Sea en la esfera pública o en la privada, la violencia machista es una lacra que se manifiesta de múltiples maneras. Se ha avanzado en su lucha en muchos ámbitos, pero sigue siendo necesario desarrollar más mecanismos que aseguren una detección y abordaje adecuados de este tipo de violencias, sobre todo en ámbitos en los que no siempre se han dedicado los esfuerzos necesarios para combatirla. Uno de ellos, el laboral. Aun así, el auge de denuncias ha contribuido a centrar el foco (lo hemos visto en el caso de Jenni Hermoso) y ha ayudado a intensificar las medidas preventivas. Pero la prevención no asegura nada. El reto está en crear espacios seguros y libres de cualquiera de estas actitudes, consideradas un riesgo psicosocial elevado. ¿Puede la estructura cooperativa ayudar a evitar ciertas conductas?

Aunque el marco legal sea el mismo para cualquier estructura laboral, la conclusión a la que llegamos algunas personas que trabajamos desde otras bases, como las cooperativas, es que los valores que nos rodean tienden a crear entornos más favorables, “aunque siempre depende de las personas que la integran”, según manifiestan algunas de las organizaciones que acompañan y asesoran a otras en planes de igualdad y prevención de agresiones y abusos. Muchas organizaciones de la economía social y solidaria cuentan con medidas y prácticas feministas para prevenir la violencia machista, pero esto no lo asegura todo, ya que el “acoso sexual y por razón de género sigue siendo una realidad también en las organizaciones de la economía social y solidaria a pesar de la buena predisposición a luchar contra ello”, manifiestan desde L’Esberla, cooperativa de consultoría y acompañamiento a otras entidades, grupos e instituciones. Y añaden que en el balance anual de la XES (Red de economía solidaria en Cataluña) se recogen situaciones vividas de violencia machista en el ámbito laboral cada año y afirman que en algunas de estas entidades nada se ha hecho al respeto.

Así pues, aunque algunas situaciones no puedan evitarse por más medidas que existan, si es cierto que la aplicación de estas medidas es ya una puerta abierta a la sensibilización y concienciación por parte de algunas de estas entidades, que en su mayor parte cuentan con planes de igualdad y protocolos ante agresiones machistas. “El reto está en exigir que el entorno cooperativo y de la economía social y solidaria cuente con unas buenas prácticas en el entorno laboral, ya que tienen una responsabilidad en ello si atendemos a sus valores, acordes en este sentido”, afirma Joana Badia Rion, abogada laboralista de Colectivo Ronda, especialista en acoso laboral y sexual en el trabajo y coautora de la edición de la guía de la Fundación Surt sobre abordaje feminista del acoso machista en el ámbito laboral.

Des de la Fundación Surt, igual que desde L’Esberla o la Quotidiana, cooperativa que trabaja en la consultoría social con perspectiva de género, consideran igualmente que la ventaja en el caso de las cooperativas reside en su estructura: menos jerarquización y más equidad así como un entorno más feminizado en muchos casos, ayuda a crear entornos favorables en este sentido. “Cuanta más estructura jerárquica y más masculinidad, más riesgos existen”, afirma Joana Badia Rion. La horizontalidad y la democracia permiten un mejor abordaje de estas situaciones de abuso. Pero aunque el entorno esté feminizado también este hecho puede acabar convirtiéndose en una verdadera trampa, comentan des de L’Esberla: “a veces estos entornos tienen más dificultades en aceptar que se puedan dar estas violencias y sea todo más complicado por los lazos de amistad que puedan existir, olvidando que las violencias machistas en el ámbito laboral están intrínsecamente ligadas a las relaciones de poder y aunque la gobernanza sea horizontal, estas se pueden dar de manera muy sutil”.

Estas entidades insisten en que a pesar que la obligación de prevenir las violencias machista en el entorno laboral la tienen todas las empresas, el entorno cooperativo dedica más recursos y tiempo a su abordaje, igual que sucede con los cuidados. También, de un tiempo a esta parte, algunas entidades “paraguas” de la economía social en el caso catalán, como es la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, cuentan con protocolos a los que se pueden acoger otras cooperativas y seguir su propio proceso. Algunos informes en el ámbito catalán muestran datos optimistas en relación a las buenas prácticas, aunque se desconozca la efectividad de su implementación: el 60% de las cooperativas de la Federación de ONG (FEDE) tiene planes de igualdad, por ejemplo. Y esto ya es un avance. Como también lo son los datos que aporta la auditoría y balance social de Reas y que indica que la perspectiva feminista se ha adentrado en varios aspectos del mercado social si atendemos a indicadores como participación, representación, conciliación o inclusión.

Pero la estructura heteropatriarcal del mundo en el que vivimos no es ajena a este entorno. Por ello el objetivo es continuar usando todas las herramientas posibles contra cualquier discriminación o violencia que pueda emerger. Y dar cabida a los manuales de gestión en estos casos, como el de la Fundación Surt o la guía la cooperativa Fil a l’Agulla o el dossier de buenas prácticas con perspectiva de género de REAS Red de Redes para seguir luchando en favor de la creación de espacios de trabajo seguros, dignos y sostenibles. Y, sobre todo, libres de cualquier violencia machista. Siempre.

Fuente: MeCambio en El salto diario