El Parlamento Europeo comenzó 2026 con la enésima resolución a favor de la soberanía tecnológica. Para este mismo Parlamento, a petición de su entonces presidente, ya en 2019, antes de la COVID, elaboramos un informe de 200 páginas sobre cómo activarla. Muchas proclamas, pero la acción institucional real es escasa, aunque las instituciones tienen los instrumentos para virar de una vez: la contratación pública.

El software libre se caracteriza por el hecho de que quien lo crea decide dejarlo visible para que cualquier persona con conocimientos de código pueda ver qué ejecuta, cómo lo hace y pueda modificarlo, mejorarlo y corregirlo. Los otros tipos de software son una caja negra para quien lo compra y para quien lo utiliza. Todo ese software basura que nos frustra y nos atormenta son cajas negras: los proveedores prometen el sol y la luna, y si el resultado no nos gusta, hay que tirar la inversión y volver a hacerlo desde cero con otro proveedor.

Digitalizar con software libre no es una cuestión “técnica”, es una decisión política: servir a las personas y sus derechos o servir intereses corporativos. Cuando una administración usa herramientas que cualquiera puede auditar, adaptar y mejorar, gana transparencia, control público, seguridad verificable, soberanía tecnológica y capacidad de reutilización (lo pagado con dinero público puede volver a la sociedad como infraestructura común). Además, reduce el lock-in (dependencia de un proveedor), facilita la interoperabilidad entre organismos y mejora la continuidad del servicio a largo plazo, porque el conocimiento y el código no quedan cautivos en contratos sin acceso a las decisiones técnicas.

A esto se suma un argumento económico contundente: como explicamos en Digitalización democrática, soberanía digital para las personas, y como detalla, entre otros muchos, “The value of Open Source Software”, de la Harvard Business School, la inversión en software libre genera retornos enormes en valor para las empresas que lo utilizan. Sin Free Open Source Software (software libre) las compañías tendrían que multiplicar su gasto en software.

Cuando la digitalización se hace desde la lógica de “comprar una caja negra”, aparecen dos resultados típicos: pérdida de control democrático (siempre) y (a menudo) servicios que fallan sin que nadie más que el proveedor pueda corregirlos, si es que sabe hacerlo.

Todo el mundo lo sufre

Hay miles de casos; el del SEPE es solo el último, de repercusión estatal: un sistema injustificadamente costoso (¡30 millones!) que, lejos de resolver cuellos de botella, habría multiplicado el tiempo perdido (parece que por ¡50!), los bloqueos y la frustración operativa, con impacto directo en trámites sensibles (subsidios y atención a personas en situaciones vulnerables). No es solo “un mal software”: es el patrón de proyectos sin gobernanza pública real, sin trazabilidad, sin capacidad de corrección ágil y con dependencia de contratos y proveedores. Suma y sigue en el despilfarro institucional en digitalización.

Una digitalización impuesta de manera incorregible desespera. En sanidad, por ejemplo, esto se vuelve especialmente crítico: si el software está mal diseñado o mal implementado, no solo roba tiempo, sino que degrada la atención, eleva el estrés profesional y convierte la administración del dato en un fin en sí mismo. Es el patrón de “trabajar para la máquina” en lugar de que la herramienta sirva al servicio público.

El otro extremo es igual de grave: herramientas de datos/IA orientadas a la vigilancia y el control, compradas como soluciones “mágicas”, que acaban consolidando prácticas de seguimiento masivo, decisiones opacas y asimetrías de poder. En la administración pública, esto no debería comprarse como si fuera una simple aplicación de gestión en manos privadas. Las consecuencias las vimos claramente en el uso de la tecnología que hizo el ICE en Estados Unidos.

Buenas prácticas en compra pública y cómo resolver problemas actuales

La clave no es solo usar software libre, sino garantizar estructuras que permitan sostenerlo, auditarlo y mejorarlo. En suma: puestos de trabajo especializados.

En Europa, una parte importante del gasto público se destina a digitalización, pero el software libre queda fuera por inercias, por costumbre, por redes clientelares consolidadas y resistentes al cambio, cuando el uso de estándares abiertos debería ser un requisito.

Hay buenas noticias. El informe sobre tendencias de políticas de interoperabilidad de la Comisión Europea muestra algo importante: los países están pasando de tratar el open source como un superfluo e incluso peligroso (?) detalle legal de contratación a entenderlo como estrategia de soberanía. De momento, al menos en la teoría. No basta con financiar “innovación” por hype. Hay que orientar la inversión a infraestructura pública digital (PDI): herramientas y servicios que queden bajo control público y, sobre todo, civil: no privatizables. Si la administración quiere genuinamente soberanía como comienza a decir, tiene que construir capacidad institucional y mercado público alrededor del procomún digital (incluyendo proveedores locales, consorcios, modelos de mantenimiento, etc.).

Mientras tanto, hace apenas un par de días nos escribieron para explicarnos que las últimas licitaciones de la Generalitat contienen condiciones que, de facto, prohíben el software libre. Esto tiene que cambiar. No es solo cortoplacista, es suicida.

Digitalización democrática significa que la administración no puede limitarse a “poner tecnología”: tiene que garantizar un entorno de gobernanza democrática para esa digitalización. La compra pública es el volante: si se orienta a estándares abiertos, software libre, auditabilidad y sostenibilidad, la digitalización fortalece derechos y servicios. Si no, se convierte en una fábrica de dependencia, fallos y opacidad.

Fuente: Contexto