Economía Solidaria

Realidad de la Economía Cooperativa, Social y Solidaria en Chile

Ponencia para ENACOOP 2023 Estado y Cooperativas. Un diálogo necesario. Expositor, Dr. Nicolás Gómez Núñez, sociólogo (Universidad Central de Chile). Publicado en la edición chilena de Le Monde Diplomatique (nov. 2023)

Foto: José Pereira (www.jpereira.net)

La Red Universitaria de Economía Social y Solidaria surge en la docencia y en la investigación que hacen las universidades chilenas, desde el inicio nos propusimos abrir espacios para conversar, encontramos, saludarnos y ejercer la comensalidad en favor de los estudios sociales de las economías basadas en la reciprocidad, autogestión, solidaridad, cooperación, respeto a la naturaleza y el buen vivir. En ese sentido se comprende el uso de la sigla RUESS, que es parte de la comunidad académica de Argentina.

La RUESS Chile es una asamblea permanente, todo el año está el correo electrónico permitiendo saber qué está haciendo la otra, el otro, al menos una vez al año nos juntamos y regularmente trabajamos en comisiones. Aquí hay distintas disciplinas: antropología, sociología, economía, psicología, trabajo social, periodismo, también coexisten perspectivas teóricas, participan trece universidades, seis organizaciones cooperativas, una fundación y la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria. Hemos acordado varios principios, hoy queremos subrayar dos: el pluralismo y la ayuda mutua, porque se han manifestado acogiendo a los estudiantes de licenciatura y posgrado. Esto sucede porque hay estudiantes que admiran sus labores y les interesa aprender a gobernar una empresa basada en la ayuda mutua, y las universidades dan curso a esos intereses intelectuales en su programas de magíster y doctorado. Hemos brindado asistencia técnica al equipo del Proyecto de Modelos Internacionales Comparados de Empresas Sociales que coordinaba la Universidad de Lieja y la Universidad Católica de Lovaina, lo mismo hemos hecho con la Universidad del Valle de Sino de Brasil, con dos grupos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; a nivel nacional nuestras colegas cooperan activamente en el diseño e implementación de estudios financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), y en cada una de nuestras organizaciones hay al menos un proyecto científico o de vinculación con el medio dedicado a estas materias. Consideramos todas las invitaciones que nos permitan poner en práctica el pensamiento crítico, el pluralismo epistemológico, la transdisciplinariedad, el diálogo de saberes y la comunalización del conocimiento científico. Del mismo modo, disponemos nuestras actividades para invitar a las organizaciones productivas de la Economía Social y Solidaria para articular acciones colectivas que fomenten la pluralidad económica en los diversos territorios. Por esto ustedes recibirán, en un par de meses más, una invitación del comité coordinador del Encuentro Nacional de Economía Social y Solidaria que haremos en el segundo semestre de 2024, en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano; y esperamos que tomen la palabra para exponer ideas en un plan de trabajo hecho entre todos, y describan experiencias que nos ayuden a comprender mejor los fenómenos de las economías.

Lo que he señalado también explica nuestra participación en el grupo de trabajo en Sociología Económica del Congreso Chileno de Sociología que se hará en el primer semestre de 2024 en Santiago. Ahí tenemos tres ejes temáticos que son de interés para los que aquí nos juntamos: La producción de los comunes; Economías feministas, prácticas emancipatorias y autonomías económicas, y Otras economías más allá del neoliberalismo. A continuación vamos a proponer cuatro rutas de trabajo donde hemos visto que convergen nuestros intereses. Con esto no queremos eludir la tarea de hacer un balance sobre la realidad de la Economía Cooperativa, Social y Solidaria en Chile, pero hemos observado que siempre se nos invita a eso, a reiterar un diagnóstico que la gran mayoría lo ha recibido desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con sistematicidad durante los años 2021 y 2022, mediante las exposiciones de la División de Asociatividad y Economía Social. Además tenemos el catastro: “Aquí no manda nadie! Trabajo sin patrón”, que cubre el Gran Concepción y Santiago, hecho por Escobar, Lagos y Ramírez en 2022, editado y publicado por la Cooperativa de Editores Fío-Fío; y el libro: “Creando juntos, distribuyendo para todos. Límites y aportes de la Economía Social y del Cooperativismo”, coordinado por Verónica Fuentes de la Universidad Austral, publicado el año pasado y difundido por RIL; y los catastros de Trawun titulado: “Guía de Campo”, y la recopilación de Carpa de las Mujeres titulado: “Catastro plurinacional de experiencias de economía feminista y solidaria. La vida en el centro”. Ambos publicados el año 2021.

Y, como ya sabemos, están los libros de Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria, el de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el de la Organización Internacional del Trabajo y los que ha publicado el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, todos ellos entre los años 2022 y 2023. Y aún quedan cinco o seis más por nombrar. Sin embargo, no queremos iniciar la presentación de nuestras propuestas sin una alusión al escenario desde donde hoy participamos, para lo cual retomo una parte de lo planteado por el grupo de trabajo en Sociología Económica. A grandes rasgo el diagnóstico toma la siguiente ruta. Las diferentes comunidades que habitan los territorios de Chile han producido interpretaciones sobre las economías que les permiten lograr el sustento, muchas de esas reflexiones están subvaloradas en el Estado y en las universidades, por el contrario, los gobiernos locales las han incorporado rápidamente como respuestas a la cesantía, para producir cuidados comunitarios frente al COVID, para incluir a las personas con discapacidades y en la gestión del arte y el deporte. Las interpretaciones de las, les y los chilenos salieron con claridad a fines de 2019 y se fijaron en consignas que prefiguraron marcos conceptuales, éticos y espirituales, para desplegar los contenidos de una nueva constitución. Eso está en proceso. Con el COVID, volvimos a observar la más clásica de las organizaciones económicas populares: la olla común, también tomaron protagonismo las costureras y, por ende, los talleres productivos; nos dimos cuenta que habíamos abandonado la agricultura familiar campesina y la economía comunitaria indígena, que estaban cortada la cadenas de abastecimiento para proveer lo esencial y ese vacío fue el espacio para la especulación de quienes, en cada población, villa y barrio, ven en la emergencia de la vecina una oportunidad para hacer negocio. En la actualidad se llaman planes de reconstrucción, ahí la recomendación es revisar las investigaciones publicadas por la editorial Ceibo. Nos parece sui generis que las cooperativas de ahorro y las cooperativas de vivienda, no sean las que tengan prioridad para realizar la reconstrucción después de un terremoto, sunami o incendio; o que las productoras y comercializadoras de alimentos no tengan una participación en los planes de reconstrucción. También en tiempos de pandemia fue evidente la retirada de la empresa de capitalización individual y con fines de lucro; entonces, las y los trabajadores salieron a pagar las deudas y a comprar alimentos con la plata de su vejez. Al mismo tiempo, volvimos a ver cómo los tomadores de decisiones políticas no consideraron el hacinamiento de las viviendas, la imposibilidad de comprar una casa, el arriendo permanente y, ante la falta de este último, la búsqueda de un techo en una toma de terrenos; tampoco sabían que había escasez hídrica y emergencia agrícola en la gran parte de las comunas del centro y del norte de la república. Las colectivas feministas, las organizaciones basadas en la ayuda mutua y las cooperativas, volvieron a denunciar la violencia doméstica que cunde y crece producto de las políticas de confinamiento. Es evidente, como lo han estudiado y enseñado nuestras colegas de la RUESS, que hay una complicidad entre patriarcado y economía neoliberal, entre modelo económico y bancarización, entre xenofobia y extractivismo, por señalar algunas variables que sostienen la reproducción de los viejos problemas que aún nos acompañan. Después de la pandemia, como si esa catástrofe no hubiese existido, las sociedades latinoamericanas, incluida la chilena, han ido ajustando las políticas económicas y, al parecer, estamos en una restauración de la sociedad de mercado, gracias a lo cual se estarían desdibujando los consensos básicos que hacían posible diseñar políticas económicas orientadas al logro de trabajos dignos, paridad de género, restablecimiento de equilibrios con la naturaleza, acceso democrático a la ciencia y la tecnología, y respeto y promoción de leyes que diversifican la matriz productiva. Al cierre una mención sobre la vigencia de los Derechos Humanos. Ha sido estremecedor escuchar que la pérdida de vidas humanas bajo el terrorismo de Estado debe ser concebido como un daño colateral cuando se impone un modelo económico.

1. Propuestas

Institucionalizar la Economía Social y Solidaria Como hemos informado en otras oportunidades, especialmente en el Consejo Público y Privado de la División de Asociatividad y Economía Social (DAES) del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, desde octubre de 2018 se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (Boletín N° 12165-07) del Congreso de la República, un proyecto de reforma constitucional que busca: “incorporar la economía social y solidaria como parte del orden público económico chileno. En este sentido, el objeto del proyecto es introducir una modificación al artículo 1° de la Constitución Política.” Es decir: “Se agrega un inciso 5° al artículo 1° de la Constitución Política de la República, estableciendo como un deber del Estado el proteger, promover y fortalecer las cooperativas, mutualidades, asociaciones y otras formas asociativas basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad. Se establece, además, que la ley establecerá las condiciones que permitan el desarrollo de este sector económico social y solidario”.

El inciso propuesto está redactado de la siguiente manera: Es deber del estado promover y fortalecer la economía social y solidaria, de la que forman parte las mutualidades, cooperativas y otras formas de emprendimiento asociativo de trabajadores urbanos y rurales basadas en relaciones democráticas y autogestionarias de solidaridad, cooperación y reciprocidad en beneficio de las necesidades de sus asociados y que privilegian como objetivo de su actividad al ser humano por sobre el lucro y la acumulación de capital. La ley establecerá las condiciones en que se desenvolverá este sector de la economía al servicio del desarrollo económico y social del país. El 25 de octubre de 2018, el Diario Constittucional.cl, mencionó lo siguiente: “Los diputados agregaron que la institucionalización de la ESS en América Latina se ha dado de distintas maneras. En algunos países existe un reconocimiento explícito en la Constitución, mientras que otros poseen legislaciones específicas o la mencionan en otros cuerpos legales, en tanto que, en otros países, sin haber legislado al respecto, han incorporado la ESS en las políticas públicas. Así, la ESS se ha incorporado en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Uruguay y Venezuela. Por su parte, en Chile no existe un reconocimiento constitucional de la ESS. Sin embargo, a nivel legislativo, la Ley General de Cooperativas, recientemente modificada, ha sido el único instrumento relevante en materia de promoción del cooperativismo, como una alternativa al modelo económico de libre mercado vigente.” El proyecto de reforma constitucional tiene el patrocinio del Partido Por la Democracia, Democracia Cristiana, Partido Comunista, Partido Humanista, Federación Regionalista Verde Social y Partido Socialista. Intelectuales públicos: crear espacios para estudiar la Economía Social y Solidaria Es pertinente continuar con actividades académicas y científicas públicas, gratuitas y de calidad, porque constituyen oportunidades para las personas y organizaciones que no han podido ingresar a las universidades, aún cuando sí tiene capacidades para tener un buen desempeño académico. En 2015 realizamos el Seminario Internacional: “Más allá del neoliberalismo”, gracias al cual trabajamos con colegas europeos y latinoamericanos, pero no nos vinculamos con las federaciones y las organizaciones no universitarias. Sin embargo, en el año 2019, esos problemas fueron resueltos en la XV Seminario Internacional PROCOAS, titulado: “La diversidad económica como alternativa política para los territorios de América Latina”, que se realizó en Universidad de Playa Ancha; y en 2021, pandemia mediante, volvimos sobre ese ejercicio en el Congreso de Economía Social y Solidaria. Por otro lado, vamos a mantener la participación de los integrantes de la RUESS en las actividades en las cuales nos involucren las organizaciones de la Economía Social y Solidaria, habitualmente vemos a las colegas diseñando y aplicando herramientas que producen datos, en otras oportunidades hay un ejercicio mancomunado e intersectorial, por ejemplo, el estudio del lupino en Temuco. Dicho así, suena fácil, pero al leer los informes de la cooperativa Trabajo Vivo, nos damos cuenta que ahí hay un circuito de ciencia y tecnología social y solidaria. Lo que hacemos, la metodología usada, nada es una novedad, no hemos inventado nada. Es más, en este ámbito la RUESS es un eslabón de una historia que nos ilumina cada vez que repasamos los libros y folletos publicados en 1985 a 1992 por: Programa de Economía del Trabajo (PET), Centro de Alternativas de Desarrollo (CEPAUR), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica Chile (FLACSO Chile), Fundación Solidaridad Trabajo para un Hermano, Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET), TAC, Centro de Estudios Socioculturales (CESOC), Vicaria de la Solidaridad, Caritas Chile, Cooperativa Liberación, Centro Ecuménico Diego de Medellín y Canelo de Nos. Ciencia abierta

La RUESS se ha propuesto, y va lentamente avanzando, en integrar las bases de datos y la gestión científica de la información. Creemos que esta labor debe estar administrada por la reunión de las distintas organizaciones que quieran conocer, por ejemplo, la extensión de la Economía Social y Solidaria en los diferentes territorios de Chile. Existen organizaciones que gozan de autonomía política y económica que han sido registradas e indagadas por los equipos de los organismos no gubernamentales y por las universidades, y que no se encuentran en las basases de datos del Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, pero que sí entablan relaciones intersectoriales con los servicios ministeriales, con el Instituto de Desarrollo Agropecuario y con los gobiernos locales. Y creemos que este año hemos dado los primeros pasos en ese sentido, es decir, podemos integrar bases de datos y construir datos, debido a que tenemos una definición que ha sido puesta en común entre: CONFECOOP, TRASOL, RUESS y UNAF, y que nos ayuda a lograr un lente de observación para reconocer y diferenciar a las organizaciones que deben estar en este proceso de censo de la Economía Social y Solidaria.

La definición que adoptamos es la siguiente: Trabajamos en favor de las organizaciones que desarrollan procesos productivos, distributivos, comerciales y de consumo de bienes y servicios materiales e inmateriales y/o que realizan actividades para la recuperación y cuidado del medioambiente, basados en la cooperación voluntaria, la democracia directa y representativa, la autogestión, la ayuda mutua y la reciprocidad, en beneficio de las necesidades de sus asociados y cuya misión privilegie el trabajo decente y la misión social por sobre el capital en la distribución y el uso de los excedentes o los beneficios, así como de los activos; y por sobre la acumulación de capital mediante la usura y la especulación. Es indudable que nos quedan algunas reflexiones pendiente, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a reconocer por lucro?, categoría relevante para todas las cooperativas que buscan participar en licitaciones o en otras formas de ofrecer sus bienes y servicios. Y también nos hicimos conscientes que hay formas asociativas que no les interesa usar la figura jurídica cooperativa, pero que, al no usarla, la política pública las deja en un “limbo jurídico” -como señala el estudio que coordinó Carlos Rubio en el PET- y las hace susceptible de criminalización, silenciamiento y/o marginación. La realización de esta propuesta no sólo evitaría que el Estado salga a ofrecer una licitación para realizar un diagnóstico sobre la Economía Social y Solidaria. Entonces, esos recursos humanos y económicos no solamente contribuirían a potenciar el circuito de ciencia y tecnología para el sector, sino que, además, ayudarían a que los servicios ministeriales reúnan la información que tienen, o integren sus bases de datos.

Plataforma de comercialización basada en la reciprocidad y la ayuda mutua

Con el COVID nos volvimos expertos en el uso de tecnologías, por lo mismo, es posible elaborar una plataforma de comercialización basada en la reciprocidad y la ayuda mutua. Planteamos esto porque el COVID volvió a demostrar que existe una especulación sobre el precio de los alimentos, y que no hay canales cortos de comercialización entre las economías familiares campesinas y las familias urbanas. Luego, cuando esas cadenas cortas han vuelto a ponerse en funcionamiento, observamos la participación de las organizaciones de la Economía Social y Solidaria. En 1918 la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional reclamó por el precio de la papa. Estamos en 2023 y la economía familiar campesina no ha sido considerada como actor económico clave, incluso, la RUESS ha solicitado dejar de tratar el asunto de la alimentación como un problema de seguridad nacional, y hemos planteado que se trata de Soberanía Alimentaria. La forma que adopta la soberanía también puede extenderse al sector de energías renovables, a la construcción de viviendas, actividades de salud mental, deportes y arte, mediante las cooperativas u otras maneras que ya existen y que usan los principios de la ayuda mutua. Al cerrar estas propuesta es necesario no perder de vista la participación de la Economía Social y Solidaria en las plataformas digitales, por lo mismo, al pensar en un territorio digital también estamos invitando a conocer a las organizaciones que producen software libre, videojuegos y que utilizan las nuevas tecnologías para crear dispositivos que ayudan a las personas con discapacidad.

Cierre

Esta parte de la exposición finaliza repasando el calendario de actividades que nos habíamos fijado en enero de este año, y el registro dice que planificaríamos un encuentro desde el sector económico de interés para la coordinación de CONFECOOP, UNAF, RUESS y TRASOL, el cual podría ser realizado en los meses de marzo, abril (o mayo), donde se invite y/o convoque a las organizaciones que se reconocen como parte del sector económico por el cual esta reuniones sucede. Más allá del nombre del mes, y al igual que otros acuerdos, este también hoy se está cumpliendo.

Diagnósticos

Las organizaciones de trabajo y solidaridad, las que hoy llamamos Economía Solidaria, son estrategias productivas que están en la intimidad y domesticidad latinoamericana, y salen de esos espacios para construir sociedad cada vez que hay crisis en las rutinas que mantiene la vida. Así lo hicieron cuando las consecuencias del COVID19 habían desconectados a los vecinos de sus medios de subsistencia, vimos su participación en la construcción de mascarillas, escudos fáciles y producción y distribución de alimentos. Pero ya lo venían haciendo para crear puestos laborales a través de los cuales se enfrenta la precariedad y la ausencia de una carrera profesional, cualidades que caracterizan el surgimiento de las cooperativas de trabajo y a los colectivos autogestionados del siglo XXI, frente al agotamiento de la oferta de trabajo del mercado laboral chileno. Estos hechos, según Labarca (2016) y Letelier (2017), habrían permitido bajar la cantidad de socios para conformar una cooperativa de trabajo y que se reflejó en la Ley General de Cooperativas de 2016. En una nota de Pamela Fierro en el Diario Financiero del viernes 5 de junio de 2020, describía que en la Junta de Vecinos N° 22 de San Ramón habían iniciado una olla común, una entrevistada de Pamela, Karina Paredes señaló: “Pensábamos que en este sector no había tanta vulnerabilidad, pero nos dimos cuenta de que en realidad la gente lo necesitaba”.

En 2008, la crisis estuvo promovida por el problema de las hipotecas subprime de Estados Unidos. CEPAL, en su Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe de 2009, resumía de esta manera la situación: A raíz de las turbulencias que afectaron la economía mundial desde el último trimestre de 2008 hasta los primeros meses de 2009, las exportaciones experimentaron un fuerte deterioro, tanto en los volúmenes exportados como en los precios. Como resultado, disminuyeron las expectativas de crecimiento, empleo e ingreso y se redujo significativamente el gasto privado, tanto en inversión como en bienes de consumo duraderos. En consecuencia, a partir del segundo semestre de 2008 se contrajo significativamente la tasa de crecimiento del PIB, lo que se tradujo en 2009 en el descenso de la producción, la reducción de los inventarios y el aumento del desempleo (…).

En 1997, Crisis Asiática, se volvió a descubrir que la vida cotidiana de las y los chilenos es frágil y precaria. Según Letelier (2007) esta puede ser una variable que explica tanto la quiebra de la cooperativa de vivienda Habitacoop, año 2001, y la reforma a la Ley General de Cooperativas de 2004. No es necesario recordar lo que experimentamos como crisis económica y política entre 1982 y 1985, basta con señalar que ese fue el contexto donde se acuño el término de Economía Solidaria; y que un economistas como Albert Hirschman llegase a las mismas conclusiones que arribaron las y los colegas del PET, CEPAUR, FLACSO, Fundación Solidaridad Trabajo para un Hermano, ILET, TAC, CESOC, Vicaria de la Solidaridad, Caritas Chile, Cooperativa Liberación, Centro Ecuménico Diego de Medellín y Canelo de Nos. Como ha sucedido desde la década del noventa del siglo pasado, y parafraseando a Letelier, Vanhulst, Cid y González, en Chile el fomento de este tipo de empresas desde las políticas públicas tuvo y ha tenido breves desarrollos y siempre desde el prisma de ser consideradas como herramientas de superación de la pobreza y/o dispositivos jurídicos que buscan formalizar una parte de las actividades informales. Sin embargo, rápidamente, esos impulsos fueron y son anulados por la recurrencia a las categorías del desgastado modelo económico chileno que impide la diversidad productiva y comercial, y juega sus cartas en contra del sector solidario de la economía.

Otro asunto de este diagnóstico es el reconocimiento de los tipos de organizaciones que pasan a ser referentes de la política económica de la Economía Social y Solidaria, resulta interesante, por lo sui generis del fenómeno, que las Empresas B hayan ocupado un lugar destacado en las actividades hechas por la División de Asociatividad y Economía Social, desde el gobierno de la presidenta Bachelet hasta el gobierno del presidente Boric, a sabiendas que sus integrantes son: “sociedades mercantiles hasta fundaciones privadas sin fines de lucro, pero cuyas identidades y regulaciones están dadas por sistemas de certificación privados” (Letelier, Vanhulst, Cid y González, 2019); mientras tanto, no son relevantes para esta política pública las comunidades y asociaciones indígenas, organizaciones comunitarias, corporaciones, fundaciones y sindicatos, entre otras expresiones. Las indagaciones sobre las economías no solamente expresan los intereses intelectuales que orientan las prácticas dedicadas a documentar y comprender cómo las mujeres y los hombres se las arreglan para hacer frente al mercado de trabajo, gestionar medios de producción o idear proyectos de vida. Además, las indagaciones sobre las economías indican el interés por comprender cómo emergen organizaciones que son capaces de responder los problemas sociales. Así, por ejemplo, la comunidad científica chilena ha fraguado la tradición de elaborar las agendas de investigación según las preguntas que emergen cuando la interpretación de datos se realiza desde las vivencias del investigador en el trabajo de campo, por esa razón encontramos estudios sistemáticos en Economía Popular, y sabemos que hay un Factor C y otros recursos no tradicionales de la economía que funcionan de manera inversa a como lo hace el capital, la tierra y el trabajo, es decir, estos factores que abundan en las economías basadas en la cooperación, la ayuda mutua y la reciprocidad, crecen y se complejizan a medida que más se utilizan.

Entonces, la Economía Solidaria es una categoría que nombra una parte del sector de la Economía Popular creada por las personas marginadas, excluidas y subordinadas, sobre la base de organizaciones y redes productivas, comerciales y de consumo que usan intensivamente esos factores económicos no tradicionales. Pero si bien apuntamos hacia fines de la década del setenta del siglo pasado el inicio del uso de la noción de Economía Solidaria, también sostenemos que el sector económico solidario ha existido desde que se hicieron presentes las consecuencias del imperialismo europeo en Latinoamérica. Esta posibilidad asumida por Letelier (2017) desde un trabajo de Coque de 2002, también se encuentra documentada en la indagación realizada por Illanes sobre las sociedades de socorros mutuos de artesanos y obreros en el periodo comprendido entre 1840 a 1887; de ahí que podamos sostener que ya existía en la joven república de Chile un conjunto de organizaciones que favorecían un “diálogo societario” que ayudaba a las mujeres a tener una “sociabilidad para autoproteger su único capital (…) la salud de su cuerpo y fomentar el desarrollo de su inteligencia”; en esa sociabilidad enriquecida se promovió la autoconstrucción de un “espacio público civil libre” (Illanes, 2003). Labarca (2015) refiriéndose a una opinión hecha en 1887 por Fermín Vivaceta por la aparición en 1907 de La Alborada, publicación feminista, señala lo siguiente: “(…) muestran la maduración incipiente de la organización obrera, de la que el surgimiento de las cooperativas es un elemento importante; y por la otra, la direccionalidad anticapitalista de esa organización”.

Por lo tanto, cabe suponer que las relaciones entre las Economías Sociales y las Economías Solidarias sean inherentes a las trayectorias de las sociedades latinoamericanas, y que en Chile con la ley de cooperativas de 1924, el Estado daba cuenta de una apertura a la fuerza de la acción colectiva, a su energía social, y fue el resultado de una estrategia de los sectores campesinos, obreros y populares, que avanzaron promoviendo el Departamento de Cooperativas en el Ministerio de Fomento, y luego logran protagonismo en las políticas de Promoción Popular del Presidente Eduardo Frei y en la Reforma Agraria del presidente Salvador Allende. Desde esa perspectiva, es reciente el interés académico y de las universidades por conocer estos fenómenos y más reciente aun el indagar sobre el despliegue de estas economías hechas por los subalternos o marginados, desde adentro y desde abajo, o sea, revisando sus documentos, experiencias y prácticas para confirmar o refutar las representaciones que habitualmente los reemplazan en los análisis económicos y, especialmente en los ejercicio de diseño de las políticas públicas. Por su parte, la categoría de Economía Social ha dado origen a un área de estudio académico en Europa, la cual ha tenido dos momentos (Huybrechts,2016), el primero se inicia desde la mitad del siglo XIX, donde la libertad de asociación y las cooperativas ocuparon un papel protagónico, el segundo momento arranca a mediados de la década del ochenta del siglo pasado, donde se incorporan las empresas sin fines de lucro, empresas sociales de integración laboral, servicios de proximidad, productores de alimentos orgánicos y organizaciones que participan en cadenas cortas de suministro, finanzas sociales, comercio justo y energías renovables.

Entre las indagaciones relevantes hechas en los últimos años se encuentra el Proyecto Internacional de Comparación de Modelos de Empresas Sociales (ICSEM en sus siglas en inglés), el cual reunió a 230 investigadores asociados de 55 países de todas las regiones del mundo. Ese estudio fue guiado por cuatro tipos ideales de empresas: las empresas sin fines de lucro, las cooperativas sociales, las empresas sociales y las empresas sociales públicas, en cada uno de estos tipos ideales existen subcategorías que acogen a la mayor cantidad de expresiones de las organizaciones que habitualmente se las ubica en el Tercer Sector de la economía (Defourny, Nyssens y Brolis, 2021). Considerando el capítulo dedicado a Latinoamérica, conocemos que las formas organizacionales que han ido adoptando las economías basadas en la ayuda mutua y la democracia, entre ellas las Organizaciones Tradicionales de Economía Social, donde están las cooperativas y mancomunales por ejemplo; y las Organizaciones Basadas en la Economía Popular, que mezclan prácticas cuya lógica está en el ámbito de la domesticidad y de la reciprocidad; han ido forjando un ecosistema que ha permitido la institucionalización de formas económicas que integran la reciprocidad, la domesticidad y la distribución, sin eliminar los principios comerciales capitalistas (Gaiger y Wanderley, 2022).

En Chile, sin embargo, no se ha visto en las políticas públicas dedicadas al sector social y solidario, el avance que han hecho las comunidades científicas y académicas. Por lo mismo, una excepción que demuestra la distancia que hay entre el discurso sobre la asociatividad y las políticas económicas de fomento, está indicado por los estudios realizados entre 2014 y 2015 en la División de Asociatividad y Economía Social (Giovannini y Nachar, 2021). Una explicación tentativa es la legitimidad que ha logrado la “corriente empresarial-modernizante” (Coraggio, 1994) dentro del diseño de la política pública, desde 1994 hasta nuestros días, la cual ha favorecido la promoción de una idea de microempresa que homogeneiza la diversidad productiva que existe en los territorios y le proporciona al decisor público una categoría simple, o sea, la organización productiva de nivel micro estaría basada en el autoempleo gestionado por una persona con la capacidad para descubrir y evaluar oportunidades de negocios e intervenir en esas condiciones y lograr el éxito. Desde esa mirada, el Estado chileno ha buscado formalizar al Sector Informal a través de la promoción de capacitaciones que fomenten la cultura empresarial innovadora, la cual debe expresarse como un entrenamiento de los emprendedores para que sean capaces de diseñar estrategias competitivas dentro de una economía de mercado. Así, la corriente empresarial modernizante ha conquistado la política pública, imponiendo la idea de que es posible favorecer el razonamiento microempresarial basado en el utilitarismo y la competencia.

Último aspecto del diagnóstico.

Cómo sabemos y como lo vuelven a confirmar las y los colegas que indagan sistemáticamente en las organizaciones económicas que usan la figura jurídica de cooperativa, existe un sesgo. En ese sentido, Letelier haciendo uso de informes de 2021 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, señala lo siguiente: (…) la información públicamente disponible sobre este sector y que ha sido regularmente empleada en distintos diagnósticos, se basa en el Registro de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y comprende solamente antecedentes sobre la creación, vigencia legal y actividad administrativa de las cooperativas, permitiendo obtener indicadores relativos a la ubicación geográfica, actividad económica y número de socios, según sexo, (…) Esto se debe a que solamente las cooperativas declaradas de importancia económica están obligadas a remitir sus estados financieros anuales al regulador, cuestión que a mayo del 2021 comprendía solamente a unas 98 cooperativas de un universo de 1.428 cooperativas activas y vigentes”. La definición de Economía Social y Economía Solidaria, sí son relevantes, por ejemplo, en un trabajo de 2019, Letelier, Vanhulst, Cid y González, utilizan la expresión: “definiciones formales y la realidad sustantiva de la economía social”, para informar que el proceso de dimensionar el sector deja en claro varios errores no estadísticos que afectan la comprensión del fenómeno y la elaboración y evaluación de la política pública, porque, entre otros problemas, se encuentra que en las asociaciones gremiales coexisten las que reúnen a la agricultura familiar campesina, artesanado y pesca, con la Sociedad de Fomento Fabril o la Cámara Chilena de la Construcción. Pero el asunto no termina ahí, parece ser habitual que las unidades económicas estén atentas a utilizar diferentes estrategias para participar en los recursos de las políticas públicas, por lo mismo, conforman “sociedades mercantiles con el fin de operar (…) a modo de ejemplo, en el caso de las subvenciones de capacitación laboral financiadas por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las entidades beneficiarias deben tener como objeto social único la capacitación” (Letelier, Vanhulst, Cid y González, 2019)

Bibliografía

Cooperativa Trabajo Vivo, “Modulo I: Introducción al cooperativismo”.
Coraggio, J., 1994, Desarrollo Humano, Economía Popular y Educación, Buenos Aires, Instituto de Estudios y Acción Social.
Escobar, A. Lagos, C. & Ramírez, S. (2022). Aquí no manda nadie! Trabajo sin patrón. Catastro de experiencias de trabajo autogestionado en el Gran Concepción y Santiago, Concepción: Cooperativa de Editores Fío-Fío.
Defourny, J., Nyssens, M. y Brolis, O. (2021). “Cap 20 Testing the Relevance of Major Social Enterprise Models in Western Europe”, en J. Defourny y M. Nyssens (ed) Social Enterprise in Western Europe. Theory, Models and Practice, (pp.1-17), New York: Routledge.
Gaiger, L. y Wanderley, F. (2022). “Padrões das organizações alternativas à lógica do mercado na América Latina”. Polis Revista Latinoamericana, 21 (61), 141-161.
Giovannini, M. y Nachar, P. (2021). “Cap. 4. Social- and Solidarity-Economy Organisations in Chile Concepts, Historical Trajectories, Trends and Characteristics”, en J. Defourny y M. Nyssens (ed) Latin American Social Enterprise Models in a Worldwide Perspective (pp.114- 38) New York: Routledge.
Illanes, M. (2003). “La revolución solidaria”, Polis [En línea], 5, 1-20.
Labarca, J, (2015) “Las cooperativas y el estado en el Chile de 1900-1973: ¿una relación evidente?”, IX Congreso Internacional Rulescoop. Respuesta de la Universidad a las necesidades de la economía social ante los desafíos del mercado.

(2016) “Cooperativas y estado subsidiario en el Chile postdictadura. 1990-2015,” Revista Idelcoop, N° 218.
Letelier, E., (2017) “Desarrollo reciente del sector cooperativo en Chile 2009-2019”, en Raúl González (editor) Ensayos sobre Economía Cooperativa, Solidaria y Autogestionaria, por una economía plural”, Santiago: Forja.
Letelier Araya, E., Vanhulst, J., Cid Aguayo, B., & González Meyer, R. (2019). Panorama de la economía social en Chile: la brecha entre definiciones formales y sustantivas. REVESCO. Revista De Estudios Cooperativos, 132, 144-168. https://doi.org/10.5209/reve.65484

(2022) “Desarrollo reciente del sector cooperativo en Chile 2009 -2019” (pp.165-201), en Verónica fuentes (coor) Creando Juntos, distribuyendo para todos. Límites y aportes de la economía social y del cooperativismo, Santiago: Universidad Austral de Chile y RIL.

El documento usa más referencias bibliográficas de las que se señalan, para avanzar en la obtención de esas informaciones recomendamos tomar contacto con la RUESS Chile, debido a que dispone de una biblioteca digital que puede ser lograda gratuitamente.

En ese mismo sentido, recomendamos revisar las revistas y repositorios digitales en los cuales las y los investigadores de RUESS Chile publican y/o consultan frecuentemente, estos son:

Repositorios digitales