Políticas Públicas

Hacia una ley que obligue a las empresas a garantizar los derechos humanos y ambientales en toda su cadena de producción

REAS Red de Redes remite un texto a la consulta pública para el anteproyecto de Ley que garantice la protección de los derechos humanos y ambientales en las actividades de las empresas multinacionales

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El pasado 14 de febrero, el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030 publicó una consulta pública como paso previo a la redacción de un anteproyecto de Ley que garantice la protección de los derechos humanos y ambientales en las actividades de las empresas multinacionales. Esta consulta pública está abierta a la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales, quienes pueden enviar sus aportaciones y documentación en relación al anteproyecto de dicha Ley. El plazo para participar finaliza hoy 3 de marzo.

Ante ello, REAS Red de Redes ha enviado un texto con propuestas que recoge las reivindicaciones de la Coordinadora de Comercio Justo y las de la Plataforma por Empresas Responsables así como aportes propios en materia de contratación pública responsable.

Cuáles son las propuestas y reivindicaciones que suscribimos desde REAS Red de Redes

Las cadenas de suministro mundiales se caracterizan por la desigualdad de poder entre sus distintos eslabones, lo que genera un reparto del valor desigual e injusto. Desde la CECJ piensan que la futura Ley debe “garantizar un impacto positivo a lo largo de las cadenas de suministro para las pequeñas organizaciones agrícolas y artesanas del Sur Global y para sus trabajadores y trabajadoras”. Además, creen que la debida diligencia de las empresas es un paso ineludible que el mercado está exigiendo, y, por tanto, que es necesario regular para garantizar criterios de cumplimiento y de valoración.

Sobre los objetivos de la futura norma, de manera específica la ley debe:

  • Obligar a las empresas a desarrollar los planes de debida diligencia, así como sancionar el incumplimiento de esta obligación. Esta obligación debe abarcar a empresas todos los tamaños y de todos los sectores, y debe incluir orientaciones complementarias para sectores específicos de alto riesgo para los derechos humanos.
  • Asegurar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas que han sufrido la vulneración de los derechos humanos y medioambientales.
  • Nombrar una autoridad competente, con medios adecuados, que vele por su aplicación.

Entre los aspectos concretos de la Ley se destacan:

  • Aborde las prácticas comerciales, ya que en las cadenas de suministro mundiales son habituales malas prácticas como plazos de entrega insuficientes, cambios de última hora en los pedidos, precios por debajo de los costes de producción sostenible y reclamaciones de calidad fraudulentas, lo que contribuye a la violación de los derechos humanos.
  • Refiera a los salarios e ingresos dignos como derechos humanos y como condiciones previas para otros derechos humanos y para la protección del medio ambiente.
  • Incorpore la perspectiva de género, ya que, en muchas ocasiones, las mujeres sufren los efectos adversos de las actividades empresariales de manera diferente y desproporcionada.

Además, desde REAS también destacamos:

  • Abordar en la legislación la contratación pública y la relación contractual de las empresas con la administración considerando su impacto social y ambiental directo e indirecto a la largo de toda la prestación contractual y a posteriori de la misma, con particular énfasis en los derechos humanos y laborales. Los compradores públicos se han visto implicados en graves abusos contra los derechos humanos, como el tráfico de personas y la esclavitud moderna, en sectores como la agricultura, la pesca y los servicios de limpieza.
  • Exigir la publicación de las relaciones contractuales de las empresas con la administración pública y los criterios establecidos para garantizar la protección y la promoción de los derechos humanos.

¿Quieres participar?

Si como organización o como persona particular quieres participar en este proceso, puedes hacerlo remitiendo este documento con las propuestas de la CECJ y las de REAS (o modificándolo) o las de la Plataforma por Empresas Responsables al correo gabinete2030@mdsocialesa2030.gob.es siguiendo las indicaciones del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el día de hoy 3 de marzo de 2022.

 

 

 

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