La economía social, el flanco del tejido productivo que incluye a las cooperativas, a las sociedades laborales y a las empresas de inserción, está logrando resistir a la superposición de crisis que desde hace más de dos años zarandea la economía española, con un tejido que, solo en el primero de esos grupos, da empleo a más de 440.000 socios.

En 2021, según los datos del Ministerio de Trabajo, se registraron en el conjunto del Estado un total de 1.606 nuevas cooperativas con 5.710 socios iniciales, con sendos avances del 17,7% y el 23,8% sobre el ejercicio anterior, a lo que se suman 254 nuevas sociedades laborales (+26%) con 720 socios (+15,9%), mientras las firmas asociadas a Feedei (Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción) contaban con 7.669 trabajadores, el 60% de los cuales (4.595) eran personas trabajadoras en procesos de inserción.

Esos datos «suponen regresar a la senda de 2019» en el caso de las cooperativas y las sociedades laborales, señala la directora general de Trabajo Autónomo, Economía Social y RSE, Maravillas Espín, que destaca «la resiliencia» de la tercera de esas figuras «y su respuesta a las necesidades de los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad».

La economía social la integran una serie de formatos en los que la búsqueda de beneficios económicos no se encuentra en una posición preeminente sino que convive con otros intereses como, entre otros, el mantenimiento del empleo y la sostenibilidad de las actividades, a los que se añaden algunos como la inserción o la mejora del consumo.

Se trata, formalmente, de entidades sin ánimo de lucro entre las que, por su magnitud y presencia social, suelen destacar las de agricultores y las de consumidores, aunque también operan en sectores específicos como la vivienda, la enseñanza (atienden a más de 300.000 alumnos), el mar o el transporte, a lo que se suma el amplio espectro que cubren las de trabajo asociado, que abarca desde talleres a tiendas pasando por los riders.

Grandes emporios y una media de 18 socios-empleados

Según las estimaciones de Coceta (Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado), las cooperativas, de las que el 2 de julio se celebra el día internacional, ocupan a más de 1,15 millones de personas si se incluye el empleo indirecto, lo que supone más de un seis y medio por cien de la ocupación privada del país. Las de consumo, por su parte, suman más de 6,5 millones de socios.

Entre las principales cooperativas del país se encuentran Eroski, de la que depende la Corporación Mondragón, cuyo volumen de negocio superaba los 12.000 millones de euros antes de la pandemia, y la cooperativa agroalimentaria de segundo grado (asociación de otras) Grupo AN, que el año pasado se acercó a los 1.300 y que anualmente reparte entre sus socios el 70% de los beneficios para reinvertir el resto.

La economía social, el flanco del tejido productivo que incluye a las cooperativas, a las sociedades laborales y a las empresas de inserción, está logrando resistir a la superposición de crisis que desde hace más de dos años zarandea la economía española, con un tejido que, solo en el primero de esos grupos, da empleo a más de 440.000 socios.

Entre las principales cooperativas del país se encuentran Eroski, de la que depende la Corporación Mondragón, cuyo volumen de negocio superaba los 12.000 millones de euros antes de la pandemia, y la cooperativa agroalimentaria de segundo grado (asociación de otras) Grupo AN, que el año pasado se acercó a los 1.300 y que anualmente reparte entre sus socios el 70% de los beneficios para reinvertir el resto.

Aunque del mundo cooperativo y de la economía social proceden emporios como la ONCE, con 71.000 afiliados y una facturación superior a los 3.000 millones antes de la pandemia que ha caído a poco más de la mitad, o Bon Àrea Corporación, la antigua Cooperativa de Guissona (Lleida), que ya supera los 2.000, el perfil habitual de la cooperativa es de dimensiones mucho más reducidas.

Según los datos de Coceta, que contabiliza un total de 23.907 cooperativas con 443.658 socios empleados y sin incluir el personal contratado, la media sería de 18,5 socios-trabajadores por cooperativa, ratio que baja ligeramente, hasta 17,3, en el caso de las 17.603 cooperativas de trabajo asociado, que cuentan con 305.291 miembros.

Las mayores concentraciones de cooperativas se dan en Catalunya (4.521), Andalucía (4.311) y Euskadi (2.810), que aglutinan casi la mitad del tejido, escaso por el contrario en La Rioja y Cantabria (122) o en Baleares (168).

Mayoría femenina en el trabajo asociado

Las diferencias son también reducidas en lo referente a la presencia femenina, ya que las mujeres son el 49,8% de los socios en el conjunto del sector cooperativo para alcanzan el 54% en las entidades de trabajo asociado y, entre estas, superar el 70% en el sector de los cuidados.

«La presencia femenina es de una práctica igualdad», explica Espín, quien, no obstante, llama la atención sobre las diferencias que se dan según la especialización de la entidad: «En el caso de las cooperativas agroalimentarias, las mujeres apenas representan un 27,6% de la base social, posiblemente debido a que la titularidad de las explotaciones sigue estando mayoritariamente en manos masculinas, si bien ha ido aumentando en los últimos años con el impulso de la titularidad compartida».

En este sentido, anota que «hay, por tanto, un importante campo de mejora en la igualdad de género en determinadas áreas, como el cooperativismo agrario, si bien todos los indicadores apuntan que se está mejorando en los últimos años».

Un PERTE de 808 millones de euros de fondos europeos

¿A qué se debe esa resistencia del sector ante la superposición de crisis económica que sufre el país? «Las cooperativas son más resilientes en épocas de crisis que otras fórmulas empresariales, manteniendo empresas y empleos», explica Espín, que sostiene que «esto ha quedado patente en la crisis económica de la década anterior y en la crisis derivada de la pandemia. Los efectos de las crisis afectan a las cooperativas de igual manera que al resto de empresas, pero su reacción ante los efectos adversos es distinta, primando el mantenimiento de las unidades productivas y de las personas socias y trabajadoras».

«La tasa de mortandad es menor que en otros tipos de empresas y su resiliencia ante las adversidades económicas es superior», añade, mientras destaca la adecuación de ese modelo productivo y de empleo en entornos locales, entre otros aspectos por ser «difícilmente deslocalizables».

«Las empresas de la Economía Social se concentran en mayor medida que otras empresas en municipios de menos de 40.000 habitantes y en actividades que complementan los servicios públicos, como el sector educativo o el de los cuidados, que resultan fundamentales para abordar el reto demográfico y mantener la población en los territorios rurales», anota.

El sector afronta ahora un periodo de cambios, en vísperas del lanzamiento de los tres proyectos de ley sobre Economía Social, Cooperativas y Empresas de inserción y con la reciente aprobación de un PERTE o plan estratégico centrado en la economía social y en el sector de los cuidados y dotado con 808 millones de euros procedentes de los fondos europeos.

Se trata de «un instrumento de colaboración público-privada para potenciar» esos sectores y «sus interrelaciones», explica la directora general, que destaca cómo ese programa, en el que participan trece ministerios, asigna «cien millones de euros a un Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económico inclusivo y sostenible».