Se impone la necesidad de cambios para impulsar un nuevo paradigma de economía social y solidaria que incorpore nuevas prácticas económicas, políticas y sociales capaces de responder a las crecientes demandas de los pueblos que reclaman por justicia social, por la equidad, por el fin de los privilegios, por una genuina democracia participativa.

La crisis financiera que mantiene en vilo a la economía griega y la estabilidad monetaria de la Unión Europea sigue siendo noticia en los medios de comunicación global.

Especialmente por las continuas protestas, no sólo en Grecia sino en otros países de la región, cuyos pobladores sufren los embates de una situación derivada del mal manejo de esas economías y de la incapacidad de la dirigencia política para buscarle soluciones a ese caos que básicamente golpea a los ciudadanos menos favorecidos.

Por ello, la proliferación de manifestaciones de agrupaciones de la sociedad civil que empezaron cuando, con motivo de la conmemoración en Madrid de los 50 años del FMI, en octubre de 1995, se generó en esa ciudad una protesta contra las tendencias excluyentes de la globalización contemporánea y la incapacidad de los organismos multilaterales para corregir esas fallas. Fue así como se iniciaron  los movimientos  «antiglobalización». Luego ocurriría la masiva protesta  de Seattle, en noviembre de 1999, en la que más de 50 mil manifestantes provocaron la suspensión de la tercera reunión mundial de la Organización Mundial de Comercio, con consignas de reclamos por los signos depredadores y las iniquidades derivadas de la forma como se ha estado promoviendo el comercio global.

Igual sucedió en Bangkok, en febrero de ese año, durante la Décima Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; en Washington durante la Cumbre del Banco Mundial y el FMI, con la presencia de más de 30 mil personas; en Praga en 2000, donde se impidió otra cumbre similar; en Barcelona en 2001, que provocó la suspensión de la reunión anual del Banco Mundial; en Ginebra, a finales de julio de ese mismo año, cuando más de 150 mil manifestantes protestaron durante una  reunión del G8 que terminó con más de 200 heridos, varios detenidos y un muerto.

El llamado movimiento de «los indignados» se inició el pasado 15 de mayo en Madrid, propagándose rápidamente a otras ciudades de España y Portugal, con reclamos por  la incapacidad de la dirigencia política y empresarial para resolver problemas como el paro, el costo de la vida, la corrupción y la poca participación ciudadana en los procesos democráticos. Este movimiento se ha expandido a más de 80 países y cerca de 950 ciudades, incluyendo importantes centros financieros como Nueva York, Londres, Frankfurt, París, Berlín, Amsterdam, Roma, Zurick, Hong-Kong, Tokio y Sidney.

Es de observar que estas manifestaciones son promovidas por redes sociales, sin ningún liderazgo individual y al margen del activismo político. Se trata de un reclamo global frente al agotamiento de un modelo económico incapaz de solventar los graves problemas que aquejan a la sociedad planetaria, con más de 2.000 millones de seres humanos sobreviviendo con apenas US$2 diarios, una profunda y creciente disparidad de ingreso entre ricos y pobres y entre  países ricos y el resto. Un modelo que ha generado un frágil equilibrio ecológico degradando un importante porcentaje del ecosistema del planeta y que,  por su visión economicista y promotor del consumismo en la que está ausente  el componente ético, ha sido generador de hambre, pobreza, destrucción ambiental y persistente injusticia social.

Al movimiento de  los indignados hay que agregar la llamada «Primavera Árabe», impulsada fundamentalmente por jóvenes en contra de las despóticas y corruptas dictaduras que en el norte de África mantienen secuestrada la libertad y los derechos humanos; habiendo logrado estos movimientos el derrocamiento de esos regímenes en Egipto, Túnez y Libia; aunque quedan sobreviviendo a esa valiente resistencia civil regímenes como las sanguinarias autocracias de Siria e Irán.

Frente a estas realidades, no es posible permanecer indiferentes al reclamo global de los indignados y demás movimientos que han acrecentado sus protestas por  las nocivas consecuencias sociales, políticas y ambientales del modelo capitalista neoliberal que hasta ahora ha servido de sustento a la globalización. Pero no se trata del fracaso del capitalismo, sino de su versión de fundamentalismo de mercado, ausente de la ética y de principios y valores  que garanticen el progreso con sentido humano y solidario.

Por ello, se impone la necesidad de cambios para impulsar un nuevo paradigma de economía social y solidaria que incorpore nuevas prácticas económicas, políticas y sociales capaces de responder a las crecientes demandas de los pueblos que reclaman por justicia social, por la equidad, por el fin de los privilegios, por una genuina democracia participativa, por gestiones transparentes en la gestión pública y en los negocios y por empoderamiento de quienes menos tienen para abrirle las posibilidades de ser artífices de su propio desarrollo.