Si tenemos el derecho a consumir electricidad para nuestras necesidades vitales, también hemos de tener el derecho a que ésta provenga de fuentes renovables, de fuentes que no contribuyan al calentamiento global del planeta. Tenemos el derecho teórico de poder escoger energía verde para la electricidad que consumimos, pero en la práctica somos cautivos de un grupúsculo de empresas que actúan como monopolios para los diferentes territorios del Estado.
El acceso a la energía solar ha sido regulado para que sólo puedan operar en él los grandes grupos inversores, dejando a la ciudadanía solamente la opción de colocar paneles fotovoltaicos en sus tejados y cubiertas para restituir parte de la energía eléctrica consumida de fuentes no renovables. Un ciudadano puede producir la electricidad consumida desde su casa con energía verde generada con el Sol, de forma distribuida y descentralizada, como un gesto de compromiso ambiental con las futuras generaciones.
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