En la sala del Palazzo Pubblico de Siena donde se reunía el gobierno de la ciudad, los frescos de Ambrogio Lorenzetti recordaban a quienes tomaban decisiones cuáles eran los efectos del buen gobierno. Hay un detalle que sigue llamando la atención siete siglos después: la muralla parte la escena por la mitad, y el campo ocupa tanto espacio como la ciudad. El bienestar urbano, venía a decir la pintura, depende inevitablemente del bienestar del territorio que lo alimenta. Recuperar esa conciencia de interdependencia entre lo urbano y lo rural, poniendo la alimentación en el centro, es buena parte del desafío que hoy tienen por delante las políticas públicas.

A raíz de la sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC —cuarta y última de un ciclo dedicado a sectores estratégicos para la acción público-comunitaria, tras las de vivienda, energía y finanzas—, conviene detenerse en algunas de las ideas que se pusieron sobre la mesa, porque dibujan un sector en el que las alternativas ya existen, están probadas y funcionan, pero en el que la colaboración con las administraciones sigue siendo muy desigual de un territorio a otro. José Luis Fernández Casadevante, «Kois», sociólogo, experto en soberanía alimentaria y miembro de la cooperativa Garúa, condujo la formación con una idea de fondo: no habrá transición ecosocial con alguna perspectiva de éxito sin un cambio profundo en la manera en que producimos, distribuimos y comemos.

Un sistema en el centro de casi todas las crisis

El diagnóstico con el que arrancó la sesión fue deliberadamente breve, pero contundente. Según los datos que compartió el ponente, el sistema alimentario explica en torno al 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado español, y hoy se invierten unas diez calorías de combustibles fósiles por cada caloría de alimento que llega al plato, en un territorio con el 74% de su superficie en riesgo de desertificación. A ello se suma la huella hídrica: alrededor del 80% del agua dulce que consumimos está ligada a la producción de alimentos, y entre un 15 y un 20% sale del país convertida en «agua virtual» a través de las exportaciones. La contaminación por fertilizantes y pesticidas de síntesis afecta a buena parte de las aguas subterráneas, hasta el punto de que más de 300 municipios no tienen acceso a agua potable en el grifo.

El retrato se completa con la pérdida de biodiversidad cultivada —un 75% de la diversidad genética agrícola desaparecida en el último siglo—, con una concentración de poder cada vez mayor —cuatro empresas controlan más de la mitad del mercado mundial de semillas y la gran distribución acapara el 92% de la superficie comercial alimentaria— y con un modelo de precios que no beneficia ni a quien produce ni a quien consume: el Índice de Precios en Origen y Destino que publica COAG muestra diferencias del 400 o el 500% en algunos productos. Y, en el otro extremo de la cadena, la desigualdad: en torno a un 13% de la población, unos seis millones de personas, vive en situación de inseguridad alimentaria, mientras que cuatro de cada diez niñas y niños presentan sobrepeso u obesidad. «Comer mal es muy barato», resumió Kois, para subrayar que la malnutrición tiene un componente de clase evidente.

Ecologizar, democratizar, relocalizar, reequilibrar

Frente a ese diagnóstico, la sesión propuso una brújula. El marco de referencia es el de una transición ecosocial justa —a menudo visualizada con la «economía del dónut» de Kate Raworth, ese espacio seguro y justo entre un suelo de necesidades sociales y un techo de límites ecológicos—, entendida como un proceso intergeneracional: si salir del modelo actual llevará décadas, lo urgente ahora es «dar un volantazo». Para orientarlo, cuatro puntos cardinales: ecologizar —o agroecologizar— el conjunto de la cadena, desde la finca hasta la gestión de residuos; democratizar un sistema dominado por muy pocos actores, devolviendo capacidad de decisión tanto a las instituciones como a las comunidades organizadas; relocalizar, satisfaciendo necesidades en proximidad; y reequilibrar el territorio, buscando las escalas adecuadas y mecanismos de solidaridad entre territorios. Todo ello, además, con la recuperación de una cultura alimentaria que se ha ido erosionando en las últimas décadas.

A esa brújula se suma un cambio en qué comemos, y no solo en cómo. La dieta de salud planetaria propuesta por la comisión EAT-Lancet —mayoritariamente vegetal, con una reducción de más de la mitad del consumo de carne roja y azúcar, cercana a una dieta mediterránea «de verdad»— es el punto de partida de un estudio en el que ha participado la investigadora Marta Rivera para Amigos de la Tierra. Sus conclusiones son elocuentes: con la superficie agraria existente, y asumiendo ese cambio de dieta, se podría producir el 99% de los alimentos que necesita la población del Estado, reduciendo un 84% el uso de combustibles, prescindiendo por completo de los pesticidas y recortando un 87% la contaminación del agua, a la vez que aumentaría la biodiversidad. La transición agroecológica, en definitiva, es técnicamente posible.

Público-comunitaria, no público-privada

El hilo conductor de las experiencias que se presentaron fue la cooperación público-comunitaria, que Kois propuso distinguir con claridad de la público-privada, esa fórmula que «nos han metido hasta en la sopa» y en la que el ánimo de lucro empresarial acaba primando sobre el interés general. Frente a ella, la definición que proponen desde el Foro Transiciones habla de marcos de colaboración estables y transparentes entre administraciones y tejidos sociales, guiados por la ausencia de ánimo de lucro y por los principios de justicia, equidad, universalidad y sostenibilidad. Nombrarse y defender ese estatuto propio, apuntó, es también una tarea política pendiente para la Economía Social y Solidaria.

De la finca al compost

La parte central de la sesión fue un recorrido por iniciativas que ya están en marcha a lo largo de toda la cadena alimentaria. Un primer paraguas es la Red de Municipios por la Agroecología, con una década de recorrido y ayuntamientos de colores políticos muy distintos, convertida en espacio de intercambio de políticas y de complicidad entre administraciones y organizaciones sociales.

En el terreno productivo, los parques agrarios —inspirados en experiencias italianas y desarrollados por primera vez en el Baix Llobregat— blindan el uso agrícola del suelo periurbano y acompañan a quienes producen en la comercialización conjunta, la creación de sellos de proximidad y la transición hacia manejos agroecológicos; hoy hay más de una decena repartidos por el Estado, con su propia red. Una vez protegido el suelo, los bancos de tierras ayudan a ponerlo en producción y a facilitar el relevo generacional, ya sea a escala de ciudad, como Basaldea en Vitoria-Gasteiz, o de pequeños municipios, como la red intermunicipal Terrae. Los espacios test agrarios, llegados de Francia, permiten a quienes quieren incorporarse al campo probar su proyecto tutorizados por agricultores consolidados antes de lanzarse por su cuenta, con tasas de éxito muy elevadas. Y la agricultura urbana, que ha pasado de 17 municipios con huertos en torno a 2010 a cerca de 400 en la actualidad, vale menos por los tomates que cosecha que por las relaciones y los conocimientos que cultiva.

En la logística y la comercialización, se citó la red estatal de centros logísticos agroecológicos que da protagonismo directo a las agrupaciones de productores y fomenta la intercooperación; la compra pública alimentaria para comedores escolares, universitarios u hospitalarios, que podría actuar como un auténtico «tractor» del cambio y que, en el caso de la alimentación escolar, llega a todos los perfiles de población; la recuperación de los mercados municipales como responsabilidad pública, frente a la tendencia de los nuevos desarrollos urbanos a delegar la alimentación en los supermercados; los mercados de venta directa codiseñados y cogobernados con asociaciones de productores y consumidores, como en Granada o Córdoba; los grupos de consumo; y el salto de escala que representan los supermercados cooperativos, con La Osa, en Madrid, como referente. Fuera de los canales convencionales, recordó el ponente, se vende ya en torno a un 21% de los productos alimentarios, una proporción que no tiene parangón en otras ramas de la economía.

Para cerrar el ciclo, el proyecto piloto de agrocompostaje impulsado por universidades valencianas, municipios y productores ecológicos para devolver al suelo residuos orgánicos de muy diverso origen, y las iniciativas de compostaje comunitario que ya funcionan en distintos municipios. Y, como experiencia más innovadora, el ensayo de seguridad social alimentaria que se desarrolla en Getafe con apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso y en complicidad con el ayuntamiento: las familias en situación de vulnerabilidad reciben una tarjeta con un saldo que solo pueden gastar en circuitos vinculados a la agroecología y la economía solidaria, como un supermercado cooperativo. Se trata, dijo Kois, de combinar el «dar de comer a la gente» con alimentar un cambio en el propio modelo. Durante el debate, las personas asistentes sumaron una pieza más a ese mapa: los bancos de semillas locales, clave para frenar la erosión genética.

Quién da el primer paso y cómo se convence a la administración

Una de las preguntas que más dio de sí fue de dónde surgen estas experiencias. Mayoritariamente, respondió el ponente, de las iniciativas comunitarias, donde hay una creatividad colectiva en permanente efervescencia que después busca complicidades institucionales. Pero no siempre. El programa Ecocomedores de Canarias nació de la propia administración agraria del archipiélago, que buscaba asegurar una salida estable a la producción local a través de los colegios y llegó a persuadir a productores para que dieran el salto a lo ecológico. Y el primer parque agrario se debe al empeño de un técnico de la Generalitat, Xavier Montasell, que conoció la experiencia italiana y se propuso trasladarla. Venga de abajo o de arriba, insistió, el rasgo diferencial de la cooperación público-comunitaria es que no suplanta a la ciudadanía organizada, sino que la incorpora activamente a la definición, la gestión y la evaluación de las políticas.

¿Y cómo convencer a una administración local reticente? Kois propuso tres claves. La primera, ser muy prácticos y poner el acento en los beneficios antes que en el marco ideológico: un comedor escolar agroecológico garantiza comercialización a quienes producen, mejora la nutrición, combate la inseguridad alimentaria, recupera cultura alimentaria y puede vincularse a huertos o compostaje en el propio centro. La segunda, medir: indicadores de impacto y herramientas como el retorno social de la inversión permiten traducir a un lenguaje que la administración entiende un valor que, de otro modo, recae invisible sobre los tejidos comunitarios. El objetivo no es abaratar los servicios, matizó, pero al no tener que generar márgenes empresariales estos modelos pueden resultar incluso más eficientes. Y la tercera, aliarse con el personal técnico, que permanece cuando los cargos políticos cambian y que sabe traducir las propuestas de los tejidos sociales a los marcos jurídicos e institucionales disponibles, ayudando a desactivar desconfianzas mutuas.

Lo que aún falta

La sesión dejó también a la vista los límites del momento actual. El primero tiene que ver con las condiciones de trabajo: ante una pregunta llegada desde el movimiento de comercio justo sobre derechos laborales y salarios dignos, el ponente reconoció que la preocupación forma parte del ADN de muchos proyectos agroecológicos —con una generación joven que habla de viabilidad vital y no solo económica, que cooperativiza y que incorpora una mirada feminista—, pero que los márgenes del sector son estrechos y la autoexplotación sigue presente. El segundo, el grado de implicación institucional, todavía muy desigual: en el caso de La Osa se limita a la cesión de un local público en condiciones favorables, mientras que en Francia ha habido apoyo directo a la capitalización de supermercados cooperativos, en Manresa uno de ellos se ha instalado dentro de un mercado municipal y en Hernani las cooperativas impulsadas en el marco de una planificación ecosocial integral se consideran servicio público y pueden recibir apoyo municipal hasta alcanzar la autosuficiencia. Muchos proyectos nacen descapitalizados, «a pulmón», y buena parte de su precariedad se explica precisamente por esa falta de respaldo inicial.

Como en las sesiones dedicadas a vivienda cooperativa, comunidades energéticas y finanzas éticas dentro del mismo ciclo, el mensaje de fondo volvió a repetirse al cierre: las herramientas existen y están probadas a lo largo de toda la cadena alimentaria. Lo que decide si se quedan en experiencias aisladas o se convierten en política alimentaria de verdad es que las administraciones asuman, como recordaba aquel fresco de Siena, que alimentar a la ciudad es una responsabilidad pública que no puede delegarse en el mercado, y que la mejor manera de ejercerla es junto a quienes ya están cultivando las alternativas.