermando la calidad de vida de forma sustancial. Las mujeres se resisten a coger las bajas en muchos casos por temor a sufrir discriminación en el entorno laboral ya que presienten que la baja será interpretada como un indicio de “falta de ambición” en el desempeño profesional.

Sobreconsumo de analgésicos y normalización del dolor menstrual

Esta tabuización de las patologías de esta naturaleza en ciertos entornos ha traído consigo que, con el paso de los años, muchas mujeres opten por abusar de analgésicos para luchar contra el dolor y así poder trabajar con normalidad sin bajar el ritmo productivo. “Me chutaba Enantyum en exceso sin esperar el tiempo prescrito hasta la segunda dosis y todo por resistir trabajando, porque me daba mucho miedo lo que pudieran pensar los demás, que creyeran que estoy exagerando el dolor, incluso fingiendo”, relata Lidia.

Para la abogada laboralista Teresa Ramos, al estigma se suma que la regla “es considerada como algo que tenemos que aguantar, y ello se suma a la falta de información, de investigación médica y de diagnósticos”

Además, en los centros de salud acostumbran a prescribir a las pacientes con dismenorrea fármacos como la píldora anticonceptiva o distintos tipos de calmantes. Todo ello, indican las expertas, en detrimento de tratamientos más sostenidos como dietas antiinflamatorias, fisioterapia, meditación o determinados ejercicios pélvicos. Lo importante es seguir produciendo sin que nada altere la rutina.

Para Teresa Ramos, abogada laboralista y letrada de la cooperativa jurídica feminista Justicia Transformadora, aunque la medida ha incorporado nuevas prestaciones a la Seguridad Social perspectiva de género, “pronto se vio que iba a tener un alcance limitado”. “Al final, aparte del estigma, generalmente la regla es considerada como algo de mujeres que tenemos que aguantar, y ello se suma a la falta de información, de investigación médica y de diagnósticos”, refiere la letrada.

Muchas pacientes tienden a subestimar e incluso normalizar su dolor y, en última instancia, lo ocultan para evitar posibles despidos: “El acceder a las prestaciones de la Seguridad Social de incapacidad temporal puede implicar que si coges muchas bajas no le siente bien a la empresa, a tu jefe, y es probable en muchos de los casos que prescindan de ti, no por esa razón sino aprovechando otras causas”, infiere. Esta casuística se agudiza en el caso de los trabajos más precarizados y menos sindicalizados, también en aquellos con menos complementos o ayudas a la incapacidad, que ocupan principalmente las mujeres. Ahí, explica, los convenios colectivos tienen más grietas, algunos no tienen completado el 100% de la base reguladora, es decir, se cobra menos cuando se está en incapacidad temporal.

“No queremos que se nos discrimine o que piensen que por ser mujer queremos aprovecharnos del sistema, esa es la realidad que venimos observando en estos últimos tres años, no la del absentismo”, destaca Isabel Márquez, de CC OO

En estos términos se expresa igualmente Isabel Márquez, responsable de la Secretaría de Mujeres y Políticas de Igualdad de FSS-CCOO, quien apunta que “a veces tu nómina es el único dinero que entra en casa, por lo que por ese miedo al despido al final tomamos más antiinflamatorios en aras de mantener la productividad”. Todo ello explica las escasísimas cifras de estas bajas, algo que rompe de lleno con el mito de la ultraderecha sobre el absentismo laboral “preocupante” en España.

“No queremos que se nos discrimine o que piensen que por ser mujer queremos aprovecharnos del sistema, esa es la realidad que venimos observando en estos últimos tres años, no la del absentismo”, destaca Márquez. Todo ello sumado a entornos laborales, muchas veces hipermasculinizados, donde no existe una cultura empresarial sensibilizada con este tipo de patologías.

Esta falta de conocimiento sobre la enfermedad salpica tanto a los directivos de las empresas como a los propios sindicatos. Así lo sostiene Andrés Fariña, abogado laboralista en CGT y miembro de la Asociación Libre de la Abogacía (ALA): “El sindicalismo sigue estando muy masculinizado y con una visión del trabajador del mono azul de la fábrica muy insertada todavía. En sindicatos como CGT nunca ha llegado una consulta con problemas sobre esa situación y este tipo de bajas generalmente no se piden, al contrario de las solicitadas por casos de fibromialgias o covid”, estima.

De hecho, una demanda bastante extendida entre las trabajadoras con reglas complicadas es que los espacios de trabajo dispongan de productos de higiene menstrual (compresas o tampones) en caso de reglas sobrevenidas en horario laboral. Pero también para las que padecen reglas hiperabundantes, cuya condición no está contemplada en ninguna legislación laboral. Iniciativas sociales como Menstrual Point llevan tiempo pugnando para que las empresas incorporen puntos con este tipo de materiales sanitarios en las oficinas de trabajo.

Investigación sobre salud menstrual: una asignatura pendiente

Para Lucía Arnaiz, esta lucha contra el dolor menstrual ha sido durante buena parte de su vida adulta el pan de cada día. En 2016 fue diagnosticada con endometriosis durante un chequeo médico rutinario cuando trabajaba en Madrid, a sus 20 años. Llevaba sufriendo de dismenorrea desde los 14. Las veces anteriores en que había acudido a urgencias con dolores insoportables y reglas de hasta diez días de sangrado, los médicos siempre habían banalizado su estado: “Me decían, estás muy delgada, necesitas un buen puchero, a todas las mujeres les duele la regla, no aguantas el dolor o me decían que era una forma de llamar la atención”, dice esta mujer que hoy tiene 30 años.

Nunca la habían derivado a consulta ginecológica pese a que llegaba a desmayarse por la intensidad del dolor, padeciendo además “hemorragias brutales”. Actualmente, tras varias intervenciones quirúrgicas y un par de terapias hormonales que no han logrado frenar su sufrimiento, esta trabajadora del sector musical cuenta con apoyo en su empresa para descansar los días de regla y por suerte puede teletrabajar, pero también es muy consciente de que esto no es lo habitual en otros centros de trabajo. Incluso tiene amigas a las que despidieron por ausentarse de la oficina antes de que entrara en vigor la reforma de la ley.

Lucía Arnaiz, fundadora de Endomequé: “Es muy fácil sentir que como no vas a poder estar todos los días al 100% te van a disminuir las posibilidades de escalar profesionalmente”

“Es muy fácil sentir que como no vas a poder estar todos los días al 100% te van a disminuir las posibilidades de escalar profesionalmente”. Por eso fundó Endomequé, una asociación que persigue dar visibilidad a esta enfermedad que aqueja a más de 2 millones en España según la Asociación De Afectadas De Endometriosis Crónica (Adaec), así como recaudar fondos para su investigación. “Hay que recordar que todas estas enfermedades que afectan sólo o de manera muy mayoritaria a las mujeres han tenido mucho menor interés para unas ciencias de la salud ejercidas durante siglos por hombres, el mismo estudio del ciclo menstrual sigue siendo insuficiente”, concluyen desde Comisiones Obreras sobre el origen de esta brecha de género estructural.

Fuente: El Salto. Alejandra Mateo Fano.

La última revisión del primer criterio del modelo de Ciudad por el Comercio Justo, correspondiente al trienio 2022-2024, permitió conocer cómo ha progresado el compromiso de las localidades con una contratación pública coherente con las políticas de cooperación internacional para el desarrollo y el Comercio Justo, es decir, con la compra pública ética.

La campaña, iniciada en 2006, ha movilizado a los agentes locales, como ONGD, asociaciones y tiendas de Comercio Justo, para reclamar, especialmente a ayuntamientos y universidades, que incorporen criterios éticos de Comercio Justo en sus compras y contratos. Básicamente, el objetivo ha sido siempre que el Comercio Justo estuviera presente en el día a día de la actividad y los servicios públicos, facilitando que la ciudadanía pudiera acceder a sus productos y que las propias instituciones fueran un ejemplo de consumo responsable. Cafeterías y cantinas municipales y universitarias, servicios de catering en eventos o máquinas expendedoras han sido algunos de los escenarios en los que se han materializado estas experiencias.

En función de su población, las Ciudades por el Comercio Justo deben acreditar un número mínimo de contratos o concesiones que hayan requerido la publicación de un pliego de licitación que contemple, al menos, un criterio de Comercio Justo durante el periodo de referencia. Cuanta más población tenga una localidad, mayor será el número de contrataciones públicas que deberá acreditar.

Desde la aprobación de la actual Ley de Contratos del Sector Público, en 2017, la compra pública ética no ha sido solo una posibilidad, sino también un mandato. Esta normativa tiene por objeto aplicar criterios sociales y ambientales en toda la contratación pública. En este contexto, las Ciudades por el Comercio Justo han contribuido a demostrar que era posible aplicar criterios éticos de Comercio Justo en los contratos de sus ayuntamientos, universidades y diputaciones provinciales. Pero ¿qué nos dice esta última revisión del programa? ¿Ha progresado la compra pública ética gracias a la ley y a la incidencia política realizada ante las entidades públicas locales?

A la luz de esta revisión, la respuesta es agridulce. Aunque la práctica totalidad de las ciudades adheridas a la campaña ha mantenido su compromiso con la compra pública ética, la mayoría ha aplicado criterios de Comercio Justo con poco impacto y, en ocasiones, con poca o nula eficacia. El aspecto positivo es que el Comercio Justo sigue estando presente en la contratación pública de los municipios. Esto no es baladí. El Comercio Justo ha permeado unas formas de entender la contratación pública que, en ocasiones, se han mostrado escépticas e inflexibles. No ha sido fácil que los criterios sociales y ambientales tengan cabida en estos procesos, tradicionalmente más centrados en las garantías jurídicas y legales que en aprovechar su impacto positivo sobre la sociedad. Ha sido una reivindicación de años que, finalmente, fue respaldada por la jurisprudencia y, posteriormente, incluida en la legislación.

En todo caso, la aplicación de los criterios ha sido irregular durante todo el recorrido de la campaña. Esta evaluación refleja una falta de impulso y liderazgo por parte de los ayuntamientos. Una gran parte de ellos ha acreditado únicamente haber valorado de forma positiva que las entidades licitadoras incluyeran productos de Comercio Justo en sus ofertas, con puntuaciones que no han superado los 6 puntos sobre 100. Esto resta eficacia a los criterios de Comercio Justo, ya que la entidad adjudicataria no tiene por qué ser necesariamente la que haya ofrecido o se haya comprometido a utilizar este tipo de productos.

Otra cláusula ética poco eficaz consiste en aplicar como criterio de desempate que la entidad adjudicataria esté acreditada como Organización de Comercio Justo. Es poco probable que se produzca un empate y aún menos que una de las organizaciones que haya presentado una oferta y se encuentre en esa situación sea una entidad de Comercio Justo. Como se ha mencionado, el impacto que pretende conseguir la campaña es promover el consumo responsable entre la ciudadanía y garantizar unas condiciones de vida y trabajo dignas para las comunidades productoras del Sur Global. Este objetivo solo puede alcanzarse mediante criterios que exijan el uso de productos de Comercio Justo en los contratos públicos, como café, azúcar, té o cacao, entre otros.

Algunas ciudades han justificado la adjudicación de contratos en los que el uso de productos de Comercio Justo era obligatorio, al aplicarlo como condición especial de ejecución. Con ello, los ayuntamientos, las universidades y otras entidades públicas no solo garantizan el impacto del criterio, sino también su eficacia. Entre las experiencias destacadas se encuentran:

• El uso obligatorio de café 100 % de Comercio Justo en las máquinas de vending de la Universidad de Córdoba.
• El uso de café de Comercio Justo en el servicio de comedores colectivos y cafeterías del Ayuntamiento de Zaragoza.
• La coordinación impulsada en Castellón de la Plana para aplicar criterios de Comercio Justo entre diferentes entidades públicas con actividad en el municipio, como el ayuntamiento, la diputación, la Universitat Jaume I y la Generalitat Valenciana.

En conclusión, es necesario seguir impulsando la compra pública ética, especialmente en un contexto internacional marcado por la degradación ambiental y el aumento de la desigualdad social.

El principal reto de la campaña debe ser conseguir que el Comercio Justo esté presente en todos los contratos públicos en los que sea posible incorporarlo.

Las cantinas, comedores y cafeterías ubicadas en centros públicos, municipales o universitarios deberían ofrecer productos de Comercio Justo como café, cacao instantáneo, chocolate, azúcar o té. Se debería garantizar que, al menos, uno de estos productos fuera de Comercio Justo. Siempre que sea posible, la oferta debería priorizar estos productos, en lugar de presentarlos únicamente como una alternativa o un complemento. Este reto también es aplicable a las máquinas expendedoras y a los servicios de suministro de alimentos, donde debería existir siempre una gama de productos de Comercio Justo.

Asimismo, como línea de innovación, se echa en falta una mayor apuesta por el textil de Comercio Justo. Parte de las prendas que componen los uniformes de trabajo del personal de distintos servicios municipales, como jardinería, transporte urbano o extinción de incendios, podrían incorporar productos de Comercio Justo. Por ejemplo, podrían adquirirse camisetas de algodón de Comercio Justo como parte de estos uniformes. No es difícil: solo hace falta voluntad política para apostar de forma decidida por el Comercio Justo.

Por último, también deberían mejorarse los sistemas de seguimiento de la ejecución de los criterios de Comercio Justo. Es necesario aplicar medidas y herramientas que permitan a los órganos responsables de la ejecución de los contratos controlar que estos criterios se cumplen realmente. Esto implica comprobar, por ejemplo, que el café que se dispensa es de Comercio Justo o que una camiseta de algodón suministrada como parte de un uniforme de trabajo cuenta con la correspondiente certificación de Comercio Justo.

Sin lugar a dudas, es el momento de apostar por una compra pública ética que contribuya a construir unas relaciones comerciales internacionales basadas en el respeto de los derechos humanos y laborales de las comunidades productoras y trabajadoras del Sur Global. La solidaridad global es el camino.

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hizo el anuncio este miércoles en Madrid, durante el Consejo de Fomento para la Economía Social.

La ministra situó la decisión en un largo recorrido. Las cooperativas, las sociedades agrarias y las cofradías de pescadores fueron durante décadas pilares de la economía canaria y con el tiempo ese modelo se extendió a la educación, la industria, el transporte y los servicios. Ese recorrido se ha traducido, en los últimos años, en instrumentos propios como la Ley de Economía Social de Canarias y la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias, el Libro Blanco de la Economía Social y el Catálogo Canario de Entidades de Economía Social. Además, la Consejería de Turismo y Empleo acaba de aprobar la Estrategia Canaria de Economía Social 2026-2029.

La Capitalidad Española de la Economía Social se creó en 2021 para dar visibilidad a este ecosistema. Antes de Mataró ostentaron el título Murcia, Valencia, Donostia, Santiago de Compostela y Teruel; Toledo la inauguró en 2020, aunque entonces como capital europea. En 2027 será la primera vez que este reconocimiento recaerá en el sur geográfico del estado.

En Canarias, el ecosistema de la economía solidaria suma 3.516 entidades, entre cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, sociedades agrarias, mutualidades, cofradías de pescadores y entidades del tercer sector social. En conjunto dan empleo a cerca de 17.000 personas en el Archipiélago, según datos del Gobierno autonómico.

Díaz vinculó la elección con los retos propios del territorio, y aseguró que la insularidad, la crisis climática y el acceso a la vivienda demandan «respuestas coordinadas, sostenibles y pegadas al territorio». La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, fue más allá y consideró que la capitalidad es una oportunidad para que «la economía social gane el protagonismo que merece».

Durante 2027, la capitalidad incluirá congresos, debates, formación y actividades ciudadanas a lo largo de todo el año, según ha detallado el Gobierno de Canarias. Desde Red Anagos agradecemos este reconocimiento, que también es el de las entidades que día a día sostienen la economía social y solidaria en Canarias.

Fuente: Red Anagos, red de REAS redes de Economía Alternativa y Solidaria.

Dentro del Ciclo de Foros Coopublic, Administraciones que cooperan, territorios que avanzan, dedicado a la coproducción de políticas públicas, el  9 de octubre tendrá lugar:

Comenzaremos este foro estatal online recogiendo el testigo de todo el proceso de coopublic y conociendo experiencias de política pública en el marco de la ESS, a través de la de ILABSO Coop., que nos presentará el Panel de políticas públicas en que se ha estado trabajando a lo largo de los últimos meses.

En segundo lugar, conectaremos con la esencia de la cooproducción público-comunitaria y las pistas para su promoción, de la mano de Claudia Delso Carreira, de IDRA, quien nos dará una charla inspiradora marco.

Tras esto, comenzará el trabajo en grupo por parte de todas las personas participantes (de Administración püblica y economía solidaria), tomando el testigo de las conclusiones de los foros territoriales realizados en Catalunya, País Valenciá, Balears, Euskadi, Nafarroa y Canarias. Así, desde lo colectivo, trabajaremos  sobre estrategias, herramientas, próximos pasos y agentes clave para impulsar este modelo. Cerraremos con una puesta en común en plenaria de las principales claves.

Vuestra experiencia y mirada son fundamentales para que esta hoja de ruta sea útil y realista. Hayas participado o no en los foros territoriales. ¡Os esperamos!

ENLACE de inscripción si aún no te has inscrito.

Este encuentro será la antesala del encuentro presencial que tendrá lugar en Madrid el 16 de octubre con un plantel de excepción. 

Este foro forma parte del Ciclo de Foros COOPUBLIC, impulsado por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC_ESS, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad subvencionada y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Portada Informe de Impacto 2026 de Banca Etica ©Banca Etica

¿Qué hace un banco con el dinero que depositamos en él? La respuesta suele resumirse en balances, beneficios o indicadores de sostenibilidad. Sin embargo, el nuevo Informe de Impacto 2026 de Banca Etica plantea otra pregunta: ¿qué cambios sociales y ambientales generan los proyectos que se financian con ese dinero?

Más allá de medir su propia sostenibilidad (emisiones de oficinas, políticas internas, riesgos ESG), el informe pone el foco en el destino del crédito y en cómo este puede traducirse en empleo, inclusión social, transición ecológica o participación ciudadana. No se trata de una obligación legal, sino de un ejercicio voluntario de transparencia que, como señala el propio documento, pretende dar testimonio de «la atención constante que Banca Etica presta a las consecuencias no económicas de las acciones económicas».

Estas son cinco de las claves que ayudan a entender qué diferencia el modelo de banca ética que refleja este informe.

Los valores no están solo en el prólogo: forman parte de los Estatutos

Los valores que aparecen en sus primeras páginas no son una declaración institucional redactada para esta publicación. Forman parte del artículo 5 de los Estatutos de Banca Etica, donde se establece que «las finanzas con orientación ética son sensibles a las consecuencias no económicas de las acciones económicas», que «el crédito, en todas sus formas, es un derecho humano» y que el beneficio obtenido debe ser «consecuencia de actividades orientadas al bien común» y distribuirse equitativamente entre quienes participan en su generación.

No es un matiz menor. Cuando esos principios forman parte del marco estatutario de una entidad dejan de ser una declaración de intenciones para convertirse en el criterio que orienta su actividad. Igualmente, que el informe dedique un capítulo entero a explicar qué entiende la entidad por impacto y cómo espera generarlo, con su propia teoría del cambio, es la prueba de que el documento no está justificando una actividad financiera ordinaria a posteriori, sino describiendo el mecanismo que la hace posible.

El crédito como derecho, no como producto

El principio del «crédito como derecho humano» se traduce en decisiones concretas. Banca Etica financia a personas en riesgo de exclusión financiera entre ellas personas desempleadas,  personas inmigrantes procedentes de países del sur global, jóvenes o personas con menor nivel de estudios. En 2025, estas categorías representaron el 69,8 % de la clientela del banco y el 78,6 % de los nuevos préstamos a particulares tuvo un impacto positivo identificable. Asimismo, el 25,5% de las personas financiadas procedían de fuera de Italia o España, en línea con una de las afirmaciones que recoge el propio informe: «En Banca Etica nadie es extranjero».

Esta forma de entender el crédito también se refleja en los resultados. Durante 2025, la financiación concedida permitió crear 1.786 nuevos puestos de trabajo y preservar 2.103 empleos mediante procesos de Workers BuyOut, que facilitan que empresas en crisis pasen a ser gestionadas por sus propias personas trabajadoras en forma de cooperativa.

Lo que no se financia también define un modelo de banca

Otro valor que el informe hace visible es la coherencia entre lo que se dice y lo que se financia. El informe muestra cómo esa concepción del crédito se traduce en la política de financiación. Determinados sectores quedan excluidos de la actividad del banco (como la producción y comercialización de armas, la explotación del trabajo infantil, la ganadería intensiva o los juegos de azar), mientras que otros reciben un trato preferente, entre ellos la agricultura ecológica, las energías renovables, la cooperación internacional, el comercio justo o los sistemas de bienestar.

A veces se habla de «criterios de exclusión» en términos de gestión de riesgo reputacional; aquí son una consecuencia directa de sostener que «el beneficio obtenido por la posesión e intercambio de dinero debe ser consecuencia de actividades orientadas al bien común«, tal y como reza el artículo 5 de sus Estatutos.

La transparencia y la participación como valores operativos

Dos valores más atraviesan el documento: la transparencia máxima de todas las operaciones y el fomento de la participación en las decisiones. Ambos se materializan en la figura de las personas evaluadoras sociales: personas socias voluntarias del banco, con al menos un año de antigüedad, que se forman específicamente para verificar sobre el terreno la actividad de quien solicita un crédito. En 2025 hicieron posible que el 99,7 % de las financiaciones aprobadas a personas jurídicas se sometieran a una evaluación socioambiental. Un mecanismo que convierte la participación de la base social en un elemento integrado en la evaluación del impacto de los proyectos.

El dinero también puede medirse por el impacto que genera

Uno de los conceptos más sugerentes del informe es el denominado «dividendo socioambiental». Si las entidades financieras acostumbran a informar de la rentabilidad económica del capital invertido, Banca Etica propone medir también qué beneficios sociales y ambientales hace posible esa inversión. Así, calcula qué impacto pueden generar 1.000 euros invertidos en capital social: desde la recuperación de 669 toneladas de residuos, el cultivo de 25,6 hectáreas de agricultura ecológica, la atención a 19 personas en proyectos socioeducativos o la participación de 1.700 personas en actividades culturales.

A esa fotografía se suman otros resultados del ejercicio: los proyectos financiados permitieron atender a 179.000 personas mediante servicios sanitarios, sociales y socioeducativos, facilitaron la acogida de 8.011 personas migrantes y evitarán la emisión anual de alrededor de 22.000 toneladas de CO₂ gracias a iniciativas vinculadas a la transición ecológica. Estas cifras avalan las palabras iniciales de Aldo Soldi, presidente de Banca Etica: «el valor del dinero se mide por la calidad del mundo que ayuda a construir».

Una forma diferente de entender la actividad financiera

La mayoría de los informes de sostenibilidad convencionales explican cómo una entidad gestiona o reduce los impactos derivados de su actividad. El informe de impacto de Banca Etica documenta lo contrario: una actividad financiera diseñada, desde su definición estatutaria, para producir los efectos deseados. Esa inversión del punto de partida constituye la definición misma de las finanzas éticas que este informe demuestra con datos.

Más que responder únicamente a cuánto financia o cuánto crece una entidad, el documento invita a preguntarse qué hace posible ese dinero. Habla de empleo, de inclusión, de vivienda, de cultura, de transición ecológica y de comunidades fortalecidas. En ese recorrido del ahorro hacia la economía real reside una de las características que mejor ayudan a comprender el sentido de las finanzas éticas.

Un artículo de Sara García Martín para Valor Social

Enlace al Informe

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La crisis de acceso a la vivienda —con precios de compra que han crecido cerca de un 13% solo en el último año y un parque de alquiler social prácticamente inexistente en el Estado español— ha puesto sobre la mesa un modelo que, sin ser nuevo, empieza a consolidarse como respuesta estructural: la vivienda cooperativa en cesión de uso. A diferencia de la cooperativa de vivienda convencional, aquí la propiedad del inmueble permanece siempre en manos de la cooperativa; quienes habitan la vivienda tienen un derecho de uso indefinido, pero nunca la propiedad individual. El resultado es un parque que no puede volver al mercado especulativo, porque nunca sale de la esfera colectiva.

A raíz de una reciente sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC, dedicada precisamente a este modelo y a su relación con las administraciones públicas, conviene detenerse en algunas de las propuestas y de los debates que atravesaron el encuentro, porque dibujan bien el estado actual de un sector que crece, pero que sigue dependiendo, caso a caso, de la voluntad política de cada territorio. Hoy existen ya más de 60 proyectos en fase de convivencia en el conjunto del Estado y decenas más en distintas fases de desarrollo, un crecimiento que ha sido posible, sobre todo, allí donde se ha dado una condición concreta: la colaboración sostenida entre el tejido cooperativo y las administraciones públicas. No como excepción puntual, sino como política deliberada.

Un modelo, cuatro palancas de política pública

Desde la Red de Vivienda Cooperativa —la sectorial de vivienda de REAS Red de Redes— se ha sistematizado esta relación en un manual de acción para la colaboración público-cooperativa, disponible en abierto, que ordena la actuación pública en cuatro grandes ámbitos: la activación de la demanda y el impulso del mercado social; el acceso al suelo, tanto público como privado; el apoyo económico directo; y un conjunto de medidas complementarias —fiscales, urbanísticas, normativas— que a menudo resultan determinantes para que un proyecto sea o no viable.

Ninguna de estas palancas funciona de forma aislada, y así lo planteó durante la sesión Gloria Rubio Casas, de la Fundación La Dinamo y coordinadora del manual: para que el modelo arraigue de verdad en un territorio, decía, la administración tiene que entender que impulsarlo es tarea de la promoción económica, de la política de juventud o de la de igualdad, y no solo de la concejalía de vivienda. A esa transversalidad se suma una segunda condición, de carácter normativo: un marco legal que reconozca y blinde tres elementos que el sector considera irrenunciables —la propiedad colectiva indefinida, el derecho de uso intransmisible y un límite a la aportación de capital inicial, que se sitúa como máximo deseable en el 30%—, de modo que la asequibilidad no dependa de la buena voluntad de cada promotora, sino que quede garantizada por norma.

Del suelo a la financiación: lo que enseñan los proyectos ya construidos

Los ejemplos que se pusieron en común durante la formación —y que el sector viene señalando como referencia— comparten un mismo patrón: la alianza con lo público resuelve, casi siempre, alguno de los dos grandes cuellos de botella del modelo: el acceso al suelo y la financiación.

En Palamós (Girona), 34 viviendas de protección oficial se han levantado sobre suelo público cedido mediante adjudicación directa, una vía que la normativa urbanística y de vivienda catalana permite cuando el destino es social y la entidad receptora carece de ánimo de lucro. El proceso, iniciado en 2019 con un protocolo de intenciones entre ayuntamiento y cooperativa, se ha completado con subvenciones de la Generalitat —incluida una línea específica para cesión de uso— y un préstamo del ICO a 40 años, hasta dejar la aportación inicial media por unidad de convivencia en unos 14.700 euros, muy por debajo del precio de mercado de la zona. En Manresa, la fórmula ha sido distinta: la compra de un edificio privado —antes propiedad de una entidad financiera— mediante el derecho de tanteo y retracto que recoge la legislación catalana, con financiación al 100% del Institut Català de Finances a interés bonificado, ha permitido reducir la aportación inicial media a apenas 1.300 euros por vivienda. Yabel Pérez Moreno, responsable de crecimiento de Sostre Cívic y quien presentó ambos casos, insistió en que esa es precisamente la clave: por encima de cada proyecto concreto, lo que determina que la vivienda social sea realmente asequible son el acceso al suelo y la financiación, y solo cuando la administración se implica en los dos a la vez —con subvención directa y crédito público a largo plazo e interés bonificado— es posible trasladar ese esfuerzo a cuotas verdaderamente accesibles.

En Zaragoza, la cooperativa Acobijo ha resuelto el acceso al suelo mediante una permuta con la sociedad municipal Zaragoza Vivienda —cediendo un solar propio a cambio del derecho de superficie sobre uno colindante— y ha sido, junto a otra cooperativa aragonesa, la única beneficiaria de una línea autonómica de subvenciones diseñada específicamente para este tipo de proyectos. Anabel García Recio, socia de Acobijo, matizaba durante la sesión que la cooperativa no considera que el ayuntamiento les haya regalado nada —el solar que aportaron era más valioso que el que recibieron a cambio—, pero sí destacaba como un logro en sí mismo que una corporación municipal haya tenido la voluntad política de sumarse a un proyecto cooperativo, algo que a su juicio abre camino para las iniciativas que vengan detrás.

No todos los balances que se compartieron fueron tan favorables. En Rivas Vaciamadrid, el proyecto Cosmos —dirigido a personas mayores de 50 años— cuenta con cesión gratuita de suelo durante 75 años, pero no ha recibido ningún tipo de apoyo económico público, y el encarecimiento de materiales, unido a las exigencias medioambientales para acceder a crédito del ICO, está empujando la aportación inicial de los socios hasta el 50%. Coral Hernández, presidenta de la cooperativa, lo planteó sin rodeos: siendo un colectivo con una edad media superior a los 65 años, explicaba, no confían en poder reunir el 30% de aportación inicial que se maneja como referencia en el sector, y calculan que tendrán que acercarse al 50%; por eso, conseguir financiación en condiciones asequibles se ha convertido en su principal reto, más incluso que la propia construcción de las viviendas.

En Canarias, el impulso ha llegado por una vía singular: una línea de financiación de 3,5 millones de euros del Plan Canarias Te Cuida, gestionada desde Bienestar Social con fondos europeos, que ha permitido financiar desde estudios de viabilidad hasta la compra de suelo, condicionando parte de la ayuda a que los proyectos reserven unidades para personas en situación de vulnerabilidad económica.

Cooperativistas de Entre Alisios

Ventejui Hernández Costa, socio de la cooperativa Entre Alisios, recordaba que hasta 2022 el archipiélago ni siquiera contaba con una ley que reconociera la cesión de uso como figura cooperativa específica, y que fue la incidencia sostenida del propio sector la que logró incorporarla a la primera ley de economía social canaria; solo a partir de ese reconocimiento legal, señalaba, resultó posible negociar con la administración una línea de financiación pensada expresamente para las distintas fases de estos proyectos.

Y en Valencia, donde todavía no existe ningún proyecto en fase de convivencia, la experiencia de La Posta apunta a un tipo de colaboración más incipiente. Julia Pineda Soler, socia de la cooperativa impulsora, explicaba que en un contexto donde aún no están desplegadas las políticas específicas que sí existen en otros territorios, la vía que han encontrado para dialogar con el ayuntamiento ha sido presentar el proyecto como demostrador dentro de un laboratorio municipal de innovación urbana; a cambio negocian apoyo en los honorarios técnicos de las fases iniciales, una reducción de las exigencias de aparcamiento —dado el reducido tamaño de la parcela— y posibles bonificaciones fiscales, además de un informe sobre el potencial del modelo para regenerar el tejido urbano consolidado sin necesidad de crecer sobre suelo protegido.

Lo que aún falta

Del conjunto de experiencias compartidas se desprenden también los límites del momento actual: la ausencia de parque público suficiente obliga a mirar cada vez más hacia el suelo privado; la banca ética empieza a incorporarse como opción de cofinanciación, pero su bonificación por parte de las administraciones sigue siendo excepcional; y la exigencia de aparcamiento o los estándares energéticos, pensados para la promoción convencional, pueden encarecer hasta la inviabilidad proyectos que ya nacen con vocación de sostenibilidad y de reducir la dependencia del vehículo privado.

El debate que atravesó la sesión, en todo caso, apuntaba en una misma dirección: cuando la administración pública entiende la cesión de uso no como una anomalía a tolerar sino como una herramienta legítima de política de vivienda —con marco legal propio, líneas de subvención específicas y voluntad política sostenida en el tiempo—, los proyectos dejan de depender del voluntarismo de cada promotora y empiezan a convertirse en una alternativa real, replicable y arraigada en el territorio.

Nuestra marca colectiva de textil de segunda mano ha sido reconocida entre las diez iniciativas finalistas por su capacidad para generar impacto ambiental y social, consolidándose como una iniciativa de referencia en el impulso de una transición ecológica justa que pone a las personas en el centro.

La Recuperadora ha sido seleccionada como uno de los diez proyectos finalistas de la III Edición de los Premios Fundación Moeve de Transición Ecológica Justa ,un reconocimiento que pone en valor el trabajo desarrollado por nuestras entidades de la economía social para demostrar que la reutilización no solo reduce residuos, sino que también genera empleo inclusivo y fortalece los territorios.

Los Premios Fundación Moeve distinguen iniciativas innovadoras que impulsan una transición ecológica justa, combinando impacto ambiental, impacto social y capacidad transformadora. En esta tercera edición, la convocatoria recibió 340 candidaturas procedentes de España y Portugal, de las que solo diez proyectos fueron seleccionados para defender sus propuestas ante el jurado.

Una iniciativa que demuestra que la reutilización transforma

El pasado 15 de junio, La Recuperadora presentó su proyecto en la gala de selección celebrada en la Torre Moeve, donde las iniciativas finalistas expusieron su trabajo en un formato pitch ante un jurado formado por personas expertas en sostenibilidad, innovación e impacto social.

Ser finalistas supone un importante reconocimiento al modelo que impulsa La Recuperadora: una red que apuesta por alargar la vida útil de los productos, reducir la generación de residuos y crear oportunidades de empleo para personas en situación o riesgo de exclusión social a través de la preparación para la reutilización y la economía social. Este reconocimiento confirma el valor de un proyecto que entiende la economía circular como una herramienta de transformación social. Frente a un modelo de consumo lineal, La Recuperadora demuestra que es posible construir alternativas que cuidan los recursos, generan empleo de calidad y fortalecen las comunidades.

Un reconocimiento al trabajo colectivo

La presencia de La Recuperadora entre los proyectos finalistas es también un reconocimiento al esfuerzo conjunto de las entidades que forman parte de esta iniciativa y que, día a día, trabajan para hacer de la reutilización una actividad con impacto ambiental, económico y social. Desde AERESS celebramos este reconocimiento, que refuerza el papel de las entidades de la economía social y solidaria como agentes imprescindibles para avanzar hacia un modelo más sostenible, inclusivo y resiliente.

Seguimos impulsando una economía social y solidaria

Este reconocimiento nos anima a seguir fortaleciendo un modelo en el que la preparación para la reutilización, el consumo responsable y la inclusión sociolaboral avanzan de la mano. Porque una transición ecológica solo será verdaderamente transformadora si también es justa, genera oportunidades y pone a las personas y al planeta en el centro.

¿Quieres conocer más sobre La Recuperadora y su trabajo por una economía circular con impacto social? Descubre el proyecto y súmate al movimiento por la reutilización.

Fuente: AERESS

El pasado 23 de junio se celebró este interesante encuentro online, en el que REAS Red de Redes, junto a CEPES, ILUNION y COCETA, dialogan sobre cómo aprovechar mejor la formación bonificada desde nuestras organizaciones. Este vídeo resume los datos clave para sacarle todo el partido.

Sigue el canal de YouTube de REAS Red de Redes para no perderte nada.

Hay propuestas que poseen una enorme fuerza antes incluso de haber sido desarrolladas, no porque hayan demostrado todavía su capacidad real para transformar la realidad sino porque logran conectar con aspiraciones profundamente arraigadas en el imaginario colectivo y porque, en un momento histórico de descomposición de los sistemas públicos y de mercantilización creciente de todas las esferas de la vida, ofrecen una promesa de retorno a algo que suena familiar, protector y casi evidente.

La Seguridad Social Alimentaria pertenece a esa categoría de ideas que no necesitan demasiada presentación para ser comprendidas emocionalmente, porque su sola formulación parece reunir dos de las preocupaciones más importantes de nuestro tiempo, la crisis estructural del sistema alimentario y la necesidad de reconstruir mecanismos de protección colectiva capaces de garantizar derechos básicos frente a las lógicas del mercado.

Una propuesta que plantea que toda la población disponga de una cantidad mensual, 150 euros, destinada a la compra de alimentos, saludables, producidos bajo criterios sociales y ambientales previamente definidos

Resulta difícil no sentirse interpelado por una propuesta que plantea que toda la población disponga de una cantidad mensual, 150 euros, destinada a la compra de alimentos, saludables, producidos bajo criterios sociales y ambientales previamente definidos, en un contexto marcado por el aumento de la inseguridad alimentaria, el encarecimiento de la vida, la precarización del acceso a alimentos frescos y la evidencia cada vez más difícil de ignorar de que el actual modelo agroalimentario no solo no resuelve estas tensiones, sino que en gran medida las produce y las reproduce. Hay aquí una intuición política de fondo que es difícil de cuestionar, la alimentación no puede seguir siendo un bien cualquiera sometido a la lógica pura del mercado, porque hablamos de una necesidad vital, cotidiana, estructural, que condiciona la salud, la dignidad y la propia posibilidad de vida de las personas.

Sin embargo, precisamente porque la propuesta posee esa capacidad de seducción, merece ser analizada con un grado de atención proporcional a su ambición, porque no todas las respuestas que se presentan como transformadoras lo son en la práctica, y no todas las herramientas que apelan al imaginario de lo público reproducen necesariamente la lógica de lo público. Y es aquí donde empiezan a surgir las primeras fisuras, no tanto en los objetivos declarados, que en buena medida son compartibles por amplios sectores del campo social y político, sino en el tipo de arquitectura institucional, económica y política que se está proponiendo para alcanzarlos, que acaban siendo ineficaces y regresivos.

La fuerza de la propuesta comienza por su propio nombre, porque cuando escuchamos “Seguridad Social Alimentaria” se activa de inmediato una memoria colectiva asociada a uno de los grandes logros históricos de las sociedades europeas contemporáneas, un sistema de protección social basado en la idea de que existen riesgos vitales que no deben ser gestionados individualmente sino de forma colectiva, mediante instituciones públicas, universales y redistributivas. Pensamos en la sanidad pública, en las pensiones, en las prestaciones por desempleo, en las bajas laborales, en la idea de que el Estado social no es un simple gestor de ayudas, sino una arquitectura política que sustrae determinadas esferas de la vida de la lógica mercantil y las convierte en derechos garantizados.

La potencia política del concepto empieza a funcionar también como un mecanismo de confusión, porque el nombre no es neutro, y evoca una forma institucional

La alimentación parece encajar perfectamente en esa categoría, al fin y al cabo, pocas necesidades son más básicas que la de alimentarse de forma suficiente y adecuada, y si aceptamos que la salud es un derecho y que la educación es un derecho, la pregunta por qué no habría de serlo también la alimentación parece razonable, incluso inevitable. Pero es precisamente en ese punto donde la potencia política del concepto empieza a funcionar también como un mecanismo de confusión, porque el nombre no es neutro, y evoca una forma institucional que no se corresponde necesariamente con el contenido real de la propuesta.

Cuando se analiza con detenimiento el funcionamiento concreto de la llamada Seguridad Social Alimentaria, lo que aparece no es una extensión del Estado social en el ámbito alimentario ni la creación de un servicio público de provisión o garantía directa del derecho a la alimentación, sino un dispositivo de transferencia monetaria individualizada en forma de tarjeta, una vale de comida en resumen, recargada periódicamente con una cantidad fija destinada a la compra de determinados productos en determinados establecimientos previamente acreditados por estructuras de gobernanza de carácter ciudadano. La diferencia puede parecer técnica, pero en realidad es profundamente política, porque no estamos ante un sistema que sustituye la mediación del mercado en la garantía de derechos, sino ante un sistema que opera a través del mercado, intentando reorganizar la capacidad de consumo sin alterar de forma sustancial las relaciones de producción, distribución y control que estructuran ese mismo mercado.

La Seguridad Social, tal y como se ha construido históricamente en los países europeos, no consiste en transferir dinero para que los individuos resuelvan en el mercado necesidades que se consideran derechos, sino precisamente en lo contrario, en construir instituciones colectivas capaces de garantizar esos derechos mediante la desmercantilización parcial de determinadas esferas de la vida. Cuando una persona acude a un hospital público no recibe un cheque para comprar una intervención médica, cuando una persona se jubila no recibe un bono para adquirir una pensión en el mercado asegurador, cuando una trabajadora enferma no recibe una tarjeta para gestionar su protección sanitaria, sino que accede a un sistema público que reconoce la salud, la vejez o la incapacidad como derechos gestionados colectivamente.

La lógica que subyace a este modelo es la socialización del riesgo y la construcción de infraestructuras públicas capaces de garantizar derechos sin intermediación del mercado, mientras que la lógica de la Seguridad Social Alimentaria, en sus formulaciones actuales, se aproxima más a un esquema de subsidio del consumo, un banco de alimentos mejorado, en el que se mantiene intacta la estructura del mercado alimentario y se interviene únicamente en la capacidad individual de compra. Esta distinción no es un matiz conceptual, sino el núcleo del debate, porque obliga a preguntarse si estamos ante una propuesta de transformación estructural del sistema alimentario o más bien ante el apuntalamiento que consolida el modelo que pretende combatir.

Esta cuestión se vuelve todavía más relevante cuando se sitúa la propuesta en el contexto del diagnóstico que la acompaña, un diagnóstico que, en gran medida, es compartido por amplios sectores de los movimientos sociales vinculados a la soberanía alimentaria, la agroecología y la justicia alimentaria. Existe un consenso cada vez más amplio en que el sistema agroalimentario industrial está dominado por dinámicas de concentración corporativa, expulsión del campesinado, degradación ecológica, precarización del trabajo agrícola y dificultades estructurales de acceso a alimentos saludables por parte de amplias capas de la población. Sin embargo, una vez identificado el problema, las divergencias aparecen en el plano de las estrategias.

¿Hasta qué punto una política centrada en un bono alimentario puede alterar las estructuras de poder?

Porque si el núcleo del problema reside en el control de la tierra, en la concentración de la distribución, en la estructura de los márgenes de beneficio a lo largo de la cadena alimentaria, en la capacidad de las grandes corporaciones para fijar precios, condicionar la producción y definir qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, entonces la pregunta es inevitable, ¿hasta qué punto una política centrada en un bono alimentario puede alterar esas estructuras de poder? La experiencia acumulada durante décadas de iniciativas de consumo responsable, comercio justo, circuitos cortos o cooperativas de consumo muestra algo que resulta incómodo de asumir, y es que, aun siendo espacios valiosos de experimentación social, no han conseguido alterar de forma significativa la arquitectura global del sistema agroalimentario.

La cuestión no es si esa transferencia de recursos puede tener efectos en determinados nichos de mercado o en determinadas experiencias locales, que probablemente sí, sino si puede constituir una estrategia de transformación sistémica, hegemónica y popular. Porque no estamos hablando de una intervención marginal, sino de un volumen de recursos que, según sus propias estimaciones, alcanzaría cifras inmensas de gasto público. Y ante ese escenario, la pregunta ya no es solo económica, sino política en sentido estricto, qué tipo de institucionalidad se está creando, quién la gobierna, con qué legitimidad, con qué mecanismos de control democrático, y, sobre todo, qué tipo de relación establece con el conjunto del sistema público existente. Vamos a verlo.

Desde su formulación, la SSA se plantea como una extensión de la lógica de la Seguridad Social al ámbito alimentario. Sin embargo, su diseño introduce una serie de elementos híbridos que la alejan del modelo clásico de política pública. Su financiación se basa principalmente en cotizaciones obligatorias vinculadas al salario, aunque se abren otras posibilidades como reformas profundísimas del sistema fiscal actual, la lucha contra el fraude fiscal, reformas del IVA o transferencias desde otras partidas de los presupuestos públicos. Todas ellas con una probabilidad de materializarse, en el contexto actual, extremadamente baja.

En este sentido, la SSA no se concibe como un sistema de titularidad, gestión y fiscalización pública, sino como un mecanismo de contribución social obligatoria. Pero ni tan siquiera eso es lo más problemático, el mecanismo empieza a derrapar considerablemente cuando se constata que esa inmensa bolsa de dinero público se entregará a una red ciudadana paralela para que decida y administre qué alimentos se compran y donde.

La propuesta de SSA plantea que el funcionamiento del sistema descanse en una red de entidades locales —las llamadas cajas de alimentos— que agruparían a decenas de miles de personas en cada territorio. Estas estructuras asumirían funciones de gobernanza relevantes: selección de productos, definición de criterios de compra, acreditación de establecimientos y control del cumplimiento de estándares sociales y ambientales. Se plantea, además, que estos órganos garanticen la atención a necesidades alimentarias diversas, incluyendo restricciones culturales, sanitarias o éticas. No obstante, el diseño institucional de estas cajas permanece abierto, con escasa concreción sobre su composición, representatividad, mecanismos de toma de decisiones o resolución de conflictos.

Este diseño implica la construcción de un sistema altamente complejo de certificación, control y trazabilidad alimentaria, necesario para asegurar que los productos cumplen los criterios establecidos

En cuanto a los criterios de funcionamiento del sistema alimentario, la SSA propone la fijación participativa de precios tanto para productos nacionales como importados, con el objetivo de garantizar ingresos dignos a lo largo de la cadena productiva y evitar prácticas de competencia desleal. Asimismo, se prevé la aplicación de mecanismos de regulación del comercio exterior mediante precios mínimos de entrada y la incorporación de estándares de comercio justo en productos importados. Los criterios ambientales y de producción sostenible —frecuentemente asociados al enfoque agroecológico— serían definidos a diferentes escalas territoriales, en negociación entre entidades ciudadanas, cooperativas y administraciones públicas.

Este diseño implica la construcción de un sistema altamente complejo de certificación, control y trazabilidad alimentaria, necesario para asegurar que los productos cumplen los criterios establecidos. La amplitud y heterogeneidad de dichos criterios introduce, sin embargo, una dificultad estructural: la ausencia de una definición unificada y operativa de agroecología aplicable a gran escala, así como la potencial diversidad de interpretaciones en función del territorio o de la composición de los comités locales.

Las experiencias existentes que se invocan como antecedente de la SSA, principalmente en Francia y en algunos proyectos piloto en el Estado español, muestran una realidad más limitada. En la práctica, estas iniciativas se asemejan a cooperativas de consumo agroecológico o redes de distribución alternativa, con grupos reducidos de participantes y una escala de funcionamiento relativamente pequeña. El caso de Getafe, por ejemplo, se basa en un experimento financiado por una fundación privada, con un número reducido de personas que reciben una asignación mensual para consumir en un supermercado cooperativo ecológico, complementado con actividades de participación y trabajo voluntario. Estas experiencias se presentan como ensayos de un modelo más amplio, aunque su representatividad real respecto al sistema es muy cuestionable.

En el plano conceptual, la SSA se define como una política pública comparable a la sanidad universal, en tanto garantizaría un derecho básico mediante un mecanismo de acceso universal financiado colectivamente. Sin embargo, mientras la Seguridad Social clásica se basa en un sistema público de aseguramiento, gestión pública institucionalizada y prestación de derechos en función de contingencias, la SSA se configura como un sistema en el que la financiación pública es obligatoria, pero la gestión y la definición de criterios recaen en estructuras descentralizadas de carácter comunitario o mixto. Esta combinación genera una tensión entre su pretendida naturaleza de política pública universal y su diseño organizativo basado en la autogestión local.

Uno de los principales elementos que hacen que la SSA dance en el vacío se refiere, justamente, a esta gobernanza del sistema. La ausencia de un marco claro sobre la composición de los comités ciudadanos, los mecanismos de representación, la articulación entre niveles locales, regionales y estatales, o la resolución de conflictos normativos, plantea dudas relevantes sobre su viabilidad institucional. La descentralización radical del sistema podría dar lugar a una gran heterogeneidad de criterios y prácticas, con posibles desigualdades territoriales en el acceso y la definición de los derechos alimentarios.

Otro elemento crítico es la cuestión de la universalidad de la prestación. La SSA propone una asignación idéntica para toda la población, independientemente de su nivel de renta o patrimonio. Este enfoque se justifica como una forma de evitar la estigmatización asociada a las ayudas sociales tradicionales y de reforzar la idea de un derecho universal a la alimentación. Sin embargo, desde una perspectiva redistributiva, esta universalidad puede interpretarse como regresiva, en la medida en que asigna el mismo recurso público o salarial a personas con capacidades económicas muy distintas, incluyendo a los sectores de mayor renta. Quizás esa universalidad proclamada por la SSA tenga más bien que ver con la necesidad de querer llamar a esta propuesta Seguridad social, que un convencimiento real de que la ayuda tenga que ser la misma.

El aspecto económico constituye otro eje central de la crítica. Con una población cercana a los 50 millones de personas, la dotación mensual propuesta supondría un coste anual cercano a los 90.000 millones de euros, una cifra de enorme magnitud en términos de gasto público. Una cantidad monumental de dinero público que representa más que el presupuesto total de Educación (66.200 millones), poco menos que el de Sanidad (103.600€), 12 veces más que las ayudas a la vivienda (7.000 millones), o 18 veces más que toda la ayuda agrícola vinculada a la PAC en el estado (4.889 millones). Este volumen equivaldría, de hecho, a una parte sustancial del presupuesto del Estado del bienestar y tendría un impacto significativo sobre el sistema de cotizaciones. En función de las estimaciones realizadas, la financiación mediante salarios podría implicar incrementos muy relevantes en las cargas contributivas (entre un 10 y un 15% más de retención de salarios), que sumados a los % ya existentes en la actualidad se traduciría en una presión prácticamente inasumible sobre los ya muy depauperados salarios que reciben las clases populares.

Pensar que se pueden sacar 90.000 millones de euros a través de modificar la política impositiva es, cuando menos, poco realista

Una de las últimas propuestas de financiación presentadas por parte de sus impulsores se basa en ir sumando millones de euros a partir de la lucha contra el fraude fiscal e importantes reformas del sistema de IRPF, del IVA, del impuesto sobre sociedades y del de sucesiones y donaciones. En un contexto como el actual, con una gravísima y profundísima crisis de financiación de lo público (solamente hace falta mirar al sector de la educación, la sanidad o el transporte público), pensar que se pueden sacar 90.000 millones de euros a través de modificar la política impositiva es, cuando menos, poco realista.

Por último, otro elemento preocupante de esta propuesta no reside únicamente en su arquitectura institucional o en la quimérica financiación, sino en su capacidad para desplazar el eje del debate político desde el terreno de la transformación estructural hacia el terreno de la gestión del consumo. Porque mientras la discusión se centra en cómo se distribuye una tarjeta, qué criterios se aplican para su uso o qué productos pueden adquirirse con ella, otras cuestiones centrales del sistema alimentario quedan en segundo plano, el control de las infraestructuras públicas alimentarias, la regulación de los márgenes de beneficio de las grandes empresas de distribución, la fijación de precios en origen y en destino, la planificación de la producción agrícola, la reforma de los sistemas de tenencia de la tierra o la construcción de redes públicas de abastecimiento alimentario, supermercados públicos, devolver los mercados municipales al ámbito público, cocinas municipales, comarcales, etc.. Esta es la palanca efectiva de transformación.

No estamos solo ante una propuesta incompleta, sino ante una propuesta que corre el riesgo de reorganizar la agenda política en torno a un marco que no cuestiona de forma directa los núcleos de poder del sistema agroalimentario. En este sentido, la Seguridad Social Alimentaria puede funcionar, incluso sin quererlo, como un dispositivo de desplazamiento del conflicto, situando la transformación en el terreno del consumo individual subvencionado mientras se deja intacto el terreno donde realmente se concentra el poder estructural del sistema alimentario. Se trata, en sentido literal, de una propuesta estrictamente reaccionaria, que estanca los procesos más profundos.

El riesgo, por tanto, no es solo técnico ni organizativo, sino político en un sentido más amplio, porque una propuesta que nace con voluntad transformadora puede acabar insertándose en una lógica de gestión del malestar social sin alterar las estructuras que lo producen

Recuerden que allí donde se han producido avances significativos en derechos sociales, no ha sido a través de la expansión de mecanismos de voucherización del acceso a servicios, sino a través de la construcción de sistemas públicos, universales y desmercantilizados. El riesgo, por tanto, no es solo técnico ni organizativo, sino político en un sentido más amplio, porque una propuesta que nace con voluntad transformadora puede acabar insertándose en una lógica de gestión del malestar social sin alterar las estructuras que lo producen. Y cuando eso ocurre, la capacidad de transformación se diluye, aunque el discurso siga manteniendo intacta su ambición inicial.

Ni el colectivo campesino ni las reivindicaciones sociales vinculadas al consumo demandan cheques regalo, y mucho menos si se ponen en manos de comités ciudadanos locales sin mandato ni supervisión pública, lo que se demanda es un cambio en la propiedad de los sistemas de producción de alimentos y poner el derecho a una alimentación adecuada en el centro desplegando el programa que los movimientos sociales llevan reivindicando desde hace más de 30 años. Para ello no hacen falta cheques regalo, de la misma manera que para solucionar la crisis habitacional no se demandan ayudas parciales regresivas sino meter mano al sector inmobiliario desde lo público y priorizar los derechos humanos, no la ganancia corporativa.

Un banco de alimentos generalizado, financiado con dinero público erosiona todas estas luchas, las debilita y, en definitiva, fortalece al modelo que pretende combatir.

Un artículo de Javier Guzmán, Director de Justicia Alimentaria, y Ferrán García para El Salto.