La Comisión Europea descartó hoy regular los criterios y los estándares que debe respetar toda iniciativa privada para promover el comercio justo al considerar que regularlos a nivel europeo «podría limitar el factor dinámico de las iniciativas privadas en este ámbito y obstaculizar un mayor desarrollo del comercio justo».

El Ejecutivo comunitario justificó no regular estas iniciativas para promover el comercio justo al reconocer, en una comunicación que presentó este martes sobre la contribución del mercado del comercio justo al desarrollo sostenible de los países en vías desarrollo, «el rápido desarrollo del mercado del comercio justo en los últimos años» en el conjunto de la Unión Europea.

Los consumidores europeos adquieren productos certificados de ‘comercio justo’ cada año por valor de unos 1.500 millones de euros, de acuerdo con los datos del Ejecutivo comunitario, es decir, 70 veces más de lo que consumían hace una década. Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se comprometieron ya en junio de 2006 a apoyar la promoción de productos sostenibles, incluidos de comercio justo, cuando renovaron su estrategia para impulsar el desarrollo sostenible.

La comisaria de Comercio, Catherine Ashton, aseguró hoy que el Ejecutivo comunitario seguirá apoyando iniciativas que impulsen el comercio justo por su «contribución potencial» al «desarrollo sostenible», mientras que su homólogo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel, subrayó «la especial importancia» de que estas iniciativas «garanticen un precio mínimo para los agricultores de los países en vías de desarrollo» por su producción.

La Comisión Europea reconoce que las compañías multinacionales se están abriendo también al mercado del comercio justo, aplicando sus propios criterios de sostenibilidad a la comercialización, y defiende que tanto el comercio justo como otras iniciativas de sistemas privados de garantías de sostenibilidad comercial constituyen «mecanismos dinámicos, esencialmente voluntarios, que se desarrollan en paralelo a la concienciación del consumidor y a las demandas» del público.

DECISIONES INFORMADAS POR EL PÚBLICO

Aunque Bruselas descarta una regulación, sí considera que este tipo de sistemas de garantías de sostenibilidad deben «aplicar estándares y criterios de manera transparente» a fin de permitir al consumidor tomar decisiones informadas.

También defiende la necesidad de hacer estudios sobre el impacto socioeconómico de los sistemas de seguros privados de sostenibilidad comercial en los países en vías de desarrollo.

Por su parte, el Parlamento Europeo advirtió en un informe que aprobó en 2006 de los riesgos de abuso de poder en que podrían incurrir las empresas implicadas en el mercado de Comercio Justo sin cumplir los criterios de certificación apropiados y apuntó la necesidad de aumentar la concienciación entre los consumidores.

«Es importante que los consumidores, compañías y autoridades gubernamentales puedan hacer elecciones bien informadas en lo que se refiere a (la compra de) productos de Comercio Justo», reconoció hoy la comisaria Ashton.

El comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria también consideró que el mercado de Comercio Justo crecerá todavía más en Europa «cuando los promotores de estas iniciativas informen mejor a los consumidores del impacto real de sus acciones en el comercio y en los países en vías de desarrollo».

IMPORTANCIA DEL APOYO PÚBLICO

El Ejecutivo comunitario subraya en su comunicación asimismo la importancia del apoyo público a iniciativas para promover el comercio justo, dado que las autoridades públicas de los Estados miembros gestionan el 16% del Producto Interior Bruto de la UE.

Bruselas recuerda en su comunicación que las normas comunitarias de contratación pública impiden que los Estados miembros que quieran adquirir productos de comercio justo exijan etiquetados específicos porque ello perjudicaría la entrada de productos que aunque no cuenten con dicho etiquetado sí cumplan los criterios y objetivos de sostenibilidad que las administraciones públicas pueden exigir en sus políticas de contratación pública. Igualmente, éstas pueden incluir criterios sociales y medioambientales a la ejecución de contratos públicos.

Por su parte, la Comisión ha transferido entre 2007 y 2008 unos 19.466 millones de euros a ONG para financiar acciones destinadas sobre todo a aumentar la concienciación pública en la UE de este mercado y en 2008 y 2009 ha presupuestado otro millón de euros cada año para apoyar acciones específicamente relacionadas con el comercio justo, en forma de créditos comerciales.