Los sindicatos y organizaciones sociales que componemos la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria hemos realizado hoy una comparecencia pública para presentar la manifestación organizada para el 1 de abril en defensa de los derechos sociales y en contra de los recortes. (Bilbao, 17:30. Sagrado Corazón).

Las más de cien organizaciones que componemos esta iniciativa ciudadana exigimos un sistema vasco de protección social integral, digno y de calidad. Denunciamos que para conseguir este objetivo las políticas antisociales que viene aplicando el Gobierno Vasco son un obstáculo, porque empobrecen a la población y ayudan en el reparto cada vez más injusto de la riqueza.

En este sentido criticamos el proyecto de presupuestos anunciado para el 2017, y, entre otros aspectos, exigimos que se aplique a la Renta de Garantía de Ingresos y al resto de prestaciones gestionadas por Lanbide el incremento del 8% que ha tenido lugar en el Salario Mínimo Interprofesional.

Ante esta situación, la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria lo tiene muy claro: es hora de salir a la calle y defender los derechos sociales. El primero de abril, ¡todos y todas a la calle! ¡Nos vemos en Bilbao!

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES. LLAMAMIENTO A LA MANIFESTACIÓN DEL 1 DE ABRIL EN BILBAO

La existencia de unos ingresos mínimos garantizados es fruto de la lucha social, fruto de la movilización de la sociedad. Pero la ola de recortes de los últimos años también ha afectado a las prestaciones sociales. Se han recortado los derechos de la ciudadanía, afectando a los colectivos más castigados por la actual crisis económica: personas desempleadas, con empleos precarios, personas dependientes y perceptoras de pensiones mínimas. Vulnerando especialmente los derechos de las mujeres. Así:

• Se han endurecido los requisitos para acceder a las prestaciones sociales, como por ejemplo pasando de uno a tres años de empadronamiento para poder solicitar la RGI.
• Se ha recortado la cuantía de las prestaciones en un 7% (recorte que se pretende mantener para 2017).
• Lanbide ha aplicado criterios restrictivos, vulnerando en muchas ocasiones los derechos de las personas más necesitadas.

A la vez que se han venido aplicando estas políticas antisociales, han arreciado las campañas de criminalización de las personas perceptoras de prestaciones sociales. Lo que debería ser un derecho se presenta frecuentemente más como un presunto delito que otra cosa. Es hora de decir basta y de denunciar lo que está pasando.

Para justificar estas políticas restrictivas se utilizan falsos argumentos, como el de que “no podemos subir la RGI porque desincentivaría el acceso al mercado laboral”. Según datos de Lanbide el 20% de las unidades de convivencia que perciben la RGI -12.522- tienen un empleo precario y complementan su mísero salario con dicha RGI; o el 25% de las prestaciones -que suponen 15.799 unidades de convivencia- son destinadas a complementar pensiones de pobreza; otro 20% completan subsidios de desempleo de escasa cuantía, producto de la actual situación de precariedad.

En este contexto, el Gobierno Vasco ha presentado su proyecto de presupuestos para 2017. En él recoge su voluntad de mantener los recortes y de no aplicar la subida del Salario Mínimo a las prestaciones sociales. En lugar de ello plantea que el incremento de la RGI se limite al 1,5%.

La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, compuesta por más de 100 organizaciones diversas (sindicales, del espacio feminista, del movimiento juvenil, del ecologismo, de pensionistas, plataformas contra la exclusión social, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria…):

1.-Defiende un sistema vasco de protección social integral, digno y de calidad, que vaya en la dirección de un modelo de sociedad que ponga en el centro el sostenimiento de la vida.

2.-Denuncia que las políticas antisociales que el Gobierno Vasco viene aplicando están dando lugar a un empobrecimiento generalizado de la población. La distribución de la riqueza es cada vez más injusta. Aumentan el paro, la precariedad, la pobreza y las desigualdades económicas y sociales, porque no se hacen políticas públicas para dar vuelta a la situación, priorizando las necesidades de las personas.

3.-Recuerda que la Ley de 2008 para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social recoge expresamente la relación entre RGI y SMI. Cuando el SMI ha perdido poder adquisitivo el Gobierno Vasco no han dicho que había que subir más la RGI, sino que lo ha aprovechado para ahorrar dinero.

4.-Teniendo en cuenta que este año el SMI se ha incrementado en un 8%, debería aplicarse automáticamente esta subida a la RGI y al resto de prestaciones gestionadas por Lanbide.

5.-No aplicar la ley aprobada en 2008 supone atacar especialmente los derechos de los colectivos afectados por bajos salarios, pensiones míseras, desahucios, pobreza, etc. Supone incidir en un modelo que no pone en el centro la vida, y que hace descansar las tareas de cuidado en las mujeres. Entre las familias perceptoras de la RGI son mayoría las mujeres, entre las que se encuentras miles de familias monoparentales.

Ante este proyecto de presupuestos hacemos un llamamiento a los partidos políticos a que en el trámite parlamentario se produzcan los siguientes cambios:

• Que se aplique a la RGI y al resto de prestaciones gestionadas por Lanbide el incremento del 8% que ha tenido lugar en el SMI.
• Que se deje sin efecto la disposición adicional que establece el recorte del 7% en la cuantía de las prestaciones sociales.

Asimismo, hacemos un llamamiento a la ciudadanía a participar en la manifestación que tendrá lugar en Bilbao el 1 de abril, que partirá a las 17:30 de la Plaza Sagrado Corazón, en la que vamos a exigir estas reivindicaciones.

POR UN SISTEMA VASCO DE PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL, DIGNO Y DE CALIDAD

POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY APROBADA EN 2008

SUBIDA DEL 8% Y DEROGACIÓN DE LOS RECORTES YA

AQUÍ VIVIMOS, AQUÍ TRABAJAMOS, AQUÍ DECIDIMOS