Con motivo del Día para la Erradicación de la Pobreza, los integrantes de la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria se manifestaron ayer en las calles del centro de Gasteiz para reclamar a las instituciones un sistema protección social público, «digno y de calidad».
Los integrantes de la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria reivindicaron ayer en Gasteiz un sistema de protección social «digno y de calidad, que no recorte y que garantice prestaciones sociales y servicios de calidad que posibiliten poder llevar a cabo un proyecto de vida digno».
En este sentido, reclamaron una Ley de Garantía de Ingresos que «luche de verdad contra la pobreza». «Que nadie que sea pobre se quede sin acceder a las RGI, y que nadie siga siendo pobre tras acceder a la RGI», destacaron en un comunicado en el que alertaron de que el Ejecutivo autonómico pretende «recortar las prestaciones sociales».
Así, recordaron que el «anteproyecto de decreto por el que se regula el derecho subjetivo a la ocupación legal de una vivienda o a la prestación económica de vivienda esconde una serie de recortes que afectarán a 28.291 unidades convivenciales que perciben la Prestación Complementaria de Vivienda gestionada por Lanbide, y a las 7.500 que reciben las Ayudas de Emergencia Social a través de los servicios sociales municipales».
«Bajo el pretexto de crear una nueva prestación económica destinada a cubrir las necesidades de vivienda eliminan las actuales prestaciones para garantizar el acceso a una vivienda digna», añadieron, y censuraron que la reforma de la RGI «supondrá que nuevamente se recorten los derechos ligados a esta prestación social».
A su juicio, PNV y PSE pretenden establecer una única prestación por domicilio, «considerando a todas las personas que residen en la misma vivienda como miembros de la misma unidad de convivencia. Y se desvincula su cuantía al margen de elementos de la realidad laboral como el SMI o de elementos objetivos como el IPC».
«En definitiva, las políticas neoliberales aplicadas por el Gobierno vasco conllevan una aumento de las realidades de pobreza en nuestros pueblos y barrios», subrayaron antes de advertir de que la pobreza «no es una consecuencia natural de la crisis. Al contrario, el uso combinado del deterioro de las condiciones laborales, junto al desmantelamiento de los servicios públicos, responde a la lógica de las políticas neoliberales que provocan la extensión de la pobreza para aumentar las ganancias de Confebask, empresas constructoras o entidades bancarias como Kutxabank».
Plan de Lakua
Por su parte, la consejera de Empleo y Políticas Sociales de la CAV, Beatriz Artolazabal, aseguró ayer que el “IV Plan Vasco de Inclusión 2017-2021” será «el principal instrumento de planificación que establece los retos y las prioridades para el tratamiento de la exclusión social y las actuaciones que deberá acometerse para favorecer los procesos de inclusión».
«Nadie debe quedar atrás, y ese es nuestro objetivo en la construcción de una sociedad moderna, solidaria y comprometida con las personas», indicó la consejera tras señalar que en la CAV el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social «es casi la mitad que en el Estado».
 
Revisar el Pacto Navarro contra la Pobreza
El Parlamento navarro aprobó este lunes por unanimidad una declaración institucional en la que se compromete a revisar y actualizar el Pacto Navarro Contra la Pobreza en su décimo aniversario. La Plataforma de Entidades Sociales de Nafarroa y el movimiento Pobreza a Cero agradecieron esta posición en la víspera del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebró ayer.
Patricia Ruiz, en nombre de la Plataforma de Entidades Sociales, recordó que el 13% de la población navarra, unas 83.000 personas, está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, una cifra que aumenta hasta los 13 millones en el Estado español, mientras que a nivel mundial mil millones de personas sobreviven con un dólar al día.
Por ello, reclamó a las instituciones un aumento del presupuesto para políticas públicas sociales de inclusión y protección, un incremento de los fondos destinados a la solidaridad global y políticas públicas que faciliten un cambio de modelo económico, fomentando la economía social y solidaria.
Martxelo DÍAZ. Gara.