M. en A. José Luis Gutiérrez Lozano*

¡El paciente se muere!, grita alguien llamando a médicos y enfermeras, viendo cómo el enfermo en una cama y con una mascarilla de oxígeno atada a su cara se ahoga y hace vanos intentos por conseguir hálito de vida. Clama heroicamente ante la emergencia, mientras que, sin darse cuenta o tal vez sabiéndolo, permanece parado sobre el tubo que debía llevar oxígeno a la mascarilla del enfermo.

Al inaugurar el Centro de Desarrollo Sustentable, el presidente mexicano Felipe Calderón manifestó que el “modelo económico actual es insostenible y lo será en la medida en que sea capaz de preservar para las generaciones futuras las condiciones que propicien el desarrollo del ser humano.” Mientras la economía preponderante continúa depredando la vida, desarticulando cualquier condición que propicie el desarrollo del ser humano, la política económica a la que cada vez más gente en el mundo se opone, aquella que para mantenerse se vale de un aparato represor cada vez más agresivo, la que favorece la concentración de la riqueza por mandato y orden de los dueños del dinero, sigue inmutable.

Las crisis económicas sucesivas de la economía mexicana desde hace tres décadas, con el consecuente aumento del desempleo y deterioro de las condiciones de vida de una enorme mayoría, no son producto de la casualidad ni desafortunada consecuencia de eventos internacionales. Varios países, encarados a los mismos eventos adversos, vieron crecer su economía en ese mismo periodo. Durante ese tiempo alguien bloqueó, por decirlo de alguna manera, la manguera de oxígeno que debía proveer el aliento para el crecimiento económico. Se adoptó un modelo de desarrollo, mandado hacer por los dueños del dinero, dejando de nutrir la demanda interna o consumo privado –motor fundamental del crecimiento económico- y abastecer al mundo con materias primas a cambio de divisas con las cuales se pudieran comprar los alimentos que se dejaron de producir en el país.

La tendencia de la economía mexicana desde la década de los años 80 se orientó a favorecer un modelo de desarrollo basado en la inversión para la producción de bienes y servicios que satisfacen mercados externos. Aunque con este modelo se han afianzado a nivel macroeconómico los indicadores de balanza de pagos y equilibrio interno, el enfoque basado en la búsqueda de competitividad externa ha tenido como consecuencia el abaratamiento y el desplazamiento de la mano de obra como factor importante de la producción.

Al abaratarse la mercancía-trabajo, la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población nacional ha tendido a degradarse paulatina y consistentemente por causa del debilitamiento continuo de la demanda interna. El carácter creciente y auto-alimentado de este proceso se ha debido a una política económica contraria a la reactivación económica y generación de empleos en los últimos 30 años.

La política económica impuesta a México como “Consenso de Washington” fomentó el crecimiento de la oferta a partir de productos y servicios comercializables –cuyos precios los determina el mercado mundial- abaratando el trabajo y favoreciendo importaciones de insumos y productos de consumo final con el tipo de cambio. Con menores ingresos, la población asalariada desplazó su consumo de productos locales, regionales y nacionales hacia el consumo de productos extranjeros más baratos. La baja en ventas de las empresas nacionales no sólo afectó a trabajadores con mayor desempleo, sino a los demás participantes en la actividad empresarial, con menores rentas, utilidades, regalías, etc.

La política comercial implementada, con tipo de cambio favorable a las importaciones eliminación de aranceles por los tratados de libre comercio, impulsó el ingreso de más bienes y servicios de origen extranjero. Las exportaciones crecieron, pero no las que proveen los productores nacionales, sino las ventas de compañías extranjeras a sus filiales en otros países. Esto hizo que los sectores productivos de la economía cedieran paso al sector servicios, proceso conocido como terciarización. Este proceso fomenta el crecimiento de la economía financiera, de asientos contables y papeles, en detrimento de la de bienes reales, la que constituye cadenas de producción y distribución de riqueza. En esta dinámica México pasó a convertirse en importador neto de los alimentos que antes producíamos.

Con una política fiscal, de aplicación selectiva y discrecional, se propició la migración de flujos monetarios hacia los sectores de mayor ingreso. Aunando esto al efecto de la política comercial indicada en el punto anterior y a una política monetaria restrictiva -que limitó el flujo crediticio al sector productivo- se acentuó la concentración del ingreso. La población con altos ingresos, al tener satisfechas sus necesidades, no regresa el dinero a la economía en la misma proporción que los hacen los segmentos de menor ingreso, en forma de compra de bienes y servicios. La concentración motivó desde la década de 1980 una continua reducción de las compras –consumo privado-, motivando el debilitamiento progresivo del sector productivo local.

Ante un deterioro así de las condiciones de vida de la mayoría de la población, el incremento en la inseguridad pública, la migración y la violencia -los grandes males a los que se refirió el papa durante su visita a nuestro país- no son el más grave legado de la política económica adoptada. Es la creciente restricción de las libertades civiles mediante la militarización y represión, que en aras de la seguridad, se ha impuesto al pueblo.

* Presidente de Fundación Ahora A.C., asociación que promueve la Economía Solidaria en la región centro-occidente de México con más de una década de trabajo.

Twitter: @josgutie