El Parlamento Vasco ha aprobado el 28 de diciembre de 2007 el texto íntegro de la Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos que fue presentada mediante Iniciativa Legislativa Popular en Febrero de 2004. A través de ella queremos expresar que la Abolición de la Deuda Externa, la apuesta por unas relaciones comerciales justas, y la eliminación del Gasto Militar a favor del Gasto Social, son cuestiones de Justicia y Solidaridad.

En dicha Carta, avalada por 45.254 firmas y más de 100 colectivos, se pide que el Gobierno Vasco:

· Destine, a través de un plan plurianual durante 10 años, una partida presupuestaria para la cancelación de la DEUDA EXTERNA que los Países Empobrecidos tienen contraída con el Estado Español, en la parte que corresponda a la CAPV.

· Potencie el Comercio Justo, impulsando su uso y distribución en los servicios, dependencias o concursos de la Administración.

· No colabore ni financie, en sus políticas de promoción y apoyo a las empresas, con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de la industria armamentística.

Al primer objetivo, se le han presentado enmiendas desde varias fuerzas políticas. Algunas de estas enmiendas, concretamente las presentadas por el Tripartito, modificaban sustancialmente las consecuencias prácticas de la Ley, conservándose los objetivos generales pero eliminando el compromiso económico, lo que la convertía en una mera declaración de intenciones. Finalmente, estas enmiendas han sido rechazadas por el Pleno y se ha aprobado un texto que recoge el espíritu, objetivos y medios con los que se comprometieron 45.254 personas.

Hemos de destacar que las trabas burocráticas, legales, económicas, de interlocución…, la imposibilidad de que una Iniciativa así defienda su propuesta ante el Parlamento, la dejadez de nuestra representación política (la Iniciativa empezó a trabajar en Febrero de 2004 y hasta hoy no se ha votado aunque es una Ley que únicamente consta de 4 artículos) contradicen, en la práctica, el supuesto interés de Gobierno Vasco por potenciar la participación ciudadana.

Por último, señalar que la adopción de las medidas que recoge la Carta, a través de su discusión y aprobación en el Parlamento Vasco, es un paso que además de responder a la exigencia de muchas ciudadanas y ciudadanos, expresa la voluntad de avanzar hacia un verdadera Justicia hacia los Países Empobrecidos, y esperamos que sirva como ejemplo ante otras comunidades autonómicas, el Estado y el resto de la UE.

Lo que pedimos no sólo es posible, sino de Justicia.

A todos los colectivos y personas que hemos trabajado en esta ILP hasta ahora, nos sigue quedando una tarea muy importante: realizar un seguimiento del efectivo cumplimiento de la Ley y de la puesta en marcha, por parte de Gobierno Vasco, de todas las acciones pertinentes para su debida implementación.

Gasteizen, 2007ko Abenduaren 28an
Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular por una CARTA DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD con los PAÍSES EMPOBRECIDOS.

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Es de destacar, desde el punto de vista de la economía solidaria, la inclusión de dos objetivos que dicen lo siguiente:

En el Artículo 2 (acuerdos y compromisos de solidaridad de esta ley):

2.– Promover el consumo responsable, la economía solidaria y el desarrollo de las energías renovables, y vetar aquellos productos que generan deuda ecológica.

3.– Promover la adopción de las medidas necesarias para establecer unas relaciones comerciales más justas entre todos los países del mundo, poniendo fin al denominado «comercio desigual» y contribuyendo al desarrollo del denominado «comercio justo».

Pero en el Artículo 3, lo de antes eran sólo principios, establece actuaciones y convenios, como:

2.– El Gobierno Vasco y las entidades locales potenciarán el desarrollo del llamado «comercio justo» en la Comunidad Autónoma Vasca, e impulsarán la introducción de dichos productos en los servicios y dependencias de la Administración. Para ello, en los concursos públicos de adjudicación de servicios, primarán las ofertas y utilización de productos de comercio justo.