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Comunicado de Cáritas Euskadi ante la reforma de la Ley de Garantía de Ingresos

Cáritas Euskadi quiere ofrecer a las comunidades cristianas y a la sociedad en general una reflexión que, asentada en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia, nos ayude a analizar con sosiego esta coyuntura social. Por la defensa del Sistema de Protección Social El «Estado de Bienestar» es un logro histórico que […]

15 octubre 2011

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Cáritas Euskadi quiere ofrecer a las comunidades cristianas y a la sociedad en general una reflexión que, asentada en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia, nos ayude a analizar con sosiego esta coyuntura social.

Por la defensa del Sistema de Protección Social

El «Estado de Bienestar» es un logro histórico que trajo a Europa la paz y constituye un modelo social que garantiza unos mínimos vitales en cuestiones básicas para todas las personas. Aquí, en nuestro entorno, el desarrollo del «Sistema de Servicios Sociales», ha establecido en los últimos años el marco legal y el grado de responsabilidad de la Administración en la cobertura de prestaciones y servicios. Por tanto, debe proveer de ciertos servicios, o garantizar unos mínimos, considerados básicos para el conjunto de la ciudadanía, especialmente para aquellas personas que se encuentran en situación de mayor dificultad.

Se trata de lograr una mayor justicia social y consideramos que este Sistema constituye un logro en este sentido, responde a un desafío de orden humanitario y ha sido fuente de derechos a favor de todas las personas y especialmente de las que están en situación de mayor vulnerabilidad.

El sistema de protección social de Euskadi ha sido un referente importante para mejorar nuestra calidad de vida y pionero en el Estado. Las sucesivas Leyes de Servicios Sociales de las que nos hemos dotado [1], han permitido ir avanzando tanto en ordenación, estructuración, como en el desarrollo de prestaciones y servicios de responsabilidad pública, siendo su último hito la vigente Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, que da un nuevo paso al introducir el derecho subjetivo en los servicios sociales, lo que responsabiliza a la Administración para hacer efectivo ese derecho a toda la población.

La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social destaca como herramienta de carácter social y prestación económica dirigida tanto a prevenir el riesgo de exclusión personal, social y laboral, como a facilitar la inclusión de quienes carezcan de recursos personales, sociales o económicos, Esta ley, basada en los principios de universalidad y del doble derecho, reconoce a toda persona que reúna los requisitos establecidos en la ley, el derecho a acceder a medios económicos para hacer frente a las necesidades básicas de la vida y a disfrutar de apoyos orientados a la inclusión social y laboral.

Con la crisis, la razón económica parece imponerse a las necesidades, cada día más apremiantes, de una parte de la sociedad que sufre las duras consecuencias de la situación actual. Personas y familias que no han tenido responsabilidad en el origen de esta crisis, resultan ser las víctimas más castigadas por ella. Hechos recientes como la propuesta de reforma de los requisitos para la obtención de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) nos llena de inquietud porque entendemos que supone una pérdida y un retroceso en nuestro Sistema de Protección Social. En vez de apostar por el Estado de Bienestar y participar en su desarrollo, está en peligro lo construido hasta este momento.

Puede ser esta una buena oportunidad para repensar el sistema social, pero desde dónde lo hagamos es decisivo: Cáritas Euskadi entiende que han de contar también las personas necesitadas y en riesgo de exclusión social. Tenemos la responsabilidad «de promover la justicia y el bien común ayudando a descubrir las carencias y respondiendo a ellas desde la justicia social» [2], de definir un sistema de servicios sociales, de garantías y para la inclusión que no genere vulnerabilidad ni exclusión y mucho menos estigmatización, porque corremos el riesgo real de que haya muchas personas que se queden fuera de nuestro sistema de protección.

Últimamente observamos que se habla mucho del fraude en las ayudas. No hay duda en la necesidad de mantener el rigor y control necesario para la buena distribución de los recursos, pero vistos los datos, quizá el problema esté en otro lugar. Sería bueno comenzar por armonizar las actuaciones de las distintas administraciones porque a día de hoy no son lo suficientemente operativas, cuando no restrictivas, lo que nos lleva a demandar un mejor funcionamiento de la Administración.

Es necesario actuar. Ahora es cuando más falta hace. Las consecuencias de la crisis seguirán afectando negativamente cada vez a más personas, no sólo a las más vulnerables y con menos recursos de la sociedad; por lo que entendemos se hace necesario reforzar el Sistema de Protección Social para todas las personas

Si sumamos los efectos de la crisis a los que pueden surgir como consecuencia de las restricciones del sistema, podemos derivar hacia una sociedad menos cohesionada e incluso a la fractura social en un entorno cada vez más individualista, con personas cada vez más solas y menos solidarias, lo que traerá como consecuencia un mayor riesgo de vulnerabilidad y exclusión.

En este escenario, desde Cáritas Euskadi apostamos, como dice Pablo VI [3], «por todas las personas y toda la persona»; sobre todo por aquellas más olvidadas, las que corren el riesgo de no existir porque no cumplen unos determinados requisitos administrativos. Apostamos por un modelo de sociedad que acoge, acompaña y promociona a las personas que más lo necesitan «actitudes que dan sentido a la caridad cristiana que, lógicamente, trata además, de ser operativa» [4]. Para construir una sociedad que defienda los derechos, trabaje por mejorar el Estado de Bienestar y garantice un futuro para todas las personas, incluyendo a las generaciones venideras.

La administración, desde su responsabilidad por asegurar el bienestar, los derechos y la redistribución de los bienes debe velar por el más débil y desprotegido. De igual modo, cada miembro de nuestra sociedad tiene la responsabilidad de «vivir sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir» [5].

Notas

[1] Ley 6/1982, de 20 de mayo, sobre Servicios Sociales. Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales.

[2] Carta pastoral de los Obispos de Pamplona Tudela, Bilbao, San Sebastián y Vitoria «Una economía al servicio de las personas”. Cuaresma-Pascua 2011, nº 30.

[3] «Populorum progresio» nº 14.

[4] Carta pastoral de los Obispos de Pamplona Tudela, Bilbao, San Sebastián y Vitoria “Una economía al servicio de las personas”. Cuaresma-Pascua 2011, nº 30.

[5] Lema de Cáritas para la Campaña Institucional 2011-2012.

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