Cómo se reparte la riqueza generada dentro de las empresas y qué efectos tiene ese reparto en la desigualdad general? Intermón Oxfam lanza esa pregunta en su informe Negocios como siempre, que analiza el papel de las empresas del IBEX 35 en la recuperación pospandémica. En este documento, el responsable de Desigualdad y Sector Privado de la organización, Miguel Alba, considera “decepcionante comprobar que (…) muchas de las grandes empresas del IBEX 35 se repliegan en el business as usual” y que “2020 no ha supuesto un punto de inflexión claro en su modelo de actuación. Los ajustes del empleo a costa de los más precarios recuerdan las peores prácticas de la salida de la crisis de 2008”. Ante esto, establece Miguel Alba, es necesario que las empresas “incorporen un modelo de actuación diferente al del paradigma hasta ahora imperante, orientado a la maximización del beneficio económico y la retribución a su accionariado por encima del resto de colectivos y parámetros”.

Uno de esos parámetros a tener en cuenta es, sin duda, el impacto climático y ambiental de la actividad empresarial, como alerta el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), así como cientos de organizaciones civiles. Entre estas, resulta muy ilustrativo el Día de sobrecapacidad del planeta de Global Foorprint Network, que nos alerta de que estamos consumiendo y produciendo por encima de las capacidades de la Tierra (en concreto 1,7 veces). Este año esa cifra se alcanzó el 23 de agosto, por lo que desde entonces estamos demandando recursos y servicios ecológicos por encima de lo que la Tierra puede regenerar.

Fracaso de la COP28

Pese a la emergencias manifiestas, la COP28 concluyó sin un acuerdo satisfactorio para las organizaciones ecologistas; las necesidades de acumulación de las grandes empresas capitalistas parecen pesar más que las necesidades vitales del planeta y la población. Como afirmó Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción, “estas opciones solo pueden estar ahí porque favorecen los intereses de las grandes empresas”, en alusión a “falsas soluciones” como la captura y almacenaje de carbono que recoge el acuerdo.

Ante esto, parece pertinente un cambio de modelo empresarial que atienda a los retos del momento. Y en esta encrucijada, ¿qué margen de acción tiene la población crítica para influir en estas prácticas empresariales que tanto impacto tienen en sus vidas? ¿Es el consumo responsable una vía para ello?

Según el Estudio Global de Sostenibilidad de 2021, el 85 % de las personas ha cambiado su comportamiento de compra para ser más sostenible. España es el tercer país más concienciado, donde el 35% de la población ha realizado algún cambio en sus hábitos con el fin de ser más respetuoso con el medio ambiente, como recoge la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). En los mismos términos se manifestaba la revista Opcions, que calificó de “importante” la evolución en materia de consumo responsable de los últimos años.En Cataluña, según un informe realizado por esta revista de consumo crítico, el 28% de la población de 30 a 40 años se identifica ya como consumidora responsable, y otro 40% más se identifica con valores sociales y ambientales altos. Este creciente interés está, sin duda, detrás de otra realidad en alza: el green-pink-social washing o lavado de cara empresarial, práctica que está poniendo las políticas empresariales bajo el foco mediático y social, y que es objeto de debates normativos y regulatorios a nivel europeo, como recogía hace unos meses Mariana Vilnitzky en Alternativas económicas.

Evaluación de impacto

Para poner algo de luz y medir el impacto social y medioambiental de la economía social y solidaria, REAS Red de Redes lleva cerca de una década impulsando la Auditoría/Balance Social, una herramienta de evaluación y transparencia empresarial reconocida por administraciones como la de Barcelona para otorgar sus subvenciones. Como defendía el propio Miguel Alba en el acto de presentación del informe del pasado año, gracias a esta práctica, “las entidades de REAS se plantean el papel que han de desempeñar para afrontar dos de los principales retos de nuestro tiempo: la desigualdad y el cambio climático”, demostrando “la voluntad y el propósito para guiar la acción social y climática de estas empresas conforme la Carta de la Economía Solidaria, brújula que recoge y sintetiza los seis principios de este modelo económico alternativo”. Y es que esta herramienta se alinea con los seis principios de la ESS, articulando así toda una serie de indicadores para la evaluación para: el trabajo digno, la equidad, el compromiso con el entorno, el reparto justo de la riqueza, la cooperación y la sostenibilidad

Este año han participado cerca de 650 entidades de todo el Estado, que articulan a más de 250.000 personas (entre trabajadoras, voluntarias y asociadas) y que presentan unos ingresos y gastos que rondan los 800 millones. Gracias a este ejercicio de transparencia podemos determinar que la economía social y solidaria promueve un trabajo de calidad, reduciendo la brecha salarial y abriendo oportunidades a la participación y la toma de decisiones, como demuestra la diferencia salarial de 1/1,78 y la existencia del 65% de mujeres en puestos de responsabilidad (frente al 33% del IBEX 35). Encontramos también una firme apuesta por la igualdad de género, las políticas inclusivas y la corresponsabilidad, hasta el punto de mejorar los permisos establecidos por la ley en temas de conciliación, como hace el 65% de estas empresas.

Estos resultados revelan también una importante preocupación ambiental: el 74% de las empresas encuestadas toman medidas para reducir o compensar la huella ecológica, más de la mitad usa energía 100% renovable y el 97% aplica criterios de consumo responsable en la adquisición de productos. El arraigo de estas organizaciones con el territorio les lleva también a buscar, más allá de la viabilidad económica, un impacto positivo de su actividad en el entorno. De ahí su apuesta por las finanzas éticas (el 64% de empresas operan con ellas) y el destino social de sus beneficios (casi el 20% se destina a la construcción de bienes comunes o a inversiones de entidades financieras de la ESS). Se trata, además, de empresas que buscan romper con las lógicas de competencia capitalista y, por ello, cooperan casi en su totalidad con otras empresas del sector.

“Gracias a este informe podemos decir que la economía social y solidaria es garantía para la ciudadanía consciente, como también para las Administraciones públicas y los agentes sociales y empresariales que pueden así hacer de su consumo una herramienta de transformación social”, defendía Susana Ortega, consejera de REAS Red de Redes en un acto de presentación en el Ayuntamiento de San Sebastián, evento enmarcado en la capitalidad europea de Economía Social, que contó con la participación de la entonces directora general de Economía Social, Maravillas Espín, quien por cuarto año consecutivo puso en el valor esta buena praxis para la consecución de retos como los que marca la Agenda 2030.

En días como estos de especial alerta consumista parece un regalo contar con esta garantía, sabiendo que con nuestro dinero no estamos siendo cómplices de la industria de armamento, ni contribuyendo al deterioro ambiental o legitimando procesos de explotación laboral. Porque hay alternativas que ofrecen a la ciudadanía la posibilidad de resolver las necesidades cotidianas de manera ética y sostenible y, además, sus prácticas empresariales están en el punto de mira para que podamos evaluarlas. Mirándolas y apoyándolas estaremos multiplicando su/nuestro poder de acción.