En la V. Asamblea Nacional Ciudadana celebrada en Puebla, en mayo de 2010, se llevó a cabo un taller para explorar el concepto de democracia económica. Se siguió una dinámica de cuatro mesas de debate que debían contestar 6 preguntas.

[Alejandro Corona – Crítica Pura] En esta asamblea confluimos ONGs, activistas políticos, ambientalistas, empresarios, trabajadores y activistas sociales y comunitarios y defensores de los derechos del consumidor, que sin ser expertos en asuntos económicos, estamos todos preocupados por los asuntos públicos del país. Nuestra diversidad nos permitió contemplar conjuntamente varias aristas y niveles, que normalmente se analizan en forma separada.

Este texto hace un resumen de lo expuesto, siguiendo en forma general las preguntas planteadas y con acotamientos y anotaciones adicionales.

MARCO Y DIAGNÓSTICO.

Las primeras tres preguntas fueron: ¿Cuál es la relación entre democracia económica y democracia política? ¿Es necesario que exista la democracia económica para que exista la democracia política? ¿Cuál es el estado actual de la democracia económica en el país?

De las mesas surgieron las siguientes definiciones de democracia política y democracia económica:

A. Democracia política: Situación en la que todos tienen acceso equitativo a canales de participación y decisión.

En México, se dijo, si bien se ha avanzado en el tema específico de democracia representativa, las condiciones de inequidad en la competencia electoral son notables. Otras expresiones de democracia como la participativa y la rendición de cuentas tienen muy poco desarrollo.

B. Democracia económica: Situación en que todos tienen acceso equitativo a medios de producción, a las decisiones económicas, a la riqueza y a las posibilidades de desarrollo.

Sobre México se dijo que:

a) Desde el punto de vista de un bienestar para la mayoría, no hay condiciones para que todos accedan equitativamente a una vida digna, a oportunidades económicas, a un empleo bien remunerado.

b) También se dijo que hay mecanismos de participación en decisiones para el uso del presupuesto de las entidades de gobierno; que

c) en general, la gente no tiene acceso a la definición de las líneas rectoras de la economía y que

d) el consumidor no cuenta con mecanismos de deliberación y protección sociales eficaces. Aquí se dijo que las opciones de oferta y demanda son controladas por poderes fácticos de la economía (oligopolios, monopolios)

e) hay en general barreras al derecho a organizarse, sobre todo, me parece, para los actores económicos y sociales “pequeños”.

En conclusión, se vio que en nuestro país ambas formas de democracia son en muchos sentidos, inexistentes o simuladas.

En las mesas se aplicó el concepto de democracia económica en tres niveles o ámbitos.

Un primer ámbito fue el nacional, donde la relación entre democracia económica y democracia política es más visible y se puede reconocer que deficiencias en la una llevan a lo mismo en la otra, en ambas direcciones.

Por un lado, se dijo, el sistema económico imperante es fruto de decisiones políticas. En particular, las decisiones políticas en un entorno no democrático significan a la vez la ausencia de democracia económica.

Un caso que se mencionó sobre el particular –resultado en parte de decisiones políticas sin participación de los afectados en la toma de decisiones y que ilustra la relación entre ambas formas de democracia y sus deficiencias respectivas – es la situación por la que pasan la producción nacional de maíz y la soberanía alimentaria. Debido a las condiciones de desigualdad en los tratados de libre comercio y a la situación de privilegio de diversos poderes fácticos no tenemos autosuficiencia alimentaria, la situación social del campo está peor que nunca, además de que enfrentamos graves pérdidas culturales y de biodiversidad relacionada con la entrada del maíz transgénico.

Otro caso que se señaló es el del manejo político que se da a la recaudación y uso de los impuestos, mermando la capacidad de estos para crear condiciones de crecimiento y redistribución del ingreso, que son a su vez condiciones para la existencia de democracia económica.

Por otro, se dijo, la democracia económica es una condición para que exista la democracia política. No se puede pensar en democracia política con igualdad de acceso a canales de decisión, sin tener a la vez canales de acceso económico para todos. En nuestra práctica electoral, en la que en teoría todos tienen derecho a votar y ser votados, en los hechos, sólo quienes forman parte de la élite del poder y del dinero, o se coluden con ella, pueden acceder a posiciones de elección popular. Asimismo, una democracia económica deficiente o inexistente conlleva ciudadanías de diversas categorías, ciudadanos de primera, de segunda e incluso que no alcancen el estatus de ciudadanos, lo que merma el tejido social, y con un tejido social débil, no hay práctica democrática.

También se mencionó que la representación del pueblo está rota, mientras que las democracias política y económica estén secuestradas por poderes fácticos. De hecho, se dijo, los poderes públicos mexicanos dedicados a combatir a estos poderes fácticos o poner límites a los mismos están totalmente corrompidos.

Las reglas que regulan la relación empresa-gobierno son, según el caso,inexistentes,insuficientes o no se aplican, tanto en el terreno del cabildeo empresarial como de la regulación de la libre competencia. La honestidad y transparencia en estos terrenos brillan por su ausencia. Las barreras de acceso al mercado surgen no sólo desde los grandes monopolios, sino notoriamente, se señaló, ¡desde el propio gobierno!

Un segundo ámbito de aplicación del concepto de democracia económica, se dijo, es el empresarial y el de la relación de las empresas con la sociedad.
Atendiendo a nuestra definición de democracia económica, es evidente que, al menos en México, hay poca o nula democracia en el gobierno de las empresas, es decir, que se toma poco en consideración a los trabajadores y otros actores sociales en las decisiones y que se insiste en que su único objetivo empresarial es la producción de riqueza económica y no de otros tipos de riqueza o bienestar social. Las excepciones detectadas en el caso de nuestro país son algunas cooperativas como Pascual o Cruz Azul.

Hubo un tercer ámbito en el que el concepto de democracia económica fue visto como significativo, y este es el de la economía solidaria o “alternativa”.

Este es un término genérico para una serie de mecanismos que están parcial o totalmente fuera del sistema dominante de mercado, en los que existe autosustentabilidad y por lo tanto democracia económica en diversos grados. Como ejemplo de estos mecanismos se señalaron comunidades autónomas, grupos de base, autogestión, monedas locales, cooperativas de producción, consumo y financieras, redes de intercambio solidario, tianguis de trueque, comercio justo y tequio entre otros.

A diferencia de los dos anteriores ámbitos mencionados, el de la economía solidaria busca deliberadamente ir en pos de una democracia económica, y esto ha sido por iniciativa mucho más de las comunidades y la sociedad civil en general que de los gobernantes.

PROPUESTAS

Las otras preguntas del taller fueron: ¿Cuáles serían formas específicas de organización económica que permitirían fortalecer la participación de los actores económicos? ¿Cómo empoderarlos? ¿Cómo lograr mejores formas de toma de decisiones sociales en la generación de riqueza?

Acerca de formas de organización que permitan fortalecer la participación de los actores económicos, una de las mesas manifestó su preferencia por la generación de riqueza (es decir, por un sistema que permita la iniciativa privada), por oposición a la concentración de la misma. Tres de las mesas le dieron importancia a la libre competencia con regulación antimonopolística efectiva (no sesgada a favor de ciertos grupos) por parte de un estado fuerte (que no autoritario), que cuente con instituciones sólidas, capaz de regular funcionalmente e instrumentar acciones correctivas. Se entendió en estas mesas que la libre competencia es precisamente una forma de empoderar a los actores económicos.

Además de éste, surgieron de las mesas varios otros requisitos para dicho empoderamiento y para fomentar la democracia económica en el ámbito de los modelos dominantes de gestión pública y de economía de mercado:

– Un Estado capaz de llevar políticas fiscales que ayuden a cumplir con los principios de equidad y proporcionalidad básica.

– En el tema del gasto público, el uso del mecanismo de los presupuestos participativos.

– Transparencia y honestidad acerca de los factores de poder dentro de la economía, con información relevante y mejores formas de evaluación en los temas ya mencionados de:

i) la relación estado – actores económicos y el cabildeo empresarial y

ii) en el manejo de concesiones (añado aquí el manejo de bienes públicos en general).

-Facilidades a la creación de pequeñas empresas, eliminando las barreras de que van desde el mencionado fomento real de la libre competencia hasta la disminución de costos notariales. Hubo una línea argumental de descargar al empresario de costos sociales, en el sentido de que los derechos sociales sean derechos ciudadanos y estén fuera de la lógica del trabajo. Esto, que fue denominado en esa mesa “portación de los derechos de los trabajadores”, consiste en garantizar que el sistema de seguridad social sea universal y el acceso a beneficios y derechos no dependa entonces de la condición laboral. No dar este paso dificulta la labor del pequeño empresario, o bien fomenta que este eleve costos de producción e incurra en evasión, por lo menos en lo que a cuotas de seguridad social se refiere.

• Empoderamiento del consumidor frente a las empresas y al Estado.
  
• Combate al intermediarismo y facilitar el contacto entre consumidor y productor. Este factor se consideró con potencial para disminuir la concentración de la riqueza.
  
• Creación de consejos económico-sociales y establecimiento de consejos reguladores por producto (se habló de transparentar costos y métodos de producción en empresas, argumento extensible a las paraestatales).
  
• Respeto al legítimo derecho de los trabajadores a organizarse y participar en las decisiones de la empresa.
  
• Reconocimiento y empoderamiento de la figura de los “stake-holders”, es decir todos aquellos que son afectados por cierta actividad empresarial, para que en el futuro vía OSCs u otras figuras puedan incidir en las políticas y acciones de la empresa. Entre los “stakeholders” no solo están los “stockholders” o accionistas, no solo están los trabajadores, sino también los consumidores, ambientalistas y otros involucrados por la actividad empresarial, especialmente la de gran escala. Se mencionó que para ese fin se requería de capacitación de los involucrados para una participación eficaz en la gestión empresarial.

En el tema de transparencia, se subrayó que el acceso ágil y sencillo la información empodera a los actores económicos y da argumentos a la ciudadanía para participar y tomar mejores decisiones. Se propuso que a través del gobierno y del presupuesto participativo se fomente a las OSCs y ONGs para que estas puedan informar a la población de los beneficios de la participación ciudadana en estos temas; los que se darían en la economía familiar y en la salud por ejemplo. Esta participación se señaló como indispensable para que en el largo plazo, se pueda conseguir democracia y transparencia en empresas, sindicatos y organizaciones civiles especialmente aquellas con más relevancia o peso en la sociedad.

Asimismo, se resaltaron las posibilidades de una mayor transparencia e información para generar algo ausente en este país, que es una planeación de largo plazo sobre el rumbo económico.

El lado “alternativo” se trató en tres de las mesas, y en ellas se planteó la necesidad de fomento por parte gobierno y ONGs u OSCs a las diversas formas de autosustentabilidad de cooperativas, impulso a colectivos pequeños, así como revitalizar las economías comunitarias a través de producción para el autoconsumo, modificar hábitos de consumo (consumir más lo local e independiente) y mejoras a canales de comercialización interna dentro de comunidades y barrios. El apoyo gubernamental a las ONGs que contribuyen a estas mejoras fue otro punto. También hubo mención de la necesidad de que México se abra de nueva cuenta a formas de organización ejidal y propiedad comunitaria.

Las respuestas obtenidas a la pregunta acerca de mejores formas de toma de decisiones sociales en la extracción de rentas dieron la oportunidad de profundizar un poco más en el tema del derecho a la organización social que se tocó al principio ya que, se dijo, los actores económicos están en posición de vencer barreras, organizarse, fijar reglas y acuerdos y establecer incentivos para que se cumplan y se potencie progresivamente la confianza entre los mismos. Mientras que en la economía “alternativa” estos mecanismos y su refinamiento son necesarios por definición, me parece que en la economía “dominante”, existen poco y debieran darse más, pues representan una alternativa importante a la de dejar todo en manos de las fuerzas impersonales y muchas veces destructivas del mercado y de los monopolistas y poderes fácticos que conocemos. También se señaló que para organizarse de forma fluida, se cuenta ahora con el internet y sus herramientas, lo que tendría aplicación por ejemplo en el contacto directo entre consumidor y productor y en la elaboración y ejecución de los mencionados presupuestos participativos, entre otras cosas.

Finalmente, se hizo el importante señalamiento que la democracia económica no es posible si no se da cumplimiento simultáneamente, junto con la democracia política, a los demás derechos económicos y sociales de las personas y a los derechos humanos en general, con características de no discriminación, igualdad, realización progresiva, no regresión, integralidad, transversalidad y las ya mencionadas transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y participación.

Como una reflexión final, diremos que las tensiones entre el objetivo de fomento a la competencia y el de poner al frente del actuar empresarial el beneficio social, ambos planteados en las mesas, pueden tener solución. En primer lugar, otorgar un creciente papel a las economías solidarias, que resuelven este dilema de raíz. Por otra, que las grandes empresas de corte monopolístico sean reguladas por comités o consejos de amplia representatividad como los antes mencionados y que las pequeñas continúen, como ocurre en cierta medida en la práctica, cumpliendo normatividades gubernamentales negociadas. Esto es, en ambos casos, la solución a la tensión mencionada se tiene que dar necesariamente por la vía de la negociación.

Las mesas me ayudaron a recordar que en economía al igual que en política, la alta concentración del poder tiene una relación inversa con la democracia. También me permitieron darnos cuenta que hay una relación directa entre autosustentabilidad de los actores económicos y el grado de democracia económica y horizontalidad de la sociedad a la que pertenecen. Queda de tarea también una reflexión sobre tecnologías que requieren de sociedades verticales y tecnologías que fomentan y prosperan con la horizontalidad.

Quisiera agradecer la colaboración de Mar Estrada, quien revisó el texto y aportó mejoras importantes.