Los escenarios identificados por el Informe “Nuestra Agenda Común” del Secretario General de las Naciones Unidas en 2021 no dejan lugar a dudas sobre la necesidad urgente de una acción más ambiciosa que oriente hacia un cambio de modelo de desarrollo centrado en las personas y el planeta.

La emergencia climática, la crisis de la democracia que recorre el planeta, las amenazas sobre la agenda feminista, la escalada bélica que arrasa con la vida y provoca desplazamientos forzados, así como el aumento del hambre o de las múltiples desigualdades no pueden esperar. El mundo necesita una mayor voluntad política que se traduzca en compromisos y la movilización de recursos necesarios para materializarlos. Mientras que en 2022 se destinaron 7 billones de dólares de recursos públicos a financiar los combustibles fósiles, en 2023 el gasto militar ascendió a 2,44 billones de dólares, al tiempo que había unos 25 billones de dólares de riqueza y beneficios empresariales sin tributar en territorios offshore, se estima que la brecha de financiación para alcanzar el cumplimiento de la Agenda 2030 puede ser de hasta 4 billones de dólaresanuales.

Nos encontramos, por tanto, ante un reto alcanzable y la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4) que se celebrará en Sevilla en 2025 supone una oportunidad para conseguirlo, movilizando los recursos necesarios para emprender las transiciones hacia un mundo que se sitúe en un espacio seguro para la humanidad, donde se pueda vivir con dignidad y equidad dentro un planeta finito3, en sociedades pacíficas con estados de bienestar que, a través de servicios públicos, garanticen derechos en todos los territorios, promuevan sistemas integrales de cuidados y protejan la naturaleza y el medio ambiente.

Y es también una oportunidad para desplegar los mecanismos necesarios para asegurar que estos recursos se movilizan de manera justa, promoviendo que las personas, países y corporaciones cuyo modo de vida o actividad estén ocasionando (o lo hayan hecho históricamente) más huella ambiental, social o económica, tengan una contribución proporcional a su impacto. Es el momento de abordar la tributación especial para las grandes fortunas y los beneficios extraordinarios, la reestructuración y cancelación de la asfixiante e ilegítima deuda que impide el desarrollo de los países del sur global, las garantías de cumplimiento de los compromisos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), la regulación de la actuación del sector privado en los marcos de la agenda global de desarrollo sostenible y la democratización de las instituciones financieras internacionales, cuya reforma es ya inaplazable y es imprescindible para que se realicen cambios en todo el sistema de financiación.

Con el presente documento, una amplia representación de la sociedad civil española aporta sus propuestas fruto del consenso y encaminadas a una resolución que garantice la justicia global y la reducción de las desigualdades. España tiene el deber de promover acuerdos ambiciosos y accionables en esta dirección, tanto de corto como de medio plazo. Acuerdos que deben desarrollarse en el marco de procesos participativos democráticos que involucren a todos los actores – y muy especialmente a la sociedad civil local, estatal e internacional y del sur global- en la fase preparatoria, durante el desarrollo mismo de la Conferencia y en su posterior seguimiento.

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