En una intervención compartida con la Plataforma de Entidades Sociales (que agrupa a más de 160 entidades de Navarra), y pese al escaso tiempo que han tenido para analizar la propuesta de presupuestos, han querido resaltar sus aspectos positivos y sus carencias.

Arzelus y Liras han remarcado que “es un ejercicio de responsabilidad contar con unos presupuestos para blindar la protección social tan necesaria en esta época de inestabilidad e incertidumbre”, pero al mismo tiempo han lamentado que estos presupuestos “no respondan a cambios estructurales”.

Pese a que han valorado positivamente el crecimiento del gasto social y sanitario, han criticado que las subvenciones con las que se financian las entidades sociales no se han incrementado. “Las entidades cada vez están más débiles, con más gastos indirectos que no pueden asumir y con unas peores condiciones laborales para sus trabajadoras”.

Por otro lado, han subrayado que en Navarra la tasa de pobreza en 2023 aumentó y se trata de la comunidad en la que este indicador sube más puntos porcentuales, a pesar de que sigue siendo el territorio con menores datos en pobreza y exclusión social del Estado. “Sin embargo, la reducción de la ventaja respecto al resto del Estado se está reduciendo”, han advertido, por lo que han hecho un llamamiento a “no caer en la autocomplacencia” y han pedido “seguir invirtiendo en las personas” para evitar “cronificar situaciones” de pobreza.

Sobre el presupuesto para Cooperación Internacional han destacado que si bien el conjunto de las partidas de Ayuda Oficial al Desarrollo se incrementa en un 10% con respecto al presupuesto inicial aprobado en 2023, su porcentaje relativo con respecto al presupuesto global es del 0,4%, quedando lejos del plan establecido en el Acuerdo Programático que establece que para el año 2023 el porcentaje de AOD sería del 0,6%.

En este sentido, han querido recordar que a la crisis estructural económica y social que se está produciendo a nivel global se le suma la emergencia climática “que tiene unas consecuencias mucho más profundas en los países del llamado Sur Global”, y que provoca así mismo “una crisis de derechos humanos de una magnitud sin precedentes que amenazan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las generaciones presentes y futuras y, en última instancia, el futuro de la humanidad”, han denunciado.

Ante ello han remarcado la importancia del desarrollo de proyectos “que permitan a las comunidades más desfavorecidas poder revertir esta situación y trabajar por un futuro que garantice sus derechos y corrija la desigualdad.”

En cuanto a la reducción del presupuesto destinado a las empresas de inserción laboral, Arzelus y Liras han mostrado su preocupación, más si cabe cuando el número de empresas de inserción está aumentando.

Por otro lado, los representantes de REAS Navarra han valorado los esfuerzos en aumentar los presupuestos destinados a políticas de igualdad de género, políticas migratorias, educación y salud, pero han lamentado el descenso de partidas dedicadas a transición energética o movilidad sostenible.

Por último, han pedido una reforma fiscal “con medidas que sigan aumentando la progresividad en los impuestos “para que se redistribuya la riqueza de forma mas justa” y han solicitado introducir otros indicadores sociales y ambientales “que midan el desarrollo económico y social más allá que el simple dato del PIB”.