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El relato de la gestión de la casa común ha alcanzado un punto de no retorno en tiempo pandémico. Las transformaciones a las que ha de hacer frente ejercen un efecto sandwich para el mundo del trabajo en todas sus dimensiones. No en vano, la relevancia de la centralidad del trabajo durante la pandemia ha permitido que el tremendo golpe sufrido al ser humano posibilite replantear diferentes escenarios futuros.

Una primera dimensión vinculada a la transformación digital ejerce una presión al trabajo entre maximizar beneficios del capital y el abaratamiento de la tecnología. Los mecanismos de huida del derecho del trabajo hacia otras formas mercantilistas que devalúan el factor trabajo, cuando no los invisibilizan directamente.

Una segunda dimensión vinculada a los procesos productivos y de consumo con el impacto medioambiental. La situación de emergencia climática ocupa una preocupación social prioritaria que requiere pasar aceleradamente a la acción. Con todas las aristas y matices existentes, o la mayoría social adapta y gobierna esa transformación, o las perspectivas de impacto auguran una crisis de civilización sin precedentes en la escala humana.

Una tercera dimensión confronta a la economía con las necesidades de las personas. Aquí ponemos de manifiesto el valor del trabajo de los cuidados a la persona con los actuales indicadores de medición de la economía. El desigual valor del trabajo para mujeres y hombres fomentado por una economía financiera globalizada que ha provocado las mayores tasas de desigualdad social y brecha de género, a pesar de sus ritmos de crecimiento del último lustro.

La cuarta dimensión, en estrecha relación con la anterior, aborda el trabajo como factor esencial del sostenimiento de los sistemas de protección social. A lo comentado anteriormente, adicionar elementos como los crecimientos de la esperanza de vida y la población mundial. Establecer unos sistemas armonizados de protección social requiere de todos los ingenios de las instituciones del mundo del trabajo para solidificar una esperanza para una vida digna.

El COVID 19 ha puesto de manifiesto la relevancia de todas ellas y ha arrinconado algunos de los mantras sobre los sistemas de gestión empresarial y el modelo productivo que merecen nuestra consideración.

Las cooperativas, fundamentales durante la pandemia

Centraremos la atención en los modelos de gestión cooperativista en relación con otras formas jurídicas societarias. Resulta indudable que, tal y como señalaba Guy Rider, director general de la OIT, “las cooperativas de productores y consumidores han sido fundamentales para mantener las cadenas de suministro de bienes y servicios esenciales al hacer hincapié en sus comunidades y relocalizar las economías” mientras que “las cooperativas industriales, sociales, y de trabajadores han transformado sus productos y servicios para satisfacer la acuciante demanda local de equipos de protección, alimentos, suministros y atención social tanto al mantener una actividad esencial para las personas y su cuidado”, cumpliendo así una función esencial en beneficio de la triple dimensión social, medioambiental y económica.

Según datos de Eurostat, España ocupaba el 4º lugar en volumen de personas trabajadoras a través de empresas de economía social, siendo la 3º en número de ellas. La larga tradición de esta forma societaria en países de la Europa Mediterránea y en Alemania ocupan un porcentaje muy importante en PIB (En España entorno al 10% y el 12,5% en empleo según un informe de Fundación Alternativas en 2019).

Por ello, ante la crisis económica derivada de la pandemia y las consecuencias duraderas que plantean, vuelven a surgir debates de enorme interés en lo social y sindical de cara a la asunción por parte de las personas trabajadoras de la organización y gestión de la empresa ante una reestructuración o situación de crisis.

El ejemplo italiano

Recientemente, en Italia se ha suscrito acuerdo entre Confcooperative, Legacoop y AGCI con las organizaciones sindicales CGIL, CSIL y UIL para la promoción y desarrollo de trabajadores buyout (adquisición de empresas llevadas a cabo por los propios empleados). Con él, se pretende anticipar a los efectos negativos que derivan de los procedimientos preconcursales y concursales. Desde los agentes sociales, se ha valorado como un elemento central para el interés general de la sociedad, ya que estimula un sistema orientado a las políticas activas de empleo, generando mecanismos de autoempleo, reducen el elevadísimo coste de las políticas pasivas de empleo. Además, no cabe duda, de reducir la dispersión de actividades productivas y de mano de obra arraigada al desarrollo y vertebración de territorios.

Resulta importante destacar la participación tripartita (Gobiernos, empresas y organizaciones sindicales) que analicen y supervisen el progreso de situaciones empresariales potencialmente objeto de compra por las personas trabajadoras a partir de indicadores específicos, con campañas de sensibilización, formación e implicación de todas las herramientas de apoyo financiero adicional, entre ellas, la participación de la Administración.

Un cambio cultural posible

Es inevitable preguntarnos si la traslación mimética de este acuerdo cabría en el ordenamiento jurídico español y, lo que, a nuestro juicio, resulta más importante, ¿tenemos el conjunto de conocimientos, costumbres, modo de vida para llevar a cabo medidas de este calado?

Respecto a la primera cuestión, derivaremos a opiniones más cualificadas como la del profesor Eduardo Rojo o la del profesor Antonio Baylos que en sus largas trayectorias profesionales han analizado estos supuestos de reestructuración empresarial.

Respecto a la segunda pregunta, merece la pena destacar algunos elementos para el debate que explican la relación entre el sindicalismo y las empresas cooperativas y de economía social. Partiendo de objetivos similares: democratización de la toma de decisiones en las empresas y una puesta en marcha de bienes y servicios que beneficien al conjunto de la sociedad y al territorio, o la estabilidad en las relaciones laborales que garanticen un sustento para una vida digna, encontramos suficientes elementos de recelo a las herramientas de solución acordadas en Italia.

En primer lugar, son numerosos los ejemplos de utilización de esta forma societaria como mecanismo de huida del derecho del trabajo. La posibilidad legal de la elección de la cooperativa que posibilita la elección entre personas trabajadoras en el régimen especial de autónomos o régimen general ha dado lugar a numerosos ejemplos de falsos autónomos, por ejemplo en el sector de las cárnicas, que han devaluado el factor trabajo y han sido objeto de lucha sindical de primer orden.

En segundo lugar, los mecanismos de democratización de las empresas no han tenido el desarrollo ni la implantación suficiente para que las personas trabajadoras de estas formas societarias ostenten mayoritariamente esta condición.

En tercer lugar, es necesario hacer mención a los procesos de reestructuración empresarial en España. Son numerosos los intentos pasados de adquisición por parte de las personas trabajadoras de la gestión empresarial en crisis anteriores. En muchos casos, la experiencia no ha resultado positivo por muy diversos factores: la gestión tardía de la crisis por la dirección saliente, que sitúa a las personas en una posición de extrema debilidad y vulnerabilidad en la gestión del concurso. Queremos resaltar que la falta de transparencia empresarial aquí se pone de manifiesto, unido al fomento de determinadas sociedades que han primado la especulación financiera de los activos en detrimento de una economía productiva que redunde en el conjunto de la sociedad. Pero también es merecedor de comentario la falta de formación e información de las personas trabajadoras que, en el cambio de rol, han carecido de los conocimientos suficientes para la gestión promovida por la falsa cultura impulsada políticamente del emprendedurismo en la última década especialmente.

Todos estos elementos han de ser combatidos a partir de tejer puentes sobre la base de qué nos une. Considerar únicamente los elementos que nos separan nos empobrece en la capacidad de construir un relato basado en prácticas transformadoras que tenga como objetivo prioritario anticipar futuros. Los retos futuros del mundo del trabajo tienen una profundidad jamás vista anteriormente, que requiere construir movimientos económicos y sociales con objetivos comunes. La declaración del Centenario de la OIT establece una hoja de ruta lo suficientemente inclusiva para todas las partes que posibilite el futuro del trabajo que queremos.