El Consejo de Ministros aprobó en su última reunión el proyecto de Ley de Economía Social, que tiene como objetivo configurar un marco jurídico que suponga el reconocimiento y mejor visibilidad de este sector, otorgándole una mayor seguridad jurídica y sin pretender sustituir la normativa vigente de cada una de las entidades que conforman el sector (cooperativas, mutualidades de previsión social, sociedades Laborales o empresas de inserción, entre otras).

La economía social, que representa el 3% del PIB y emplea a 1.350.000 personas, supone el ejercicio de actividad económica y empresarial en el ámbito privado mediante la asociación de personas que, conforme a unos principios participativos y sociales, encaminan su acción al interés colectivo de sus miembros, pero también, en su caso, al interés general, tanto económico como social, explicó el Ejecutivo central.

Entre las medidas recogidas en la nueva normativa, que aún debe ser aprobada por las Cortes, se contempla la creación del Consejo para el Fomento de la Economía Social, un órgano asesor en el que estarán representadas de forma paritaria las administraciones públicas y las entidades de la economía social. Las sociedades participarán mediante la confederación intersectorial que sea más representativa y aquellas que sin estar integradas en ella, tengan un peso importante en el sector. Además, estarán presentes cinco expertos «de reconocido prestigio».

Desde el punto de vista económico, esta Ley permite el reconocimiento de los valores de la Economía Social, al reforzar el desarrollo de las distintas fórmulas de empresa que se acogen bajo los principios que la inspiran, sin olvidar destacada participación en la creación de empleo y en el PIB nacional.

La Ley afectará de forma directa a las empresas de inserción social, los centros especiales de empleo, las fundaciones sociales, laborales, etc., las asociaciones de discapacitados, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación, así como a las cooperativas, mutualidades de previsión social y las sociedades laborales.

Respecto a la representatividad, el proyecto de Ley reconoce la importancia de la existencia de asociaciones que representen a la Economía Social y da un papel destacado a las Confederaciones Intersectoriales de ámbito estatal, es decir, aquellas que agrupen a la mayoría de tipos de entidades como las reflejadas con anterioridad. De igual manera, deberán tener al menos, el 25% del total de las entidades o empresas asociadas directamente o a través de organizaciones intermedias de las confederaciones de economía social que concurran al procedimiento de representatividad y reunir al 15% de entidades asociadas a las diferentes organizaciones de cada tipo señalado. Estos criterios se desarrollarán reglamentariamente.