Reclaman creación de Superintendencia de Instituciones del Sistema Financiero Popular y Solidario, que regule y controle su actividad

Representantes de la Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, acudieron a la Comisión de Desarrollo Económico y Producción para solicitar sean incluidas en la Ley marco de Economía Popular y Solidaria, a la vez que propusieron crear un organismo de control propio.

La titular del organismo legislativo, Irina Cabezas, indicó que la Ley de Economía Solidaria debe ser integral, pero, diferenciando cada ámbito del sistema económico, con una regulación específica. El objetivo es fortalecer esta rama del sistema financiero nacional.

Señaló que, conjuntamente con el Ministerio de Inclusión Social, se está trabajando el borrador de la propuesta que será debatida ampliamente con todos los sectores involucrados.

Aclaró que en los dos meses y medio de trabajo que le resta a la Comisión Legislativa y de Fiscalización, posiblemente no se alcance a aprobar la normativa, sin embargo, la propuesta será socializada ampliamente y se sistematizarán los aportes que entreguen los diversos grupos interesados en esta temática. Adicionalmente, porque existen otras leyes como por ejemplo la Ley de la Función Legislativa, la Ley de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que coparán los debates en el Pleno, porque hay que dictar las herramientas jurídicas necesarias para que las autoridades puedan entrar en funciones, con el nuevo marco legal.

De su lado, Edgar Peñaherrera, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, señaló que al momento existen 37 instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos (36 de primer piso y una de segundo piso), con activos por 1.619`623.000 dólares, con un patrimonio que alcanza los 282`309.000 dólares, que representan a más dos millones y medio de socios.

Estas cifras exigen que sus acciones estén encaminadas a protegerlas y proyectarlas hacia una evolución permanente, en beneficio del desarrollo económico y social del país.

Adicionalmente, subrayó que existen alrededor de cien mil cooperativas bajo la dirección del Ministerio de Inclusión Social (MIES), que también tendrán que estar amparadas en esta normativa marco, con su propia reglamentación.

Agregó que es necesario que la Asamblea apruebe este proyecto de ley porque, según la Constitución vigente ya no deben estar sometidas al control de la Superintendencia de Bancos, a la vez que propuso crear la Superintendencia de Instituciones del Sistema Financiero Popular y Solidario, que regule y controle su actividad, es decir, un organismo propio, técnico, eficiente y autónomo, que garantice la permanencia y sustentabilidad del sector, avale la seguridad de los depósitos de los socios y clientes; aplique criterios de segmentación, supervisión auxiliar, reconozca y respete los principios universales del cooperativismo.

Finalmente, Peñaherrera manifestó que el sistema cooperativo de ahorro y crédito se halla férreamente unido para alcanzar este esquema normativo.