M. en A. José Luis Gutiérrez Lozano*

La obesidad, constituye un severo problema de salud pública que afecta a todos los países del llamado mundo occidental. Aunque también está asociada a factores fisiológicos, metabólicos y genéticos, resulta de un desequilibrio entre el consumo y el gasto de energía motivado por factores sociales, conductuales y culturales relacionados con las demandas del sistema económico preponderante. El afán de lucro, como motor del proceso económico, que se sobrepone a las necesidades reales del ser humano y de los ciclos naturales, sujeta a los habitantes de esos países, incluido México, a prácticas de consumo que atentan contra el bienestar de las personas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición realizada en 1999, en México 27.5% de los niños en edad escolar presentaban sobrepeso. De acuerdo con un informe del año 2006 del Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Infantil de México, la población infantil que sufría sobrepeso y obesidad alcanzaba el 40%. Los expertos coinciden en afirmar que cerca de 70% de la población en México la sufre y resulta que, a pesar de que la “robustez” se relaciona comúnmente a la afluencia económica, no es caro volverse obeso, sino todo lo contrario.

Culpable de este problema es la ingesta de comida basura o “comida chatarra”. Es decir, una alimentación de mala calidad elaborada industrialmente, rica en calorías y con poco valor nutritivo que contiene residuos de pesticidas y productos químicos que trastornan nuestro equilibrio vital. Comida que también contiene azúcar, mucho azúcar, sal en exceso y mucha, muchísima publicidad. No es exclusivo de las botanas y golosinas el cuestionable éxito en enfermar a las personas y no sólo es la obesidad la enfermedad principal provocada por la mala alimentación.

Los anabólicos que se utilizan para acelerar el crecimiento de los animales, antibióticos que permanecen en los alimentos, constituyen sólo una muestra de los remanentes de la producción orientada a la generación de ganancias. Añadidos para dotar apariencia o permanencia a los alimentos para hacerlos más atractivos y más rentables para quien los produce y comercia, se suman a los venenos que poco a poco minan la vida de quienes los consumimos. Éste es un problema que, partiendo de un origen económico, por la lógica de la competencia de los mercados y la producción de alimentos con fines eminentemente de maximización de utilidades, parte de los grandes productores y se impone sobre los consumidores difuminados, aislados.

Parece ser que hasta ahora los gobiernos no tienen éxito para combatir el deterioro de la salud pública cuando son inducidos por los intereses económicos de la industria de los alimentos. Tal es el caso del gobierno húngaro que se propuso acabar desde septiembre del año pasado con las costumbres culinarias insanas de sus connacionales mediante el llamado “Impuesto de las papas fritas”. Quien piense que el nuevo “canon de salud pública”, como se llama oficialmente, se aplica al goulash o los platos con alto contenido en grasas y difíciles de digerir como el filete gitano, se equivoca. Se trata de gravar fiscalmente con 40 céntimos de euro por kilogramo a las galletas y la repostería industrial, con 80 céntimos por kilo a las papas fritas de bolsa y un euro a las bebidas energéticas. Si bien los ingresos provenientes de este impuesto ayudarán a subsanar las débiles y maltrechas finanzas del gobierno, difícilmente ayudarán a mejorar la salud de los húngaros. Posiblemente hasta se vean impelidos a promover la producción y comercialización de estos alimentos. Todo con el noble propósito de recuperar a la economía una vez, al igual de lo que ha sucedido en Grecia, España, Portugal y otros, se ha tenido que salvar a la banca internacional de la quiebra.

Como resulta claro al reconocer los casos de éxito en combatir los males que producen los alimentos chatarra, la solución no proviene de políticas públicas adoptadas por los gobiernos, sino en el activismo de los ciudadanos que permiten realizar actos de resistencia, concientización, boicot y acciones legales colectivas. Casos como estos ya se dan en los Estados Unidos y varios países europeos. Cuando un consumidor compra un producto que resultó de mala calidad, éste ubica entre sus conocidos y redes sociales a personas que hayan tenido el mismo problema para determinar si es un asunto generalizado. Si resulta que el problema se repite, abre un blog para contactar a más usuarios que hayan tenido dificultades con el mismo proveedor. De esta manera, usando la fuerza de Internet –algo que la ley SOPA quiso impedir y ahora el ACTA pretende lograr- el grupo activista crece, contrata un abogado y posteriormente interpone una demanda colectiva contra la empresa.

En México esto ya puede ocurrir. Desde el pasado 29 de febrero es posible ejercer acciones colectivas tras la entrada en vigor de reformas a diferentes códigos y leyes, entre las que figuran: el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, entre otros.

Políticas del sector salud podrán ir y venir, pero la verdadera solución a los problemas sanitarios –que son muchos y generalmente sujetos a fuertes intereses económicos– será posible sólo con la acción decidida y coordinada de los ciudadanos.

* Presidente de Fundación Ahora A.C., asociación que promueve la Economía Solidaria en la región centro-occidente de México con más de una década de trabajo.