Después de un largo recorrido legislativo el Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley
de Residuos y Suelos Contaminados por una Economía Circular. Una Ley que supone un
gran paso en la economía circular y residuos, y que refuerza el papel de las entidades de
economía social en el impulso de empleo inclusivo, ya que se ha incluido la enmienda que
prevé la reserva de contratos del 50% para las entidades autorizadas en la gestión de residuos
en el caso de textiles y voluminosos.

La nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados por una Economía Circular ha sido
aprobada el 31 de marzo, una Ley que actualiza la normativa de residuos y aborda los
principales retos ambientales a los que nos enfrentamos en la actualidad. Además, ha sido
incluido como una de las reformas estructurales del Plan para la Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR).

Para nuestra red de Recuperadores de Economía Social y Solidaria la ley supone un paso
importante, aunque reafirmamos la falta concreción en cuanto a menciones al fomento de la
reutilización para un mejor seguimiento de la jerarquía de residuos, se ha dado un impulso al
reconocer a las empresas sociales dedicadas a la reutilización.

La Ley incluye una enmienda, presentada por FAEDEI, ModaRe y nuestra red y redactada por Santiago Lesmes, para la reserva del 50% para las entidades de economía social autorizadas para la gestión de residuos en el caso de textiles y voluminosos, esta reserva estará destinada a Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo de iniciativa social. A través de la incorporación de esta enmienda, se reafirma nuestro trabajo como claves en la gestión de residuos y el indudable beneficio social, solidario, laboral y medioambiental.

Otra medida que celebramos es que las empresas que donan excedentes de producción no vendidos a las entidades benéficas no deberán pagar a Hacienda el IVA de esos productos.
Una gran medida que incentivará las donaciones a organizaciones no lucrativas y alargará la vida útil de los productos.

Los aspectos claves de la nueva Ley

El Pleno del Congreso votó ayer las enmiendas del Senado incorporadas al proyecto de ley de
residuos y suelos contaminados para una economía circular. El texto definitivo incluye de esta
forma parte de las enmiendas introducidas por la Cámara Alta y concluye así su tramitación
parlamentaria, quedando lista para su entrada en vigor.

A través de esta iniciativa se incorporan normativas derivadas del ordenamiento jurídico la
Directiva (UE) 2018/851 relativa a la reducción del impacto de determinados productos de
plástico en el medio ambiente, conocida como la Directiva sobre plásticos de un solo uso.
Además, el texto reemplaza algunos aspectos de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados
del año 2011, como la delimitación de la responsabilidad del productor del residuo, la
aplicación de los conceptos de subproducto y fin de la condición de residuo, la
actualización del régimen sancionador o el refuerzo de la recogida separada.

Entre los objetivos de la Ley, se encuentra «la prevención y la reducción de la generación de
residuos y de los impactos adversos de su generación y gestión, la reducción del impacto
global del uso de los recursos», así como «prevenir y reducir el impacto de determinados
productos de plástico en la salud humana y en el medio ambiente». Desde nuestra red
creemos necesario implementar unos objetivos mínimos alineados con la jerarquía de residuos,
donde la prevención debe de ser la base.

El texto recoge una reducción en peso de los residuos generados de un 13% en el año 2025 y
de un 15% en 2030 respecto a los generados en 2010. En paralelo, en 2026 se deberá haber
reducido un 50% la comercialización en peso de los plásticos de un solo uso respecto a
2022; y en 2030, un 70%.

La nueva legislación recoge las recogidas separadas obligatorias para nuevos flujos de
residuos: biorresiduos, textiles, domésticos peligrosos, aceites de cocina usados y
voluminosos para su posterior tratamiento diferenciado, bien mediante preparación para la
reutilización o mediante el reciclado de calidad, prologando así la vida útil de productos o
recuperando materiales para la economía, respectivamente. En el caso de residuos textiles,
aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos, su
recogida separada deberá estar implantada a partir de 2025.

Asimismo, la ley ha creado dos nuevos impuestos, el de los plásticos de un solo uso y el de
vertido e incineración. Este último impuesto irá hasta los 40 euros por tonelada métrica y
recaerá en la entrega de los residuos en vertederos e incineradoras para su eliminación o
valorización energética. El impuesto de incineración no aplicará a aquellos productos que
hayan sido sometidos a un tratamiento previo, como es la preparación para la reutilización.

El texto prohíbe la destrucción de «excedentes no vendidos de productos no perecederos
tales como textiles, juguetes, aparatos eléctricos, entre otros, salvo que dichos productos
deban destruirse conforme a otra normativa», uno de los puntos más aplaudidos para
nuestro sector de recuperación de economía social y solidaria.

La trazabilidad, una prioridad

La Ley de Residuos también destaca el refuerzo de las medidas relacionadas con la
obtención de la información sobre la generación y gestión de los residuos, de manera que
se garantice la trazabilidad desde que el residuo se genera hasta su completo tratamiento, y que
se mejore la información disponible sobre la situación de la gestión de los residuos.

Estas medidas de mejora de la información abarcan también a los regímenes de
responsabilidad ampliada del productor, de manera que se garantice la disposición por parte
de las administraciones de toda la información necesaria para verificar el correcto
funcionamiento de estos regímenes, asegurando así una mayor transparencia de este
instrumento.

Fuente: Aeress